JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SG-JRC-523/2012

PROMOVENTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA

TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE:

NOÉ CORZO CORRAL

SECRETARIO:

JORGE CARRILLO VALDIVIA

Guadalajara, Jalisco, seis de septiembre de dos mil doce.

VISTO el expediente SG-JRC-523/2012 formado con motivo del juicio de revisión constitucional electoral, promovido por el Partido Acción Nacional, a través de Miguel Ángel Maciel Félix, quien se ostenta como comisionado propietario del partido aludido ante el Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora, contra la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de la entidad referida, el treinta de julio de dos mil doce, dentro del recurso de queja con clave de expediente RQ-TP-024/2012; y

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. De la demanda y de las constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente:

1.      El primero de julio del año en curso, se llevó a cabo en el Estado de Sonora, la elección de Ayuntamientos, entre ellos la concerniente a la de Puerto Peñasco.

2.      El tres de julio siguiente, se efectuó la sesión extraordinaria de cómputo municipal en el Consejo Electoral respectivo de la citada localidad, correspondiente a la elección de Ayuntamiento, en la cual se declaró la validez de la misma y se expidió la constancia de mayoría relativa a la planilla postulada en candidatura común por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en dicho municipio.

3.      Inconforme con lo anterior, el ocho de julio del año en curso, el Partido Acción Nacional promovió recurso de queja, mismo que fue registrado con el número de expediente RQ-TP-024/2012 ante el Tribunal Electoral Estatal de Sonora.

II. Acto impugnado. En la resolución dictada el treinta de julio de dos mil doce emitida en el recurso de queja referido y en la que el tribunal responsable confirmó la referida declaración de validez de la elección, y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez en favor de la planilla postulada en candidatura común por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

III. Presentación del medio de impugnación. En desacuerdo con la aludida sentencia, el Partido Acción Nacional, por conducto de Miguel Ángel Maciel Félix, quien se ostenta como comisionado propietario del partido aludido ante el Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora, promovió juicio de revisión constitucional electoral, mediante escrito presentado el seis de agosto del presente año.

IV. Trámite. El siete siguiente la autoridad señalada como responsable informó vía fax a esta Sala, la interposición del medio de impugnación y lo hizo del conocimiento público por el plazo de setenta y dos horas, mediante cédula fijada en sus estrados, cumpliendo con la obligación que le impone el artículo 17, párrafo 1, incisos a) y b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Recepción en la Sala Guadalajara. El día nueve de agosto de la presente anualidad, se recibió en este órgano jurisdiccional el expediente formado con motivo de la interposición del mencionado juicio, el informe circunstanciado y la demás documentación que la autoridad responsable consideró atinente.

VI. Turno y radicación. El mismo día, el Magistrado Presidente de esta Sala ordenó registrar la demanda del juicio de revisión constitucional electoral con la clave de expediente SG-JRC-523/2012 y turnarla a la ponencia a su cargo para los efectos a que se refiere el artículo 19 del ordenamiento legal invocado, en donde fue radicado el trece de agosto del mismo mes y año.

VII. Recepción de trámite y comparecencia de tercero interesado. Mediante proveído de quince de agosto siguiente, se tuvieron por recibidas diversas constancias de trámite relativas al juicio de revisión constitucional electoral en que se actúa.

Asimismo, con fundamento en lo previsto en el artículo 12, párrafo 1, inciso c) y párrafo 2 del cuerpo normativo en cita se tuvo compareciendo como tercero interesado al Partido Revolucionario Institucional por conducto de Lucrecio Sotelo Ruíz, en su carácter de comisionado propietario del instituto político aludido ante el Consejo Municipal Electoral en Puerto Peñasco, Sonora; se acordó lo conducente respecto a su domicilio señalado para recibir notificaciones y autorizados para tal efecto.

VIII. Sustanciación. Mediante acuerdo de veintidós de los mismos mes y año, el Magistrado Noé Corzo Corral admitió el medio de defensa al rubro indicado, así como las pruebas supervenientes que aportó el partido actor. Finalmente, el cinco de septiembre ulterior declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con cabecera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es competente para conocer del presente juicio, en términos de lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base VI y 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso b), y 195, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafos 1 y 2, inciso d), 86, párrafo 1 y 87, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como los artículos primero y segundo del Acuerdo CG268/2011 emitidos por el Consejo General del Instituto Federal Electoral que establece el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales y la entidad federativa cabecera de éstas, publicado el dos de noviembre de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral promovido contra la sentencia recaída a un recurso de queja que declaró la validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría relativa a la planilla postulada en candidatura común por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, entidad ubicada dentro del territorio en que la Sala ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Causales de improcedencia. En cuanto a los supuestos de improcedencia y sobreseimiento previstos por los artículos 10 y 11 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala considera que el presente juicio no se encuentra en alguno de los previstos en ley, por consiguiente, son de estudiarse los conceptos de agravio que constituyen el fondo de la controversia planteada.

TERCERO. Presupuestos procesales. En el medio de impugnación en estudio, se surten los requisitos de procedencia señalados en el artículo 9 del ordenamiento legal invocado, según se expondrá a continuación.

a) Requisitos generales de procedencia. De la lectura del escrito de demanda, se desprende que cumple con los requisitos que establece el citado numeral, dado que se presentó por escrito ante la autoridad responsable, se hizo constar el nombre del partido actor, la firma de su representante, correo electronico para recibir y oír notificaciones, precisó el acto impugnado, identificó a la autoridad señalada como responsable, manifestó los hechos en que basa su impugnación, los agravios que le causan perjuicio a su representada y los preceptos presuntamente violados.

b) Legitimación y personería de la parte actora. El Partido Acción Nacional está legitimado para incoar el presente juicio de revisión constitucional electoral de conformidad con lo establecido en el artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Asimismo, la personería de Miguel Ángel Maciel Félix como comisionado propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora, está debidamente acreditada en términos del numeral 88, fracción 1, inciso b) del ordenamiento legal antes invocado, habida cuenta que fue quien interpuso el medio de impugnación jurisdiccional al cual le recayó la resolución aquí impugnada.

c) Oportunidad. El juicio de revisión constitucional electoral en estudio fue promovido oportunamente.

En efecto, de autos se advierte que la resolución impugnada fue notificada personalmente al partido actor por conducto de su autorizado, el cuatro de agosto de dos mil doce y la demanda en estudio se presentó ante la autoridad responsable el seis siguiente, dentro del plazo legal de cuatro días contados a partir del día siguiente en que se notificó la resolución combatida, establecido en el artículo 8 de la ley de la materia; habida cuenta que éste inició el cinco y feneció el nueve de agosto del año que transcurre.

CUARTO. Requisitos especiales de procedencia. En el caso, se cumplen los extremos incluidos en el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

1. Definitividad y firmeza. El principio de definitividad previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desarrollado en los incisos a) y f), del artículo 86 citado, prevé que los actos o resoluciones impugnables a través del juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, para lo cual se requiere agotar en tiempo y forma todas las instancias previas establecidas en la ley adjetiva aplicable en la correspondiente entidad federativa.

Lo expuesto encuentra explicación en el principio de que juicios, como el de revisión constitucional electoral, constituyen medios de impugnación excepcionales y extraordinarios a los que sólo pueden acudir los partidos políticos o coaliciones, cuando ya no haya a su alcance recursos ordinarios idóneos, a través de los cuales sea factible modificar, revocar o anular fallos como el que ahora se combate, para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas que considera afectados.

En el medio de impugnación en estudio, los citados requisitos de definitividad y firmeza se encuentran satisfechos al no existir algún medio de impugnación que pueda revocar, modificar o anular la resolución dictada en los recursos de queja, toda vez que de conformidad con el numeral 309 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Tribunal Electoral de esa entidad federativa, es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y tendrá a su cargo la substanciación y resolución, en única instancia, de los medios de impugnación que establezcan las leyes respectivas y el Código de la localidad.

Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 23/2000, consultable en la página setenta y nueve, de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, emitida por la Sala Superior, cuyo rubro es: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.”

2. Violación a un precepto constitucional. El Partido Acción Nacional manifiesta expresamente que la sentencia impugnada viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14, 16, 40, fracción III, apartado C, 116 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende, se debe tener por satisfecho el extremo previsto en el inciso b), del artículo 86, párrafo 1, de la ley adjetiva electoral mencionada, en tanto que el enjuiciante formuló motivos de disenso tendientes a demostrar la violación a esos preceptos constitucionales.

3. La violación reclamada puede resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral o el resultado final de la elección. Igualmente se surte el requisito señalado por el inciso c), del dispositivo en análisis, ya que de resultar fundada la pretensión del partido actor implicaría revocar o modificar la resolución que declaró válida la elección impugnada y que confirmó la entrega de la constancia de mayoría relativa a la planilla de los partidos antes mencionados, por lo que la controversia planteada incidiría de forma directa en el resultado del proceso electoral de mérito, de ahí que se cumpla el requisito de procedencia en estudio.

4. Reparación jurídica y materialmente posible. Finalmente, la reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, toda vez que de resultar fundados los agravios del partido actor, la reparación puede realizarse hasta antes del dieciséis de septiembre del año corriente, fecha en que tomarán posesión los ciudadanos que hayan sido electos para integrar el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, de acuerdo al artículo 182 del Código Electoral de esa entidad federativa.

QUINTO. Escrito de tercero interesado.

a) Legitimación. El Partido Revolucionario Institucional tiene legitimación para comparecer al presente medio de impugnación, de conformidad con lo señalado en el artículo 12, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tener un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el partido actor.

b) Oportunidad. El escrito en comento fue presentado dentro del plazo legal de setenta y dos horas previsto en el artículo 17, párrafo 4, del ordenamiento legal invocado.

Ello es así, tomando en consideración que dicho lapso inició a las doce horas con cincuenta minutos del siete de agosto del año en curso, fecha en que se publicitó el medio de impugnación en estudio y feneció a las doce horas con cincuenta minutos del diez siguiente. Mientras que el escrito en comento se presentó el último día de publicitación a las doce horas con catorce minutos, respectivamente.

c) Personería. De conformidad con lo establecido en el artículo 88, párrafo 1, inciso b), del ordenamiento legal invocado, se encuentra acreditada la personería de Lucrecio Sotelo Ruíz, toda vez que en la foja cuatrocientos cuarenta y ocho del cuaderno accesorio dos de los presentes autos, obra agregada constancia mediante la cual acredita la representación del partido.

d) Requisitos formales. Por lo que se refiere a la revisión de los requisitos que debe satisfacer el escrito del tercero interesado, se advierte que fue presentado ante la autoridad responsable. En el mismo, se hizo constar el nombre del partido político, la firma autógrafa del promovente y el domicilio para oír y recibir notificaciones. Asimismo, manifestó de forma clara y precisa el interés jurídico en que funda su pretensión.

Consecuentemente, se tiene al Partido Revolucionario Institucional compareciendo en tiempo y forma como tercero interesado en el presente juicio de revisión constitucional electoral.

SEXTO. Agravios. En su demanda, el Partido Acción Nacional a través de su comisionado propietario, expresa como agravios los siguientes:

“PRIMERO. PROPAGANDA RELIGIOSA. Causa agravio a mi representada, las consideraciones vertidas por la autoridad responsable en el considerando XII de la sentencia que se combate en razón de lo siguiente.

En el recurso primigenio, se reclamó en esencia la celebración de una misa católica como parte de las actividades de campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, tal aserto, quedó plenamente demostrado mediante un comunicado de prensa emitido por la campaña de dicho candidato; dos notas periodísticas de dos sitios web distintos en los cuales se recogía íntegramente la información del boletín de prensa en el cual se hace mención de la participación del candidato en la celebración religiosa; dos interpelaciones notariales con los dueños de los sitios web con lo que se corrobora la publicación de la información, identificando al remitente del boletín enviado por correo electrónico, al coordinador de comunicación de la referida campaña; cuatro placas fotográficas del evento proselitista- religioso; y finalmente se entregó el reporte de INEGI con el desglose de preferencia religiosa en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora.

Con tales probanzas y la argumentación vertida en el escrito primigenio, es suficiente para demostrar actos de campaña religiosos, en clara contravención a la normatividad electoral y al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se demostró fehacientemente que el candidato que se impugna, realizó de la celebración de un culto religioso a un acto de campaña.

El agravio fue desechado por las siguientes consideraciones de la autoridad responsable:

1.       No se advierte de las probanzas aportadas, que el candidato a Presidente Municipal de Puerto Peñasco se encuentre realizando actos de campaña utilizando símbolos religiosos, o que se aprecie que se encuentre solicitando a los feligreses o al sacerdote la emisión del voto a su favor, o promocionando su plataforma electoral (págs. 78-79 de la resolución).

2.       No se constata de las impresiones de los portales de internet de los dos medios electrónicos de comunicación social, la fecha en la que se hayan tomado las fotografías, que se observa a diferentes personas en lugar indeterminado y que en una de ellas no aparece el candidato impugnado (pág. 79).

3.       Que no quedó acreditado que de manera deliberada y premeditada se hubiera anunciado y difundido el evento (págs 79 y 80).

4.       Que los instrumentos notariales ofrecidos, sólo son indicios de la vinculación del candidato a Presidente Municipal, insuficientes para acreditar la aseveración del inconforme (pág. 80).

5.       Que por la forma en que opera el internet, no es posible identificar de manera fehaciente la fuente de su creación ni a quien se le puede atribuir la responsabilidad del contenido. (pág. 82)

6.       Que no puede considerarse que la difusión haya sido generalizada, porque revisar internet es un acto volitivo que resulta del ánimo de cada persona, en libertad visitar o no las direcciones, constituyendo medio de comunicación pasivo ya que la información contenida en él sólo se despliega cuando alguien la busca (pág. 83). (¿Acaso hay medios de comunicación obligatorios?)

7.       Que el principio separación iglesia - Estado no implica prohibición a la libertad de religión prevista por el artículo 24 de la Carta Magna.

Tales argumentos carecen de suficiente fundamentación y motivación, por lo que violentan en nuestro perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según se expone a continuación.

En cuanto a los puntos sintetizados como 1, 3 y 7 del resumen de argumentos torales que sustentan el fallo de la responsable, tenemos que el artículo 210 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece expresamente lo siguiente:

ARTÍCULO 210.- (Se transcribe)

Como se puede apreciar de la lectura del numeral en comento, la realización de actos de campaña y la propaganda electoral, tienen como propósito la obtención del voto, pero contrario a lo que aduce la autoridad responsable, un acto de campaña electoral o algún instrumento de propaganda electoral, tienen esa característica en la medida que se solicite el voto o se exponga plataforma electoral, como absurdamente concluye la autoridad electoral.

Interpretado ad absurdum, todo anuncio espectacular, engomado, camiseta, gorra entre otros elementos publicitarios que identifique a partido o candidato alguno, no sería propaganda electoral en caso de que no solicite el voto o se exponga plataforma electoral.

La literalidad y teleología de la norma en comento, permite concluir que los actos de campaña y la propaganda electoral tienen como propósito persuadir al elector para obtener su voto, así tenemos por ejemplo, que una imagen del partido o candidato colocada en un anuncio espectacular, o barda, tiene como propósito posicionarlos ante el electorado, de igual forma un engomado, una gorra, una playera, la realización de un mitin, un spot televisivo o radiofónico, una marcha, etc, constituye claramente propaganda electoral con independencia que no se solicite el voto o se exponga plataforma electoral, arribar a conclusión contraria implicaría caer en el absurdo de considerar que un spot publicitario que contiene propaganda negra, no se cataloga así porque no pide el voto para nadie.

En este orden de ideas, tenemos que tal y como quedo acreditado en el expediente que se actúa, el candidato Gerardo Figueroa Zazueta acudió a una misa religiosa, lo cual hasta ese punto pareciera una actividad normal, en atención a su derecho fundamental de libertad de culto; empero, en el momento en que su equipo de comunicación de campaña envía un correo electrónico que contiene un boletín de prensa informando la realización del evento y adjuntando fotografías, dicho evento escapa del ámbito privado de la persona, para convertirse en un acto de campaña y de propaganda electoral.

Esta situación que se refuerza con la publicación de la integridad del boletín de prensa, por al menos dos medios de comunicación social del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, y cabe mencionar, que en ningún momento de la sustanciación del expediente de mérito, el Partido Revolucionario Institucional y su candidato Gerardo Figueroa Zazueta negaron la realización y difusión del acto religioso. A lo más que llegaron fue a mencionar que no se acredito(sic) la calidad de encargado de Comunicación Social de su campaña del C. Roque Edel Celaya Ortega, pero se insiste que jamás negaron la autoría del boletín de prensa, su distribución, y la participación en la misa del referido candidato.

Tan es así, que incluso el Tribunal responsable tuvo por acreditada tal situación a foja 78 de la sentencia que se combate cuando menciona: "... según lo afirmó el actor y no esta controvertido por el tercero interesado..."; posteriormente a foja 79:"Esto quiere decir, que primero asistieron a misa y posteriormente se hizo la difusión de las impresiones fotográficas en los mencionados portales de internet"; foja 80,: "Debido al contenido de dichas probanzas estamos en condiciones de señalar, que primero asistieron a misa, y posteriormente se hizo la difusión de las impresiones fotográficas en los mencionados portales de Internet."

Este último razonamiento de la foja 80, es quizá el más absurdo de todo el proyecto, o al menos está entre los cinco principales, ya que condiciona la ilegalidad de la conducta a su origen, y no a sus consecuencias. Por esta razón, es que también carece de motivación debida el razonamiento de la autoridad de que no se acreditó en el sumario que se hubiese realizado invitación a la misa, cuando lo grave no es que se haya invitado o no a ella, sino el evento proselitista que ahí se realizó.

Así tenemos que la difusión del boletín existió, y es completamente irrelevante si se acreditó o no quien es el Coordinador de Comunicación Social de la campaña, lo destacable es que fue enviado por quien, a dicho de dos dueños de medios de comunicación social, identifican como tal, publicando de manera íntegra el comunicado, el cual coincide en absolutamente todos sus términos.

Debe considerarse también que no existe forma de probar tal situación de manera directa, ya que no existe obligación a cargo de los partidos o candidatos de registrar una estructura formal de campaña en la cual eventualmente se pudiese incluir al responsable de realizar y enviar los boletines de prensa, por lo que tal situación en su caso debe probarse de manera indirecta, cobrando particular relevancia las consideraciones realizadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-RAP-542/2011 sobre las pruebas indirectas, que suelen ser confundidas con meros indicios; más adelante se abundará al respecto.

La difusión del boletín, y su respectiva publicación, tuvo como propósito resaltar ante el electorado que el C. Gerardo Figueroa Zazueta profesa la religión católica, que tiene ese vínculo religioso del cual espera obtener provecho en la contienda electoral, para obtener así simpatías que se traduzcan en votos el día de la jornada electoral. No es ordinario que alguien que ejerce su libertad de culto, envíe o permita que a su nombre se envíe un comunicado de prensa. No es ordinario que dos medios de comunicación distintos publiquen una nota de un ciudadano que asiste a una misa. Resulta claro pues, el contexto político electoral que envuelve dicho acto religioso.

No existe tampoco a la fecha, en el expediente o en la opinión pública, un deslinde de dicha conducta ni del candidato ni de los Partidos Políticos que lo postularon sobre tal evento. Por tanto, debe estimarse, que tal evento ocurrió tal y como lo sostiene la sentencia, pero que no se encuentra al amparo del artículo 24 Constitucional, sino que fue claro que se trató de un acto de propaganda, desde el momento en que también en términos de la sentencia está demostrado que se difundió dicho evento, configurándose así un acto de campaña en la modalidad de reunión pública, con elementos de propaganda electoral consistente en escritos, publicaciones e imágenes, en un templo público, utilizando símbolos e imágenes religiosas en clara contravención al artículo 130 Constitucional.

A juzgar por la interpretación que realiza la autoridad responsable pareciera que en su concepto únicamente es posible considerar como acto de campaña o de propaganda electoral un evento religioso, sólo si aparece expresamente en el catálogo previsto por el artículo 210 del Código Electoral de Sonora.

Para evitar repeticiones ociosas, nos remitimos al texto de la demanda original en cuanto a los conceptos y la gravedad de tales conductas.

En cuanto a lo sintetizado en el punto número 2, hay que tener en cuenta que las certificaciones por notario público de las páginas de internet, se ofrecieron para demostrar la difusión que se hizo de tal evento político religioso, el cual se insiste en que no fue controvertido por el tercero interesado y el Tribunal responsable lo tuvo por cierto, resulta sorprendente que el Tribunal responsable demerite su valor probatorio con el argumento de no tener certeza de la fecha en que fueron tomadas las fotografías que contiene el reportaje, cuando lo que se pretende demostrar es la realización del evento prohibido por la Carta Magna, y no otra situación. Fecha que sobra inferir, fue precisamente el día domingo 20 de mayo de 2012, según consta en el boletín de prensa ofrecido como prueba, y según consta de dos portales de distintos medios de comunicación. También resulta irrelevante, que en una de las fotografías no aparezca el candidato, con lo cual la autoridad responsable admite que en las demás si lo hace. Dicha fotografía debe entenderse en el contexto de la celebración religiosa, ya que ellos mismos son quienes la distribuyeron y toleraron su difusión en los medios de comunicación ya referidos.

Por lo que respecta a los puntos 5 y 6, es indebida e insuficiente la motivación del Tribunal responsable, cuando dice que no es posible identificar de manera fehaciente la fuente de creación y responsabilidad del contenido de las páginas de internet, pues precisamente a través de los instrumentos notariales aportados se reivindica la propiedad del sitio web, la autoría de las notas, y señalan la forma y de quien recibieron el boletín de prensa. Dichos argumentos, son rebatibles con las probanzas aportadas y relacionadas en el escrito primigenio de la siguiente forma:

a.       DOCUMENTAL PÚBLICA. Escritura Pública Número 3399 (tres mil trescientos noventa y nueve), Volumen 11, expedida por el Licenciado Eliasar Jiménez Zamorano, suplente de la Notaría Pública 76, con residencia en el municipio de Puerto Peñasco, dentro de la Demarcación Notarial del Distrito Judicial de Puerto Peñasco, Sonora, de fecha cuatro de julio del año dos mil doce. Instrumento que contiene la fe de hechos e interpelación notarial, de diversos hechos publicados en el portal NÚMERO UNO ONLINE relacionados con el agravio SÉPTIMO.

b.       DOCUMENTAL PÚBLICA. Escritura Pública Número 3400 (tres mil cuatrocientos), Volumen 11, expedida por el Licenciado Eliasar Jiménez Zamorano, suplente de la Notaría Pública 76, con residencia en el municipio de Puerto Peñasco, dentro de la Demarcación Notarial del Distrito Judicial de Puerto Peñasco, Sonora, de fecha cuatro de julio del año dos mil doce. Instrumento que contiene la fe de hechos e interpelación judicial sobre diversos hechos informativos publicados en el portal web VISSION TOTAL; prueba que relaciono con el agravio SÉPTIMO sobre propaganda religiosa.

Incluso, en dichas documentales públicas se contiene el correo electrónico mediante el cual se envió el boletín de prensa, del cual se advierte que fue enviado a varias direcciones electrónicas.

Por lo que respecta a la minimización realizada por la autoridad en el sentido de que no constituye difusión generalizada del acto político religioso, por haberse demostrado que se realizó al menos por internet, y el acceso a éste es un acto volitivo que resulta del ánimo de cada persona, si decide visitar o no las direcciones, el argumento no se sostiene por sí solo, ya que absolutamente todos los medios de comunicación masivos tienen esas características: A nadie se le obliga a ver televisión, escuchar radio, y como bien dice la autoridad, a entrar a internet.

Todo ello, obedece a la voluntad de la persona de estar informada, y si tomamos en cuenta que el municipio de Puerto Peñasco cuenta con pocos medios de comunicación local, así como las facilidades que existen hoy en día para el acceso a internet, lo cual puede hacerse desde un teléfono celular, es evidente que la difusión de la noticia en dos portales electrónicos constituye un acto generalizado de difusión. Además de lo anterior, la nota fue generada el propio día Domingo 20 de Mayo de 2012, y la forma de difusión no podía ser otra más que la del propio internet, ya que los medios informativos impresos en dicho municipio son semanarios, y cierran edición los días Sábado.

Contrario a lo que parece sostener la autoridad responsable de menospreciar el alcance de dichos medios por no tener posibilidad de determinar cuántos ciudadanos tienen al alcance la información, precisamente esta característica es lo que hace que se les denomine medios masivos de comunicación, y refuerza la gravedad de la situación. No son cartas personalizadas enviadas cuya cantidad sea posible cuantificar (y en todo caso faltaría saber en términos de lo razonado por la autoridad, si la persona decide abrir y leer la carta), sino que es información masiva al alcance de todos.

En general, tal razonamiento es una falacia argumentativa sin fin. La violación está acreditada y a partir de ello debe sancionarse.

Lo que propone la autoridad responsable, es un ejercicio interminable e imposible de demostrar, con cualquier medio de comunicación masivo o no: a cuantas personas les llegó el mensaje, la manera en que los impactó, si cambiaron o no su voto con ello so pena de violentar la secrecía del sufragio. De ahí que las causales de invalidez de elección como las que se proponen, se estudien a la luz del criterio cualitativo, es decir, en atención a la gravedad que conlleva la violación de los principios constitucionales.

Por último, en atención al punto sintetizado como 6 de los argumentos torales de la resolución, cabe insistir en que los testimonios notariales aportados específicamente en este agravio, fueron ofrecidos con el propósito de demostrar la difusión que se hizo del evento político religioso, lo cual en términos de lo ya comentado quedó perfectamente acreditado y reconocido por la propia autoridad responsable, y de ninguna manera deben considerarse como indicios, ya que por sí solos demuestran la existencia de dichas páginas de internet; de las entrevistas con los dueños de dichas paginas; el señalamiento de que la información publicada fue recibida por los medios habituales acostumbrados por el candidato Gerardo Figueroa Zazueta; y por último la difusión realizada.

Dichas probanzas consistentes en testimonios notariales, adminiculados con el boletín de prensa y las fotografías aportadas al sumario, que no fueron controvertidas por los terceros interesados, hacen prueba plena de:

         La celebración de un acto político religioso en el cual participó activamente el candidato del PRI PVEM.

         La recepción por parte de dos propietarios de igual número de medios de comunicación de un boletín de prensa que obra en autos, en el cual se lucra políticamente con dicho evento.

         La difusión de un boletín de prensa en el cual se hace constar la intención de dicho candidato de obtener un beneficio político con la realización de dicho acto.

         Que todo ello, celebración del acto religioso, envío del boletín de prensa, recepción por los propietarios de los medios de comunicación y su publicación en dichos medios se realizó el día veinte de mayo de dos mil doce, es decir el primer domingo dentro del periodo de campaña.

         Las fotografías aportadas al sumario, coincidentes con las publicadas en los medios de comunicación. Incluso las que son afuera del templo hacen notar que el C. Gerardo Figueroa es quien se encuentra en ellas, ya que es fácilmente advertible que utiliza la misma ropa, y el contexto de de(sic) la celebración.

         La publicación por al menos dos medios masivos de comunicación social de dicha información.

         La falta de oposición de los partidos y el candidato imputado sobre la realización y difusión de tal evento.

        La violación a lo dispuesto por el artículo 130 Constitucional

Al respecto de las pruebas directas e indirectas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostuvo al resolver el expediente SUP RAP 542/2011 las siguientes consideraciones que se transcriben a continuación y que resultan aplicables al presente asunto:

(Se transcribe)

Aplica a lo anteriormente dicho, mutatis mutandi el criterio de jurisprudencia que se cita a continuación:

PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS— (SE TRANSCRIBE)

(Se transcribe)

Cabe señalar, que la autoridad responsable fue omisa en pronunciarse sobre el contenido del boletín de prensa enviado por el PRI, y recogido por dos medios de comunicación, así como respecto de la información aportada al sumario en la cual de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, contenida en el último Censo General de Población y Vivienda 2010, la cual arrojó que la religión católica es la más profesada entre los ciudadanos de Puerto Peñasco, situación que cobra relevancia en la gravedad de la violación constitucional reclamada.

Por ello, se solicita a esta Sala Regional integre dichos elementos al estudio del presente agravio para cumplir a cabalidad el principio de exhaustividad.

Por todo lo anterior, son ineficaces los argumentos sostenidos por la autoridad responsable para declarar infundado el agravio relacionado con el evento político religioso, por lo que solicitamos a esta autoridad realice el estudio adecuado.

SEGUNDA. PROPAGANDA NEGRA. Causa agravio a mi representada, las consideraciones vertidas por la autoridad responsable en el considerando X de la sentencia que se combate en razón de lo siguiente.

En el recurso primigenio, se planteó esencialmente que a partir de una publicación en el periódico el imparcial, de fecha 27 de junio de 2012, el Partido Revolucionario Institucional orquestó una campaña de las coloquialmente conocidas como negra, en contra de nuestro partido y candidato para la elección de alcalde en Puerto Peñasco, utilizando como cortina una fundación inexistente. Para probar lo anterior, acompañamos al escrito recursal la publicación en original del desplegado; los volantes difamatorios; parte policiaco en el cual se da cuenta de una detención de una persona con camiseta del PRI en posesión de volantes difamatorios; testimonios notariales que demuestran el reparto de los volantes por diversas zonas de Puerto Peñasco; y declamaciones de personas que recibieron el volante, entre otras probanzas, todo ello en franca violación a lo dispuesto por el artículo 41 fracción III apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para desestimar tales argumentaciones, el tribunal sostuvo los siguientes argumentos torales:

1.      Que las expresiones realizadas por el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el desplegado en el periódico el imparcial, están al amparo de la libertad de expresión y constituyen críticas severas en el marco de un debate intenso y vigoroso, en atención a diversos precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

2.      Que la publicación en comento, es una denuncia de hechos y que no se realizó de forma reiterada (pág. 43).

3.      Que no quedó demostrada la vinculación del desplegado con los volantes y dípticos denunciados (pág. 43).

4.      Que ni la publicación, ni los volantes, contienen elementos denigrantes contra el Partido Acción Nacional, ni calumniantes en contra del candidato a Presidente Municipal, sino que constituyen apreciaciones, opiniones e incluso imputaciones (págs. 47, 48 y 49).

5.      Que las afirmaciones realizadas en la inserción periodística, volante y dípticos, constituyen elementos para criticar o contrastar las ofertas de los demás contendientes o de las administraciones que ocupan u ocuparon el poder, con el eventual propósito de reducir el número de sufragios a favor de los abanderados (pág. 50).

6.      Que no se acreditó el reparto de los volantes y dípticos durante el periodo de reflexión (pág. 53).

Para desvirtuar dichas consideraciones torales con las que la autoridad responsable declaró infundado el agravio, se comenta lo siguiente:

Por principio de cuenta, cabe destacar que la parte argumentativa de este considerando es una descarada transcripción de diversos precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que sólo en ocasiones se hace mención que lo son, pero en la mayoría de ellos el tribunal los sustenta como propios cuando no es así, o bien los parafrasea.

Con dicha argumentación se está de acuerdo, mas no así con el encuadramiento de las conductas denunciadas en vía de agravio, en tales consideraciones judiciales.

Esto es así, porque es innegable que en el contexto de las campañas políticas exista entre los contendientes y las instituciones que representan, crítica severa y debate intenso, pero absolutamente ningún argumento de la autoridad. Incluso las tesis de jurisprudencia que menciona, de modo alguno avalan la denigración a las instituciones y la calumnia a las personas.

Tampoco es una excluyente de responsabilidad que la denostación y la calumnia no se realice de forma reiterada como burdamente lo expresa la autoridad responsable. Tan inocente es el argumento, que no se encuentra soportado en cuerpo legal o jurisprudencial alguno.

De acuerdo al propio marco referencial que propone la autoridad responsable, en el contexto de las campañas políticas, y en general en la vida pública, resulta válido en aras de la libertad de la expresión y el derecho a la información, un debate intenso, la crítica severa entre los actores públicos, sin más límite que el que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 7 y 41 fracción III apartado C.

Esto es, el respeto a la vida privada, la moral, la paz pública, así como abstenerse de expresiones que denigren tanto a las instituciones y a los propios partidos políticos, como las personas.

En este orden de ideas, la resolución carece de fundamentación y motivación adecuada, así como de congruencia, ya que claramente aduce que no es permitida la denigración a las instituciones y la calumnia a las personas, pero no explica cómo es qué no constituyen dichas conductas las siguientes imputaciones formuladas contra nuestro Partido y Candidato, que se sintetizaron en el siguiente cuadro:

Son en total doce delitos, en términos de la legislación sustantiva penal del Estado de Sonora, los que se imputan a nuestro Partido y hacia nuestro candidato, de haber cometido en el proceso electoral para renovar la alcaldía de Puerto Peñasco. Si bien es cierto, en la publicación y los volantes se hace crítica a la actual administración panista del referido municipio; también lo es que no por ello se pueda pasar por alto el resto de imputaciones denigrantes y calumniosas.

¿Dónde está el razonamiento jurídico que permita concluir que acusar a un Partido y sus militantes de provocar delitos y hacer apología de estos; abusar de la autoridad; incumplir deberes legales; tortura; coalición de servidores públicos; ejercicio indebido o abandono del servicio; peculado; ejercicio abusivo de funciones; tráfico de influencia; amenazas; allanamiento de morada y asalto; robo; daños; y encubrimiento, constituyen debate intenso o crítica severa?

No basta con transcribir y parafrasear sentencias, e insistir en lo mismo. Era necesario que la autoridad responsable estableciera conducta por conducta imputada, si se estaba o no al amparo de la libertad de expresión o no.

En los términos del marco referencial propuesto en el escrito primigenio y por la propia autoridad responsable (pág. 40), acusar a un partido político y sus militantes de realizar conductas delictivas:

a)           No cuestiona o indaga sobre la capacidad o idoneidad de los gobiernos, gobernantes, autoridades e instituciones públicas, funcionarios públicos, partidos políticos, y demás actores; y

b)             No discrepa ni confronta propuestas, ideas y opiniones, a fin de posibilitar una opinión pública informada, en la que la ciudadanía esté en condiciones de formarse un criterio respecto de la actuación y resultado de la gestión pública, y tener mejores elementos para formarse un criterio.

Es burda e insultante a la inteligencia de las personas, la consideración realizada por la autoridad responsable cuando a foja 43 de la sentencia que se combate, sostiene que "se considera que no contienen elementos denigrantes en contra del Partido Acción Nacional, ni calumnia a la persona del candidato a Presidente Municipal de Puerto Peñasco, Sonora".

Lo anterior porque como ya se mencionó, no realiza un ejercicio argumentativo que permita concluir lo anterior. Es claro y evidente que tanto en la inserción en el periódico El Imparcial, como en los volantes distribuidos, se calumnia de manera directa al candidato de Acción Nacional, y a su padre, con el propósito de obtener una ventaja indebida en la elección. Toda esta situación es apreciable en el contexto de las probanzas aportadas y que fueron valoradas de manera deficiente por la responsable, sin apreciarlas de manera conjunta. Pareciera que la autoridad responsable necesita que tanto la inserción como los volantes denunciados contengan la leyenda: "Esta es propaganda negra prohibida por la Constitución y es responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional, emitida con el propósito de inhibir votación para Acción Nacional y favorecernos".

Es de derecho explorado que quien realiza una conducta ilegal, hace lo posible por no ser descubierto, y corresponde a la autoridad enlazar los medios probatorios aportados para encontrar la verdad legal, situación que por aparente pereza, no realiza el Tribunal responsable.

Igual de falaz es el argumento que a foja 48 de la sentencia impugnada, sostiene que la publicación periodística únicamente hace una narración de hechos o acontecimientos, que a decir del responsable de dicha inserción, acontecían en la fecha de su difusión, solicitando por ello, la intervención de la máxima autoridad en el Estado, para que hiciera respetar la ley, y consiguiera que el Secretario de Seguridad Ernesto Munro Palacio, sacara las manos del proceso electoral municipal.

La sola afirmación de la responsable constituye nuevamente una calumnia en contra de un militante de Acción Nacional, el cual por ser padre del candidato es de sobra conocido en dicha localidad: que tiene las manos metidas en el proceso electoral, situación que no es menor dado su carácter de funcionario público.

¿Desde cuándo calumniar a las personas constituye una simple narración de hechos?

El tribunal responsable únicamente hace una mención individualizada de la critica que se hace al trabajo del actual Presidente Municipal de Puerto Peñasco, en el cual se coincide en que esa parte sí es debate intenso y crítica severa, pero como esta Sala Revisora podrá observar, no realiza el mismo razonamiento lógico jurídico que la lleven a concluir que el resto de conductas imputadas que fueron señaladas en el cuadro inserto en hojas anteriores de la presente impugnación, por lo cual se insiste en que hay fundamentación y motivación insuficiente, falta de exhaustividad e incongruencia en la resolución.

Al respecto de ese volante, el Tribunal dedica cuatro hojas de argumentación para sostener la validez de la crítica hacia el Presidente Municipal, y no dedica un solo párrafo para validar las imputaciones delictivas en contra de nuestra institución y candidato, reduciéndose únicamente a señalar que considera el contenido de la inserción y del volante como crítica severa (pág. 50).

Al respecto de la denigración a instituciones y calumnia a las personas, existen criterios muy recientes de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, de los cuales se aportan los siguientes extractos:

         Sentencia SUP RAP 323 / 2012

(Se transcribe)

         Sentencia SUP RAP 333 / 2012

(Se transcribe)

Este último precedente, ejemplifica la forma en que se deben analizar las frases denigrantes y calumniantes que denunciamos, una por una y en su bebido contexto de campaña electoral, situación que la autoridad no realizó en el caso que nos ocupa, y por lo tanto se actualiza en mi perjuicio el vicio de falta de exhaustividad que repercute en fundamentación y motivación indebida. Tales frases se encuentran en el cuadro arriba insertado y planteado en la litis original.

Tampoco se pronuncia en lo absoluto la autoridad sobre la propuesta argumentativa planteada sobre el corrimiento del velo.

En el expediente primigenio, se planteó que a partir de la inserción pagada por el Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Puerto Peñasco, la cual se encuentra plenamente acreditada, es válido inferir que los volantes y panfletos que se acusaron de contener propaganda negra y que se acreditó que fueron distribuidos en la ciudad de Puerto Peñasco, son responsabilidad directa del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ya que contienen exactamente la misma información que reivindicaron en la referida inserción pagada.

No es ordinario que una fundación -que por cierto no existe- elija los días previos a la jornada electoral para súbitamente aparecer en el medio público, y replicar de manera organizada y sistemática información que coincide en su totalidad con la publicada por el Partido Revolucionario Institucional. De ahí que sea válido correr el velo y determinar la responsabilidad de dicho partido político, en los términos en que se planteó en la demanda original. Se insiste en lo anterior porque al respecto no hubo pronunciamiento alguno de la autoridad responsable, incurriendo nuevamente en el vicio de falta de exhaustividad.

De igual forma, tampoco hubo pronunciamiento sobre el argumento de que aún y cuando no sea posible acreditar la responsabilidad en dicha propaganda del Revolucionario Institucional, la violación constitucional persiste, ya que no es permisible que personas ajenas al proceso electoral intervengan en este, como sucedió en la especie, alterando la equidad de la contienda. Se solicita de igual forma que esta Sala Regional realice el estudio de dicho planteamiento en atención a la falta de exhaustividad ya comentada.

Por lo que se refiere a la valoración de los testimonios notariales aportados, cabe precisar al igual que en el agravio relacionado con la propaganda religiosa, que dichas probanzas deben valorarse en atención a lo que se pretende probar, para darles su justa dimensión y como consecuencia valoración.

En consecuencia, con el caudal probatorio ofrecido con respecto a la propaganda negra se pretendía y se logró demostrar lo siguiente:

             La existencia de dos volantes con propaganda que denigra al Partido Acción Nacional, y calumnia a su candidato.

             El reparto y recepción por distintas personas, de dicha propaganda, en distintos puntos de la geografía del municipio de Puerto Peñasco.

             La detención de una persona el día 30 de julio de 2012, que se encontraba repartiendo los volantes mencionados, y que además tenía en su poder varios cientos de volantes con las características apuntadas y su declaración de que los repartía por instrucciones de personas relacionadas con el Partido Revolucionario Institucional. Situación que también consta en un parte policiaco, el cual por sí mismo hace prueba plena de lo ahí contenido, mismo que no fue controvertido.

             Que dicha propaganda se repartió el último día de campaña, así como en los tres días del periodo de reflexión e incluso el día de la jornada electoral.

De ahí que, de dichas probanzas -algunas documentales públicas no objetadas- adminiculadas entre sí, se pueda concluir que existió una campaña organizada para denigrar al Partido Acción Nacional y calumniar a su candidato, a partir de información que mediante una inserción pagada dio a conocer el Partido Revolucionario Institucional en el último día de la campaña electoral, complicando así emitir desmentidos públicos al respecto; que dichos volantes fueron repartidos en distintos puntos de la ciudad ya que existe testimonio notarial que hace constar la fijación de estos en diversos domicilios, parabrisas de vehículos, así como la declaración de varias personas que aseguraron recibir tal información; y por último, un parte policiaco que hace constar la detención de una persona en posesión de dichos volantes el día 30 de julio de 2012 en plena veda electoral, y que a su vez imputa directamente su reparto al candidato del Revolucionario Institucional. Todo esto, en los días previos a la jornada electoral, e incluso en la propia jornada electoral, con el propósito de posicionar las ideas negativas entre el electorado.

Como esta autoridad revisora podrá advertir, la autoridad no fue exhaustiva en analizar todos los puntos planteados en la demanda primigenia, y menos aún, adminiculó las pruebas aportadas para analizar el argumento en vía de agravio que sometimos a su consideración, constituyendo con ello, de nueva cuenta, el vicio de falta de exhaustividad que repercute en fundamentación y motivación indebida.

Pobremente, la autoridad intentó restar validez a las pruebas aportadas mediante los siguientes argumentos que a continuación se mencionan y se refutan:

1.           Escritura 3366 de fecha 29 de junio de dos mil doce.

Al respecto, la autoridad responsable, señala que al notario no le consta la temporalidad del reparto de volantes y dípticos.

Tal situación en nada demerita el agravio planteado y la intención de la probanza, ya que la intención es demostrar el reparto de propaganda negra. Es intrascendente jurídicamente el día en que se haya repartido, pues la autoridad acredita a partir del testimonio aportado, que en diversos puntos de la ciudad contenidos en la fe de hechos, existía en domicilios y vehículos estacionados volantes y dípticos con propaganda negra. Eso es lo realmente trascendente y queda perfectamente acreditado.

Ahora bien, una sana lógica-jurídica lleva necesariamente a concluir que si en dicha documental pública el fedatario hizo constar y así se desprende de las fotografías que se anexaron a la misma, que al momento de realizar la fe de hechos, es decir el día veintinueve de junio de dos mil doce, existía propaganda en los parabrisas y puertas de varios vehículos, así como en puertas y cercos de diversos domicilios, ello implica que los vehículos no habían sido movilizados ni abiertos, como tampoco habían sido abiertas las casas habitación donde se encontró la propaganda, con posterioridad a la colocación de dicha propaganda y por ende, ello lleva a su vez a concluir que dicha propaganda había sido distribuida precisamente el día veintinueve de junio de dos mil doce.

2.           Escritura 3398 de fecha 06 de julio de dos mil doce.

El Tribunal responsable advierte que esta prueba es insuficiente para acreditar circunstancias de tiempo, modo y lugar del reparto de propaganda electoral.

Contrario al razonamiento de la autoridad responsable, tenemos que si dicha autoridad hubiera efectuado una correcta valoración de dicha documental pública se hubiera percatado que a la misma se anexo otra documental pública, que tampoco fue impugnada, consistente en copia certificada de parte policiaco, de fecha treinta de junio de dos mil doce, en el que se hace constar que en esa fecha fue cuando se detuvo a la persona que andaba repartiendo la publicidad.

Lo anterior muestra que, contrario a lo sostenido en la resolución que se combate, con las citadas documentales se acredita plenamente que existió reparto de la publicidad negra el último día del periodo de reflexión y a unas horas antes de la jornada electoral.

Pero nuevamente, el tribunal desvía la intención de la prueba en comento. La intención de dicho instrumento era demostrar la existencia de una detención policial que consta en un parte policiaco, de un individuo que dijo haber recibido órdenes de Gerardo Figueroa alias "El Profe", para repartir dichos volantes calumniantes y denigrantes.

Esta prueba, es reveladora y relevante, ya que en un documento público expedido por autoridad competente consta dicha detención y la posesión de dichos volantes y la imputación directa al candidato del Partido Revolucionario Institucional. Esta situación no es menor, y es parte de los elementos que permiten reforzar la responsabilidad de dicho partido en tal campaña negra.

Esta documental no fue desvirtuada por los terceros interesados por lo cual aumenta su valor probatorio.

3.           Testimonios 3385, 9688, 9689, 3377,9690 y 9691.

De igual forma, la autoridad desestima el contenido de dichos instrumentos notariales en atención que no se especifican circunstancias de tiempo, modo y lugar que acrediten que los folletos se hayan repartido en el día de la jornada electoral, cuando como ya se argumentó, no varía la connotación de propaganda negra en atención al día en que fueron repartidos.

Así tenemos, que estas testimoniales aportan más elementos indiciarios sobre el reparto de la propaganda electoral y que ello se realizó tanto el último día de campaña, como durante el periodo de reflexión e incluso durante la jornada electoral, lo cual no se encuentra impugnado, ni mucho menos desvirtuado en el expediente que se combate.

Tampoco hubo un pronunciamiento de la autoridad sobre la copia de la querella interpuesta por el C. Ernesto Munro Palacio, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, de fecha 7 de Julio del año 2012, en contra de los C. Femando Fimbres Ocaña, Everardo Fimbres Ocaña, Gerardo Figueroa Zazueta y Alberto Rodríguez Parra, por la comisión del delito de Calumnia, ilícito que se considera realizado mediante la distribución de un volante en el que se le imputa al querellante la comisión de actos delictivos que no cometió. Con esta prueba se pretende demostrar que existe por parte de la otra parte calumniada, la oposición absoluta y reproche a los comentarios vertidos en contra de su persona.

De igual forma, tampoco hubo pronunciamiento sobre las pruebas aportadas el día 17 de julio de 2012 en escrito de coadyuvancia por parte del Candidato Ernesto Roger Munro Jr, las cuales eran las siguientes documentales:

DOCUMENTAL PÚBLICA. Escritura número 16431 pasada ante la fe pública del Lic. Iván Flores Salazar, Notario Público número cincuenta y tres con adscripción en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, en el cual hace constar la existencia de un perfil de facebook en el que se acusa que los CC. Víctor Velarde, Carlos Decina y Oscar Apodaca, son quienes reparten por orden del Profesor Gerardo Figueroa y de su coordinador de campaña, propaganda negra en contra de Ernesto Munro y del Partido Acción Nacional, propaganda que ya quedó acreditada en el expediente en que se actúa.

DOCUMENTAL PÚBLICA. Escritura número 3350 pasada ante la fe pública del Lic. Jesús Armando Ramírez Isas, Notario Público número veintinueve con adscripción en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, en el cual hace constar la existencia de un perfil de facebook en el cual se usurpa la identidad de Ernesto Munro Roger Jr, y se alude la propaganda negra que ya quedo asentada en la queja interpuesta.

En esta última prueba, se destaca que de la propia documental publica aportada se desprende que la fecha de creación del perfil de facebook fue el día 28 de junio de 2012, es decir, en pleno periodo de reflexión, dejándome nuevamente sin oportunidad de desacreditar tal calumnia, so pena de incurrir en actos de campaña electoral en periodo prohibido. Esta situación cobra especial relevancia en atención a que dicha red social facebook, es la más popular entre los internautas ascendiendo en los últimos años a un total de 33 millones de usuarios tan solo en México, de los cuales corresponde el 2% al Estado de Sonora, es decir un total de aproximadamente 660 mil usuarios. Esto, según datos tomados del sitio web: www.elwebmarketer.com, en el siguiente link: http://elwebmarketer.com/usuarios-de-facebook-en-mexico-un-desglose-por-entidades federativas/2012/05/.

Con todo lo anterior, demuestro a esta Sala Regional que al respecto del agravio identificado como propaganda negra, argumenté y probé los extremos de mis dichos. Empero, la autoridad responsable realizó un deficiente estudio de los mismos, ya que únicamente se limitó a transcribir un marco referencial que incluso abona a mi causa, ya que de él se desprende claramente que nuestro partido y candidato fueron víctimas de denigración y calumnia.

También demostré, que no se analizaron las frases que nos denigran y calumnian, sino que únicamente sin mayor motivación se limitó la responsable a señalar que no tenían dichas características, por lo que solicito a esta sala revisora el estudio del agravio planteado y que valore y adminicule debidamente las pruebas aportadas, toda vez que han quedado destruidas las débiles consideraciones torales formuladas por el Tribunal Responsable para declarar infundado el motivo de reproche.

TERCERO. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. Causa agravio a mi representada, las consideraciones vertidas por la autoridad responsable en el considerando IX de la sentencia que se combate en razón de lo siguiente.

En el escrito primigenio se planteó en esencia que la Presidenta de la Comisión Electoral de Puerto Peñasco participó en el proceso de elección de consejeros políticos del Partido Revolucionario Institucional, comprometiendo así, su imparcialidad y objetividad en su deber.

Al respecto, la autoridad responsable argumenta a foja veintiséis de la resolución combatida que la C. María Jesús Reyes Ortiz haya sido designada para ocupar el cargo de Consejero Político del PRI en Puerto Peñasco, es decir, menospreciando el agravio en atención a que no fue electa para el cargo.

Cabe precisar, que el día 28 de julio de 2012 se presentó ante la autoridad responsable prueba superveniente consistente en copia certificada de las primeras dos hojas del Dictamen sobre la procedencia del registro de Consejeros Políticos del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Puerto Peñasco, donde aparecen Jesús Gómez Pulido y María Jesús Reyes Ortiz como propietarios. Certificada el licenciado Eliasar Jiménez Zamorano, suplente de la Notaría Pública número setenta y seis, de la demarcación territorial Puerto Peñasco.

Este documento, se encuentra debidamente rubricado por quienes participaron en dicho proceso electivo.

Esa misma fecha, también se presentó como prueba superveniente:

Nuevamente la autoridad responsable fue omisa en pronunciarse al respecto, causando agravio por falta de exhaustividad que repercute en fundamentación y motivación indebida.

Contrario a lo sustentado por la autoridad responsable, el hecho de que la Sra. María Jesús Reyes Ortiz haya tan solo aspirado a ser electa consejera municipal del Partido Revolucionario Institucional en Puerto Peñasco, compromete su objetividad, independencia e imparcialidad, aún y cuando no resultase electa. Esto, ya que la teleología de los requisitos previstos en los artículos 92 con relación al 107 del Código Electoral de Sonora, permiten concluir que es deseo del legislador Sonorense que quienes aspiren a ser consejeros electorales ya sea Estatal o Municipal, no tengan relación alguna con los partidos políticos en los últimos tres años, en cargos tales como dirigente o candidato, cargo que como se insiste, la C. Reyes Ortiz estuvo dispuesta a ocupar demostrando lealtad y disciplina al Revolucionario Institucional, solo que no fue electa, pero si existió su disposición al respecto, que no se cumplió por razones ajenas a la ciudadana.

Al respecto de la interpretación de las calidades de independencia, objetividad e imparcialidad de los funcionarios electorales existen diversos precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente lo resuelto en el SUP JRC 25/2007 y SUP JRC 18 / 2008.

En este orden de ideas, el hecho que la referida funcionaría electoral haya participado en la convocatoria para integrar el Consejo Político del PRI en Puerto Peñasco, no es cosa menor, ya que de acuerdo a los artículos 145 fracción III, 150 y 151 de los Estatutos del Revolucionario Institucional, así como la convocatoria para participar en tal proceso electivo, se exige para competir:

Como se mencionó en el escrito primigenio, con independencia de los requisitos que pueda establecer una ley secundaria como lo es el Código Electoral para el Estado de Sonora, es evidente que a dichos requisitos deben agregarse los exigidos por la norma fundamental, en este caso el que el ciudadano electo para el cargo electoral, garantice los ya referidos principios constitucionales de la función pública electoral: imparcialidad, objetividad e independencia.

Tal situación, también debe valorarse para sopesar su determinancia a la luz del criterio cualitativo, por tratarse de una violación directa al marco constitucional.

Así tenemos, que una funcionaría electoral que no reúne en su persona los ya referidos principios rectores de la función pública electoral, ejerció durante todo el proceso electoral las funciones que se desprenden de la transcripción de los siguientes artículos del Código Electoral de Sonora:

ARTÍCULO 102.- (Se trascribe)

ARTÍCULO 106.- (Se trascribe)

ARTÍCULO 110.- (Se trascribe)

ARTÍCULO 112.- (Se transcribe)

Así pues, resulta grave que todas estas actividades de sumo trascendentales para el desarrollo del proceso electoral, estuvieran bajo la responsabilidad directa en algunos casos y en otros bajo la conducción de una persona que tiene lazos de lealtad con un partido político, violentando con ello los incisos b) y c) de la fracción IV del artículo 116 Constitucional.

Nada de esto fue valorado por la autoridad responsable por lo que se cae en el vicio de falta de exhaustividad que repercute en fundamentación y motivación indebida.

CUARTO. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE CONTROL DE JURISDICCIONALIDAD. Causa agravio a mi representada la violación cometida en la sentencia que se combate, ya que el órgano jurisdiccional que resolvió, se encontraba al momento de la resolución integrado de manera indebida como a continuación se demostrará.

El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en el inciso I) de la fracción IV que: en esta parte, que (sic)

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

I) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación;

En este sentido, no se puede entender este establecimiento de un sistema de medios de impugnación local, que garantice invariablemente el principio de legalidad, sin relacionarlo con otro principio constitucional como lo es que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente.

Dicha competencia, debe derivar forzosamente de LEY, en la cual se establezcan las facultades del órgano resolutor, así como los requisitos para integrar dicho órgano, y desde luego la temporalidad en la cual la ley faculta a los ciudadanos designados para impartir justicia ejercer el cargo.

En el caso concreto, de acuerdo al artículo tercero transitorio de la Ley número 151, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en el Tomo CLXXII, número 22 sección II de fecha 15 de Marzo de 2004, nombró a la C. María Teresa González Saavedra como Magistrada Propietaria del Tribunal Estatal Electoral por un periodo de seis años, contados a partir de la toma de protesta del cargo, el cual en términos de dicho transitorio debió protestar el día de entrada en vigor de la Ley, es decir el día 16 de Marzo de 2004, pero dicha protesta se formalizó hasta el día 21 de julio de 2006, por lo que en términos del referido artículo transitorio, el pasado día 22 de julio de 2012, venció el termino para el cual fue designada, careciendo así de facultades constitucionales y legales para integrar el pleno del Tribunal Electoral.

Tal situación causa agravio en mi perjuicio, en virtud de que fuimos juzgados por un órgano integrado indebidamente, y por lo tanto con falta de competencia para ello, ya que incluso fue la magistrada que ocupaba el cargo de manera ilegal, quien presentó el proyecto que término(sic) siendo votado por mayoría en la instancia local, siendo su participación decisiva en el fallo que se controvierte.

Todo lo anterior, es independiente de la serie de litigios que al respecto se han intentando tanto en la vía de amparo, el cual es notoriamente improcedente en materia electoral y menos aun en la designación de funcionarios electorales según reciente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; incluso el propio Partido Acción Nacional presento un juicio de revisión constitucional electoral en contra de la omisión del Congreso del Estado de nombrar a un nuevo Magistrado Propietario para el tribunal de Sonora, ya que, constitucionalmente no procede la suspensión tratándose de actos electorales.

En este orden de ideas, tenemos pues que existiendo una magistrada supernumerario con nombramiento vigente, esta pudo ser llamada para ocupar el cargo que ilegalmente ocupo la C. María Teresa González Saavedra, e integrar así de manera constitucional y legal el órgano jurisdiccional, por lo que sobra insistir en que no fui juzgado por una autoridad competente.

RECAPITULACIÓN. Como esta sala revisora podrá advertir, en la impugnación primigenia se plantearon agravios encaminados a lograr la revocación de la declaración de validez de la elección impugnada y como consecuencia la constancia de mayoría entregada con el respectivo cómputo que le dio origen.

Como ya se demostró, las consideraciones torales que sostuvo la autoridad para declarar improcedente el recurso de queja, son insuficientes ya que carecen de debida fundamentación y motivación, y por otra parte se dejaron muchos argumentos planteados y pruebas ofrecidas, sin pronunciamiento por parte de la autoridad jurisdiccional, lo cual constituye falta de exhaustividad.

Así mismo, las pruebas sobre las que se pronunció la autoridad fueron mal analizadas, mal valoradas y por lo tanto descontextualizadas de lo que se pretendía demostrar.

El estudio por parte de esta Sala Regional, generará certeza a sus integrantes que en la elección de Presidente Municipal de Puerto Peñasco, se violentaron gravemente cuatro principios constitucionales que deberán analizarse a la luz del criterio cualitativo para acreditar su determinancia:

Situaciones que -se insiste- están debidamente acreditadas en el expediente que dio origen a la sentencia que se combate.

SÉPTIMO. Estudio de fondo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio de revisión constitucional electoral es de estricto derecho, por ello, es que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para realizar la suplencia de las deficiencias u omisiones que pudieran existir en los agravios expresados por el Partido Acción Nacional, a través de su representante legal.

En efecto, la naturaleza extraordinaria del juicio de revisión constitucional electoral implica el cumplimiento estricto de ciertos principios y reglas establecidos, esencialmente, en los artículos 41, párrafo segundo, base VI y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los numerales 3, párrafo 2, inciso d) y 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; principios entre los que destaca el hecho de que esta Sala Regional debe resolver con sujeción a los agravios expuestos por el enjuiciante, siguiendo las reglas establecidas en la mencionada normativa, que no otorgan facultad alguna al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para subsanar las deficiencias u omisiones que pudieran existir en los agravios. 

De esta forma, para que los motivos de inconformidad expresados puedan considerarse como agravios debidamente configurados, deben contener razonamientos tendentes a combatir los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustente la resolución impugnada, con el objetivo de demostrar la violación de alguna disposición legal o constitucional, ya sea por su omisión o indebida aplicación, o porque no se hizo una correcta interpretación de la misma, o bien, porque se realizó una indebida valoración de las pruebas en perjuicio del partido político accionante, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de determinar si irroga perjuicio al instituto político actor la resolución de la autoridad jurisdiccional señalada como responsable y, proceder, en su caso, a la reparación del derecho transgredido.

Establecido lo anterior y procediendo al estudio de los motivos de disenso manifestados, cabe destacar que por metodología el examen de los agravios esgrimidos por el instituto político actor se realizará en un orden diverso al planteado, ello atendiendo a los efectos que pudiese producir la calificación de los mismos, toda vez que se advierte que una de las causas de violación señaladas por el recurrente es la falta de competencia originaria de la responsable al dictar el acto reclamado, esto es, un agravio vinculado a un presupuesto procesal, que de resultar fundado haría innecesario el examen de los restantes, pues por sí solo tendría como consecuencia precisamente el declarar nulo todo lo actuado dentro del recurso primigenio.

El criterio de análisis planteado, no ocasiona perjuicio alguno al ente político impetrante, pues al instar ante este órgano jurisdiccional federal el conocimiento del acto combatido y someterlo a un examen de legalidad y constitucionalidad, lo que se plantea es en esencia resolver tal cuestión en forma exhaustiva, es decir, considerando todos y cada uno de los argumentos manifestados por el accionante, sin que exista obligación de llevar un orden específico para tal efecto.

Tiene sustento lo anterior en la Jurisprudencia 4/2000 establecida por este Tribunal, que refiere:

Partido Revolucionario Institucional y otro

vs.

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo

Jurisprudencia 4/2000

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado. Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 29 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98. Partido Revolucionario Institucional. 11 de enero de 1999. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000. Partido Revolucionario Institucional. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos.

La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6.

- Violación al principio constitucional de “control jurisdiccional”. El partido recurrente manifiesta como motivo de disenso el hecho de que la autoridad señalada como responsable, transgredió el artículo 116, párrafo 4, inciso l) de la Carta Magna, pues considera que el Tribunal Estatal Electoral de Sonora se encontraba indebidamente integrado al momento de emitir el fallo combatido, violando con su actuar el principio de legalidad, pues a su juicio, la autoridad referida carecía de competencia para ello.  

A consideración de esta Sala Regional, tal agravio de referencia manifestado por el Partido Acción Nacional, merece el calificativo de INOPERANTE por las siguientes consideraciones:

Primeramente, el actor parte de que el colegio jurisdiccional que conoció de su recurso primigenio, se encuentra indebidamente integrado, aduciendo para ello, que la Magistrada María Teresa González Saavedra, ya no podía seguir ocupando el cargo pues este había concluido el pasado veintidós de julio.

Alega de igual forma la existencia de diversos juicios tanto de amparo como de revisión constitucional, sin que aporte mayor data al respecto.

No obstante lo anterior, debe decirse que no corresponde a esta autoridad conocer o pronunciarse sobre la legitimación en el desempeño del cargo de la Magistrada, ni mucho menos con este pretexto se pretenda revocar la resolución dictada, pues una cosa es que se estime que un órgano se integro indebidamente y se controvierta esto y otra, que el órgano no es competente para conocer, situaciones que corren por cuerda separada en cuanto a su análisis y consecuencias.

Lo anterior tomando en cuenta que esta cuestión no es tutelada por este medio de control jurisdiccional ni se encuentra conferida legalmente para esta Sala Regional, ya que existen entes especializados y legitimados legalmente que se encargan de su nombramiento, conclusión o incluso tutela en la preservación de su ejercicio, verbigracia la Sala Superior o incluso la justicia de la unión a través de algún juicio de amparo.

Situación análoga se dedujo al momento de resolver el SG-JDC-2041/2012, donde se hizo patente la bifurcación entre qué un órgano estuviera integrada ilegítimamente y que por tanto no fuera competente para conocer y otra diversa, su actuar frente a los particulares ya que para controvertir una u otra, se siguen procesos distintos.

Por ello, resulta inoperante el agravio esgrimido, en atención a que este colegio electoral no esta en aptitud de dilucidar si el ejercicio del cargo de uno de los magistrados que suscribieron la resolución está apegado a derecho en términos de la vigencia de su nombramiento.

Es decir, existe un impedimento insalvable para esta Sala para pronunciarse si es dable declarar que la Magistrada señalada está legitimada en su encargo y puede o no ejercerlo, ello, ya que lo que aquí se ventila es una resolución dictada como órgano presuntamente competente que no atiende o resuelve sobre el grado de legitimación que guardan sus integrantes, por no ser esto parte de la Litis.

Resulta ilustrativa la siguiente voz.

Partido de la Revolución Democrática

vs.

Tribunal Electoral del Estado de Colima

Jurisprudencia 12/97

INCOMPETENCIA DE ORIGEN. NO PROCEDE ANALIZARLA EN LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL. La competencia que los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Federal, y 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral otorgan a este tribunal en el juicio de revisión constitucional, se circunscribe al examen del contenido de los actos o resoluciones definitivos y firmes impugnados concretamente, provenientes de los órganos de las entidades federativas, previstos en la ley como competentes para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el resultado final de las elecciones, por posibles violaciones a preceptos constitucionales en que pueden incurrir en el desempeño de esas actividades. Por tanto, si en dicho juicio se combate la sentencia definitiva emitida en otro medio de impugnación jurisdiccional por el Tribunal Electoral de una entidad federativa, y entre los agravios se alega la ilegitimidad de la integración del tribunal emisor de la resolución reclamada, no procede examinar y decidir tal cuestión por no poder formar parte de la litis, al tratarse de un acto distinto al impugnado.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-060/97. Partido de la Revolución Democrática. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Eloy Fuentes Cerda.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-058/97. Partido de la Revolución Democrática. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-106/97. Partido Acción Nacional. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Eloy Fuentes Cerda.

La Sala Superior en sesión celebrada el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 24 y 25.

- Agravio de propaganda religiosa. En este motivo de inconformidad el actor parte de la premisa de que se realizó propaganda religiosa, para sostener lo anterior afirma lo siguiente:

Estima que la conducta denunciada y que considera violatoria del estado laico, se comprobó con la celebración de una misa, un comunicado de prensa, dos notas periodísticas, dos interpelaciones, cuatro placas fotográficas y un reporte de INEGI, probanzas que junto con su argumentación primigenia resultan aptas para acreditar lo que considera “actos de campaña religiosos”.

En este sentido, la autoridad local determinó que contrario a lo propuesto por el recurrente no se demostró la propaganda del tipo religiosa, ello a saber:

XII.- En el agravio identificado como "SÉPTIMO", el apelante sostiene que le causa agravio a su representada, la realización de actos religiosos y la utilización de símbolos de esa índole, por parte del candidato común de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en los días previos a la elección, infringiendo el principio histórico de separación del Estado y las Iglesias, así como los de equidad, certeza y libertad del voto, rectores de la materia.

Las probanzas aportadas por el apelante para tratar de acreditar los hechos enmarcados en esta causal de invalidez de la elección son los siguientes:

1.- Testimonio Primero del Instrumento Púbico 3399, Volumen 11, relativo a una FE DE HECHOS E INTERPELACIÓN NOTARIAL, de fecha 8 de julio de 2012 (F 386-394), ante la fe del notario público suplente de la Notaría Pública número setenta y seis, con ejercicio en la demarcación notarial de Puerto Peñasco, Sonora.

2.- Testimonio Primero del Instrumento Púbico 3400, Volumen 11, relativo a una FE DE HECHOS E INTERPELACIÓN NOTARIAL, de fecha 8 de julio de 2012 (F 395-404), ante la fe del notario público suplente de la Notaría Pública número setenta y seis, con ejercicio en la demarcación notarial de Puerto Peñasco, Sonora.

Del examen de cada uno de ellas podemos observar:

• Que el fedatario público se constituyó en los domicilios de los periódicos en línea "numerounoonline.com" y "vissiontotal.com", en donde, a preguntas formuladas a los respectivos Presidente del Consejo de Administración y Director General del primero de ellos, y propietario el mencionado en segundo término, reconocen el texto de información que aparece en su página de Internet, en las secciones "Puerto Peñasco" y "Elecciones 2012", con fecha 20 de mayo de 2012.

• Que la información es referente, según se describe al calce de la primera de ellas, a la asistencia de una misa del entonces candidato a la alcaldía del municipio de Puerto Peñasco, Sonora.

• Que de las cuatro impresiones fotográficas de las respectivas páginas de internet, se advierte en cada una de ellas lo siguiente:

a) En la primera se observa lo que al parecer implica la realización del acto del ofertorio en la celebración de una misa de la religión católica, por parte de una pareja que va al frente y una diversa persona que camina detrás de ellos.

b) En la segunda se observa a un señor que al parecer abraza a otra persona que aparentemente se trata de un sacerdote, quienes aparecen rodeados de diversas personas, en un lugar indeterminado.

c) En la tercera se observa a una de las personas del ofertorio frente a una pareja y un niño, al fondo se aprecian casas y un vehículo.

d) En la última de dichas impresiones, advertimos a varias personas en un lugar indeterminado, al fondo casas y vehículos sobre una calle.

En la edición que aparece al calce de las fotografías se asentó:

Fotografía número 1.- "Los domingos a las once de la mañana se celebra misa en la iglesia de San Francisco, en la colonia oriente, a la cual asisten vecinos de diferentes colonias de Puerto Peñasco; pero este domingo fue diferente, ya que en esta ocasión asistió "el Profe" Gerardo Figueroa Zazueta, candidato a la alcaldía de Puerto Peñasco y parte de la planilla que lo acompaña en la actual contienda por el Partido Revolucionario Institucional (PRl)."

Fotografía número 2.- "El Profe, acompañado de su familia, al igual que de Osear Palacio Soto, candidato a diputado local por el II distrito, como buenos creyentes, asistieron a esta misa de acción de gracias con el objetivo de pedir que todo le sea favorable, en las diversas actividades que realizarán, en busca del voto de los peñasquenses."

Fotografía número 3.- "Al término de la misa, el candidato saludo algunos conocidos en el atrio y a escasos metros de la puerta principal de la parroquia, siendo varios simpatizantes, los que le pidieron, que estando en la presidencia, no se olvide de ellos."

Fotografía número 4.- "Esta es una prueba más de la calidad humana, convicción y espiritualidad tanto del Profesor Gerardo Figueroa como de sus acompañantes, quienes no pierden la fé de que Puerto Peñasco puede mejorar en un futuro muy cercano."

En relación a esta información difundida en los dos portales de internet de los periódicos mencionados, las personas interpeladas refieren que la información que publicaron el 20 de mayo de 2012, les fue remitida a sus correspondientes correos electrónicos, el primero de los citados indica que le fue enviada por Roque Edel Celaya Ortega quien era el vocero o coordinador de comunicación social del entonces candidato Gerardo "EL PROFE" Figueroa Zazueta; en tanto que el propietario del segundo medio electrónico de información, indica que dicha información le llegó a su correo electrónico, de parte de comunicación social de Gerardo "EL PROFE" Figueroa Zazueta, sin que de este correo se haya obtenido impresión, a diferencia del mencionado en primer término.

Ahora, contrario a lo afirmado por el apelante, este Tribunal considera que con los referidos medios de convicción aportados, no se acreditaron hechos en base a los cuales pudiera considerarse que se conculcó el principio constitucional histórico, jurídico y filosófico de "Separación Iglesia-Estado", por lo siguiente.

De las probanzas descritas no se advierte que las personas que aparecen en las impresiones fotográficas, entre ellas el candidato a Presidente Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, para el proceso electoral 2011-2012, según lo afirmó el actor y no está controvertido por el tercero interesado, se encuentre realizando actos de campaña utilizando símbolos religiosos, o que se aprecie que se encuentre solicitando a los feligreses o al aparente sacerdote que saluda con un abrazo, la emisión del voto a su favor, o bien promocionando su plataforma electoral.

Además, no se constata de las impresiones fotográficas de los portales de Internet de los dos medios electrónicos de comunicación social, la fecha en que se hayan tomado la totalidad de las fotografías, y en la mayoría de ellas se observa a diferentes personas en un lugar indeterminado, e incluso, en una de ellas ni siquiera aparece la persona a la que se señala como el candidato a la presidencia municipal de Puerto Peñasco, Sonora, en los pasados comicios.

No pasa desapercibido para este Tribunal que es inexacto lo aseverado por el recurrente en cuanto a que, de manera deliberada y premeditada se hubiera anunciado y difundido el evento litúrgico a que nos hemos venido refiriendo, en razón de que tal afirmación se ve desvirtuada con lo asentado al calce de la impresiones fotográficas identificadas con los números uno y dos, al asentarse que la misa de ese domingo fue diferente, ya que en esa ocasión asistió "el Profe" Gerardo Figueroa Zazueta, candidato a la alcaldía de Puerto Peñasco y parte de la planilla que lo acompaña en la actual contienda por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como que asistieron en su compañía otras personas. Esto quiere decir, que primero asistieron a misa, y posteriormente se hizo la difusión de las impresiones fotográficas en los mencionados portales de internet.

Como se ve, en la nota referida en el párrafo precedente se anota que "el Profe" Gerardo Figueroa Zazueta, candidato a la alcaldía de Puerto Peñasco, Sonora, estuvo presente en esa misa.

Por tanto, es inconcuso estimar que no se convocó a la población para que asistiera a la misma, y por tanto, ante esta circunstancia, tenemos un elemento más para considerar que no se acredita en el presente caso, que con los actos contenidos en las impresiones fotográficas, el entonces candidato haya convocado a la población de Puerto Peñasco, Sonora, actualizándose con ello en un momento dado, un acto de campaña en un templo dedicado al culto religioso. Debido al contenido de dichas probanzas estamos en condiciones de señalar, que primero asistieron a misa, y posteriormente se hizo la difusión de las impresiones fotográficas en los mencionados portales de Internet.

A efecto de evidenciar lo infundado de dichos motivos de inconformidad resulta necesario precisar que, si bien es cierto, los instrumentos notariales ofrecidos como prueba por el hoy recurrente, tienen el carácter de documentos públicos con pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 357 fracción IV y artículo 358 segundo párrafo de la Ley Electoral Local, también lo es, que esas documentales públicas sólo generan indicios respecto de su vinculación con el candidato a la Presidencia Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, mismos que por no encontrarse corroborados con diversas probanzas, resultan insuficientes para tener por acreditada dicha aseveración emitida por el inconforme.

Lo anterior es así, si se estima que la fe pública de la que están investidos los notarios y, en su caso, diversos servidores públicos en ejercicio de sus funciones, no sirve para demostrar lo que está fuera de su ámbito de facultades y cuestiones incidentales o accesorias diversas a las que aprecian con sus sentidos.

En efecto, los instrumentos notariales, así como los documentos que contienen una fe de hechos, como en el presente caso, hacen prueba plena en todo lo que el notario o el servidor público que actúa en el desempeño de sus funciones, aprecian con sus sentidos y dan testimonio de lo que sucedió en su presencia, es decir, hacen prueba plena en cuanto a su contenido, en términos de lo previsto en citados artículos 357 fracción IV y 358 segundo párrafo del Código Electoral Local; sin embargo, estas documentales, aunque tengan forma de instrumento público, sólo prueban plenamente lo que en ellas se consigna y le consta a la persona que las expidió, pero carecen del valor probatorio pleno para acreditar cuestiones que no le constan al fedatario o servidor público en ejercicio de sus funciones.

Al respecto, cabe precisar que las diligencias de Fe de Hechos efectuadas por los fedatarios públicos, ofrecidas como pruebas por el partido político apelante, fueron realizadas respecto a la existencia y contenido de las páginas electrónicas de dos periódicos, cuyos interpelados manifestaron que a su vez, la información subida a sus respectivos portales de internet les había sido enviada a sus respectivos correos electrónicos por el vocero o coordinador de comunicación social de campaña del entonces candidato a Presidente Municipal de Puerto Peñasco, Sonora.

A este respecto, debe señalarse que ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como se ha razonado, por ejemplo, en el SUP-JRC-165/2008 y SUP-RAP-153/2009, que el Internet es, en esencia, un medio de comunicación global que permite contactar personas, instituciones, corporaciones, gobiernos, etcétera, alrededor de muchas partes del mundo.

También ha estimado la Sala Superior, que el Internet no es una entidad física o tangible, sino una vasta red que interconecta innumerables grupos de redes más pequeñas, erigiéndose como una especie de red de redes. Es en esencia, un instrumento de telecomunicación que tiene por objeto la transmisión electrónica de información a través de un espacio virtual denominado "ciberespacio"; que constituye una vía para enviar elementos informativos a la sociedad, o una parte de ella, que consciente en consultar dicha página.

En razón de lo anterior, no resulta fácilmente identificable o consultable la información personal de los usuarios en relación con la fuente de creación de dichas páginas web y por ende, quién es el sujeto responsable de las mismas, o bien, identificables los responsables de los correos electrónicos que circulan en la red.

Por consiguiente, en atención a la forma en que opera el Internet, puede colegirse que existe suma dificultad para que sus usuarios puedan identificarse, menos aún se puede identificar de manera fehaciente la fuente de su creación ni a quién se le puede atribuir la responsabilidad de ésta, lo que conlleva la dificultad subsecuente para demostrarlo en el ámbito procesal.

En ese orden de ideas, con los instrumentos notariales no es posible tener por acreditado plenamente el elemento autoría, entendiéndose este concepto como la intervención directa ya sea material o intelectual en el envío de los aludidos correos electrónicos, a su vez difundidos en los portales de los mencionados periódicos electrónicos, y que se adjudican al entonces candidato a la Presidencia Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, o a quien se menciona como su vocero o coordinador de comunicación social de su campaña, sin que, cabe señalar, haya quedado demostrado en autos dicha calidad.

Por otra parte, tampoco puede considerarse, como lo relata el apelante, que la difusión de la información en comento, haya sido generalizada, ya que no debe perderse de vista que si bien, a las páginas de internet puede acceder libremente cualquier ciudadano, el ingreso a una página de internet implica un acto volitivo que resulta del ánimo de cada persona, por lo que el usuario ejerce de forma libre visitar las direcciones de su elección. En este sentido, se puede afirmar que internet es un medio de comunicación pasivo y la información contenida en él sólo se despliega cuando alguien la busca o desea conocerla.

En un diverso aspecto, no está por demás señalar (al margen de que no quedaron acreditados los hechos narrados por el apelante en el agravio que se examina por las razones antes expuestas), que el principio de separación Iglesia-Estado contenido en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en el párrafo primero del artículo 213 del Código Electoral para el Estado de Sonora, (en el que se precisa que la propaganda que utilicen los candidatos durante la campaña electoral, tiene como límite, entre otros, el respeto a las Instituciones, con lo que se pretende no afectar la libertad del voto de los ciudadanos influidos por coacción moral o espiritual) no implica prohibición a la libertad de religión o de culto, prevista en el artículo 24 de la Carta Magna, entendido esto como el derecho fundamental de profesar y ejercer en forma libre la religión que se profese, asistiendo a una iglesia y practicar el ceremonial correspondiente a la misa que se desarrolle en ésta.

En las apuntadas condiciones no es dable estimar que en el caso a estudio se hayan conculcado los principios constitucionales de certeza, legalidad y de libertad del voto, pues, por las razones recién apuntadas, a criterio de este Tribunal, no se demostró fehacientemente en el sumario, que el candidato en mención, militantes de su partido político o sus simpatizantes, hubiesen realizado actos de proselitismo o propaganda de cualquier tipo, utilizando símbolos religiosos. Asimismo que se hubiere solicitado que se emitieran sufragios a favor del candidato o se hubiere promocionado su plataforma electoral, a través de propaganda electoral de índole religiosa. Luego entonces, que se haya puesto en duda el respeto a la libertad de emisión del sufragio.

Apoya lo recién expuesto el criterio jurisprudencial emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Tesis XVIII, bajo el rubro y que precisa:

"IGLESIAS Y ESTADO. LA INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN, EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL.- De la interpretación histórica del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del diverso 38, párrafo 1, inciso q), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo al principio histórico de separación entre las iglesias y el Estado, se advierte que abarca la noción de estado laico, que implica por definición, neutralidad, imparcialidad, más no conlleva una noción de rechazo a las diferentes iglesias o anticlericalismo. Ahora bien, el citado principio también establece la prohibición a los partidos políticos de utilizar en la propaganda electoral alguna alusión religiosa directa o indirecta, pues busca evitar que puedan coaccionar moralmente a los ciudadanos, garantizando su libre participación en el proceso electoral. En este sentido, la citada prohibición, busca conservar la independencia de criterio y racionalidad en todo proceso electivo evitando que se inmiscuyan cuestiones de carácter religioso en su propaganda electoral, porque podrían vulnerar alguna disposición legal o principios constitucionales.

Inconforme con lo anterior, el impetrante aduce, que los argumentos carecen de suficiente motivación y fundamentación por lo que hace a  la utilización de símbolos religiosos en actos de campaña, la deliberada y premeditada difusión e invitación de la conducta controvertida, pero coincide que el principio de separación iglesia estado, no implica prohibición a la libertad de religión prevista por el artículo 24 de la carta magna.

En el mismo sentido reitera, que los protocolos se allegaron para demostrar la difusión del evento que acaeció el día domingo veinte de mayo del que corre.

Bajo esta tesitura, considera indebida e insuficiente la motivación que hace el tribunal local sobre la imposibilidad de identificar fehacientemente la fuente de creación del documento que aparece en la “world wide web” pues según considera, las documentales públicas 3399 y 3400 que fueron ofrecidas lo comprueban.

Para finalizar, estima que los documentos notariales que se hicieron llegar durante el sumario, acreditan la difusión que se hizo del evento religioso y hacen prueba plena de:

1.                 La celebración del evento religioso donde participó el candidato contrario.

2.                 La recepción de boletines de prensa por los propietarios de los medios de comunicación.

3.                 La difusión del citado documento.

4.                 La celebración del evento el día veinte de mayo del que corre.

5.                 Que quien aparece en las fotografías es el candidato contrario.

6.                 La publicación en al menos dos medios de comunicación masiva.

7.                 La falta de oposición del candidato y del partido sobre la realización y difusión del evento.

8.                 La violación del principio iglesia estado, prevista en el artículo 130 de la Constitución Federal.

En este sentido, resalta como cuestión ulterior, la falta de exhaustividad por parte del tribunal local, ya que considera, “fue omisa en pronunciarse sobre el contenido del boletín de prensa enviado por el Partido Revolucionario Institucional y recogido por los medios de comunicación, así como la información aportada al sumario en la cual de acuerdo a datos del INEGI, contenida en el último censo general de población y vivienda 2010, que arrojó a la religión católica como la más profesada entre los ciudadanos de Puerto Peñasco, situación que cobra relevancia en la gravedad de la situación constitucional reclamada.”

Así las cosas debe decirse que el motivo de queja atinente a la conculcación del principio de separación iglesia-estado es INFUNDADO por lo que a continuación se evidencia.

Por cuestión metodológica, lo primero que se abordará es la existencia de la conducta y si ella como tal produce la violación al principio de iglesia-estado.

Resulta necesario acotar, que este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha pronunciado sobre el tema en diversos medios impugnativos, al grado de que ha creado jurisprudencia y tesis que se han encargado de clarificar y destacar la conducta, mismas que se invocarán en líneas próximas.

Bajo el mismo tenor, resulta necesario delimitar que con independencia de lo argumentado por el tribunal electoral local, esta Sala Regional estima indispensable sentar el marco para sustentar el calificativo anunciado.

Primeramente, esta definido qué se entiende por propaganda electoral en términos del articulo 210 de la ley electoral local a saber.

Artículo 210.- La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus respectivos candidatos, para la obtención del voto.

Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los partidos, alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano.

Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas o coaliciones, o a sus simpatizantes.

La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, precandidatos, candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de propaganda que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas, sin perjuicio de las sanciones a que den lugar, se computarán para efectos de la determinación de los gastos de campaña o precampaña correspondiente.

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos, alianzas y coaliciones en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.

Del arábigo trasunto, se puede colegir, que la propaganda es un instrumento por el cual los partidos políticos hacen llegar a la sociedad sus intenciones para ganar adeptos y  puede ser utilizada como medio para rechazar o descalificar a los contrarios dentro del marco de la legalidad y sin que ello se entienda como un permiso para atacar sin sustento.

Así, según lo dicho, se ha dejado en claro, que este medio de comunicación partido-ciudadano, se encuentra delimitado por principios constitucionalmente reconocidos que lo delimitan y restringen, en este sentido, el que se aborda es el de separación iglesia estado o de laicidad del estado.

Es decir, ciñe a que la propaganda que los institutos políticos distribuyan, no contenga alusiones del tipo religioso, dicho en otras palabras, que no se utilice alguna referencia de este tipo que pueda coaccionar o coartar el sentido del voto,  cuestión que se ha hecho patente en los precedentes que se invocarán por este órgano de control electoral.

Lo anterior, pues según se aduce, la prohibición busca evitar que se pueda condicionar moralmente a los ciudadanos, lo que garantiza su libre participación en el proceso de toma de decisiones electorales.

Tales asertos se han visto propalados al menos en los siguientes precedentes expuesto sintéticamente por la Sala Toluca, al resolver el ST-JRC-123/2011 a saber:

1. Caso San Lorenzo Xochimilco (SUP-RAP-032/99)

En este asunto, el análisis se cifró en la visita de un precandidato al gobierno del Distrito Federal, a una vivienda en la que se encontraba la imagen del “Niño Pa”.

En lo que interesa, se partió de interpretar, entre otras disposiciones, lo previsto en el artículo 38, párrafo 1, inciso q) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, particularmente el concepto de utilización de símbolos religiosos, por lo que, de una interpretación gramatical se dijo que dicho enunciado contenía una prohibición referente a que los partidos políticos no podían sacar utilidad o provecho de una figura o imagen con que materialmente o de palabra se representa un concepto, en este caso religioso.

De esta forma, entre otros aspectos se concluyó que las conductas reguladas por la norma, precisaban la obligación impuesta a los partidos políticos, ya por sí mismos, o a través de sus militantes o candidatos, de abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como de expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda, lo cual, no se limitaba a la propaganda electoral expresamente regulada, sino que, al estar en presencia de una disposición dirigida a normar ciertas conductas de los militantes, candidatos y de los partidos políticos, gozaba de las cualidades particulares que identifican a la ley, por ser general, esto es, se encontraba dirigida a la totalidad de las actividades que desplieguen las personas e institutos políticos que se ubiquen dentro de su ámbito de aplicabilidad; era impersonal porque sus consecuencias se aplicaban sin importar las cualidades individuales y personales de quienes por los actos desplegados pudieran contravenirla; en tanto que es abstracta, al enunciar o formular sus supuestos. Criterio que ha prevalecido hasta la fecha, tal y como se verá a lo largo de los siguientes precedentes.

2. Caso Zamora (SUP-REC-034/2003)

En este caso, llevado a la jurisdicción electoral federal por la utilización de la Virgen de Guadalupe en la propaganda electoral de un candidato a diputado (sic) federal, se determinó, siguiendo la línea trazada en el caso anterior que, entre otras cuestiones, válidamente puede decirse que la prohibición impuesta a los partidos políticos, estriba en que éstos no pueden sustentar sus afirmaciones o arengas llevadas a cabo en su propaganda, en las razones, principios o dogmas en que se apoyan las doctrinas religiosas para conseguir sus propósitos.

Así, se estableció por la Sala Superior que dicha prohibición abarca cualquier tipo de propaganda política, incluyendo los actos de sus militantes, candidatos registrados y simpatizantes.

3. Caso Tepotzotlán (SUP-JRC-069/2003)

En este asunto, con motivo de la utilización de una cruz en la propaganda del candidato, la Sala Superior estableció que, de una interpretación al artículo 130 constitucional, se desprendían principios explícitos que rigen las relaciones entre las iglesias y el Estado, a saber:

a) Se establece de manera absoluta el principio histórico de separación entre las iglesias y el Estado. En consecuencia, se impone la obligación a las iglesias de sujetarse a la ley civil, siendo competencia exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de iglesias y culto público;

b) Se establecen, como marco normativo para la legislación secundaria -misma que será de orden público-, las siguientes directrices: a) Tanto iglesias como agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica; b) Como consecuencia del principio de separación entre las iglesias y el Estado se determina que: I) Las autoridades civiles no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas; II) Mexicanos y extranjeros, cumpliendo los requisitos de ley, podrán ser ministros de culto; III) Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades civiles; IV) Existen diversas prohibiciones y limitantes en materia política y electoral.

Asimismo, en dicho asunto se hizo referencia a la iniciativa de reformas constitucionales, por la cual, en mil novecientos noventa y dos se reformó el artículo citado de la Constitución Federal, y en donde después de algunas referencias históricas del proceso de secularización y afirmación del Estado mexicano, se dijo: Hoy, el Estado está firmemente sustentado en la vida de la nación. Por eso, la separación del Estado y las Iglesias requiere que en la esfera de las creencias religiosas no intervenga el Estado, y que las Iglesias y los ministros no intervengan en los asuntos públicos de Estado y gobierno. La regulación política de la vida pública corre por cuenta exclusiva del Estado, el cual no señalará nunca preferencia o interés por religión, creencia o iglesia alguna, ni promoverá su negación.

Pero igualmente, se advirtieron principios implícitos del propio artículo 130 constitucional, y en los cuales se encuentra aquel referente a que dada su especial naturaleza y considerando la influencia que tienen los símbolos religiosos sobre la comunidad, así como atendiendo a lo importante y delicado que es la participación política y electoral, los institutos políticos se deben abstener de utilizarlos, a efecto de conservar la independencia de criterio y racionalidad en cualquier aspecto de la vida política del Estado y su gobierno.

De esta forma, se dijo que, al excluir a los partidos políticos de la participación en cuestiones religiosas, lo único que se estaba haciendo era conseguir que el elector participara en política de manera racional y libre, para que, una vez llegado el caso, decidiera su voto con base en las propuestas y plataformas de los candidatos y no atendiendo a cuestiones subjetivas y dogmáticas, como son los símbolos religiosos.

4. Caso La Piedad (TEEM-JIN-047/2007)

En este asunto sometido a la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, destaca particularmente, en un plano fáctico, el criterio sostenido en el sentido de que, no obstante el señalamiento de la utilización de los símbolos religiosos por parte del candidato a diputado (sic), de los medios de convicción no se obtenían elementos que condujeran a esa conclusión, ya que en ningún momento se aludía al candidato a diputado (sic), mucho menos aparecía su nombre en las probanzas aportadas, esto es, en ningún momento se demostraba que el candidato a diputado local (sic) hubiese aparecido haciendo proselitismo electoral con símbolos religiosos, y tampoco se evidenciaba la existencia de propaganda electoral de carácter religioso del referido candidato, sino de uno diverso.

5. Caso Zimapán (ST-JRC-15/2008)

En el caso Zimapán, se da un pequeño viraje al estudio que se había venido emprendiendo en los precedentes reseñados, principalmente a partir de que, en este caso el sujeto activo fue un ministro de culto, mientras que, en los casos anteriores habían sido los candidatos y partidos políticos los que habían utilizado los símbolos religiosos. No obstante, las bases normativas expuestas en otros casos se mantuvieron sustancialmente.

a. Bajo esa tesitura se sostuvo que, cuando se solicite la nulidad de una elección con base en la violación directa al artículo 130 constitucional, el actor se encuentra compelido a demostrar fehacientemente que durante el desarrollo comicial en una o todas sus etapas, se ejecutaron actos que afecten de manera determinante normas reguladoras de los procesos electorales, de tal forma, que se justifique el nexo causal entre la violación a dicho precepto con los principios reguladores de las elecciones, para con ello, dar lugar a decretar la nulidad de la elección de que se trate.

Al respecto, para tener por configurada la causal de nulidad por el trastocamiento del principio de separación Iglesia-Estado, se plantearon los siguientes elementos:

a) La exposición de un hecho que refiera que se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral;

b) La comprobación plena del hecho que se alega;

c) El grado de afectación que la violación haya producido dentro del proceso electoral; y,

d) Determinar si la infracción respectiva resulta cualitativa o cuantitativamente determinante para invalidar la elección de que se trate.

6. Caso Zinacantepec (ST-JRC-46/2009)

Por su parte, en este asunto al transcribir el acto impugnado, se hace referencia a una tesis del Tribunal Electoral del Estado de México, en donde sustancialmente se precisa que la utilización de los símbolos religiosos en las campañas requiere, entre otros aspectos que, con ella se induzca a los ciudadanos a apoyar a un determinado candidato cuya imagen o nombre se relaciona con dichos símbolos.

En ese sentido, el propio tribunal local estableció como elementos para configurar la causal, los siguientes: 1. Que en la propaganda electoral exista una imagen, figura, palabra o signo, con rasgos perceptibles que representen una realidad; 2. Que estos símbolos se relacionen con una convención social de una orden religiosa o grupo afín a una religión, dogma o creencia específicos; 3. Que dicha convención social se relacione con creencias o dogmas acerca de la divinidad y que genere asociaciones con emociones conscientes de fe, adoración, veneración y/o temor; 4. Que exista, unido a los símbolos, acción o efecto de dar a conocer cuestiones políticas del Estado, de un instituto político y/o de un candidato, con el objeto de atraer simpatizantes y votantes; 5. Que la acción de hacer propaganda sea a través de textos, trabajos y similares que se circulen entre la ciudadanía u otros alternos como bardas y anuncios espectaculares, medios radiofónicos o televisivos, entre otros; y, 6. Que la acción propagandística influya en el electorado al grado que afecte el resultado electoral y sea determinante cualitativa y cuantitativamente.

7. Caso Tepotzotlán (ST-JRC-068/2009)

Nuevamente en el caso Tepotzotlán, pero ahora en dos mil nueve, se indicó que se debía acreditar el uso de los símbolos religiosos en campaña, si se consideraba que en ocasiones, podía suceder que, la participación de los candidatos obedecía exclusivamente al ejercicio de su derecho de libre manifestación de su culto religioso, por lo que se debía atender si la conducta desplegada por el candidato triunfador, o del partido, encuadraba o no en las hipótesis contempladas por la norma.

En ese sentido, al interpretar la norma relativa a la legislación local, sostuvo que la abstención de utilizar símbolos de carácter religioso en su propaganda, traía un mandato categórico dirigido a los partidos políticos, de abstenerse de llevar a cabo diversas conductas que se contienen en la norma jurídica, y que para fines prácticos bien podía desglosarse en las siguientes prohibiciones:

a) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos;

b) Abstenerse de utilizar expresiones religiosas;

c) Abstenerse de utilizar alusiones de carácter religioso, y

d) Abstenerse de utilizar fundamentaciones de carácter religioso.

Posteriormente, se sigue en similares términos los razonamientos expuestos desde el SUP-RAP-32/2009.

Así pues, el punto recogido en los parágrafos pasados, en esencia es la indebida aparición de elementos de fe en la propaganda partidaria, cuestión que sin lugar a dudas pudiera llegar a violentar el estado de laicidad anunciado siempre y cuando se surtan diversas hipótesis, pues válidamente se puede inferir que la conducta sancionada se actualiza con la divulgación de elementos dogmáticos para coaccionar el voto y no así cuando falten estos.

En fin, lo sustentado por el juzgador previo, induce a pensar que no se dio una conducta de propaganda donde se hubieran tomado o usado intencionalmente de forma regular imágenes religiosas o incluso en una reducción al absurdo, que obrara en cada uno de los elementos propagandísticos señas de fe, además de que las probanzas no demostraron indudablemente la intención de utilizar íconos de dogma para coaccionar (situación que se expuso prolijamente en la resolución controvertida de fojas 75 a 84 de aquella), cuestión esta que valga adelantar ahora tampoco se comprueba.

En otras palabras, no es lo mismo y no tienen consecuencias similares participar en un evento religioso a utilizarlas intencionalmente en la propaganda.

Para sostener lo anterior es necesario citar el siguiente marco.

De constancias quedó demostrado:

1.                 La celebración regular de una misa (al caso el veinte de mayo), donde participó no solo el candidato controvertido sino un grupo de personas más, de entre los que se encontraban diversos candidatos a ocupar cargos de representación popular.

2.                 La fecha de celebración, es decir casi una cincuentena de días previos a la jornada.

3.               La participación del otrora candidato a la presidencia municipal en lo que llaman el “ofertorio”.

4.                 La difusión posterior a través de notas electrónicas en portales de internet.

5.                 Que según los pies o notas que obran en las placas, se hace la mención de que el candidato asistió a misa.

Empero, a pesar de las conductas demostradas, no puede deducirse que con ello se conculcó la violación al artículo 130 de la constitución federal.

Dicho de otro modo, si bien se acreditó difusión de la misa por terceros, también lo es que tal cuestión no puede estimarse violatoria del principio rescatado por lo que a continuación se expone.

Basado en lo anterior, si se acogiera la pretensión en los términos que propone y con las condicionantes del razonamiento apagógico hecho, resultaría que con la celebración de una misa, donde asista algún candidato y que sea difundida debe entenderse como una agresión al principio de laicidad y estimarse suficiente para anular una elección, al menos desde el punto de vista cualitativo, cuestión que desde el punto de vista jurídico no es dable..

No obstante, se afirma que tal proceso cognitivo se encuentra restringido a los intereses del impetrante y no puede o debe acogerse ésta o cualquier otra petición por el simple hecho de haberse celebrado un evento religioso (máxime cuando sucede con demasiados días de antelación a la jornada) que solo fue difundido por dos portales electrónicos sin dejar de lado lo siguiente:

Según se precisó, el enfoque de estudio —incluido el dado por el colegio previo— debe circunscribirse a tópicos cuantitativos y cualitativos para poder asumir la pretensión planteada, pues de no ser así podría causarse un desequilibrio en su actualización, esto es, tomar únicamente la existencia del acto sin ver qué tanto afectó la conducta, sería asumir que por la sola existencia de un elemento religioso inmerso directa o indirectamente se destruyera una elección.

Sin embargo, resulta metodológicamente acertado, primero comprobar la conducta y luego el  impacto de ella en la elección, por tanto, lo que ahora se procede a realizar es la verificación del hecho y si este constituye una infracción al principio reseñado.

Esta autoridad afirma que en la especie no existe propaganda religiosa al no haberse demostrado que, en la publicada, obra algún ícono de culto ampliamente reconocido por los feligreses a quienes va encaminado, esto es, sólo en un acto se vio inmerso el tema de religión, léase, la asistencia a misa del candidato, único elemento denunciado.

El evento celebrado, se realiza de forma habitual, además, de constancias no obra documento alguno que implique que éste se realizó ex profeso para divulgar algún acto proselitista o con la intención de hacer llegar algún mensaje de este tipo a los asistentes, pues según se infiere “asistió a la misa dominical el imputado”.

No aparece el candidato o persona alguna en las placas fotográficas haciendo uso de la voz en el recinto o solicitando el voto durante el evento, sí participa en lo que refieren al ofertorio, pero ello no implica más que el ejercicio individual de su libertad religiosa al no quedar acreditado que tal acto lo hiciera para exponer su discurso político o su próxima participación electoral y además, no se acredita que hubiera hecho pronunciamiento alguno a favor de su partido o contra sus adversarios.

A modo de colofón en este apartado, es claro que por lo que hace única y exclusivamente a la celebración de la misa, no existió un acto de campaña como tal —no al tenor de lo establecido por el articulo 210 de la ley electoral local— al menos no durante su celebración, ni mucho menos se acreditó el uso de elementos de fe para coaccionar el voto de los electores, pues en las fotografías no se observan los referidos, incluso, no aparece persona alguna celebrándola.

Por tanto, puede colegirse que no se violentó el principio de separación iglesia-estado con la celebración de una misa donde participó el otrora candidato como producto de su convicción religiosa, pues no se realizó con la finalidad de hacer patente algún pronunciamiento electoral, no se combinaron íconos religiosos en propaganda alguna, toda vez que esto se enmarcó dentro del principio de libertad de culto y sucedió una sola vez o al menos no se demostró algún otro evento de este tipo.

Sustenta lo dicho las siguientes voces:

Tesis XVII/2011

“IGLESIAS Y ESTADO. LA INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN, EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL”.— De la interpretación histórica del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del diverso 38, párrafo 1, inciso q), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo al principio histórico de separación entre las iglesias y el Estado, se advierte que abarca la noción de estado laico, que implica por definición, neutralidad, imparcialidad, más no conlleva una noción de rechazo a las diferentes iglesias o anticlericalismo. Ahora bien, el citado principio también establece la prohibición a los partidos políticos de utilizar en la propaganda electoral alguna alusión religiosa directa o indirecta, pues busca evitar que puedan coaccionar moralmente a los ciudadanos, garantizando su libre participación en el proceso electoral. En este sentido, la citada prohibición, busca conservar la independencia de criterio y racionalidad en todo proceso electivo evitando que se inmiscuyan cuestiones de carácter religioso en su propaganda electoral, porque podrían vulnerar alguna disposición legal o principios constitucionales.

Cuarta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-320/2009.—Recurrente: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—30 de diciembre de 2009.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.

Robustece lo anterior, la tesis aislada XVII.1o.C.T.21 K, emitida en la novena época, por los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Marzo de 2004, página 1514, que a la letra se transcribe:

“AGRAVIOS. SON INOPERANTES LOS QUE SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de agravio se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros agravios que fueron desestimados en la misma resolución, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho agravio se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.