2.         De los hechos narrados y de las constancias que integran el expediente, y de los hechos notorios, se advierten los siguientes:

3.       Inicio de prestación de servicios. En un inicio, las entonces partes actoras iniciaron una relación contractual con el INE en distintas fechas. Cuyo puesto vigente que desempeñan es el siguiente:

4.     Contratación. La actora señala que el uno de enero de dos mil diez comenzó a prestar sus servicios para el INE (entonces Instituto Federal Electoral), como Técnica de Actualización Cartográfica, con adscripción en la Junta Local Ejecutiva de Sonora hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Refiere que, del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis se desempeñó como Técnica de Operaciones de Sistemas Cartográficos y que, por último, a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, se desempeñó como Auxiliar Técnico “D”.

5.         Acuerdo INE/JGE228/2023. El dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, la Junta General Ejecutiva del INE emitió los “Criterios que deberán aplicar las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, para la modificación del régimen de contratación del personal de Módulos de Atención Ciudadana[6] de honorarios permanentes a plaza presupuestal”.

23.           El diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la constitución general en materia político-electoral; en el artículo 41, párrafo segundo, base V, donde se estableció que el Instituto Federal Electoral sería sustituido por un nuevo organismo, denominado INE.

24.           En esencia, la actora reclama el reconocimiento de la relación laboral con el INE, iniciada el uno de enero de dos mil diez y que, a la fecha de la presentación de la demanda continua, así como su antigüedad.

25.           Asimismo, reclama las siguientes prestaciones de índole económica:

26.           Por último, solicita la expedición y entrega del siguiente documento:

27.           Cabe señalar que INE dio respuesta en tiempo y forma al emplazamiento de la demanda en su contra, esto es, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de su emplazamiento a juicio, en términos de lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Medios. Asimismo, lo realizó través de quien cuenta con legitimación para ello e hizo valer las siguientes excepciones y defensas:

28.           1. Inexistencia de la relación laboral entre la actora y el Instituto. Del período comprendido del uno de enero de dos mil diez a la fecha, en razón de que la relación jurídica sostenida por las partes durante dicho período fue de naturaleza civil.

29.           2. La de acción y falta de derecho del accionante. De reclamar el reconocimiento de la relación laboral de los períodos del uno de enero de dos mil diez a la fecha, toda vez que no existió vínculo jurídico de ningún tipo entre las partes.

30.           3. La de acción y falta de derecho de la actora. Para reclamar las prestaciones a que se hace mención en el capítulo correspondiente, debido a que, la relación entre la accionante y su representado fue de naturaleza civil del uno de enero de dos mil diez a la fecha.

31.           4.La de falsedad. En virtud de que la promovente apoya sus reclamaciones en hechos y argumentos falsos.

32.           5. La de prescripción. Que de manera cautelar hace valer, sin que implique un reconocimiento de derechos laborales a favor de la actora, respecto al pago de cualquier prestación, en virtud de que la demanda fue presentada el veintidós de enero de dos mil veinticuatro, por lo que cualquier prestación anterior al veintidós de enero de dos mil veintitrés, se encuentra prescrita.

33.           6. La de validez de los contratos de prestación de servicios celebrados entre la parte actora y el instituto. En virtud de que los contratos de prestación de servicios por honorarios fueron firmados por la parte actora de mutuo propio y con los cuales se acredita el régimen civil de honorarios.

34.           7. La de improcedencia de la acción falta de derecho de la parte. Para demandar el pago de prestaciones de índole laboral, por ser prestaciones que sólo se otorgan a los trabajadores del INE.

35.           8. La de Plus Petitio (sic). Al pretender la promovente recibir pago de diversas prestaciones de carácter laboral a las que no tiene derecho, en razón de la relación contractual celebrada por las partes correspondiente al régimen de prestación de servicios eventuales por honorarios, cuya naturaleza es civil.

36.           9. La de falta de legitimación de la parte actora. Que hace valer para el caso de se estime la existencia de relación de trabajo entre las partes, ya que para tener derecho al pago de prestaciones extralegales, sólo se otorgan al personal que una vez llevado a cabo el mecanismo de ingreso correspondiente obtuvo su nombramiento que lo acredita contar con una plaza en la estructura presupuestal del INE siendo que en el caso de la actora no se ha sujetado a ninguno de los mecanismos de ingreso para obtener el nombramiento respectivo y con ello pertenecer a la estructura del instituto.

37.           10. Todas las demás, que se deriven de la contestación de demanda, atendiendo al principio jurisprudencial de que la acción como excepción procede en juicio sin necesidad de que se indique su nombre.

1.      Determinar los periodos de contratación y el tipo de la relación entre la actora y el INE.

2.      De resultar que la relación fue de índole laboral, resolver respecto de la antigüedad y la procedencia del entero de las cuotas al ISSSTE.

3.      Por último, se analizarán la procedencia o improcedencia de las prestaciones económicas reclamadas.

40.      No está controvertida la existencia de una relación jurídica entre las partes por el período del uno de enero de dos mil diez y que actualmente prevalece, esto porque el INE reconoce en su escrito de contestación que la relación existió y existe, pero afirma que es de carácter civil, la cual se perfeccionó con contratos de prestación de servicios[12]. Por lo que la cuestión a definir es si se trató de una relación laboral o civil.

41.      En este contexto, existen en el expediente diversos contratos, ofrecidos por la parte demandada, y que a continuación se detallan en una tabla organizada de forma cronológica.

42.      Con las documentales remitidas se corrobora la existencia de una relación constante e ininterrumpida entre las partes en el período del uno de enero de dos mil diez y que continúa actualmente, sin que para ello sea obstáculo que no se adjunte documentación relativa al período que va del uno al quince de enero de dos mil diez, pues se trata de un hecho no controvertido que la relación contractual se mantuvo durante esos periodos.

44.      Para determinar el vínculo existente, debe considerarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

45.      De lo anterior se desprenden los elementos siguientes:

La prestación de un trabajo personal;

La subordinación; y,

El pago de un salario.

46.      Por tanto, la relación de trabajo y, en consecuencia, los conflictos laborales entre un servidor público y el INE surgen cuando se prestan servicios que incluyen los elementos de una relación laboral, pese a la forma en que esta se formalice.

47.      Ahora bien, no obstante que la existencia del vínculo laboral se presume, el INE negó tal relación, afirmado que se trató de una relación civil surgida de la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios entre las partes; por tanto, corresponde al INE acreditar tal manifestación[52].

48.    En el expediente se desprende las siguientes pruebas presentadas por las partes:

49.    La actora ofreció y aportó los siguientes medios de prueba:

50.    En la audiencia de ley se admitieron la presuncional en su aspecto humano, la instrumental de actuaciones, así como las pruebas documentales ofrecidas por la parte actora, con excepción del Resguardo de Servicios Administrados de Computo y Políticas de Uso de fecha dos de marzo de dos mil veintidós, por no obrar en el expediente y en cuanto a la inspección ocular se desechó por inconducente.

51.    Por su parte, la parte demandada ofreció y aportó los siguientes medios de prueba:

52.      Fueron admitidos todos los medios de prueba, con excepción de la confesional, pues la parte demandada se desistió de ella y la Pericial ofrecida Ad Cautelam, por resultar inconducente.

53.      Las pruebas que se admitieron a las partes merecen valor probatorio pleno, en términos del artículo 16 de la Ley de Medios y de las cuales se obtiene que la actora fue quien acreditó su acción, esto es, que la relación, por los períodos comprobados, es de naturaleza laboral, como se explica a continuación.

54.      Conforme a la documentación que obra en el expediente, se corrobora que la parte actora realizaba un trabajo personal, sostenía una relación de subordinación puesto que estaba supeditada a los requerimientos de un superior jerárquico y recibía un salario como contraprestación por este trabajo.

55.      Conforme a las pruebas que obran en el expediente, se puede concluir que, si bien, hubo la celebración de varios contratos en tres cargos distintos; diferentes a los que menciona la actora en su demanda, en todos ellos existió la prestación de un trabajo personal y subordinado por parte de la actora respecto al demandado.

56.      En efecto, la actora ha estado contratada, de manera ininterrumpida, por un plazo de catorce años y veintidós días[55] desempeñando personalmente el cargo como “Técnico de actualización cartográfica[56]”, “Técnico en operación de sistemas cartográficos”[57] y “Auxiliar técnico E[58]”.

57.      En los contratos de prestación de servicios como Técnico de actualización cartográfica se estableció como actividades y obligaciones, medularmente, “el desarrollo de las actividades relacionadas con la verificación nacional muestral en el área urbana además de elaborar insumos cartográficos que serán proporcionados a la estructura operativa apoyo en la actualización de la base gráfica digital”.

58.      Para el contrato relativo a la prestación de servicios como Técnico en operación de sistemas cartográficos, se estableció como actividades y obligaciones “el actualizar las aplicaciones de edición y verificación de la base cartográfica electoral digital a través de la instalación y operación de las aplicaciones de captura, para mantener actualizada la base de datos cartográfica”.

59.      Mientras que, como auxiliar técnico E, se estableció que se obligó a prestar sus servicios para “extraer, cuantificar y verificar que la documentación fuente de las remesas del operativo de campo sea correcta, validar la captura original de documento fuente, integrar por entidad, sección y folio nacional los documentos fuente para su correcto almacenamiento.

60.      Aunado a ello, en los contratos de prestación de servicios correspondientes al dieciséis de enero de dos mil diez al treinta de junio de dos mil catorce y como parte de sus actividades como técnica de actualización cartográfica, se advierten cláusulas de supervisión y vigilancia, en las que se reconoce que la ahora demandada tenía facultades para supervisar y vigilar, en cualquier momento, la adecuada prestación de los servicios materia del presente instrumento.

61.      Mientras que, en los contratos del uno de julio de dos mil catorce al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, no se estableció cláusula de supervisión y vigilancia, aunque sus actividades y obligaciones, no se modificaron.

62.      Ahora bien, en los contratos correspondiente al uno de enero de dos mil diecisiete a la fecha, correspondientes a los relativos a las funciones de Técnica en operación de sistemas cartográficos y Auxiliar técnica E. tampoco se advierten clausulas de supervisión, lo cierto es que respecto a cada cargo, existió una cláusula en la que se estableció la obligación de entregar informes quincenales o mensuales de las actividades realizadas, con lo que queda demostrada el supuesto de supervisión y vigilancia.

63.      Al respecto, se estima que a pesar de que los contratos suscritos se identifican como de prestación de servicios, reúnen en los hechos los elementos de una relación laboral, ya que las actividades desarrolladas por la actora se efectuaron de manera continua, permanente e ininterrumpida, excediendo el año fiscal[59].

64.      Asimismo, existió la subordinación, ya que el demandado tenía la facultad plena y permanente de supervisar y vigilar el desarrollo de las actividades encomendadas.

65.      De igual manera, se verificó el trabajo remunerado pues en todos los contratos se acordó que a la actora le sería pagada una suma en retribución de las actividades propias de los puestos para los cuales fue contratada.

66.      Por otra parte, el INE hizo derivar la naturaleza civil de la relación, en el hecho de que las partes celebraron diversos contratos de prestación de servicios profesionales, en los cuales se sujetaron a una vigencia determinada que concluía de periodo en periodo.

67.      Sin embargo, ello es insuficiente para acreditar su dicho, ya que, en diversos precedentes[60] se ha señalado que establecer una vigencia o determinación de que es de carácter eventual o interrumpida, no impone la naturaleza civil de la relación existente. 

68.      En este sentido, es insuficiente la afirmación de la parte demandada de que las actividades a desarrollar son de carácter eventual, pues de los medios de prueba se concluye que existió una relación de trabajo con la actora, al prestar un trabajo personal subordinado al INE, mediante el pago de una contraprestación.

69.      Respecto de esta última, aun cuando se le denominó honorarios (eventuales o permanentes) en cada uno de los contratos, en realidad se trataba de la retribución que se le pagaba por su trabajo; es decir, también se acredita el pago de un salario por el trabajo prestado, lo que incluso se especificó con un monto y forma de pago, lo cual se realizaría en forma quincenal.

70.      Consecuentemente, aun cuando los contratos celebrados entre las partes se denominaron de “prestación de servicios profesionales”, lo cierto es que el vínculo laboral se demuestra porque los servicios prestados reúnen las características propias de una relación de trabajo. De ahí que, la denominación resulta insuficiente para concluir que la actora tenía la calidad de persona vinculada solo civilmente con el INE.

71.      Resulta aplicable la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 20/2005, de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES”.[61]

72.      En consecuencia, se acredita que la relación entre las partes fue de trabajo y no civil, por la actualización de los elementos de una relación laboral, como es la subordinación (siendo que la prestadora del servicio se le indicó cómo debía realizar su trabajo, se le proporcionaron los medios para el desempeño de su labor, los cuales eran propiedad del Instituto), el pago de un salario (mediante el otorgamiento de una compensación económica), además de haber prestado sus servicios de forma personal continua, permanente e ininterrumpida durante el periodo indicado.

73.      Así, al acreditarse una relación de manera continua, permanente e ininterrumpida, se concluye que la relación entre las partes fue de índole laboral por el periodo comprendido del uno de enero de dos mil diez al veintidós de enero de dos mil veinticuatro.[62]

74.      Establecido lo anterior, procede analizar el resto de las prestaciones que el promovente reclama en su escrito de demanda.

75.      En virtud del reconocimiento de la existencia de la relación laboral durante el tiempo en que la actora desarrolló las funciones para el INE, se condena a computar a la actora, como antigüedad, el periodo en el que sostuvo la relación[63].

76.      Ello, porque la antigüedad reconocida se generó para efecto de la respectiva cotización ante el ISSSTE, para lo cual deberá efectuar los trámites necesarios a fin de que conste tal reconocimiento de la relación laboral.

77.      Debiendo entregar la constancia correspondiente a la actora, en la cual acredite tal reconocimiento por los periodos precisados.

78.      Al haber quedado acreditado que el vínculo fue de carácter laboral, resulta procedente ordenar el pago retroactivo de las cuotas de seguridad Social del ISSSTE y FOVISSSTE

79.      Ahora, de las afirmaciones de las partes y del expediente único de la actora, registrado en el Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos (SINAVID) del ISSSTE, se advierte que su historial de cotización comenzó en enero de dos mil doce,[64] por lo que no existe registro anterior a esa fecha.

80.      Por tanto, como consecuencia del reconocimiento de la relación laboral, desde el uno de enero de dos mil diez y hasta el veintidós de enero de dos mil veinticuatro, debe otorgarse el derecho a la seguridad social, por lo que resulta procedente condenar al INE a inscribir retroactivamente a la actora y regularizar los pagos ante el ISSSTE y FOVISSSTE, por el periodo del uno de enero de dos mil diez al treinta y uno de diciembre de dos mil once.

81.      Lo anterior, toda vez que el INE tenía la obligación de retener las aportaciones quincenales por todo el tiempo de la existencia de la relación laboral, por concepto de los enteros y pagos de las cuotas obrero-patronales, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley del ISSSTE y 43, fracción VI, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que disponen que toda trabajadora que preste un servicio para una dependencia o entidad pública, que sea propio de una relación laboral, tiene derecho, entre otras prestaciones, a las de seguridad social.

82.      En tal contexto, y debido a que no obran en el expediente las constancias necesarias para hacer líquida la condena que se establece en esta ejecutoria, el INE deberá realizar los cálculos respectivos, conforme a los salarios devengados por la actora, así como en términos de los lineamientos contenidos en el Estatuto, de todas y cada una de las cuotas, aportaciones y descuentos previstos en la Ley del ISSSTE.

83.      Asimismo, se deberá dar vista, con copia certificada del presente fallo, al ISSSTE para que actúe en el ámbito de sus atribuciones[65].

84.      La actora reclama el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año, ayuda para alimentos, prima quincenal e incentivo por años de servicio, por todo el tiempo laborado y que nunca le fueron otorgadas ni pagadas conforme a Derecho.

85.      El INE aduce que dichas prestaciones no fueron reclamadas dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que presentó su demanda.

86.      La actora reclama el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año, ayuda para alimentos, prima quincenal e incentivo por años de servicio, por todo el tiempo laborado y que nunca le fueron otorgadas ni pagadas conforme a Derecho.

87.      De conformidad con el artículo 516 de la Ley del Trabajo, de aplicación supletoria en términos del numeral 95 de la Ley de Medios, las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, salvo las excepciones que la propia Ley del Trabajo contempla.

88.      En términos de los preceptos indicados, el derecho de la actora a reclamar el pago de los conceptos señalados prescribe en un año, sin que se actualicen las excepciones contempladas por la citada ley.

89.      Por lo tanto, la prescripción debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que sea exigible el derecho de reclamar el pago correspondiente y hasta un año después, por lo que el reclamo del pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año, ayuda para alimentos, prima quincenal e incentivo por años de servicio, previo al veintidós de enero de dos mil veintitrés se encuentra prescrito.

90.      Por tanto, se absuelve al INE del pago de las prestaciones reclamadas pero prescritas.

91.      Ahora bien, del período comprendido entre el veintidós de enero de dos mil veintitrés y veintidós de enero de dos mil veinticuatro, se estima que existen prestaciones que no han prescrito, dado que no transcurrió más de un año a partir del día siguiente en que fueron exigibles, cuando la actora promovió el juicio laboral.

92.      A continuación, se realizará el estudio de las prestaciones que no se ven afectadas por la prescripción.

93.      En el asunto que se resuelve rige lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, que dispone: “El Personal del Instituto por cada seis meses de servicio consecutivo de manera anual, gozará de diez días hábiles de vacaciones, conforme al programa de vacaciones que para tal efecto emita la DEA[66] y con las excepciones que señale el acuerdo en materia de jornada laboral que para efectos apruebe la Junta”.

94.      De lo transcrito se desprende que el derecho de los trabajadores del INE a disfrutar de vacaciones se encuentra sujeto a que éstos cumplan más de seis meses consecutivos de servicio, lo que les permitirá disfrutar de un primer periodo vacacional, una vez cumplido el requisito.

95.      En caso de que la relación de trabajo concluya antes de actualizarse el periodo vacacional, el servidor del Instituto tendrá derecho al pago de vacaciones en forma proporcional al número de días que previamente haya laborado.

96.      En el caso, el INE no acreditó que la actora gozara de vacaciones, pues al efecto no ofreció elemento de convicción alguno, ya que los oficios por las que se da a conocer el uno y segundo período vacacional del Instituto en el año dos mil veintitrés, son insuficientes para acreditar que efectivamente, gozó de dichos periodos, sin que logre derrumbar la negativa de la actora.

97.      Además, ha sido criterio de la Sala Superior,[67] que en términos del Manual, el documento idóneo para acreditar el goce de los periodos vacacionales lo será el denominado “Kardex” a través del Sistema de Control de Vacaciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, que en su caso demuestra la solicitud, gestión, registro y autorización de dichos periodos, por lo que si la demandada no adjunto a su escrito de contestación el señalado instrumento, luego se reafirma que sus aseveraciones son insuficientes para acreditar el goce de los periodos vacacionales controvertidos.

98.      Lo dicho, según la tabla que se anexa.

99.      Por lo anterior, el Instituto demandado deberá realizar el cálculo que corresponda y concretar el pago atinente a los periodos correspondientes del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós y del uno de enero al treinta de junio de dos mil veintitrés, debiendo tomar como base el último salario integrado percibido de manera ordinaria por la parte actora.

100.   Dicha prestación encuentra su fundamento en lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto, conforme al cual el Personal del Instituto que tenga derecho al disfrute de vacaciones recibirá una prima vacacional.

101.       Asimismo, en el Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando del INE para el ejercicio dos mil veintitrés[68], se establece en el apartado 5.2.1.2., inciso b), que la prima vacacional es el importe que reciben los servidores públicos a fin de contar con mayor disponibilidad de recursos durante los periodos vacacionales y que esa prima vacacional equivale a cinco días de salario, cuando menos, por cada período vacacional.

102.       En esta tesitura, este órgano jurisdiccional determina que el INE deberá pagar las primas vacacionales relativas a los mismos períodos en los que resultó procedente el pago de la prestación correspondiente a las vacaciones.

103.       En consecuencia, el Instituto demandado deberá realizar el cálculo que corresponda y concretar el pago atinente en los términos ordenados en esta sentencia.

104.       En cuanto al aguinaldo debe señalarse que, el mismo constituye un derecho laboral de todos los servidores públicos que será equivalente a cuarenta días de sueldo tabular, cuando menos, sin deducción alguna, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Estatuto.

105.       En ese sentido, el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos dispone en su artículo 618:

106.       Como se advierte de lo anterior, el aguinaldo es para las personas en el servicio público del INE, en tanto que la gratificación de fin de año se otorga a las personas prestadoras de servicio contratados por el INE.

107.       En ese sentido, al haberse demostrado que el tipo de vínculo jurídico que unía a la parte actora con el INE consistía en una relación laboral, a la parte actora le corresponde la prestación consistente en aguinaldo, y no la gratificación anual.

108.       Al respecto, como ya se dijo, la accionante demandó el aguinaldo. En ese sentido, la Sala Superior ha equiparado formalmente ambos conceptos (SUP-JLI-4/2020), sin que por ello pierdan sus propias características, como, por ejemplo, el aguinaldo se compone de varios conceptos como se define en el propio Estatuto del INE, y en cambio, lisa y llanamente se denomina gratificación sin especificar su cálculo en el Manual antes citado.

109.       De esta manera, pueden coincidir ambos conceptos en cantidad o diferenciarse por los elementos que la componen, pero será una vez realizados los cálculos respectivos a la luz de la naturaleza de la relación jurídica cuándo pueda arribarse a tal conclusión.

110.       Así, aunque la finalidad es la misma, ambos guardan su propia naturaleza. Sin embargo, esa coincidencia es lo que relevaría al demandado del pago, en caso, de demostrarse el mismo y coincidir las cantidades con las que debiera corresponder al pago de un aguinaldo.

111.       Del análisis de las constancias que obran en el expediente, no se advierte de forma clara e identificable que el Instituto hubiere realizado el pago de aguinaldo por el tiempo laborado, por lo menos del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, año que no ha prescrito para su reclamación.

112.       Ahora, al haberse demostrado que la naturaleza del vínculo jurídico que unía a la parte actora con el INE consistió, en una relación laboral, y que el demandado no acreditó con prueba alguna haber cubierto a la actora dicha prestación de manera indubitable y exacta, resulta procedente condenarle a su pago por el año dos mil veintitrés, tomando como base para su cálculo el último salario integrado percibido de manera ordinaria por la parte actora.

113.       En consecuencia, el Instituto demandado deberá realizar el cálculo que corresponda y concretar el pago atinente en los términos ordenados en esta sentencia.

114.       Sin que pase inadvertido el señalamiento del pago de gratificación de fin de año, el cual no fue objetado respecto a la veracidad de su recepción por la parte actora y, como se indicó líneas anteriores, al corresponder a la misma finalidad que el aguinaldo, no puede soslayarse su pago, el cual no niega haber recibido.

115.       En este caso, al momento de realizar los cálculos correspondientes, por lo que ve a los años dos mil veintidós y dos mil veintitrés, deberá deducir el monto neto ya pagado por concepto de gratificación anual correspondiente a $13,476.00 (Trece mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) por dos mil veintitrés, reconocido en la contestación de la demanda, corroborado con el recibo que obran en actuaciones[69]; y, en caso de existir diferencia, pagarle a la parte actora el monto que así resulte.

116.       Lo anterior, en el entendido de que, si la demandada comprueba que, una vez realizados los cálculos, cubrió por concepto de gratificación de fin de año una cantidad igual o superior a la que le correspondía a la parte actora por concepto de aguinaldo, quedará exenta de realizar pago alguno por este concepto, al haber quedado satisfecha la pretensión de la parte actora, respecto de lo que legalmente le corresponde.

117.       La parte actora reclama el pago de despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año y ayuda para alimentos, con base en el Manual por el tiempo laborado por la parte actora y las que se continúen generando con motivo del reconocimiento de la relación laboral entre las partes.

118.       De las prestaciones de tipo económico que exige la parte actora consistentes en despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año y ayuda para alimentos, se advierte que corresponden a prestaciones que según el Manual se otorgan a personas trabajadoras del INE con plaza presupuestal.

119.       En ese sentido, en términos del artículo 6 del Estatuto, el INE puede contratar servicios personales bajo el régimen laboral —con plaza presupuestal— o bajo el régimen civil —bajo la figura de honorarios—.

120.       Si bien, es cierto que en la presente sentencia se determinó que la relación que unió a las partes no es de naturaleza civil sino laboral, considerando que la manera de ingreso de la parte actora al INE fue mediante la firma de contratos bajo el referido “régimen civil” —aunque su naturaleza es laboral— es evidente que la parte actora no llevó a cabo los procesos de ingreso correspondientes al “personal del INE” definido en el artículo 8-I del Estatuto como aquellas personas que integran el Servicio Profesional Electoral Nacional y la rama administrativa, sin mencionar a quienes prestan sus servicios al INE bajo el “régimen civil” —caso en que se encuentra la parte actora—.

121.       En este sentido, el régimen aplicable a la relación que une a las partes es distinta a la que rige a quienes integran el Servicio Profesional Electoral Nacional y la rama administrativa del INE, pues la regulación específica para el personal contratado bajo el “régimen civil” en términos del Manual de Normas Administrativas[70], es diferente a la que regula al “personal del INE” (integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa).

122.       De ahí, que se considere que, si la parte actora no reúne este carácter, por tanto, no puede concederse su pretensión de obtener el pago de los beneficios económicos que ello conlleva pese a su carácter de trabajador del Instituto.

123.       Además, según el artículo 3 del Manual, la persona física que obtuvo su nombramiento en una plaza presupuestal a través del Formato Único de Movimientos correspondiente y que presta sus servicios de manera regular en el Instituto, indistintamente en el Servicio o en la Rama Administrativa.

124.       Esto tiene relación con el artículo 92 del Estatuto que establece que el ingreso a la rama administrativa en una plaza vacante comprende procedimientos de reclutamiento y selección de personas aspirantes a través de alguno de los siguientes mecanismos:

125.       Ahora bien, en cuanto a los mecanismos para acceder a las plazas presupuestales correspondientes a la rama administrativa, el Estatuto establece lo siguiente:

126.       Además, debe considerarse que el personal de la rama administrativa del INE tiene —entre otras— las obligaciones siguientes:

127.       Ahora bien, como ya se explicó, aun y con el reconocimiento de la relación laboral que existe entre las partes, la parte actora no es una persona trabajadora del INE con una plaza presupuestal y es posible advertir de las disposiciones referidas, que tampoco es posible obligar al demandado a que pague a la parte promovente las prestaciones que demanda y corresponden exclusivamente al personal que tiene plaza presupuestal.

128.       De lo establecido tanto en el Estatuto como en el Manual se advierte que las personas que actualmente cuentan con una plaza presupuestal han superado procedimientos de reclutamiento y selección específicos para obtener su nombramiento en dicha estructura, situación por la que la parte actora no ha pasado. Además, entre otras obligaciones, tienen la de capacitarse continuamente y están sujetos y sujetas a una evaluación de su desempeño.

129.       Así, es posible advertir que a pesar de que tanto el personal de la rama administrativa que ocupa una plaza presupuestal, como la parte actora son personas trabajadoras del INE, sus obligaciones son distintas, por lo que está plenamente justificado un trato diferenciado.

130.       En este punto es importante señalar que de las normas que deben aplicarse para resolver la controversia planteada por la parte actora que exige el pago de dichas prestaciones,[82] no es posible advertir que alguno establezca la obligación a cargo del INE de pagar a cualquier persona trabajadora del demandado las prestaciones establecidas en el Manual de Normas Administrativas que reclama en este apartado la parte actora.

131.       Ahora bien, además de esas normas generales, la relación entre las partes está regulada en lo específico, por los contratos que celebraron sin que se hubiera acreditado que las partes hayan acordado el pago de las prestaciones que ahora exige la parte actora y si bien es cierto, que se firmó como si fuera de naturaleza civil y no laboral —que es su naturaleza real según lo expuesto en un apartado previo de esta sentencia—, para que el Instituto demandado como patrón de la parte actora tuviera la obligación de pagarle dichas prestaciones que no están establecidas en la ley a su cargo, ni en el referido contrato, era necesario que la parte actora acreditara la fuente de dicha obligación.

132.       Esto, en términos de la razón esencial del criterio 2a./J. 9/2022 (11a.) de rubro “PRESTACIONES EXTRALEGALES. EN EL CASO DE LAS RELACIONES LABORALES QUE SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, CORRESPONDE AL TRABAJADOR APORTAR LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES PARA DEMOSTRAR LA OBLIGACIÓN DEL PATRÓN PARA PAGARLAS. LO ANTERIOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA PARTE DEMANDADA NO HAYA DADO CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y TAMPOCO ACUDA A LA AUDIENCIA RESPECTIVA EN SU FASE DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS” [83].

133.       Ya que, si bien se refiere a las personas trabajadoras de entes patronales diversos del Estado, resulta aplicable en su esencia pues la razón por la cual exige que en este caso —la prueba de la obligación de pago de prestaciones extralegales— sea la parte actora quien lo acredita consiste en que las prestaciones extralegales son beneficios otorgados de manera adicional o mayor a los establecidos en la ley, por lo que el fundamento esencial de estas es el contrato privado, colectivo o contrato-ley, o bien el reglamento interno de trabajo, entre otros.

134.       Sirven también como referencia los criterios I.10o.T. J/4, VI.2o.T. J/4 y VIII.2o. J/38 de rubros “PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA”[84], “PRESTACIONES EXTRALEGALES. CORRESPONDE ACREDITAR SU PROCEDENCIA A QUIEN PRETENDE SU PAGO”[85] y “PRESTACIONES EXTRALEGALES EN MATERIA LABORAL. CORRESPONDE AL RECLAMANTE LA CARGA PROBATORIA DE LAS”[86].

135.       En ese tenor, si bien el Manual establece dichas prestaciones, es evidente que el INE—-en ejercicio de su autonomía— determinó que solo serían pagadas a ciertas personas de quienes trabajan para dicho Instituto, siendo que en el caso, la parte actora no forma parte del colectivo de personas trabajadoras del INE con plaza presupuestal pues como se ha explicado, el hecho de ser una persona trabajadora de la parte demandada no implica que en automático tenga derecho a que le sea asignada una plaza de esa naturaleza.

136.       En ese sentido, el pago de las prestaciones en estudio es improcedente pues al estar contempladas en el Manual a favor de las personas trabajadoras del INE con una plaza presupuestal corresponden a quienes han participado en procedimientos de reclutamiento y selección, han cumplido requisitos específicos y superado las evaluaciones correspondientes —en el caso del concurso— y están sujetos y sujetas a obligaciones que la parte actora no tiene según sus contratos-.

137.       Ello, puesto que su carácter es extralegal —es decir, su pago depende de que las partes hubieran acordado su pago o esté regulado de manera específica a favor de quien la pide en los reglamentos, contratos colectivos o normas internas del ente patronal— y la demandante no acreditó que en algún instrumento se hubiera establecido que tiene derecho a su pago.

138.       En consecuencia, procede absolver al INE del pago de despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año y ayuda para alimentos.

139.       En similares términos resolvió esta Sala Regional en el precedente SG-JLI-3/2023, SG-JLI-15/2023 y su acumulado SG-JLI-16/2023, SG-JLI-24/2023, así como la Sala Ciudad de México en los juicios SCM-JLI-61/2022 y SCM-JLI-62/2022, SCM-JLI-64/2022, SCM-JLI-66/2022 y SCM-JLI-73/2022.

140.       De igual manera, en sus artículos 318 a 321, se establece que esta prestación se otorgará al personal de plaza presupuestal de nivel operativo, de mando y cargos homólogos y será un complemento al sueldo que se otorga en virtud de la antigüedad, por cada cinco años de servicios efectivos prestados al INE hasta llegar a veinticinco.

141.       Sin embargo, como se adelantó, también tal prestación se encuentra prevista en el mismo sentido en el segundo párrafo del artículo 34 de la LFTSE, de aplicación supletoria conforme el artículo 95, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

142.       Ahora bien, en el caso concreto, está acreditado que la parte actora mantuvo una relación laboral con el INE durante el periodo comprendido del uno de enero de dos mil diez a la fecha.

143.       En ese sentido, a la fecha de la presentación de la demanda la parte actora había trabajado efectivamente para el INE por un periodo que le habilita como beneficiario de tal prestación, al cumplir con el requisito esencial de haber trabajado por lo menos cinco años efectivos en el INE.

144.       Cabe precisar que este Tribunal ha señalado[87], que la prima quinquenal es un factor de aumento de salario, pues lo incrementa por cada cinco años de actividad laboral. Por lo tanto, la naturaleza jurídica de esta prestación gira en torno a recompensar el servicio prestado por años efectivos acumulados.

145.       En ese contexto, la prima quinquenal, como complemento del salario, es una contraprestación del servicio diario que persiste en tanto dura la relación de trabajo y se otorga durante la vigencia de la relación laboral a quienes han acumulado cierto número de años efectivos de servicio.

146.       Dicha razón se fortalece con base en los criterios orientadores sostenidos por diversos Tribunales Colegiados de Circuito en la tesis I.13o.T.45 L (10a.) y I.3o.T. J/12 (9ª.) de rubros: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO CON NOMBRAMIENTO TEMPORAL. TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA PRIMA QUINQUENAL CUANDO CUMPLEN LOS AÑOS EFECTIVOS DE SERVICIO QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL RELATIVA”, así como “PRIMA QUINQUENAL Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DIFERENCIAS (MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO DE LA PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO A LOS TRABAJADORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL)”[88].

147.       En ese sentido, toda vez que en el caso se cumple el requisito de que la parte trabajadora debió haber laborado por lo menos cinco años para el INE; la demandada deberá actualizar el monto que corresponda por la prima quinquenal por el tiempo en que la parte actora prestó sus servicios al INE y que le ha sido reconocido en esta sentencia, y efectuar el pago correspondiente a partir del veintidós de enero de dos mil veintitrés a la fecha y siguientes, no obstante que no se hubiese solicitado previamente.

148.       La parte actora demanda también la entrega de la constancia laboral correspondiente al tiempo trabajado de forma continua e ininterrumpida, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 132 de la LFT.

149.       Ahora bien, el artículo 132 de la LFT establece que será obligación de la parte patronal expedir a la persona trabajadora que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del término de tres días, una constancia escrita relativa a sus servicios.

150.       Por su parte, los artículos 538 y 539 del Manual, refieren que las constancias de servicios serán emitidas por las instancias siguientes:

151.       En ese sentido, resulta procedente ordenar al INE su expedición a través del área que corresponda, por el período laboral acreditado en este fallo (del uno de enero de dos mil diez a la fecha), en virtud de que ha quedado acreditada la relación laboral entre las partes; sin que sea obstáculo para lo anterior, la afirmación de la demandada en el sentido de que la parte actora no ha realizado la solicitud respectiva.

152.       La parte actora se adolece de que los contratos celebrados con el INE desconocen una relación de carácter permanente.

153.       Por su parte el INE se excepciona sosteniendo la validez de los contratos de prestación de servicios por honorarios celebrados entre las partes, al haberse realizado de mutuo propio con lo que en su concepto acreditaba el régimen civil de la relación contractual.

154.       Ahora, conforme al artículo 6 de los Estatutos del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa[89], se establece que, el INE podrá contratar servicios personales bajo los regímenes siguientes:

155.       Asimismo, se podrán establecer relaciones laborales permanentes, temporales, por obra o tiempo determinado.

156.       Por tal motivo, a juicio de esta Sala, los argumentos de la parte promovente respecto a la permanencia en el cargo, devienen ineficaces, en un inicio, porque aun y cuando se trate de una relación laboral esta puede establecerse de manera temporal, por obra o tiempo determinado; es decir, una relación de naturaleza laboral no necesariamente tiene un carácter permanente con base en la normativa aplicable.

157.       Por otro lado, esta Sala Regional arriba a la conclusión de que la parte actora era personal de confianza y, por tanto, no goza de la garantía de estabilidad en el empleo.

158.       La Sala Superior de este tribunal y esta propia Sala Regional han sostenido[90] que en el artículo 206 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el legislador federal otorgó el carácter de trabajador de confianza a todo el personal que labora en el INE, dado el carácter de las funciones que desempeña, a fin de preservar la imparcialidad, especialización y objetividad en el ejercicio de sus atribuciones, al recaer en este organismo del Estado la obligación de velar por la imparcialidad en la organización de las elecciones, cuyas atribuciones consisten en llevar a cabo todas las actividades que integran el desarrollo del proceso electoral.

159.       Lo anterior, se encuentra plasmado a su vez en el propio Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa,[91] en sus artículos 6, párrafo primero y 167, fracción VIII, al tenor de lo siguiente:

160.       En este sentido, ha sido criterio de este tribunal que no es inconstitucional el artículo 6 en comento[92], toda vez que dicho precepto sólo reitera lo previsto en el artículo 206 de la LGIPE, con lo que se cumple con lo dispuesto en la fracción XIV, del apartado “B” del artículo 123 de la Constitución, en cuanto a que la ley determina cuáles son los cargos que deben ser considerados de confianza.

161.       Así, puede concluirse que la previsión del legislador, consistente en que la totalidad de los servidores del INE fueran considerados de confianza, obedece a la importancia que para el Estado conlleva la función del órgano autónomo, de tal manera que todo trabajador debe velar, necesariamente, por los intereses institucionales, independientemente de intereses personales, de ahí la necesidad de que sus servidores tengan la calidad de trabajadores de confianza, lo que no resulta contrario a lo previsto en el apartado “B” del artículo 123 constitucional.

162.       En ese sentido, debe precisarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción V, Apartados A y D, de la Constitución Federal, se prevé que las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General del INE, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público.

163.       Sobre esta directriz constitucional, el artículo 206 de la LGIPE establece que los trabajadores del INE son de confianza, y quedarán sujetos al régimen establecido en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución General.

164.       Ahora bien, el citado precepto constitucional, establece:

165.       Como puede advertirse, en consideración de la Sala Superior de este Tribunal,[93] la citada fracción reconoce a los servidores públicos de confianza las medidas de protección al salario y de derecho a la seguridad social.

166.       En este sentido, este Tribunal federal ha sostenido que el Poder Revisor de la Constitución excluyó del derecho de inamovilidad a los servidores públicos de confianza, de lo contrario así lo habría señalado expresamente[94].

167.       De igual manera, se ha establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, la declaración de que la relación jurídica es de naturaleza laboral no necesariamente tiene como consecuencia jurídica inmediata que se tenga por satisfecha la pretensión del trabajador, en el sentido de que se le reinstale en una plaza de base o por tiempo indefinido, pues precisamente también debe analizarse la clase de nombramiento, siendo que aquí se estableció como de confianza. [95]

168.       De ahí, que los argumentos de la parte actora sobre la permanencia laboral que alude no puedan prosperar, pues con independencia de la denominación tiene la naturaleza de confianza, y dicha clasificación no encuadra en lo previsto por el numeral 6 del Estatuto antes referido.

169.       La parte actora aduce que, el Acuerdo INE/JGE228/2023, por el cual se aprobaron los "CRITERIOS QUE DEBERÁN APLICAR LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES EJECUTIVAS, PARA LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DE HONORARIOS PERMANENTES A PLAZA PRESUPUESTAL"[96], no garantizó el principio de igualdad al discriminar y excluir, en su concepto, al personal que con iguales méritos debió ser reconocido por las actividades permanentes desempeñadas, como lo fue en su caso, al tratarse de personal de MAC, lo cual, a juicio de la impugnante, implicó un acto de discriminación a este.

170.       Además, que tampoco le dieron cabida conforme a los criterios, al condicionarla respecto a manifestar su interés y a la existencia de una plaza disponible, así como que las o los aspirantes cumplieran con los requisitos establecidos en la Cédula del Puesto, cuando a lo largo de los años ha demostrado su capacidad y perfil necesario para desempeñar sus actividades.

171.       Asimismo, combate el referido Acuerdo dado que no garantizó el principio de igualdad al solo considerar a un grupo de servidores públicos determinados para cambiar su contratación de honorarios eventuales a permanentes, cuando las funciones y actividades de la parte actora ameritaban el mismo tratamiento, resultando discriminatorio.

172.       Por su parte el INE, en síntesis, aduce que deviene improcedente la pretensión de la parte enjuiciante de reclamar su incorporación al régimen de plaza presupuestal de ese instituto, con base en el Acuerdo INE/JGE228/2023, pues contraviene las disposiciones de índole presupuestal del año 2024 y tampoco se ubica en los supuestos establecidos en esa determinación.

173.       Ahora bien, los criterios en estudio, en lo que aquí interesa, establecieron lo siguiente:

174.       De esta manera, en cuanto a la violación al principio de igualdad de los Criterios en estudio, esta Sala deja a salvo los derechos de la parte actora, para solicitar dicho cambio a plaza presupuestal con base en el acuerdo impugnado, en términos del punto Décimo Primero de los Criterios, dado que corresponde a la DEA actuando conjuntamente con el Registro Federal de Electores, para que en uso de sus atribuciones y con base en los lineamientos previamente expuestos, den respuesta a la parte actora sobre su motivo de inconformidad relacionados con la violación al principio de igualdad.

175.       En el entendido, de que será a partir del dictado de la presente sentencia que la parte actora estará en actitud de acudir ante tales instancias administrativas electorales su solicitud dé respuesta a porqué su plaza no fue incluida en el acuerdo multicitado para ser beneficiario del cambio de régimen.

176.       En conclusión, si el trabajador insta al INE sobre la procedencia y aplicación del acuerdo a su favor, la autoridad electoral se encuentra en libertad de responder la petición acorde a lo que considere aplicable, lo anterior, no prejuzga sobre el sentido de la respuesta.

177.       Dado que la parte actora acreditó parcialmente las correspondientes acciones y el INE demostró parcialmente sus excepciones, se debe condenar al INE, para que cumpla con lo siguiente:

a)  La prestación de un trabajo personal que implica hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta un trabajador en beneficio del empleador;

b)  La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando del empleador, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, el trabajador; y

c)   El pago de un salario en contraprestación por el trabajo prestado.

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