3.         Contratación. A decir de su representante, el actor comenzó a laborar el uno de enero de dos mil diez, como auxiliar técnico “D”, adscrito a la Junta Local Ejecutiva de Sonora del INE, puesto que ha desempeñado hasta la actualidad.

4.         Acuerdo. El dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, la Junta General Ejecutiva emitió el Acuerdo INE/JGE228/2023, por el que se aprueban los "Criterios que deberán aplicar las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, para la modificación del régimen de contratación del personal de Módulos de Atención Ciudadana de honorarios permanentes a plaza presupuestal".

5.         Demanda. El veintidós de enero, diversas personas presentaron demanda de juicio laboral, para controvertir la discriminación de tracto sucesivo de la que han sido objeto por falta de reconocimiento del INE de que sus servicios son de naturaleza permanente, omitiéndoles reconocer su antigüedad.

6.       De igual manera, impugnan el acto de exclusión arbitraria que los accionantes sufrieron por no ser consideradas con la modificación del régimen de contratación del personal de Módulos de Atención Ciudadana, a plaza presupuestal, implementada a partir de enero de este año, de los “Criterios que deberán aplicar las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, para la modificación del régimen de contratación de personal de Módulos de Atención Ciudadana de honorarios permanentes a plaza presupuestal”, aprobadas mediante acuerdo de la Junta General Ejecutiva del INE número INE/JGE228/2023.

7.       Consulta competencial. El veintidós de enero de dos mil veinticuatro, se sometió a consideración de la Sala Superior la competencia para conocer y resolver del asunto.[7]

8.       Competencia. El nueve de febrero, la Sala Superior determinó que, esta Sala Regional era la competente para conocer y resolver el juicio.[8]

9.       SG-JLI-5/2024. El trece de febrero, el Magistrado Presidente ordenó la formación del expediente y lo turno al Magistrado en funciones Omar Delgado Chávez, para su sustanciación.

10.    Acuerdo de escisión. El quince de febrero, mediante acuerdo plenario se determinó escindir la demanda y se ordenó formar varios juicios laborales.

11.    Turno. En su momento, el Magistrado Presidente ordenó registrar la demanda con la clave SG-JLI-7/2024 y turnarlo a su ponencia.

12.    Sustanciación. En su oportunidad, se radicó el expediente, se admitió la demanda y ordenó emplazar al INE; por lo que, una vez contestada la demanda, se dio vista a la parte actora con el escrito de contestación; y en la fecha programada, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos; se cerró la instrucción del juicio y, se ordenó la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

22.           El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución General en materia político-electoral; en el artículo 41, párrafo segundo, base V, donde se estableció que el Instituto Federal Electoral sería sustituido por un nuevo organismo, denominado INE.

25.      Por otro lado, la parte demandada solicita que se le absuelva de las prestaciones reclamadas por la parte actora, y para ello, opone diversas excepciones y defensas, como se expone a continuación:

29.      Como se adelantó, la parte actora afirma en su escrito de demanda que trabajó para la demandada del uno de enero de dos mil diez a la fecha.

30.      No obstante, contrario a lo que manifiesta la parte actora, el INE señala que la parte actora trabajó del uno de noviembre de dos mil diez a la fecha.

31.      Por su parte, el apoderado del INE reconoció la existencia de una relación jurídica, pero de carácter civil, únicamente, por el periodo que corresponde del uno de noviembre de dos mil diez a la fecha.

32.      La demandada señala que se pactaron contratos de prestación de servicios de carácter temporal, sujetos al régimen de honorarios de manera interrumpida, lo que se ilustra con la siguiente tabla:

33.      Si bien, de las pruebas aportadas por la parte demandada se advierten contratos por periodos relacionados con los años dos mil ocho y dos mil nueve, dicha documentación no será tomada en cuenta porque no están relacionados con el plazo de reconocimiento de la relación reclamada por la parte actora.

34.      Por otra parte, el INE señala que durante el tiempo en que la parte actora prestó servicios, de manera eventual y permanente para el Instituto, le pagaron los honorarios pactados.

35.      En ese sentido, afirma que los elementos pactados en los referidos contratos de prestación de servicios se cumplieron en su totalidad ya que:

     La parte actora está contratada bajo el régimen de honorarios, por tiempo determinado.

     Se cubrieron en su totalidad los honorarios pactados.

     Los contratos de prestación de servicios firmados por ambas partes se rigen por la legislación civil.

     La vigencia de los contratos no excedió el año fiscal en que se celebraron, por tanto, al concluir la vigencia de cada contrato se llevó a cabo uno nuevo derivado de las funciones propias a realizar por parte de la persona prestadora de servicios, sin que ello pueda considerarse como una función permanente e ininterrumpida en la prestación de servicios.

36.      Sostiene que las diversas relaciones civiles que existieron entre las partes son válidas y eficaces, y de las cuales se desprenden, entre otros, los siguientes elementos

     Consentimiento y objeto materia del contrato.

     Existió capacidad legal de las partes.

     No hay vicios del consentimiento.

     El objeto, motivo o fin de dicho contrato son lícitos.

     El consentimiento se manifestó en la forma que establece la ley (por escrito).

     Se perfeccionó por el mero consentimiento de las partes.

     Los contratantes se obligaron no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias.

     Que para el caso de controversia relacionada con los contratos se sometieron a la jurisdicción de los tribunales federales en materia civil de la Ciudad de México.

37.      Concluye que el actor no se ubicó en los supuestos previstos en los artículos 3 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 8 y 20 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que no existió el elemento de la subordinación y el actor realizó sus funciones de manera independiente, por ende, no hubo deber de obediencia ni relación jerárquica.

38.      Si bien la parte actora señala que tuvo una relación con el INE a partir del primero de enero de dos mil diez a la fecha, la demandada refiere que resulta falso que el accionante hubiera comenzado a prestar sus servicios para el IFE[43] a partir de dicha fecha y, por tanto, niega la relación contractual entre las partes durante el periodo de uno de enero de dos mil diez al treinta y uno de octubre de dicha anualidad, razones por las que considera que no existió ninguna relación contractual.

39.      Al respecto, de las constancias que integran el expediente se inadvierten elementos probatorios que indiquen la existencia de una relación con el INE durante el periodo de uno de enero al treinta y uno de octubre de dos mil diez, no obstante, la existencia de una relación jurídica por el periodo del uno de noviembre de dos mil diez a la fecha no está controvertida, aunado a que existen en el expediente diversos contratos, ofrecidos por la parte demandada, con el que se corrobora la existencia de la relación constante e ininterrumpida entre las partes, por lo que la cuestión a definir es si se trató de una relación laboral o civil.

40.      Con independencia de la denominación del acto que estableció el nexo jurídico entre el actor y el INE, la relación entre las partes fue de carácter laboral, como se expone a continuación:

41.      Para determinar el vínculo, debe considerarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

42.      De lo anterior se desprenden los elementos siguientes:

La prestación de un trabajo personal;

La subordinación; y,

El pago de un salario.

43.      Por tanto, la relación de trabajo y, en consecuencia, los conflictos laborales entre un servidor público y el INE surgen cuando se prestan servicios que incluyen los elementos de una relación laboral, pese a la forma en que ésta se formalice.

44.      Ahora, no obstante que la existencia del vínculo laboral se presume, el INE negó tal relación, afirmando que se trató de una relación civil surgida de la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios entre las partes; por tanto, corresponde al INE acreditar tal manifestación.[44]

45.      Ahora, en el expediente se desprende las siguientes pruebas presentadas por la parte actora:

46.      En la audiencia de ley se admitieron la presuncional en su doble aspecto, la instrumental de actuaciones, así como las pruebas documentales ofrecidas por la parte actora, con excepción de la documental del acuerdo INE/JGE228/2023, por no ser adjuntado por la parte actora, no obstante, se señaló que el mismo obraba en el expediente y en cuanto a la inspección ocular se desechó por inconducente.

47.      Por su parte, la parte demandada ofreció y aportó los siguientes medios de prueba:

48.      Respecto de las pruebas de la parte demandada, se admitieron todas las pruebas.

49.      Las pruebas que se admiten a las partes merecen valor probatorio pleno, en términos del artículo 16 de la Ley de Medios.

50.      Conforme a las pruebas que obran en el expediente, se puede concluir que, si bien se celebraron diversos contratos como auxiliar Técnico “D”, en todos ellos existió la prestación de un trabajo personal y subordinado por parte del actor respecto al demandado, supeditado a los requerimientos de un superior jerárquico y recibía un salario como contraprestación de ese trabajo.

51.      En efecto, el actor estuvo contratado, de manera ininterrumpida, por un plazo de trece años, dos meses, veintiún días, para desempeñar personalmente el cargo como “Auxiliar Técnico D.”[56]

52.      En los contratos de prestación de servicios como Auxiliar Técnico “D” se estableció que la parte actora se obligó a prestar sus servicios ejecutando las siguientes actividades: diseñar planos cartográficos que permitan actualizar la geografía de los trescientos distritos electorales, elaboración de bitácoras de vehículos y mantenimiento de equipos de oficina del Registro Federal de Electores, establecer los controles necesarios para que la documentación que se recibe en las unidades administrativas llegue de forma oportuna.

53.      Aunado a ello, en los contratos de prestación de servicios correspondientes al uno de noviembre de dos mil diez a la fecha y como parte de sus actividades como Auxiliar Técnico “D”, se advierten cláusulas de supervisión y vigilancia, en las que se reconoce que la ahora demandada tenía facultades para supervisar y vigilar, en cualquier momento, la adecuada prestación de los servicios materia del presente instrumento.

54.      Por su parte, de las pruebas adjuntadas por la parte actora relativa a la siguiente: a) Impresión de pantalla del Directorio de empleados del INE, se advierte lo siguiente:

55.      Información enviada al correo jesus.rodriguezga@ine.mx, los que destaca el emitido por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Junta Local Electoral del INE en Sonora, mediante el cual adjunta a dicho correo el “ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL SOBRE DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE LABORES” identificado con la clave A03/INE/SON/CL/01-11-23 aprobado en sesión ordinaria celebrada el uno de noviembre de dos mil veintitrés; en el que se señala que dicho horario (durante el proceso electoral 2023-2024) comprende de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, con una hora para tomar alimentos (de 14:00 a 15:00), sábados de 10:00 a 14:00 horas.[57]

56.      Por lo anterior, se advierte que las actividades que realizó la parte actora no solo eran bajo la supervisión y vigilancia de la demandada, sino que ésta la fijó en un horario de trabajo en los días y horas señalados, estableciendo de igual manera una hora para tomar alimentos, lo que evidencia aún más la sujeción a una forma de trabajo y por tanto no podrían considerarse que sus actividades las realizó de forma autónoma e independiente; de lo cual se advierte que tales exigencias y obligaciones solamente pueden derivar en una relación subordinada a la demandada.

57.      Dichos contratos constituyen documentales privadas -de conformidad con el artículo 15.1.-b) y 16.3 de la Ley de Medios- con valor indiciario, pero al ser analizadas en conjunto con los elementos del expediente y las manifestaciones de las partes, y no estar controvertidos en cuanto a su autenticidad, logran generar convicción de su contenido.

58.      Dichas funciones implicaron realizar actos materiales, concretos y objetivos en favor del demandado, como se advierte del contenido de los contratos.

59.      Auxiliar Técnico “D”. Diseñar los planos cartográficos que permitan actualizar la geografía de los 300 (trescientos) distritos electorales; elaborar bitácoras de vehículos y mantenimiento a equipos de oficina del Registro Federal de Electores; establecer los controles necesarios para que la documentación que se recibe en las unidades administrativas llegue en forma oportuna.

60.      Al respecto, se estima que a pesar de que los contratos suscritos se identifican como de prestación de servicios, reúnen en los hechos los elementos de una relación laboral, ya que las actividades desarrolladas por el actor se efectuaron de manera continua, permanente e ininterrumpida, excediendo el año fiscal.[58]

61.      Asimismo, existió la subordinación, ya que el demandado tenía la facultad plena y permanente de supervisar y vigilar el desarrollo de las actividades encomendadas.

62.      De igual manera, se verificó el trabajo remunerado pues en todos los contratos se acordó que a la parte actora le sería pagada una suma en retribución de las actividades propias de los puestos para los cuales fue contratada.

63.      Por otra parte, el INE hizo derivar la naturaleza civil de la relación, en el hecho de que las partes celebraron diversos contratos de prestación de servicios profesionales, en los cuales se sujetaron a una vigencia determinada que concluía de periodo en periodo.

64.      Sin embargo, ello es insuficiente para acreditar su dicho, ya que, en diversos precedentes[59] se ha señalado que establecer una vigencia o determinación de carácter eventual o interrumpida, no impone la naturaleza civil de la relación existente. 

65.      En este sentido, es insuficiente la afirmación de la parte demandada de que las actividades a desarrollar son de carácter eventual, pues de los medios de prueba se concluye que existió una relación de trabajo con la parte actora, al prestar un trabajo personal subordinado al INE, mediante el pago de una contraprestación.

66.      Respecto de esta última, aun cuando se le denominó honorarios (eventuales o permanentes) en cada uno de los contratos, en realidad se trataba de la retribución que se le pagaba por su trabajo; es decir, también se acredita el pago de un salario por el trabajo prestado, lo que incluso se especificó con un monto y forma de pago, lo cual se realizaría en forma quincenal.

67.      Consecuentemente, a pesar de que los contratos celebrados entre las partes se denominaron de “prestación de servicios profesionales”, lo cierto es que el vínculo laboral se demuestra porque los servicios prestados reúnen las características propias de una relación de trabajo. De ahí que, la denominación resulta insuficiente para concluir que la parte actora tenía la calidad de persona vinculada solo civilmente con el INE.

68.      Resulta aplicable la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 20/2005, de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES”.[60]

69.      En consecuencia, se acredita que la relación entre las partes fue de trabajo y no civil, por la actualización de los elementos de una relación laboral, como es la subordinación (siendo que la parte prestadora del servicio se le indicó cómo debía realizar su trabajo, se le proporcionaron los medios para el desempeño de su labor, los cuales eran propiedad del Instituto), el pago de un salario (mediante el otorgamiento de una compensación económica), además de haber prestado sus servicios de forma personal continua, permanente e ininterrumpida durante el periodo indicado.

70.      Así, al acreditarse una relación de manera continua, permanente e ininterrumpida, se concluye que la relación entre las partes fue de índole laboral por el periodo comprendido del uno de noviembre de dos mil diez al veintidós de enero de dos mil veinticuatro.[61]

71.      Establecido lo anterior, procede analizar el resto de las prestaciones que el promovente reclama en su escrito de demanda.

72.      En virtud del reconocimiento de la existencia de la relación laboral durante el tiempo en que la parte actora desarrolló las funciones para el INE, se condena a computar, como antigüedad, el periodo en el que sostuvo la relación.[62]

73.      Ello, porque la antigüedad reconocida se generó para efecto de la respectiva cotización ante el ISSSTE, para lo cual deberá efectuar los trámites necesarios a fin de que conste tal reconocimiento de la relación laboral.

74.      Debiendo entregar la constancia correspondiente a la parte actora, en la cual acredite tal reconocimiento por los periodos precisados.

75.      Al haber quedado acreditado que el vínculo fue de carácter laboral, resulta procedente ordenar el pago retroactivo de las cuotas de seguridad social del ISSSTE y FOVISSSTE.

76.      Ahora, de las afirmaciones de las partes y del expediente único de la parte actora, registrado en el Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos (SINAVID) del ISSSTE, se advierte que su historial de cotización comenzó en enero de dos mil doce,[63] por lo que no existe registro anterior a esa fecha para el INE.

77.      Por tanto, como consecuencia del reconocimiento de la relación laboral, desde el uno de noviembre de dos mil diez y hasta el veintidós de enero de dos mil veinticuatro, debe otorgarse el derecho a la seguridad social, por lo que resulta procedente condenar al INE a inscribir retroactivamente a la parte actora y regularizar los pagos ante el ISSSTE y FOVISSSTE, por el periodo del uno de noviembre de dos mil diez al treinta y uno de diciembre de dos mil once.

78.      Lo anterior, toda vez que el INE tenía la obligación de retener las aportaciones quincenales por todo el tiempo de la existencia de la relación laboral, por concepto de los enteros y pagos de las cuotas obrero-patronales, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley del ISSSTE y 43, fracción VI, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que disponen que toda trabajadora que preste un servicio para una dependencia o entidad pública, que sea propio de una relación laboral, tiene derecho, entre otras prestaciones, a las de seguridad social.

79.      En tal contexto, y debido a que no obran en el expediente las constancias necesarias para hacer líquida la condena que se establece en esta ejecutoria, el INE deberá realizar los cálculos respectivos, conforme a los salarios devengados por la parte actora, así como en términos de los lineamientos contenidos en el Estatuto, de todas y cada una de las cuotas, aportaciones y descuentos previstos en la Ley del ISSSTE.

80.      Asimismo, se deberá dar vista, con copia certificada del presente fallo, al ISSSTE para que actúe en el ámbito de sus atribuciones.[64]

81.      La parte actora reclama el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año, ayuda para alimentos, prima quinquenal e incentivo por años de servicio, por todo el tiempo laborado y que nunca le fueron otorgadas ni pagadas conforme a Derecho.

82.      Por su parte, el INE aduce que dichas prestaciones no se reclamaron dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que presentó su demanda.

83.      De conformidad con el artículo 516 de la Ley del Trabajo, de aplicación supletoria en términos del numeral 95 de la Ley de Medios, las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, salvo las excepciones que la propia Ley del Trabajo contempla.

84.      En términos de los preceptos indicados, el derecho de la parte actora a reclamar el pago de los conceptos señalados prescribe en un año, sin que se actualicen las excepciones contempladas por la citada ley.

85.      Por tanto, la prescripción debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que sea exigible el derecho de reclamar el pago correspondiente y hasta un año después, por lo que el reclamo del pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año, ayuda para alimentos, prima quinquenal e incentivo por años de servicio, previo al veintidós de enero de dos mil veintitrés se encuentra prescrito.

86.      Por tanto, se absuelve al INE del pago de las prestaciones reclamadas que ha prescrito.

87.      Ahora, del período comprendido entre el veintidós de enero de dos mil veintitrés y veintidós de enero de dos mil veinticuatro, se estima que existen prestaciones no prescritas, dado que no transcurrió más de un año a partir del día siguiente son exigibles, cuando la parte actora promovió el juicio laboral.

88.      A continuación, se realizará el estudio de las prestaciones no prescritas.

89.      En el asunto que se resuelve rige lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, que dispone: “El Personal del Instituto por cada seis meses de servicio consecutivo de manera anual, gozará de diez días hábiles de vacaciones, conforme al programa de vacaciones que para tal efecto emita la DEA[65] y con las excepciones que señale el acuerdo en materia de jornada laboral que para efectos apruebe la Junta”.

90.      De lo transcrito se desprende que el derecho de los trabajadores del INE a disfrutar de vacaciones se encuentra sujeto a que éstos cumplan más de seis meses consecutivos de servicio, lo que les permitirá disfrutar de un primer periodo vacacional, una vez cumplido el requisito.

91.      En caso de que la relación de trabajo concluya antes de actualizarse el periodo vacacional, el servidor del Instituto tendrá derecho al pago de vacaciones en forma proporcional al número de días que previamente haya laborado.

92.      En el caso, el INE no acreditó que la parte actora gozara de vacaciones, pues al efecto no ofreció elemento de convicción alguno, ya que los oficios por las que se da a conocer el primero y segundo período vacacional del Instituto en el año dos mil veintitrés, son insuficientes para acreditar que efectivamente, gozó de dichos periodos, sin que logre derrumbar la negativa de la parte actora.

93.      Además, ha sido criterio de la Sala Superior,[66] que en términos del Manual, el documento idóneo para acreditar el goce de los periodos vacacionales lo será el denominado “Kardex” a través del Sistema de Control de Vacaciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, que en su caso demuestra la solicitud, gestión, registro y autorización de dichos periodos, por lo que si la demandada no adjunto a su escrito de contestación el señalado instrumento, luego se reafirma que sus aseveraciones son insuficientes para acreditar el goce de los periodos vacacionales controvertidos.

94.      Lo dicho, según la tabla que se anexa.

95.      Por tanto, la parte actora tiene derecho a reclamar los siguientes periodos: del uno de mayo al treinta y uno de octubre de dos mil veintidós y del uno de noviembre de dos mil veintidós al treinta de abril de dos mil veintitrés.

96.      Además, el periodo de uno de mayo de dos mil veintitrés a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se encuentra generando; por lo que debe condenarse al INE al pago de las vacaciones reclamadas por la parte actora, en virtud de que el plazo para exigir su pago no ha prescrito a la fecha de presentación de la demanda, aunado a que el INE no acreditó que el actor gozara de vacaciones pues al efecto no ofreció elemento de convicción idóneo.

97.      Dicha prestación encuentra su fundamento en lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto, conforme al cual el Personal del Instituto que tenga derecho al disfrute de vacaciones recibirá una prima vacacional.

98.           Asimismo, en el Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando del INE para el ejercicio dos mil veintitrés,[67] se establece en el apartado 5.2.1.2., inciso b), que la prima vacacional es el importe que reciben los servidores públicos a fin de contar con mayor disponibilidad de recursos durante los periodos vacacionales y que esa prima vacacional equivale a cinco días de salario, cuando menos, por cada período vacacional.

99.           En esta tesitura, este órgano jurisdiccional determina que el INE deberá pagar las primas vacacionales relativas a los mismos períodos en los que resultó procedente el pago de la prestación correspondiente a las vacaciones.

100.       En consecuencia, el Instituto demandado deberá realizar el cálculo que corresponda y concretar el pago atinente en los términos ordenados en esta sentencia.

101.       En cuanto al aguinaldo debe señalarse que, el mismo constituye un derecho laboral de todos los servidores públicos que será equivalente a cuarenta días de sueldo tabular, cuando menos, sin deducción alguna, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Estatuto.

102.       En ese sentido, el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos dispone en su artículo 618:

103.       Como se advierte de lo anterior, el aguinaldo es para las personas en el servicio público, en tanto que la gratificación de fin de año se otorga a las personas prestadoras de servicio contratados por el INE.

104.       En ese sentido, al haberse demostrado que el tipo de vínculo jurídico que unía a la parte actora con el INE consistía en una relación laboral, le corresponde la prestación consistente en aguinaldo, y no la gratificación anual.

105.       Al respecto, como ya se dijo, el accionante demandó el aguinaldo. En ese sentido, la Sala Superior ha equiparado formalmente ambos conceptos (SUP-JLI-4/2020), sin que por ello pierdan sus propias características, como, por ejemplo, el aguinaldo se compone de varios conceptos como se define en el propio Estatuto del INE, y en cambio, lisa y llanamente se denomina gratificación sin especificar su cálculo en el Manual antes citado.

106.       De esta manera, pueden coincidir ambos conceptos en cantidad o diferenciarse por los elementos que la componen, pero será una vez realizados los cálculos respectivos a la luz de la naturaleza de la relación jurídica cuándo pueda arribarse a tal conclusión.

107.       Así, aunque la finalidad es la misma, ambos guardan su propia naturaleza. Sin embargo, esa coincidencia es lo que relevaría al demandado del pago, en caso, de demostrarse el mismo y coincidir las cantidades con las que debiera corresponder al pago de un aguinaldo.

108.       Del análisis de las constancias que obran en el expediente, no se advierte de forma clara e identificable que el INE hubiere realizado el pago de aguinaldo por el tiempo laborado, por lo menos del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, año que no ha prescrito para su reclamación.

109.       Ahora, al haberse demostrado que la naturaleza del vínculo jurídico que unía a la parte actora con el INE consistió, en una relación laboral, y que la parte demandada no acreditó cubrir a la parte actora dicha prestación, resulta procedente condenarle a su pago por el año dos mil veintitrés, tomando como base para su cálculo el último salario integrado percibido de manera ordinaria por la parte actora.

110.       En consecuencia, el Instituto demandado deberá realizar el cálculo que corresponda y concretar el pago atinente en los términos ordenados en esta sentencia.

111.       Sin que pase inadvertido el señalamiento del pago de gratificación de fin de año, el cual no fue objetado respecto a la veracidad de su recepción por la parte actora y, como se indicó líneas anteriores, al corresponder a la misma finalidad que el aguinaldo, no puede soslayarse su pago, el cual no niega haber recibido.

112.       En este caso, al momento de realizar los cálculos correspondientes, por lo que ve al año dos mil veintitrés, deberá deducir el monto neto ya pagado por concepto de gratificación anual correspondiente a $13,476.00 (Trece mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) por dos mil veintitrés, reconocido en la contestación de la demanda, corroborado con el recibo que obran en actuaciones;[68] y, en caso de existir diferencia, pagarle a la parte actora el monto que así resulte.

113.       Lo anterior, en el entendido de que, si la demandada comprueba que, una vez realizados los cálculos, cubrió por concepto de gratificación de fin de año una cantidad igual o superior a la que le correspondía a la parte actora por concepto de aguinaldo, quedará exenta de realizar pago alguno por este concepto, al haber quedado satisfecha la pretensión, respecto de lo que legalmente le corresponde.

114.       La parte actora reclama el pago de despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año y ayuda para alimentos, con base en el Manual por el tiempo laborado y las que se continúen generando con motivo del reconocimiento de la relación laboral entre las partes.

115.       De las prestaciones de tipo económico que exige la parte actora consistentes en despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año y ayuda para alimentos, se advierte que corresponden a prestaciones que según el Manual se otorgan a personas trabajadoras del INE con plaza presupuestal.

116.       En ese sentido, en términos del artículo 6 del Estatuto, el INE puede contratar servicios personales bajo el régimen laboral —con plaza presupuestal— o bajo el régimen civil —bajo la figura de honorarios—.

117.       Si bien, es cierto que en la presente sentencia se determinó que la relación que unió a las partes no es de naturaleza civil sino laboral, considerando que la manera de ingreso de la parte actora al INE fue mediante la firma de contratos bajo el referido “régimen civil” —aunque su naturaleza es laboral— es evidente que la parte actora no llevó a cabo los procesos de ingreso correspondientes al “personal del INE” definido en el artículo 8-I del Estatuto como aquellas personas que integran el Servicio Profesional Electoral Nacional y la rama administrativa, sin mencionar a quienes prestan sus servicios al INE bajo el “régimen civil” —caso en que se encuentra—.

118.       En este sentido, el régimen aplicable a la relación que une a las partes es distinta a la que rige a quienes integran el Servicio Profesional Electoral Nacional y la rama administrativa del INE, pues la regulación específica para el personal contratado bajo el “régimen civil” en términos del Manual de Normas Administrativas,[70] es diferente a la que regula al “personal del INE” (integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa).

119.       De ahí, que se considere que, si la parte actora no reúne este carácter, por tanto, no puede concederse su pretensión de obtener el pago de los beneficios económicos que ello conlleva pese a su carácter de trabajador del Instituto.

120.       Además, según el artículo 3 del Manual, la persona física que obtuvo su nombramiento en una plaza presupuestal a través del Formato Único de Movimientos correspondiente y que presta sus servicios de manera regular en el Instituto, indistintamente en el Servicio o en la Rama Administrativa.

121.       Esto tiene relación con el artículo 92 del Estatuto que establece que el ingreso a la rama administrativa en una plaza vacante comprende procedimientos de reclutamiento y selección de personas aspirantes a través de alguno de los siguientes mecanismos:

122.       Para ello, se deben cumplir diversos requisitos[71] y podrá participar en el concurso para el personal de la rama administrativa en activo; personas que integran el Servicio Profesional Electoral Nacional, personas prestadoras de servicios del INE y personas aspirantes externas.[72]

123.       Ahora bien, en cuanto a los mecanismos para acceder a las plazas presupuestales correspondientes a la rama administrativa, el Estatuto establece lo siguiente:

124.       Además, debe considerarse que el personal de la rama administrativa del INE tiene —entre otras— las obligaciones siguientes:

125.       Ahora bien, como ya se explicó, aun y con el reconocimiento de la relación laboral que existe entre las partes, la parte actora no es una persona trabajadora del INE con una plaza presupuestal y es posible advertir de las disposiciones referidas, que tampoco es posible obligar al demandado a que pague a la parte promovente las prestaciones que demanda y corresponden exclusivamente al personal que tiene plaza presupuestal.

126.       De lo establecido tanto en el Estatuto como en el Manual se advierte que las personas que actualmente cuentan con una plaza presupuestal han superado procedimientos de reclutamiento y selección específicos para obtener su nombramiento en dicha estructura, situación por la que la parte actora no ha pasado. Además, entre otras obligaciones, tienen la de capacitarse continuamente y están sujetos y sujetas a una evaluación de su desempeño.

127.       Así, es posible advertir que a pesar de que tanto el personal de la rama administrativa que ocupa una plaza presupuestal, como la parte actora son personas trabajadoras del INE, sus obligaciones son distintas, por lo que está plenamente justificado un trato diferenciado.

128.       En este punto es importante señalar que de las normas que deben aplicarse para resolver la controversia planteada por la parte actora que exige el pago de dichas prestaciones,[82] no es posible advertir que alguno establezca la obligación a cargo del INE de pagar a cualquier persona trabajadora del demandado las prestaciones establecidas en el Manual de Normas Administrativas que reclama en este apartado la parte actora.

129.       Ahora bien, además de esas normas generales, la relación entre las partes está regulada en lo específico, por los contratos que celebraron sin que se hubiera acreditado que las partes hayan acordado el pago de las prestaciones que ahora exige la parte actora y si bien es cierto, que se firmó como si fuera de naturaleza civil y no laboral —que es su naturaleza real según lo expuesto en un apartado previo de esta sentencia—, para que el INE como patrón de la parte actora tuviera la obligación de pagarle dichas prestaciones que no están establecidas en la ley a su cargo, ni en el referido contrato, era necesario que la parte actora acreditara la fuente de dicha obligación.

130.       Esto, en términos de la razón esencial del criterio 2a./J. 9/2022 (11a.) de rubro “PRESTACIONES EXTRALEGALES. EN EL CASO DE LAS RELACIONES LABORALES QUE SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, CORRESPONDE AL TRABAJADOR APORTAR LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES PARA DEMOSTRAR LA OBLIGACIÓN DEL PATRÓN PARA PAGARLAS. LO ANTERIOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA PARTE DEMANDADA NO HAYA DADO CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y TAMPOCO ACUDA A LA AUDIENCIA RESPECTIVA EN SU FASE DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS” [83].

131.       Ya que, si bien se refiere a las personas trabajadoras de entes patronales diversos del Estado, resulta aplicable en su esencia pues la razón por la cual exige que en este caso —la prueba de la obligación de pago de prestaciones extralegales— sea la parte actora quien lo acredita consiste en que las prestaciones extralegales son beneficios otorgados de manera adicional o mayor a los establecidos en la ley, por lo que el fundamento esencial de estas es el contrato privado, colectivo o contrato-ley, o bien el reglamento interno de trabajo, entre otros.

132.       Sirven también como referencia los criterios I.10o.T. J/4, VI.2o.T. J/4 y VIII.2o. J/38 de rubros “PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA,”[84] “PRESTACIONES EXTRALEGALES. CORRESPONDE ACREDITAR SU PROCEDENCIA A QUIEN PRETENDE SU PAGO”[85] y “PRESTACIONES EXTRALEGALES EN MATERIA LABORAL. CORRESPONDE AL RECLAMANTE LA CARGA PROBATORIA DE LAS.”[86]

133.       En ese tenor, si bien el Manual establece dichas prestaciones, es evidente que el INE—en ejercicio de su autonomía— determinó que solo serían pagadas a ciertas personas de quienes trabajan para dicho Instituto, siendo que en el caso, la parte actora no forma parte del colectivo de personas trabajadoras del INE con plaza presupuestal pues como se ha explicado, el hecho de ser una persona trabajadora de la parte demandada no implica que en automático tenga derecho a que le sea asignada una plaza de esa naturaleza.

134.       En ese sentido, el pago de las prestaciones en estudio es improcedente pues al estar contempladas en el Manual a favor de las personas trabajadoras del INE con una plaza presupuestal corresponden a quienes han participado en procedimientos de reclutamiento y selección, han cumplido requisitos específicos y superado las evaluaciones correspondientes —en el caso del concurso— y están sujetos y sujetas a obligaciones que la parte actora no tiene según sus contratos-.

135.       Ello, puesto que su carácter es extralegal —es decir, su pago depende de que las partes hubieran acordado su pago o esté regulado de manera específica a favor de quien la pide en los reglamentos, contratos colectivos o normas internas del ente patronal— y la demandante no acreditó que en algún instrumento se hubiera establecido que tiene derecho a su pago.

136.       En consecuencia, procede absolver al INE del pago de despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año y ayuda para alimentos.

137.       En similares términos resolvió esta Sala Regional en el precedente SG-JLI-3/2023, SG-JLI-15/2023 y su acumulado SG-JLI-16/2023, así como la Sala Ciudad de México en los juicios SCM-JLI-61/2022 y SCM-JLI-62/2022, SCM-JLI-64/2022, SCM-JLI-66/2022 y SCM-JLI-73/2022.

138.       De igual manera, en sus artículos 318 a 321, se establece que esta prestación se otorgará al personal de plaza presupuestal de nivel operativo, de mando y cargos homólogos y será un complemento al sueldo que se otorga en virtud de la antigüedad, por cada cinco años de servicios efectivos prestados al INE hasta llegar a veinticinco.

139.       Sin embargo, como se adelantó, también tal prestación se encuentra prevista en el mismo sentido en el segundo párrafo del artículo 34 de la LFTSE, de aplicación supletoria conforme el artículo 95, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

140.       Ahora, en el caso concreto, está acreditado que la parte actora mantuvo una relación laboral con el INE durante el periodo comprendido del primero de noviembre de dos mil diez a la fecha.

141.       En ese sentido, a la presentación de la demanda la parte actora había trabajado efectivamente para el INE por un periodo que le habilita como persona beneficiaria de tal prestación, al cumplir con el requisito esencial de haber trabajado por lo menos cinco años efectivos en el INE.

142.       Cabe precisar que este Tribunal ha señalado,[87] que la prima quinquenal es un factor de aumento de salario, pues lo incrementa por cada cinco años de actividad laboral. Por tanto, la naturaleza jurídica de esta prestación gira en torno a recompensar el servicio prestado por años efectivos acumulados.

143.       En ese contexto, la prima quinquenal, como complemento del salario, es una contraprestación del servicio diario que persiste en tanto dura la relación de trabajo y se otorga durante la vigencia de la relación laboral a quienes han acumulado cierto número de años efectivos de servicio.

144.       Dicha razón se fortalece con base en los criterios orientadores sostenidos por diversos Tribunales Colegiados de Circuito en la tesis I.13o.T.45 L (10a.) y I.3o.T. J/12 (9ª.) de rubros: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO CON NOMBRAMIENTO TEMPORAL. TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA PRIMA QUINQUENAL CUANDO CUMPLEN LOS AÑOS EFECTIVOS DE SERVICIO QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL RELATIVA”, así como “PRIMA QUINQUENAL Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DIFERENCIAS (MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO DE LA PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO A LOS TRABAJADORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL).”[88]

145.       En ese sentido, toda vez que en el caso se cumple el requisito de que la parte trabajadora debió haber laborado por lo menos cinco años para el INE; la demandada deberá actualizar el monto que corresponda por la prima quinquenal por el tiempo en que la parte actora prestó sus servicios al INE y que le ha sido reconocido en esta sentencia, y efectuar el pago correspondiente a partir del veintidós de enero de dos mil veintitrés a la fecha y siguientes, no obstante que no se hubiese solicitado previamente.

146.       La parte actora demanda también la entrega de la constancia laboral correspondiente al tiempo trabajado de forma continua e ininterrumpida, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 132 de la LFT.

147.       Ahora, el artículo 132 de la LFT establece que será obligación de la parte patronal expedir a la persona trabajadora que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del término de tres días, una constancia escrita relativa a sus servicios.

148.       Por su parte, los artículos 538 y 539 del Manual, refieren que las constancias de servicios serán emitidas por las instancias siguientes:

149.       En ese sentido, resulta procedente ordenar al INE su expedición a través del área que corresponda, por el período laboral acreditado en este fallo (del uno de noviembre de dos mil diez a la fecha), en virtud de que ha quedado acreditada la relación laboral entre las partes; sin que sea obstáculo para lo anterior, la afirmación de la demandada en el sentido de que la parte actora no ha realizado la solicitud respectiva.

150.       La parte actora reclama que los contratos celebrados con el INE desconocen una relación de carácter permanente.

151.       Por su parte el INE se excepciona sosteniendo la validez de los contratos de prestación de servicios por honorarios celebrados entre las partes, al haberse realizado de mutuo propio con lo que en su concepto acreditaba el régimen civil de la relación contractual.

152.       Ahora, conforme al artículo 6 de los Estatutos del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.[89] se establece que, el INE podrá contratar servicios personales bajo los regímenes siguientes:

153.       Asimismo, se podrán establecer relaciones laborales permanentes, temporales, por obra o tiempo determinado.

154.       Por tal motivo, a juicio de esta Sala, los argumentos de la parte promovente respecto a la permanencia en el cargo, devienen ineficaces, en un inicio, porque aun y cuando se trate de una relación laboral esta puede establecerse de manera temporal, por obra o tiempo determinado; es decir, una relación de naturaleza laboral no necesariamente tiene un carácter permanente con base en la normativa aplicable.

155.       Por otro lado, se concluye que la parte actora era personal de confianza y, por tanto, no goza de la garantía de estabilidad en el empleo.

156.       La Sala Superior de este tribunal y esta Sala Regional han sostenido[90] que en el artículo 206 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el legislador federal otorgó el carácter de trabajador de confianza a todo el personal que labora en el INE, dado el carácter de las funciones que desempeña, a fin de preservar la imparcialidad, especialización y objetividad en el ejercicio de sus atribuciones, al recaer en este organismo del Estado la obligación de velar por la imparcialidad en la organización de las elecciones, cuyas atribuciones consisten en llevar a cabo todas las actividades que integran el desarrollo del proceso electoral.

157.       Lo anterior, se encuentra plasmado a su vez en el propio Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa,[91] en sus artículos 6, párrafo primero y 167, fracción VIII, al tenor de lo siguiente:

158.       En este sentido, ha sido criterio de este tribunal que no es inconstitucional el artículo 6 en comento,[92] toda vez que dicho precepto sólo reitera lo previsto en el artículo 206 de la LGIPE, con lo que se cumple con lo dispuesto en la fracción XIV, del apartado “B” del artículo 123 de la Constitución, en cuanto a que la ley determina cuáles son los cargos que deben ser considerados de confianza.

159.       Así, puede concluirse que la previsión del legislador, consistente en que la totalidad de los servidores del INE sean considerados de confianza, obedece a la importancia que para el Estado conlleva la función del órgano autónomo, de tal manera que todo trabajador debe velar, necesariamente, por los intereses institucionales, independientemente de intereses personales, de ahí la necesidad de que sus servidores tengan la calidad de trabajadores de confianza, lo que no resulta contrario a lo previsto en el apartado “B” del artículo 123 constitucional.

160.       En ese sentido, debe precisarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción V, Apartados A y D, de la Constitución Federal, se prevé que las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General del INE, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público.

161.       Sobre esta directriz constitucional, el artículo 206 de la LGIPE establece que los trabajadores del INE son de confianza, y quedarán sujetos al régimen establecido en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución General.

162.       Ahora, el citado precepto constitucional, establece:

163.       Como puede advertirse, en consideración de la Sala Superior de este Tribunal,[93] la citada fracción reconoce a los servidores públicos de confianza las medidas de protección al salario y de derecho a la seguridad social.

164.       En este sentido, se ha sostenido que el Poder Revisor de la Constitución excluyó del derecho de inamovilidad a los servidores públicos de confianza, de lo contrario así lo habría señalado expresamente.[94]

165.       De igual manera, se ha establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, la declaración de que la relación jurídica es de naturaleza laboral no necesariamente tiene como consecuencia jurídica inmediata que se tenga por satisfecha la pretensión de la parte trabajadora, en el sentido de que se le reinstale en una plaza de base o por tiempo indefinido, pues precisamente también debe analizarse la clase de nombramiento, siendo que aquí se estableció como de confianza. [95]

166.       De ahí, que los argumentos de la parte actora sobre la permanencia laboral que alude no puedan prosperar, pues con independencia de la denominación tiene la naturaleza de confianza, y dicha clasificación no encuadra en lo previsto por el numeral 6 del Estatuto antes referido.

176.       Dado que la parte actora acreditó parcialmente las correspondientes acciones y el INE demostró parcialmente sus excepciones, se debe condenar al INE, para que cumpla con lo siguiente:

1