JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SG-JLI-14/2017

ACTORA: MARÍA SOLEDAD ESTRADA JÁUREGUI

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADa PONENTE: gabriela del valle pérez

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: JULIETA VALLADARES BARRAGÁN

Guadalajara, Jalisco, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

El Pleno de esta Sala Regional Guadalajara, en sesión privada de esta fecha, resuelve el presente Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de declarar que existió una relación laboral de confianza entre las partes, lo cual excluye a la actora del derecho a la estabilidad en el empleo, al ser trabajadora de confianza, lo que implica que solamente goza de las medidas de protección al salario y de los beneficios de seguridad social; en consecuencia, al haber concluido la vigencia de su contrato, únicamente se condena al INE al pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, pago de las aportaciones y enteramiento de las cuotas correspondientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en los términos aquí precisados.

ANTECEDENTES

De las afirmaciones que realizan la actora y el demandado, y de las constancias que obran en el expediente, se desprende lo siguiente:

I. Inicio de la relación laboral. María Soledad Estrada Jáuregui señala que el uno de octubre de mil novecientos noventa y seis fue contratada para iniciar a prestar sus servicios en el Instituto Federal Electoral (IFE) –actualmente Instituto Nacional Electoral (INE)–, en el puesto de capturista, mediante la firma de un contrato individual de trabajo denominado prestación de servicios, bajo pago de honorarios permanentes, del cual nunca le fue entregada una copia.

Refiere que últimamente fue contratada por el INE, por conducto de Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo del INE, para desempeñarse en el puesto de Operadora de Equipo Tecnológico A2 del Módulo de Atención Ciudadana número 140751 (antes 140721), vinculado a la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco, con domicilio en calle Morelos número 167, Tonalá, Jalisco, siendo que el último contrato lo firmó el día uno de septiembre de dos mil diecisiete, del cual indica que sólo tiene copia simple porque se le negó obtener el duplicado que contiene las firmas auténticas.

Refiere que la jornada de trabajo consistía de las ocho a las quince horas, de lunes a sábado, descansando los días domingos de cada semana.

Indica que el último salario que percibió fue por la cantidad de $7,694.00 (siete mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.).

Señala que a últimas fechas estuvo bajo las órdenes y subordinación de Juan Carlos Sánchez Sánchez, en su carácter de Vocal Ejecutivo del Distrito 07 del INE, quien además era su jefe inmediato.

II. Aviso de terminación del contrato de prestación de servicios. A decir de la actora, el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, a las quince horas, encontrándose en las oficinas de Juan Carlos Sánchez Sánchez, ubicada en Morelos número 167, zona centro, Tonalá, Jalisco, que es la sede de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de Jalisco, le informó que su contrato de honorarios permanentes concluía, que la iban a dar de baja, pero que pasara con la secretaria a que le tomaran una declaración; sostiene que al preguntar el porqué de dicha baja, le contestó que el motivo era la terminación de su contrato.

Agrega que a las quince horas con catorce minutos del mismo día, acudió con la secretaria, quien le tomó diversas declaraciones de las cuales no le fue dada ninguna explicación al respecto; acto seguido salió del local que ocupa la Junta Distrital Ejecutiva.

Añade que lo anterior fue presenciado por varias personas que se encontraban presentes en el lugar.

III. Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del Instituto Nacional Electoral.

a) Demanda. El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, la actora presentó ante esta Sala Regional escrito de demanda y anexos, en donde reclama del INE diferentes prestaciones con motivo del despido injustificado del que afirma fue objeto.

b) Turno. El mismo dieciséis de noviembre, la Magistrada Presidenta determinó registrar la demanda con la clave de expediente SG-JLI-14/2017 y turnarla a la ponencia a su cargo para sustanciar el juicio de referencia y, en su momento, formular el proyecto de resolución correspondiente.

c) Radicación, admisión y emplazamiento. Mediante proveído dictado el diecisiete de noviembre siguiente, la Magistrada instructora radicó el expediente y reconoció a los apoderados de la actora, el veintiuno de noviembre posterior admitió a trámite la demanda y ordenó correr traslado al INE, con copia certificada de la misma y sus anexos, emplazándolo para que, dentro del plazo de diez días hábiles, siguientes a la fecha de notificación, contestara lo que a su derecho conviniera.

d) Contestación de demanda. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el seis de diciembre de dos mil diecisiete, el INE, por conducto de su apoderado, contestó la demanda, ofreció pruebas, y opuso las excepciones y defensas que consideró pertinentes.

e) Traslado a la actora y citación a audiencia. En consecuencia, mediante acuerdo de siete de diciembre siguiente, la Magistrada instructora tuvo al INE rindiendo contestación a la demanda formulada en su contra; reconoció al apoderado de la parte actora; dio vista a la actora con el escrito de contestación y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos a que se refiere el artículo 101 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

f) Desahogo de vista. El doce de diciembre el apoderado de la parte actora presentó escrito mediante el cual desahogó la vista que le fue formulada.

g) Audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos; suspensión. El veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, a partir de la hora señalada para ese fin, se desarrolló la audiencia, desahogándose las etapas de conciliación, admisión y desahogo de la prueba confesional a cargo de la actora.

Con posterioridad, la audiencia se suspendió para su reanudación el once de enero de dos mil dieciocho, para el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora.

h) Reanudación de la audiencia. El once de enero de dos mil dieciocho se reanudó la audiencia, se desahogó la prueba confesional ofrecida por la parte actora, y, concluida esta última, se procedió a la etapa de alegatos y al no quedar diligencias o pruebas por desahogar, se declaró cerrada la instrucción.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Regional) es competente para conocer y resolver el presente asunto, por tratarse de un juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el INE, y una ex servidora pública adscrita a su 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco, hipótesis y entidad federativa en cuyo ámbito territorial ejerce jurisdicción esta Sala Regional.

Lo anterior, con fundamento en la normativa siguiente:

     Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución): artículos 41, Base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción VII;

     Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: artículos 186, fracción III, inciso e), y 195, párrafo primero, fracción XII;

     Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (Ley de Medios): artículos 4, párrafo 1, 94, apartado 1 inciso b); y

     Acuerdo INE/CG329/2017: Acuerdo del Consejo General del INE, por el que se aprueba el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.[1]

SEGUNDO. Sustitución patronal. Cabe precisar que conforme al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución federal en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, en el artículo 41, párrafo segundo, base V, se establece que el IFE fue sustituido por mandato constitucional por un nuevo organismo, el cual tomó posesión de su patrimonio, derechos, obligaciones, así como del estado y responsabilidad de los asuntos pendientes de sustanciación, los cuales quedan subsumidos en el ámbito de competencia de la nueva responsable, en este caso el INE, al que pasaron a formar parte los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la entidad extinta.

Por tanto, toda vez que la relación original se estableció entre el IFE y la actora (contrato de uno de octubre de mil novecientos noventa y seis), el INE debe ser considerado como patrón sustituto.

Resulta orientadora al respecto la tesis de rubro y texto siguiente:

“SUSTITUCIÓN PATRONAL. CUÁNDO OPERA. Existe sustitución de patrón en relación con una unidad económica de producción, siempre y cuando haya íntima relación entre dicho fundo de trabajo y el patrono, sin interrupción de las actividades laborales de producción o servicios, esto es, cuando el patrono sustituto siga el desarrollo de las actividades del anterior, dentro del centro de trabajo, empleando la misma maquinaria y herramientas, ocupando ese local, manteniendo el mismo giro comercial, sosteniendo la misma productividad y siempre que no exista paralización de labores. En otros términos, debe entenderse que hay sustitución de patrono, no sólo cuando el que lo ha sido traspasa directa o indirectamente, mediata o inmediatamente su negocio a un tercero, sino que se requiere, como elemento esencial, la continuación de la empresa sin paralización de labores, y teniendo como fin la misma productividad y giro; de lo contrario, de existir previamente paralización de labores con motivo de haberse declarado rotas las relaciones de trabajo, como puede suceder después del estallamiento de un movimiento de huelga, en que los bienes de la empresa que se dice sustituida pasan mediante un remate a otra empresa, es claro que no se presenta la sustitución patronal contemplada legalmente”.[2]

TERCERO. Requisitos de procedencia. Se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia previstos en los artículos 94, 96 y 97 de la Ley de Medios, en los términos siguientes:

a) Forma: El juicio se presentó por escrito ante esta Sala Regional, haciéndose constar el nombre completo de la actora y su domicilio para oír y recibir notificaciones. En el ocurso se manifestaron las consideraciones de hecho y de derecho en que se funda la demanda; se mencionaron las prestaciones reclamadas; se ofrecieron pruebas, y se asentó la firma autógrafa de la promovente.

b) Oportunidad: El juicio fue promovido dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 96, párrafo 1, de la Ley de Medios.

En efecto, el artículo mencionado prevé que el servidor del INE que haya sido sancionado o destituido de su cargo; o bien, que se considere afectado en sus derechos y prestaciones laborales por parte del Instituto, puede promover la demanda respectiva directamente ante la Sala competente del Tribunal Electoral, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se le notifique la determinación del mencionado Instituto, lo que se traduce en una condición indispensable para su ejercicio, de modo que si la demanda no se presenta en ese plazo, el derecho a hacerlo se extingue.

En la especie, las partes coinciden en que fue el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete cuando la actora quedó notificada de que su contrato como Operador de Equipo Tecnológico vencía, por lo que ya no se requerirían sus servicios.

En ese sentido, el plazo de quince días hábiles para que la actora promoviera su acción laboral corrió del uno al veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, tomando en cuenta que el cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de ese mes no se computan por ser inhábiles, al ser sábados y domingos; así como el lunes veinte de noviembre por ser inhábil acorde al artículo 74, fracción VI de la Ley Federal del Trabajo.

Por tanto, si la actora presentó su demanda ante esta Sala Regional el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, cabe concluir que la acción fue promovida de manera oportuna.

c) Legitimación. El presente juicio fue promovido por una ex servidora pública del INE, quien considera haber sido despedida injustificadamente de su trabajo como servidora del instituto demandado.

d) Definitividad. Se estima que no procede algún otro medio de impugnación que debiera agotarse antes de acudir al presente juicio; por tanto, la parte actora está en aptitud jurídica de promoverlo.

CUARTO.  Pretensiones y pruebas de la actora

En el escrito firmado por María Soledad Estrada Jáuregui, se exponen diversos puntos, los cuales, en esencia, versan sobre los aspectos siguientes:

-         Prestaciones demandadas

A)     La reinstalación en el puesto de “Operador de Equipo Tecnológico A2” del Módulo de Atención Ciudadana número 140751 antes 140721, vinculado a la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco, del INE; en los términos y condiciones que venía desempeñando y con los incrementos salariales que se otorguen al puesto de referencia.

B)     El pago de salarios caídos desde el despido hasta la total y completa solución del juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, anterior a la ley laboral vigente. Por ello, solicita la inaplicación del artículo 48 contenido en la actual Ley Federal del Trabajo, por considerarlo contrario al artículo 1 de la Carta Magna, en cuanto se transgrede el principio de progresividad. Invoca al respecto la tesis de rubro: “SALARIOS CAÍDOS. PARA EFECTOS DE SU CUANTIFICACIÓN, EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VIGENTE A PARTIR DEL 1º DE DICIEMBRE DE 2012, ES INAPLICABLE A LOS TRABAJADORES CUYA CONTRATACIÓN FUE ANTERIOR A ESA FECHA”.[3]

C)     El pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad en forma proporcional respecto de los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, así como las que se sigan venciendo hasta la total solución del conflicto.

D)     El pago de las prestaciones: gratificación de fin de año, Seguro de Vida, Estímulo de Productividad y Eficiencia, Compensación por Jornada Electoral, Estímulo al Trabajo y Subsidio al Empleo.

E)     El pago de las aportaciones y enteramiento de las cuotas correspondientes ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por el tiempo que tuvo vigencia la relación laboral y el de la tramitación del presente juicio.

-         Hechos

Quedaron establecidos en los puntos I y II de los antecedentes de la presente sentencia.

-         Agravios

La actora aduce en esencia que la determinación del INE le causa agravio porque fue despedida sin causa justificada; que se vulnera en su perjuicio el derecho que tiene al trabajo, así como a la estabilidad laboral.

Reclama que el INE deberá reconocer la relación laboral existente con ella y por ende, el carácter de trabajadora de base, ya que desde la fecha de su ingreso laboró de manera continua, ininterrumpida y permanente, a pesar de haber celebrado contratos temporales de honorarios desde el inicio del vínculo laboral, los cuales en su gran mayoría no le fueron entregados, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo.[4]

Agrega que de acuerdo a la relación laboral con el INE, éste le proporcionó  recursos materiales para el desarrollo todas sus funciones, como son el lugar de trabajo fijo, equipos de cómputo y sus claves de acceso, además durante el tiempo que prevaleció la relación de trabajo, tuvo un horario establecido, así como un salario, circunstancias que sólo están a cargo de trabajadores del INE, igualmente durante todo el tiempo estuvo subordinada a una supervisión jerárquica; además que en diversas ocasiones la demandada le instruyó mediante oficio acudir y asistir a eventos y actividades, señalando el cargo que la actora desempeñaba y las instrucciones jerárquicas correspondientes.

Afirma que resultan aplicables las siguientes tesis y jurisprudencias de rubros: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SI DEMUESTRAN QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS ERAN DE NATURALEZA LABORAL, AUN CUANDO SE HAYA FIRMADO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, LA TEMPORALIDAD ESTABLECIDA EN ÉSTE NO PUEDE SURTIR EFECTOS PARA LIMITAR EL PAGO DE PRESTACIONES DE ESA ÍNDOLE”,[5]“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SUS DERECHOS EN VIRTUD DEL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO, ATENDIENDO A LA TEMPORALIDAD, DEBE CONSIDERARSE LA SITUACIÓN REAL EN QUE SE UBIQUEN Y NO LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL”,[6] “RELACIÓN LABORAL. REQUISITO DE LA. SU DIFERENCIA CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES”,[7] “RELACIÓN LABORAL. LA SUBORDINACIÓN ES ELEMENTO DISTINTIVO DE LA”.[8]

Agrega que de lo anterior se colige la existencia de su relación laboral con el INE, el cual deberá reconocer la existencia de dicha relación y, al haberla despedido injustificadamente deberá reinstalarla al puesto que venía desempeñando de manera continua hasta su separación el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.

-         Pruebas

A efecto de acreditar su dicho y sustentar su pretensión, la actora ofreció diversos medios de prueba, mismos que fueron admitidos y desahogados en la audiencia de conciliación, admisión, desahogo de pruebas y alegatos, llevada a cabo el veintidós de diciembre pasado. Tales elementos de convicción son los siguientes:

I.     Presuncional legal y humana; prueba que ofrece para acreditar la acción y prestaciones reclamadas, los hechos y agravios expuestos en la demanda, así como la ilegalidad del despido.

II.   Instrumental de actuaciones; prueba que ofrece para acreditar la acción y prestaciones reclamadas, los hechos y agravios expuestos en la demanda, así como la ilegalidad del despido.

III. Documental. Consistente en doscientos sesenta y cuatro recibos de pago de prestaciones a la actora, expedidos por el instituto demandado, los cuales abarcan el periodo del uno de octubre de mil novecientos noventa y seis al veintiocho de febrero de dos mil diecisiete; prueba que ofrece para acreditar la antigüedad que tiene laborando con el INE, la continuidad, ininterrupción y permanencia de la relación de trabajo, la acción y prestaciones reclamadas, los hechos y agravios expuestos en la demanda, así como la ilegalidad del despido.[9]

IV.     Documental. Consistente en un reconocimiento expedido a la actora en abril de dos mil seis por el entonces Instituto Federal Electoral; prueba que ofrece para acreditar la acción y prestaciones reclamadas, los hechos y agravios expuestos en la demanda, así como la ilegalidad del despido.[10]

V.  Documental. Consistente en veinticuatro recibos de pago de sueldo y prestaciones expedidos a la actora por el instituto demandado, los cuales abarcan el periodo del uno de enero de dos mil diecisiete al treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete; con esta probanza se pretende acreditar la antigüedad que tiene laborando con el INE, la continuidad, ininterrupción y permanencia de la relación de trabajo, la acción y prestaciones reclamadas, los hechos y agravios expuestos en la demanda, así como la ilegalidad del despido.[11]

VI.     Documental. Consistente en credencial expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a nombre de la actora, respecto del evento denominado “Certificación de Asamblea de Agrupación Política para la Constitución como Partido Político Nacional”; con esta probanza se pretende acreditar la acción y prestaciones reclamadas, los hechos y agravios expuestos en la demanda, así como la ilegalidad del despido.[12]

VII.   Documental. Consistente en credencial expedida por el otrora Instituto Federal Electoral, a nombre de la actora, de la que se aprecia en el reverso la firma del vocal ejecutivo vinculado al distrito electoral 7, así como la firma de la actora sobre la leyenda “Firma del empleado”; con esta probanza se pretende acreditar la antigüedad que tiene laborando con el INE, la continuidad, ininterrupción y permanencia de la relación de trabajo, la subordinación de la actora al INE, la acción y prestaciones reclamadas, los hechos y agravios expuestos en la demanda, así como la ilegalidad del despido.[13]

VIII.     Documental, consistente en una credencial expedida por el INE, a nombre de la actora de la que se aprecia la palabra “módulo 140721”, así como la firma al reverso de Juan Carlos Sánchez Sánchez y de la actora; con esta prueba se pretende acreditar el puesto que tenía la actora en el INE, la acción y prestaciones reclamadas, los hechos y agravios expuestos en la demanda, así como la ilegalidad del despido.[14]

IX.          Documental consistente en credencial expedida por el INE, a nombre de la actora, de uno de enero de dos mil diecisiete, de la que se aprecia el puesto y firma de la actora; con esta prueba se pretende acreditar la acción y prestaciones reclamadas, los hechos y agravios expuestos en la demanda, así como la ilegalidad del despido.[15]

X.            Documental consistente en solicitud de préstamo conteniendo sello original de catorce de octubre de dos mil once; con esta prueba se pretende acreditar la acción y prestaciones reclamadas, los hechos y agravios expuestos en la demanda, así como la ilegalidad del despido.[16]

XI.          Documental consistente en un “Informe de Actividades” firmado por la actora y por Juan Carlos Sánchez Sánchez; con esta prueba se pretende acreditar la subordinación de la actora al INE, la acción y prestaciones reclamadas, los hechos y agravios expuestos en la demanda, así como la ilegalidad del despido.[17]

XII.        Documental consistente en el oficio INE/JAL/JD07/VE/0544/2017, de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, por el cual se convoca a la actora a una reunión de trabajo; con esta prueba se pretende acreditar la subordinación de la actora al INE, que la naturaleza de la relación era de carácter laboral, la acción y prestaciones reclamadas, los hechos y agravios expuestos en la demanda, así como la ilegalidad del despido.[18]

XIII.     Documental consistente en el oficio JD07-JAL/VE/0420/13, de veinticinco de octubre de dos mil trece, en el cual consta a foja número cuatro, que se le solicita su participación en una “reunión de trabajo”; con esta prueba se pretende acreditar la subordinación de la actora al INE, que la naturaleza de la relación era de carácter laboral, la acción y prestaciones reclamadas, los hechos y agravios expuestos en la demanda, así como la ilegalidad del despido.[19]

XIV.     Documental consistente en un contrato de trabajo de trece de enero de dos mil seis celebrado entre la actora y Esteban M. Garaiz Izarra; con esta prueba se pretende acreditar la acción y prestaciones reclamadas, los hechos y agravios expuestos en la demanda, así como la ilegalidad del despido.[20]

XV.       Documental consistente en un contrato de trabajo de uno de enero de dos mil diecisiete celebrado por la actora y Carlos Manuel Rodríguez Morales; con esta prueba se pretende acreditar la acción y prestaciones reclamadas, los hechos y agravios expuestos en la demanda, así como la ilegalidad del despido.[21]

XVI.     Confesional. A cargo de Juan Carlos Sánchez Sánchez, en su calidad de Vocal Ejecutivo del Distrito 07 del INE, a quien se le imputan hechos propios en la demanda; con esta prueba se pretende acreditar la acción y prestaciones reclamadas, los hechos y agravios expuestos en la demanda, así como la ilegalidad del despido.

QUINTO. Contestación a la demanda y pruebas ofrecidas por el INE.

-         Respecto del despido injustificado.

En su contestación, la demandada argumentó que no existió el despido injustificado que refiere la actora porque el vínculo jurídico que existió con el INE fue de naturaleza civil, el cual terminó el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en virtud de haber terminado la vigencia del contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes.

Señala que la propia promovente reconoce en su escrito de demanda que la vigencia de su contrato de honorarios permanentes concluyó.

Afirma que la reinstalación y las prestaciones reclamadas no le son aplicables a la actora, derivado de que era una prestadora de servicios por honorarios, mediante contrato número 124466-201717-14140700002, con vigencia al treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.

Refiere que los artículos 5, 7, 41, 42, 395 y 396 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, esencialmente contemplan la siguiente clasificación:

a) Personal del Instituto, que se compone de los miembros del servicio profesional electoral nacional y personal de la rama administrativa; ambos contarán con una plaza presupuestal y reciben como contraprestación principal un salario; es decir, pertenecen a la estructura presupuestal del instituto y trabajan para éste.

b) Prestadores de servicios, de conformidad con la suscripción de un contrato en términos de la legislación civil federal, quienes reciben como contraprestación honorarios. Precisa que pueden ser prestadores de servicios eventuales y permanentes, que auxilian al INE en los programas o proyectos institucionales de índole electoral o de carácter administrativo, pero de ninguna manera son trabajadores del INE.

Asegura que la actora no acredita una relación de naturaleza laboral, sino que por el contrario, con las propias pruebas consistentes en los contratos de prestación de servicios con el INE se desprende que el vínculo jurídico que unió a las partes fue de naturaleza civil, por lo que se deben acatar íntegramente las disposiciones que regulan esa relación contractual bajo el principio general de derecho Pacta Sunt Servanda.

En razón de lo anterior, sostiene que no es viable reconocer una relación laboral, pues la ejecución del objeto de su contratación civil jamás dependió de una relación de supra a subordinación, ni estuvo sujeta por parte del INE a instrucciones directas que puedan presumir la existencia de relación de naturaleza diversa a la civil; expone que similar criterio siguieron la Sala Superior y la Sala Xalapa en los expedientes SUP-JLI-14/2014, SUP-JLI-16/2014, SX-JLI-13/2015, SX-JLI-17/2015, SX-JLI-02/2016, SX-JLI-17/2016, SX-JLI-18/2016 y SX-JLI-19/2016.

-         Respecto de la reinstalación

Sostiene que resulta improcedente, toda vez que la relación era de carácter civil, al haber suscrito la actora diversos contratos de prestación de servicios con el INE, de los cuales se desprende que en las primeras contrataciones realizaba actividades relacionadas con el manejo del equipo tecnológico para capturar la información del padrón electoral y en las posteriores sus actividades se centraban en la atención ciudadana, por ejemplo, la entrega de credencial para votar a sus titulares, entre otras.

De conformidad con las funciones de la actora, aduce que no necesariamente lleva a concluir que se trate de una relación laboral, ya que es evidente que su actividad debía desempeñarla en los Módulos de Atención Ciudadana.

Indica que en la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios se determinó que la vigencia del contrato sería del uno de septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, y que en caso de que el INE determinara la celebración de un nuevo contrato, éste notificaría por escrito tal decisión a la prestadora de servicios, con cuando menos cinco días hábiles de anticipación al término de la vigencia previamente pactada, en el entendido que si no existía tal comunicación, la relación jurídica entre las partes concluiría al término de la vigencia del contrato.

Hace valer que durante la prestación de servicios no existieron elementos de subordinación, toda vez que la actora autoadministraba sus tiempos, toma de decisiones, supervisaba y ejecutaba sus funciones conforme a su criterio, por lo que no existía una prestación de un trabajo personal subordinado, no se pagó a la accionante un salario y menos aún hubo una relación de trabajo.

En virtud de ello, sostiene que es falso y niega el supuesto salario, jornada, prestaciones y lugares de trabajo que señala la actora en su capítulo de hechos, ya que no se encontraba sujeta a supervisión de algún funcionario del INE y tampoco contaba con horario para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino que disponía de su propio tiempo para cumplir con los servicios contratados, recibiendo como contraprestación los honorarios pactados.

Por lo expuesto, afirma que la relación jurídica existente es de carácter civil, al sustentarse en contratos de prestación de servicios bajo el régimen de honorarios, y atendiendo a que la actora manifiesta expresamente haberlos firmado, en consecuencia sería imposible jurídicamente que existiera un despido injustificado y menos aún la procedencia de la reinstalación.

Ad cautelam, señala que en caso de que esta autoridad considere que existe responsabilidad laboral del INE, deberá de atenerse a las condiciones que se establecieron en el último contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes, en particular a la temporalidad de la relación de prestación de servicios, esto es, del 1º de septiembre al 31 de octubre de dos mil diecisiete.

Agrega que, si como lo reconoce la parte actora, fue una prestadora de servicios (sujeta a régimen civil), es evidente que como tal, queda excluida del régimen laboral.

Añade que la vigencia del contrato que la unía con el INE concluyó el treinta y uno de octubre pasado, por lo que la relación contractual se terminó por voluntad de las partes al haberse determinado desde el momento de su suscripción, sin que al respecto proceda la reinstalación que pretende la parte actora.

Lo anterior, porque la normativa aplicable no contempla la reinstalación tratándose de casos en los que la terminación de la relación contractual obedece a una causa determinada por las propias partes en el instrumento jurídico.

Ad cautelam también afirma que no es procedente reinstalar a la actora, toda vez que si se considera que estuvo sujeta a una relación laboral, por las actividades que desempeñaba, debería considerarse de confianza.

Esto porque sus actividades se relacionaban con la alimentación o captura de datos relacionados con la base de datos del INE, el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE), y derivado de su actuar, por razones de seguridad jurídica y con la finalidad de salvaguardar los principios de certeza y legalidad, es imposible continuar con algún vínculo con la actora.

Así las cosas, indica que todos los trabajadores del INE cuentan con el carácter de confianza, y sólo tienen los derechos de protección al salario y de seguridad social, no así el derecho a la estabilidad de empleo.

En ese orden de ideas, refiere que el INE –en términos de lo contenido en la cláusula tercera del instrumento contractual– cuenta con la facultad de ejercer su derecho de libre remoción o bien, libre contratación, sobre todo si existen razones para determinar que no existe confianza para continuar con vínculo contractual alguno.

Adicionalmente, señala que de la legislación o jurisprudencia no se advierte parámetro alguno que permita determinar en qué consiste o cuáles serían esos motivos que justificaran la separación por estas causas, constituyendo una facultad subjetiva concedida al patrón, en relación a los trabajadores clasificados con esa calidad.

Por ende, señala que en la especie, al estar sujeta la parte actora al régimen de honorarios, al no informarle la celebración de un nuevo contrato de prestación de servicios, se entiende que se da por concluida la relación contractual sin posibilidad de reinstalación.

-         Respecto de los salarios caídos.

Es improcedente, derivado del inexistente despido y la naturaleza civil de la relación contractual con la actora y el INE, en consecuencia al ser improcedente la reinstalación, resulta improcedente el pago de salarios caídos, al ser esta prestación accesoria de la principal, por lo que debe seguir su misma suerte.

Ad cautelam, refiere que en caso de que esta Sala estime que existió responsabilidad laboral por parte del INE, el pago de la prestación en comento implicaría considerar la fecha en que concluía el instrumento jurídico que le dio origen.

Y, por lo tanto, deberá de atender a las condiciones que se establecieron en el contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes, en particular  a la temporalidad de la relación de prestación de servicios, esto es, del uno de septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, con sustento en la jurisprudencia de rubro: “SALARIOS CAÍDOS. TRATÁNDOSE DE CONTRATOS POR TIEMPO FIJO, SU PAGO DEBE DETERMINARSE DESDE LA FECHA EN QUE SE CONSIDERÓ CIERTO EL DESPIDO ALEGADO, HASTA AQUELLA EN QUE CONCLUYÓ EL ÚLTIMO CONTRATO”.[22]

Lo anterior, máxime que a la actora se le cubrieron en su totalidad los honorarios pactados en el instrumento contractual, tan es así que no reclama salario devengado alguno, y que la terminación de la relación contractual se debió al cumplimiento del plazo pactado.

-         En cuanto a las vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad

Refiere que son improcedentes dichas pretensiones que reclama en forma proporcional de los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, así como las que se sigan venciendo, pues por la prestación de sus servicios se pactó únicamente el pago de honorarios por el tiempo de vigencia de los respectivos contratos, sin que haya contemplado otro tipo de pago y menos aún de índole laboral.

Precisa que los artículos 5, 43, fracción VII, 59 y 60 del Estatuto no contemplan que quien haya celebrado un contrato de prestación de servicios, tenga derecho del pago de dichas prestaciones, las cuales sólo se encuentran previstas para el personal del INE (miembros del Servicios Profesional Electoral o de plaza presupuestal).

En consecuencia, opone la excepción de plus petitio, pues la reclamación de tales prestaciones carece de todo fundamento jurídico.

Agrega que las vacaciones no se pagan, pues la finalidad de las mismas, es obtener la recuperación de las energías del trabajador, por tanto, se disfrutan en los términos previstos en la normativa aplicable, la cual es clara al establecer en el artículo 59 del Estatuto, que por cada seis meses de trabajo consecutivo de manera anual, los trabajadores gozarán de un periodo de diez días hábiles de vacaciones.

Por lo que en términos de la duración contractual (uno de septiembre a treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete) resulta improcedente el pago de vacaciones y en consecuencia el pago de prima vacacional, atendiendo al principio general del derecho “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”.

-         En cuanto al aguinaldo.

Opone la excepción de falta de acción y derecho, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 550 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE, en virtud de que los prestadores de servicio eventuales, únicamente tienen derecho al pago de la prestación denominada gratificación anual, respecto de lo cual, se opone la excepción de pago, ya que le fue pagada a la promovente por la prestación de sus servicios temporales comprendidos del dos mil dieciséis, tal como se demuestra con la gratificación de siete de diciembre de ese año.

-         Respecto a la prima de antigüedad

Refiere que por tratarse de una prestación de carácter laboral, la misma es únicamente aplicable para personal que labora en el INE (de la rama administrativa y del Servicio Profesional Electoral), por lo que de ningún modo puede beneficiar a personas que tienen o tuvieron una relación contractual de índole diversa, como el caso de María Soledad Estrada Jáuregui.

Añade que el artículo 5 del Estatuto establece que se entenderá por antigüedad en el Instituto: “Tiempo que se computa a partir de la fecha de ingreso de una persona al Instituto en una plaza presupuestal o de cotizar al ISSSTE ininterrumpidamente en el Instituto, salvo el caso de personal de transferencia de la Secretaría de Gobernación o del Instituto Federal Electoral, que se computará a partir de la fecha en que se hubiera cotizado al ISSSTE”.

Ahora bien, de manera cautelar, hace valer que el pago de la prima de antigüedad no es procedente bajo ninguna hipótesis en las que se pueda colocar la actora, ya que las relaciones del INE y su personal están reguladas por el artículo 41 constitucional. Cita al respecto la tesis LVII/97 de este Tribunal de rubro: “SUPLETORIEDAD. REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA OPERAR TAL INSTITUCIÓN EN MATERIA LABORAL ELECTORAL”.

De igual manera, señala que resulta aplicable por analogía la jurisprudencia de rubro: “ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS FEDERALES. SI SUS TRABJADORES LABORARON BAJO EL RÉGIMEN DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, NO TIENEN DERECHO A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO”.[23]

-         En cuanto a la gratificación de fin de año.

Reconoce que derivado de lo pactado en el contrato de prestación de servicios 124466-201717-14140700002 se encuentra pendiente de pago la parte proporcional de la gratificación de fin de año dos mil diecisiete, en virtud de que de conformidad a las estipulaciones contenidas en los contratos celebrados entre las partes, por lo que aún no se genera el derecho de cobro de la misma.

-         Respecto de la compensación por jornada electoral.

Hace valer que el reclamo de dicha prestación es vago, oscuro e impreciso, toda vez que la promovente no señala a qué tipo de compensación o derivado de qué fundamento, tampoco expone los supuestos de la misma, por lo que opone la excepción de oscuridad y defecto legal en la causa de pedir, de igual forma ad cautelam opone la excepción de prescripción con relación a un año anterior a la presentación de la demanda, por lo que resulta improcedente su reclamo.

Hace notar que la prestación que nos ocupa es una prestación de naturaleza extralegal, cuyo otorgamiento se encuentra sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, que si no se cumplen resulta improcedente su otorgamiento.

Máxime que se debe tomar en cuenta que la actora prestó sus servicios para el INE bajo el régimen de honorarios, y por lo tanto, las condiciones del mismo se pactaron en dicho instrumento jurídico, sin que fuera contemplada la prestación en comento, aunado a que sólo es procedente para los trabajadores del INE, de conformidad con el artículo 78 fracción XVII, por ende, deviene improcedente.

-         Respecto del seguro de vida.

Niega acción y derecho a la actora para ello, toda vez que en términos de lo estipulado en el último párrafo de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios, el INE determinó que durante la vigencia del contrato, la prestadora de servicios dispusiera de seguro de vida y de accidentes personales, mismo que cubriría las posibles contingencias en que se pudiera ver involucrada, por lo que el pago de las aportaciones realizadas no son reembolsables, resultando improcedente su reclamo.

Hace notar que la actora no anexó ningún medio de prueba para sustentar las manifestaciones que realiza y las prestaciones que reclama, así como tampoco acredita las supuestas condiciones que señala en su escrito de demanda.

-         Respecto del estímulo de productividad y eficiencia, estímulo al trabajo y subsidio al empleo.

Sostiene que no le asiste el derecho a la actora en virtud de ser prestaciones extralegales, por lo que la actora deberá acreditar la existencia y su procedencia.

Refiere que resulta orientadora la jurisprudencia de rubro: “PRESTACIONES EXTRALEGALES EN MATERIA LABORAL. CORRESPONDE AL RECLAMANTE LA CARGA PROBATORIA DE LAS”,[24]y la jurisprudencia 39/2009 de rubro de este Tribunal de rubro: “PRESTACIONES LABORALES SUPRALEGALES. SU PAGO EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ACUERDO GENERAL QUE LAS ESTABLECE”.

-         Respecto a las aportaciones al ISSSTE.

Niega acción y derecho a la actora para ello, toda vez que en términos de lo estipulado en el último párrafo de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios, las partes determinaron que durante la vigencia del contrato, la prestadora de servicios dispusiera del beneficio de la seguridad social que se generara por motivo de dicho contrato, al realizar las aportaciones que correspondieran, conforme a lo dispuesto en el artículo cuadragésimo  tercero transitorio de la Ley del ISSSTE, por lo que al concluir la vigencia del contrato, no le asistía la razón a la promovente.

-         En cuanto a los hechos planteados por la actora

Sostiene que lo único cierto es que la actora celebró diversos contratos de índole civil a partir del uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, de forma temporal e intermitente, por ende niega todo derecho a generar este tipo de prestaciones, pues su naturaleza jurídica es diversa al régimen contractual al cual estuvo sujeta con el INE.

En ese sentido señala que el artículo 7, fracción II del Estatuto faculta al INE a contratar servicios personales bajo el régimen civil bajo la figura de honorarios.

Además refiere que la actora no percibía un salario sino el pago de honorarios mediante una relación denominada nómina, la cual es la relación de pagos que se realizan a todas las personas que prestan sus servicios para su representado por lo que no se trata de un documento que acredite un vínculo laboral, sino que se emite para el control financiero del presupuesto de ese organismo electoral.

Señala que es falso que la actora recibiera órdenes de Juan Carlos Sánchez Sánchez, ni de alguna otra persona, sino que la actora realizaba las actividades para las que se contrató como prestadora de servicios, por lo que autoadministraba sus tiempos, realizaba funciones de inspección y vigilancia, luego entonces, no estaba sujeta a órdenes y/o subordinación.

Asimismo argumenta que lo único cierto es que se le facilitaba equipo de cómputo genérico y clave de acceso  remota, ello derivado de las funciones a las que se obligó, en términos del instrumento jurídico multicitado, ya que la actora debía ingresar a la base de datos (SIIRFE) a la cual no se puede acceder desde cualquier equipo, por razones de seguridad jurídica, y con la finalidad de salvaguardar el principio de certeza, en función que su prestación de servicios es inherente a dicho lugar, sin que éste fuera designado como fijo; aunque la actora se encontraba en el local del módulo de atención ciudadana, también sin tener un horario de labores, salario o estar subordinada a una supervisión jerárquica, ya que no se le daban instrucciones de forma directa.

A su parecer, la actora pretende hacer pasar comunicados generales, como órdenes directas, situación que en el caso no acontece, por lo que al no haber subordinación es inaplicable el criterio referido por la accionante.

Asimismo sostiene que es falso y niega haber despedido justificada ni injustificadamente a la actora, sino que concluyó la vigencia de la relación contractual.

Añade que es materialmente imposible constituirse en diversas oficinas, como señala la actora que se encontraba en las oficinas de Juan Carlos Sánchez Sánchez, de igual forma aduce que es inverosímil que después de un supuesto despido, todavía acuda de forma voluntaria con la secretaria a realizar diversas declaraciones, ya que si se dice despedida no existe la posibilidad de que le soliciten cosas o se presente en diversos lugares.

Ad cautelam sostiene que en caso de que esta autoridad considere que existe responsabilidad laboral del INE deben tenerse por puestas las condiciones y vigencia que se establecieron en el contrato de prestación de servicios de uno de septiembre de dos mil diecisiete, específicamente en lo que respecta a la temporalidad pactada por las partes y a las funciones que realizaba, que la colocaría en una calidad de personal de confianza, al estar en contacto con la base de datos que contiene el padrón electoral, lo que debe considerarse propio del personal de confianza por las implicaciones jurídicas que representa.

-         Excepciones y defensas.

1) La inexistencia de relación jurídica laboral entre la actora y el INE, pues el vínculo que existió entre las partes fue derivado de la celebración de contratos de prestación de servicios regido por la legislación civil federal. 

2) La de relación jurídica temporal entre las partes, lo que pretende acreditar con el contrato de prestación de servicios y los recibos de pago de honorarios que se exhiben como prueba en común.

3) La válida conclusión de la relación contractual, en virtud de que el vínculo que existió entre las partes concluyó el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.

4) La de improcedencia de la acción, de la vía y falta de derecho de la actora para demandar el pago de las prestaciones que señala en su escrito de demanda, al ser falso el despido injustificado del que se desprenden las prestaciones reclamadas, así como porque la relación que unió a las partes se formalizó mediante contratos de naturaleza civil, y por ello, como presupuesto procesal es necesario que su naturaleza sea valorada y determinada por los Tribunales Federales en materia civil en la Ciudad de México.

5) La de falsedad, en virtud de que la actora apoya sus reclamaciones en hechos falsos, en particular el inexistente despido y al pretender que se le reconozca una relación de trabajo inexistente, pues prestó sus servicios conforme a las estipulaciones contenidas en los contratos celebrados.

6) La de plus petitio; toda vez que carecen de fundamento jurídico las reclamaciones de la actora y pretende obtener un lucro indebido en perjuicio del patrimonio del INE, a través del reclamo de prestaciones que no le corresponden, ya que estuvo sujeta a honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.

7) Ad cautelam, la de límite de responsabilidad a cargo del INE,  consistente en que para el caso de que esta Sala considere que existe alguna responsabilidad a cargo del INE, tendrían qué tomarse en cuenta únicamente las cláusulas pactadas con limitante al término de la vigencia del contrato de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, fecha en la que se dice despedida la actora.

8) La de pago, toda vez que a la fecha el INE no tiene adeudo alguno con la enjuiciante por ningún concepto y menos aún por los conceptos que pretende hacer valer en el capítulo de prestaciones.

9) Las demás que se desprendan del escrito de contestación de demanda.

-         Pruebas

A fin de acreditar los razonamientos lógico-jurídicos, la parte demandada ofreció diversos elementos de prueba, mismos que fueron admitidos y desahogados en la audiencia de conciliación, admisión, desahogo de pruebas y alegatos, llevada a cabo el día veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Tales elementos de prueba son los siguientes:

1.     La confesional a cargo de María Soledad Estrada Jáuregui.

2.     La confesión expresa de la actora al manifestar textualmente haber celebrado contratos temporales de honorarios, lo que a decir de la demandada evidencia el vínculo contractual de carácter civil.

3.     Documentales, consistentes en los originales de los contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes, que se enlistan en la siguiente tabla:

4.     Instrumental pública de actuaciones; consistente en todo lo actuado y por actuar en el presente expediente, en aquello que le beneficien y

5.     Presuncional legal y humana.

SEXTO.  Fijación de la litis del juicio

Conforme lo expuesto, en el presente juicio se deberá determinar si la relación que se estableció entre María Soledad Estrada Jáuregui y el INE por medio de la suscripción de contratos, fue de naturaleza civil o laboral y, en este último supuesto, si la actora cumple los demás requisitos para que se ordene su reinstalación y el pago de salarios vencidos, así como el pago de las demás prestaciones reclamadas.

Cabe señalar, que en esencia las excepciones que hace valer la parte demandada –salvo las que opone ad cautelam–, las hace depender del hecho de que la relación jurídica que estableció con la actora fue de carácter civil, como personal eventual por tiempo determinado, la cual concluyó por vencimiento de la vigencia del contrato pactado, el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.

Por ello, para evitar el prejuzgamiento respecto de la materia de la litis, lo procedente conforme a derecho es analizarlas en el fondo de manera conjunta porque lo relevante en el caso es precisamente determinar si se acredita o no la relación laboral entre la actora y el INE.[25]

SÉPTIMO. Estudio de fondo.

a) Naturaleza del vínculo jurídico existente entre la actora y el ine. Relación laboral.

En primer lugar, esta Sala Regional considera necesario determinar la naturaleza del vínculo jurídico existente entre la actora y el INE.

Esto es así, en razón de que de la lectura integral del escrito de demanda se observa que el reclamo de las prestaciones se sustenta en dos premisas fundamentales:

I. La existencia de una relación laboral entre la actora y el Instituto demandado, y

II. El despido injustificado de la actora como “Operadora de Equipo Tecnológico”, derivado de la referida relación laboral.

Como se reseñó en el considerando cuarto, en su escrito de contestación de demanda, el INE negó la existencia de la relación de trabajo argumentada por la actora y opuso, entre otras, la excepción relativa a la inexistencia de la relación de trabajo.

Para ese fin, el Instituto demandado argumentó que la relación jurídica con la actora estuvo regulada por la legislación civil mediante contratos de prestación de servicios suscritos por ambas partes, por lo que no era posible considerar que la actora hubiese tenido un vínculo laboral con el INE.

Precisado lo anterior, para efecto de determinar la existencia o no del vínculo laboral entre las partes, se debe tener en consideración que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo[26], aplicado de manera supletoria, de conformidad con el artículo 95, apartado 1, inciso b), de la Ley de Medios, los elementos esenciales para acreditar la relación de trabajo son:

1) La prestación de un trabajo personal que implica hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta un trabajador en beneficio del empleador;

2) La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando detentado por el empleador, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, el trabajador; y

3) El pago de un salario en contraprestación por el trabajo prestado.

Al respecto, es pertinente tener como criterio orientador lo sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la subordinación, en el sentido de que el elemento que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios profesionales, es que haya por parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, de ahí que su existencia determina la naturaleza de la relación de trabajo o de prestación de servicios.

Lo anterior, tiene sustento en la tesis de jurisprudencia con número de registro 242745[27], sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro son los siguientes:

“SUBORDINACIÓN. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. La sola circunstancia de que un profesional preste servicios a un patrón y reciba una remuneración por ello, no entraña necesariamente que entre ambos exista una relación laboral, pues para que surja ese vínculo es necesaria la existencia de subordinación, que es el elemento que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios profesionales, es decir, que exista por parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, de acuerdo con el artículo 134, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante a cuya autoridad estará subordinado el trabajador en todo lo concerniente al trabajo.”[28]

De lo anterior, se puede concluir que la relación de trabajo y, por tanto, los conflictos laborales entre un servidor público y el INE se dan cuando existe un vínculo de subordinación.

No obstante que la existencia del vínculo laboral se presume, el Instituto demandado lo negó, aduciendo que en el caso lo que existió fue una relación de carácter civil surgida de la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios profesionales entre las partes, sin las características propias de una relación laboral. Por ende, es claro que corresponde al INE, parte demandada en esta instancia, acreditar tal aseveración, ello con sustento en la tesis jurisprudencial número2ª./J.40/99[29], que es del tenor literal siguiente:

“RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO. Cuando el demandado niega la existencia de una relación de trabajo y afirma que es de otro tipo, en principio, está reconociendo la existencia de un hecho, a saber, la relación jurídica que lo vincula al actor, esa negativa también lleva implícita una afirmación, consistente en que dicha relación jurídica es de naturaleza distinta a la que le atribuye su contrario; por consiguiente, debe probar cuál es el género de la relación jurídica que lo une con el actor, verbigracia, un contrato de prestación de servicios profesionales, una comisión mercantil, un contrato de sociedad o cualquier otra, porque en todos esos casos su respuesta forzosamente encierra una afirmación.”[30]

Al efecto, el INE aportó los elementos de prueba que fueron descritos en el considerando quinto de la presente sentencia: las confesionales, las documentales consistentes en once contratos de prestación de servicios celebrados entre la actora y el INE, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana.

Por su parte, la actora aportó los elementos de prueba descritos en el considerando tercero de la presente resolución, esto es, la presuncional legal y humana, la instrumental de actuaciones, diversas documentales –­entre ellas doscientos ochenta y siete recibos de nómina– y la confesional a cargo de Juan Carlos Sánchez Sánchez.

Del análisis y valoración conjunta de dichos medios de convicción, conforme a lo previsto en el artículo 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, de aplicación supletoria, en términos del artículo 95, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios es posible concluir que la relación existente entre María Soledad Estrada Jáuregui y el INE fue de índole laboral, tal como se demuestra a continuación.

        Contratos de prestación de servicios profesionales.

El INE aportó los siguientes contratos:

A su vez, la actora aportó los siguientes contratos:

Así, en el caso, está probado que entre las partes se celebraron diversos contratos de prestación de servicios por tiempo determinado, en los años dos mil cuatro, dos mil cinco, dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, dos mil diez y dos mil diecisiete.

En el apartado de “DECLARACIONES” de los contratos se advierte que:

-       El Instituto requería de los servicios objeto del contrato, para la realización de actividades de carácter eventual y que contaba con la partida presupuestal autorizada para ejercerla.

-       La actora expresamente acepta que el motivo de su contratación era única y exclusivamente para la prestación de servicios eventuales objeto de los instrumentos jurídicos referidos, por lo que la relación jurídica con dicho instituto sería de carácter eventual, quedando sujeta a los términos y condiciones de los contratos.

En los contratos de uno de enero y uno de septiembre, ambos de dos mil diecisiete se estableció que la contratación se realizaba en términos de lo dispuesto por los artículos 301, fracción II y 400 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y de Personal del Instituto Federal Electoral.

Asimismo se estableció que el Instituto requería que el prestador de servicios realizara las actividades de carácter eventual dentro de los programas o proyectos institucionales de índole administrativa, distintos a los procesos electorales, con cargo a la partida de servicios personales del clasificador por objeto del gasto del Instituto.

Ahora bien, del análisis de las CLÁUSULAS se desprende que:

1) La actora se obligaba a prestar al Instituto sus servicios de forma eventual, como:

     Operador de equipo Tecnológico, coadyuvando temporalmente en el desarrollo de las siguientes funciones: “captura y actualiza la información del ciudadano en el padrón electoral, haciendo entrega de la credencial, efectúa el monitoreo y seguimiento de las cifras, así como la lectura y retiro de las credenciales no entregables”,[31]o bien: “Es el responsable del manejo del equipo Tecnológico para capturar la información del padrón electoral, llevar a cabo la recepción y lectura de las remesas de credenciales y la entrega de la credencial, ejecutar el monitoreo y seguimiento de las cifras, así como la lectura y retiro de credenciales no entregables”.[32]

Además en el contrato de uno de enero de dos mil seis se especificó: “Depende del responsable del módulo, a quien le reportará las actividades que realiza, entre sus actividades están capturar los datos del ciudadano que solicite trámite de actualización, efectuar la entrega de credencial, apoyar al responsable de módulo en las actividades que le encomiende y en la verificación de las credenciales que llegan al módulo.

Funciones específicas:

-       Apoyar al R.M. en la recepción de equipo tecnológico.

-       Apoyar al R.M en la verificación del inventario del equipo que le sea entregado al módulo, así como las condiciones de éste.

-       Apoyar en la organización de documentación y materiales recibidos, así como con el control y flujo de información y documentación generada.

-       Preparar información electrónica para su envío a la Vocalía Distrital (Módulos sin conexión RED-IFE).

-       Llevar a cabo la recepción y lectura de remesa de formatos credencial y recibo.

-       Transmitir la información electrónica vía red-IFE (Sólo Módulos fijos)

-       Respaldar información producto de la jornada laboral (diaria).

-       Enviar la documentación generada en el módulo a la Vocalía Distrital.

-       Imprimir semanalmente el reporte de inventario de FUARS´S exitosos y conformar paquetes de FUARS´S y recibidos de credenciales entregadas.

-       Imprimir listados de los registros ciudadanos para su posterior entrega y notificación al A.A.C.

-       Coadyuvar en el control de las credenciales no entregables y retiradas por artículo 163.

-       Capturar instancias administrativas de los ciudadanos.

-       Apoyar en la conformación de paquetes.

-       Generar los reportes que emita el sistema”. (Énfasis añadido)

     Auxiliar Técnico B, coadyuvando temporalmente en el desarrollo de las siguientes funciones: certificar la calidad de imágenes digitales a través de un control estadístico sobre los recibos procesados, debe operar el equipo de cómputo periférico (impresora para reportes de credenciales, comunicaciones, etc.) para la ejecución de procesos en general y monitorear los procesos y el desempeño de los sistemas.[33]

          Operador de Equipo Tecnológico “A2”, ejecutando las actividades que se describen a continuación: 1) Atender al ciudadano, capturar la información que éste proporcione y entregar la credencial para votar a sus titulares, actualizando en la base de datos SIIRFE_MAC. Realizar el monitoreo y seguimiento de las cifras, así como la lectura y retiro de credenciales no entregables. (Contratos 1 enero 2017 y 1 septiembre 2017).

Cabe señalar que en el contrato de uno de marzo de dos mil ocho no se establecieron las funciones que desempeñaría el prestador del servicio.

2) El Instituto se comprometió a pagar como contraprestación por los servicios prestados las cantidades ahí estipuladas de forma quincenal, a cubrir los días quince y treinta de cada mes, por conceptos de honorarios.

El pago se realizaría en el domicilio del Instituto, en el lugar donde se encontrara asignado el prestador del servicio. (En los contratos de uno de enero y uno de septiembre, ambos de dos mil diecisiete, no se estableció lugar de pago).

Bajo ninguna circunstancia los honorarios fijados variarían durante la vigencia de los contratos ni el prestador del servicio tendría derecho a ninguna otra percepción diversa a las establecidas en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto o en algún acuerdo emitido por autoridad competente del instituto en el que se determinara el derecho a este personal de percibir alguna otra prestación.

En caso de que el contrato se diera por terminado de forma anticipada, la responsabilidad del Instituto comprendería exclusivamente los honorarios que se hubieran generado hasta la fecha de la terminación y que no se hubieran pagado previamente al prestador del servicio.

Cabe señalar que en el contrato de uno de marzo de dos mil ocho no se estableció la cantidad por honorarios, pero se indicó que se cubrirían los días trece y veintiocho de cada mes, las mismas fechas se establecieron en los contratos de uno de enero y uno de septiembre de dos mil diecisiete.

En el contrato de uno de febrero de dos mil diez se estableció que el día de pago es el día trece.

En el contrato de uno de septiembre de dos mil diecisiete se estableció además que la parte proporcional de la gratificación por los servicios prestados, sería cubierto a la prestadora de servicios en el mes de octubre o diciembre según correspondiera.

3) El prestador de servicios, aceptó que el instituto demandado efectuaría las retenciones procedentes, por concepto de pago provisional de impuesto sobre la renta de los honorarios que percibiera con motivo de los contratos de prestación de servicios, obligándose el instituto a enterar dichos impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4) El prestador de servicios se obligaba a prestar de forma eficiente los servicios materia de los contratos en la Junta Local de Jalisco,[34]o bien, en la Junta Distrital Ejecutiva, Vocalía Distrital (RFE) 07 Tonalá,[35] o Distrito 07 Tonalá,[36] pudiendo ser asignado a otra área del Instituto dependiendo de las necesidades relativas a la prestación de los servicios objeto de los contratos, bastando para ello, el aviso que con cinco días naturales de anticipación hiciera el instituto, con relación a lo cual el prestador de servicio manifestó su entera conformidad.

En los contratos de uno de enero y uno de septiembre de dos mil diecisiete no se estableció lugar de trabajo.

5) El Instituto quedaba facultado para que, en cualquier momento supervisara y vigilara la adecuada prestación de los servicios materia de dichos instrumentos jurídicos y sugerir las modificaciones que considerara necesarias para su mejor desarrollo.

6) El prestador del servicio reconocía y convenía que por ningún motivo divulgaría la información que por virtud de los servicios objeto del contrato tuviera a su disposición o en su conocimiento, ya que la misma era confidencial y propiedad del Instituto.

7) Las partes convenían la vigencia pactada, quedando como una facultad exclusiva del Instituto el determinar sobre la celebración de un nuevo contrato de igual o similar naturaleza, ya que el instrumento expiraba el día de su vencimiento.

En caso de que el Instituto determinara la celebración de un nuevo contrato, éste notificaría por escrito la decisión al prestador del servicio con cuando menos cinco días hábiles de anticipación al término de la vigencia previamente pactada, en el entendido de que si no existía tal comunicación, la relación jurídica entre las partes concluiría en la fecha pactada en la vigencia del contrato, quedando expresamente prohibido al prestador de servicios volver a prestar servicio alguno al Instituto con posterioridad a esa fecha.

8) Las partes reconocían que los derechos de autor que pudieran derivarse de los trabajos que con motivo del contrato desarrollara el prestador del servicio, pertenecerían de manera exclusiva al Instituto, toda vez que su colaboración era retribuida de conformidad con la legislación mexicana en materia de derechos de autor.

9) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en el contrato a cargo del prestador del servicio, facultaba al Instituto a rescindirlo unilateralmente sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad alguna, bastando la notificación que al efecto le hiciera al prestador del servicio con cinco días de anticipación. Asimismo ambas partes convenían en que el contrato se podía dar por terminado de forma anticipada, de común acuerdo, debiendo constar tal determinación por escrito con tres días naturales de anticipación.

10) Para la interpretación y cumplimiento del contrato, y para todo aquello que no estuviera expresamente estipulado en el mismo, las partes se sometían a la jurisdicción de los tribunales federales en materia civil en la Ciudad de México, Distrito Federal, o bien, de Guadalajara Jalisco,[37]por lo tanto, el prestador del servicio renunciaba al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o cualquier otra causa.

En los contratos de uno de marzo de dos mil ocho, de uno de febrero dos mil diez, uno de enero y uno de septiembre de dos mil diecisiete se estipuló además, que:

-  El Instituto conforme al artículo cuadragésimo tercero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se obligaba a retener y enterar, al prestador de servicios las cuotas que por concepto de seguridad social se generaran con motivo de los emolumentos que percibiera por dichos contratos, así también a realizar las aportaciones que por este concepto le correspondieran y a darlo de alta ante la institución de seguridad social, siempre que el prestador se encontrara en los supuestos que para tal efecto establece la ley en cita.

En los contratos de uno de enero y uno de septiembre de dos mil diecisiete se estableció asimismo:

-            Que el prestador de servicios se manifestó conocedor de la necesidad operativa del Instituto de garantizar que se brindara atención a la ciudadanía, y que para tal efecto, planea, programa y/o instrumenta estrategias de operación respecto a la atención ciudadana, y expresa su entera conformidad, y se obliga a realizar de forma eficiente los servicios materia de los contratos para el Instituto.

Además, las partes acordaron que, si derivado de la planeación, programación o de las estrategias que instrumente el Instituto respecto de la operación y/o atención ciudadana, dicho ente llegaría a suspender parcialmente o por determinado periodo la prestación de los servicios materia de los contratos, situación que por ser producto de la operación del Instituto no implicaría incumplimiento o responsabilidad para el prestador de servicios.

-            Una cláusula denominada “ENTREGABLES”, el prestador de servicios se obligó a entregar el instituto informes quincenales o mensuales de las actividades realizadas en el periodo contractual, según fuese el caso, siendo responsabilidad de los titulares de las áreas del Instituto o del personal de mando, que fueran designados para tal efecto, supervisar y vigilar el cumplimiento de las actividades realizadas por el prestador de servicios.

-            Que la prestadora de servicios durante la vigencia del contrato debería abstenerse de incurrir en actos, conductas y omisiones que fueran en contra de la dignidad del personal del Instituto y otros u otras prestadores de servicios, que sería motivo de rescisión el incumplimiento de esta obligación.

-            Que, en términos del artículo 404 del Estatuto la relación contractual concluiría por: a) Vencimiento de la vigencia o cumplimiento del contrato respectivo; b) Terminación anticipada del contrato por consentimiento mutuo de las partes; c) Fallecimiento y d) Rescisión del contrato por parte del Instituto.

A su vez, se pactó, que, en caso, de conclusión del contrato, la responsabilidad del Instituto comprendería exclusivamente el pago de los honorarios que se hubiesen generado hasta la fecha de dicha conclusión y que no se hubiesen pagado previamente al prestador de servicios.

De las mencionadas documentales, se advierte que la actora estuvo sujeta a una supervisión y vigilancia en las labores desempeñadas, pues en algunos contratos se estipuló que el Instituto y en otros específicamente se señaló que, los titulares de las áreas del Instituto o del personal de mando, que fueran designados para tal efecto, supervisarían y vigilarían la adecuada prestación de los servicios materia de dichos instrumentos jurídicos.

Incluso en el contrato de enero de dos mil seis se estableció que la prestadora del servicio dependía del responsable del módulo, a quien le reportaría las actividades que realizara; asimismo que debía respaldar la información de la jornada laboral (diaria). 

Lo anterior, a juicio de esta Sala Regional implica la existencia de una relación de subordinación, de la prestadora de servicios con respecto a su empleador, ya que la actora tenía un deber de obediencia con respecto a los titulares de las áreas del Instituto o personal del mando quienes vigilaban y supervisaban la adecuada prestación de tales servicios.

En efecto, de los contratos que ofreció como prueba la parte actora, se desprende que se obligó a llevar a cabo tareas dentro del propio instituto demandado en el área que éste le asignara.

A lo anterior debe agregarse, que, conforme al contenido de las probanzas de referencia, se desprende que existía la subordinación referida, ya que el demandado tenía la facultad de supervisar y vigilar el desarrollo de las actividades objeto del contrato, así como asignar a la actora a otra área de trabajo, en función de las necesidades del demandado, esto último denota que la actora laboraba dentro de la institución, lo que se corrobora además, con lo previsto en cuanto a que los pagos se realizarían en el Instituto demandado, en el lugar donde se encuentra asignada, es decir, en donde estaba destinada a trabajar.

Además en los contratos de uno de enero y uno de septiembre de dos mil diecisiete la actora se obligó a entregar al Instituto demandado informes quincenales y mensuales de las actividades realizadas bajo la vigilancia y supervisión del Instituto demandado.

Consecuentemente, aun cuando los contratos celebrados entre la actora y el instituto demandado, se denominaron de prestación de servicios profesionales de carácter eventual, lo cierto es que el vínculo laboral se demuestra cuando los servicios prestados reúnen las características propias de una relación de trabajo, aunque se haya firmado un contrato de prestación de servicios profesionales.

En este sentido, la denominación resulta insuficiente para concluir que la actora tenía la calidad de persona vinculada solo civilmente con el Instituto, pues más allá de dichas expresiones formales, el análisis objetivo y completo de los contratos, exhibidos como pruebas, permiten evidenciar que se desempeñó con el carácter de trabajadora.

Además, el desarrollo de sus funciones siempre se realizó en la oficina de la institución a las que fue adscrita, lo cual lleva implícito que las mismas las realizó en un tiempo que, sin que pueda denominarse especifico, sí abarca un horario.

Por ello, queda desvirtuada la afirmación del Instituto demandado en el sentido de que las actividades de la actora estuvieron sujetos a una relación regulada por la legislación civil.

        Recibos de nómina.

La actora aportó los siguientes recibos de nómina:

De dichas documentales se desprenden:

-       Pagos quincenales a favor de la actora por los periodos comprendidos en los contratos de uno de octubre de dos mil cuatro, cuatro de mayo de dos mil cinco, uno de enero de dos mil seis, dieciséis de octubre de dos mil seis, uno de mayo de dos mil siete, uno de marzo de dos mil ocho, uno de febrero de dos mil diez, uno de enero de dos mil diecisiete y uno de septiembre de dos mil diecisiete.

-       El pago de una quincena de los contratos de uno de abril de dos mil cuatro y uno de octubre de dos mil cinco.

-       No se aportaron los recibos de pago correspondientes a los contratos de uno de enero de dos mil cinco y uno de agosto de dos mil siete.

-       Pagos a la actora desde el uno de octubre de mil novecientos noventa y seis hasta el año dos mil diecisiete (con excepción del año dos mil).

-       No obstante que no se encuentran todos los recibos de nómina correspondientes a cada anualidad, se advierten gratificaciones de fin de año[39] que comprenden del uno de enero al treinta y uno de diciembre, en los años mil novecientos noventa y siete, mil novecientos noventa y ocho, dos mil uno, dos mil dos, dos mil tres, dos mil cinco, dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce. Aunado a que, el INE manifiesta en su contestación de demanda que pagó la gratificación de año correspondiente al dos mil dieciséis –con independencia de que se encuentre acreditado el pago en el expediente– y reconoce que se encuentra pendiente de pago la gratificación de fin de año de dos mil diecisiete.

El INE alega interrupción en la prestación del servicio, en los periodos de los cuales no obran recibos de nómina. Así, la discrepancia que existe entre las partes radica en si el servicio se prestó en forma ininterrumpida –como lo alega la actora–, o si la relación laboral se vio interrumpida como sostiene el INE.

Ahora bien, al resolver asuntos similares al presente,[40] la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido el criterio de que la parte demandada es quien tiene la carga de probar que la relación laboral se vio interrumpida. Las razones fundamentales que se han expresado para justificar ese criterio son las siguientes:

a)  Por regla general, la carga de la prueba recae en quien afirma un hecho y no en quien lo niega; sin embargo, existen casos en los que la carga de la prueba recae en quien sustenta una negativa, por ejemplo, cuando la negación envuelva la afirmación de un hecho o cuando se desconoce la presunción que tiene a su favor la contraparte.

b) Otra regla general es que las partes deben acreditar los hechos en que sustenten sus pretensiones; empero, esa regla no es absoluta, porque la carga de la prueba debe arrojarse al colitigante que cuente con los mejores elementos para probar el hecho discutido.

c)  Cuando se presenta un caso, en el que las partes reconocen la existencia de la relación laboral, así como las fechas de inicio y de conclusión del vínculo, se genera una presunción iuris tantum a favor del trabajador, en el sentido de que los servicios se prestaron en forma ininterrumpida; esto, conforme al principio general del derecho, según el cual “cuando se prueban los extremos, se presume que impera la misma situación en el intermedio, salvo prueba en contrario”, como se expresa en la máxima latina probatis extremis, media censetur probata.

d) Conforme a lo dispuesto en el artículo 784, fracción II, de la supletoria Ley Federal del Trabajo, corresponde al patrón la carga de la prueba sobre la antigüedad del trabajador, siempre que exista controversia sobre ello.

De igual manera, la Sala Superior de este Tribunal ha determinado en el precedente ya señalado SUP-JLI-63/2016, que cuando las partes están contestes con la fecha de inicio y conclusión de la relación laboral y la discrepancia se centra en determinar si el vínculo laboral se vio interrumpido en algún momento –como acontece en la especie–, no resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 48/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

“CARGA DE LA PRUEBA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. CORRESPONDE AL ACTOR CUANDO AFIRMA HABER LABORADO EN UN PERIODO DETERMINADO Y LA PARTE DEMANDADA LO NIEGA LISA Y LLANAMENTE. Si bien el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo prevé que se presumen la existencia del contrato y de la relación laboral entre el que presta un trabajo personal y quien lo recibe, debe tomarse en cuenta el momento en que el actor afirme haber sido despedido, pues no basta que el demandado reconozca que en alguna época le prestó servicios o que así se derive de alguna prueba para que se presuma que éstos continuaron prestándose hasta la fecha de la separación, cuando existe la negativa lisa y llana de la relación de trabajo. De ahí que si, por ejemplo, en el juicio laboral se aporta alguna prueba que demuestre los periodos en los que el trabajador fue dado de alta y de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (como puede ser el informe de esta institución), con ello puede acreditarse que en algún periodo existió una relación laboral con la empresa demandada; pero lo fundamental, atendiendo al punto litigioso cuando el actor señaló en su demanda haber trabajado un periodo específico, es la demostración de que la relación laboral subsistía en la fecha señalada por el trabajador como la del despido”[41].

La razón por la que se considera que esa jurisprudencia no resulta aplicable al caso es porque en ella se trata el supuesto en el que existe controversia sobre la fecha en que concluyó la relación de trabajo; pero no se aborda la problemática relativa a si la relación laboral se vio interrumpida en algún momento.

En ese sentido, resultan orientadoras al respecto las tesis de rubros siguientes:

“RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA PARA LA PATRONAL CUANDO MEDIA CONTROVERSIA RESPECTO DE SU EXISTENCIA Y DURACIÓN.[42]

“CONTRATOS DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO, HIPÓTESIS EN QUE LOS CONTRATOS SUCESIVOS POR TIEMPO DETERMINADO SON CONTRARIOS A LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y ADQUIEREN EL CARÁCTER DE”.[43]

En consecuencia, conforme a las consideraciones anteriores, en el caso concreto corresponde a la parte demandada acreditar que la relación laboral se vio interrumpida.

Sobre la base que se ha establecido, este órgano jurisdiccional considera que el INE incumplió con la carga procesal de probar la interrupción de la relación laboral, pues no ofreció medios de convicción relacionados con ello, sino que únicamente se limita a indicar “interrupción” en los periodos respecto de los cuales la actora no aportó recibos de nómina, y mencionar que la actora suscribió diversos contratos de forma intermitente, discontinua y eventual; lo que no es apto para acreditar tal extremo, ni para desvirtuar la presunción de la que goza la trabajadora de que los servicios se prestaron de forma ininterrumpida.

Si bien la actora se obligó, a través de la celebración de diversos contratos a prestar al INE sus servicios profesionales, y se pactó que los mismos serían de manera eventual, lo cierto es que de los anteriores recibos se advierte indiciariamente –en sentido contrario a lo que pretende el instituto demandado–, que en la prestación de esos servicios existió continuidad desde el año dos mil uno.

Máxime que en algunos periodos en los cuales el INE afirma que hubo interrupción en la prestación del servicio, es contradictorio con las pruebas que éste mismo aportó, por ejemplo indica que hubo interrupción en el periodo del dieciséis de diciembre de dos mil cuatro al tres de mayo de dos mil cinco, sin embargo aportó la prueba de un contrato de prestación de servicios del uno al quince de enero de dos mil cinco.

De igual manera, señala que en el periodo del uno al treinta y uno de agosto de dos mil siete hubo interrupción en el servicio, no obstante ello, aportó una prueba consistente en un contrato de prestación de servicios del uno al treinta y uno de agosto de dos mil siete. De modo que, demuestra lo contrario a lo que afirma.

Con todo, no obstante que las partes reconocen que la fecha en que ingresó a laborar la actora fue el uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, y que se advierte continuidad hasta el quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve–, lo cierto es que de las pruebas que obran en el expediente, no se advierte alguna que demuestre ­–al menos indiciariamente– que la actora laborara en el instituto demandado del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve al treinta y uno de diciembre del año dos mil.

En consecuencia, lo que se tiene probado ante esta Sala es que la actora laboró del uno de octubre de mil novecientos noventa y seis al quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve y del uno de enero de dos mil uno al treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.

        Confesional a cargo de la actora.

Ahora bien, del análisis de la prueba confesional ofrecida por el Instituto demandado, se advierte que el demandado formuló a través del pliego de posiciones, los siguientes cuestionamientos y la actora contestó lo siguiente:

Del análisis de las respuestas dadas por la actora, se advierte que ésta señaló como falso que la prestación de sus servicios al INE se hubiera interrumpido, de igual manera negó que la relación fuera de carácter civil; asimismo sostuvo que era falso que no recibiera instrucciones directas por parte del INE.

        Confesional a cargo de Juan Carlos Sánchez Sánchez, en su calidad de Vocal del Registro Federal de Electores de la 07 Junta Distrital en el Estado de Jalisco.

Del análisis de las respuestas dadas por el absolvente, se advierte que por una parte éste negó ser el superior jerárquico de la actora, darle órdenes y establecerle horarios de labores, así como ser el Vocal Ejecutivo del Distrito 07, –al respecto, cabe señalar que al comparecer en la audiencia aclaró que ostentaba el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores de la 07 Junta Distrital en el Estado de Jalisco–.

Sin embargo, por otra parte, indicó que era cierto que la actora realizaba sus labores en las instalaciones del INE en Tonalá, Jalisco; que la actora desempeñaba sus servicios con instrumentos de trabajo del INE y que el último día de labores de la actora fue el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.

        Otras documentales

En cuanto a las restantes documentales aportadas por la actora:

a)      Reconocimiento expedido a la actora en abril de dos mil seis por el entonces Instituto Federal Electoral, por su participación en la actualización del padrón electoral durante el proceso electoral federal 2005-2006, signado por el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores.[44]

b)      Credencial expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a nombre de la actora, respecto del evento denominado “Certificación de Asamblea de Agrupación Política para la Constitución como Partido Político Nacional. Artículos: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”.

c)      Credencial expedida por el otrora Instituto Federal Electoral, 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco, a nombre de la actora, en la que consta “Certificación de Asambleas celebradas por las organizaciones o agrupaciones políticas nacionales que se encuentran tramitando su registro como Partido Político Nacional, con fundamento en lo que establecen los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales” y de la que se aprecia en el reverso la firma del vocal ejecutivo vinculado al distrito electoral 7, así como la firma de la actora sobre la leyenda “Firma del empleado”.[45]

d)      Solicitud de préstamo (corto plazo o complementario) del ISSSTE, por parte de la actora, como operadora de equipo tecnológico, adscrita a la 07 Junta Distrital Ejecutiva, dirigido al Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco, conteniendo sello original de recibido de dicha vocalía, de catorce de octubre de dos mil once.

e)      Oficio JD07-JAL/VE/0420/13, signado por el Vocal Ejecutivo de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en Jalisco, en Tonalá, Jalisco, el veinticinco de octubre de dos mil trece, dirigido a la actora como Operadora de Equipo Tecnológico del Módulo 140721 de la 07 Junta Distrital, y se le informa que ha sido designada como capturista para auxiliar en las tareas de registro, durante el desarrollo de la Asamblea Estatal que se celebraría el veintisiete de octubre de ese año.

f)        Credencial expedida por el INE, Módulo de Atención Ciudadana, Módulo 140721, a nombre de la actora, y debajo de su fotografía consta “Operador de Equipo Tecnológico. Registro Federal de Electores”; al reverso “Instituto Nacional Electoral, Estado de Jalisco, Junta Local Ejecutiva, Registro Federal de Electores. Se solicita a las autoridades civiles y militares brindar su apoyo oportuno y eficaz al portador de la presente para el mejor desempeño de sus funciones”, se aprecia la firma de Juan Carlos Sánchez Sánchez y de la actora; enseguida “Vigencia, Campaña Anual Intensa 2015, 01/sep/2015 al 15/dic/2015”.

g)      Credencial expedida por el INE, Secretaría Ejecutiva, Dirección de Administración, a nombre de la actora, como Operador de Equipo Tecnológico “A2”, se asienta su CURP; al reverso se indica la adscripción “Junta Distrital Ejecutiva 07 Tonalá, Jal.”, las firmas de la actora y de la Dirección Ejecutiva de Administración; la fecha de expedición en la Ciudad de México 01/01/2017, y unos apartados de refrendos; 2018, 2019, 2020 y 2021.

h)      Oficio INE/JAL/JD07/VE/0544/2017, signado por el Vocal Ejecutivo del 07 Distrito Electoral Federal en el Estado de Jalisco, Junta Distrital Ejecutiva, en Tonalá, Jalisco, el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, por el cual se convoca a la actora como Operadora de Equipo Tecnológico del Módulo 140721 de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco a una reunión de trabajo con el personal adscrito a dicho módulo, a fin de reiterar la importancia de la función desempeñada conforme a los Manuales de Operación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley; dar seguimiento periódico del funcionamiento técnico y operativo del Módulo 140721 y presentación del Modelo de Calidad del INE, ISO 9001:2015.

i)         “Informe de Actividades. Prestadores de Servicios Profesionales”. Entregable correspondiente al mes de octubre de dos mil diecisiete. Firmado por la actora, como prestadora del servicio y por Juan Carlos Sánchez Sánchez, como Vocal del Registro Federal de Electores. Se indica que la Unidad Administrativa es la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de Jalisco, la descripción del puesto del prestador del servicio como Operador de Equipo Tecnológico, cuyo código es 161951, el contrato No.124466-201717-14140700002. Se indica “Responsable del manejo del equipo Tecnológico para capturar la información del padrón electoral, llevar a cabo la recepción y lectura de las remesas de credenciales y la entrega de la credencial, ejecutar el monitoreo y seguimiento de las cifras, así como la lectura y retiro de credenciales no entregables”.

Asimismo en actividades desarrolladas en el periodo se establece: “1.- Realiza el trámite al ciudadano.2.- Entrega la credencial para votar.3.- Monitorea y da seguimiento de cifras.4.- Lee formatos de credencial para votar y realiza el retiro de formatos de credencial para votar no entregables.5.- Apoya en la organización de la documentación generada en MAC.6.- Apoya en la conformación de paquetes.”

De las referidas documentales se desprende que la actora prestaba sus servicios para el instituto demandado; que en octubre dos mil once, octubre dos mil trece, septiembre a diciembre dos mil quince, enero, mayo y septiembre a octubre de dos mil diecisiete se desempeñaba Operadora de Equipo Tecnológico, del Módulo 140721 de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco; que recibía órdenes del Vocal Ejecutivo de la referida Junta Distrital; que era supervisada y vigilada por Juan Carlos Sánchez Sánchez, Vocal del Registro Federal de Electores, de la 07 Junta Distrital en el Estado de Jalisco –acorde con la cláusula séptima de los contratos de prestación de servicios de uno de enero y uno de septiembre de dos mil diecisiete, denominada “Entregables”–.

     Conclusión respecto de la naturaleza de la relación laboral.

Por lo expuesto, del análisis conjunto del material probatorio referido, se considera que existen elementos para acreditar que entre la actora y el INE sí existió una relación laboral, de manera continua e ininterrumpida del uno de octubre de mil novecientos noventa y seis al quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve y del uno de enero de dos mil uno al treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, bajo la supervisión y vigilancia del Instituto demandado, ya que la trabajadora tiene a su favor la presunción de que hubo una regularidad en las actividades desempeñadas en dichos periodos.

Además, como contraprestación, el Instituto demandado se obligó a pagar a la "prestadora de servicios", una cantidad determinada de dinero, agregándose que bajo ninguna circunstancia los honorarios fijados variarían durante la vigencia del contrato y que no tendría derecho a ninguna otra percepción.

Sin embargo, ello no fue así, pues existen pruebas –recibos de nómina– y reconocimiento por parte del INE en su contestación de demanda, de que la actora recibía gratificaciones de fin de año, como ya quedó expuesto con antelación.

Más aún, una de las características de los contratos de prestación de servicios profesionales es que éste sea otorgado por los medios propios del prestador de servicios, lo que se entiende, en sentido contrario, que en el caso concreto, para estar en presencia de una relación civil, los medios para realizar el servicio no debían ser proporcionados por el INE, lo que en el caso ocurrió.

Similar criterio ha sido sostenido por este Tribunal al resolver los juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores identificado con las claves SG-JLI-1/2017, SG-JLI-2/2017, SG-JLI-3/2017, SG-JLI-4/2017, SUP-JLI-11/2017, SUP-JLI-14/2017, SUP-JLI-1/2017, SUP-JLI-66/2016, SUP-JLI-69/2016 y SUP-JLI-72/2016.

Por consiguiente queda desestimada las excepción hecha valer por el demandado consistente en la inexistencia de relación jurídica laboral entre la actora y el INE.

B) Existencia de una relación laboral de confianza

En virtud de que se tuvo por acreditada la relación laboral entre la actora y el INE, es necesario establecer si la trabajadora era de base o de confianza.

Esta Sala Regional, ­­con fundamento en lo dispuesto en los artículos 123, apartado B, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[46] así como 206, párrafo 1, de la LGIPE[47] y –con sustento en lo resuelto por la Sala Superior de este Tribunal en el juicio SUP-JLI-11/2017, SUP-JLI-61/2016, SUP-JLI-73/2016, entre otros–, determina que la actora era una trabajadora de confianza.

La Sala Superior argumentó en los referidos precedentes que en el artículo 206 de la LGIPE, el legislador federal otorgó el carácter de trabajador de confianza a todo el personal que labora en el INE, dado el carácter de las funciones que desempeñan, a fin de preservar la imparcialidad, especialización y objetividad en el ejercicio de sus atribuciones, al recaer en este organismo del Estado la obligación de velar por la imparcialidad en la organización de las elecciones, cuyas atribuciones consisten en llevar a cabo todas las actividades que integran el desarrollo del proceso electoral.

Que lo anterior, se reiteraba en el propio Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa, en sus artículos 6 y 394, fracción VIII.[48]

De tal forma que determinó que no era inconstitucional el artículo 6 del referido Estatuto, toda vez que dicho precepto sólo reiteraba lo previsto en el artículo 206 de la LGIPE, con lo que se cumplía con lo dispuesto en la fracción XIV, del apartado “B” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza.

Indicó que la previsión del legislador consistente en que la totalidad de los servidores del INE fueran considerados de confianza, obedecía a la importancia que para el Estado conlleva la función del INE, de tal manera que todo trabajador debía velar, necesariamente, por los intereses institucionales, independientemente de intereses personales, de ahí la necesidad de que sus servidores tuvieran la calidad de trabajadores de confianza, lo que no era contrario a lo previsto en el apartado “B” del artículo 123 constitucional.

Por otra parte, el INE tiene entre sus atribuciones las actividades relacionadas con el padrón electoral y las listas de electores, tal y como lo establece el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 3, de la Constitución. En ese sentido, el artículo 30, párrafo 1, inciso c), de la LGIPE establece como uno de los fines del INE, el de integrar el Registro Federal de Electores.

En concordancia con lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene entre sus atribuciones, la de formar el Padrón Electoral y expedir las credenciales para votar, en términos del artículo 54, párrafo 1, incisos b) y c), de la LGIPE.

Al respecto, es importante mencionar que el Registro Federal de Electores es un instrumento de carácter permanente y público, cuyos servicios son prestados por el INE, por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, así como de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales, conforme a lo establecido en los artículos 126, párrafo 2, y 138, párrafo 2, de la LGIPE.

Como se puede advertir, las funciones que fueron encomendadas a la actora, por virtud de los contratos celebrados, se vinculan de manera directa con el Registro Federal de Electores al confiársele el manejo del equipo tecnológico para capturar la información del padrón electoral, llevar a cabo la recepción y lectura de las remesas de credenciales y la entrega de la credencial, ejecutar el monitoreo y seguimiento de las cifras, así como la lectura y retiro de credenciales no entregables.

En este sentido, con base en los hechos probados y reconocidos, es evidente por una parte, que las actividades materia del contrato no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente por parte de la actora, además, dadas las funciones que la actora desempeñaba a favor del INE, puede desprenderse que no prestó el servicio con recursos propios, sino que lo realizó con los medios que le fueron proporcionados por el Instituto, tal como es, en el caso, el equipo tecnológico para poder acceder al SIIRFE.

Por otra parte, se evidencia que la relación laboral era de confianza, toda vez que según lo dispone la LGIPE en el artículo 126, párrafos 1 y 3, los documentos, datos e informes que las y los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas en la Ley Electoral, la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente.

En sentido similar se pronunció la Sala Ciudad de México en el expediente SCM-JLI-7/2017. 

C) Al ser trabajadora de confianza no tiene derecho a la estabilidad en el empleo, por lo que al haber finalizado su contrato, resulta improcedente la reinstalación o el pago de indemnización y salarios caídos.

Una vez que se acreditó la relación laboral de confianza, es necesario analizar si existe o no el supuesto despido injustificado.

La actora pretende la reinstalación en su empleo como “Operador de Equipo Tecnológico A2” del Módulo de Atención Ciudadana número 140751 antes 140721, vinculado a la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco del INE y el pago de los salarios caídos con motivo del despido injustificado que aduce fue objeto, desde el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.

Por su parte, el INE expresa que nunca existió el despido que señala la actora, ya que la relación jurídica que guardaba con el Instituto era de prestación de servicios bajo el régimen por honorarios sujeta a la legislación civil, por lo que resultan improcedentes las prestaciones referidas, ya que la actora recibió en contraprestación los honorarios convenidos, concluyendo la vigencia del último contrato de prestación de servicios el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, de ahí que a partir de esa fecha, dejó de prestar sus servicios ante dicho Instituto.

Esta Sala Regional determina, con sustento en lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 364/2013,[49] que la actora, al ser trabajadora de confianza y al haber finalizado su contrato, carece de acción para solicitar su reinstalación o el pago de la indemnización.

En efecto, en dicha resolución, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que del análisis sistemático de las fracciones que integran el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, se desprenden los derechos que tienen los trabajadores al servicio del Estado, así como las normas básicas que deben ser aplicables a sus relaciones de trabajo. En el propio precepto, el Constituyente los clasificó en dos sectores, que son: a) De base; y b) De confianza.

En ese sentido, señaló que la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional, al establecer expresamente que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de seguridad social, está limitando algunos derechos a ese tipo de trabajadores, entre los cuales el más importante es el establecido en la fracción IX, donde se estipula la estabilidad o inamovilidad en el empleo, así como el derecho a sindicalizarse a que se refiere la fracción X, los cuales reserva para los trabajadores de base.

Mencionó que tales estipulaciones se ven reflejadas en los criterios jurisprudenciales que enseguida se transcriben, los cuales en esencia, reiteran que los trabajadores de confianza sólo pueden disfrutar de las medidas de protección al salario y de seguridad social a que se refieren las fracciones correspondientes del aludido apartado B.

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ESTÁN LIMITADOS SUS DERECHOS LABORALES EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIV DEL APARTADO ‘B’ DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. El artículo 123, apartado B, establece cuáles son los derechos de los dos tipos de trabajadores los: a) de base y b) de confianza; configura, además, limitaciones a derechos de los trabajadores de confianza, pues los derechos que otorgan las primeras fracciones del citado apartado, básicamente serán aplicables a los trabajadores de base; es decir, regulan, en esencia, los derechos de este tipo de trabajadores y no los derechos de los de confianza, ya que claramente la fracción XIV de este mismo apartado los limita en cuanto a su aplicación íntegra, puesto que pueden disfrutar, los trabajadores de confianza, sólo de las medidas de protección al salario y de seguridad social a que se refieren las fracciones correspondientes de este apartado B, pero no de los demás derechos otorgados a los trabajadores de base, como es la estabilidad o inamovilidad en el empleo, puesto que este derecho está expresamente consignado en la fracción IX de este apartado."[50] (Énfasis añadido).

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LA LEY REGLAMENTARIA QUE LOS EXCLUYE DE LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE BASE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al legislador la facultad de determinar en la ley los términos y condiciones en que procede la suspensión o cese de los efectos del nombramiento de los trabajadores burocráticos, por lo que al armonizar el contenido de esa fracción con el de la diversa XIV, se advierte que los trabajadores de confianza no están protegidos en lo referente a la estabilidad en el empleo, sino solamente en lo relativo a la percepción de sus salarios y las prestaciones de seguridad social que se extiende, en general, a las condiciones laborales según las cuales deba prestarse el servicio, con exclusión del goce de derechos colectivos, que son incompatibles con el tipo de cargo y naturaleza de la función que desempeñan. Y si bien en ninguna de las fracciones que integran el citado apartado B se establece expresamente que los trabajadores de confianza están excluidos de la estabilidad en el empleo, ésta se infiere de lo dispuesto en la referida fracción XIV, al precisar cuáles son los derechos que pueden disfrutar, y como entre éstos no se incluyó el de la estabilidad en el empleo, no puede atribuírseles un derecho que ha sido reconocido exclusivamente a los de base. Ello es así, porque la exclusión de un derecho no necesariamente debe estar establecida expresamente en la norma constitucional, pues basta atender a los derechos que confirió el Constituyente a los trabajadores de confianza para determinar que, por exclusión, no pueden gozar de los otorgados a los de base. Por tanto, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al precisar los derechos que tiene el trabajador de base y excluir de ellos a los de confianza, no contraría el apartado B del artículo 123 de la Ley Fundamental”.[51]  (Énfasis añadido).

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AUNQUE NO GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LES OTORGA DERECHOS DE PROTECCIÓN AL SALARIO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. El artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en sus diversas fracciones, los derechos que tienen los trabajadores al servicio del Estado, así como las normas básicas aplicables a las relaciones de trabajo que serán materia de regulación pormenorizada a través de la ley reglamentaria correspondiente. Asimismo, clasifica a dichos trabajadores en dos sectores: de base y de confianza. Ahora bien, la fracción XIV del referido artículo constitucional, al prever expresamente que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que quienes los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de seguridad social, limita algunos de sus derechos como el relativo a la estabilidad o inamovilidad en el empleo previsto en la fracción IX, los cuales reserva para los trabajadores de base. Sin embargo, tales limitaciones son excepcionales, pues los trabajadores de confianza tienen reconocidos sus derechos laborales en la aludida fracción XIV, conforme a la cual gozarán de los derechos derivados de los servicios que prestan en los cargos que ocupan, esto es, de la protección al salario, que no puede restringirse, así como la prerrogativa de obtener el pago de prestaciones como aguinaldo y quinquenio, además de todos los derivados de su afiliación al régimen de seguridad social, dentro de los cuales se incluyen, entre otros, seguros de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo, de jubilación, de retiro, por invalidez, servicios de rehabilitación, préstamos para adquisición de casa, entre otros.”[52] (Énfasis añadido)

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO; POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA SOLICITAR SU REINSTALACIÓN O EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE. De conformidad con los artículos 115, fracción VIII, in fine; 116, fracción V y 123, apartado B, fracciones IX y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1o., 2o., 4o., 6o., 8o., 9o., 37 y 96 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal del Estado de México, únicamente tienen derecho a demandar la indemnización constitucional o la reinstalación en el empleo, los trabajadores al servicio de esa entidad que ocupen puestos de base o supernumerarios, mientras que los de confianza sólo pueden acudir ante los Tribunales de Arbitraje para dirimir conflictos que pudieran afectar sus derechos laborales en otras cuestiones, como las que se refieran a la protección de su salario y a las prestaciones del régimen de seguridad social.”[53]

La Suprema Corte de Justicia determinó así que la seguridad jurídica de los trabajadores de confianza al servicio del Estado, en cuanto a su relación de trabajo, constitucionalmente les excluye del derecho a la estabilidad del empleo, entre otros aspectos (acciones sindicales y de huelga), lo que implica que solamente gozarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de seguridad social.

Entonces, concluyó que los mencionados trabajadores no pueden demandar, en su caso, la indemnización constitucional o la reinstalación en el empleo, pues los empleados de confianza sólo tienen derecho a la protección de sus salarios y a las prestaciones del régimen de seguridad social, y no así para reclamar prestaciones que derivan directamente del derecho a la estabilidad en el empleo, como lo son la indemnización o reinstalación, por estar excluidos de tal prerrogativa.

Del mismo modo, sostuvo que tampoco tendrán derecho al pago de salarios vencidos, pues el pago de salarios vencidos es una consecuencia legal que deriva de la injustificación del despido o separación del trabajador, lo que necesariamente ocurre, cuando se declara procedente la acción que en su caso se intente, como la indemnización constitucional o la reinstalación.

En esas condiciones, señaló que si a los trabajadores de confianza al servicio del Estado, se les excluye del derecho a la estabilidad en el empleo, y por ende, no pueden demandar en caso de despido injustificado, la indemnización constitucional o la reinstalación en el empleo; entonces, tampoco tienen derecho al pago de salarios vencidos, pues tal prestación depende de dichas acciones.

Incluso, estableció que la calificativa de lo justificado o injustificado del despido, resultaba intrascendente, pues aun y cuando se considerara sin justificación el cese, al no gozar los trabajadores de confianza del derecho a la estabilidad en el empleo, el resultado del juicio sería el mismo, es decir, la acción debía declararse improcedente.

Así las cosas, en el caso particular, se tiene que la actora era una trabajadora de confianza –como ya quedó demostrado en los incisos previos–, de manera que sólo tiene derecho a las medidas de protección al salario y de seguridad social.

Por tanto, no podía demandar su reinstalación o indemnización, ni mucho menos, solicitar el pago de salarios vencidos, pues no gozaba de la estabilidad en el empleo.

En ese sentido, dado que el legislador otorgó el carácter de trabajador de confianza a todo el personal que labora en el INE, de acuerdo a lo previsto en el artículo 206, párrafo primero, de la LGIPE, es improcedente su reinstalación, conforme con lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Federal.

Lo anterior, porque los trabajadores de confianza, entre los que se encuentran todos los que laboran en el INE solamente tienen los derechos de protección al salario y de seguridad social, sin que gocen del derecho a la estabilidad de empleo.