1.       Sentencia que condena al Instituto Nacional Electoral[3]  al pago de diversas prestaciones derivado del reconocimiento de la antigüedad laboral de la actora y lo absuelve respecto de prestaciones relacionadas con el pago de la compensación por terminación de la relación de trabajo.

2.       Contratación. La actora expresa que, el uno de enero de mil novecientos noventa y uno, inició a prestar sus servicios para el INE mediante contratos, mismos que mantuvo hasta el quince de marzo del año dos mil[5], y que de forma posterior obtuvo un cargo de plaza presupuestal.

3.       Último cargo desempeñado. A decir de la promovente, el último cargo que ocupó fue Asistente de Recursos Humanos de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, que concluyó el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós[6].

4.       Registro al programa de retiro. La actora sostiene que se registró en el programa especial de retiro de reconocimiento al personal de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, para el ejercicio 2022.

5.       Recibo de compensación. Afirma la promovente que el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, el INE le notificó mediante recibo la compensación por terminación de relación de trabajo.

6.       Demanda. El veintiocho de agosto, la actora presentó juicio laboral ante la Sala Superior solicitando la revocación de la compensación por terminación de relación de trabajo, así como el reconocimiento de su antigüedad y demás prestaciones.

7.       SUP-JLI-54/2023. El nueve de octubre, la Sala Superior determinó que esta Sala Regional era la autoridad competente para sustanciar y resolver el asunto, porque la actora desempeñó sus funciones en un órgano desconcentrado del INE, específicamente, como Asistente de Recursos Humanos de la Junta Local Ejecutiva en Jalisco.

8.       Remisión y turno. El Magistrado Presidente de esta Sala Regional registró el expediente con la clave SG-JLI-29/2023 y lo turno al Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrado Omar Delgado Chávez, quien en su momento radicó y continúo con su sustanciación, desahogó la audiencia de ley.

9.       Sustanciación. En su oportunidad, se radicó el expediente en la ponencia del Magistrado instructor, se ordenó continuar con su sustanciación, cerró la instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de sentencia.

10.   Esta Sala Regional es competente por territorio, dado que se trata de un juicio laboral contra un órgano desconcentrado del INE en Jalisco, estado que forma parte de la primera circunscripción de esta Sala; y por materia, por reclamar el reconocimiento de la antigüedad de la relación laboral y el pago de diversas prestaciones, tal como lo determinó la Sala Superior en el juicio laboral SUP-JLI-54/2023.[7]

11.   Como se estableció por el Magistrado Instructor durante la sustanciación del juicio, las actuaciones del Magistrado Electoral de la Sala Superior continúan rigiendo el presente asunto, pues este Tribunal se compone de diversas Salas (Superior y Regionales) perteneciendo a un mismo órgano jurisdiccional constitucional, con especialización en materia laboral electoral, por las razones contenidas en el auto de dieciocho de octubre de este año.

12.   El diez de febrero de dos mil catorce se dio una sustitución patronal, pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la constitución general en materia político-electoral; en el artículo 41, párrafo segundo, base V, donde se estableció que el Instituto Federal Electoral sería sustituido por un nuevo organismo, denominado INE.

13.   La actora refiere que laboró para la parte demandada desde el uno de enero de mil novecientos noventa y uno y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, razón por la que reclama lo siguiente:

14.   A) La revocación del recibo de la compensación por terminación de la relación laboral de trabajo, que le fue notificado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, relativo al programa de retiro y reconocimiento al personal de la rama administrativa y del servicio profesional electoral nacional del INE, por el que se le depositaron las cantidades de $498,733.73 (cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos treinta tres pesos 73/100 M.N.) y $46,037.23 (cuarenta y seis mil treinta y siete pesos 23/100 M.N.).

15.   B) El reconocimiento como trabajadora por tiempo indeterminado y antigüedad por el periodo del uno de enero de mil novecientos noventa y uno al quince de marzo de dos mil.

16.   De actualizarse dicho reconocimiento pide:

17.   A efecto de acreditar su dicho y sustentar la procedencia de las prestaciones que reclama, la parte actora ofreció diversas pruebas que fueron admitidas y desahogadas en la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos[9], con excepción de la prueba pericial en caligrafía, grafoscopía, grafométrica y dactiloscopía.

18.   Por otro lado, la parte demandada solicita que se le absuelva de las prestaciones reclamadas por la accionante, y para ello, opone diversas excepciones y defensas, mismas que a continuación se señalan:

19.   Previo al análisis de las prestaciones reclamadas y en virtud del reconocimiento de las partes actora y demandada, lo cual se considera como manifestación expresa y espontánea, en términos del artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de Medios en términos del numeral 95, párrafo 1, inciso b) del último ordenamiento legal invocado, se tienen como hechos no controvertidos lo siguientes:

20.   La parte demandada menciona que el reclamo referente al cálculo del pago de antigüedad, así como a su reconocimiento se encuentra fuera del plazo previsto en la ley.

21.   Sin embargo, los argumentos señalados como causales de improcedencia no serán estudiados en este punto, en virtud de que tales aseveraciones, en su caso, serán motivo de pronunciamiento en el estudio de fondo de las distintas prestaciones, al estar estrechamente vinculados[10].

22.   En cuanto al resto de los requisitos, se satisface el de forma al presentarse por escrito y encontrarse firmada autógrafamente, en cuanto a la capacidad procesal de las partes, la de la parte actora se encuentra satisfecha, por tratarse de una ex servidora del INE, que acude por derecho propio a promover el presente juicio y afirma resentir una afectación a sus derechos laborales.

23.   Por su parte, el INE contestó la demanda oportunamente[11] y se le tuvo compareciendo por conducto de sus apoderados, por haberlo acreditado con el testimonio notarial correspondiente.

24.   Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

25.   Sin que proceda, previo a la promoción de este medio de defensa, alguna otra impugnación que debiera agotarse; por tanto, la parte actora está en aptitud jurídica de promoverlo.

26.   Por todo lo anterior, se arriba a la conclusión de que el presente juicio no se ubica en alguno de los supuestos de improcedencia o sobreseimiento previstos por los artículos 10 y 11 de la Ley de Medios; por tanto, es conducente realizar el estudio del resto de las acciones y excepciones opuestas.

27.   La actora sostiene en su escrito de demanda que ha trabajado para el INE del uno de enero de mil novecientos noventa y uno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós; sin embargo, reclama que el demandado no le reconoce como laborado el periodo del uno de enero de mil novecientos noventa y uno, al quince de marzo del dos mil.

28.   El INE niega la existencia de cualquier tipo de relación jurídica con la actora por el periodo del uno de enero de mil novecientos noventa y uno y hasta el quince de marzo de mil novecientos noventa y seis.

29.   A su vez, reconoce la existencia de, una relación jurídica, pero de carácter civil, además de tener diversas interrupciones, por el periodo comprendido del uno de enero de mil novecientos noventa y seis al quince de marzo de dos mil.

30.   Asimismo, el INE –destacadamente– opone como excepciones que se actualizan las figuras de la prescripción y de la caducidad, al considerar que la actora no se inconformó dentro del plazo legal que tenía para hacerlo.

31.   El INE sostiene, respecto a la solicitud de la revocación del Recibo de Compensación por Término de la Relación Laboral, que la actora se hizo conocedora del acto que pretende inconformarse el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, por lo que el plazo de quince días, previsto en el artículo 96, párrafo 1, de la Ley de Medios, concluyó meses antes de presentar su demanda.

32.   Incluso, refiere que, en el mejor de los casos para la accionante, tomando en cuenta la fecha consignada en el documento en el que recibió su pago, adminiculado con la cédula de cálculo para el pago de compensación por término de la relación laboral, es decir, el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, debió presentar su demanda a más tardar el veintitrés de enero del año en curso.

33.   Expone que en el caso no nos encontramos ante una omisión o falta de pago de la compensación, sino que existió un acto positivo, consistente en la determinación respecto a la cantidad a la que tenía derecho por la prestación que se reclama, de ahí que fue a partir del día hábil siguiente a aquel en que conoció de dicha cuantía, cuando comenzó a contar el referido plazo de quince días.

34. Es Infundada la excepción opuesta, pues la Sala Superior y esta Sala Regional han sustentado que en el supuesto de la emisión de una determinación en la que se establezca la antigüedad de determinada persona por las instancias competentes del INE, de existir inconformidad, se debe presentar la impugnación dentro del plazo legal de un año[12].

35.   Por ende, la posible afectación a los derechos laborales de la actora se produjo cuando tuvo conocimiento fehaciente del periodo laborado y tenía por lo tanto un periodo de un año y no de quince días como lo refiere el INE.

36.   Lo anterior, porque en todo caso la actora reclama prestaciones que son ajenas al plazo de quince días ya que se generan por la prestación del servicio y el simple transcurso del tiempo, y el plazo para demandarlas es de un año, a partir de que sea exigible el derecho de que se trate, con independencia de que en el fondo sean procedentes o no.

37.   Este criterio se encuentra reflejado en la jurisprudencia 1/2011-SRI, de Este Tribunal Electoral, título: “DEMANDA LABORAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NO ES APLICABLE RESPECTO DE PRESTACIONES QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA SUBSISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL”.

38.   Así, al haber presentado su demanda dentro del plazo de un año, contado a partir del momento en que recibió las cantidades con motivo del programa de retiro voluntario, es que no opera la caducidad alegada.

41.   Por su parte, el INE afirma que ese documento demuestra que la actora tenía pleno y fehaciente conocimiento de la fecha a partir de la cual comenzó la relación laboral con el Instituto, así como del tipo de vínculo jurídico que sostuvo con el Instituto, pues en dicha constancia se precisó la fecha de ingreso como trabajadora del Instituto.

42.   Añade que, si la inconformidad la hizo valer hasta el veintiocho de agosto de este año, su reclamo es extemporáneo.

49.   Lo anterior, por dos razones.  La primera de ellas consiste en que no se puede aplicar retroactivamente la jurisprudencia en perjuicio de persona alguna.

50.   Al respecto, los criterios jurisprudenciales antes expuestos, con los cuales pretende limitarse a un año la acción para el reconocimiento de antigüedad, se consideran de aplicación obligatoria a partir de su publicación en octubre de dos mil diecinueve.

51.   De tal suerte que, de aplicarse en el presente caso sería retroactivamente en perjuicio de la actora, ya que los documentos antes descritos se hicieron del conocimiento de la actora en los años dos mil, dos mil cuatro y dos mil cinco, mientras que las jurisprudencias se consideraron de aplicación obligatoria varios años después.

53.   De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo.

54.   En los amparos que dieron origen a la referida jurisprudencia se determinó que en cuanto a su naturaleza la jurisprudencia puede y debe aplicarse a actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a su emisión, siempre y cuando no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio del justiciable, conforme a lo previsto en el artículo 217 de la ley de la materia, es decir, cancele un derecho ya adquirido a partir de otra jurisprudencia obligatoria en un momento y circunstancia dados.

56.   Más aún, la Suprema Corte de Justicia indicó en dichos amparos que en la actualidad la función de mayor trascendencia de los Tribunales Federales consiste en la protección de los derechos humanos tanto constitucionales como de fuente internacional. En ese contexto, más que una función interpretativa o integradora de la ley, valdría la pena destacar la función regulatoria de la jurisprudencia, en la cual al resolver los casos que les son presentados a los juzgadores, se busca maximizar y dar eficacia a los principios constitucionalizados.

57.   Asimismo, que el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio de interpretación más favorable a la persona, contenido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma.

58.   Agregó que, si el justiciable se acogió a un criterio que en su momento le resultaba obligatorio para plantear sus pretensiones, no resulta dable que la sustitución o modificación de tal criterio jurisprudencial afecte el resultado de la contienda jurisdiccional, pues de lo contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento a un orden jurídico vigente y cierto, en el cual se expresan el sentido y las consecuencias de éste. Estos son los fundamentos del principio de irretroactividad de la jurisprudencia desfavorable para las personas.

59.   Finalmente, la Suprema Corte de Justicia determinó que esa afectación deberá ser examinada caso por caso, teniéndose en cuenta los siguientes presupuestos:

60.   Ahora bien, en caso, al momento de la expedición de las constancia de servicios a la actora de fechas veinticuatro de agosto de dos mil cinco, e incluso también la que obra en el expediente de dieciséis de junio de dos mil cuatro, - en las cuales se hace constar que la actora ingresó en el mes de marzo de dos mil, ya existían  jurisprudencias de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -aún aplicables pues son de la séptima época-[19],  las cuales disponen que el derecho al reconocimiento de la antigüedad genérica no se extingue por su falta de ejercicio:

61.   Además, existía la siguiente tesis de un Tribunal Colegiado de Circuito:

62.   Esta última tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 24/2018 del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito de la que derivó la jurisprudencia "ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR SU RECONOCIMIENTO PUEDE PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO".

63.   Así las cosas, cuando la actora recibió las constancias de prestación de servicios se encontraban vigentes sin modificaciones, las jurisprudencias que establecen que el derecho al reconocimiento de la antigüedad genérica no se extingue por falta de ejercicio.

64.   De tal suerte que, en una interpretación pro-persona, conforme al artículo 1 constitucional, debe aplicarse al presente caso la imprescriptibilidad, toda vez que cuando se establecieron en la nueva jurisprudencia los criterios para determinar cuándo puede prescribir en el plazo de un año la acción para impugnar el reconocimiento de antigüedad, ya había transcurrido ese año posterior a la expedición de las constancias de servicios.

65.   Por tal razón, se considera que se trata de un derecho adquirido y no de una expectativa de derecho. En ese tenor, como ya se indicó, la Suprema Corte determinó que la nueva jurisprudencia no puede modificar derechos adquiridos.

67.   Resulta igualmente orientadora la siguiente tesis:

68.   Máxime, considerando que obra en el expediente otra constancia de servicio, del veintiséis de septiembre de dos mil siete, en la que se indica que del primero de enero de mil novecientos noventa y seis al quince de marzo de dos mil la actora laboró bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios..

69.   Ahora bien, de acuerdo al numeral 50, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la antigüedad, es entendida como el tiempo de servicios prestados a la dependencia correspondiente.

70.   Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la antigüedad laboral, ha distinguido que existen dos clases de antigüedad, la de empresa o general y la de categoría, conforme a los siguientes criterios:

71.   De tales criterios jurisprudenciales emitidos por la entonces Cuarta Sala, en la contradicción de tesis 410/2010 la Segunda Sala la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que se desprendía que existen, entonces, dos clases de antigüedades, a saber:

72.   En el presente juicio, se advierte que la actora demanda un reconocimiento de antigüedad genérica, pues solicita que se le reconozca la antigüedad generada del primero de enero de mil novecientos noventa y uno al quince de marzo de dos mil, por ende, el derecho a su reconocimiento no se extinguió por su falta de ejercicio, en tanto subsistía la relación laboral, como acontece en el caso.  En consecuencia, la excepción de prescripción es infundada.

73.   Cabe señalar que, la segunda razón por la que la documentación presentada por la demandada no es suficiente para comenzar el cómputo del plazo para la prescripción es porque no se acredita, mediante constancia fehaciente, que la parte actora manifestara expresamente su conformidad con la fecha de ingreso, tipo de régimen, o algún otro elemento que entrañara dicho reconocimiento[27], es decir, de modo implícito o tácito.

74.   En efecto, en la contradicción de tesis 24/2018, del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito de la que derivó la citada jurisprudencia "ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR SU RECONOCIMIENTO PUEDE PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO", se indicó que la antigüedad en sí no es un derecho, sino el hecho que consta de un principio, el cual es la fecha en que se comienza a prestar los servicios, que día a día va engrosándose con los que continúan ofreciéndose con posterioridad, que da nacimiento a un conjunto de derechos, como la jubilación, aumento en los días de vacaciones, etcétera, de acuerdo a las condiciones generales de trabajo y demás disposiciones que rijan en cada dependencia.

75.   Refirió que lo anterior ponía de relieve la importancia del reconocimiento correcto de la antigüedad del trabajador y la trascendencia que ello puede originar, porque es en sí misma el fundamento para otros derechos.

76.   Señaló que la Suprema Corte ha establecido que los derechos nacidos de la antigüedad son imprescriptibles en tanto continúe el vínculo laboral, pues la antigüedad se crea de manera acumulativa al estar vigente la relación de trabajo.

77.   Retomó la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2ª./J. 30/2001  de rubro: “ANTIGÜEDAD GENERAL EN LA EMPRESA. EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A INCONFORMARSE CON AQUELLA QUE DETERMINE EL PATRÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 158 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO PUEDE PRESCRIBIR SI EL RECONOCIMIENTO RELATIVO PROVIENE DE LA COMISIÓN MIXTA A QUE SE REFIERE DICHO PRECEPTO”,[28] respecto a que cuando la antigüedad genérica no se determina por conducto de una comisión mixta, sino a través de una resolución unilateral del patrón, no existe fecha cierta y determinada en que las partes hubieren convenido en relación con la antigüedad de los trabajadores, de la que se pueda partir para computar el término de un año a efecto de que opere la excepción de prescripción de la acción para inconformarse con tal reconocimiento unilateral, aun cuando lo hubiese notificado al trabajador, pues éste en ningún momento aceptó la antigüedad reconocida por la patronal, lo cual es precisamente el motivo de su inconformidad.

78.   Asimismo, en la contradicción de criterios en comento se sostuvo que el derecho al reconocimiento de la antigüedad genérica de los trabajadores al servicio del Estado es imprescriptible en tanto subsiste el vínculo laboral; lo cual es inobjetable, ya que la antigüedad se actualiza cada día que transcurre.

79.   Más aún, de la propia jurisprudencia se desprende que el solo hecho de que la dependencia expida al trabajador la hoja única de servicios con fundamento en el artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no es apto para que inicie el cómputo del plazo para que opere la prescripción de la acción de mérito, pues se trata de un documento unilateral que no es definitivo.

80.   En el contenido de la misma jurisprudencia y en la contradicción de tesis que la originó se dispuso que los requisitos para que pueda prescribir la acción para impugnar el reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores al servicio del Estado, si no se ejerce ante la autoridad jurisdiccional en el plazo de un año, en términos del artículo 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, son:

81.   Entonces, a partir de tales hechos, es factible que inicie el término de prescripción de la acción de reconocimiento correcto de su antigüedad, pues, en los dos primeros casos existe evidencia de que se aceptó los datos asentados en la hoja mencionada; y, en el último supuesto, ejerció su derecho de inconformarse y demostrar sus aseveraciones; por lo cual, a partir de ese momento, por razones de seguridad jurídica, es posible iniciar el cómputo del término prescriptivo de la acción referida.

82.   Sin embargo, en este caso, incluso en el supuesto de que le resultara aplicable dicha jurisprudencia, tampoco se cumplirían los extremos de la misma, dado que no se acredita en el expediente, alguno de los tres requisitos ya referidos para que operara la prescripción: no existe conformidad expresa, ni tácita, ni un resultado de aclaraciones por inconformidades.

83.   Por tanto, en el caso es a partir de que la actora
—con motivo del programa en que decidió participar, y la entrega de las cantidades respectivas— recibió el pago en diciembre de dos mil veintidós, cuando inició el plazo de un año para impugnarlo, de ahí que no se acredite la excepción de la prescripción.

84.   Como se adelantó, la actora afirma en su escrito de demanda que trabajó para la demandada del uno de enero de mil novecientos noventa y uno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós; sin embargo, reclama que el demandado no le reconoce como laborado el periodo del uno de enero de mil novecientos noventa y uno, al quince de marzo del dos mil.

85.   Por su parte, la apoderada del INE negó la existencia de cualquier tipo de relación jurídica con la actora por el periodo del uno de enero de mil novecientos noventa y uno y hasta el quince de marzo de mil novecientos noventa y seis, en tanto que reconoce la existencia de una relación jurídica, pero de carácter civil, además de tener diversas interrupciones, por el periodo comprendido del uno de enero de mil novecientos noventa y seis al quince de marzo de dos mil.

86.   La demandada ilustra su afirmación con la siguiente tabla

87.   Señala el INE que, en relación con los periodos en los que se ha señalado que la accionante prestó servicios por honorarios eventuales y permanentes, lo hizo bajo el régimen de carácter civil, de conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 29; 30, numeral 2; 203, inciso g) y 303 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

88.   Menciona que, durante el tiempo en que la actora prestó servicios de manera eventual para el Instituto le fueron pagados los honorarios pactados, así como las gratificaciones de fin de año, correspondientes.

89.   En ese sentido, afirma que los elementos pactados en los referidos contratos de prestación de servicios se cumplieron en su totalidad ya que:

90.   Sostiene que las diversas relaciones civiles que existieron entre las partes fueron perfectamente válidas y eficaces, y de las cuales se desprenden entre otros los siguientes elementos:

        Consentimiento y objeto materia del contrato.

        Existió capacidad legal de las partes.

        No hay vicios del consentimiento.

        El objeto, motivo o fin de dicho contrato son lícitos.

        El consentimiento se manifestó en la forma que establece la ley (por escrito).

        Se perfeccionó por el mero consentimiento de las partes.

        Los contratantes se obligaron no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias.

91.   Concluye, respecto del periodo que va del primero de enero de mil novecientos noventa y seis al quince de maro de dos mil que, al no acreditar la accionante la expedición de nombramiento a su favor por los periodos en los que prestó sus servicios bajo el régimen civil, y sí estar debidamente acreditado el pago de honorarios a su favor, consecuentemente la retención del impuesto sobre la renta sobre estos —elemento característico de los vínculos de naturaleza civil—, debe conllevar a la determinación de no tener por acreditado el vínculo laboral que aduce la actora, y en consecuencia, absolverla del reconocimiento de relación.

92.   Por su parte, con relación a los periodos comprendidos del 1 de enero de 1991 al de diciembre de 1995, reitera que se niega lisa lamente la relación laboral y de cualquier naturaleza con la accionante, pues vez la accionante no realizó actividades ni prestó servicios en favor de la demandada durante ese periodo, por lo que corresponde a la promovente demostrar la prestación de sus servicios durante dichos periodos.

93.   En atención a lo antes expuesto, solamente será objeto de revisión el lapso que comprende el primero de enero de mil novecientos noventa y uno hasta el quince de marzo de dos mil, considerando que la parte demandada niega relación alguna entre el uno de marzo de mil novecientos noventa y uno y el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

94.   En esta lógica, lo correspondiente es emprender un primer estudio para verificar si existen constancias en el expediente que puedan llevar a inferir la existencia de una relación entre las partes, para luego poder revisar si de esta se puede configurar una del tipo laboral.

95.   En este contexto, existen en el expediente diversas pruebas ofrecidas por la parte actora —entre otras— las que a continuación se detallan en una tabla organizada de forma cronológica, en la cual se puede advertir la existencia de alguna relación jurídica entre las partes.

96.   De la tabla anterior se advierte la existencia de lo siguiente:

97.   Quince recibos de pago por las quincenas correspondientes a los meses de enero a septiembre de esa anualidad, con excepción de las tres quincenas del dieciséis al treinta de abril, del dieciséis al treinta y uno de mayo y del primero al quince de julio.

98.   Dos constancias de nombramiento por obra determinada y dos oficios de terminación de obra que en conjunto cubren todo el año de mil novecientos noventa y dos. Los periodos son del primero de enero al treinta y uno de mayo y del primero de junio al treinta y uno de diciembre.

99.   Una constancia de nombramiento por obra determinada y un oficio de terminación de obra por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres.

100.                      Una constancia de nombramiento por obra determinada y un oficio de terminación de obra correspondientes a enero y febrero, tres constancias de nombramiento por tiempo fijo, correspondientes a los periodos del primero de marzo al treinta y uno de mayo, del primero de junio al treinta y uno de julio y del primero al treinta y uno de agosto, respectivamente, un contrato de prestación de servicios correspondiente a los meses de septiembre a diciembre y un convenio adicional al contrato de prestación de servicios.

101.                      Cuatro contratos de prestación de servicios y un convenio adicional al contrato de prestación de servicios, documentos que sumados incluyen todo el año de 1995, con excepción del mes de enero de ese año. Los contratos corresponden a las fechas del primero de febrero al treinta y uno de marzo, del primero de abril al treinta de junio, del primero de julio al treinta de septiembre y del prime.ro de octubre al treinta y uno de diciembre

102.                      Cabe precisar que en los documentos mencionados es posible advertir el nombre de la actora, así como referencias a sus percepciones y a la existencia de una relación jurídica con el Instituto Nacional Electoral.

103.                      Por su parte, tomando en consideración que el INE negó de manera lisa y llana la existencia de cualquier relación jurídica con la parte actora, durante el periodo de enero de mil novecientos noventa y uno a diciembre de mil novecientos noventa y cinco, no acompañó documentos relacionados con dicho periodo.

104.                      No obstante, se puede afirmar que al menos en las fechas que los documentos contemplan, existió algún tipo de relación entre las partes y que a pesar de que hubo varios nombramientos, hay continuidad en la suscripción de unos y otros.

105.                      Lo anterior, sin que pase desapercibido que durante mil novecientos noventa y uno hubo tres periodos de interrupción de quince días cada uno, que no son determinantes para considerar que la relación jurídica fue interrumpida.

106.                      Ello en virtud de que este Tribunal ha estimado en los precedentes SCM-JLI-76/2022, SG-JLI-23/2022, SM-JLI-4/2022, SUP-JLI-6/2012, SUP-JLI-12/2019 y SUP-JLI-18/2022, que algunos periodos de interrupciones deben contabilizarse como antigüedad, o bien, por no demostrarse con prueba en contrario.

107.                      Asimismo, de la interpretación que esta Sala Regional adoptó en el SG-JLI-23/2022, se consideró que, a pesar de referirse a un cálculo para el pago de compensación respecto a la contabilización de periodos de interrupción, precisamente cuando este no es sustantivo (para acreditar una relación jurídica) era dable aplicar que las interrupciones no deben causar afectación alguna a los derechos del trabajador, lo que resulta acorde a los criterios seguidos por el Poder Judicial de la Federación.

108.                      Por ende, queda desestimada la afirmación de la parte demandada en el sentido de que, del primero de enero de mil novecientos noventa y uno al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, no existió relación alguna entre las partes, pues únicamente se observa la existencia de un periodo de tres meses en el año de mil novecientos noventa y uno, así como el correspondiente al mes de enero de 1995 de los cuales no hay prueba alguna que acredite el vínculo jurídico entre las partes,

109.                      Ello es así, ya que las pruebas documentales, valoradas en términos de los artículos 14, 15 y 16 de la ley adjetiva electoral aplicable, llevan a la convicción de la existencia de una relación casi ininterrumpida entre la parte demandada y la actora, desde el primero de enero de mil novecientos noventa y uno hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

110.                      Ahora, si bien es cierto que al negar la demandada la existencia de la relación en este periodo, la carga de demostrarla le corresponde al trabajador, también lo es que con la documentación presentada por la actora logra cubrir con su obligación procesal, por lo que en todo caso, la demostración en los periodos intermedios pasa nuevamente al patrón, dado que deja de existir controversia sobre la existencia de la relación, pues en este caso se limita a los términos en los que esta se llevó a cabo.

111.                      En ese sentido, deja de forzarse al demandado a acreditar hechos negativos, en términos de la jurisprudencia RELACIÓN LABORAL. CUANDO EL PATRÓN NIEGA LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO, LA CARGA DE LA PRUEBA RECAE EN EL TRABAJADOR, pues en su caso ya presentó elementos para evidenciar esa existencia, conforme a la carga de la prueba que opera en materia laboral.

112.                      Por otra parte, respecto al periodo que va del primero de enero de mil novecientos noventa y seis al quince de marzo de dos mil, la actora acompañó una hoja de la nómina presupuestal donde consta el depósito de la compensación por término de la relación laboral desde el 01 de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre del 2022.

113.                      A su vez, el Instituto Nacional Electoral presentó la siguiente documentación.

114.                      Conforme a lo anterior se desprende la existencia de una relación constante e ininterrumpida entre las partes, reconocida por la propia demandada, desde el primero de enero de mil novecientos noventa y seis hasta el  quince de marzo de dos mil.

115.                      De acuerdo con las tablas insertadas en el apartado anterior se puede advertir la existencia de material probatorio que obra en el expediente y que puede ser útil para determinar el tipo de relación que hubo entre las partes.

116.                      Ahora bien, para determinar el vínculo existente, debe considerarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

117.                      De lo anterior se desprenden los elementos siguientes:

La prestación de un trabajo personal;

La subordinación; y,

El pago de un salario.

118.                      Por tanto, la relación de trabajo y, en consecuencia, los conflictos laborales entre un servidor público y el INE surgen cuando se prestan servicios que incluyen los elementos de una relación laboral, pese a la forma en que esta se formalice.

119.                      Del mismo modo, no obstante que la existencia del vínculo laboral se presume, el INE negó tal relación, aduciendo por una parte que no existió durante el primer periodo y que por el otro  se trató de una relación civil surgida de la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios entre las partes, sin embargo, correspondía al INE acreditar tal aseveración[29].

120.                      Dicho esto, acorde a las probanzas que obran en el expediente, se puede concluir que del primero de enero de mil novecientos noventa y uno al quince de marzo de dos mil[30] —con las excepciones precisadas— existió un vínculo entre las partes de forma continua e ininterrumpida —recuérdese que el INE reconoce que del dieciséis de marzo del dos mil y hasta el término de la relación el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós la actora tuvo una plaza presupuestal—.

121.                      La actora estaba contratada para desempeñar personalmente el cargo como “jefa de oficina de recursos humanos.”

122.                      Además, se puede apreciar que, de las constancias de nombramiento por obra determinada, oficios de terminación de obra, constancias de nombramiento por tiempo fijo y contratos de prestación de servicios, en el clausulado la parte actora se obligó a prestar sus servicios debiendo coordinar, supervisar y controlar el manejo de los recursos humanos asignados, verificando que la normatividad fuera aplicada, así como elaborar los informes o reportes que se le solicitaran; así mismo a integrar y analizar la información para la realización de diagnósticos y estudios acerca de las actividades relacionadas con su área.

123.                      Estas funciones, las debía desarrollar, conforme a su cargo en un lugar físico que la parte demandada asignara, esto es, la “Vocalía Estatal”, pudiendo incluso ser asignado a otras tareas anexas o conexas con su principal función.

124.                      Por tanto, la parte actora respecto al cargo desempeñado, conforme a las constancias de nombramiento por obra determinada, oficios de terminación de obra, constancias de nombramiento por tiempo fijo y contratos de prestación de servicios, realizaba funciones propias concernientes a las facultades del demandado, de ahí que pueda concluirse que prestaba un trabajo personal en beneficio de su contraria.

125.                      Al respecto, se estima que a pesar de que los contratos suscritos se identifican como de prestación de servicios, reúnen, materialmente, los elementos de una relación laboral, ya que las actividades señaladas en los mismos, no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente, sino que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por personas funcionarias de la parte demandada e incluso, solamente podían ser realizadas en un espacio proporcionado por dicho instituto, lo que se precisó en los nombramientos y/o contratos suscritos.

126.                      Entonces, con base en los hechos probados y reconocidos, es evidente que las actividades materia de contratación no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente por la parte actora, sino que debían ser analizadas en un contexto integral, en virtud de que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por los titulares o superiores de la parte demandante.

127.                      Del mismo modo, se destaca que las funciones que la parte actora desempeñó en el periodo controvertido no las realizó con recursos propios, sino con los medios que le proporcionó el demandado; lo que se advierte de las constancias de nombramiento por obra determinada, oficios de terminación de obra, constancias de nombramiento por tiempo fijo y contratos de prestación de servicios en que incluso se acordó que la parte actora prestaría sus servicios en el lugar o lugares que designara y en los horarios establecidos por este.

128.                      Así, un rasgo diferenciador de una relación de trabajo y un contrato de prestación de servicios profesionales es que estos últimos son realizados con medios propios de quien los presta; por tanto, para que la demandada probara la existencia de una relación civil estaba obligada, entre otras cosas, a demostrar que los medios para realizar el servicio que recibió no los proporcionó.

129.                      En este entendido, se advierte que entre las partes existió una relación que hasta ahora puede considerase como personal y subordinada, pues de las actividades establecidas en los nombramientos y convenidas en los contratos se advierte que no se podían ejecutar con instrumentos personales ni en un domicilio diverso al de la demandada, y mucho menos en los horarios y términos que determinara de manera libre, sino que las hizo bajo la supervisión de su funcionarios de rango superior al trabajador.

130.                      De lo anterior, se hace evidente que la parte actora estuvo subordinada a las instrucciones del demandado para desempeñar las labores para las que se le contrató y otorgó nombramiento. Por ende[31], la subordinación quedó acreditada, ya que el Instituto disponía de la fuerza de trabajo de la parte actora quien debía realizar las actividades que le fueron encomendadas, encontrándose sujeta a entregar reportes o “ENTREGABLES” que incluye la obligación de entregar informes mensuales que serían verificados.

131.                      Se acredita este elemento ya que, en las constancias de nombramiento por obra determinada, oficios de terminación de obra, constancias de nombramiento por tiempo fijo y contratos de prestación de servicios se especificó un monto y forma de pago para los servicios (honorarios), que debía prestar la parte actora, lo cual se realizaría en pagos quincenales.

132.                      Lo anterior queda corroborado con las diversas constancias de nombramiento por obra determinada, oficios de terminación de obra, constancias de nombramiento por tiempo fijo y contratos de prestación de servicios que obran en el expediente, en los que se acredita que, de forma periódica y quincenal, recibió la parte actora la retribución por sus actividades, aunado a que jamás se cuestionó por alguna de las partes el incumplimiento de esta obligación.

133.                      Es relevante referir que la entrega de los honorarios se realizó mediante pagos quincenales según lo pactado, de ahí que tales servicios de forma alguna podrían considerarse como eventuales de “honorarios”, pues se trató de un trabajo personal subordinado, que además se llevó a cabo en cada periodo contratado, de manera continua y permanente, según se ha precisado.

134.                      Por tanto, con independencia de que la parte demandada aduzca que se trató del pago de honorarios por servicios contratados, lo cierto es que esta aserción se desvirtúa con la existencia de los elementos de la relación de trabajo ya analizados.

135.                      Por lo anterior, es procedente declarar que el vínculo que unió al demandado y a la actora desde el primero de enero de mil novecientos noventa y uno y hasta el quince de marzo de dos mil, es de naturaleza laboral.

136.                      Por consiguiente, quedan desestimadas las excepciones hechas valer por el demandado consistentes en la improcedencia de la acción y falta de derecho de la actora para reclamar el reconocimiento de una relación laboral y la de falsedad y mala fe de la actora por apoyarse en argumentos supuestamente falsos para que le fuera reconocida la relación laboral.

137.                      Por otra parte, en cuanto a los derechos de seguridad social consistentes en que se le inscriba retroactivamente y entere las aportaciones omitidas al ISSSTE, el acto jurídico que condiciona el derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, así como su ley reglamentaria, es la existencia de una relación de trabajo con las dependencias de los Poderes de la Unión y del Gobierno de la Ciudad de México, por lo cual, de acreditarse ese vínculo laboral, se hacen exigibles al titular de la dependencia respectiva las obligaciones relativas a la seguridad social.

138.                      El título quinto "De la prescripción" de la Ley del ISSSTE, no establece la prescripción del derecho de la parte trabajadora a solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes, por lo cual debe considerarse que dicha excepción no es oponible en tales casos, una vez que la parte actora ha demostrado la existencia del vínculo laboral.

139.                      Por tanto, es infundada la excepción de prescripción que hace valer el INE respecto de las prestaciones que no hayan sido reclamadas dentro del plazo de un año anterior a la presentación de la demanda, es decir, las anteriores al veintidós de septiembre de dos mil veintidós.

140.                      En ese sentido, las prestaciones de seguridad social derivan de la existencia de una relación de trabajo; del mismo modo, resultan obligatorias y sus derechos son irrenunciables[32].

141.                      La Sala Superior de este Tribunal ha sustentado en diversos precedentes[33] que la acción de reconocimiento de la relación laboral es imprescriptible, ya que está ligada al derecho fundamental a la seguridad social prevista constitucionalmente, entre ellas al derecho a la jubilación o la pensión.

142.                      En las relatadas condiciones, como consecuencia del reconocimiento de la relación laboral, debe reconocerse a la actora la antigüedad comprendida del uno de enero de mil novecientos noventa y uno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, la cual se generó de manera ininterrumpida, para efecto de la respectiva cotización ante el ISSSTE y FOVISSSTE. 

143.                      En el caso, resulta igualmente orientadora, la siguiente jurisprudencia:

144.                      Así las cosas, al reconocerse la antigüedad solicitada, debe otorgarse, en consecuencia, el derecho a la seguridad social, pues se acreditó el acto jurídico que condiciona el derecho a la seguridad social, es decir, el vínculo laboral.

145.                      Ello es así, pues la actora está demandando el reconocimiento de la antigüedad genérica, es decir, la que la que se creó de manera acumulativa mientras la relación contractual estuvo vigente.

146.                      Así, es procedente condenar al INE a inscribir retroactivamente a la actora y regularizar los pagos ante el ISSSTE y FOVISSSTE, respecto de las cuotas no cubiertas durante la totalidad del plazo de la existencia de la relación laboral, desde el primero de enero de mil novecientos noventa y uno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós.

147.                      Lo anterior, toda vez que el INE tenía la obligación de retener las aportaciones quincenales por todo el tiempo de la existencia de la relación laboral, por concepto de los enteros y pagos de las cuotas obrero-patronales, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley del ISSSTE[35] y 43, fracción VI, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado[36], que disponen que todo trabajador que preste un servicio físico o intelectual, o ambos, para una dependencia o entidad pública que sea propio de una relación laboral, tiene derecho, entre otras prestaciones, a las de seguridad social.

148.                      En el expediente no obran las constancias necesarias para hacer liquida la condena que se establece en esta ejecutoria, por lo cual, el INE deberá realizar los cálculos respectivos conforme a los salarios devengados por la actora, así como en términos de los lineamientos contenidos en el Estatuto, de todas y cada una de las cuotas, aportaciones y descuentos previstos en la Ley del ISSSTE.

149.                      Por tanto, el pronunciamiento realizado por este órgano jurisdiccional tiene como finalidad que el demandado regularice la situación de la trabajadora, considerando los periodos en los que prestó los servicios a través de la suscripción de contratos.

150.                      Se deberá dar vista, con copia certificada del presente fallo, al ISSSTE para que actúe en el ámbito de sus atribuciones[37].

151.                      Ahora, respecto al fondo de ahorro, al pago de aportaciones al sistema de ahorro para el retiro, esta Sala estima improcedente realizar un pronunciamiento al respecto, ya que no se cuenta con competencia para conocer tal reclamo.

152.                      Lo anterior, dado que no es una cuestión directamente relacionada con el vínculo laboral, por tratarse de una prestación de seguridad social que corresponde administrar al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado.

153.                      Ello, encuentra sustento en la Jurisprudencia 8/2012 de la Sala Superior de rubro “SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE PRESTACIONES RELACIONADAS CON LAS CUENTAS INDIVIDUALES”[38].

154.                      En este sentido, se dejan a salvo los derechos de la parte actora, para que, en su caso, los haga valer ante la instancia competente para ello.[39]

181.    Derivado de la acreditación de la relación laboral entre la actora y el INE, en los términos precisados, el demandado deberá expedir la hoja única de servicios, en la que se contemple todo el periodo aquí establecido, para efectos de determinar la antigüedad de la parte actora en el servicio, para los efectos legales conducentes.

155.                      La actora refiere que debe hacerse un ajuste en el pago de la Compensación que recibió por el término de la relación de trabajo, puesto que únicamente le reconocieron veintidós años, dos meses y quince días, en vez de los treinta y dos años que trabajó de manera efectiva.

156.                      Por su parte, la demandada niega acción y derecho para ello, y afirma que el pago que se realizó fue por el equivalente a todos y cada uno de lo periodos a que tuvo derecho, conforme a la normativa del Instituto.

157.                      Afirma que las operaciones aritméticas realizadas por la parte actora en su demanda son totalmente erróneas, ya que conforme lo señala la normativa, fueron considerados los periodos bajo el régimen presupuestal y bajo honorarios de carácter permanente, por lo que se cubrió un total de 26 años, 10 meses y 0 días, del primero de enero de mil novecientos noventa y seis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, con la salvedad de un par de meses (agosto y septiembre de mil novecientos noventa y seis) en que se encontró en una plaza de honorarios de carácter eventual, conforme se muestra a continuación:

158.                      Afirma la demandada que al tratarse de una prestación extralegal, se debe atener a lo dispuesto en el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos (Manual), el cual dispone en sus artículos 586 y 587 que para determinar la antigüedad para el pago de la compensación, se acumulará el tiempo efectivo de servicios en plaza presupuestal y como Prestador de Servicios Permanentes, quedando excluidos los periodos en los que se prestaron servicios eventuales.

159.   Asimismo, señala que, cuando se pretende el otorgamiento de una prestación supralegal, como es el caso de la Compensación, es claro que debe cumplir todos los requisitos y sujetarse a los procedimientos establecidos en la norma o contrato colectivo que contempla esa prestación, en este caso el Manual y que ello implica, a su vez, que el otorgamiento de esta prestación, por ser supralegal, no puede sujetarse a disposiciones diversas a las que expresamente lo prevean ni desconocer los términos establecidos para ello.

160.   Conforme a lo anterior, sostiene que no es indebido que en el Manual se regulen las condiciones para acceder a la prestación supralegal de que se trata, pues para la obtención de esa clase de prestaciones, al ser superiores a las de ley, el servidor público debe ajustarse al acuerdo que las regule. Por tanto, considera lógico que en los instrumentos respectivos se prevean los requisitos y los procedimientos que deben colmarse para su otorgamiento, e incluso para su no otorgamiento

161.                      En el caso, le asiste la razón a la demandada, pues, en primer término, no existen elementos que lleven a considerar que el pago se realizó, como afirma la actora, tomando en consideración únicamente como laborado un periodo de veintidós años, dos meses y quince días.

162.                      En efecto, según se advierte de la cédula de cálculo para el pago de compensación por término de la relación laboral[40], se contempla como fecha de ingreso para tales efectos el primero de enero de mil novecientos noventa y seis y una antigüedad de veintiséis años y diez meses, documental que corrobora la afirmación de la demandada.

163.                      La citada documental genera convicción sobre su contenido, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 1, inciso b) y 16, párrafos 1 y 3, de la Ley de Medios, máxime que no es objetada por la actora.

164.                      Aunado a lo anterior, como se sostuvo en el SG-JLI-20/2023[41], las prestaciones extralegales están sujetas, por regla general, a las condiciones previamente pactadas por los trabajadores y el patrón.

165.                      De esta manera, en las controversias relacionadas con dichas prestaciones se deben atender las condiciones y requisitos previstos por el INE en los lineamientos establecidos para tal efecto, en particular, en el Manual.

166.                       Así, corresponde a quien reclama este tipo de prestaciones, demostrar su existencia y el derecho a recibirlas, según lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con registro digital 201612, de rubro “PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE[42]”, la cual dispone que no se violan derechos humanos con una sentencia absolutoria si no se demuestra la obligación de la demandada de satisfacer la prestación.

167.                      En ese sentido, al tratarse de beneficios que no emanan de las leyes laborales, para que proceda su entrega se debe atender a lo establecido en el convenio laboral respectivo, por lo que no es posible imponer al patrón cargas superiores a las expresamente acordadas[43].

168.                      De lo anterior se sigue que, cuando un servidor público pretende el otorgamiento de una prestación extralegal, como es el caso de la Compensación, es claro que debe cumplir todos los requisitos y sujetarse a los procedimientos establecidos en la norma o contrato colectivo que contempla esa prestación, en este caso el Manual.

169.                      Ello implica, a su vez, que el otorgamiento de esta prestación, por ser extralegal, no puede sujetarse a disposiciones contenidas en las leyes laborales o en otros acuerdos o manuales que regulen prestaciones diferentes, pues no está prevista en la Constitución general ni en las leyes laborales que rigen la relación laboral entre las partes.

170.                      En ese sentido, no es indebido que en el Manual se regulen las condiciones para acceder a la prestación extralegal de que se trata, pues si para la obtención de esa clase de prestaciones, el servidor público debe ajustarse al acuerdo que las regule, resulta lógico que en los instrumentos respectivos se prevean tanto los requisitos como los procedimientos que deben colmarse para el otorgamiento de dichas prestaciones.

171.                       Es ilustrativo el criterio de la Segunda Sala de la SCJN, relativo a que debe ser estricta la interpretación de cláusulas de contratos colectivos de trabajo, donde se establezcan prestaciones a favor de los trabajadores en condiciones superiores a las señaladas por la ley, al ampliarse los derechos mínimos legales[44].

172.                       Conforme a lo expuesto, la demandada cuenta con atribuciones para otorgar las prestaciones que amplían las que se encuentran reconocidas como derecho de los trabajadores y para fijar las condiciones para su entrega.

173.                      En ese tenor, la actora debía cumplir con los requisitos establecidos en el Manual para que se le concediera un monto mayor, al ser el instrumento en el que se establecieron las condiciones para quien tuviera la intención de aspirar a aquellas prestaciones que exceden las exigidas por la norma[45].

174.                      No obstante, en el caso, si bien quedó acreditado que la actora tuvo una relación de trabajo con anterioridad al periodo reconocido para el pago de la Compensación, lo cierto es que no demostró que se ubicara en el supuesto de recibir la prestación extralegal por ese periodo, esto es, prestar servicios por honorarios permanentes o encontrarse en una plaza presupuestal.

175.                      Por tanto, si la compensación es una prestación extralegal en favor de los servidores públicos del INE, que va más allá de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico general, y al tratarse de cuestiones de interpretación estricta se advierte que no hay afectación o lesión a sus derechos, por lo que no prospera la acción pretendida.

176.                      Por tanto, es improcedente revocar el recibo de la compensación por terminación de la relación laboral de trabajo, que le fue entregado a la actora el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, relativo al programa de retiro y reconocimiento al personal de la rama administrativa y del servicio profesional electoral nacional del INE, así como ordenar algún ajuste en los montos a cubrir con motivo de dicha compensación.

177.                      Las acciones de la actora fueron parcialmente procedentes, pues quedó acreditado que entre ella y el INE existió una relación laboral desde el primero de enero de mil novecientos noventa y uno y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. Sin embargo, el INE justificó parcialmente sus excepciones y defensas.

178.                      Por tanto, resulta apegado a Derecho condenar al INE a las prestaciones siguientes:

179.                      Reconocimiento de la relación laboral. Se ordena al INE que compute y acumule como antigüedad laboral de la actora el tiempo que se desempeñó bajo el régimen de honorarios a través de la suscripción de contratos, desde el primero de enero de mil novecientos noventa y uno al quince de marzo de dos mil.

180.                      De esta manera, la antigüedad de la actora sería del desde el primero de enero de mil novecientos noventa y uno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós.

181.                      2) Inscripción retroactiva. El INE deberá enterar y pagar la totalidad de las aportaciones de la trabajadora que debió retenerle, respecto de las cotizaciones al ISSSTE y las del FOVISSSTE, derivadas de la relación laboral, conforme a la antigüedad que se tiene por acreditada en esta resolución.

182.                      Se da vista con copia certificada de esta sentencia, al ISSSTE para que actúe en el ámbito de sus atribuciones.

183.                      Para la inscripción retroactiva y para la expedición de la Hoja Única de Servicios se concede al INE 45 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente ejecutoria.

184.                      Realizado lo anterior, en el término de veinticuatro horas deberá informar a este órgano jurisdiccional sobre su cumplimiento.

185.                      Por lo expuesto y fundado se: