JUICIO EN LÍNEA

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL[1]

EXPEDIENTE: SG-JLI-33/2023

PARTE ACTORA: JORGE RUBÉN VALDEZ MEDINA

PARTE DEMANDADA: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL[2]

MAGISTRADO EN FUNCIONES: OMAR DELGADO CHÁVEZ[3]

SECRETARIADO: MARISOL LÓPEZ ORTIZ

Guadalajara, Jalisco, a veinte de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS, para resolver los autos del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral, promovido por Jorge Rubén Valdez Medina por derecho propio, a fin de reclamar: a) Resolución de la Junta General Ejecutiva del INE, INE/JGE160/2023, por la que facultó a diversas instancias de dicho Instituto, con la finalidad de no reinstalarlo; b) el pago indebido de salarios caídos y diversas prestaciones que dejó de percibir con motivo del “despido injustificado”, condenados en la resolución al recurso de inconformidad de la Junta General Ejecutiva del INE INE/JGE160/2023, en acatamiento a la sentencia de esta Sala en el diverso juicio laboral SG-JLI-22/2023; c) el pago de la compensación por término de la relación laboral que contempla el artículo 584 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE[4]; y d) Reconocimiento de la relación laboral y pago de diversas prestaciones de carácter laboral y de seguridad social del INE.

Palabras clave: Procedimiento laboral sancionador, separación del cargo, recurso de inconformidad, reinstalación.

RESULTANDO

I. ANTECEDENTES. De la narración de la demanda y demás constancias que integran el expediente se advierten los siguientes hechos:

1. Inicio de la relación. El actor manifiesta que desde el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, inició su relación jurídica con el INE, en la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sinaloa, en la que desempeñó diversos cargos, siendo el último de ellos de Jefe de Depuración al Padrón; hasta el momento en que concluyó la relación jurídica.

2. Terminación de relación. El actor señala que el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés,[5] concluyó la relación jurídica con motivo de la resolución del procedimiento laboral sancionador INE/DJ/HASL/PLS/310/2021, que determinó su destitución del cargo señalado en el párrafo que antecede; contra lo cual interpuso recurso de inconformidad INE/RI/SPEN/23/2023 ante el propio instituto, mismo que por resolución de veintiséis de mayo, confirmó su destitución, cuestión que le fue notificado el siguiente cinco de junio.

3. Juicio laboral SG-JLI-22/2023. Inconforme con lo anterior, el veintitrés de junio, el actor por derecho propio promovió juicio laboral ante esta Sala Regional, al que le correspondió la nomenclatura SG-JLI-22/2023, mismo que fue resuelto mediante sentencia de cinco de septiembre siguiente; en el sentido de revocar la determinación de la Junta General Ejecutiva del INE, para que en su lugar emitiera una nueva en los términos en ella indicados.

4. Resolución INE/JGE160/2023. El dieciocho de septiembre, la Junta General Ejecutiva del INE, emitió resolución en el recurso de inconformidad INE/RI/SPEN/23/2023, en acatamiento a lo ordenado por esta Sala Regional, determinando entre otras cuestiones:

        La actualización de la caducidad de las facultades de la autoridad instructora para iniciar el procedimiento laboral sancionador, por lo que revocó la resolución controvertida, dejó sin efectos jurídicos la sanción de destitución impuesta al hoy actor, ordenó su restitución en el cargo que tenía como Jefe de Depuración del Padrón Electoral adscrito a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sinaloa, así como se le pagaran los salarios, prestaciones, incluyendo aquellas por concepto de seguridad social que conforme a derecho dejó de percibir a partir de la destitución de su cargo; vinculando a diversas autoridades para su cumplimiento.

        Asimismo, refirió que en términos del artículo 584 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE, dicho Instituto a través de la persona titular de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sinaloa en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración podía decidir no reinstalar al hoy actor mediante el otorgamiento de una compensación por término de la relación laboral con base en las percepciones brutas que recibió por nómina a la fecha de su separación equivalente a tres meses y doce días por cada año de servicio o la parte proporcional correspondiente por el tiempo efectivo de servicios.

5. Oficios que niegan la reinstalación. Mediante oficio INE/JLE-SIN/VE/0841/2023, de veintisiete de septiembre e INE/DEA/DP/SRLP/5896/2023, de tres de octubre, signados por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sinaloa, y la Subdirectora de Relaciones y Programas Laborales de la Dirección de Personal, de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, respectivamente; se informó al hoy actor la determinación de no reinstalación y que la demandada se acogía a lo dispuesto en el artículo 584 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE.

6. Incidente de inejecución de sentencia y escisión. Con fecha cuatro de diciembre, el actor interpuso ante esta Sala escrito de incidente de incumplimiento de sentencia, en el juicio laboral SG-JLI-22/2023; por lo que, por acuerdo plenario de trece de diciembre, esta Sala determinó escindir dicho escrito para conocer dentro del referido juicio, únicamente lo atinente a lo ordenado en la sentencia de cinco de septiembre, y en un nuevo juicio laboral conocer los argumentos que plantea respecto de la resolución de la Junta General Ejecutiva y las determinaciones que se emitieron posterior a ella por vicios propios, así como las prestaciones laborales que la parte actora reclama.

Cabe señalar que el pasado veintiséis de enero, esta Sala determinó infundado el aludido incidente de incumplimiento de sentencia, por lo que se tuvo por cumplida la ejecutoria de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el juicio laboral SG-JLI-22/2023.

II. JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

1. Turno a ponencia. En cumplimiento al acuerdo plenario de escisión de trece de diciembre, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional, ordenó registrar la demanda como juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral SG-JLI-33/2023 y turnarlo a la ponencia del Magistrado en Funciones Omar Delgado Chávez.

3. Radicación, admisión y traslado. El catorce de diciembre, el Magistrado Instructor radicó el expediente en su ponencia, procedió con la admisión de la demanda de manera preliminar, precisando que el demandado en este juicio sería el INE, ordenó el emplazamiento a la demandada, y formuló una prevención al actor, la que cumplimentó el diecisiete de diciembre.

4. Ampliación de demanda, cumplimiento de prevención y traslado. Con esa misma fecha, el actor promovió escrito de ampliación de demanda, y por auto de cuatro de enero, se le tuvo por cumplida la prevención y se admitió la ampliación de demanda, corriendo traslado con la misma a la demandada para que procediera a dar contestación.

5. Contestación de demanda y ampliación, requerimientos y fecha de audiencia. La parte demandada dio contestación a la demanda y ampliación, por lo que se le dio vista a la actora y se realizó prevención y requerimiento a la demandada, se ordenó la apertura del incidente de liquidación y se fijó fecha de audiencia laboral electoral.

6. Audiencia incidental. El veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, se tuvo a las partes dando cumplimiento a los diversas prevenciones vistas y requerimiento, y se desahogó la audiencia incidental, por lo que se puso el juicio en estado de resolución para emitir el acuerdo plenario correspondiente al incidente de liquidación.

7. Acuerdo Plenario y sustanciación. Con fecha veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, el pleno de esta Sala resolvió improcedente el incidente de liquidación de mérito, por lo que en su momento se fijó fecha para la reanudación de la audiencia de conciliación admisión y desahogo de pruebas y alegatos, la que se llevó a cabo el siguiente nueve de febrero de la presente anualidad, por lo que al no haber más cuestiones pendientes por desahogar se declaró cerrada la instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este juicio, mediante el cual el actor reclama: a) el pago indebido de salarios caídos condenados en la resolución al recurso de inconformidad de la Junta General Ejecutiva, en acatamiento a la sentencia de esta Sala en el diverso juicio laboral SG-JLI-22/2023; b) el pago de la compensación por término de la relación laboral que contempla el artículo 584 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE; y c) Diversas prestaciones de carácter laboral y de seguridad social del INE.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido por los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 99, párrafo cuarto, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;[6] 1, fracción II, 164, 165, 166, fracción III, inciso e), 173, 174 y 180, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 94, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[7]; así como en el Capítulo Octavo, del Acuerdo General 7/2020 y puntos de acuerdo sexto y séptimo del Acuerdo General 2/2023 ambos emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el acuerdo INE/CG130/2023 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés.

Asimismo, se estima que esta Sala Regional es competente y tiene jurisdicción para resolver el asunto, ya que los cargos que desempeñó el promovente durante el periodo reclamado según se advierte de constancias (Auxiliar de Módulo IF, Verificador de Campo, Supervisor de Verificación, Supervisor de Verificación A, Técnico de Control, Jefe de Control, Técnico G, Técnico D, Jefe de Mesa de Control, y Jefe de Depuración del Padrón), no corresponden a órganos o sedes centrales, además de que los mismos se encontraban adscritos a la Junta Local Ejecutiva del Estado de Sinaloa; de ahí que se asuma el conocimiento, sustanciación y resolución del presente juicio.

SEGUNDO. Sustitución patronal.  Cabe precisar que conforme al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución federal en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, en el artículo 41, entonces párrafo segundo, base V, se estableció que el Instituto Federal Electoral fue sustituido por mandato constitucional por un nuevo organismo, el cual tomó posesión de su patrimonio, derechos, obligaciones, así como del estado y responsabilidad de los asuntos pendientes de sustanciación, los cuales quedan subsumidos en el ámbito de competencia de la nueva responsable, en este caso el INE, al que pasaron a formar parte los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la entidad extinta.

Si bien es cierto se ha llegado a señalar que para los trabajadores del Estado no opera dicha figura jurídica,[8] también lo es que, en el caso, la reforma constitucional involucró la modificación e inclusión de funciones del entonces Instituto Federal Electoral, manteniéndose intactas algunas otras como Instituto Nacional Electoral.

En efecto, existe sustitución de patrón cuando haya íntima relación entre dicha fuente de trabajo y el patrono, sin interrupción de las actividades laborales de producción o servicios, esto es, cuando el patrono sustituto siga el desarrollo de las actividades del anterior. En otros términos, el elemento esencial es la continuación.[9]

En tal orden de ideas, esta Sala Regional ha sido consistente en sostener que, en el caso que nos ocupa, se da la sustitución patronal alegada, toda vez que la relación original se estableció entre el Instituto Federal Electoral y el actor, por lo cual el INE debe ser considerado como patrón sustituto.

TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Del escrito de demanda, se aprecia que el hoy actor reclama, además del reconocimiento de la relación laboral y pago de diversas prestaciones laborales, que la Junta General Ejecutiva del INE, en su resolución INE/JGE160/2023, facultó a diversas autoridades del propio Instituto a no cumplir con lo ordenado por esta Sala en la sentencia emitida en el juicio SG-JLI-22/2023.

Ello, pues señala que esta Sala estableció proceder con la reinstalación del actor al cargo que desempeñaba, por acreditarse el “despido injustificado”; no obstante, la decisión del Instituto tuvo como finalidad no reinstalarlo, al optar por sustituir su cumplimiento en los términos que refiere el artículo 584 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE.

Por lo que, igualmente solicita el pago de la compensación por término de la relación laboral que refiere el citado numeral del Manual, equivalente a tres meses y doce días por cada año de servicios.

De igual manera, reclama una diferencia en el pago de salarios caídos, como de las prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo separado del cargo con motivo del “despido injustificado”; pues sostiene que la cantidad indicada por el Instituto no es coincidente con la que legalmente le corresponde.

Así, tenemos que los reclamos del hoy actor consisten en lo siguiente:

a) Resolución de la Junta General Ejecutiva del INE, INE/JGE160/2023, por la que facultó a diversas instancias de dicho Instituto, con la finalidad de no reinstalarlo, incumpliendo con lo ordenado en la sentencia SG-JLI-22/2023;

b) Pago indebido de salarios caídos y diversas prestaciones que dejó de percibir con motivo del “despido injustificado”, condenados en la resolución al recurso de inconformidad de la Junta General Ejecutiva del INE INE/JGE160/2023, en acatamiento a la sentencia de esta Sala en el diverso juicio laboral SG-JLI-22/2023;

c) Pago de la compensación por término de la relación laboral que contempla el artículo 584 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE; y

d) Reconocimiento de la relación laboral y pago de diversas prestaciones de carácter laboral y de seguridad social.

CUARTO. Causales de improcedencia.

La demandada en su escrito de contestación refiere de improcedente el reclamo de las diversas prestaciones indicadas en el escrito de demanda, pues a su decir, el pago de los salarios y prestaciones (legales y extralegales) que le fueron enteradas derivado de la resolución emitida dentro del recurso de inconformidad INE/RI/SPEN/23/2023, se encuentran realizadas conforme a derecho, sin que adeude cantidad alguna.

Asimismo, señala que el pago de la compensación por término de la relación laboral fue calculada y pagada en favor del actor, lo cual fue realizado conforme a los artículos 586 y 588 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos.

Ahora, dichos argumentos señalados como causal de improcedencia no pueden ser estudiados en este punto, en virtud de que tales aseveraciones serán motivo de pronunciamiento en el estudio de fondo de la presente sentencia.

QUINTO. Excepción de Caducidad. Ahora, la demandada sostiene que, respecto al reclamo de pago parcial de salarios caídos por el periodo del uno de abril al cuatro de octubre de dos mil veintitrés, y por el periodo comprendido del cinco de octubre hasta la fecha del cumplimiento de la sentencia, como del pago de vacaciones correspondientes al primer periodo vacacional de dos mil veintitrés, pago de prima vacacional proporcional al segundo periodo vacacional de dos mil veintitrés, y pago proporcional de dos mil veintitrés; hace valer como excepción, la figura jurídica de la caducidad.

Lo anterior, porque el artículo 96 de la Ley de Medios dispone que cuando un servidor considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones laborales, podrá inconformarse mediante demanda que presente a la Sala competente dentro del plazo de quince días hábiles siguientes en que se le notifique la determinación del Instituto que afecte sus derechos.

En ese sentido, sostiene que desde el dieciséis de octubre el actor tuvo conocimiento de la decisión del Instituto de no reinstalarlo en su puesto, a cambio del pago de los salarios caídos y de la compensación por término de la relación laboral, por lo que si desde esa fecha advirtió una afectación a sus derechos laborales, atento al contenido del artículo 96 de la Ley de Medios, es que comenzó a correr el plazo de quince días hábiles para inconformarse, por lo que al presentar su demanda laboral hasta el cuatro de diciembre, es claro que el plazo transcurrió en exceso.

Esta Sala Regional considera que le asiste parcialmente razón a la demandada en cuanto a la actualización de la caducidad únicamente respecto de lo siguiente: a) Resolución de la Junta General Ejecutiva del INE, INE/JGE160/2023, por la que facultó a diversas instancias de dicho Instituto, con la finalidad de no reinstalarlo, incumpliendo con lo ordenado en la sentencia SG-JLI-22/2023; y b) Pago indebido de salarios caídos y diversas prestaciones que dejó de percibir con motivo del “despido injustificado”, condenados en la resolución al recurso de inconformidad de la Junta General Ejecutiva del INE INE/JGE160/2023, en acatamiento a la sentencia de esta Sala en el diverso juicio laboral SG-JLI-22/2023; no así por lo que hace al resto de las prestaciones laborales y de seguridad social reclamadas, tal como se explica a continuación.

Al respecto se tiene que el artículo 96 de la Ley de Medios dispone que el servidor del Instituto que hubiese sido sancionado o destituido de su cargo, o considere haber sido afectado en sus derechos o prestaciones laborales, podrá inconformarse directamente ante la Sala del Tribunal Electoral competente dentro de los quince días hábiles siguientes en que se le notifique la determinación del INE.

En ese sentido, la disposición normativa es categórica al referir que son quince días hábiles, el plazo con el que cuenta un trabajador del INE para inconformarse respecto de alguna vulneración a sus derechos laborales; lo cual tiene sustento además en la Jurisprudencia 10/98 de la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: “ACCIONES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. EL PLAZO PARA EJERCITARLAS ES DE CADUCIDAD”.[10]

No obstante, de la interpretación sistemática de los artículo 96, párrafo 1, de la Ley de Medios, y 516 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, se concluye que atendiendo a la naturaleza de ciertas prestaciones laborales, existen algunas que no dependen de forma directa de la subsistencia del vínculo laboral ni están supeditadas a que prospere o no la acción principal ya que se generan por la prestación del servicio y el simple transcurso del tiempo, como lo son el pago de aguinaldo, prima de antigüedad, vacaciones y prima vacacional; por lo que el plazo para demandarlas es de un año a partir de que sea exigible el derecho de que se trate. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia 1/2011-SRI, de la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: “DEMANDA LABORAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NO ES APLICABLE RESPECTO DE PRESTACIONES QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA SUBSISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL”.[11]

Así, en el caso concreto se tiene que el actor entre otras cuestiones reclama el reconocimiento de la relación laboral y el pago de diversas prestaciones de índole laboral que no dependen concretamente de la subsistencia de la relación laboral, tales como: cuotas de seguridad social (ISSSTE, FOVISSSTE, subcuentas de retiro), primer periodo vacacional y proporcional del segundo periodo vacacional del dos mil veintitrés; prima vacacional proporcional al segundo periodo vacacional de dos mil veintitrés; Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC); aguinaldo proporcional del año dos mil veintitrés; y prima de antigüedad.

Por lo que, en cuanto a estas prestaciones, se considerará el plazo de un año a partir de la fecha en que el actor pudo ejercer su derecho a impugnar, como término legal para efectos de la oportunidad en la presentación de la demanda.

Ahora bien, respecto de la compensación por término de la relación laboral con base en el artículo 584 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE; esta Sala estima que si bien, dicha compensación resulta un símil a la indemnización que refiere el numeral 108 de la Ley de Medios -pues en ambos supuestos se establece el pago de tres meses de salario más doce días por cada año trabajado por concepto de prima de antigüedad-, y en consecuencia, le aplica el plazo de quince días hábiles para su impugnación; lo cierto es que la misma se encuentra ligada a la determinación de la prima de antigüedad, supuesto que conforme a la Jurisprudencia le resulta aplicable el plazo de un año, por lo que será este último el que se considerará para efectos de la oportunidad en su impugnación.  

Finalmente, en cuanto a la resolución INE/JGE160/2023, por la que se facultó la posibilidad de no reinstalarle en el puesto que desempeñaba, así como del pago indebido de salarios caídos y demás prestaciones de que gozó durante el tiempo en que estuvo separado del cargo, con motivo del “despido injustificado”, se estima que a las mismas les aplica el plazo de quince días hábiles para controvertirlas en términos del numeral 96 de la Ley de Medios, pues las mismas están supeditadas a la acción principal y dependen de la subsistencia del vínculo laboral; en consecuencia se tiene lo siguiente:

        Resolución INE/JGE160/2023 y oficios de no reinstalación.

De autos se advierte la constancia de notificación al actor de cuatro de octubre, respecto de la resolución INE/JGE160/2023, emitida por la Junta General Ejecutiva del INE, por la que se faculta a diversas autoridades del INE de optar por no reinstalar al actor a cambio de la compensación que dispone el artículo 584 del Manual; así como de los oficios INE/JLE-SIN/VE/0841/2023, e INE/DEA/DP/SRLP/5896/2023, signados por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sinaloa, y la Subdirectora de Relaciones y Programas Laborales de la Dirección de Personal, de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, respectivamente, por los que informan la determinación de no reinstalarle en el puesto que desempeñaba.

Es decir, desde el día cuatro de octubre, tuvo conocimiento de la determinación del INE de no llevar a cabo la reinstalación y en su caso emitir la compensación por término de la relación laboral correspondiente; por lo que el plazo de quince días hábiles que refiere el artículo 96 de la Ley de Medios, comenzó a correr desde el cinco de octubre siguiente, feneciendo el veinticinco de octubre; de manera que si la presentación de la demanda se llevó a cabo hasta el cuatro de diciembre, resulta evidente que, por lo que refiere a este concepto, fue realizada de manera extemporánea, de modo que, tal y como indica la demandada, se actualiza la figura jurídica de la caducidad.  

Sin que pase inadvertida la manifestación de que, la determinación de la Junta General Ejecutiva del INE como las subsecuentes actuaciones de autoridades del INE (particularmente los oficios INE/JLE-SIN/VE/0841/2023, e INE/DEA/DP/SRLP/5896/2023), fueron emitidos en contravención de lo ordenado por esta Sala en la sentencia emitida en el juicio SG-JLI-22/2023.

Argumentos que para esta Sala resultan inatendibles para efectos de la oportunidad de su demanda, pues lo concerniente a la inejecución de la sentencia emitida en dicho juicio laboral (SG-JLI-22/2023), ya fue resuelto mediante incidente de incumplimiento de fecha veinticinco de enero de dos mil veinticuatro; en donde esta Sala explicó los efectos que se dieron y que la misma se encontraba cabalmente cumplida.  

De igual forma, las manifestaciones o expresiones que realiza sobre un despido injustificado también se encuentran fuera del plazo anteriormente previsto para ser objeto de estudio como reclamo, ante lo cual se tiene como un supuesto “despido injustificado” –a decir de la parte actora–, dada la configuración de la excepción invocada por la parte demandada que impediría un pronunciamiento sobre la validez o invalidez de dicha afirmación.

        Salarios caídos.

De actuaciones se destaca, copia del título de crédito número 57976127, de la institución bancaria BBVA Bancomer, a nombre del hoy actor, por la cantidad de $129,817.08 (ciento veintinueve mil ochocientos diecisiete pesos 08/100 MN), con fecha de expedición de dieciséis de octubre; copia del recibo de pago que desglosa la cantidad pagada en el referido título de crédito signado por el actor con fecha dieciséis de octubre, y del cual se advierte la siguiente leyenda “recibí cheque en original por pago de sueldos caídos, Jorge Rubén Valdez Medina”;[12] así como la razón de recepción de cheque donde se describe que el día dieciséis de octubre de dos mil veintitrés a las quince horas con cinco minutos se hizo entrega del referido título de crédito al hoy accionante.

Luego, se aprecia que, en efecto, el promovente tuvo conocimiento de la cantidad pagada por concepto de salarios caídos desde el dieciséis de octubre, por lo que el plazo de quince días hábiles que refiere el artículo 96 de la Ley de Medios, comenzó a correr el diecisiete de octubre siguiente, feneciendo el siete de noviembre; toda vez que el día dos de noviembre fue inhábil.[13]

De manera que, si la presentación de la demanda se llevó a cabo hasta el cuatro de diciembre, resulta evidente que es extemporánea por lo que refiere a este concepto; así, tal y como indica la demandada, se actualiza la figura jurídica de la caducidad.

Sin que, para lo anterior, pase inadvertido el reclamo del accionante respecto de los salarios caídos y demás prestaciones que se sigan venciendo a partir del cinco de octubre de dos mil veintitrés y hasta que se dé cabal cumplimiento a lo sentenciado.

Pues sólo puede reclamar el pago de dichos conceptos con motivo del supuesto "despido injustificado” –a decir de la parte actora–, desde el día que ocurrió la separación del cargo (veinticuatro de marzo) hasta la fecha en que la demandada informó que no sería reinstalado (cuatro de octubre), fecha última en la que se tuvo certeza del fin de la relación jurídica entre las partes.

Lo anterior con independencia de lo indicado en su escrito de aclaración o ampliación de demanda, donde manifestó que el cumplimiento al que hace referencia es el de la resolución INE/JGE160/2023 y no a la sentencia del SG-JLI-22/2023; porque como se indicó, el pago de dichos conceptos debe ser a la fecha en que se tuvo certeza del fin de la relación laboral y no al cumplimiento de diversos fallos.

Pero como fuere, dicho reclamo está relacionado con la fecha de conocimiento de la determinación sobre el fin de la relación jurídica entre la parte demandada y la parte actora, así como el pago realizado sobre salarios caídos.

En conclusión, esta Sala Regional estima que opera la figura jurídica de la caducidad por lo que refiere a los siguientes conceptos:

a)     Resolución de la Junta General Ejecutiva del INE, INE/JGE160/2023, por la que facultó a diversas instancias de dicho Instituto, con la finalidad de no reinstalarlo, incumpliendo con lo ordenado en la sentencia SG-JLI-22/2023; y

b)    Pago indebido de salarios caídos y diversas prestaciones que dejó de percibir con motivo del supuesto "despido injustificado” –a decir de la parte actora–, condenados en la resolución al recurso de inconformidad de la Junta General Ejecutiva del INE INE/JGE160/2023, en acatamiento a la sentencia de esta Sala en el diverso juicio laboral SG-JLI-22/2023;

Por lo que lo conducente es sobreseer el presente juicio laboral respecto de dichos conceptos en términos de lo dispuesto por los numerales 96, párrafo 1, en relación con el artículo 10, párrafo 1, inciso b), y 11, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios.

SEXTO. Requisitos de Procedencia.

1. Forma. Se hace constar el nombre y firma del actor quien comparece por derecho propio, a través del Sistema de Juicio en Línea; se identifica el acto controvertido, las prestaciones reclamadas, así como a la demandada; se mencionan los hechos en que se basa la acción, los agravios que en concepto de quien promueve causa el acto combatido, así como los preceptos presuntamente violados.

2. Oportunidad. Respecto a este requisito, se tiene que la separación definitiva de la relación jurídica entre el actor y el Instituto aconteció desde el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, derivado de la determinación de no reinstalación que realizaron el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sinaloa en coordinación con la Subdirectora de Relaciones y Programas Laborales de la Dirección de Personal, de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, a cambio de la compensación en términos del artículo 584 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE.

En ese sentido, toda vez que el reconocimiento de la relación laboral como el pago de las restantes prestaciones de índole laboral y de seguridad social que controvierte el actor, no dependen de forma directa de la subsistencia del vínculo laboral, la presentación se estima oportuna ya que aconteció dentro del plazo de un año a que hace alusión la Jurisprudencia 1/2011-SRI, de la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: “DEMANDA LABORAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NO ES APLICABLE RESPECTO DE PRESTACIONES QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA SUBSISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL”, y no así, el de quince días hábiles que señala el artículo 96, párrafo 1, de la Ley de Medios. De manera que, si la interposición de la demanda ocurrió el cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, es incuestionable que la misma se realizó en tiempo.

Respecto de la contestación a la demanda, se estima que igualmente fue presentada de manera oportuna, pues el auto por el que se corrió traslado con el escrito inicial, le fue notificado el catorce de diciembre de dos mil veintitrés, comenzando a correr el término respectivo el siguiente quince de diciembre, y la presentación de la contestación ante esta Sala se llevó a cabo el siguiente quince de enero de dos mil veinticuatro; esto es dentro del plazo de diez días hábiles que contempla el numeral 100 de la Ley de Medios.

Lo anterior, sin tomar en cuenta los sábados y domingos, así como del dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés al dos de enero de dos mil veinticuatro, toda vez que dicho lapso consistió en el segundo periodo vacacional del INE durante el año dos mil veintitrés.[14]  

3. Legitimación, personería e Interés Jurídico. En cuanto a la capacidad procesal de las partes, la del actor se encuentra satisfecha, por tratarse de un ex servidor del INE, que acude por derecho propio, a promover el presente juicio y afirma resentir una afectación a sus derechos laborales.

De igual forma, al Instituto demandado se le tuvo compareciendo por conducto de sus apoderados, por haberlo acreditado con el testimonio notarial correspondiente.

Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

4. Definitividad. Se estima que no procede algún otro medio de impugnación que debiera agotarse antes de acudir al presente juicio laboral; por tanto, la parte actora está en aptitud jurídica de promoverlo.

Por todo lo anterior, se arriba a la conclusión de que el presente juicio, no se encuentra en alguno otro de los supuestos de improcedencia y sobreseimiento previstos por los artículos 10 y 11 de la Ley de Medios, por tanto, es conducente realizar el estudio del resto de las acciones y excepciones opuestas.

SÉPTIMO. Planteamiento del caso.

1. Señalamientos del actor.

Toda vez que la demanda hace alusión al indebido cumplimiento de la sentencia de esta Sala SG-JLI-22/2023, así como del pago indebido de salarios caídos y diversas prestaciones que dejó de percibir con motivo del supuesto "despido injustificado” –a decir de la parte actora–, cuestiones que ya fueron desvirtuadas en el análisis del considerando QUINTO de esta sentencia; lo procedente es indicar los planteamientos del actor que tienen que ver con las prestaciones que sí serán objeto de estudio en el presente juicio.

Así, se duele de la omisión de reconocerle su antigüedad laboral como trabajador activo del INE, por el periodo comprendido del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres al quince de febrero del dos mil, como del periodo comprendido del uno de abril de dos mil veintitrés a la fecha en que se dé cabal cumplimiento a la sentencia; y, pago de las siguientes prestaciones:

1.1. Cuotas de seguridad social. Reclama el pago de cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE); de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de ahorro solidario, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones voluntarias y de ahorro a largo plazo, que correspondan a las administradoras de fondos de ahorro para el retiro denominada AFORE BANAMEX.

Ello por el periodo comprendido del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres al quince de febrero de dos mil, y del uno de abril de dos mil veintitrés a la fecha en que se dé el cabal cumplimiento de la sentencia.

1.2. Vacaciones. Reclama el pago de vacaciones correspondientes al primer periodo vacacional del dos mil veintitrés, así como el proporcional del segundo periodo vacacional de dicha anualidad, toda vez que no las disfrutó; refiriendo que dicho adeudo asciende a la cantidad de $12,499.90 (doce mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 90/100 MN) por el primer periodo vacacional y $8,520.77 (ocho mil quinientos veinte pesos 77/100 MN) por el proporcional del segundo periodo vacacional.

1.3. Prima vacacional proporcional. Reclama por concepto de prima vacacional proporcional al segundo periodo vacacional de dos mil veintitrés, la cantidad de $2,405.05. (dos mil cuatrocientos cinco pesos 05/100 MN)

1.4. Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC). Señala se adeuda la cantidad de $21,075.65 (veintiún mil setenta y cinco pesos 65/100 MN) por dicho concepto, correspondiente al ahorro generado del dieciséis de julio de dos mil veintidós al quince de julio de dos mil veintitrés, en virtud de que su descuento mensual era de $310.76 (trescientos diez pesos 76/100 MN) quincenales.

1.5. Aguinaldo. Solicita el pago de aguinaldo proporcional del año dos mil veintitrés, mismo que pide se debe realizar con base a su sueldo tabular de $16,669.00 (dieciséis mil seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100 MN); por lo que, la cantidad que corresponde por dicho concepto tomando en consideración el periodo del uno de enero al veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés es de $40,376.02 (cuarenta mil trescientos setenta y seis pesos 02/100 MN), cantidad que deberá actualizarse hasta la fecha en que se dé cabal cumplimiento a la sentencia.

1.6. Compensación del término de la relación laboral. (Indemnización del artículo 584 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE). Respecto a dicho concepto, al haberse determinado su no reinstalación al cargo que desempeñaba en la Junta Local Ejecutiva de Sinaloa, alega se le adeuda la cantidad de $520,417.72 (quinientos veinte mil cuatrocientos diecisiete pesos 72/100 MN), por concepto de treinta años, seis meses y dos días de prestación de servicios a la demandada, más lo que se actualice al momento en que se dé cabal cumplimiento a la sentencia.  

1.7. Prima de antigüedad. Reclama el pago de la prima de antigüedad computada desde el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres hasta el veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, por la cantidad de $151,901.40 (ciento cincuenta y un mil novecientos un peso 40/100 MN), que equivale a treinta años, seis meses y dos días de prestación de servicios a la demandada, más la cantidad actualizada hasta el momento en que se dé cabal cumplimiento a la sentencia. Lo anterior, considerando que la cantidad de $414.88 (cuatrocientos catorce pesos 88/100 MN) es el salario mínimo doble que se utiliza para efectuar el cálculo de esta prestación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

1.8. Hoja Única de Servicios. Finalmente, reclama la expedición de la Hoja Única de Servicios, que respalde la información relativa a su antigüedad laboral desde el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés hasta el día en que se dé cabal cumplimiento a la sentencia.

2. Contestación de la demanda   

El Instituto Nacional Electoral, por conducto de su apoderado al contestar la demanda, respecto de las prestaciones reclamadas y que sí serán objeto de estudio en la presente sentencia señaló lo siguiente:

2.1. Se niega acción y derecho por lo que refiere al reconocimiento de antigüedad como trabajador del INE del uno de abril de dos mil veintitrés hasta que se dé cumplimiento a lo sentenciado; así como el pago de cuotas y aportaciones de retiro, toda vez que, conforme a la resolución del recurso de inconformidad INE/RI/SPEN/23/2023, en donde se vinculó al INE a dejar sin efectos la destitución impuesta al actor, ordenándose la restitución al cargo de Jefe de Depuración al Padrón Electoral adscrito a la Junta Local Ejecutiva del INE en Sinaloa, así como el pago de los salarios y prestaciones incluyendo las relativas a la seguridad social, reconoció al accionante la antigüedad generada del periodo comprendido del uno de abril de dos mil veintitrés y hasta el día en que culminó la relación laboral entre las partes es decir el cuatro de octubre siguiente, por lo que ya se realizó el pago de cuotas y aportaciones a su favor ante el ISSSTE, FOVISSSTE, y SAR (sic),[15] así como las correspondientes al retiro.

Igualmente sostiene que, el pago de cuotas y aportaciones ante los órganos de seguridad social “hasta el cumplimiento de la sentencia”, emitida en el juicio laboral SG-JLI-22/2023 excede los efectos de la ejecutoria emitida en el citado expediente laboral.

2.2. Respecto al pago de vacaciones correspondientes al primer periodo vacacional y proporcional del segundo periodo vacacional, señala que las mismas no se pagan, sino que se disfrutan, pues su finalidad es obtener la recuperación de las energías del trabajador y no se compensan con una remuneración; además de que, ante la falta de prestación de servicios del trabajador durante el periodo del uno de abril al cuatro de octubre es inconcuso que no puede generar derecho a su favor.

Además, dado que el INE ya pagó los salarios caídos por el periodo del uno de abril al cuatro de octubre de dos mil veintitrés, resulta evidente que el pago de las vacaciones se encuentra inmerso en el mismo.

2.3. En cuanto al pago del ahorro generado del dieciséis de julio de dos mil veintidós al quince de julio de dos mil veintitrés respecto del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC), refiere que es un beneficio que se otorga al personal que de manera voluntaria solicita su incorporación por lo que para su otorgamiento es indispensable que el peticionario cumpla con todos los requisitos de la norma.

Sostiene que, como en el caso, el hoy actor solicitó su inscripción para el ciclo de julio dos mil veintidós a julio dos mil veintitrés, dicho fondo emitió un título de crédito a su favor, por la cantidad de $15,681.92 (quince mil seiscientos ochenta y un peso 92/100 MN), mismo que el actor se ha abstenido de recibir.

Respecto de las aportaciones por el periodo del uno de abril al cuatro de octubre de dos mil veintitrés, refiere que las mismas fueron descontadas de los salarios caídos, por lo que una vez que dicho fondo realice el pago de las cuotas y aportaciones realizadas por el actor y el Gobierno Federal con relación al ejercicio 2023-2024.

Respecto al pago de aportaciones a partir del cinco de octubre y hasta el cumplimiento de lo sentenciado, ello excede los efectos de la ejecutoria emitida en el expediente laboral SG-JLI-22/2023.

2.4. En cuanto al pago de la prima vacacional proporcional del segundo periodo vacacional del año dos mil veintitrés, refiere haber realizado el pago de la prima vacacional proporcional del uno de julio al cuatro de octubre.

En cuanto al pago proporcional correspondiente al segundo periodo vacacional, el cual debe seguirse actualizando hasta el cumplimiento de lo sentenciado, sostiene se excede de los efectos de la ejecutoria emitida en el SG-JLI-22/2023.

2.5. Por lo que refiere al aguinaldo proporcional del año dos mil veintitrés, sostiene que dicho pago se encuentra disponible y a su disposición en la Junta Local Ejecutiva del INE en Sinaloa por lo que hace al periodo comprendido del uno de enero al cuatro de octubre de dos mil veintitrés.

Por lo que hace al pago de aguinaldo proporcional a partir del cinco de octubre y hasta el cumplimiento de lo sentenciado, el mismo excede de los efectos de la ejecutoria emitida en el expediente laboral SG-JLI-22/2023.

2.6. En cuanto al pago de la compensación indemnizatoria equivalente a 30 años 6 meses y 2 días; se niega acción y derecho al actor para reclamar la prestación, en virtud de que no existe fundamento de hecho ni de derecho para hacer tal reclamación pues ni el Estatuto ni el Manual contemplan el pago de “Compensación Indemnizatoria”.

Para el caso de referirse al pago de la compensación por término de la relación laboral prevista en el artículo 570 del Manual, el INE realizó las gestiones para realizar el pago de la compensación a que hace referencia el numeral 584 del Manual, para lo cual, sostiene fue emitido título de crédito, pero el actor se ha abstenido de recibir.

Respecto a la pretensión de que se le pague la compensación por término de la relación laboral, hasta la fecha de cumplimiento de lo sentenciado, arguye exceden los efectos de la ejecutoria.

2.7. Por lo que refiere al pago de la prima de antigüedad, niega acción y derecho al actor, toda vez que conforme al artículo 578 del Manual, el pago de la compensación por término de la relación laboral integrará la prima de antigüedad, por lo que con el pago de la misma se tendrá por cubierta cualquier reclamación que se haga por dicho concepto, añadiendo que para dicho pago se tomó en cuenta la antigüedad generada por el actor del uno de octubre de mil novecientos noventa y seis al cuatro de octubre de dos mil veintitrés, y que el accionante ha sido omiso en recibir el título de crédito que ampara dichos conceptos.

Sostiene que, en la compensación por término de la relación laboral de tres meses de sueldo y doce días de salario por cada año laborado, se deberá tener por pagada al actor la prima de antigüedad a que tuvo derecho.

De igual manera, señala que la pretensión de que el pago de la prima de antigüedad se actualice hasta el cumplimiento de lo sentenciado, exceden los efectos de la ejecutoria del expediente SG-JLI-22/2023.

2.8. Respecto al reconocimiento de la antigüedad laboral, del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres al quince de febrero del dos mil; niega acción y derecho, toda vez que su ingreso en esas fechas fue mediante la expedición de constancias de nombramiento por tiempo fijo, además de que hubo diversas interrupciones, por lo que la prestación de sus servicios es regulada por la legislación civil, hasta que ocupó puesto de plaza presupuestal.

Además, al haber existido diversas relaciones contractuales entre las partes, no puede considerarse como un solo vínculo jurídico, puesto que cada una tuvo un inicio y una conclusión; por lo que niega lisa y llanamente una relación laboral en ese periodo.

2.9. En cuanto a la expedición de la Hoja Única de Servicios, refiere que el accionante no acredita haberla solicitado a su representada, pues solo solicitó una certificación o ratificación de la misma; sin embargo, solicita se dejen a salvo sus derechos para que la solicite a la Coordinación Administrativa de la Junta Local.

2.10. Respecto del pago de cuotas y aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de ahorro solidario y complementarias de retiro, por el periodo del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres al quince de febrero de dos mil; señala que el actor carece de acción y derecho para reclamar por dicho periodo, ya que fue contratado a través de nombramientos por obra determinada, de manera que no generó derechos para ser dado de alta ante los órganos de seguridad social.  

Aunado a lo anterior, el representante de la demandada hace valer las siguientes excepciones:

- Excepción de falta de acción y derecho. Respecto al reconocimiento de la relación laboral de manera ininterrumpida, a partir del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, pues prestó sus servicios con el INE en diferentes etapas mediante la expedición de nombramientos por tiempo determinado.

Igualmente, respecto del pago de vacaciones del primer y segundo periodo del dos mil veintitrés, pues el pago de las mismas se encuentra inmerso en el pago de los salarios caídos.

Lo mismo con la prima vacacional correspondiente al primer periodo vacacional y proporcional del segundo periodo vacacional, toda vez que las mismas ya fueron cubiertas.

Misma excepción se hace valer por lo que refiere al pago del aguinaldo proporcional dos mil veintitrés, FONAC y compensación por término de la relación laboral, toda vez que se han emitido en su favor los títulos de crédito que amparan el pago de las mismas.

De igual forma se hace valer dicha excepción pro lo que refiere a la prima de antigüedad, ya que esta se encuentra incluida en el pago de su compensación por término de la relación laboral.

- Caducidad. Respecto al pago de vacaciones correspondientes al primer periodo vacacional y proporcional del segundo periodo vacacional de dos mil veintitrés, y pago de aguinaldo proporcional de dos mil veintitrés; ello pues transcurrió en exceso el plazo de quince días hábiles previsto en el numeral 96 de la Ley de Medios.

OCTAVO. Metodología. En atención al contexto del caso y a las prestaciones de índole laboral y de seguridad social reclamadas por el actor que sí serán objeto de análisis, el estudio de fondo se realizará de la siguiente manera:

1. NATURALEZA DE LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES. En primer término, se analizará si el vínculo entre el actor y el Instituto Nacional Electoral corresponde a uno de carácter laboral o a uno de índole civil. Del resultado de este estudio dependerá la procedencia o exigibilidad de las prestaciones reclamadas.

2. PROCEDENCIA DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS A LA LUZ DE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS. En el caso de demostrarse la relación laboral entre las partes se analizará el estudio de las prestaciones reclamadas por el actor; no sin previamente analizar si en el caso, las excepciones de falta de acción y derecho, como de caducidad, opuestas en la contestación de la demanda se actualizan o no.

NOVENO. Estudio de fondo.

1. NATURALEZA DE LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES.

En opinión de esta Sala, con independencia de la denominación del acto que estableció el vínculo jurídico entre el actor y el Instituto Nacional Electoral, la relación entre ambas partes fue de carácter laboral, como se demuestra a continuación.

A) Determinación de los periodos en que existió el vínculo contractual.

Previo al análisis del tipo de relación jurídica que unió a las partes en conflicto (civil o laboral), resulta necesario precisar, en un principio, la fecha de inicio y conclusión de tal relación, además de, si ésta se llevó a cabo de manera continua, permanente e ininterrumpida o existieron periodos de interrupción de la relación, lo anterior ante la contradicción de las partes en ese tenor.

El actor aduce que existió una relación laboral ininterrumpida entre él y el INE, por el periodo comprendido del 25 de mayo de 1993 al 27 de noviembre de 2023, durante el cual desempeñó diversos cargos, siendo el último, el de “Jefe de Depuración al Padrón”, ello en la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sinaloa.

Ahora, por su parte, la demandada indica que, si bien el actor ingresó al entonces Instituto Federal Electoral el 25 de mayo de 1993, ello ocurrió en diferentes etapas mediante nombramientos por tiempo fijo, de manera que dichas contrataciones eran de carácter civil y no existió una relación laboral desde esa fecha, sino a partir del 16 de febrero del 2000 cuando adquirió un nombramiento de plaza presupuestal; relación que concluyó el 04 de octubre de 2023, con la notificación de la determinación de no reinstalación.

Como se aprecia, existen diferencias entre las fechas de inicio como de conclusión de la relación jurídica; por lo que se procederá a verificar con el material probatorio que obra en autos, las fechas ciertas del inicio y conclusión de la relación jurídica entre las partes.

Para acreditar su dicho, el actor adjuntó entre otras probanzas, las siguientes:

Por su parte, el INE en su escrito de contestación de demanda reconoce que existió una relación jurídica contractual entre las partes por los siguientes periodos:

De lo anterior se desprende el reconocimiento que en tres de los cinco periodos mencionados por el INE la relación jurídica entre las partes fue de carácter laboral, y solo dos (las comprendidas del 16/02/1995-29/02/1996 y del 01/10/1996-15/02/2000), son de naturaleza civil, sin embargo, no se desprende el cargo desempeñado por el actor en esos dos periodos.

Adicionalmente manifiesta que, no existió relación contractual entre las partes durante tres momentos:

De manera que niega relación jurídica alguna con la parte actora en esos tres periodos.

Para acreditar lo anterior, adjunta a su escrito de contestación entre otros, los siguientes documentos:

     Cinco constancias de nombramiento por tiempo fijo por los periodos siguientes:

     Veintiocho contratos de prestación de servicios por los periodos siguientes:

     Formato único de movimiento y/o constancia de nombramiento por el cargo de “Profesional de Servicios Especializados” correspondiente al periodo comprendido del 16 de febrero del 2000 al 29 de febrero del 2000.

Tesis de decisión.

De lo anterior se tiene certeza que, el inicio de la relación jurídica entre las partes fue a partir del 25 de mayo de 1993, tal y como lo expresó el actor y como se advierte de la constancia de nombramiento por el periodo 25/05/1993 al 31/08/1993, exhibida por ambas partes.

Mientras que la terminación del vínculo aconteció el 04 de octubre de 2023, con motivo de la notificación al actor de los oficios INE/JLE-SIN/VE/0841/2023, e INE/DEA/DP/SRLP/5896/2023, signados por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sinaloa, y la Subdirectora de Relaciones y Programas Laborales de la Dirección de Personal, de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, respectivamente, en el que le informan la decisión de no reinstalarlo en el cargo que desempeñaba a cambio de la compensación por término de la relación laboral que establece el artículo 584 del Manual.

En ese sentido para efectos de la presente resolución se tendrá como fecha de inicio de la relación jurídica el 25 de mayo de 1993; y de conclusión el 04 de octubre de 2023, (tal como lo indicó la demandada) y no el 27 de noviembre de 2023 como refería el actor, pues no obra en autos documento alguno que acredite el vínculo jurídico hasta esa fecha.

Sin que pase inadvertida, la manifestación del promovente en el sentido de que, el pago de las diversas prestaciones reclamadas debe realizarse hasta la fecha en que se dé cumplimiento a lo sentenciado; pues lo cierto es, que la separación del vínculo jurídico que pudo existir entre las partes culminó con la determinación y respectiva notificación de no reinstalarle en el cargo que desempeñaba.

Sin que en ello impacte de alguna manera, el cumplimiento o incumplimiento tanto de la sentencia de esta Sala en el diverso SG-JLI-22/2023, como de la resolución de la Junta General Ejecutiva INE/JEG160/2023, emitida en acatamiento a la citada ejecutoria; pues se insiste, de estas no depende la fecha en que aconteció la separación definitiva del actor.

Comprobación.

Una vez que se conoce la fecha cierta de inicio y conclusión de la relación jurídica, se corrobora que en la misma hubo continuidad tal y como lo alega la parte actora.

Al respecto, la demandada reconoció la existencia de vínculo contractual del 16 de febrero del 2000 al 04 de octubre de 2023; no obstante, de la propia contestación se advierte la afirmación de que, el cálculo para el pago de la CTRL, Compensación por Término de la Relación Laboral, realizada por la Subdirección de Operación de Nómina, tomó como antigüedad para su pago el periodo comprendido del 01 de octubre de 1996 al 04 de octubre de 2023.

Por lo que, dicha afirmación es un reconocimiento expreso de la antigüedad del actor y por ende de la existencia de vínculo contractual por lo menos a partir del 01 de octubre de 1996.

En ese orden, esta Sala considera que, para efectos de la continuidad, dicha declaración también resulta aplicable, pues de no existir ese vínculo y perpetuidad en el periodo, el Instituto no pudo haber realizado el cálculo de la compensación de la forma en que lo hizo, de modo que queda acredita la continuidad aludida.

Así, lo concerniente ahora es revisar la continuidad respecto del periodo acaecido del 25 de mayo de 1993 al 01 de octubre de 1996.

Para ello, esta Sala procederá a verificar en primer término si la continuidad en el periodo faltante se observa de los “contratos de prestación de servicio” como de las “constancias de nombramiento por tiempo fijo” ofrecidos por ambas partes y que se detallan a continuación.

De lo anterior, se aprecia que, durante el periodo comprendido del 25 de mayo de 1993 al 01 de octubre de 1996, existieron tres interrupciones:

Siendo infundado lo argumentado por la demandada, respecto a que no existió relación jurídica en los periodos del 01 de septiembre de 1993 al 28 de febrero de 1994; del 01 de septiembre de 1994 al 15 de febrero de 1995; y del 01 de marzo al 30 de septiembre de 1996; pues solo se ha demostrado hasta este momento, la interrupción en los tres periodos descritos en el párrafo que antecede.

Así, lo procedente ahora es verificar si de los recibos de pago aportados por el actor, se advierte la continuidad en sendos periodos faltantes.

Cabe destacar que en dichos recibos se aprecia la nomenclatura “INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES”, lo cual da certeza a esta Sala que en efecto se trata de documentos expedidos por la demanda en las fechas que los mismos indican.

Ahora, se aprecia que no se cuenta con recibos de pago por el periodo comprendido del 25 de mayo de 1993 al 15 de febrero de 1994. Lo que hace evidente la interrupción del 01 al 15 de septiembre de 1993.

De igual manera, no se cuenta con recibos de pago que correspondan al periodo del 01 de septiembre de 1994 al 15 de febrero de 1995, ni el atinente del 01 al 15 de junio de 1995; ya que, por lo que refiere a esos años, solo se advierten los recibos siguientes:

En ese sentido, hasta este momento persisten las tres interrupciones referidas.

Por consiguiente, esta Sala procederá a verificar si dentro de los talones de cheque aportados por el actor, se aprecia la continuidad en sendos periodos de interrupción.

Cabe destacar que, de los recibos respectivos, no se advierte alusión alguna al otrora Instituto Federal Electoral, pues solo mencionan la referencia “MULTIBANCO COMERMEX”; no obstante, derivado a que las fechas de expedición de los mismos corresponden a las indicadas en las constancias de nombramiento, contratos de prestación de servicios, y recibos de pago, se estima que estos fueron emitidos por el Instituto demandado al actor, en las fechas en ellos señaladas.

Sin que pase inadvertida la objeción del INE, en cuanto a su alcance y valor probatorio, al referir que, durante ese lapso de tiempo, el actor fue contratado por el entonces IFE,[20] mediante constancias de nombramiento por obra determinada; pues con independencia de ello, en este punto se pretende corroborar la continuidad de la relación jurídica entre las partes, y será en un capítulo posterior, que se verificará si esta fue de índole laboral o no.  

Así, de su contenido se desprende que no obra talón de cheque que demuestre la relación jurídica por el periodo del 01 al 15 de septiembre de 1993; pues se cuenta con sendos documentos a partir del 01 de febrero de 1994.

En relación con la interrupción comprendida del 01 de septiembre de 1994, al 15 de febrero de 1995, se aprecia que existen algunos talones de pago pertenecientes a dicho periodo.

De lo anterior, si bien se observan interrupciones (01 de septiembre al 15 de noviembre de 1994, y, del 01 al 15 de febrero de 1995); también lo es que en ambas anualidades obra talón de cheque que corresponde al pago de aguinaldo.

Ahora, de esos talones, únicamente el correspondiente al año 1994, abarca la totalidad de la anualidad, de manera que, al no obrar en autos documento que acredite que el pago de dicho concepto se hizo de forma proporcional (contemplando los periodos de interrupción que alega la demandada), queda acreditada la continuidad por lo menos en esa anualidad (1994),[21] no así por lo que respecta al año 1995, pues de este se advierte que el aguinaldo fue proporcional, o por lo menos corresponde únicamente a la segunda quincena de diciembre (16/12/95-31/12/95 Aguinaldo).

Ahora, respecto a la interrupción del 01 al 15 de junio de 1995, se aprecia que sí obra recibo de pago de esa quincena, por lo que se acredita la continuidad en dicho periodo.

Entonces, en contraste con la documentación aquí valorada (talones de pago), se aprecia que solo existe interrupción por los periodos siguientes:

Ahora, el actor también ofrece como prueba, lo que denomina “Constancia laboral” por el periodo del 13 de septiembre de 1993 al 31 de enero de 1995 en la que se hace alusión que el actor ocupó los cargos de Jefe de Mesa de Control, Supervisor de Verificación y Verificador de Campo.

No obstante, dicho documento, tal y como se dijo en la audiencia de ley de fecha nueve de febrero pasado, consiste en una “carta de recomendación” expedida por la Coordinadora Técnica Estatal de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sinaloa de la Vocalía del Registro Federal de Electores.

Si bien dicha constancia constituye un indicio, y no puede hacer prueba plena por sí sola, al acompañarse dos constancias de nombramiento con fechas de inicio de 16 de septiembre de 1993 y 01 de enero de 1994 (de las que no se aprecia fecha de conclusión) y cuatro constancias más que abarcan del 01 de marzo de 1994 al 31 de agosto de 1994, y tras concatenarse entre sí, es posible inferir que en efecto, el hoy actor mantuvo una relación contractual de manera continua con el instituto demandado en la fecha que indica la señala carta de recomendación, esto es del 13 de septiembre de 1993 al 31 de enero de 1995, máxime que en dicha carta se expresa que desempeñó los cargos de “Verificador de Campo” y “Supervisor de Verificación”, puestos que coinciden con las constancias de nombramientos que obran.

En ese orden de ideas tendríamos que, si la fecha de inicio de la relación jurídica entre las partes fue el 25 de mayo de 1993, ese primer periodo abarcó del 25 de mayo al 31 de agosto de 1993, pero hubo una primera interrupción del 01 al 12 de septiembre de 1993.

Luego, se observa un segundo periodo que abarcó del 13 de septiembre de 1993 al 31 de enero de 1995, y una segunda interrupción del 01 al 15 de febrero de 1995.

Finalmente, se aprecia continuidad a partir del 16 de febrero de 1995 al 04 de octubre de 2023.

Al respecto, cabe precisar que la parte demandada en su contestación objeta las pruebas ofrecidas por el actor, sin embargo, únicamente lo hace en cuanto a su alcance y valor probatorio, empero al ser indiciarias y derivado de la concatenación de las mismas, es posible para esta Sala concluir que los periodos en los que existió un vínculo contractual entre las partes, derivado de las pruebas hasta aquí valoradas son:

Ahora, si bien quedan dos periodos en los cuales se advierte la existencia de una interrupción:

Bajo el criterio pro operario de esta Sala Regional, es destacable establecer que la relación de las partes por lo que ve al periodo del 25 de mayo de 1993 al 04 de octubre de 2023 ha sido continua, lo cual se presume en favor de la clase trabajadora.

Ello, porque analizados los contratos y documentos valorados, y tomando en consideración el tiempo laborado por la parte trabajadora antes y después de los lapsos de supuesta interrupción (del 01 al 12 de septiembre de 1993; del 01 al 15 de febrero de 1995); se puede colegir que hubo la intención de continuar con la prestación del servicio para la configuración de una relación continua, pues se estima que no es sustantiva la temporalidad de una quincena o alguna menor a este lapso, por no haber contrato o recibo de pago alguno, para acreditar una separación sustancial del vínculo contractual.

En este contexto, las interrupciones no fueron sustantivas, pues la relación de las partes es superior a los doce días y quince días omitidas; además, de que no existe duda del interés y continuidad en la prestación del servicio entre las partes, pues luego de ello hubo más años de servicio.

Cabe señalar que la propia LFTSE[22] establece que las condiciones de trabajo serán nulas cuando se estipule un plazo mayor de quince días para el pago de sueldos (artículo 14, fracción V), y que en la ley adjetiva electoral se prevé la regla de quince días para presentar la demanda laboral[23].

En ese sentido, se puede presumir que dichos periodos de quince días o menos equivalen al periodo en el cual, como se establece en el párrafo anterior, se encontraba con la posibilidad de recibir un pago, y el plazo posterior para su reclamo, con base en la citada LFTSE; lo que a juicio de esta Sala se estima razonable, derivado del historial y antigüedad laboral del accionante, a efecto de concluir sobre una continuidad de la prestación del servicio o relación que unía a las partes, antes y después de las presuntas interrupciones.

Aunado a que este Tribunal ha estimado en los precedentes SCM-JLI-76/2022, SG-JLI-23/2022, SM-JLI-4/2022, SUP-JLI-6/2012, SUP-JLI-12/2019 y SUP-JLI-18/2022, que algunos periodos de interrupciones deben contabilizarse como antigüedad, o bien, por no demostrarse con prueba en contrario.

De la interpretación acogida en el SUP-JLI-18/2022, esta Sala Regional consideró, en lo así aplicable en el diverso asunto SG-JLI-23/2022, que, a pesar de referirse a un cálculo para el pago de compensación respecto a la contabilización de periodos de interrupción, cuando este no es sustantivo (para acreditar una relación jurídica) es dable aplicar que:

“…La razón es que las autoridades tienen la obligación de interpretar de forma que se favorezca a las personas, es decir, ante la existencia de posibilidades de solución a un mismo problema, se debe optar por la que proteja en los términos más amplios o la limitación menos restrictiva del derecho (principio pro persona).

En efecto, el citado principio pro persona impone la carga a cualquier autoridad de dar preferencia interpretativa en los supuestos de que existan dos o más interpretaciones válidas y razonables, esto es, se debe preferir la que más proteja al individuo u optimice un derecho fundamental, dentro de la que se comprende también el principio de in dubio pro operario.

Este último principio está comprendido en los artículos 6 y 18 de la Ley Federal del Trabajo[24] -de aplicación supletoria en términos del artículo 95 de la Ley de Medios-, toda vez que imponen a los operadores de normas la obligación, por un lado, de aplicar de forma inmediata las normas laborales que benefician al trabajador y, por otro, que en los casos de interpretación de normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades (artículos 2 y 3 de la citada Ley Federal[25]), y en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador.

(…)

De ahí que la interpretación que debe prevalecer es la que maximiza el ejercicio de los derechos fundamentales de seguridad social de manera que puedan ser acumulados todos los periodos efectivamente laborados para el cálculo de la compensación, sin que sean contabilizados para ello los lapsos donde se encuentra acreditado que hubo una interrupción durante la relación de trabajo.

Lo anterior, máxime que en el presente caso dos interrupciones fueron por un periodo muy breve, de tan sólo quince días y la tercera, aun cuando fue por siete meses y medio, es razonable frente a los siete años y tres meses y medio que laboró, lo cual, bajo los estándares de interpretación antes citados, no debe causar afectación alguna a los derechos del trabajador, lo que resulta acorde a los criterios seguidos por el Poder Judicial de la Federación.[26]

Esto es, retomando dicho precedente de la Sala Superior, por mayoría de razón, consiste únicamente en la aplicación del principio pro operario en el tiempo de interrupción de la relación que unió a las partes, y no así al cálculo o tiempo a considerar para el pago de alguna compensación por antigüedad.

Entonces, por lo que hace al lapso de quince días o menos a este, puede hacerse extensivo no solo para el cómputo del cálculo citado, sino también para la existencia de un vínculo de relación jurídica permanente, salvo prueba en contrario (presunción a favor de la clase trabajadora considerando los demás elementos del expediente como los contratos de prestación de servicios como las constancias de nombramiento).

De ahí, que, se reitera el tiempo de interrupción de quince días o menos, como subsanable y sujeto a prueba, con reversión para la parte demandada, para el caso concreto.

Por lo anterior, aquellos periodos que sean mayores a esa temporalidad, lo que no sucede en el caso concreto, se estiman como un lapso no sujeto a presunción, sino a demostración con base en la LFTSE, de ahí, que, se comparta el criterio sostenido de la Sala Superior en favor de la parte trabajadora no solo para el pago de la compensación por el término de la relación laboral sino también respecto a su antigüedad.

Sin que esto implique apartarse del criterio de la Sala Superior citado en los precedentes anteriores, pues se reitera, el mismo es para el cálculo del pago de compensación respectiva, y en el presente caso sus razones aplican únicamente para el concepto de la continuidad y permanencia de la relación contractual.[27]

En tal virtud, ante las interrupciones no sustantivas de doce y quince días en estudio, esta Sala considera que, los dos periodos de interrupción deberán computarse como parte de la relación jurídica entre las partes, materia de controversia, por lo cual se concluye que el vínculo jurídico contractual entre el actor y el Instituto demandado aconteció de forma continua e ininterrumpida:

     Del 25 de mayo de 1993 al 04 de octubre de 2023.

Finalmente, es de señalar que, en términos de lo establecido en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre la fecha de ingreso del trabajador, sobre su antigüedad, así como respecto al contrato o contratos de trabajo celebrados.

Al respecto, la parte actora exhibe documentación suficiente para acreditar que existió vínculo contractual entre las partes durante el periodo citado. Sin que pase desapercibido el contenido del Expediente Único SINAVID[28] que acompañó, en donde se puede advertir que, el historial de cotización abarcó los periodos del 16 de febrero de 2000 al 31 de marzo de 2023, pero ante el caudal de documentación probatoria que obra en el expediente, y considerando la acreditación del supuesto "despido injustificado” –a decir de la parte actora– comprendido del 01 de abril al 4 de octubre de 2023,[29] es factible acreditar la continuidad señalada.

Por lo que, de conformidad a lo establecido en los artículos 14, párrafo 5 y 16, párrafos 1, 2 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, atendiendo a las reglas de la lógica, sana crítica y la experiencia, tomando en cuenta el material probatorio, se determina que la parte actora cumplió con la carga de la prueba para demeritar la negativa de reconocimiento de la continuidad en la relación jurídica con la demandada.

Así, conforme a lo aquí expuesto, es dable concluir que se desestiman las excepciones que el Instituto demandado hizo valer en su contestación de demanda y ampliación, en relación con la inexistencia de vinculo contractual entre las partes, por los periodos comprendidos del 01 de septiembre de 1993 al 28 de febrero de 1994; del 01 de septiembre de 1994 al 15 de febrero de 1995; y del 01 de marzo al 30 de septiembre de 1996.

B) Estudio del tipo de la relación jurídica: Laboral o civil.

En primer lugar, existe el reconocimiento de la demandada, de la existencia del vínculo laboral, por el periodo comprendidos del 16 de febrero del 2000 al 04 de octubre de 2023, en donde ocupó cargo de plaza presupuestal.

De igual manera, existe la manifestación expresa de que, para la realización del cálculo de pago de la Compensación por Término de la Relación Laboral (CTRL), la Subdirección de Operación de Nómina del INE, tomó en consideración como antigüedad para el pago de la misma, el periodo comprendido del 01 de octubre de 1996 al 04 de octubre de 2023; situación que es relevante, pues no es dable realizar el pago de dicha prestación si previamente no se reconoce la antigüedad del trabajador, lo cual a su vez implica el reconocimiento de un vínculo jurídico laboral con el Instituto.

En ese sentido, indirectamente la demandada hace un reconocimiento expreso del tipo de relación jurídica que tuvo con el actor durante ese periodo, de manera que, no se realizará mayor análisis respecto del lapso comprendido del 01 de octubre de 1996 al 04 de octubre de 2023, toda vez que ya se encuentra acreditada la relación jurídica laboral.

Lo anterior porque cómo ha sustentado esta Sala al existir una relación permanente e ininterrumpida desde el 01 de octubre de 1996 hasta el 15 de febrero de 2000, aun y cuando se le denomina “honorarios permanentes”, lo cierto es que tiene una naturaleza laboral dado la continuidad que surgió después de esa fecha y hasta la finalización de la relación laboral de la parte actora el 04 de octubre de 2023.

Por tanto, no debe existir mayor estudio por parte de esta Sala respecto de dicho periodo, ante la falta de controversia por la propia demandada de los elementos que la convierten en una relación laboral y no civil.

Asimismo, se aprecia la mención que los periodos del 25 de mayo al 31 de agosto de 1993, como del 01 de marzo al 31 de agosto de 1994, corresponden a un “régimen de contratación laboral”;[30] así esta Sala considera que aún y cuando la relación en dichos periodos surgió con motivo de un nombramiento por tiempo fijo, la manifestación de la demandada de pertenecer a un régimen de contratación laboral, deriva en un reconocimiento de ello en favor del trabajador actor, por lo que la relación jurídica entre las partes que surgió en sendos periodos debe ser considerada laboral; de ahí que tampoco se realizará mayor análisis por los periodos del 25 de mayo al 31 de agosto de 1993, y del 01 de marzo al 31 de agosto de 1994.

Precisado lo anterior, es necesario determinar el tipo del vínculo jurídico existente entre la parte actora y el INE, por lo que hace a los periodos restantes, comprendidos:

Toda vez que el actor sustenta las prestaciones reclamadas en la existencia de una relación laboral y el INE manifiesta que la relación que existió entre las partes fue de naturaleza civil, lo cual, de estimarse fundado, impediría a esta Sala pronunciarse sobre el fondo de la cuestión controvertida, pues escaparía de las atribuciones legales que tiene encomendadas.

Ahora, a efecto de determinar el vínculo laboral entre las partes, debe considerarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

De lo anterior se desprenden los elementos siguientes:

Por tanto, se tiene que la relación de trabajo y, en consecuencia, los conflictos laborales entre un servidor público y el INE surgen cuando existe un vínculo de subordinación.

No obstante que la existencia del vínculo laboral se presume, el INE negó que entre él y la parte actora existiese ese tipo de relación por los periodos referidos, aduciendo que, en el caso, era una de carácter civil.

Por ende, correspondía al INE acreditar tal aseveración pues tal negativa lleva implícita una afirmación, consistente en que la relación jurídica es de naturaleza civil y, por consiguiente, debe probar cuál es el género de esa relación jurídica[31].

Ahora, derivado del caudal probatorio que obra en el expediente, se tiene que el actor acredita su acción, conforme se explica a continuación.

        Periodo del 01 de septiembre de 1993 al 28 de febrero de 1994.

Por lo que refiere a este lapso de tiempo, de la documentación que obra en autos (constancias de nombramientos y contratos) se advierte que el actor desempeñó los siguientes cargos:

Si bien no se aprecia cargo por el periodo comprendido del 01 al 15 de septiembre de 1993, puesto que no obra contrato ni constancia de nombramiento; en autos igualmente se encuentra la “constancia de recomendación” que infiere, que, durante el periodo comprendido del 13 de septiembre de 1993 al 31 de enero de 1995, ocupó los diversos cargos de “Jefe de Mesa de Control”, “Supervisor de Verificación” y “Verificador de Campo”.

Documento que, concatenado con la constancia de nombramiento con fecha de inicio de 16 de septiembre de 1993 (en donde se desempeñó como Verificador de Campo), se puede infieren que el actor pudo haber ejercido funciones de “Verificador de Campo” por lo menos durante el periodo comprendido del 13 al 15 de septiembre de 1993.

Ahora, dada la breve interrupción de tan solo doce días (del 01 al 12 de septiembre) entre una constancia y otra, y conforme a lo razonado en líneas precedentes sobre la continuidad de la relación contractual, se estima que el actor pudo haberse desempeñado como “Auxiliar de Módulo” o bien como “Verificador de Campo” durante ese lapso de tiempo.

Ahora, se infiere que continuó desempeñándose como “Verificador de Campo” igualmente, del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 1993, pues se observa que el 01 de enero de 1994 inició con otro puesto, el de “Supervisor de verificación” este último que continuó realizando hasta el 28 de febrero de 1994, pues el 01 de marzo siguiente comenzó con el cargo de “Supervisor de Verificación A”.

En conclusión, podemos decir que el actor se desenvolvió como:

     “Auxiliar de Módulo” o “Verificador de Campo” por el periodo comprendido del 01 al 12 de septiembre de 1993,

     “Verificador de Campo” del 13 de septiembre al 31 de diciembre de 1993;

     “Supervisor de Verificación”, del 01 de enero al 28 de febrero de 1994.

Ahora, aunque la demandada afirma que la relación contractual entre las partes por estos periodos se encuentra regulada por la legislación civil, de la propia contestación de demanda y ampliación, se hace referencia a que los cargos de “Auxiliar de Módulo” y “Supervisor de Verificación” corresponde al régimen de contratación laboral (foja 30 de la contestación).

En tanto, el Verificador de Campo forma parte de la estructura presupuestal del INE[32].

En ese sentido, esta Sala debe considerar que por lo menos dichos cargos corresponden a funciones de naturaleza laboral y no civil.

Luego, si ha quedado acreditado que el hoy promovente se desempeñó como “Auxiliar de Módulo”, “Verificador de Campo” y “Supervisor de Verificación” durante el periodo comprendido del 01 de septiembre de 1993 al 28 de febrero de 1994, y que estos cargos corresponden al régimen de contratación laboral, es incuestionable que, durante este lapso de tiempo el vínculo jurídico entre las partes fue de naturaleza laboral.

Por lo que refiere a este periodo de tiempo, de la documentación que obra en autos (constancias de nombramiento y contratos) se advierten los siguientes cargos:

De lo anterior, es necesario precisar que no obran constancias de nombramiento ni contratos de prestación de servicios por los lapsos del 01 de septiembre de 1994 al 15 de septiembre de 1995, como tampoco del 01 al 15 de junio de 1995.

Sin embargo, previamente se dijo que, derivado de la “carta de recomendación” expedida en favor del actor, concatenada con las diversas constancias de nombramiento expedidas igualmente en su favor, se llegaba a la convicción de que había continuidad en la relación contractual por lo menos del 13 de septiembre de 1993 al 31 de enero de 1995.

Posteriormente, al advertirse que el próximo contrato de prestación de servicios comenzaba el 16 de febrero de 1995, solo se advertía una interrupción de quince días comprendida del 01 al 15 de febrero de 1995, pero derivado del criterio adoptado por esta Sala con relación a la continuidad en breves periodos de interrupción, se presume que el o los cargos que pudo haber desempeñado el actor durante el periodo comprendido del 01 de septiembre de 1994 al 15 de febrero de 1995 fueron los de “Verificador de Campo”[33] y/o “Supervisor de Verificación A”[34], mismos que como ya se explicó, pertenecen al régimen de contratación laboral.  

Ahora bien, existe en autos contratos de prestación de servicios por el periodo comprendido del 16 de febrero de 1995 al 15 de febrero del 2000, y si bien hay una interrupción (01 de junio al 15 de junio de 1995), en líneas precedentes se razonó que existe continuidad por tratarse de un breve plazo de quince días.

En ese sentido, de la revisión que esta Sala formula a los contratos respectivos, se aprecia que, del 16 de febrero de 1995 al 31 de octubre de 1996, no se especifica el cargo desempeñado por el actor; sin embargo, de la cláusula que describe sus funciones[35] se advierte lo siguiente:

“ACOPIO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ELECTORAL PARA SU PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. ELABORA REPORTES INFORMATIVOS Y DE AVANCE DE COBERTURA EN EL ÁREA ASIGNADA, PROBLEMÁTICA Y AVANCE EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN Y CONFRONTA DOCUMENTAL”.

Objeto que es idéntico al expresado en los contratos que refieren al cargo de “Técnico de Control”, por los periodos de 01 de octubre de 1996 al 31 de octubre de 1997.

En ese sentido, es dable concluir que entre el 16 de febrero de 1995 y el 30 de septiembre de 1996, el actor fungió en el cargo de “Técnico de Control”.

Ahora, respecto de este periodo y cargo, se acredita que la prestación de servicios del actor corresponde a la de un trabajo personal subordinado de manera continua, permanente e ininterrumpida en beneficio del empleador.

Lo anterior porque, del análisis a los contratos de prestación de servicios correspondientes, de manera similar se advierten las cláusulas siguientes:

“PRIMERA.- EL “PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A PRESTAR A “EL INSTITUTO” SUS SERVICIOS DE (…) EN LA JUNTA LOCAL DE SINALOA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DESARROLLANDO LAS SIGUIENTES FUNCIONES: ACOPIO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ELECTORAL PARA SU PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. ELABORA REPORTES INFORMATIVOS Y DE AVANCE DE COBERTURA EN EL ÁREA ASIGNADA, PROBLEMÁTICA Y AVANCE EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN Y CONFRONTA DOCUMENTAL.

SEGUNDA.- EL “INSTITUTO” COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS SE OBLIGA A PAGAR A “EL PRESTADOR DE SERVICIO” LA CANTIDAD DE $7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MISMA QUE SERÁ CUBIERTA DE LA SIGUIENTE MANERA : 3.00 MENSUALIDADES DE $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN). CADA MENSUALIDAD SE CUBRIRÁ EN DOS PARTES IGUALES LOS DÍAS 15 Y 30 DE CADA MES EN EL DOMICILIO DEL INSTITUTO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LOS HONORARIOS FIJADOS VARIARAN DUTRANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

QUINTA.- “EL INSTITUTO” QUEDA FACULTADO PARA QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDA SUPERVISAR Y VIGILAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y SUGERIR LAS MODIFICACIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO ASÍ MISMO SOLICITAR INFORMES A EL “PRESTADOR DEL SERVICIO” CON EL FIN DE CONSTATAR EL AVANCE Y DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO.”

Al respecto, se estima que a pesar de que los contratos suscritos se identifican como de prestación de servicios, reúnen en los hechos los elementos de una relación laboral, ya que las actividades desarrolladas por el actor se efectuaron de manera continua, permanente e ininterrumpida, y con los demás medios proporcionados por la demandada, existió la subordinación referida en todo momento, ya que el demandado tenía la facultad plena y permanente de supervisar y vigilar el desarrollo de las actividades encomendadas (como se desprende de la cláusula QUINTA del contrato transcrito); se verificó el trabajo remunerado a cambio del cual se acordó, le sería pagada una suma en retribución de las actividades propias de los puestos para los cuales fue contratado, y con un desempeño continuo e ininterrumpido durante el periodo referido (cláusula SEGUNDA del contrato transcrito).

Ahora bien, se estima que tales servicios, de forma alguna podrían considerarse como eventuales de honorarios, sino que se trataba de un trabajo de forma continua, permanente e ininterrumpida en los periodos a que se ha hecho referencia, y, por tanto, sujeto a una relación laboral.

Advirtiéndose de este modo que sus servicios ameritaban el uso de medios determinados, lo que a su vez justificaba para el INE la necesidad de informar sobre sus actividades; de ahí que la cláusula que hace referencia a la supervisión y vigilancia del servicio implicara la supervisión y vigilancia de las actividades desempeñadas por el actor, lo que presume la existencia de una relación laboral.

En otro orden de ideas, el INE hizo derivar la naturaleza civil de la relación, en el hecho de que las partes celebraron un contrato de prestación de servicios profesionales, en el cual no desempeñó cargo o puesto de estructura, plaza presupuestal ni formó parte del servicio Profesional Electoral Nacional ni de la Rama Administrativa.

Sin embargo, ello no es suficiente para acreditar su dicho, ya que el hecho de que no desempeñe un cargo de estructura en modo alguno impone la naturaleza civil de la relación existente. 

En este sentido, esta simple afirmación de la parte demandada en su contestación, es insuficiente para acreditar su defensa; en tanto que, de los medios de prueba antes referidos, se concluye que existió una relación de trabajo con el actor, pues él prestó un trabajo personal subordinado al INE, mediante el pago de una contraprestación, que aun cuando se le denominó honorarios -por así haberse consignado en los contratos respectivos-, en realidad se trataba de la retribución que se le pagaba por su trabajo; es decir, también se acredita el pago de un salario por el trabajo prestado, lo que incluso se especificó con un monto y forma de pago.

Por tanto, con base en los hechos probados y reconocidos, es evidente que las actividades materia del contrato no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente por el actor.

Consecuentemente, aun cuando los contratos celebrados entre las partes se denominaron de “prestación de servicios”, lo cierto es que el vínculo laboral se demuestra porque los servicios prestados reúnen las características propias de una relación de trabajo, de ahí que la denominación resulta insuficiente para concluir que el actor tenía la calidad de persona vinculada solo civilmente con el INE.

Resulta aplicable la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 20/2005, de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES”.[36]

En consecuencia, se acredita que la relación entre las partes fue laboral y no civil, por la actualización de los elementos de una relación de trabajo, como es la subordinación (siendo que al prestador del servicio se le ordenó dónde y cómo debía realizar su trabajo), el pago de un salario (mediante el otorgamiento de una compensación económica), además de haber prestados sus servicios de forma personal continua, permanente e ininterrumpida durante el periodo comprendido del 16 de febrero de 1995 al 30 de septiembre de 1996.

En resumen, queda acreditado que la relación jurídica entre las partes es de carácter laboral, toda vez que:

Finalmente, al acreditarse la existencia de una relación de manera continua, permanente e ininterrumpida; se tiene que el vínculo jurídico entre las partes es de índole laboral por el periodo comprendido del:

3. PRESTACIONES RECLAMADAS

        Excepción de falta de acción y derecho.

La demandada hace valer tal excepción ante el reconocimiento de la relación laboral de manera ininterrumpida, del pago de vacaciones del primer y segundo periodo del dos mil veintitrés, la prima vacacional correspondiente al primer periodo vacacional y proporcional del segundo periodo vacacional, pago del aguinaldo proporcional dos mil veintitrés, FONAC, compensación por término de la relación laboral, y prima de antigüedad.

Esta Sala procederá con el análisis de dicha excepción de forma pormenorizada en la presente sentencia durante el estudio que para tal efecto se realice a cada prestación reclamada.

        Excepción de Caducidad.

Respecto al pago de vacaciones correspondientes al primer periodo vacacional y proporcional del segundo periodo vacacional de dos mil veintitrés, y pago de aguinaldo proporcional de dos mil veintitrés; pues refiere transcurrió en exceso el plazo de quince días hábiles previsto en el numeral 96 de la Ley de Medios.

Al respecto, se desestima la aludida excepción, respecto de sendas prestaciones, pues tal y como se adelantó desde el considerando QUINTO de esta resolución, como en el análisis de la oportunidad como presupuesto procesal, se estimó que la presentación de la demanda respecto de algunas prestaciones -entre ellas las vacaciones y aguinaldo- fue realizada de manera oportuna.

Lo anterior porque en el caso, es aplicable el criterio contenido en la Jurisprudencia 1/2011-SRI, “DEMANDA LABORAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NO ES APLICABLE RESPECTO DE PRESTACIONES QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA SUBSISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL”, que refiere como plazo para su presentación el de un año a partir de que sea exigible el derecho de que se trate, y no así, el de quince días hábiles que señala el artículo 96, párrafo 1, de la Ley de Medios; esto porque dichas prestaciones no dependen de forma directa de la subsistencia del vínculo laboral. De ahí que se estime infundada la caducidad alegada.

En otro orden de ideas, según se señaló, el actor en su escrito inicial demandó el pago de las siguientes prestaciones:

A) Reconocimiento de la relación laboral y de la antigüedad laboral.

Como ha quedado indicado, esta Sala reconoce que la relación entre las partes es de índole laboral por el periodo comprendido: 

     Del 25 de mayo de 1993 al 04 de octubre de 2023.

Lo anterior, no obstante, a la manifestación del promovente en el sentido de que, el pago de las diversas prestaciones reclamadas debe realizarse hasta la fecha en que se dé cumplimiento a lo sentenciado; pues lo cierto es, que la separación del vínculo jurídico que pudo existir entre las partes culminó con la determinación y respectiva notificación de no reinstalarle en el cargo que desempeñaba, cuestión que aconteció el 04 de octubre de 2023.

B) Pago de cuotas por aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE y subcuentas de retiro.

El actor reclama el pago de cuotas y aportaciones omitidas por la demandada (por los periodos comprendidos del 25 de mayo de 1993 al 15 de febrero del 2000, y del 01 de abril de 2023 al día en que se dé cabal cumplimiento a la sentencia –a decir de la parte actora–) a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), así como de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ahorro solidario, aportaciones complementarias de retiro, aportaciones voluntarias y ahorro de largo plazo a la administradora de fondos para el retiro denominada “Afore Banamex”.

Por su parte la demandada niega acción y derecho al pago de dichas prestaciones por el periodo del 25 de mayo de 1993 al 15 de febrero del 2000, ya que durante el mismo la relación entre las partes fue mediante la celebración de contratos de prestación de servicios, por lo que no tenía derecho a inscripción ante órganos de seguridad social.

De manera que ha realizado el pago correspondiente en favor del actor a partir de que este tuvo el derecho para ello de conformidad con la naturaleza de su contratación, lo cual se puede observar del Expediente Único SINAVID del actor.

Respecto al periodo referido del 01 de abril de 2023 hasta el día en que se dé cabal cumplimiento a la sentencia, sostiene  que, en razón de haberse condenado a la restitución del cargo que ocupaba y al pago de salarios caídos y demás prestaciones a que tenía derecho, dicho instituto realizó el pago de cuotas y aportaciones por dichos conceptos en su favor, únicamente por el periodo reconocido desde el momento de la separación hasta que se determinó la no reinstalación, esto es del 01 de abril al 4 de octubre de 2023.

Lo cual señala se advierte del recibo de pago correspondiente que adjunta a su contestación de demanda y ampliación.

Al respecto, esta Sala considera en principio, que tal y como se ha indicado a lo largo de esta ejecutoria, la fecha cierta en que, en su caso, pueden ser reclamadas las diversas prestaciones es hasta el 04 de octubre de 2023, fecha en que se le notificó la determinación de no reinstalarlo, por lo que la expresión “hasta que se dé cabal cumplimiento a la sentencia” no es aplicable para el análisis de estos conceptos.

Por otra parte, se ha dilucidado dentro del cuerpo de este fallo, que la naturaleza del vínculo contractual entre las partes es de naturaleza laboral por lo que refiere al periodo comprendido del 25 de mayo de 1993 al 04 de octubre de 2023, por ende, se estima no le asiste razón a la demandada respecto a la excepción planteada por el periodo del 25 de mayo de 1993 al 15 de febrero del 2000, pues se ha demostrado la relación laboral entre las partes por ese periodo.

En cuanto a la afirmación de haber realizado el pago de cuotas correspondientes a la seguridad social del promovente desde el periodo en que, a su decir, el actor tuvo derecho a ello, así como del periodo comprendido del 01 de abril al 04 de octubre de 2023, se tiene lo siguiente.

De autos se desprende la impresión del expediente electrónico único SINAVID del actor, el cual contiene el historial de cotización de ISSSTE y FOVISSSTE conforme a los siguientes periodos:

Igualmente, se cuenta con los recibos de pago “CFDI” correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de marzo de dos mil veintitrés; de los cuales es posible advertir que al actor se le hicieron diversas deducciones relacionadas con la seguridad social incluidas las del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y ahorro solidario, (no así por las aportaciones complementarias de retiro, aportaciones voluntarias y de ahorro a largo plazo que corresponden a la administradora de fondos para el retiro “Afore Banamex”) por lo menos hasta el 31 de marzo de 2023.

De igual manera, se cuenta con copia del recibo de pago por el periodo comprendido del 01 de abril al 04 de octubre de 2023 con acuse de recibo por el actor, y su respectivo título de crédito expedido por la institución bancaria BBVA Bancomer en favor del actor, por la cantidad de $129,817.08 (ciento veintinueve mil ochocientos diecisiete pesos 08/100 MN). Recibo, en el que se observan las deducciones correspondientes a los conceptos de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y ahorro solidario, que reclama el actor.

Así, de la documentación descrita, se advierte que el Instituto no acreditó haber realizado el pago de cuotas y aportaciones correspondientes al ISSSTE (lo cual incluye, entre otras, los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, dentro del régimen obligatorio salvo prueba en contrario)[37], y FOVISSSTE, respecto del periodo comprendido del 25 de mayo de 1993 al 15 de febrero del 2000, pues en el expediente SINAVID se observa como fecha de inicio de su cotización hasta el 16 de febrero del 2000; en ese sentido, le asiste la razón al actor en cuanto a la omisión reclamada al INE por el pago de cuotas y aportaciones correspondientes a esa temporalidad, pues el demandado no logra acreditar lo contrario, siendo procedente condenar al Instituto al pago respectivo.

Sin que proceda el reclamo respecto del ahorro solidario, pues dicha figura jurídica contemplada en el artículo 100 de la Ley del ISSSTE surge a raíz de la reforma de dicho ordenamiento el uno de abril de dos mil siete. Por lo anterior, se absuelve al INE de dicho reclamo.

De igual manera, al hacer un contraste a los conceptos de “percepciones” y “deducciones” tanto del último recibo de pago que se entregó al actor (segunda quincena de marzo 2023), como del recibo correspondiente al periodo del supuesto "despido injustificado” –a decir de la parte actora– (del 01 de abril al 04 de octubre de 2023), se observa que ambos son plenamente coincidentes. 

En ese tenor, esta Sala tiene certeza, que el Instituto demandado ha realizado el pago de diversas prestaciones de seguridad social reclamadas por el actor, particularmente las de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y ahorro solidario,[38] correspondientes a ISSSTE, tal y como se puede verificar de los propios recibos, en la parte reversa del catálogo de deducciones, únicamente por el periodo comprendido del 01 de abril al 04 de octubre de 2023; de ahí que deba absolverse al INE de dicho pago.

No así, por lo que refiere a las cuotas y aportaciones del FOVISSSTE, toda vez que, pese a la afirmación de haberlas realizado en razón de la condena de la resolución INE/JGE160/2023, lo cierto es que no obra en autos documento alguno que acredite su dicho –por lo menos detalladamente en su caso–, pues del recibo de pago correspondiente al periodo de 01 de abril a 04 de octubre de 2023, no se desprenden dichos conceptos; de ahí que sea dable condenar al Instituto para que realice la correspondiente inscripción, cotización y pago retroactivo de las cuatas y aportaciones al FOVISSSTE  por el periodo del 01 de abril al 04 de octubre de 2023.

En conclusión, al considerase que el INE no cumplió con sus obligaciones en materia de seguridad social de forma completa; pues sí tenía la obligación de inscribir a su trabajador para que gozara de los diversos seguros que prevé el régimen obligatorio, lo mismo que retener y enterar[39] del sueldo del trabajador el equivalente a las cuotas, aportaciones y descuentos correspondientes; lo conducente es condenarlo al pago de cuotas correspondientes a la seguridad social del ISSSTE y FOVISSSTE, seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, respecto del periodo comprendido del 25 de mayo de 1993 al 15 de febrero del 2000, y pago de cuotas de FOVISSSTE en los mismos términos, por el  periodo correspondiente del 01 de abril al 04 de octubre de 2023.  

Para lo cual deberá cubrir las cuotas tanto de la parte patronal (dependencia) como de la parte trabajadora[40] (servidor público) por los periodos indicados,[41] a fin de completar la cotización respectiva, del total del periodo laborado reconocido por esta Sala como parte de la relación jurídica laboral, y remitiendo la comprobación de su pago, cuestión que deberá realizar dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la notificación de este fallo; o bien, que ya los hubiera realizado en su caso.

Ahora bien, dado que en autos no obran las constancias suficientes para hacer líquida la condena que se sostiene en el presente fallo, el INE deberá realizar los cálculos correspondientes conforme a los salarios devengados por el actor, así como con los lineamientos y directrices contenidas en el Estatuto, de todas y cada una de las cuotas, aportaciones y descuentos en los términos previstos en la Ley del ISSSTE.

Para efecto del cumplimiento de lo anterior, se deberá dar vista al ISSSTE con copia certificada del presente fallo, para que actúe en el ámbito de sus atribuciones.[42]

Por otra parte, en cuanto al pago de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones voluntarias y de ahorro a largo plazo, que corresponden a la administradora de fondos para el retiro “Afore Banamex”, esta Sala estima improcedente realizar un pronunciamiento al respecto.

–        Primero, porque dichos conceptos, como su nombre lo indica, son realizadas por la parte trabajadora por regla general, y por excepción por la parte patronal, previa solicitud de la clase trabajadora[43]; sin que dichos recursos puedan considerarse como una aportación realizada por dicha parte, sino como un mecanismo facilitador de depósito a dichas subcuentas.

–        Segundo, dado que no es una cuestión directamente relacionada con el vínculo laboral sino que se trata de una prestación que corresponde a la Administradora de Fondo para el Retiro respecto a un indebido registro.

Resulta aplicable, por analogía, la Jurisprudencia 8/2012 de la Sala Superior de rubro “SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE PRESTACIONES RELACIONADAS CON LAS CUENTAS INDIVIDUALES.”[44]

En este sentido, se dejan a salvo los derechos de la parte actora, para que, en su caso, los haga valer ante la instancia competente para ello.[45]

C) Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC).

La parte actora reclama el pago del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC), correspondiente al periodo comprendido del 16 de julio de 2022 al 15 de julio de 2023, en razón de que se encontraba inscrito en dicho fondo.

Asimismo, reclama todo lo que se siga generando hasta el cabal cumplimiento de la sentencia.

Al respecto la demanda señaló, que el FONAC es una prestación extralegal que debe ser solicitada por el trabajador, y en el caso, ciertamente el actor solicitó su inscripción para el ciclo de julio 2022 a julio 2023, por lo que cuenta con título de crédito 0994229  expedido a nombre del accionante por la cantidad de $15,681.92 (quince mil seiscientos ochenta y un peso 92/100 MN), correspondiente al periodo comprendido del 16 de julio de 2022 al 31 de marzo de 2023; no obstante no ha sido entregado pues el actor se ha abstenido de acudir a recibirlo.

Refiere que las aportaciones del actor correspondientes al periodo del 01 de abril al 04 de octubre de 2023 (periodo de separación por un supuesto "despido injustificado” –a decir de la parte actora–), fueron descontadas de los salarios caídos y vencidos pagados a su favor para su entero al FONAC, por lo que una vez que dicho fondo realice el pago de las cuotas y aportaciones realizadas por el actor y el Gobierno Federal, en relación con el ejercicio 2023-2024, las mismas serán solicitadas para su respectiva entrega al actor.

Al respecto, esta Sala considera que no le asiste razón al demandante por lo siguiente.

En primer lugar, se tiene certeza de que el actor se encontraba inscrito en dicho fondo de ahorro y tiene derecho a su reclamo, por advertirse el descuento correspondiente en los recibos de pago “CFDI” de la primer y segunda quincena de marzo de 2023, como del recibo de pago del periodo 01 de abril al 04 de octubre de 2023 que obran en autos, además del reconocimiento que de ello hace la demandada.

En segundo lugar, se estima inviable la afirmación de reclamar dicho pago por “lo que se siga generando hasta el cabal cumplimiento de la sentencia”; pues al ser entregado año con año, en dos momentos (mes de enero y julio según indica la demandada), únicamente correspondería pagársele hasta la fecha en que se tuvo certeza de la no reinstalación al cargo que desempeñaba, esto es, hasta el 04 de octubre de 2023; por ende, y dado el reconocimiento que de ello hace la demandada en su contestación, únicamente le corresponde reclamar los periodos:

     Del 16 de julio de 2022 al 15 de julio de 2023; y

     Proporcional del 16 de julio al 04 de octubre de 2023.     

No obstante, ante la afirmación de la demandada de la existencia de un cheque con la cantidad que corresponde al periodo del 16 de julio de 2022 al 31 de marzo de 2023 (del cual obra una copia simple en autos), y dado que ha sido el actor quien no ha recibido dicho título ante su incomparecencia, se estima que la omisión de pago aludida no puede serle atribuida al INE, pues es claro que es al actor a quien recae directamente dicha responsabilidad ante su falte de comparecencia para recibirlo.

En todo caso, si considera que la cantidad señalada en ese título es incorrecta, pudiera hacer valer su inconformidad una vez que lo haya recibido.

Por lo que deberá absolverse al INE del pago de FONAC únicamente por lo que respecta al periodo de 16 de julio de 2022 al 31 de marzo de 2023.

Ahora, respecto a que la cantidad proporcional al periodo 01 de abril al 04 de octubre de 2023 no puede entregarse al actor, pues debe esperar hasta que dicho fondo realice el pago proporcional de las aportaciones correspondientes realizadas por el actor y el Gobierno Federal con relación al ejercicio fiscal 2023-2024; se considera que, el INE tiene razón en su defensa.

Esto, porque de acuerdo con las propias manifestaciones de la demandada tanto en su contestación, como en el escrito de cumplimiento al requerimiento que le fue formulado; existen dos periodos en el año en que pude solicitar su inscripción, esto es en el mes de enero y en el mes de julio, más ello no aplica respecto de su entrega; ya que esto último se efectúa de manera anualizada en el mes de julio de cada año.

Lo anterior tiene sustento en el artículo trigésimo séptimo del Manual de Lineamientos para la Operación del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado; el cual sostiene que, el ejercicio del FONAC comprenderá un ciclo anual, el cual comienza el 16 de julio de cada año y termina el 15 de julio del año siguiente.

De ahí que tal y como razona el Instituto demandado, la materialización de la entrega de dicho fondo solo es factible hasta en tanto culmina el periodo anualizado a que refiere el aludido Manual.

Ahora, no pasa inadvertido que el periodo reclamado comprende del 01 de abril al 04 de octubre, pues con motivo del supuesto "despido injustificado” –a decir de la parte actora– llevado a cabo, fue que en principio hubo una interrupción en la erogación del recurso de forma anualizada, pues no se completó el periodo del 16 de julio de 2022 al 15 de julio de 2023; sino que esto se retomó una vez que la Junta General ordenó el pago de salarios vencidos y todas las prestaciones que dejó de percibir.

Así, es factible reconocer que, tal y como señala el INE, los pagos por FONAC se retomaron el 01 de abril de 2023 y se generaron hasta el 04 de octubre, fecha en que se materializó la no reinstalación.