JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SG-JLI-17/2020

ACTORA: GABRIELA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ VARGAS

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADa PONENTE: gabriela del valle pérez

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: JULIETA VALLADARES BARRAGÁN

Guadalajara, Jalisco, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno.

El Pleno de esta Sala Regional Guadalajara, en sesión privada de esta fecha, resuelve el presente Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de declarar que existe una relación laboral de confianza entre las partes, ininterrumpida desde el uno de febrero de dos mil seis y hasta en tanto subsista la relación laboral, y se condena al Instituto Nacional Electoral (INE) al reconocimiento de la relación laboral y de la antigüedad señalada, así como a la inscripción retroactiva al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

ANTECEDENTES

De las afirmaciones que realiza la actora y de las constancias que obran en el expediente, se desprende lo siguiente:

1. Relación laboral. La actora señala que el uno de febrero de dos mil seis ingresó a trabajar al INE, como Analista A.

Refiere que desde su ingreso al INE y hasta la fecha, su desempeño es como Secretaria en la Vocalía del Secretario, en la Junta Distrital número 04, delegación Jalisco, con sede en Zapopan.

Añade que siempre ha estado asignada a dicha vocalía del secretario en esa junta distrital electoral, bajo las órdenes del vocal secretario.

2. Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del Instituto Nacional Electoral.

2.1.  Demanda. El veinte de noviembre de dos mil veinte, la actora presentó ante esta Sala Regional escrito de demanda y anexos, en donde reclama del INE

- El reconocimiento de la relación laboral, al desempeñarse como empleada supernumeraria de la 04 Junta Distrital Ejecutiva de ese Instituto, en el estado de Jalisco, en el cargo de Analista A; donde menciona que trabaja como Secretaria en la Vocalía del Secretario.

- El reconocimiento de una relación laboral ininterrumpida por más de catorce años.

- El otorgamiento de la base como empleada del INE, y el reconocimiento de que su nombramiento es de base, a partir del año dos mil seis.

- Se le reconozca la antigüedad correspondiente, desde el uno de febrero de dos mil seis.

2.2. Turno. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional determinó registrar la demanda con la clave de expediente SG-JLI-17/2020 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Gabriela del Valle Pérez para sustanciar el juicio de referencia y, en su momento, formular el proyecto de resolución correspondiente.

2.3. Radicación, admisión y emplazamiento. Mediante proveído dictado el veinticinco de noviembre siguiente, la Magistrada instructora radicó el expediente, admitió a trámite la demanda y ordenó correr traslado al INE, con copia certificada de la misma y sus anexos, emplazándolo para que, dentro del plazo de diez días hábiles, siguientes a la fecha de notificación, contestara lo que a su derecho conviniera.

2.4. Contestación de demanda. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el diez de diciembre de dos mil veinte, el INE, por conducto de su apoderada, contestó la demanda, ofreció pruebas, y opuso las excepciones y defensas que consideró pertinentes.

2.5. Traslado a la actora y citación a audiencia. En consecuencia, mediante acuerdo de catorce de diciembre siguiente, la Magistrada instructora tuvo al INE contestando la demanda; reconoció a la apoderada de la parte demandada; dio vista a la actora con el escrito de contestación, y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo mediante videoconferencia la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos a que se refiere el artículo 101 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2.6. Desahogo de vista. Mediante acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la parte actora presentando un escrito mediante el cual desahogó la vista que le fue formulada.

Asimismo, se reconoció el carácter de abogada patrona de la actora.

2.7. Audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos; suspensión. El trece de enero de dos mil veintiuno, a partir de la hora señalada para ese fin, se desarrolló por videoconferencia la audiencia, desahogándose las etapas de conciliación y admisión de pruebas.

Asimismo, toda vez que el INE objetó las documentales consistentes en los recibos de nómina, se le requirió para que remitiera a esta Sala Regional los recibos de nómina, o de pago de honorarios,  que se hubieran generado con motivo de la relación jurídica establecida entre la actora y el INE.

Con posterioridad, la audiencia se suspendió, fijándose como fecha de reanudación el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, para el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte demandada.

2.7. Solicitud de prórroga del INE. Nueva fecha de audiencia. Cumplimiento del requerimiento. Mediante acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se tuvo al INE cumpliendo parcialmente el requerimiento formulado en la audiencia.

En atención a solicitud de prórroga del INE para presentar la documentación faltante, se le concedió un plazo de hasta ocho días hábiles para tal efecto; en virtud de que ello se debía a causas derivadas de la pandemia del COVID-19.

En consecuencia, se fijó nueva fecha para la reanudación de la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, a efectuarse el diez de febrero de dos mil veintiuno, por videoconferencia.

En acuerdo de cinco de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo al INE cumpliendo el requerimiento formulado.

2.8. Reanudación de la audiencia. El diez de febrero de dos mil veintiuno se reanudó la audiencia.

El INE se desistió de la prueba confesional. Se admitieron y tuvieron por desahogadas las pruebas documentales presentadas por el INE.

Se procedió a la etapa de alegatos y al no quedar diligencias o pruebas por desahogar, se declaró cerrada la instrucción.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Regional) es competente para conocer y resolver el presente asunto, por tratarse de un Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales entre el INE, y una servidora pública adscrita a su 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco, hipótesis y entidad federativa en cuyo ámbito territorial ejerce jurisdicción esta Sala Regional.

Lo anterior, con fundamento en la normativa siguiente:

     Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución): artículos 41, Base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción VII.

     Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: artículos 186, fracción III, inciso e), y 195, párrafo primero, fracción XII.

     Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (Ley de Medios): artículos 4, párrafo 1, 94, apartado 1 inciso b); y

     Acuerdo INE/CG329/2017: Acuerdo del Consejo General del INE, por el que se aprueba el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.[1]

De los artículos que se citan se advierte que la Constitución estableció la competencia de este Tribunal Electoral para conocer de los conflictos o diferencias laborales entre el INE y sus servidores.

Además, el artículo 96, párrafo 1 de la Ley de Medios dispone que el servidor del INE que considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones laborales –como en el caso acontece–, podrá inconformarse mediante demanda que presente directamente ante la Sala competente del Tribunal Electoral.

Así, cuando una servidora del INE plantea una vulneración a sus derechos y los expone en una demanda de juicio laboral, sujeta a este Tribunal a emitir la sentencia que en derecho corresponda, toda vez que está en sus facultades conocer y resolver ese tipo de conflictos.

En este entendido, determinar sobre la existencia o no de un vínculo laboral, y en consecuencia de si es procedente el reconocimiento de antigüedad, puede formar parte de la controversia a resolver, pues de lo expuesto se advierte que el presente juicio tiene origen en una acción de carácter declarativa, ya que su objeto se dirige a la obtención del reconocimiento por parte de esta Sala Regional sobre la existencia de una relación laboral entre la trabajadora y el INE, así como de la antigüedad generada en consecuencia.

De ahí que nos encontremos en un supuesto que actualiza la competencia de este Tribunal Electoral, y en particular de esta Sala Regional.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. Se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia previstos en los artículos 94, 96 y 97 de la Ley de Medios, en los términos siguientes:

a) Forma: El juicio se presentó por escrito ante esta Sala Regional, haciéndose constar el nombre completo de la actora y su domicilio para oír y recibir notificaciones. En el ocurso se manifestaron las consideraciones de hecho y de derecho en que se funda la demanda; se mencionaron las prestaciones reclamadas; se ofrecieron pruebas, y se asentó la firma autógrafa de la promovente.

b) Oportunidad. En cuanto al reconocimiento de la relación laboral, en atención a que este presupuesto procesal está vinculado con el estudio de la procedencia de las prestaciones reclamadas, éste será analizado con las acciones y excepciones opuestas en el fondo del asunto.

Ello, en virtud de que el INE opone la excepción de caducidad, la cual también está relacionada con el fondo, pues primero se debe determinar si hubo o no interrupción en los contratos.

Aunado a que, el reconocimiento de antigüedad está sujeto a que en primer lugar se acredite el vínculo laboral.

c) Legitimación. El presente juicio fue promovido por una servidora público del INE, quien considera haber sido afectada en sus derechos y prestaciones laborales.

d) Definitividad. Se estima que no procede algún otro medio de impugnación que debiera agotarse antes de acudir al presente juicio; por tanto, la parte actora está en aptitud jurídica de promoverlo.

TERCERO.  Pretensiones y pruebas de la actora

En el escrito firmado por la actora, se exponen diversos puntos, los cuales, en esencia, versan sobre los aspectos siguientes:

Prestaciones demandadas:

-       El reconocimiento de la relación laboral, al desempeñarse como empleada supernumeraria de la 04 Junta Distrital Ejecutiva de ese Instituto, en el estado de Jalisco, en el cargo de Analista A; donde menciona que trabaja como Secretaria en la Vocalía del Secretario.

-       El reconocimiento de una relación laboral ininterrumpida por más de catorce años.

-       El otorgamiento de la base como empleada del INE, y el reconocimiento de que su nombramiento es de base, a partir del año dos mil seis.

-       Se le reconozca la antigüedad correspondiente, desde el uno de febrero de dos mil seis.

-         Hechos

La actora señala que el uno de febrero de dos mil seis ingresó a trabajar al INE, como Analista A.

Refiere que desde su ingreso al INE y hasta la fecha, su desempeño es como Secretaria en la Vocalía del Secretario, en la Junta Distrital número 04, delegación Jalisco, con sede en Zapopan.

Añade que siempre ha estado asignada a dicha vocalía del secretario en esa junta distrital electoral, bajo las órdenes del vocal secretario.

Manifiesta que en dicho puesto de Analista "A" sus actividades específicamente consisten en:

-       Mantener actualizada la agenda y directorios del área.

-       Recibir, registrar, separar y turnar la correspondencia de entrada y salida a fin de agilizar su atención y seguimiento.

-       Elaborar documentación diversa: oficios, reportes, notas, informes, formatos    diversos.

-       Apoyar en la elaboración y edición de presentaciones, conforme a las necesidades y respecto de la operación del área.

-       Seguimiento a las diversas actividades relacionadas con: sesiones de junta, subcomité y, en su caso, sesiones de consejo, reuniones de trabajo, control vehicular arrendado y del instituto: bitácoras de entrada y salida, servicios de mantenimiento y control de combustible.

-       Apoyar en la gestión de los trámites administrativos vinculados con el área de adscripción, tales como mensajería, fotocopiado, impresión, escaneo, enmicado y engargolado.

-       Conformación de expedientes de personal adscrito a la 04 Junta  Distrital.

-       Organizar y gestionar los archivos magnéticos y documentales para salvaguardar la información del área de adscripción.

-       Atender la línea telefónica del titular del área, así como recibir mensajes y canalizar las llamadas para su atención.

-       Recibir y atender a las personas que solicitan audiencia con el titular del área.

-       Apoyar en la integración de información y seguimiento de asuntos, tal como elaboración, inspección, control y aplicación de inventarios en mobiliario e insumos del área, equipo informático de la 04 Junta Distrital, vehículos oficiales propios y arrendados.

-       Recopilación, escaneo y remisión de informes de actividades del personal de honorarios permanente.              

-       Revisión de informes mensuales de las diferentes vocalías para su correcta integración al acta de la sesión correspondiente.

-       Elaboración de oficios y formatos varios para remisión de documentación y actividades mensuales a la Junta Local.

-       Control de archivo institucional.

-       Gestionar los trámites relativos a las comisiones y control de documentación relacionada con los viáticos del jefe inmediato.

-       Participación en los diferentes cursos de capacitación y actualización de los diferentes sistemas por medio del Campus Virtual y presenciales en Junta Local.

-       Recopilación de datos y registro en los formatos correspondientes para el cumplimiento correcto, envío y publicación de las obligaciones de Transparencia en la Plataforma.

-       Impresión, recolección de firmas y remisión de nóminas y contratos a la Junta Local Ejecutiva.

-       Apoyo en las diferentes áreas en cuanto a cargas excesivas o actividades extraordinarias de las mismas.

-       Apoyo en la tramitación de préstamos y prestaciones del personal.

-       Otras inherentes al puesto y que determina el jefe inmediato, de conformidad con lo que establece la normatividad vigente.

Expresa la actora que ha laborado de forma continua, y sin tener una suspensión o castigo, ni un acta administrativa por su desempeño. 

-         Agravios

Se inconforma de que durante los catorce años que ha laborado con el INE, de forma ininterrumpida, no se le reconozca la relación laboral y sólo se hayan firmado contratos temporales de dos meses, tres meses, seis meses, o un año.

Se queja de tener una relación de trabajo en su carácter de supernumeraria, pues las funciones que realiza también las efectúan otras   secretarias que tienen el mismo nombramiento que ella, el mismo sueldo y se les reconoce a ellas como trabajadoras de base, entonces considera que también se le debe considerar como trabajadora de base, máxime por los años que lleva laborados.

Aduce que existen diversos criterios jurisprudenciales en donde se establece que tiene derecho a las prestaciones laborales que está solicitando del INE, como organismo público descentralizado. Cita por ejemplo:

“TRABAJADORES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. SI COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE QUE SU RELACIÓN ES DE CARÁCTER LABORAL DEMANDAN SU RECONOCIMIENTO EN UNA PLAZA DE BASE O POR TIEMPO INDEFINIDO, PREVIAMENTE A DETERMINAR LA CLASE DE NOMBRAMIENTO QUE SE LES DEBE OTORGAR, ES NECESARIO EXAMINAR LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, LA SITUACIÓN REAL EN QUE SE ENCONTRABAN Y LA TEMPORALIDAD DE SU CONTRATACIÓN. De acuerdo con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 67/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 843, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO Y NO DE UN CONTRATO DE NATURALEZA CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO IMPLICA NECESARIAMENTE EL OTORGAMIENTO DE UN NOMBRAMIENTO DE BASE O POR TIEMPO INDEFINIDO."; la declaración judicial de la existencia de una relación laboral de los trabajadores al servicio del Estado y no de un contrato de naturaleza civil de prestación de servicios profesionales, no implica necesariamente el otorgamiento de un nombramiento de base o por tiempo indefinido, ya que previamente a tener por satisfecha la pretensión del trabajador en el sentido de que se reconozca que su plaza es de base o por tiempo indefinido, debe examinarse la naturaleza de sus funciones, la situación real en que se encontraban y la temporalidad del contrato, a fin de determinar los supuestos en que se ubican conforme a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en cuanto a las diferentes clases de nombramiento, que pueden ser: de confianza o de base y, en su caso, definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada; criterio que es aplicable a los trabajadores de organismos descentralizados, ya que como en los centralizados, opera el mismo principio, esto es, se encuentran sujetos al presupuesto público. Por ello, tratándose de los trabajadores de organismos descentralizados, a fin de determinar la clase de nombramiento que se les debe otorgar como consecuencia de la declaración judicial de que su relación es de carácter laboral, previamente deben examinarse la naturaleza de sus funciones, la situación real en que se encontraban y la temporalidad de sus contratos. [2]

Aduce que esta jurisprudencia nos indica que debe de haber una declaración judicial de que existe una relación de trabajo por parte de los trabajadores que están al servicio del Estado, y no un contrato civil como es su caso.

Menciona que en todo caso debe de establecerse que debe tener la misma estabilidad laboral que tienen sus demás compañeras que realizan dicha actividad de secretaria.

Agrega que la carga de la prueba le corresponde al INE. Cita para tal efecto la siguiente jurisprudencia:

“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. CUANDO EJERZAN LA ACCIÓN DE OTORGAMIENTO DE UN NOMBRAMIENTO DE BASE, CORRESPONDE A LA PARTE PATRONAL LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO CONTROVIERTA LA CALIDAD DEL PUESTO. La Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas no contempla reglas específicas sobre la carga de la prueba, por lo que con fundamento en su artículo noveno transitorio debe acudirse a la supletoriedad, primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y luego de la Federal del Trabajo, de la cual derivan reglas tutelares a favor de la clase trabajadora, específicamente en sus artículos 784, 804 y 805, que prevén que en todo caso el trabajador quedará eximido de la carga de la prueba cuando por otros medios se esté en posibilidad de descubrir la verdad sobre los hechos materia de la litis, entre otros supuestos, cuando haya controversia respecto del contrato individual de trabajo, que aplicado a la materia burocrática se refiere al nombramiento, el cual por disposición del artículo 11, fracción III, de la Ley burocrática local, debe contener el tipo de nombramiento -base, confianza o interino-. Por tanto, si dicho documento, conforme al indicado artículo 804, debe ser conservado y exhibido en juicio por el patrón, so pena de actualizarse la presunción contenida en el mencionado artículo 805, de tener por presuntivamente ciertos los hechos que con el mismo se pretendan acreditar, cuando el patrón controvierte la calidad del puesto desempeñado, le corresponda la carga probatoria, pues no existe justificación legal alguna para dividirla, dado que el hecho controvertido es la calidad de base o confianza del nombramiento.[3]

Refiere que esta tesis indica que tratándose de juicios laborales donde se demandan el pago de prestaciones de índole netamente laboral, la carga de la prueba le corresponde a la demandada, de demostrar que no es empleada que pueda ser considerada de base. Se sustenta además en la siguiente jurisprudencia:

“TRABAJADORES DE CONFIANZA DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE HIDALGO. SI LA PATRONAL NO ACREDITA QUE ÉSTOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY BUROCRÁTICA, DEBEN CONSIDERARSE DE BASE. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o., fracción V, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo, para la determinación de la categoría de trabajadores de confianza, en tratándose de Ayuntamientos, se establecen por disposición expresa de la ley dos sistemas: a) Los miembros de los cuerpos de seguridad y de policía preventiva municipal; delegados, subdelegados, alcaides y el secretario de la Presidencia Municipal; y b) Los empleados municipales que realicen funciones de dirección, fiscalización o vigilancia, siempre y cuando sean considerados como tales en el catálogo de puestos que formule cada presidente municipal. Ahora bien, debe tenerse presente que la carga probatoria para demostrar que un trabajador es de confianza corresponde a la patronal; por tanto, si ésta no acredita que aquél se encuentra en alguno de los dos supuestos del artículo y fracción citados, no puede tenerse por acreditada tal categoría, y el laudo que no lo establezca en estos términos es violatorio de garantías constitucionales, porque como se establece en el párrafo final del mencionado precepto, si los trabajadores no están incluidos en éste, deberán ser considerados de base”.[4]

-         Pruebas

A efecto de acreditar su dicho y sustentar su pretensión, la actora ofreció diversos medios de prueba, mismos que fueron admitidos y desahogados en la audiencia de conciliación, admisión, desahogo de pruebas y alegatos. Tales elementos de convicción son los siguientes:

a) Documental. Recibos de nómina.

Señala que esta prueba tiene relación con la totalidad de los puntos de antecedentes de su demanda.

b) Documental.   Contrato de prestación de servicios bajo el régimen de honorarios permanentes.

Indica que esta prueba tiene relación con la totalidad de los puntos de antecedentes de su demanda.

c) Inspección judicial. Consistente en la inspección que deberá realizar el personal de este Tribunal en el sentido de trasladarse al domicilio en donde se encuentra su expediente personal administrativo como trabajadora del INE, delegación Jalisco,  específicamente en la Junta Distrital 04 con sede en Zapopan, Jalisco, en las oficinas que ocupa la Junta Local Electoral del INE con sede en Isabel la Católica, #89, Colonia Vallarta Norte en Guadalajara, Jalisco, en el área de recursos humanos en donde se deberá inspeccionar su expediente personal como empleada del INE y en donde se verificarán los puntos siguientes:

I.                    Su fecha de ingreso como empleada del INE.

II.                 El puesto que tiene desde que fue contratada.

III.              El lugar de trabajo que se le asignó al momento de ingresar a trabajar al INE.

IV.             Si su puesto ha sufrido algún cambio en su denominación.

V.                Si ha dejado de trabajar en el INE desde su fecha de ingreso o tenido lapsos en donde no haya laborado desde su fecha de ingreso a la actualidad.

VI.             Si continúa siendo empleada del INE y bajo la figura jurídica que está contratada, si de base o supernumeraria o temporal.

Agregó que se obligaba a proporcionar todos los elementos necesarios para el desahogo de esta probanza, debiéndose de señalar fecha y hora para esta prueba.

Asimismo indicó que esta prueba era indispensable para demostrar la continuidad de su trabajo ante la demandada, así como el hecho de que nunca ha dejado de laborar para el mismo; así como para demostrar todos y cada uno de los puntos narrados en su escrito de demanda, en especial en el capítulo de prestaciones y el de antecedentes.

d)  Instrumental de actuaciones. Consistente en todas las actuaciones que dentro del presente juicio obren y que tiendan a favorecer a sus intereses. Indicó que esta prueba tenía relación con los antecedentes de su demanda.

e) Presuncional legal y humana. Consistente en todas las deducciones legales, lógicas y humanas que de actuaciones del presente juicio se desprendan y que tiendan a favorecer a sus intereses. Señaló que esta prueba tiene relación con la totalidad de los puntos de antecedentes que componen su demanda.

        Objeciones del INE a las pruebas de la actora.

De forma general, en la contestación a la demanda, la parte demandada solicita sean desechadas la totalidad de las pruebas que la actora aportó al presente juicio, toda vez que a su consideración, no fueron ofrecidas conforme a derecho.

Asimismo, señaló que para el caso de que esta autoridad determinara admitirlas, las mismas se objetaban en cuanto al alcance, pertinencia y valor probatorio que su oferente pretende atribuirles y, de manera particular se objetaban en los siguientes términos:

1. Los recibos de nómina, los objetaba en cuanto a su autenticidad de contenido respecto de las supuestas firmas que obraban en dicho documento, aunado al hecho de que las exhibió en copia simple, sin que ofrezca el medio idóneo para su perfeccionamiento, por tanto, aduce que dicha probanza no hace prueba plena, y que servía de base lo dispuesto en el criterio jurisprudencial de rubro: “COPIAS SIMPLES. CUANDO SON OFRECIDAS COMO PRUEBA POR EL TRABAJADOR ACTOR EN UN JUICIO LABORAL Y SE AFIRMA QUE LOS ORIGINALES FUERON EXPEDIDOS POR SU CONTRAPARTE (PATRONAL), SIN QUE ÉSTA NIEGUE ESE HECHO AL OBJETARLOS DE MANERA GENÉRICA, ELLO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA EVASIVA QUE PERMITE CONCEDER A DICHAS COPIAS EL VALOR QUE RESULTE PROCEDENTE, INCLUSO PLENO”.

2. El contrato de prestación de servicios del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.  Lo objetó en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende atribuirle su oferente, pues dicha prueba en vez de beneficiarle le perjudica, ya que con dicho medio probatorio se acredita el régimen civil que sostiene actualmente la actora con el INE.

De ahí, que a su decir, resulta improcedente el juicio laboral, en razón de que a la fecha no existe un acto de naturaleza positiva, una determinación concreta que afecte o restrinja los derechos de la promovente.

3. La inspección judicial del expediente personal de la actora, solicita su desechamiento en términos de lo dispuesto en el artículo 778, por no encontrarse conforme a derecho.

Agregó que en caso de que este órgano jurisdiccional determine su procedencia, en términos del artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, se solicita su desechamiento al resultar intrascendente su desahogo, en virtud de que el INE ofrece como medio de prueba en el presente juicio dicha documental.

4. La instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana, deberán ser analizadas favoreciendo al INE, ya que de las mismas se acredita la validez de los contratos de prestación de servicios, y con ello, la improcedencia del reconocimiento de la relación laboral, así como de la basificación del supuesto cargo de secretaria supernumeraria y, el entero de las cuotas y aportaciones al ISSSTE por el periodo comprendido del quince de enero de dos mil seis a la fecha.

        Determinaciones de la Magistrada Instructora en la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, en relación con la admisión de las pruebas de la actora.

I.                   Se tienen por hechas las manifestaciones de las partes y serán valoradas en el momento procesal oportuno.

II.                 En cuanto a las pruebas ofrecidas y aportadas por la actora:

a) Respecto a las documentales consistentes en los recibos de nómina, toda vez que el INE los objeta en cuanto a su autenticidad de contenido respecto de las firmas que obran en dicho documento,  y aduce que no se ofreció el medio idóneo para su perfeccionamiento respecto de los recibos que obran en copia simple; con fundamento en el artículo 784, fracciones IX, X, XI y XII, de la Ley Federal del Trabajo -de aplicación supletoria-, el cual establece que el Tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto a petición del trabajador o de considerarlo necesario requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador; y que en todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:

IX.  Pagos de días de descanso y obligatorios, así como del aguinaldo;

X.  Disfrute y pago de las vacaciones;

XI.  Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad;

XII.  Monto y pago del salario.

Se requirió a la parte demandada para que remitiera a esta Sala Regional los recibos de nómina, o de pago de honorarios, -cualquiera que sea la denominación que le haya dado- los cuales se hayan generado con motivo de la relación jurídica establecida entre la actora y el INE; bajo el apercibimiento ya señalado.

b) En torno a la prueba documental consistente en el contrato de prestación de servicios, la cual no fue objetada respecto a su autenticidad y contenido, y que se ofreció y aportó por la parte actora en su demanda, se determina admitirla y tenerla por desahogada por su propia naturaleza, con fundamento en los artículos 95, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios y 776, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.

c) En cuanto a la prueba consistente en la inspección judicial del expediente personal de la actora, toda vez que, en principio, la inspección se pretende sobre documentos, se reconduce la naturaleza de la prueba y se admite como prueba documental.

Asimismo, en virtud de que el expediente personal de la actora ya fue aportado por el INE en copia certificada, se determina admitirla y tenerla por desahogada por su propia naturaleza, con fundamento en los artículos 95, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios y 776, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.

d) Se admiten las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana ofrecidas por la actora, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza al momento de resolver, con fundamento en los artículos 95, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios y 776, fracciones VI y VII y 830 a 836 de la Ley Federal del Trabajo.

CUARTO. Contestación a la demanda. Pruebas ofrecidas por el INE.

A) Improcedencia del juicio

Refiere que el juicio resulta improcedente, pues de conformidad con el articulo 96 de la Ley de Medios, el juicio laboral será procedente cuando el servidor del INE hubiese sido sancionado o destituido de su cargo, o bien, cuando considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones laborales.

En ese sentido, manifiesta que la situación jurídica de la actora no se ubica en la hipótesis normativa para la procedencia del juicio laboral consistente en haber sido sancionada o destituida de su cargo, toda vez que la relación contractual entre la promovente y el INE es de naturaleza civil, la cual se pactó a través de diversos contratos de prestación de servicios sujetos al pago de honorarios, encontrándose vigente el último de ellos, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por lo que no existe sanción o destitución respecto de la cual se pueda presumir la procedencia del juicio laboral.

Asimismo, por cuanto hace a la segunda hipótesis prevista en ese artículo, respecto a que el trabajador haya sido afectado en sus derechos y prestaciones laborales, lo cual en el caso que nos ocupa no acontece, en virtud de  que, como ya se ha señalado, la relación contractual que existe entre las partes se encuentra regulada bajo la legislación civil mediante la celebración de contratos de prestación de servicios sujetos, y en la cual, se han respetado la totalidad de los derechos de la accionante acorde a la naturaleza de su contratación.

Se afirma lo anterior, ya que durante los periodos en los cuales la promovente ha prestado sus servicios para el INE, se le han pagado los honorarios y las gratificaciones de fin de año pactados en cada uno de los instrumentos contractuales celebrados con el INE.

De ahí que, conforme a la naturaleza de su contratación, no existe afectación alguna a los derechos laborales de la promovente.

Por otro lado, por cuanto hace a lo dispuesto en el artículo 96 de la ley en comento, el cual dispone que deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se notifique al servidor la determinación del Instituto.

Señala que ha sido criterio de este Tribunal (SM-JLI-2/2020) que para la presentación de dicho medio de impugnación, es indispensable la existencia de un acto de naturaleza positiva, es decir, una determinación concreta que afecte o restrinja los derechos del personal del Instituto.

Consideran que resulta falso el supuesto acto impugnado por la promovente, consistente en la negativa del reconocimiento de la relación laboral con el INE, ya que de autos no existe elemento probatorio alguno con el cual acredite la supuesta relación laboral que aduce.

Agrega, que lo anterior es así porque el promovente ha suscrito con el INE diversos contratos de carácter civil, siendo el último de ellos el que se encuentra vigente por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.

B) En cuanto a la naturaleza del vínculo jurídico y al reconocimiento de la relación laboral

En su contestación, argumenta la demandada que es improcedente el reconocimiento de la relación laboral, toda vez que el vínculo jurídico que existió con el INE fue de naturaleza civil, mediante la celebración de diversos contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado, sujetos al pago de honorarios.

Refiere que los artículos 5, 7, fracción II, 395 y 396 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, esencialmente contemplan la siguiente clasificación:

a) Personal del Instituto, que se compone de los miembros del servicio profesional electoral nacional y personal de la rama administrativa; ambos contarán con una plaza presupuestal y reciben como contraprestación principal un salario.

b) Prestadores de servicios, de conformidad con la suscripción de un contrato en términos de la legislación civil federal, quienes reciben como contraprestación honorarios.

Indica los periodos en los cuales prestó sus servicios la actora al INE, en la tabla siguiente:

Agrega que como Analista A, coadyuvó en las siguientes actividades: implementar en los tiempos de ejecución en los trabajos asignados a su área, recibe documentación del operativo de campo y elabora reportes semanales.

Resaltan que durante los siguientes periodos no existió entre la actora y el Instituto ningún tipo de relación jurídica:

- Del uno de febrero al treinta de junio de dos mil diez.

- Del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.

- Del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince.

- Del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

Aduce que la promovente aún se encuentra prestando sus servicios al INE, bajo el régimen civil.

Añade que la actora fue contratada como prestadora de servicios, por tanto no desempeñó cargo o puesto de estructura, plaza presupuestal, ni formó parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, ni de la Rama Administrativa, tampoco se recibieron sus servicios en jornadas ordinarias o extraordinarias, y nunca estuvo subordinada a su representado, toda vez que autoadministraba sus tiempos.

Señala que la promovente fue contratada en distintos periodos interrumpidos, para prestar sus servicios de manera eventual bajo el régimen de honorarios, de ahí que, deban acatarse íntegramente las disposiciones que regulan la relación jurídica entre las partes, en el sentido de que en la ejecución del objeto de su contratación jamás ha estado subordinada o sujeto de instrucciones directas respecto de funcionarios de mando de este órgano electoral, que pudieran presumir la existencia de la relación de naturaleza diversa a la civil.

En consecuencia, aduce que el personal de honorarios queda excluido del régimen laboral, resultando aplicable la jurisprudencia de rubro: “PERSONAL TEMPORAL, SU RELACIÓN CON EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, SE RIGE POR LA LEGISLACIÓN CIVIL”.              

Agrega que, como se deriva de dichos contratos, cada uno de ellos tenía una vigencia determinada, misma que conoció y aceptó al suscribirlos, recibiendo como contraprestación el pago de honorarios.

Puntualiza que no basta la simple afirmación para tener por configurada una relación de trabajo, pues la simple prestación de servicios no constituye una relación laboral, ya que los instrumentos que dieron origen al vínculo jurídico que existió entre las partes del quince de enero de dos mil seis a la fecha, de manera interrumpida, fueron diversos a los lineamientos aplicables al personal de estructura.

En ese sentido, considera que los elementos pactados en los referidos contratos de prestación de servicios han sido cumplidos en su totalidad, ya que:

a)    La actora fue contratada bajo el régimen de honorarios, por tiempo determinado.

b)    A la actora le fueron cubiertos en su totalidad el pago de los honorarios pactados.

c)     Los contratos de prestación de servicios firmados por ambas partes se rigen por la legislación civil.

d)    La vigencia de los contratos no excedió del año fiscal en que fueron celebrados, por lo tanto, al concluir la vigencia de cada contratos se llevó a cabo uno nuevo derivado de las funciones propias a realizar por parte de la prestadora de servicios, sin que ello pueda considerarse como una función permanente e interrumpida en la prestación de servicios.

Por tanto, la contratación de la promovente como prestadora de servicios se ha llevado a cabo en términos de lo dispuesto por el artículo 203, párrafo 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos 395 a 399 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa y artículos 551 a 556 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE, los cuales lo facultan a celebrar contratos de prestación de servicios sin que dicha vigencia exceda de un ejercicio fiscal.

De ahí que, desde su perspectiva, deben acatarse íntegramente las disposiciones que regulan la relación jurídica de las partes, en el sentido de que la actora en su contratación como prestadora de servicios, no se le impuso un horario para cumplir con las actividades para las cuales fue contratada, lo cual pudiera presumir la existencia de relación de naturaleza diversa a la civil.

Hace notar que dada la naturaleza civil de la contratación de la promovente, autoadministraba sus tiempos, tomaba decisiones, supervisaba y ejecutaba sus funciones conforme a su criterio.

Añaden que las actividades que debía realizar estaban debidamente descritas en los diversos contratos de prestación de servicios de servicios, y, por tanto, la prestadora de servicios determinaba el tiempo necesario para dar cumplimiento a las mismas, tan es así, que no se fijó un horario en dichos instrumentos contractuales.

En consecuencia, se niega lisa y llanamente la relación laboral y de cualquier naturaleza con la accionante de los periodos señalados en el apartado de antecedentes como interrupciones, por lo que en todo caso y sin consentir, corresponde a la promovente acreditar la prestación de servicios durante dichos lapsos.

En tal virtud, y toda vez que en el apartado de antecedentes ha quedado evidenciado que la accionante dejó de prestar sus servicios para el INE en determinados periodos, resulta improcedente su reclamo de reconocimiento de la relación laboral con el INE a partir de 2006.

Señalan los periodos en los que no existió algún tipo de relación jurídica con la actora y que, por ende, se niega lisa y llanamente la relación laboral o de cualquier naturaleza con la enjuiciante:

Citan como criterio orientador la jurisprudencia que se transcribe a continuación:

“RELACIÓN LABORAL. DEBE ACREDITARLA  EL TRABAJADOR CUANDO LA NIEGA EL PATRÓN. Cuando la parte patronal al contestar la demanda niega lisa y llanamente la relación de trabajo, tal negativa es suficiente para revertir la carga de la prueba sobre la existencia de la relación laboral al trabajador supuesto que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo no lo exime de tal carga probatoria, y de que es un principio de derecho que quien niega no está obligado a probar sino el que afirma.”[5]

        excepción de caducidad.

Aunado a lo anterior, manifiesta que sin consentir en derecho alguno a favor de la actora, con fundamento en el artículo 96 de la Ley de Medios, se hace valer la excepción de caducidad, ya que el accionante contaba con el término de quince días hábiles a partir del vencimiento de la vigencia de cada instrumento contractual celebrado con el INE para demandar el supuesto reconocimiento de la relación que afirma sostuvo con el Instituto por el periodo que ampara cada uno de ellos, lo cual refleja en la tabla siguiente:

Lo anterior, toda vez que la promovente pretende el reconocimiento ininterrumpido de una relación laboral, a partir del primer vínculo laboral, lo cual jurídicamente no es procedente, debido a que, al romperse el nexo inicial, con diversos reingresos, comenzó uno nuevo y, por tanto, se tratan de relaciones laborales y contractuales diferentes.

Derivado de lo anterior, al carecer la actora de la calidad de trabajadora del INE, no le asiste acción y derecho para demandar el reconocimiento de la relación laboral del quince de enero de dos mil seis a la fecha.

Por otro lado, ad cautelam, sin conceder derecho alguno en favor de la accionante, en caso de que esta Sala estimara la existencia de una relación laboral enter las partes, consideran que se deberá tomar en cuenta únicamente el periodo comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete a la fecha, por ser ésta la última en que la promovente ha prestado sus servicios de manera ininterrumpida.

        improcedencia de la basificación

En relación al reclamo de la promovente relativa a la declaración del supuesto cargo como secretaria supernumeraria y la basificación del mismo, se opone la excepción de improcedencia, porque en primer lugar, no existe el cargo aludido.

Y, por otro lado, de conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, base V, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución y las disposiciones de la Ley Electoral, el Estatuto rige las relaciones de trabajo con las y los servidores del organismo.

El Apartado D del citado artículo constitucional establece que el INE regulará la organización y funcionamiento del Servicio Profesional, el cual comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina de sus servidoras y servidores públicos adscritos a los órganos ejecutivos y técnicos.

Por su parte, el artículo 123 de la Constitución establece dos rubros para distinguir a las y los trabajadores, a saber:

          Los del Apartado “A” dirigido a regular las relaciones laborales entre obreros y obreras, jornaleros y jornaleras, empleados y empleadas domésticas, artesanos y artesanas, universitarios y universitarias, y de una manera general, a toda persona que preste un servicio a otra en el campo de la producción económica; y,

          Los del Apartado “B”; que rige las relaciones de trabajo entre el Estado y sus servidores y servidoras, es decir, entre los Poderes de la Unión y el Gobierno de la Ciudad de México con sus trabajadores y trabajadoras, excepto aquellos que por su naturaleza son regidos por leyes especiales; en este último supuesto están las controversias laborales suscitadas entre los Poderes de la Unión y el Gobierno de la Ciudad de México, por una parte, y sus servidores por la otra, así como entre los servidores del Poder Judicial Federal, que son resueltos, respectivamente por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como por el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus respectivos ámbitos de competencia.

De la normativa citada es posible advertir que el legislador estableció un régimen laboral especial en el INE, previendo una reserva legal para que las relaciones de trabajo de dicho Instituto y sus servidoras y servidores públicos sean conducidas de conformidad con la Ley Electoral y el Estatuto que con base en ella apruebe su Consejo General del INE.

Conforme al marco normativo descrito, advierte que las y los servidores del INE están sujetos a un régimen laboral de carácter especial y complejo, por mandato constitucional y legal, toda vez que les son aplicables condiciones de trabajo particulares, distintas de las que imperan para el común de las y los trabajadores al servicio del Estado y a la vez, le es reconocida de manera excepcional, una categoría prevista en la Constitución para las y los trabajadores del Estado.

Lo anterior pone de manifiesto el régimen laboral específico para las y los servidores del INE, tanto en lo relativo al orden sustantivo como adjetivo, toda vez que, por un lado, previó que las condiciones de trabajo (derecho sustantivo) de quienes trabajen en el INE estarían regidas por la Ley Electoral y el Estatuto y, por el otro, en las disposiciones de naturaleza procesal (derecho adjetivo), tendientes a la solución de conflictos o diferencias entre esa autoridad y sus servidores y servidoras, el propio texto constitucional previó la competencia de un órgano especializado (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), sujeto a las normas contenidas en la ley de la materia.

Adicionalmente a ello, conforme al artículo 30 párrafos 3 y 4, así como 206 párrafos 1, 3 y 4 de la Ley Electoral, todo el personal del INE será considerado de confianza, en términos de lo establecido en el artículo 123 Apartado B fracción XIV de la Constitución.

En tal virtud, el régimen jurídico que rige las relaciones laborales o contractuales de las y los servidores electorales del INE es de carácter complejo, puesto que, aunado a las disposiciones específicas ya señaladas, debe considerarse que de manera excepcional les es aplicable el régimen genérico previsto para las y los servidores públicos de confianza, en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 citado.

Así lo ha considerado la Sala Superior, en diversas resoluciones que permitieron la integración de la jurisprudencia 16/98 de rubro RELACIONES DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. DIPOSICIONES QUE LAS RIGEN[6], la cual sostiene que de un análisis correlacionado de diversas disposiciones constitucionales, estatutarias y legales, debe concluirse que las relaciones de trabajo entre el otrora Instituto Federal Electoral (actual INE) y sus servidores y servidoras no están regidas directamente por ninguno de los apartados del artículo 123 de la Constitución, por existir una Base específica en el artículo 41 de la Constitución, en el sentido de que las disposiciones de la Ley Electoral y del Estatuto, regirán las relaciones de trabajo del INE.

Cabe señalar, que a este régimen especial lo fortalece lo previsto en el artículo 95 de la Ley de Medios, en el sentido de que en todo aquello que no contravenga al régimen laboral previsto en la Ley Electoral y en el Estatuto, son aplicables en forma supletoria las normas establecidas en la Ley de los Trabajadores del Estado; la Ley del Trabajo; el Código Federal de Procedimientos Civiles; las leyes del orden común; los principios generales del derecho, y la equidad.

De esta manera, los derechos y obligaciones de las y los servidores del INE, tanto en su vertiente sustantiva como adjetiva, deben analizarse al tenor de lo dispuesto en ese régimen laboral específico establecido en congruencia con el mandato constitucional y estatutario.

Adicionalmente, el artículo 203 párrafo 1 inciso g) de la Ley Electoral dispone que el Estatuto deberá establecer, entre otras, las normas para la “contratación de prestadores [y prestadoras] de servicios profesionales para programas específicos y la realización de actividades eventuales”, entendiéndose aquellas personas que son contratadas por obra o tiempo determinado, regidos por las normas de carácter civil, en conformidad con lo previsto por la jurisprudencia 15/97 de la Sala Superior de rubro PERSONAL TEMPORAL. SU RELACIÓN CON EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, SE RIGE POR LA LEGISLACIÓN CIVIL[7].

En el contexto normativo descrito, el artículo 5 del Estatuto[8] distingue los siguientes tipos de servidores y servidoras del INE:

a.       Miembros del Servicio Profesional. Son las personas que hayan obtenido su nombramiento en una plaza presupuestal y presten sus servicios de manera exclusiva, en un cargo o puesto del Servicio Profesional Electoral, en términos del propio Estatuto;

b.      Personal administrativo. Son las personas físicas que, habiendo obtenido su nombramiento en una plaza presupuestal, presten sus servicios de manera regular y realicen actividades que no sean exclusivas de los miembros del Servicio;

c.       Personal del INE. Quienes integren el Servicio Profesional Electoral y personal administrativo del INE;

d.      Personal auxiliar. La persona física que presta sus servicios al Instituto para participar en los procesos electorales o bien en programas o proyectos institucionales inherentes al mismo, de conformidad con la suscripción de un contrato en términos de la legislación civil federal.

e.       Prestadores de servicios. Son quienes prestan servicios al INE, para participar en los programas o proyectos institucionales de índole administrativa, de conformidad con la suscripción de un contrato en términos de la legislación civil federal.

El régimen contractual de este último tipo de relaciones (personal auxiliar y de prestadores de servicios), está previsto en los artículos 400 a 404 del Estatuto, bajo el régimen de honorarios, en términos de la legislación civil federal, indicándose entre otras cuestiones, los datos y elementos mínimos que deben contener los contratos de prestación de servicios, así como las causas de terminación o rescisión.

En esos términos, es válido afirmar que el INE está facultado para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales o bien, contratar los servicios de personas físicas de manera eventual, regidos por la legislación civil federal, para que desempeñen actividades temporales que contribuyan a la realización de las funciones que el INE tiene encomendadas.

Lo anterior, porque es la propia Constitución la que permite que el INE regule las relaciones contractuales de las personas que presten sus servicios con carácter auxiliar, y de esta forma se contrataría en actividades que no son de carácter permanente y que no forman parte del  servicio profesional o de la rama administrativa de estructura, esto es, que desempeñan sus actividades bajo el régimen de honorarios o de prestación de servicios regulado por la legislación civil.

Así, es claro que esta modalidad de contratación de servicios permite al INE atender las tareas eventuales o extraordinarias, sin necesidad de ensanchar innecesariamente su estructura ocupacional, pues quien acepta la prestación de un servicio bajo este régimen contractual, lo hace en el goce de su derecho a la libertad de contratación para prestar sus servicios de forma temporal o eventual, lo cual lo distingue de las relaciones ordinarias de trabajo, al tener una naturaleza distinta.

En tal caso, no podrán adquirir el derecho a la estabilidad en el empleo, aun cuando en dicha plaza acumulen más de seis meses ininterrumpidos, aceptar lo contrario, implicaría desconocer la naturaleza de la plaza respectiva, lo que provocaría que el Estado tuviera queé crear, de manera oridinaria, plazas permanentes, situación que debe estar sujeta a la disponibilidad presupuestal.

No obstante, para el caso de que el tribunal determine variar la naturaleza de la relación civil y estableciera que es laboral, no es procedente la basificación, en virtud de que todos los trabajadores del INE son de confianza y que sólo tienen los derechos de protección al salario y de seguridad social, no así el derecho a la estabilidad de empleo, por lo que no tienen derecho a reclamar reinstalación.

Lo anterior es así, en virtud de que el legislador federal otorgó el carácter de confianza a todo el personal que labora en el INE, a fin de preservar la imparcialidad, especialización y obetividad en el ejericico de sus atribuciones, al recaer en este organismo la obligación de velar por la imparcialidad en la organización de las elecciones, cuyas atribuciones consisten en llevar a cabo las actividades que integran el desarrollo del proceso electoral.[9]

En efecto, el determinar que la totalidad de los servidores del INE fueran considerados de confianza, obedece a la importancia que para el Estado conlleva la función de este instituto, de tal manera que todo trabajador debe velar necesariamente, por los intereses institucionales independientemente de intereses personales, de ahí la necesidad de que sus servidores tuvieran la calidad de trabajadores de confianza.

Orienta lo antes expuesto los siguientes criterios:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ESTÁN LIMITADOS SUS DERECHOS LABORALES EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL."

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LA LEY REGLAMENTARIA QUE LOS EXCLUYE DE LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE BASE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.

Lo anterior, es acorde con lo establecido en la jurisprudencia 21/2014 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RESULTA COHERENTE CON EL NUEVO MODELO DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS".

Lo anterior en términos de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente:

ANTIGÜEDAD. ES IMPROCEDENTE SU RECONOCIMIENTO "DESDE QUE INICIÓ LA RELACIÓN DE TRABAJO", SI QUEDÓ PROBADO O EL TRABAJADOR ACEPTÓ QUE DEJÓ DE LABORAR POR CIERTO PERIODO PARA EL PATRÓN, AL TRATARSE DE DOS RELACIONES LABORALES DIFERENTES. Si quedó probado o el trabajador aceptó que dejó de laborar por cierto periodo para un patrón, pero reclamó el reconocimiento de su antigüedad "desde que inició la relación de trabajo", puede entenderse que al utilizar la preposición "desde" pretendió el reconocimiento ininterrumpido de aquélla, es decir, a partir del primer vínculo laboral, lo que es improcedente, debido a que al romperse el nexo inicial, con el reingreso comenzó uno nuevo, esto es, se trata de dos relaciones de trabajo diferentes. No obstante, este criterio es inaplicable a las cotizaciones de seguridad social que regula la ley o si existe disposición en contrario en las condiciones generales o algún contrato de trabajo (colectivo o individual).

Se niega acción y derecho a la actora para reclamar la prestación que se contesta, en virtud de que, como ya se ha señalado, la promovente ha prestado sus servicios a favor del Instituto, mediante la celebración de contratos de prestación de servicios regulados por la legislación civil, del periodo comprendido del 15 de enero de 2006 a la fecha de manera interrumpida.

Siendo ajena dicha situación a la alta al régimen de seguridad social de la promovente, en términos de lo dispuesto por el artículo 398 del Estatuto y 547 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos  Humanos  (Manual), en relación con el transitorio Cuadragésimo Tercero de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en virtud del cual se realizó el pago de seguridad social, a partir del 1 de enero de 2008 (cuotas continuas a la fecha), conforme a derecho, tal como se acredita con el expediente electrónico de la actora registrado en el Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos (SINAVID).

Los hechos narrados por la actora en su escrito de demanda son falsos y se niegan para efectos procesales, lo cierto es lo expresado en la presente contestación, que para evitar inútiles repeticiones solicito se tengan por insertas en especial lo relativo a que la actora sostuvo con mi representado contratos de prestación de carácter civil, de manera de interrumpida.

        excepciones y defensas.

1.  la de improcedencia de la vía para promover el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del instituto nacional electoral, en virtud de que la actora no ha sido sancionada, ni destituida, ya que el contrato de prestación de servicios de naturaleza civil que existe entre las partes se encuentra vigente.

2.  la de improcedencia de la vía para promover el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del instituto nacional electoral, en virtud de que a la promovente se le han respetado la totalidad de sus derechos acorde a la m naturaleza civil de su contratación y, por tanto, no existe afectación a sus derechos pactados en los contratos de prestación de servicios celebrados con mi mandante de manera interrumpida, respecto de los cuales pudiera inconformarse.

3.  la de improcedencia de la acción y falta de derecho de la actora, para reclamar el reconocimiento de relación laboral con este Instituto a toda vez que el accionante ha prestado sus servicios para mi representado mediante la celebración de contratos de prestación de servicios regulados por la legislación civil 15 de enero de 2006 a la fecha de manera interrumpida, de manera interrumpida.

4.  la de caducidad, misma que se hace valer, con fundamento en el artículo 96, párrafo 1, de la Ley General de Medios, en virtud de que la accionante contaba con lapso de 15 días hábiles, a partir del vencimiento de la vigencia de cada instrumento contractual celebrado con mi representado, para demandar el reconocimiento de la relación por el periodo que ampara cada uno de ellos, tal como advirtió en el numeral 1 de este escrito de contestación.

5.  la de improcedencia de la acción y falta de derecho del actora, para reclamar el reconocimiento del supuesto cargo como secretaria supernumeraria, así como la declaración de basificación de la relación jurídica sostenida con el INE; en virtud de la potestad del INE para regular las relaciones de trabajo con su personal.

En el caso que nos ocupa, como ya se ha indicado la actora sostiene actualmente el INE vínculo de carácter civil a través de la suscripción de contrato de prestación de servicios, cuya vigencia es del 1 de enero al 31 de diciembre de dos mil veinte.

6.  la de improcedencia de la acción y falta de derecho de la actora, para reclamar el pago de cuotas y aportaciones ante el ISSSTE a partir del periodo comprendido del 15 de enero de 2006 a la fecha, toda vez que mi representado dio de alta a la actora ante dicho Instituto de seguridad social una vez que tuvo derecho a ello en términos del Artículo Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Ley del ISSSTE.

7.  improcedencia de basificación, en virtud de los argumentos manifestados en el apartado B del numeral 111 de la contestación.

8.  las demás que se desprendan de la contestación.

        pruebas

A fin de acreditar los razonamientos lógico-jurídicos, la parte demandada ofreció diversos elementos de prueba:

En su escrito de contestación, así como en la promoción recibida en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el once de diciembre de dos mil veinte, en alcance a la contestación, la parte demandada ofreció los siguientes medios de convicción:

a)  La confesional a cargo de Gabriela de los Ángeles López Vargas, al tenor de las posiciones que se le formularán el día y hora que se señale para tal efecto.

En la reanudación de la audiencia, el diez de febrero, la demandada se desistió de esta prueba.

b)  La documental consistente en copia certificada del expediente personal de la actora. Aduce que esta prueba se relaciona con todo lo hecho valer en la contestación, principalmente, que la actora fue contratada a través de la celebración de diversos contratos de prestación de servicios eventuales sujetos al régimen de honorarios, regulados bajo la legislación civil, por el periodo comprendido del quince de enero de dos mil seis a la fecha, por lo que, a su decir, no le asiste acción ni derecho para reclamar prestaciones de carácter laboral que reclama, ni la basificación del supuesto cargo de secretaria supernumeraria.

c)  Las documentales, consistentes en copia certificada de los contratos de prestación de servicios eventuales celebrados entre la actora y el INE, que se enlistan en la siguiente tabla:

Indica que esta prueba se relaciona con todo lo manifestado en la contestación, con las excepciones y defensas, y en especial se ofrece para acreditar que el Instituto efectuó los pagos de seguridad social y que se realizaron en distintos periodos, a partir del uno de enero de dos mil ocho, en términos del transitorio cuadragésimo tercero de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

d) Para el caso de que fueren objetadas por su contraparte en cuanto a su autenticidad de contenido y firma las documentales señaladas en el inciso previo, ofrece como medio de perfeccionamiento la ratificación de contenido y firma a cargo de Gabriela de los Ángeles López Vargas, con relación a dichos documentos que obren en originales, debiendo señalar día y hora para su desahogo. 

e)  Instrumental pública de actuaciones. Consistente en todo lo actuado y por actuar en el expediente, en aquello que beneficie los intereses del INE, de manera especial el escrito de contestación de demanda, y las pruebas que se ofrecen en este apartado.

f)    Presuncional legal y humana. Consistente en las inferencias lógico-jurídicas que realice la Sala regional de los hechos conocidos para averiguar la verdad de los desconocidos, en lo que beneficie a los intereses del INE y en especial el hecho de que el vínculo jurídico de la actora con el INE por el periodo del quince de enero de dos mil seis a la fecha es de carácter civil, por lo que no le asiste acción, ni derecho para reclamar prestaciones de carácter laboral, ni la basificación del supuesto cargo de secretaria supernumeraria.

        Objeciones de la actora a las pruebas del INE

En su escrito de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, la actora objeta en cuanto a su admisión, valor probatorio y contenido las pruebas que ofertó el INE, pues considera que carecen de validez y no están bien relacionadas, por lo que no deberían tener valor alguno al momento de dictarse la resolución correspondiente.

        Determinaciones de la Magistrada Instructora en la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, en relación con la admisión de las pruebas de la actora.

Respecto de las pruebas ofrecidas y aportadas por la demandada:

a)    Las pruebas documentales ofrecidas y aportadas por la parte demandada, consistentes en las copias certificadas de los contratos de prestación de servicios y el expediente personal de la actora, se determina admitirlas y tenerlas por desahogadas por su propia naturaleza, con fundamento en los artículos 95, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios y 776, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.

Ello, no obstante las objeciones realizadas por la parte actora, toda vez que de dicha objeción no se aprecia que se aduzca la falsedad de dichos documentos.

b)    Respecto de la prueba consistente en la ratificación de contenido y firma a cargo de Gabriela de los Ángeles López Vargas, toda vez que su ofrecimiento estaba condicionado a que las documentales consistentes en los contratos de prestación de servicios fueran objetados en cuanto a su autenticidad y contenido, lo cual no aconteció, se determina que no ha lugar a admitirla.

c)    Se admiten las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza al momento de resolver, con fundamento en los artículos 95, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios y 776, fracciones VI y VII y 830 a 836 de la Ley Federal del Trabajo.

d)    Con relación a la confesional ofrecida por la parte demandada a cargo de la actora, se admitió. Sin embargo, cabe destacar que la demandada se desistió de dicha prueba en la reanudación de la audiencia, el diez de febrero pasado.

QUINTO. Pruebas presentadas por el INE en virtud del requerimiento formulado en la audiencia, el trece de enero de dos mil veintiuno.

Derivado del requerimiento que le fue formulado al INE en la la audiencia de trece de enero pasado, presentó recibos de pago de nómina y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) expedidos en favor de la actora, que comprenden los siguientes años:

Al respecto, en la audiencia la parte actora por conducto de su abogada manifestó:

“Toda vez que la demandada no exhibió toda la documentación completa, solicito que se le hagan efectivos los apercibimientos y se tengan como presuntamente ciertos los hechos que pretendo acreditar en mi escrito inicial de demanda, toda vez que se le requirió que exhibiera la documentación desde la primera quincena de febrero del año dos mil seis hasta la fecha.”

Por su parte, el apoderado de la demandada señaló:

“Solicito de manera respetuosa a este Tribunal que desestime las manifestaciones proferidas por mi contraparte, en virtud de que el Instituto ha exhibido todos y cada uno de los recibos de nómina y comprobantes CFDI correspondientes a los pagos realizados a la actora por la prestación de sus servicios eventuales. Cabe señalar que a juicio de mi representado, esta Sala Regional podrá hacer una valoración respecto de los periodos de la prestación de servicios, considerando que en virtud que se han presentado los recibos de pago y que la actora señala que el Instituto ha sido omiso en presentar los correspondientes al periodo en que alega el supuesto reconocimiento de la relación laboral, es de advertir que el INE no está obligado a demostrar hechos negativos.”

        Acuerdo de la Magistrada Instructora en la audiencia.

PRIMERO. En virtud de que las documentales no fueron objetadas en cuanto a su autenticidad y contenido, se determina admitir las pruebas aportadas y por su propia naturaleza tenerlas por desahogadas; con fundamento en los artículos 95, párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios y 776 fracción II de la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo, respecto de éstas, en el momento procesal oportuno, se determinará lo conducente respecto al apercibimiento que se formuló en el requerimiento correspondiente.

SEGUNDO. Se tiene a las partes realizando las manifestaciones que estimaron pertinentes, las cuales, en su caso, serán tomadas en consideración en la sentencia que al efecto se dicte.

        Determinación de esta Sala respecto del apercibimiento formulado.

Esta Sala tendrá por presuntamente ciertos los hechos alegados por la trabajadora respecto de los recibos de nómina aportados en copia simple, que no hayan sido remitidos por el INE, con fundamento en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo. 

SEXTO.  Fijación de la litis del juicio

Conforme lo expuesto, en el presente juicio se deberá determinar si la relación que se estableció entre la actora y el INE por medio de la suscripción de contratos, fue de naturaleza civil o laboral y, en consecuencia, si procede o no otorgar la base solicitada por la actora, asimismo se deberá dilucidar si de ser una relación laboral, ésta fue ininterrumpida durante catorce años o si hubo interrupciones, y en consecuencia, resol ver respecto de la antigüedad que debe reconocérsele.

SÉPTIMO. Estudio de fondo.

a) Causales de improcedencia hechas valer por el ine. caducidad

En esencia, las excepciones que hace valer la parte demandada –salvo las que opone ad cautelam–, las hace depender del hecho de que la relación jurídica que estableció con la actora es de carácter civil, como personal eventual por tiempo determinado.

Por ello, para evitar el prejuzgamiento respecto de la materia de la litis, lo procedente conforme a derecho es analizarlas en el fondo de manera conjunta porque lo relevante en el caso es precisamente determinar si se acredita o no la relación laboral entre la actora y el INE.[10]

De igual manera, respecto a la excepción de caducidad que hace valer, ya que a su decir, la accionante contaba con el término de quince días hábiles a partir del vencimiento de la vigencia de cada instrumento contractual celebrado con el INE para demandar el supuesto reconocimiento de la relación que afirma sostuvo con el Instituto por el periodo que ampara cada uno de ellos, lo cual refleja en la tabla siguiente:

Si bien, el ejercicio del derecho para impugnar los actos o resoluciones de las autoridades del INE, mediante el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales, se rige por el principio de caducidad, conforme a la jurisprudencia número 10/98, aprobada por la Sala Superior de este Tribunal con el rubro siguiente: “ACCIONES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. EL PLAZO PARA EJERCITARLAS ES DE CADUCIDAD”,[11] lo cierto es que la excepción que hace valer en este caso el INE también está relacionada con el fondo, pues primero se debe determinar si hubo o no interrupción en los contratos.

B) Naturaleza del vínculo jurídico existente entre la actora y el ine. Relación laboral.

En primer lugar, esta Sala Regional considera necesario determinar la naturaleza del vínculo jurídico existente entre la actora y el INE.

Esto es así, en razón de que de la lectura integral del escrito de demanda se observa que el reclamo de las prestaciones se sustenta en la premisa fundamental consistente en la existencia de una relación laboral entre la actora y el Instituto demandado.

Como ya se reseñó, en su escrito de contestación de demanda, el INE negó la existencia de la relación de trabajo argumentada por la actora y opuso, entre otras, la excepción relativa a la inexistencia de la relación de trabajo.

Para ese fin, el Instituto demandado argumentó que la relación jurídica con la actora estuvo regulada por la legislación civil mediante contratos de prestación de servicios suscritos por ambas partes, por lo que no era posible considerar que la actora hubiese tenido un vínculo laboral con el INE.

Precisado lo anterior, para efecto de determinar la existencia o no del vínculo laboral entre las partes, se debe tener en consideración que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo[12], aplicado de manera supletoria, de conformidad con el artículo 95, apartado 1, inciso b), de la Ley de Medios, los elementos esenciales para acreditar la relación de trabajo son:

1) La prestación de un trabajo personal que implica hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta un trabajador en beneficio del empleador;

2) La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando del empleador, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, el trabajador; y

3) El pago de un salario en contraprestación por el trabajo prestado.

Al respecto, es pertinente tener como criterio orientador lo sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la subordinación, en el sentido de que el elemento que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios profesionales, es que haya por parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, de ahí que su existencia determina la naturaleza de la relación de trabajo o de prestación de servicios.

Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia con número de registro 242745[13], sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro son los siguientes:

“SUBORDINACIÓN. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. La sola circunstancia de que un profesional preste servicios a un patrón y reciba una remuneración por ello, no entraña necesariamente que entre ambos exista una relación laboral, pues para que surja ese vínculo es necesaria la existencia de subordinación, que es el elemento que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios profesionales, es decir, que exista por parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, de acuerdo con el artículo 134, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante a cuya autoridad estará subordinado el trabajador en todo lo concerniente al trabajo.”[14]

De lo anterior, se puede concluir que la relación de trabajo y, por tanto, los conflictos laborales entre un servidor público y el INE se dan cuando existe un vínculo de subordinación.

No obstante que la existencia del vínculo laboral se presume, el Instituto demandado lo negó, aduciendo que en el caso lo que existió fue una relación de carácter civil surgida de la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios profesionales entre las partes, sin las características propias de una relación laboral.

Si bien, el INE niega lisa y llanamente la relación laboral, por una parte, lo cierto es que también se excepciona afirmando que la relación es de carácter civil.

Por ende, es claro que corresponde al INE, parte demandada en esta instancia, acreditar tal aseveración, ello con sustento en la jurisprudencia número 2ª./J.40/99[15], que es del tenor literal siguiente:

“RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO. Cuando el demandado niega la existencia de una relación de trabajo y afirma que es de otro tipo, en principio, está reconociendo la existencia de un hecho, a saber, la relación jurídica que lo vincula al actor, esa negativa también lleva implícita una afirmación, consistente en que dicha relación jurídica es de naturaleza distinta a la que le atribuye su contrario; por consiguiente, debe probar cuál es el género de la relación jurídica que lo une con el actor, verbigracia, un contrato de prestación de servicios profesionales, una comisión mercantil, un contrato de sociedad o cualquier otra, porque en todos esos casos su respuesta forzosamente encierra una afirmación.”[16]

Al efecto, la actora y el INE aportaron los elementos de prueba que fueron descritos en los considerandos previos de la presente sentencia: las documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana.

Del análisis y valoración conjunta de dichos medios de convicción, conforme a lo previsto en el artículo 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, de aplicación supletoria, en términos del artículo 95, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios es posible concluir que la relación existente entre la actora y el INE fue de índole laboral, tal como se demuestra a continuación.

        Contratos de prestación de servicios profesionales.

El INE aportó los siguientes contratos: