JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SG-JLI-41/2025

PARTE ACTORA: RUBÉN ARCE ZAVALA[1]

PARTE DEMANDADA: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL[2]

MAGISTRADO PONENTE: SERGIO ARTURO GUERRERRO OLVERA

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: JOSÉ OCTAVIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

MAGISTRADA ENCARGADA DEL ENGROSE: REBECA BARRERA AMADOR

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: JUAN CARLOS MEDINA ALVARADO

Guadalajara, Jalisco a diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

El Pleno de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada de esta fecha resuelve:

I. Se condena al INE para el efecto de que:

a. Reconozca la antigüedad de la persona trabajadora en el periodo acreditado;

b. Realice la inscripción y el pago retroactivo de las cuotas y aportaciones de seguridad social;

c. Realice la inscripción retroactiva y el pago de las cuotas y aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro;[3]

d. Realice el pago de las primas quinquenales, por el tiempo en que la parte actora prestó sus servicios al INE;

e. Elabore y entregue a la parte actora la hoja única de servicios y la constancia de servicios; y

f. Efectúe el pago de la compensación por término de la relación laboral[4];

Todo lo anterior, conforme a lo expuesto en la presente sentencia.

Palabras clave: relación laboral, antigüedad, prima quinquenal, ISSSTE,[5] FOVISSSTE,[6] SAR, hoja única de servicios, prescripción.

ANTECEDENTES

De las afirmaciones que realiza la parte actora y de las constancias que obran en el expediente, se desprende:

1. Inicio y conclusión de la relación contractual. La parte actora afirma que ingresó a trabajar el 1 de noviembre de 2001 para el INE (entonces Instituto Federal Electoral), con adscripción en la 06 Junta Distrital Ejecutiva de dicho instituto en Sonora; relación que, afirma, se mantuvo de manera ininterrumpida, a través de diversos cargos, hasta el 31 de enero de 2025, fecha en la que presentó su renuncia.

El quince de mayo, la parte demandante recibió, por conducto del enlace administrativo de la 06 Junta Distrital del INE en el estado de Sonora, un cheque por concepto de la CTLR.

2. Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de las Personas Servidoras del Instituto Nacional Electoral

2.1. Demanda. El trece de noviembre de este año, la parte actora presentó ante esta Sala Regional escrito de demanda y anexos, en donde reclama del INE, entre otras cuestiones, que se le reconozca su antigüedad desde el día en que ingresó.

La parte actora solicita, específicamente: el reconocimiento de la existencia de una relación laboral durante el periodo del 1 de noviembre de 2001 al 31 de diciembre de 2014 y sumado al restante periodo que laboró en el INE, solicita el reconocimiento de la antigüedad genérica desde el 1 de noviembre de 2001 al 31 de enero de 2025; la inscripción y pago de diversas prestaciones de seguridad social (ISSSTE y FOVISSSTE) y SAR; pago de la prima quinquenal; expedición y entrega de la constancia de servicios y hoja de servicios; y pago de la CTLR; todo ello durante el tiempo que ha prestado sus servicios en las diversas áreas del INE.

2.2. Turno y sustanciación. El mismo día la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional, con base en el sistema de turno aleatorio, determinó registrar la demanda con la clave de expediente SG-JLI-41/2025 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera para su sustanciación.

2.3. Radicación. En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó en su ponencia el expediente al rubro indicado.

2.4. Admisión y emplazamiento. Mediante diverso acuerdo el Magistrado admitió el juicio y se ordenó correr traslado al INE, emplazándolo para que, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación, contestara lo que a su derecho conviniera.

2.5. Contestación y vista, En su oportunidad, el Magistrado instructor proveyó respecto de la contestación de demanda, en la que, en esencia, el INE negó la existencia de la relación laboral en los términos planteados por la actora y afirmó que suscribió diversos contratos temporales de carácter civil. De tal contestación se dio vista a la parte promovente.

2.6. Audiencia de ley y cierre de instrucción. Posteriormente se celebró la audiencia de ley, en la que se proveyó respecto de las pruebas aportadas por las partes, así como de su desahogo, se formularon los respectivos alegatos y se cerró la instrucción del asunto para elaborar el proyecto de sentencia respectivo.

2.7. Engrose. En sesión privada celebrada el diecinueve de diciembre, el proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue rechazado por mayoría de votos de la Magistrada Presidenta Rebeca Barrera Amador y la Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo, siendo la primera la encargada de elaborar el engrose respectivo.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la primera circunscripción plurinominal es competente para conocer y resolver el presente asunto, por tratarse de un Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales entre el INE y una persona servidora pública que se desempeñó en un órgano desconcentrado del INE en Sonora, hipótesis y entidad federativa cuyo ámbito territorial es competencia de esta Sala Regional.

Lo anterior, con fundamento en la normativa siguiente:

     Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:[7] artículos 41, Base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción VII.

     Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: artículos 166, fracción III, inciso e) y 176, fracción XII.

     Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral:[8] artículos 3, párrafo 2, inciso e); 4, párrafo 1, 94, párrafo 1, inciso b); y

     Acuerdo INE/CG130/2023. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.[9]

De los artículos que se citan se advierte que la Constitución estableció la competencia de este Tribunal Electoral para conocer de los conflictos o diferencias laborales entre el INE y sus personas servidoras.

Además, el artículo 96, párrafo 1, de la Ley de Medios dispone que la persona servidora del INE que considere haber sido afectada en sus derechos y prestaciones laborales –como en el caso acontece respecto a los reclamos que se hacen, vinculados al tiempo en el que la parte actora prestó sus servicios en la referida institución– podrá inconformarse mediante demanda que presente directamente ante la Sala competente del Tribunal Electoral.

Así, cuando una persona que presta o prestó sus servicios en el INE plantea una vulneración a sus derechos y los expone en una demanda de juicio laboral, sujeta a este Tribunal a emitir la sentencia que en derecho corresponda, toda vez que está en sus facultades conocer y resolver ese tipo de conflictos.

En este entendido, determinar sobre la existencia o no de un vínculo laboral, y en consecuencia de si es procedente el reconocimiento de antigüedad, puede formar parte de la controversia a resolver, pues de lo expuesto se advierte que el presente juicio tiene origen en una acción de carácter declarativa, ya que su objeto se dirige a la obtención del reconocimiento por parte de esta Sala Regional sobre la existencia de una relación laboral entre la persona trabajadora y el INE en un periodo determinado, así como de la antigüedad generada en consecuencia.

De ahí que nos encontremos en un supuesto que actualiza la competencia de este Tribunal Electoral, y en particular de esta Sala Regional, toda vez que la persona trabajadora no laboró en órganos centrales del INE sino en uno desconcentrado en Sonora, que pertenece a la primera circunscripción plurinominal en la cual esta Sala tiene competencia.

SEGUNDA. Requisitos de procedencia. En el caso, se advierte el cumplimiento de los requisitos de procedencia del juicio laboral, previstos en los artículos 94, 96, 97 y 100 de la Ley de Medios, de acuerdo con lo siguiente.

a) Forma. Se hace constar el nombre y firma de la parte actora, se identifica el acto controvertido y las prestaciones reclamadas, así como a la parte demandada; se mencionan los hechos en que se basa la acción y los agravios que, en concepto de quien promueve, causa el acto combatido, así como los preceptos presuntamente violados.

b) Oportunidad. En atención a que este requisito está vinculado estrechamente con las excepciones hechas valer por el INE al dar contestación a su demanda, se reserva su estudio al momento de resolver el fondo de las cuestiones controvertidas.

c) Legitimación e interés jurídico. La parte actora se encuentra legitimada y tiene interés jurídico para promover el juicio, pues corresponde instaurar el juicio laboral a quienes consideren que los actos o resoluciones del INE impliquen un conflicto laboral entre éste y sus personas servidoras públicas, como en la especie sucede, ya que el accionante alega afectación a sus derechos laborales derivados del tiempo que prestó sus servicios en esa institución.

d) Personería. Tal requisito se encuentra colmado, ya que la parte actora comparece por derecho propio.

De igual modo, el Instituto demandado compareció a través de persona apoderada, a quien se le reconoció el carácter, de conformidad con el instrumento notarial que fue adjuntado a su escrito de contestación.

e) Definitividad. No procede algún otro medio de impugnación que debiera agotarse antes de acudir al presente juicio laboral; por tanto, la parte actora está en aptitud jurídica de promoverlo.

TERCERA. Sustitución patronal. Se precisa que en términos del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, el entonces IFE fue sustituido por mandato constitucional por un nuevo organismo, el cual tomó posesión de su patrimonio, derechos, obligaciones, así como del estado y responsabilidad de los asuntos pendientes de sustanciación, los cuales quedan subsumidos en el ámbito de competencia de la nueva responsable, en este caso, el INE, al que pasaron a formar parte los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la entidad extinta.

Así, toda vez que la relación jurídica originalmente se estableció entre el entonces IFE y la parte actora; y a partir de dos mil catorce el INE continuó dicho nexo, éste último debe ser considerado, en su caso, como patrón sustituto.

CUARTA. Metodología de estudio

En principio procede analizar la naturaleza de la relación que mantuvieron las partes, en específico en el periodo del 1 de noviembre de 2001 al 31 de diciembre de 2014, para determinar si fue de carácter laboral; y, con ello, la procedencia o no del reconocimiento de antigüedad correspondiente.

De ser procedente, posteriormente, se debe analizar la procedencia de la inscripción retroactiva y el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social.

Finalmente se estudiará lo relativo al sistema de ahorro para el retiro y las demás las prestaciones laborales a las que tienen derecho el personal del INE y que fueron reclamadas por la parte actora.

QUINTA. Estudio de fondo

A. Planteamientos de la parte actora.

Se le reconozca su relación jurídica laboral de subordinación y su antigüedad genérica laboral como persona trabajadora del IFE hoy INE en el periodo comprendido del 1 de noviembre de 2001 al 31 de diciembre de 2014, en los diferentes cargos que tuvo en la institución demandada.

B. Excepciones y defensas planteadas por el INE al contestar la demanda

1. Improcedencia de la vía: Refiere que el juicio resulta improcedente, ya que la relación que vinculó a la parte actora con el INE fue de naturaleza civil, sin afectación a los derechos pactados en los contratos de prestación de servicios.

2. La de pago, en virtud de que a partir del primero de enero de dos mil quince, dio de alta a la parte actora ante el ISSSTE y el FOVISSSTE, cubriendo oportunamente las cuotas y aportaciones correspondientes.

3. La de pago, en virtud de que sostiene que las prestaciones laborales a las que, en su caso, tenía derecho la parte actora fueron cubiertas íntegramente del 1 de enero de 2023 a la fecha de presentación de su renuncia, sin que proceda reclamo por periodos anteriores.

4. Prescripción: hace valer de manera cautelar, la prescripción de aquellas prestaciones (reconocimiento de la relación y antigüedad laboral, pago de prima quinquenal, pago de cuotas) que no fueron reclamadas dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha en que, hipotéticamente, se hubiere generado el derecho a exigirlas, sin que ello implique reconocimiento de derechos laborales.

5. Falta de legitimación de la parte actora: la parte demandada alega que la parte actora carece de legitimación para reclamar prestaciones extralegales, al no haber obtenido nombramiento como trabajador del INE conforme a los mecanismos de ingreso aplicables durante el periodo controvertido.

6. Inexistencia de relación de trabajo: sostiene que no existió relación laboral entre las partes durante el periodo controvertido, pues la prestación de servicios se llevó a cabo de manera voluntaria bajo contratos de prestación de servicios de naturaleza civil.

7. Plus petitio: refiere que la parte actora incurre en reclamar prestaciones a las que no tenía derecho durante el periodo controvertido, al no haberse sujetado a los mecanismos de ingresos previstos para obtener el nombramiento correspondiente.

8. Todas las demás: en la contestación de demandada hace valer todas las demás excepciones y defensas de forma genérica.

Relación Laboral

A. Planteamientos de la parte actora

La parte actora sostiene tanto en la demanda como en las manifestaciones vertidas durante la audiencia, en esencia, que las actividades que desempeñó en el INE fueron de manera permanente, continuada, subordinada, con dependencia y mediante el pago de un salario como contraprestación por el trabajo prestado.

B. Planteamientos del INE

El INE opone excepciones relacionadas con la negativa de que el carácter de la relación con la parte actora haya sido laboral; esto, al afirmar que fue de carácter civil con motivo de la celebración de los contratos de prestación de servicios por honorarios permanentes, por tanto, niega el derecho de la parte actora a demandar las prestaciones que reclama.

Específicamente argumenta en primer término que opera la prescripción para reclamar el reconocimiento de la relación laboral y la antigüedad; además, que durante el periodo del 1 de noviembre de 2001 al 31 de diciembre de 2014 la parte actora fue contratada a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios de carácter temporal sujetos al régimen de honorarios y regulados por la legislación civil, pasando a formar parte de la rama administrativa hasta el 1 de enero de 2015, es decir, ser considerada como persona trabajadora hasta la fecha referida.

C. Marco Normativo

Conforme a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo[10], se presume la existencia de la relación laboral salvo prueba en contrario[11], y quien aduzca que un vínculo es de naturaleza distinta a la laboral, asumirá la carga de la prueba[12] y deberá acreditar dicha afirmación, en términos de lo dispuesto en el artículo 784 de la citada ley laboral.

Esto, pues cuando la parte demandada niega la existencia de una relación de trabajo y afirma que es de otro tipo, en principio, está reconociendo la existencia de un hecho, a saber, la relación jurídica que lo vinculaba con la parte actora.

El artículo 20 de la LFT, dispone que el elemento esencial para acreditar una relación de trabajo radica en la subordinación,[13] que es el poder jurídico de mando que ejerce la parte empleadora, denominada patrón, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia, por parte del sujeto denominado persona trabajadora.

Asimismo, el citado artículo 20 establece como elementos de la relación laboral, la prestación de un trabajo personal, que implica hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta una persona trabajadora en beneficio del patrón; y el pago de un salario, como derecho y en contraprestación del trabajo prestado.

Por otra parte, el numeral 35 de la LFT considera las relaciones de trabajo por obra, tiempo determinado, temporada o tiempo indeterminado y, a falta de mención, se entenderá indeterminado.

Cabe precisar que, si bien las primeras tres clasificaciones referidas (obra, tiempo determinado e indeterminado) hacen alusión a un “evento”, de ahí su denominación de eventuales, con independencia de las actividades que realiza, lo cierto es que, para este Tribunal, una relación de trabajo válidamente puede establecerse, por cuanto a su temporalidad, en eventual o permanente, sin que el establecimiento de un periodo de vigencia implique que la relación es de carácter distinto al laboral.

Por tanto, el INE debe acreditar que la naturaleza de los servicios derivados de los contratos que firmó con la parte actora, son eventuales o permanentes y que, efectivamente de una naturaleza civil y no laboral, sin limitarse a sostenerlo así, por el sólo hecho de la denominación que, unilateral o bilateralmente, hubiesen acogido las partes o por la temporalidad de la relación.

D. Decisión

Esta Sala Regional considera que lo expuesto por el instituto demandado resulta insuficiente para concluir que la relación que le unía con la parte accionante era de naturaleza civil.

Lo anterior es así, toda vez que como se prevé en la normativa reseñada, la naturaleza laboral de una relación contractual no está dada por la denominación de los instrumentos con los que se le documenta, sino por los elementos constitutivos de ella.

Prestación de un trabajo personal

La circunstancia de que las partes suscriban un contrato como “de prestación de servicios” y de forma “eventual” o “permanente” no implica por sí mismo que la relación materialmente fuera de índole civil.[14]

Ahora, del análisis a los elementos probatorios que integran el expediente, se advierte la existencia de diversos contratos de prestación de servicios aportados por la parte la demandada, los cuales se encuentran firmados por la parte accionante y el INE, cuyos datos principales se indican a continuación:

De lo anterior se advierte la existencia de diversos contratos, de entre los cuales se observa que encuentra la estipulación de la contraprestación con la denominación “de prestador de servicio” los cuales son descritos en su temporalidad de 2001 al 2014, lo cual se considera que la referida denominación no es suficiente para considerar que ello implique que el vínculo sea de una naturaleza distinta a la laboral.

Lo anterior es así, en virtud de que este órgano jurisdiccional, en diversos precedentes,[15] ha señalado que las primeras tres clasificaciones referidas (obra, tiempo determinado, y el hecho de que en los contratos se establezca una vigencia o se determine que es de carácter eventual), en modo alguno impone la naturaleza civil de la relación existente.

Por otra parte, en el expediente obran contratos ofrecidos por la parte demandada,[16] que demuestran que la parte actora se obligó a realizar diversas actividades en favor y a solicitud del Instituto.

Por ejemplo, a) captura y actualiza la información de la ciudadanía en el patrón electoral, haciendo entrega de la credencial, efectuar el monitoreo y seguimiento de las cifras, así como la lectura y retiro de las credenciales no entregables; b) apoyar a la ciudadanía en la identificación de su domicilio mediante la cartografía electoral y dar trámite a la actualización de la credencial de elector, así mismo recuperar y entregar notificaciones; c) diseñar los planos cartográficos que permitan actualizar la geografía de los 300 distritos electorales, elaborar bitácoras de vehículos y mantenimiento a equipos de oficina del R.F.E., establecer los controles necesarios para que la documentación que se recibe en las unidades administrativas llegue en forma oportuna; d) elaborar, analizar y verificar el avance de labores, así como, periódicamente elaborar informes o reportes de volúmenes de trabajo efectuados; e) ser el responsable del manejo del equipo tecnológico para capturar la información de la ciudadanía, llevar a cabo la recepción y lectura de las remesas de credenciales (efectuar diariamente el respaldo de información), depender del responsable del módulo, a quien le reportara las actividades que realiza, f) ser el responsable del manejo del equipo tecnológico para capturar la información del patrón electoral; g) ser responsable de coordinar, supervisar y ejecutar las funciones y actividades que se llevan a cabo en el módulo de atención ciudadana, para la actualización del patrón electoral y la lista nominal, controlar la documentación generada en el módulo de acuerdo a la normatividad establecida; h) apoyo a las actividades técnicas que lleva a cabo el vocal de organización electoral para el proceso electoral federal 2008-2009; entre otras.

De esta forma, no es jurídicamente válido sostener como lo hace el instituto demandado que no se le pueda vincular laboralmente, con independencia de las actividades encomendadas a la parte actora con motivo de su contratación para auxiliar en los programas o proyectos institucionales.

Incluso, en el expediente no se advierte que se hubiere agotado la causa que dio origen a la contratación; al contrario, de acuerdo con la naturaleza y descripción de las actividades que la parte actora desarrolla, se advierte una íntima relación con la funcionalidad permanente que realiza el INE, en los que el personal del Instituto realiza sus funciones para cumplir con sus fines constitucionales.

De manera que, la circunstancia de que se haya especificado en los contratos de prestación de servicios, que la parte actora se contrató por honorarios, en todo caso, la relación jurídica establecida entre dichas partes se ajustó a una temporalidad específica, respecto de las actividades que se desarrollarían.

Subordinación

Por otra parte, el elemento de subordinación se acredita, en virtud de que en el expediente está demostrado que la parte actora se encontraba sujeta al funcionariado de mando, pues las actividades que le eran asignadas no eran realizadas de manera autónoma, sino que las mismas eran ordenadas, supervisadas, orientadas y coordinadas por personas funcionarias del entonces IFE ahora INE.

Esto es así, porque es posible advertir que las actividades que desarrollaba eran a partir de indicaciones que se le daban expresamente, la manera en que se coordinaban y se dirigían sus actividades.

De lo anterior, es evidente el vínculo de subordinación propio de las relaciones laborales, porque la manera de realizar sus actividades era mediante solicitudes e instrucción a la parte actora para que las atendiera en el lugar y día que le indicara su superior jerárquico, sin que en el expediente se advierta alguna prueba en contrario o bien, algún tipo de objeción por parte del Instituto respecto de la manera en que se realizaban las actividades encomendadas, pues sólo se limita a afirmar que se tratan de relaciones jurídicas diversas e independientes unas de otras.

En ese orden de ideas, es dable concluir que en la relación entre las partes existía subordinación; debido a que, durante la vigencia de los contratos suscritos por las partes, fue el Instituto demandado quien determinó el objeto materia de los instrumentos celebrados, el cargo que asignaría a la parte demandante.

De manera que, las actividades efectuadas por la parte actora no se podrían realizar libremente por su cuenta, ni con insumos propios, sino a través de insumos y directrices proporcionadas por la propia institución, así como con la supervisión y mando de personal de las áreas del INE, además le concedió el pago de una retribución económica de manera periódica como se precisará enseguida.

Pago

Esto último, se acredita con los recibos de pago aportados en el presente juicio -principalmente por la parte actora- en los que constan los periodos de pago que datan del 1 de noviembre de 2001 al 31 de diciembre de 2014.[17]

Lo anterior, se corrobora con lo establecido en los diversos contratos de prestación de servicios profesionales, específicamente en su cláusula donde se pactó el pago del monto de los honorarios, incluyendo el periodo demandado.

Así, de los elementos de prueba referidos, se llega a la conclusión de que la parte actora estuvo subordinada a las órdenes del personal del INE y, a cambio de los servicios prestados recibía una remuneración periódica, esto durante el lapso que las partes reconocen que comprendió una relación jurídica de acuerdo con los contratos celebrados entre las mismas.[18]

En razón de lo anterior, resultan improcedentes todas las excepciones opuestas para tal efecto por el Instituto demandado, porque contrario a lo que sostiene, sí existía una subordinación de la parte actora al INE, en tanto que las actividades que ésta realizaba estaban condicionadas a los parámetros y lineamientos que el Instituto le estableció en los contratos de prestación de servicios, así como de manera directa por el personal de la parte demandada, sometiéndola a procesos de supervisión y aprobación del personal que le representaba y, a cambio de los servicios prestados recibía una remuneración.

Asimismo, en cuanto a la excepción de prescripción de la acción de reconocimiento de la relación laboral que hizo valer la parte demandada, existen diversos precedentes este Tribunal Electoral,[19] en los que se ha sostenido que la acción de reconocimiento de la relación laboral relacionado con el reclamo de prestaciones de carácter social, entre otras, son imprescriptibles[20], pues se actualizan con cada día que transcurre y están vinculadas con el derecho mínimo a la seguridad social prevista constitucionalmente, entre ellas, el derecho a la jubilación o la pensión.

Sin embargo, dicha regla general no aplica si se emite una determinación en la que se establece el tiempo de antigüedad por las instancias competentes, supuesto en el cual se debe presentar la impugnación dentro del plazo legal de un año.

Sin embargo, si bien en la contestación de demanda el INE opuso la excepción genérica de prescripción de la acción de reconocimiento, por haber transcurrido el plazo de un año a partir de que se generó el derecho a exigirla, también es cierto que no refiere la existencia de alguna determinación expresa en la que se establezca el tiempo de antigüedad por las instancias competentes del propio INE.

En consecuencia, dado que no se advierte invocación por parte del INE de la existencia de algún documento específico a partir del cual pudiera comenzar a correr el plazo de la prescripción, es que resulta aplicable la regla general de imprescriptibilidad; de ahí que la excepción relativa resulte infundada.

Temporalidad

Para determinar la temporalidad en que la parte actora tuvo una relación laboral con el INE, es necesario analizar de forma enlazada la litis conformada por lo argumentado por las partes en los escritos de demanda y contestación, así como el caudal probatorio ofrecido por las partes.

La parte actora afirmó que mantuvo una relación laboral ininterrumpida con la parte demandada, desde el 1 de noviembre de 2001 y hasta el 31 de enero de 2025.

Por su parte, la demandada negó lo anterior y manifestó que, hasta antes de enero de 2024, celebró con la parte actora diversos contratos civiles, la mayoría de carácter eventual, y negó cualquier tipo de relación jurídica durante los periodos siguientes:

Al efecto, presentó diversos contratos que clasificó como de honorarios eventuales y honorarios permanentes que fueron descritos en líneas precedentes, los cuales merecen valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, párrafos 1, inciso b) y 5, en relación con el diverso 16, párrafos 1 y 3, de la Ley de Medios.

De lo anterior se advierte que, respecto de los periodos en los que la demandada negó cualquier relación con la actora, y que son materia de controversia, no presentó evidencia contractual, únicamente en el caso de los periodos siguientes:

Por otra parte, la actora adjuntó a su demanda, diversos recibos de pago[23], los cuales no fueron objetados por la demandada en cuanto a su contenido, por lo cual generan convicción, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, párrafos 1, inciso b) y 5, en relación con el diverso 16, párrafos 1 y 3, de la Ley de Medios.

Los recibos aportados por la actora fueron los siguientes:

RELACIÓN DE RECIBOS DE PAGO - SG-JLI-41/2025

Entre los documentos listados se encuentran recibos que corresponden a la gratificación de fin de año, correspondientes al 2002 (fila14 de la tabla inserta), 2003 (fila 21) y 2012 (fila 142), en los que se indica, en cada caso, que el periodo a cubrir al aquí actor comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada respectivo.

Por ende, debido a que los citados documentos indican que comprenden todo el año correspondiente, son suficientes para acreditar la existencia de una relación continua entre las partes en esos periodos, lo que desvirtúa la afirmación de la parte demandada que alegó inexistencia de relación entre ella y la actora, en algunos de los lapsos intermedios[24].

Del mismo modo, se advierte que, por lo que hace al año 2006 (fila 38 de la tabla inserta) el recibo aportado por la parte actora, por concepto gratificación de fin de año, contiene la indicación, en el apartado correspondiente al periodo, de que abarca del 1 de junio al 31 de diciembre.

Con base en lo anterior, los periodos en los que no existen documentos que acrediten alguna relación entre las partes, son los siguientes:

Cabe precisar que la parte demandada no ofrece algún recibo de nómina o comprobante de pago de honorarios, correspondiente a los años 2001 a 2016, pues los que adjuntó a su contestación de demanda comprenden únicamente el periodo que abarca de enero de 2017 a febrero de 2025.

Asimismo, como se expuso, la demandada negó lisa y llanamente cualquier relación entre las partes, en diversos periodos; sin embargo quedó evidenciado que sí existieron contratos –que fueron presentados por la propia demandada– y recibos, en la gran mayoría de los lapsos en que negó cualquier relación.

Esta situación resta valor a sus afirmaciones y permite concluir, en términos de lo establecido en el artículo 784, 804 y 805, de la Ley Federal del Trabajo, que las actividades desarrolladas por la actora se efectuaron de manera continua, permanente e ininterrumpida[25], en el periodo que ella refiere en su demanda

Por tanto, la demandada no se ubica en los supuestos que contemplan las tesis orientadoras que cita en su contestación, respecto de la obligación de la actora de acreditar la existencia de la relación laboral, pues las circunstancias relatadas son suficientes para mantener las cargas probatorias contenidas en los preceptos señalados, de manera que es válido concluir que la existencia de la relación se mantuvo ininterrumpida, especialmente porque los periodos en los que no existieron pruebas son muy cortos y distantes unos de otros.

Por cuanto ve al Formato Único de Movimientos y/o Constancia de Nombramiento, que se firmó entre las partes con efectos a partir del 1 de enero de 2024, en el que se cambió a la parte actora al régimen de plaza presupuestal, esta relación contractual sí está reconocida por la parte demandada, señalando que comprendió del 1 de enero de 2024 a la fecha en que la parte actora presentó su renuncia.

Expuesto lo anterior, se concluye la existencia de una relación laboral entre las partes por el periodo comprendido del 1 de noviembre de 2001 al 31 de enero de 2025; y como consecuencia, dicho lapso constituye la antigüedad laboral de la parte actora con el Instituto Nacional Electoral.

II. INSCRIPCIÓN RETROACTIVA DE LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

a. Planteamiento de la parte actora

En el escrito de demanda, la parte actora solicitó a este Tribunal ordenara la inscripción retroactiva y el pago de las cuotas y aportaciones que el demandado omitió realizar al ISSSTE y FOVISSSTE desde su ingreso.

b. Planteamiento de la parte demandada

El demandado sostiene que se niega la acción y falta de derecho para reclamar el pago de cuotas y aportaciones ante el ISSSTE y FOVISSSTE, esencialmente, porque desde su perspectiva, la parte promovente prestó sus servicios a favor del Instituto mediante la celebración de contratos de prestación de servicios regulados por la legislación civil.

Asimismo, opone la excepción de pago al argumentar que a partir del 1 de enero de 2015 (fecha en que el Instituto demandado considera a la parte actora como trabajadora) realizó los respectivos pagos y aportaciones.

c. DECISIÓN

El derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, y su ley reglamentaria, depende de la existencia de una relación de trabajo con instituciones públicas. Si se acredita este vínculo laboral, las obligaciones relativas a la seguridad social se hacen exigibles a la persona titular de la dependencia respectiva.

El título quinto "De la prescripción" de la Ley del ISSSTE no establece la prescripción del derecho a solicitar la inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes. Por tanto, la excepción que sobre ese aspecto opuso la demandada es infundada toda vez que se ha demostrado la existencia del vínculo laboral, y como se refirió previamente, las prestaciones de seguridad social son imprescriptibles.

Además, las prestaciones de seguridad social derivan de la existencia de una relación de trabajo, son obligatorias y sus derechos son irrenunciables.[26]

En consecuencia, como resultado del reconocimiento de la antigüedad y relación laboral, comprendida del 1 de noviembre de 2001 al 31 de enero de dos mil veinticinco, para efectos de la respectiva cotización ante el ISSSTE y FOVISSSTE[27], debe otorgarse el derecho a la seguridad social, ya que se acreditó el vínculo laboral.

Ahora, dado que fue reconocida la antigüedad laboral, derivado de la existencia de una relación jurídica de trabajo, aplica la regla general de su inscripción al régimen de seguridad social, pues la parte actora es una persona perteneciente a la clase trabajadora servidora pública del INE, que se encuentran aseguradas bajo el régimen del ISSSTE[28].

Por lo anterior, es procedente condenar al INE a la inscripción retroactiva, la realización de aportaciones y regularización de los pagos ante el ISSSTE y FOVISSSTE por el periodo del 1 de noviembre de 2001, al 31 de enero de 2025, de modo que únicamente debe realizar, de manera retroactiva, las aportaciones por los periodos que no haya cubierto.

En tal sentido, resulta parcialmente fundada la excepción de pago hecha valer por la parte demandada, por los enteros que fueron previamente realizados por ella y que constan en el expediente electrónico único SINAVID[29] aportado al presente sumario, cuyo contenido reconocieron ambas partes.

Por tanto, la demandada, al momento de la ejecución de esta sentencia, deberá acreditar que cubrió bajo el régimen de seguridad social del ISSSTE así como del FOVISSSTE, todas las aportaciones y cuotas de las cuentas y subcuentas correspondientes a las que tenga derecho la parte actora según la Ley del ISSSTE.

Derivado de lo anterior, el INE deberá enterar y pagar, en el plazo de 45 días hábiles, contados a partir de la notificación de este fallo, la totalidad de las aportaciones y cuotas que debió retener a la parte actora respecto de las cotizaciones al ISSSTE y FOVISSSTE, que se encuentren pendientes de cubrir, tanto de la parte patronal (dependencia) como de la parte trabajadora (persona servidora del INE); esto con motivo de la relación laboral que sostuvieron durante el periodo sujeto a revisión.

Ello, en el entendido de que las cuotas de seguridad social a cargo de la parte trabajadora deberán ser a cargo y por cuenta del INE[30].

Asimismo, deberá darse vista con copia certificada del presente fallo, al ISSSTE y FOVISSSTE para que actúe en el ámbito de sus atribuciones[31].

III. Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

A. Planteamiento de la parte actora.

En relación con este tema, la parte actora manifiesta que se deben de pagar las aportaciones al SAR o entregar los comprobantes del pago de dichas aportaciones durante el tiempo que ha prestado sus servicios en las diversas áreas de la institución demandada.

B. Planteamiento de la parte demandada

Al respecto, la parte demandada aduce la improcedencia del reclamo al manifestar que no es de la competencia de este Tribunal.

C. DECISIÓN

Esta Sala Regional considera que, contrario a lo afirmado por el instituto demandado, es procedente condenar al INE a la inscripción y pago retroactivo de las cuotas correspondientes.

Lo anterior, toda vez que contrario a lo que afirma el instituto demandado, este órgano jurisdiccional sí es competente para conocer tanto de las prestaciones de seguridad social, como respecto de las cuotas correspondientes al SAR.

Lo anterior, conforme a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[32] en el conflicto competencial 35/2014, suscitado entre la Sala Regional Monterrey y la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde se estableció que: …la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Territorial, con sede en Monterrey, Nuevo León, es competente para conocer de la demanda laboral promovida por [la trabajadora] contra el Instituto Federal Electoral y otros, respecto de las prestaciones consistentes en el pago, la exhibición y entrega de las constancias de inscripción y aportación de pago al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, y de la cuenta individual para el retiro AFORE o en su defecto la apertura de la cuenta bancaria individual a la actora conforme al salario base de cotización real devengado.

Además, el máximo Tribunal precisó que, atendiendo a la materia y naturaleza principal del asunto, se advertía la competencia de esa Sala Regional para conocer del juicio en cuestión, por cuanto hace a las prestaciones señaladas, en la medida en que la determinación de la competencia debe regirse por la materia del acto reclamado y, para dilucidar tal cuestión, era necesario atender exclusivamente a la naturaleza de la acción principal intentada.

Aunado a lo anterior, la SCJN determinó que de la jurisprudencia transcrita,[33] se desprendía que para determinar correctamente la naturaleza de la acción intentada en un juicio y con ello, dilucidar la competencia por materia de un tribunal, se debían examinar entre otras cosas, lo que se reclama, y los hechos narrados en el juicio de origen; aspectos que habían quedado precisados, lo que demostraba que están involucradas sustancialmente cuestiones laborales y de seguridad social de una persona servidora del IFE, ahora INE, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que dentro de las facultades de éste, se encuentra, como se dijo, la de conocer en forma definitiva e inatacable, sobre los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, y sus personas servidoras adscritas a órganos centrales o a los órganos desconcentrados, por lo que se insiste corresponde a este órgano jurisdiccional conocer de las prestaciones de seguridad social reclamadas, máxime que no debe dividirse la continencia de la causa.

Como se ve, la SCJN refiere que las prestaciones reclamadas en una sola demanda, no se deben dividir para su estudio, en atención a que el principio de la continencia de la causa establece que las pretensiones conexas entre sí deben debatirse en un mismo juicio y ser decididas en una sola sentencia. En ese sentido, cuando se reclamen prestaciones laborales y de seguridad social que deben ser proporcionadas por un mismo patrón, se deben analizar en conjunto.

Con base en lo anterior, es que se considera que de los precedentes tanto de la SCJN, de la Sala Superior y de la referida Sala Regional, al constituirse hechos notorios de conformidad con lo previsto en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley de Medios, resultan ilustrativas para establecer que respecto de las prestaciones de seguridad social reclamadas (SAR) por la parte actora al IFE, hoy INE, el órgano competente para conocer y pronunciarse al respecto es este Tribunal.

Al respecto, debe señalarse que no resulta aplicable lo establecido en la jurisprudencia 8/2012, de rubro: SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE PRESTACIONES RELACIONADAS CON LAS CUENTAS INDIVIDUALES.[34]

Ello así, ya que, en el caso, se solicita la inscripción retroactiva y pago de las aportaciones de la parte patronal al SAR, mientras que los precedentes que originaron la citada jurisprudencia se vinculan con la entrega de aportaciones realizadas por la persona trabajadora a dicho sistema para sus beneficiarios en caso de fallecimiento; esto es, no se abordó lo relativo al cumplimiento de la obligación patronal de realizar dichas aportaciones durante el periodo que dure una relación laboral.

En consecuencia, toda vez que las prestaciones de seguridad social derivan de la existencia de una relación de trabajo; del mismo modo, resultan obligatorias y sus derechos son irrenunciables, por tanto, dado que en el caso quedó acreditado que la relación que existió entre las partes fue de carácter laboral, se considera que el INE estaba obligado a cumplir con las obligaciones derivadas de ésta.

De manera que, al no obrar en el expediente la totalidad de constancias que permitan advertir si han cubiertos todas las cuotas respectivas, resulta procedente ordenar que se entreguen las constancias reclamadas o, en su caso, se realicen por la parte patronal las gestiones necesarias a efecto de que, de no haberse hecho esas aportaciones, se realicen.

En similares términos se resolvieron los juicios laborales por la Sala Monterrey SM-JLI-13/2018, SM-JLI-8/2019, SM-JLI-7/2020, SM-JLI-3/2021, SM-JLI-31/2022, SM-JLI-1/2023, SM-JLI-5/2023, SM-JLI-6/2023, SM-JLI-7/2023, SM-JLI-9/2023, SM-JLI-15/2023, SM-JLI-76/2023, SM-JLI-6/2024, SM-JLI-113/2024, SM-JLI-14/2025 y SM-JLI-28/2025. Así como por la Sala Superior SUP-JLI-10/2024, de igual manera por esta Sala Regional en el diverso SG-JLI-32/2025.

IV. Prima quinquenal

La parte actora reclama el pago de los quinquenios derivados del inicio de la relación laboral el 1 de noviembre de 2001 y aquellos sumadas a las quincenas subsecuentes laboradas de manera consecutiva e ininterrumpidas le corresponden.

Por su parte, el Instituto demandado aduce que no le asiste acción y derecho alguno hasta antes del 31 de diciembre del 2023 porque fue contratado por honorarios sujetos a la legislación civil, por lo que no generó antigüedad laboral para efectos del cómputo de la prima quinquenal.

Al respecto, es preciso señalar que la prima quinquenal es un factor de aumento de salario, pues lo incrementa por cada cinco años de actividad laboral. Por lo tanto, esta prestación es una recompensa al servicio prestado por años efectivos acumulados, regulada en el artículo 34 LFTSE[35] y 318 a 321 del Manual[36].

En ese contexto, la prima quinquenal, como complemento del salario, es una contraprestación del servicio diario que está vigente mientras dura la relación de trabajo y se otorga durante la relación laboral a quienes han acumulado cierto número de años efectivos de servicio.

De igual manera, en sus artículos 278 a 281, se establece que esta prestación se otorgará al personal de plaza presupuestal de nivel operativo, de mando y cargos homólogos y será un complemento al sueldo que se otorga en virtud de la antigüedad, por cada cinco años de servicios efectivos prestados al INE hasta llegar a veinticinco.

Tal prestación se encuentra prevista en el mismo sentido en el segundo párrafo del artículo 34 de la LFTSE, de aplicación supletoria conforme el artículo 95, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

Ahora, está acreditado que la parte actora mantuvo una relación laboral con el INE desde el 1 de noviembre de 2001 hasta el 31 de enero de 2025. En ese sentido, a la fecha de la presentación de la demanda la parte actora había trabajado para el INE por un periodo que le habilita como beneficiaria de tal prestación, al cumplir con el requisito esencial de haber trabajado por lo menos cinco años efectivos en el INE.

Este Tribunal ha señalado[37] que la prima quinquenal es un factor de aumento de salario, pues lo incrementa por cada cinco años de actividad laboral. Por lo tanto, lo característico es recompensar el servicio prestado por años efectivos acumulados; lo cual se fortalece por diversos criterios orientadores de diversos Tribunales Colegiados de Circuito.[38]

Con relación a esta prestación, se actualiza en parte la excepción de prescripción alegada por el INE, ya que de conformidad con el artículo 516 de la LFT, las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, salvo las excepciones que la propia Ley contempla.

En efecto, el derecho de la parte actora a reclamar el pago de la prima quinquenal prescribe en un año, sin que se acredite alguna excepción legal para reclamarla después de ese año. De ahí que resulte parcialmente fundada la excepción planteada por el INE.

Por lo tanto, la prescripción debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que sea exigible el derecho de reclamar el pago correspondiente y hasta un año después, por lo que –con independencia de si la parte actora contaba con el derecho o no a dichas percepciones– el reclamo de las prestaciones analizadas se encuentra prescrito al corresponder con prestaciones exigibles de forma previa al catorce de noviembre de dos mil veinticuatro (año previo a la presentación de la demanda).

Aunado a lo anterior, la parte trabajadora reúne el requisito de haber laborado por lo menos cinco años para el INE. En consecuencia, el INE deberá actualizar el monto que corresponda por la prima quinquenal por el tiempo en que la parte actora prestó sus servicios al INE y que le ha sido reconocido en esta sentencia (1 de noviembre de 2001 a 31 de enero de 2025).[39]

En ese sentido, el INE, de acuerdo con los años reconocidos en la presente sentencia, además, deberá pagar la cantidad que corresponda por el último año no prescrito, es decir, del 14 de noviembre de 2024 al 31 de enero de 2025.

V. Constancia de servicios y hoja única de servicios

Derivado de la acreditación de la relación laboral entre el actor y el INE, en los términos y conforme al periodo precisado, la demandada deberá expedir la hoja única de servicios, en la que se contemple todo el periodo aquí establecido, para efectos de determinar la antigüedad de la parte actora en el servicio, así como para los efectos legales conducentes.

Respecto a la Constancia de Servicios, el artículo 132 de la LFT, establece que es obligación de la parte patronal expedir a la persona trabajadora que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del término de 3 (tres) días, una constancia escrita relativa a sus servicios.