RECURSOS DE APELACIÓN

EXPEDIENTES: SG-RAP-21/2022 Y SG-RAP-22/2022

RECURRENTE: MORENA

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO EN FUNCIONES: OMAR DELGADO CHÁVEZ[1]

SECRETARIAS DE ESTUDIO Y CUENTA: ANDREA NEPOTE RANGEL Y CHRISTIAN ANALÍ TEMORES OROZCO

Guadalajara, Jalisco, a veintiocho de abril de dos mil veintidós.

VISTOS, para resolver los autos de los recursos de apelación SG-RAP-21/2022 y SG-RAP-22/2022 interpuestos por MORENA en contra del dictamen consolidado INE/CG106/2022 y la resolución INE/CG113/2022 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,[2] respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de dicho partido, correspondientes al ejercicio dos mil veinte, en específico en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora; y

R E S U L T A N D O

1. Antecedentes. De lo narrado en las demandas y de las constancias que integran los expedientes, se advierte lo siguiente:

1.1. Actos impugnados. En sesión extraordinaria de veinticinco de febrero de dos mil veintidós[3], el CGINE dictó la resolución identificada con la clave INE/CG113/2022, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado (identificado a su vez con la clave INE/CG106/2022) de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido MORENA, correspondientes al ejercicio dos mil veinte.

1.2. Recursos de apelación. En contra de los actos antes señalados, Mario Rafael Llergo Latournerie, en representación de MORENA presentó un escrito de demanda ante la responsable el tres de marzo y un segundo escrito el ocho siguiente, mismos que fueron remitidos a la Sala Superior de este Tribunal y con los que se integraron los expedientes SUP-RAP-101/2022 y SUP-RAP-107/2022, respectivamente.

1.3. Acuerdo de la Sala Superior. El diecinueve de marzo pasado, la Sala Superior de este Tribunal, emitió Acuerdo Plenario en los expedientes SUP-RAP-101/2022 y SUP-RAP-107/2022 acumulados, en el que en esencia determinó escindir las demandas según los temas relacionados con el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA[4] competencia de esa superioridad, y los concernientes a las Entidades Federativas de acuerdo con el ámbito de cada una de las Salas Regionales de este Tribunal, razón por la que lo relativo a los estados que integran la primera circunscripción del país fueron  escindidos para el conocimiento y resolución de esta Sala Regional Guadalajara.

1.4. Recepción y turno en Sala Regional Guadalajara. El veintitrés de marzo del presente año, se recibieron las constancias de mérito y, por acuerdo de misma fecha, la Magistrada Presidenta por Ministerio de Ley de este órgano jurisdiccional registró los medios de impugnación con las claves SG-RAP-21/2022 y SG-RAP-22/2022, y los turnó a la ponencia a cargo del Magistrado Electoral en Funciones Omar Delgado Chávez, para su sustanciación.

1.5. Sustanciación. Mediante diversos proveídos, en cada caso, el Magistrado Instructor determinó radicar los recursos de apelación en la ponencia a su cargo; requirió diversa documentación y, una vez recibidas las constancias atinentes, se proveyó lo conducente; finalmente, se admitieron las demandas, se propuso[5] la acumulación del expediente SG-RAP-22/2022 al diverso SG-RAP-21/2022 y, se declaró cerrada la instrucción, quedando los asuntos en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, es competente para conocer de los presentes recursos de apelación[6], por tratarse de dos medios de impugnación presentados por un partido político nacional, en contra del dictamen y resolución del CGINE, mediante los que se le sanciona con motivo de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de dicho instituto político, correspondientes al ejercicio dos mil veinte, en específico, en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, supuestos y entidades federativas en las que esta Sala ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. ACUMULACIÓN. Esta Sala advierte que en los recursos de apelación SG-RAP-21/2022 y SG-RAP-22/2022, se señala la misma autoridad responsable y se reclaman los mismos actos impugnados; a saber, el dictamen consolidado INE/CG106/2022 y la resolución INE/CG113/2022, aprobados por el Consejo General del INE.

En consecuencia, se estima oportuna la acumulación del recurso de apelación SG-RAP-22/2022, al diverso SG-RAP-21/2022, por ser éste el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala.

Lo anterior, a fin de resolver de manera conjunta, pronta y expedita los referidos juicios, con fundamento en los artículos 180, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[7]; así como 79 y 80, párrafos primero y tercero del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por lo tanto, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia al expediente del juicio acumulado.

TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD RESPONSABLE. Se advierte que en la demanda el partido actor señala como acto impugnado, —además de la resolución INE/CG113/2022 del Consejo General—, al dictamen consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al CGINE respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del partido actor, correspondiente al ejercicio dos mil veinte INE/CG106/2022.

Al respecto, si bien acorde a lo previsto en el artículo 82, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos, el dictamen consolidado y la resolución correspondiente que emita el CGINE, pueden ser controvertidos, debe tenerse como autoridad responsable solo al Consejo General, al ser el órgano encargado de aprobar las resoluciones sobre los dictámenes consolidados.

Lo anterior, dado que el dictamen consolidado tiene el carácter de una opinión previa, que contiene un estudio preliminar sobre las irregularidades detectadas en el procedimiento de fiscalización, por lo que sus conclusiones son de carácter propositivo.

De manera que no genera de forma aislada un perjuicio al partido recurrente al ser parte integrante de la resolución definitiva aprobada por el CGINE, en la cual se determinó que existieron dos irregularidades, su responsabilidad y se impusieron las sanciones correspondientes. 

Criterio sostenido en la jurisprudencia 7/2001 de la Sala Superior, de rubro: “COMISIONES Y JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SUS INFORMES, DICTÁMENES Y PROYECTOS DE RESOLUCIÓN, NO CAUSAN PERJUICIO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS”.

No obstante, debe destacarse que las consideraciones y argumentos contenidos en el dictamen consolidado forman parte integral de la correspondiente resolución y forman parte fundamental para la imposición de la sanción.

Lo anterior, al ser resultado de las observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos, en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las conductas realizadas por los sujetos obligados y en su caso, las aclaraciones presentadas para atender cada una de ellas.

Por tanto, a pesar de que solo se tiene como autoridad responsable al Consejo General, debe tenerse como acto impugnado la resolución del INE/CG113/2022, así como las consideraciones derivadas del dictamen consolidado INE/CG106/2022 como una sola determinación.

En igual sentido se pronunció la Sala al resolver el expediente SG-RAP-20/2022.

CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el informe circunstanciado rendido en el expediente SG-RAP-22/2022, la autoridad responsable hace valer la causal de improcedencia contenida en el artículo 9, párrafo 3 de la Ley de Medios, indicando en esencia, la preclusión del derecho de acción de la parte recurrente, al considerar que esta controvierte las mismas conclusiones e incluso hace valer semejantes agravios a los planteados en la demanda del diverso medio de impugnación SG-RAP-21/2022.

Al respecto, si bien la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido que, ordinariamente, si se presentan dos demandas contra un mismo acto, la segunda debe desecharse, también ha establecido un supuesto de excepción, mismo que se actualiza cuando los planteamientos son sustancialmente diferentes en cuanto a su contenido y la segunda demanda se presenta dentro del plazo legal establecido, de manera que, si reúne el resto de los requisitos de procedencia, es viable el estudio de los hechos y agravios establecidos en la segunda demanda.[8]

En el caso, se tiene que, si bien la responsable refiere que las modificaciones que tuvieron los actos controvertidos fueron circuladas previo a la sesión del CGINE del veinticinco de febrero pasado, lo cierto es que de la versión estenográfica de la misma, se advierte que en dicho acto se desestimaron y aprobaron por otro lado, propuestas concretas que se vieron reflejadas en los puntos de la resolución combatida.

De ahí que, considerando que los acuerdos INE/CG106/2022 e INE/CG113/2022 controvertidos, fueron —con las modificaciones que tuvieron a raíz de la sesión— notificados al recurrente hasta el miércoles dos de marzo del año en curso[9], es clara la presentación oportuna de los medios de impugnación en estudio, en tanto los escritos de demanda se presentaron el jueves tres y martes ocho del mismo mes[10].

Ahora bien, del segundo escrito de demanda (que dio lugar al expediente SG-RAP-22/2022) se desprende que el partido controvierte supuestas omisiones de cumplir con lo ordenado en la sesión ordinaria del CGINE en relación con el inicio de procedimientos oficiosos, lo cual no se hizo valer en su primer escrito de demanda (con el que se integró el expediente SG-RAP-21/2022), de ahí que se actualicen los requisitos para configurar la excepción a la figura de preclusión en comento y por ende, la causal invocada por la responsable sea de desestimarse.

QUINTO. PROCEDENCIA. Se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia del presente recurso, previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 42 y 45, de la Ley de Medios, como a continuación se detalla.

a) Forma. De los escritos de demanda se desprende el nombre del recurrente y la firma autógrafa de quien suscribe las demandas; se exponen hechos y agravios que se estiman pertinentes y, finalmente, se hace el ofrecimiento de pruebas.

b) Oportunidad. Se tiene por satisfecho en ambos casos, atendiendo a lo razonado en el considerando anterior.

c) Legitimación y personería. El recurrente tiene legitimación por tratarse de un partido político nacional; en cuanto a la personería de quien lo representa, ésta se tiene por satisfecha, ya que la autoridad responsable, al rendir sus informes circunstanciados, reconoció a Mario Rafael Llergo Latournerie como representante de MORENA.

d) Interés jurídico. La parte apelante cuenta con interés jurídico para interponer los presentes recursos de apelación, pues en ellos controvierte el dictamen consolidado y la resolución aprobadas por el CGINE en los que le fueron impuestas diversas sanciones.

e) Definitividad y firmeza. El requisito en cuestión se considera colmado, en virtud de que la Ley de Medios no prevé algún otro recurso o juicio que deba ser agotado previamente a la tramitación del presente medio de impugnación.

En esa tesitura, al estar colmados los requisitos de procedibilidad, procede llevar a cabo el análisis de la cuestión planteada.

SEXTO. CONCLUSIONES IMPUGNADAS. En términos del acuerdo plenario dictado por la Sala Superior en los expedientes SUP-RAP-101/2022 y acumulado, el estudio de fondo de la presente sentencia analizará la impugnación de las conclusiones de conformidad con la siguiente tabla:

SÉPTIMO. METODOLOGÍA DE ESTUDIO. Cuando los motivos de reproche guarden identidad o similitud respecto a más de alguna conclusión esta Sala Regional realizará su estudio en grupos atendiendo al tema, señalando en cada caso, la(s) conclusiones materia de pronunciamiento. Asimismo, cuando las conclusiones impugnadas formen parte de un conjunto cuya suma derivó en una sola sanción[13], tales conclusiones serán estudiadas de manera consecutiva.

En caso contrario, esto es, de advertirse agravios expuestos de forma particularizada y no reiterada, el estudio de éstos se llevará a cabo por conclusiones individuales. Sin que esta metodología genere perjuicio alguno al recurrente[14].

Para ello, en cada apartado de estudio, se presentará en primer orden la síntesis de agravio(s), seguida de su calificación y análisis.

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO.

SALDOS EN CUENTAS POR COBRAR

CONCLUSIÓN 7.3-C21-MORENA-BC

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Menciona que la responsable impone una sanción económica correspondiente a una falta sustancial o de fondo, sin verificar la correcta tipificación de la conducta administrativa sancionada.

Lo anterior, expone, porque en un primer momento, la responsable determina que el tipo de infracción a sancionar es una conducta de acción, por reportar saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por lo que a consideración del recurrente, el tipo administrativo que se pretende sancionar, es el establecido en el artículo 67 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización[15], cuya redacción implica que es una conducta de omisión, es decir, que para que exista la actualización concreta del tipo administrativo, el sujeto obligado tuvo que realizar una omisión, que consiste en un dejar de hacer.

Sin embargo, indica, “la conducta de acción de reportar saldos” se encuentra legalmente permitida en el mismo RF el artículo 65, numeral 1 y, por tanto, no resulta sancionable.

Por otra parte, se agravia el recurrente de que, en el apartado de calificación de la falta correspondiente a la “trascendencia de la normatividad transgredida”, la responsable imputa al partido MORENA una conducta de acción mientras que en la transgresión a la normatividad la tipifica en una conducta de omisión, lo cual evidencia una incongruencia interna.

En e stos términos, solicita que se quede sin efectos la sanción impuesta al no actualizarse el principio de tipicidad.

RESPUESTA

Los agravios del recurrente resultan infundados e inoperantes, como se explica a continuación.

El artículo 17 de la Constitución General de la República tutela el derecho de las personas a que se les administre justicia de manera pronta, completa e imparcial, en los plazos y términos que fijen las leyes. Tales exigencias suponen, de entre otros requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación correspondiente.

El principio de congruencia interna implica que no deben existir contradicciones entre las consideraciones que sustentan la determinación o entre estas y los puntos resolutivos.

En el caso concreto, en el oficio de errores y omisiones correspondiente, la autoridad fiscalizadora consideró que derivado de la revisión a los saldos registrados en los auxiliares contables de las diversas subcuentas que integran el saldo de “Cuentas por Cobrar” reflejados en las balanzas de comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se identificaron saldos que el partido político reportó al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, y que, una vez aplicadas las comprobaciones o recuperaciones efectuadas al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, presentan una antigüedad mayor a un año; lo cual se hizo del conocimiento del sujeto obligado.

Una vez respondida dicha observación, la autoridad fiscalizadora determinó en el dictamen que el sujeto obligado no presentó documentación que amparara la imposibilidad práctica del cobro o recuperación de los saldos de cuentas por cobrar, con la finalidad de transparentar el origen y destino de los recursos y/o la documentación que acredite la existencia de alguna excepción; por tal razón, la observación no quedó atendida.

Lo anterior, se fundamentó en el artículo 67, numeral 1, del RF que prevé lo siguiente:

Artículo 67.

1. Si al cierre de un ejercicio un sujeto obligado presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de naturaleza análoga y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, estos serán considerados como gastos no comprobados, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal. En todo caso, deberá presentar en medio magnético y de forma impresa, una relación donde se especifiquen los nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas, así como la documentación que justifique la excepción legal.

En congruencia con lo anterior, el CGINE determinó al momento de calificar la falta y en específico al tipo de infracción, que ésta correspondía a la acción de reportar saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, atentando a lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del RF.

De igual modo, en el apartado de trascendencia de la normatividad transgredida, la autoridad responsable sostuvo que el partido político en cuestión reportó saldos en el rubro de cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año, los cuales no han sido recuperados, y sin haber acreditado excepción alguna que evidencie el impedimento de recuperación.

En ese orden de ideas, concluyó, quedó acreditado que el partido político reportó saldos con antigüedad mayor a un año, por lo que el instituto político, se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 67, numeral 1 del RF.

De lo trasunto, queda patente que, adversamente a lo alegado por el recurrente, desde la formulación de la observación hasta la imposición de la sanción respectiva, el CGINE fue consistente con la hipótesis normativa que actualizaba la conducta del partido MORENA, a saber, la vulneración al citado artículo 67, numeral 1 del RF; conforme al cual, si al cierre de un ejercicio presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados como gastos no comprobados, salvo que el partido informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal. Sin que se advierta referencia alguna a una diversa hipótesis normativa.

De ahí que se considere correcta la tipificación de la conducta.

Asimismo, tampoco se advierte la existencia de incongruencia cuando la responsable determina que el tipo de infracción a sancionar es una conducta de acción. 

Ello, pues no basta que el partido alegue que, a su juicio, la disposición en comento encierra una omisión, cuando de la lectura de la misma, resulta claro que la conducta que actualiza dicha infracción es el hecho de que un sujeto obligado presente en su contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúen sin haberse comprobado.

Así, deviene congruente que la autoridad responsable, al individualizar la sanción correspondiente, considere la falta cometida como una acción, habida cuenta que el partido político en cuestión reportó saldos en el rubro de cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año; lo cual, de acuerdo con la normatividad referida, implica que dicha situación se considere como un gasto no comprobado, lo que implica una acción referente a realizar una erogación.

Al respecto, es dable aclarar que, contrariamente a lo alegado, la responsable no le imputa a MORENA una conducta de omisión. 

Lo erróneo del agravio estriba en que el partido actor deja de advertir que la infracción citada se configura por una actividad positiva que vulnera una norma que prohíbe hacer algo y no por incumplir el deber que la ley impone, o bien, por no atenderlo en la forma que prevé. Conforme lo ha referido Sala Superior al resolver los asuntos el SUP-RAP-98/2003 y SUP-RAP-90/2007 y acumulado, en donde precisó que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva, que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Por lo tanto, se concluye que el CGINE no incurrió en contradicción alguna y, por el contrario, fue congruente en sus señalamientos, de ahí que resulte infundado el motivo de inconformidad en este respecto.

Por otra parte, en relación a la manifestación del actor de que “la conducta de acción de reportar saldos” se encuentra legalmente permitida por el artículo 65, numeral 1, del mismo RF, ésta resulta inoperante.

Tal calificativa, ya que parte de la premisa incorrecta de que la sanción aquí impugnada es por la sola acción de reportar saldos, siendo que, como ha sido expuesto en este apartado, la conducta infractora consiste en presentar saldos positivos en las cuentas por cobrar, y al cierre del ejercicio siguiente éstos continúen sin haberse comprobado, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal.

En términos de las consideraciones expuestas, lo procedente es confirmar la sanción impugnada por lo que ve a esta conclusión.

CONCLUSIÓN 7.11-C18-MORENA-DG

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Se duele que la autoridad llegara a la conclusión de la existencia de un saldo sin comprobar por $232,955.41 (doscientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos 41/100 M.N.), ya que la misma resulta errónea, pues derivado de la observación realizada, se realizaron las aclaraciones respectivas.

Sin embargo, expone, la responsable determinó que MORENA había omitido realizar las correcciones a sus registros contables respecto a los saldos no sancionados correspondientes al ejercicio 2019, así como presentar la documentación soporte que acreditara plenamente las acciones de pago y permanencia de saldos, lo que sí se realizó y de lo cual quedó constancia en el Sistema Integral de Fiscalización[16], como se hizo constar en los oficios de respuesta a las supuestas omisiones y errores.

Asimismo, refiere que el INE adujo que no se cumplió con lo establecido en el artículo 67 numeral 1 del RF, pero no indicó las causas, infringiendo el principio de legalidad al existir indebida fundamentación y motivación.

RESPUESTA

Procede desestimar los motivos de disenso, atento a lo siguiente.

De las constancias inherentes a la conclusión aquí impugnada, se advierte que la Unidad Técnica de Fiscalización[17] comunicó a MORENA que, al llevar a cabo la integración del sado reportado por el partido al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se identificaron saldos que el partido reportó al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, y que una vez aplicadas las comprobaciones o recuperaciones efectuadas al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, presentan una antigüedad mayor a un año. Por lo anterior, se le requirió presentar lo siguiente:

“• La integración de saldos al 31 de diciembre de 2020, de los rubros de “Cuentas por Cobrar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otro de naturaleza análoga, en la cual señale los nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de los mismos.

• En caso de que cuente con los elementos de prueba suficientes respecto de los saldos con antigüedad mayor a un año, que fueron objeto de sanción, se le solicita presentar la documentación que acredite las sanciones impuestas por la autoridad.

• La documentación que ampare las acciones legales llevadas a cabo, tendentes a documentar la imposibilidad práctica del cobro o recuperación de los saldos de cuentas por cobrar, con la finalidad de transparentar el origen y destino de los recursos y la documentación que acredite la existencia de alguna excepción legal.

• En caso de existir comprobaciones de cuentas por cobrar que presenten documentación de 2021 y que correspondan a justificaciones de adeudos de ejercicios anteriores, deberá presentar la respectiva documentación soporte, en las cuales se indique con toda precisión a qué periodo corresponden, anexando la póliza que les dio origen.

• En su caso, la documentación que ampare las excepciones legales que justifiquen la permanencia de los saldos de las cuentas por cobrar señaladas.

• La evidencia documental que acredite la recuperación o comprobación de las cuentas en comento, con posterioridad al cierre del ejercicio en revisión, identificando la póliza de registro correspondiente en el SIF.”

En respuesta, el partido recurrente manifestó que se realizaron los ajustes contables pertinentes a los saldos de deudores diversos y anticipos a proveedores para liquidar las cuentas con saldos menores a un año reflejando los gastos correspondientes mismos de los que se anexa la integración de pólizas con su comprobación.

Del análisis a la respuesta presentada por MORENA, el CGINE constató que el sujeto obligado realizó correcciones contables en lo referente a los saldos sancionados por los ejercicios 2017 y 2018 por un monto de $230,328.07 (doscientos treinta mil trescientos veintiocho pesos 07/100 M.N.) y $175,082.49 (ciento setenta y cinco mil ochenta y dos pesos 49/100 M.N.) respectivamente, conforme a la solicitud manifestada en el escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, quedando un saldo sin comprobar de $232,955.41 (doscientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos 41/100 M.N.); esto a pesar de no contar con la autorización expresa de dicha autoridad electoral.

Mediante escrito de respuesta en segunda vuelta, el instituto político refirió que respecto a los saldos mencionados se hace la aclaración; ya que en el anexo 6.2 que compartió la autoridad, el subtotal presentado por la cantidad de $638,365.77 (seiscientos treinta y ocho mil trescientos sesenta y cinco pesos 77/100 M.N.) como se había mencionado en puntos anteriores, corresponden a saldos con antigüedad mayor a un año de los cuales adujo que se había hecho la respectiva aclaración en la anterior observación.

Derivado de lo anterior, en el dictamen consolidado la autoridad fiscalizadora constató que respecto a los saldos no sancionados correspondientes al ejercicio 2019, MORENA presenta un saldo por un monto de $232,955.41 (doscientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos 41/100 M.N.) como se detalla en la columna. Así, se constató que el sujeto obligado omitió realizar las correcciones a sus registros contables, así como presentar la documentación soporte que acreditara plenamente las acciones de pago y permanencia de saldos.

En esta tesitura, esta Sala estima que el agravio del recurrente deviene inoperante, al no combatir debidamente cada una de las determinaciones de la autoridad responsable.

Pues como se indicó, las respuestas otorgadas por el partido en el proceso de comunicación con la UTF resultaron insuficientes, al no haber presentado la documentación soporte que acreditara plenamente las acciones de pago y permanencia de saldos, así omitió realizar las correcciones a sus registros contables.

Así, no obstante que sostenga que sí realizó las aclaraciones pertinentes y que éstas quedaron como constancia en el SIF, lo cierto es que para ello resultaba necesario adjuntar a su escrito de respuesta la documentación que amparara las excepciones legales que justificaran la permanencia de los saldos de las cuentas por cobrar señaladas; así como la evidencia documental que acredite la recuperación o comprobación de las cuentas en comento, con posterioridad al cierre del ejercicio en revisión. Lo cual no ocurrió.

Lo anterior, porque si bien el partido político al dar respuesta al segundo oficio de errores y omisiones manifestó que la aclaración se había realizado al dar respuesta respecto de la conclusión 7-C19-DG, en la que se observa que señaló que realizó un ajuste a los saldos sancionados en 2017 y 2018 por las cantidades de $230,328.07 mediante las pólizas PC-DR-6/31-12-2020 y $175,082.49 mediante la póliza PC-DR-7/31-12-2020, lo cierto es que la autoridad fiscalizadora al emitir el segundo oficio de errores y omisiones, le manifestó al partido que (con independencia de que éste no contaba con autorización para realizar correcciones contables) aun quedaba un saldo sin comprobar de $232,955.41.

Es decir, de los $638,365 observados inicialmente por concepto de “deudores diversos”, aun restando las cantidades del supuesto ajuste, todavía quedaba el saldo de $232,955.41, cuestión por la que fue sancionado.

En esa tesitura, si bien el partido político manifiesta que sí realizó las aclaraciones correspondientes en el SIF, en todo caso, se observa que intentó justificar respecto de las cantidades de $230,328.07 mediante las pólizas PC-DR-6/31-12-2020 y $175,082.49 mediante la póliza PC-DR-7/31-12-2020, pero no respecto del restante por el que fue sancionado en la conclusión que se analiza.

Por otra parte, deviene infundado que el INE adujo que se incumplió con lo establecido en el artículo 67, numeral 1 del RF, sin indicar las causas; ya que de constancias queda patente que la configuración de la infracción obedeció a que MORENA reportó saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por un importe de $232,955.41 (doscientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos 41/100 M.N.).

Al caso, el precepto en cita establece que, si al cierre de un ejercicio un sujeto obligado presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados como gastos no comprobados, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal.

Atento a lo anterior, esta Sala no advierte la existencia de una indebida fundamentación y motivación, como lo aduce el recurrente; máxime, que la parte actora no otorga razón de su dicho.

CONCLUSIONES 7.07-C15-MORENA-CH y 7.07-C16-MORENA-CH

SÍNTESIS DE AGRAVIO

El recurrente refiere en esencia que, esta autoridad debe tomar en consideración que, en las conclusiones controvertidas, la responsable parte de premisas falsas y omite analizar información que fue aportada en las respuestas a los oficios de errores y omisiones, consistente en lo siguiente:

Por lo anterior, es que se violentan los principios de exhaustividad certeza y legalidad, al imponer una sanción con la simple manifestación de que: “…no realizó correcciones o rectificaciones”; por lo que se solicita se tenga por cumplida la comprobación señalada y se elimine la sanción impuesta.

Esto, porque se comprobó conforme a la normativa, el correcto uso de la ministración, que fue registrado en el SIF por lo que la falta manifestada por la responsable, en la falta de la demostración de la transferencia electrónica resulta inexistente y quedó debidamente demostrada.

Por lo que hace la reincidencia, la responsable estimó que no existe, aunado a que no se tomó en cuenta la capacidad económica del partido, de ahí que se estimen vulnerados los principios de exhaustividad, certeza y legalidad, así como de fundamentación y motivación, en virtud de que no se estudiaron las documentales ingresadas, así como porque toda resolución debe exponer los preceptos jurídicos aplicables y su adecuación con los motivos aducidos lo que en la especie no aconteció.

Asimismo, en cuanto a la conclusión 7.07-C16-MORENA-CH, la imposición del 100% del monto involucrado, aplicada en una reducción del 25% de la ministración mensual por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la suma de $1,054,612.83 (un millón cincuenta y cuatro mil seiscientos doce pesos 83/100 M.N.), causa perjuicio al recurrente ya que, suponiendo sin conceder la existencia de la supuesta falta, y en caso de existir la presunta omisión que genera la sanción, se debe atender al principio de proporcionalidad.

RESPUESTA

Los anteriores motivos de disenso resultan infundados por una parte e inoperantes por otra, según se expone enseguida.

De la columna de análisis del ID 39 del Dictamen controvertido, se advierte —en lo que interesa a las presentes conclusiones— lo siguiente:

Lo infundado resulta porque, contrario a lo que afirma el recurrente, la autoridad fiscalizadora no determinó las faltas sancionadas en las conclusiones en estudio a partir de la simple manifestación de que no realizó correcciones o rectificaciones, sino que expuso tanto los fundamentos como la motivación que estimó conducente atendiendo a las faltas que tuvo por acreditadas.

En ese sentido, se tiene que por lo que hace a la conclusión 7.07-C15-MORENA-CH, la responsable no refirió a corrección alguna como de forma inexacta afirma el recurrente; mientras que, aun cuando en relación con la conclusión 7.07-C16-MORENA-CH si bien señaló que “…se constató que el sujeto obligado omitió realizar las correcciones a sus registros contables”, a ello añadió que igualmente se omitió “presentar la documentación soporte que acreditara plenamente las acciones de pago y/o permanencia de saldos contrarios a la naturaleza de una cuenta por cobrar que reflejaban comprobaciones o recuperaciones en exceso, generando una obligación por el partido político por un monto de -$703,075.22”.

A lo anterior se suma que, en el ID antes señalado, la responsable precisó las irregularidades que en su oportunidad detectó al cabo de la revisión a los saldos registrados en los auxiliares contables de las diversas subcuentas que integran el saldo de Gastos por Comprobar del partido, reflejados en las balanzas de comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.

Asimismo, garantizado el derecho de audiencia del recurrente mediante los oficios de errores y omisiones de primera y segunda vuelta que le fueron notificados al recurrente, procedió a analizas las respuestas recaídas a éstos, tras lo que finalmente determinó la vulneración a los artículos 67 numeral 1 y 84 numeral 1, inciso a), ambos del RF.

Posteriormente, a lo largo de los apartados de la Resolución controvertida en los que se abordaron las presentes conclusiones, abordó el estudio de los elementos a partir de los cuales, impuso la sanciones correspondientes, así como expuso las consideraciones y fundamentos que sostienen su determinación, de manera que no asiste razón al recurrente cuando afirma que la determinación de la autoridad fiscalizadora se basó tan solo en una mera aseveración.

Del mismo modo, contrario a lo que afirma el partido, del considerando 12 de la Resolución, así como de los incisos g) de los apartados de INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN de cada conclusión en estudio, se advierte que la responsable sí consideró la capacidad económica del recurrente al igual que tomó en cuenta la no reincidencia.

Lo anterior, sin que el solo hecho de que el recurrente se haya considerado como no reincidente, resulte suficiente para disminuir las sanciones que fueron impuestas, pues éstas son producto no solo de tal elemento –g) La condición de que el ente infractor haya incurrido o no con antelación en la comisión de una infracción similar—, sino también, del concurso de los diversos elementos consistentes en: a) Tipo de infracción (acción u omisión); Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron; c) Comisión intencional o culposa de la falta; d) La trascendencia de las normas transgredidas; e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; y, f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

Ahora bien, la inoperancia anunciada deviene de que, el estudio particular emprendido por la responsable en las conclusiones que se abordan no fue controvertido de manera frontal por el recurrente, pues como ha quedado de relieve, este se limitó a realizar una afirmación con la que no confronta ni desvirtúa el análisis y conclusión a la que arribó al responsable.

Misma suerte corre la aseveración respecto a la conclusión 7.07-C16-MORENA-CH, en el sentido de que la multa impuesta es desproporcional y excesiva, ello, toda vez que el partido se constriñe a mencionar la cuantía de la sanción económica en cuestión, pero deja de mencionar cuál es la razón o razones por las que a su juicio el monto determinado no es proporcional o resulta excesivo, como tampoco confronta las consideraciones de la responsable a partir de las cuales determinó la sanción de mérito.

Finalmente, con relación a que la responsable no estudió la documentación que se le presentó, y que en particular omitió analizar información que fue aportada en las respuestas a los oficios de errores y omisiones, consistente en lo siguiente:

El agravio deviene igualmente inoperante, en tanto que el recurrente se limita a realizar la reproducción de una imagen de una tabla en la que si bien se identifican en el encabezado —entre otros datos— “INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ANEXO 4-MORENA-CH”, es omiso en precisar las razones por las que a su juicio, la misma resulta relevante para modificar o revocar las conclusiones aquí controvertidas, esto es, no indica cómo es que a través de la información de dicha tabla era de tenerse por acreditado que dejó de reportar saldos en cuentas y/o saldos por cobrar con antigüedad mayor a un año, ya sea sin recuperarse o comprobarse —conclusión 7.07-C15-MORENA-CH— o bien, saldos contrarios a su naturaleza, por lo que corresponde a cuentas por pagar —conclusión 7.07-C16-MORENA-CH-, para el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por los montos señalados en cada conclusión, así como tampoco precisa si en su caso se trata de una corrección o de documentación soporte tendente a acreditar plenamente las acciones de pago y/o permanencia de saldos contrarios a la naturaleza de una cuenta por cobrar que reflejaban comprobaciones o recuperaciones en exceso.

Ello, sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional, que el Anexo al que refiere la responsable en el Dictamen controvertido, corresponde al ANEXO 4-MORENA-CH —mismo dato que se observa de la tabla que reproduce el partido—, sin embargo, como ha quedado precisado, el recurrente es omiso en aportar o señalar algún dato o elemento de su reproducción con el objeto de contrastar el anexo de referencia de la responsable, mucho menos, se insiste, identifica qué de dicha tabla dejó de considerar la responsable al momento de analizar la conducta observada o imponer la sanción correspondiente.

De ahí que no baste tal reproducción para que este Tribunal emprenda el estudio de la integridad de información capturada en el SIF en relación con la que contiene el citado ANEXO, pues ello superaría un ejercicio de suplencia de la deficiencia de la queja para dar lugar, a partir de una simple aseveración, a una sustitución en la obligación de quien promueve de controvertir de manera específica las consideraciones que la responsable tomó en cuenta para dictar los actos impugnados.

CONCLUSIÓN 7.15-C5-MORENA-JL

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Se duele de que la responsable haya considerado que respecto a los saldos identificados en la columna “AS” del ANEXO3-MORENA-JL del dictamen que corresponde a saldos del ejercicio 2019, el partido no realizó manifestación y/o aclaración alguna, así como que de la revisión al apartado de registros contables no se localizó registro alguno referente a este saldo, por lo que presenta un saldo con antigüedad mayor a un año por $33,675.78 (treinta y tres mil seiscientos setenta y cinco pesos 78/100 M.N.).

Dicha determinación causa agravio -menciona el recurrente-, puesto que el CGINE pasa por alto los argumentos vertidos, ya que de manera oportuna MORENA comunicó que el Comité Ejecutivo Estatal[18] presentó ante la autoridad el oficio no. OF/MOR/RP/717/ de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, solicitando la autorización para la baja y cancelación de saldos que ya fueron sancionados en el dictamen INE/CG650/202 con antigüedad mayor a un año, de conformidad al artículo 84 numeral 1 inciso c) y d) del RF, el cual menciona que una vez multados pueden ser cancelados utilizando las cuentas de superávit/déficit de acuerdo a la naturaleza de los mismos.

De ahí que sostenga al recurrente, que en este acto se pretende sancionar a MORENA por un acto que ya fue sancionado en otro momento, vulnerando el principio non bis in ídem.

Asimismo, alega que, si la responsable afirma que no se localizó registro alguno referente a este saldo, ello debió de notificarse a MORENA, pues una cosa es que no haya localizado la información y otra es que no se haya ofrecido o que no exista.

RESPUESTA

El disenso resulta infundado, como se explica a continuación.

De las constancias de los expedientes se desprende que mediante oficio INE/UTF/DA/43872/2021 la UTF le informó al partido actor que durante la revisión a los saldos registrados se detectó que por lo que corresponde a los “Saldos generados en 2019 y Anteriores” existen saldos que MORENA reportó al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, y que, una vez aplicadas las comprobaciones o recuperaciones efectuadas al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, presentan una antigüedad mayor a un año.

Por lo que se le solicitó presentar en el SIF lo siguiente:

“• La integración de saldos al 31 de diciembre de 2020, de los rubros de “Cuentas por Cobrar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otro de naturaleza análoga, en la cual señale los nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de los mismos.

• En caso de que cuente con los elementos de prueba suficientes respecto de los saldos con antigüedad mayor a un año, que fueron objeto de sanción, se le solicita presentar la documentación que acredite las sanciones impuestas por la autoridad.

• La documentación que ampare las acciones legales llevadas a cabo, tendentes a documentar la imposibilidad práctica del cobro o recuperación de los saldos de cuentas por cobrar, con la finalidad de transparentar el origen y destino de los recursos y la documentación que acredite la existencia de alguna excepción legal.

• En caso de existir comprobaciones de cuentas por cobrar que presenten documentación de 2020 y que correspondan a justificaciones de adeudos de ejercicios anteriores, deberá presentar la respectiva documentación soporte, en las cuales se indique con toda precisión a qué periodo corresponden, anexando la póliza que les dio origen.

• En su caso, la documentación que ampare las excepciones legales que justifiquen la permanencia de los saldos de las cuentas por cobrar señaladas.

 
• La evidencia documental que acredite la recuperación o comprobación de las cuentas en comento, con posterioridad al cierre del ejercicio en revisión, identificando la póliza de registro correspondiente en el SIF.”

Derivado de lo anterior, el partido político respondió como se transcribe enseguida:

“Este instituto político a efecto de estar en posibilidades de dar cabal cumplimiento a la legislación electoral ha dado puntual seguimiento al presente asunto pues tenemos un compromiso amplio con la transparencia y la rendición de cuentas, ya que es uno de los ejes de nuestra plataforma y de nuestros principios partidistas, por lo que en este sentido ha buscado en todo momento cumplir puntual con las obligaciones en materia de fiscalización que la ley exige y las propias que la autoridad electoral ha impuesto, es así que derivado de la revisión del estado de Jalisco se realizó el registro de los saldos sancionados de ejercicios anteriores como son deudores diversos, anticipo a proveedores y gastos por amortizar del 2018 que equivalen a 896,408.36 en la póliza PC-DR-2/12-20.”

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SIF, la UTF mediante segundo oficio de errores y omisiones, se refirió de manera específica a los saldos identificados en la columna “AS” del Anexo 6.2 del propio oficio que corresponde a saldos del ejercicio 2019, indicando que el sujeto obligado no realizó manifestación y/o aclaración alguna, así mismo de la revisión a los diferentes apartados del SIF, no fueron localizados, por lo que presenta un saldo con antigüedad mayor a un año el importe de $33,675.78 (treinta y tres mil seiscientos setenta y cinco pesos 78/100 M.N.), como se detalla en la siguiente tabla obtenida del anexo referido:

En consecuencia, volvió a requerir a MORENA a fin de que presentara la misma documentación señalada en el primer oficio de errores y omisiones.

En respuesta, el instituto político manifestó que el CEE presentó ante la autoridad “el oficio no. OF/MOR/RP/717/ el día 08/11/2021” solicitando la autorización para la baja y cancelación de saldos que ya fueron sancionados en el dictamen INE/CG650/2020 con antigüedad mayor a 1 año, de acuerdo al artículo 84 numeral 1 inciso c) y d) del RF el cual menciona que una vez multados pueden ser cancelados utilizando las cuentas de superávit/déficit de acuerdo a la naturaleza de los mismos.

En el dictamen consolidado, la Comisión de Fiscalización determinó, por una parte, que en relación a los saldos mayor a un año generados en 2018, se constató que el sujeto obligado realizó el registro contable con la corrección de saldos en la póliza PC-DR-2/12-20, con la documentación soporte consistente en la integración de saldos sancionados del 2018 por un importe de $896,408.36 (ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos ocho pesos 36/100 M.N.), así como el escrito de cancelación OF/MOR/RP/717/2021 de fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno, de los saldos sancionados en ejercicios anteriores, utilizando la cuenta déficit o superávit como lo indica la normativa; por tal razón, la observación quedó atendida.

Mientras que, por lo que se refiere a los saldos del ejercicio 2019 en los que presenta un saldo con antigüedad mayor a un año por un importe de $33,675.78 (treinta y tres mil seiscientos setenta y cinco pesos 78/100 M.N.), el sujeto obligado no realizó manifestación y/o aclaración alguna, por tal razón, la observación no quedó atendida.

Fijado el contexto de esta conclusión sancionatoria, el agravio del partido actor deviene infundado, en razón de que, tal como lo concluyó la autoridad electoral, lo cierto es que MORENA no realizó manifestación o aclaración alguna, en específico, respecto de los saldos del ejercicio 2019.

En efecto, en sus escritos de respuesta el partido apelante únicamente abordó el tema de los “Saldos con antigüedad mayor a un año y que ya fueron sancionados en ejercicios anteriores”, que corresponden a la cantidad de $896,408.36 (ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos ocho pesos 36/100 M.N.) y que se identificaron en el rubro “AH” del Anexo 6.2 del primer oficio de errores y omisiones; tema en el cual el instituto político refirió que había presentado ante la autoridad la solicitud de autorización para la baja de saldos que ya fueron cancelados.

Por esta razón, la autoridad fiscalizadora en su dictamen consolidado solo tuvo esta observación por atendida. Cabe recordar, que el primer oficio de errores y omisiones se refirió a diversos saldos registrados que tenía el partido MORENA en su balanza de comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. En esa diversidad de cuentas, la correspondiente a saldos del ejercicio 2019, por el importe de $33,675.78 (treinta y tres mil seiscientos setenta y cinco pesos 78/100 M.N.) es solo una de tales cuentas.

En este orden de ideas, fue acertado que la autoridad fiscalizadora determinara que el partido político no emitió aclaración alguna al respecto; puesto que, de la revisión de las respuestas correspondientes, se constata que, en efecto, así fue.

Precisado lo anterior, deviene igualmente infundado que la responsable pretenda sancionar a MORENA por un acto que ya fue sancionado en otro momento, vulnerando el principio no bis in ídem; toda vez que, como ha sido expuesto, la observación que quedó atendida fue la relativa a dichos saldos que ya fueron sancionados, según lo identificó la autoridad fiscalizadora, conforme a la resolución INE/CG650/2020 del CGINE respecto de la revisión de los informes y gastos correspondientes al ejercicio 2019, en cuya conclusión 7-C14-JL, MORENA fue sancionado por reportar saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, por un importe de $896,408.36 (ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos ocho pesos 36/100 M.N.).

Sin embargo, respecto a este saldo, según se mencionó previamente, el partido únicamente debía realizar la cancelación, gestión que eventualmente hizo, quedando así atendida la observación respectiva. Por ende, se evidencia que la conclusión sancionatoria aquí impugnada no es relativa a dichos saldos que ya fueron sancionados; de ahí que carezca de razón el recurrente en su afirmación.

Por otro lado, tampoco asiste la razón al recurrente cuando afirma que se le debió notificar de dicha situación, dado que la autoridad fiscalizadora le requirió en dos ocasiones a efecto de que realizara manifestación y/o aclaración alguna respecto de los saldos con antigüedad mayor a un año por el importe de $33,675.78 (treinta y tres mil seiscientos setenta y cinco pesos 78/100 M.N.), sin que así lo hubiere hecho el instituto político. 

CONCLUSIONES 7.4-C8 Bis-MORENA-BS,

7.26-C3-MORENA-SI Y 7.27_C15_SO[19]

SÍNTESIS DE AGRAVIO

La responsable realiza una mala tipificación de la conducta, que vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad, imponiendo una sanción económica para una falta sustancial o de fondo, respecto a una conducta de acción (por reportar saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte), cuando en realidad, el tipo que se pretende sancionar, previsto en el artículo 67 numeral 1 del RF, se trata de una de omisión simple, como se advierte de la redacción de dicha disposición que establece:

“…y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados como gastos no comprobados, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal.”

Con lo anterior se tiene que la responsable incurrió en una falta de adecuación de la conducta al tipo administrativo, que a su vez origina una atipicidad, a la que se suma que, de conformidad con el artículo 65 numeral 1 del RF, la acción de reportar gastos ésta permitida y no es sancionable, y se convierte en un hecho incierto bajo las características de cada caso, la fecha en que deban ser cobradas, siempre que sea durante el siguiente ejercicio.

Asimismo, la resolución controvertida es incongruente, toda vez que, en la Calificación de la falta inciso a) tipo de infracción (acción u omisión) se imputó una conducta de acción, pero en la Calificación de la Falta inciso d) La Trascendencia de la normatividad transgredida, se tipifica en una conducta de omisión, como realmente corresponde a “la no recuperación de recursos que no tuvieron una justificación de su salida”.

En consecuencia, toda vez que el recurrente considera que se le dejó en estado de indefensión, en virtud de no actualizarse el principio de tipicidad, y de que la responsable no fundó y motivó de manera congruente su sanción consistente en una multa, ésta debe dejarse sin efectos u ordenarse al CGINE emita una nueva resolución, máxime que lo controvertido en el proceso y lo investigado no han generado una vulneración en cuanto a la certeza del destino de los recursos, materia principal de la autoridad fiscalizadora.

RESPUESTA

El agravio deviene infundado, conforme a lo siguiente.

Si bien el artículo 65 del RF[20], reconoce la posibilidad de que los sujetos obligados generen derechos exigibles a su favor, con motivo de las operaciones o transacciones económicas que lleven a cabo por enajenaciones, comprobación de recursos o cualquier otro concepto análogo, siempre que ello se vincule y se vea respaldado conforme a la normativa aplicable, cierto es también que de conformidad con el párrafo 1 del numeral 67 del RF, si al cierre de un ejercicio un sujeto obligado presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar y, al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados como gastos no comprobados, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la existencia de alguna ex­cepción legal; es decir, la cuestión de que se considere como un gasto no comprobado implica una “acción” referente a la realización de una erogación sin comprobar.

En esa tesitura, la falta en que en la especie incurrió el recurrente, sí corresponde a una de acción, en tanto la acción cometida por el partido consiste en que éste continúa reportando cuentas por cobrar generadas a partir de dos mil diecinueve o antes, más alla del cierre del ejercicio siguiente al en que se generaron—dos mil veinte—, es decir, aun cuando se permite reportar cuentas por cobrar en un ejercicio, el hecho de que al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúen reportados como no recuperados o comprobados, sí constituye una acción que a la vez encuadra en lo previsto por el numeral 1, del artículo 67 del RF.

De ahí que la responsable no incurrió en la falta de adecuación de la conducta al tipo administrativo (u omisión de análisis como lo expone el recurrente), atipicidad ni en la incongruencia que se alega, en tanto el tipo de la infracción —acción— que señaló en el inciso a) del apartado de individualización de la sanción, es acorde con lo expuesto en el diverso inciso d) La trascendencia de la normatividad transgredida, en el que precisó que, una de las finalidades del articulo 67, numeral 1 del RF es precisamente, evitar que mediante el registro de cuentas por cobrar se evada ad infinitud[21] la debida comprobacion de los egresos realizados por los partidos políticos.

Finalmente, tampoco asiste razón al recurrente cuando refiere que no se ha generado una vulneración al principio de certeza del destino de los recursos, pues como señaló la autoridad fiscalizadora en el inciso e)[22] del apartado de INVIDIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida sí corresponde al de garantizar la certeza en el adecuado manejo de los recursos, que se traduce en una falta de resultado que ocasionó un daño directo y real al citado bien; consideraciones que no son controvertidas de manera frontal por el partido, pues éste se limitó a negar lisa y llanamente tal vulneración. 

7.07-C14-MORENA-CH

SÍNTESIS DE AGRAVIO

La autoridad fiscalizadora ha violentado los principios de exhaustividad, certeza y legalidad, al imponer una sanción con la simple manifestación de que: “…no realizó correcciones o rectificaciones”; por lo que se solicita se tenga por cumplida la comprobación señalada y se elimine la sanción impuesta.

La imposición del 100% del monto involucrado, aplicada en una reducción del 25% de la ministración mensual por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la suma de $860,000.00 (ochocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), causa perjuicio al recurrente ya que, suponiendo sin conceder la existencia de la supuesta falta, y en caso de existir la presunta omisión que genera la sanción, se debe atender al principio de proporcionalidad , toda vez que la multa resulta excesiva y carente de fundamentación, dado que se comprobó conforme a la normativa, el correcto uso de la ministración, que fue registrado en el SIF por lo que la falta manifestada por la responsable, en la falta de la demostración de la transferencia electrónica resulta inexistente y quedó debidamente demostrada.

Por lo que hace la reincidencia, la responsable estimó que no existe, aunado a que no se tomó en cuenta la capacidad económica del partido, de ahí que se estimen vulnerados los principios de exhaustividad, certeza y legalidad, así como de fundamentación y motivación, en virtud de que no se estudiaron las documentales ingresadas, así como porque toda resolución debe exponer los preceptos jurídicos aplicables y su adecuación con los motivos aducidos lo que en la especie no aconteció.

RESPUESTA

El agravio es infundado por una parte e inoperante por otra de acuerdo con las razones que se exponen a continuación.

Del ID 38 del Dictamen impugnado, se advierte en esencia lo siguiente:

Lo infundado del agravio resulta de que, como se observa, contrario a lo que afirma el recurrente, la autoridad fiscalizadora no determinó la falta a partir de la simple manifestación de que no realizó correcciones o rectificaciones —de hecho, no refirió alguna corrección o rectificación—, sino que fue clara en razonar que si bien el recurrente adjuntó copias fotostáticas de pagos realizados por deudores diversos, estos se efectuaron mediante depósitos en efectivo por montos que superan las 90 UMA, razón por la que no tuvo por atendidas las observaciones formuladas al efecto.

Del mismo modo, a lo largo del apartado de la Resolución controvertida en el que se abordó la presente conclusión, tampoco se advierte referencia alguna a que el recurrente hubiese hecho o dejado de hacer alguna corrección o rectificación en torno a la omisión de realizar las recuperaciones de las cuentas por cobrar por montos que superan las 90 UMA (Unidades de Medidas de Actualización) mediante cheque o transferencia, por un monto de $430,000.00 (cuatrocientos treinta mil pesos 00/100 M.N.).

Antes bien, en la Resolución controvertida[23], la autoridad fiscalizadora fue clara en señalar que el partido incumplió la obligación de recibir a través de cheque o transferencia electrónica, a nombre del deudor, los recursos provenientes de la recuperación de cuentas por cobrar, lo que generó la vulneración sustancia al principio de certeza en el origen lícito de los recursos, y en consecuencia se afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

Asimismo, a lo largo de las páginas 739 a 747 y 2661, la responsable expuso pormenorizadamente, las consideraciones y fundamentos que sostienen su determinación, entre ellas, los elementos a partir de los cuales, impuso la sanción correspondiente, consistente en una reducción del 25% (de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $860,000.00 (ochocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.).

Ahora bien, la inoperancia en cuestión resulta precisamente, de que el recurrente es omiso en controvertir de manera frontal el estudio emprendido por la responsable, pues no basta que se limite a aseverar que los actos controvertidos violentan los principios de exhaustividad, certeza y legalidad, así como de fundamentación y motivación y que se dejaron de valorar las documentales presentadas, pero sin exponer argumentos concretos y directos, relacionados con la argumentación de la responsable, ni identificar qué constancias en concreto fueron desestimadas indebidamente o no consideradas por la autoridad responsable.

Del mismo modo, tampoco resulta suficiente que afirme que la multa resulta excesiva y violatorio de los principios de proporcionalidad, fundamentación y motivación, dado que comprobó el correcto uso de la ministración mediante los registros en el SIF y que lo manifestado por la responsable respecto a la falta de demostración de la transferencia electrónica resulte inexistente, pues, en primer orden, no identifica a qué transferencia se refiere, y como es que en su caso, la misma resulta relevante para modificar o revocar lo determinado en la presente conclusión.

A su vez, tampoco esgrime razonamiento alguno tendente a evidenciar que, contrario a lo determinado por la responsable, los pagos realizados por deudores diversos por montos que superan las 90 UMAS no se hubiesen efectuado mediante depósitos en efectivo, sino con apego a las directrices que establece el propio Reglamento, de ahí que sus alegaciones resulten manifestaciones genéricas y abstractas con las que no confronta ni desvirtúa el análisis y conclusión a la que arribó al responsable.

Ahora bien, respecto a que la responsable no tomó en cuenta la capacidad económica del partido y que no hubo reincidencia, el agravio es infundado, en tanto la autoridad fiscalizadora, en el considerando 12 de la Resolución, sí consideró la capacidad económica del recurrente; igualmente, en el inciso g) del apartado de la INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN de la conclusión en estudio, tomó en cuenta la no reincidencia.

Lo anterior, sin que el solo hecho de que el recurrente se haya considerado como no reincidente, resulte suficiente para disminuir la sanción que finalmente fue impuesta, pues ésta fue producto no solo de tal elemento –g) La condición de que el ente infractor haya incurrido o no con antelación en la comisión de una infracción similar—, sino también, del concurso de los diversos elementos consistentes en: a) Tipo de infracción (acción u omisión); Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron; c) Comisión intencional o culposa de la falta; d) La trascendencia de las normas transgredidas; e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; y, f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas; aspectos sobre los cuales el recurrente es omiso en esgrimir algún motivo de disenso.

CUENTAS POR PAGAR

CONCLUSIÓN 7.3-C23-MORENA-BC

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Si bien, en el dictamen consolidado se indica la cuenta mayor de cada saldo, se omite el detalle de las subcuentas (nombre de cada deudor, anticipo a proveedor, proveedor y/o acreedor) que integran cada uno de los importes y que permitan identificar con claridad en los anexos de cada cuenta por pagar las partidas que integran los montos objeto de sanción, lo que resulta suficiente para una revocación lisa y llana, al no existir elementos mínimos para una adecuada defensa.

Por otro lado, refiere que las sanciones no son proporcionales con la gravedad de las faltas, además de que no deben imponerse multas excesivas, pues se debe atender a la gravedad del ilícito, la capacidad económica del infractor y la reincidencia en su caso.

Asimismo, existe una indebida motivación y fundamentación, pues no se analizaron las particularidades de las conductas y, aun cuando se afirma que se trata de faltas eran de carácter sustantivo, mientras que su análisis es una mera repetición de argumentos que en modo alguna justifican las razones para la imposición de sanciones.

Del mismo modo, las infracciones no deben calificarse como graves, al no existir dolo, por lo que debió atenuarse la sanción, máxime que solo pusieron en peligro los bienes tutelados.

RESPUESTA

El agravio resulta INFUNDADO por una parte e INOPERANTE por otra, según se expone a continuación.

De la columna de “Análisis” del Dictamen combatido se advierte lo siguiente:

Del análisis a las aclaraciones, como de la revisión a documentación presentada y los registros contables realizados por el sujeto obligado en el SIF, se constató lo siguiente:

Atendida

Por lo que respecta a los saldos contenidos en la columna (E), con antigüedad mayor a un año por un monto total de $84,317.90 conformado por las subcuentas “Proveedores” por un monto de $48,256.23 y “Acreedores diversos” por un monto de $36,061.67, se constató que el sujeto obligado presentó documentación consistente en: comprobantes de pago, facturas en formato CFDI y XML, los cuales acreditaron los pagos de los  ejercicios 2019, señalados en la columna (T), del Anexo 5-MORENA-BC del presente dictamen por un monto de $41,235.63

Por lo anterior y derivado del saldo inicial menos las comprobaciones efectuadas por el partido ($84,317.90– $41,235.63) el saldo por comprobar por un monto de $43,082.27 que al 31 de diciembre presenta antigüedad mayor a un año, del cual se determinó lo que a continuación se detalla:

Informativa

Por lo que respecta a los saldos contenidos en las columnas (As), con antigüedad mayor a un año y señalados con (A), en la columna de “Referencia del Dictamen” del Anexo 5-MORENA-BC, en cantidad de $293.76, corresponden a saldos irrelevantes.

No atendida

Por lo que respecta a los saldos contenidos en las columnas (As), con antigüedad mayor a un año y señalados con (C), en la columna de “Referencia del Dictamen” del Anexo 5-MORENA-BC, en las subcuentas de “Proveedores” y “Acreedores diversos” por un monto de $42,788.51 ($43,082.27- $293.76), por lo que esta autoridad procedió a realizar una búsqueda exhaustiva a los diferentes apartados del SIF; sin embargo, no se localizó documentación comprobatoria; saldos que al 31 de diciembre de 2020 presentan un saldo mayor a un año; por tal razón la observación no quedó atendida.

Por su parte, del Anexo 5-MORENA-BC al que se hace referencia, contrario a lo que afirma el recurrente sí es posible identificar  las subcuentas, mediante el nombre de cada una, el del proveedor y/o acreedor, así como los anticipos o abonos, de manera que sí existen elementos para identificar con claridad las partidas que integran los montos objeto de sanción, tal y como se advierte enseguida de la reproducción —en lo que interesa[24]— del Anexo de referencia:

Asimismo, tampoco asiste razón al recurrente respecto a que la resolución combatida adolece de una indebida motivación y fundamentación, por no analizarse las particularidades de las conductas, pues contrario a ello, la responsable sí señaló, en el apartado de INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN, las particularidades que en el caso se presentaron, considerando lo que identificó como el concurso de los siguientes elementos: a) Tipo de infracción (acción u omisión); b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron; c) Comisión intencional o culposa de la falta; d) La trascendencia de las normas transgredidas; e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas; y, g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

De ahí lo infundado del agravio en estudio.

Ahora bien, en cuanto a la inoperancia anunciada, la misma resulta de que el recurrente no controvierte de manera razonada, concreta y frontal, los razonamientos de la responsable al individualizar la sanción a partir de los elementos antes citados, sino que se limita a afirmar de manera genérica, que las sanciones no son proporcionales con la gravedad de las faltas, que está prohibida la imposición de multas excesivas, que se debe atender a la gravedad del ilícito, la capacidad económica del infractor y la reincidencia en su caso, así como que la infracción no debió calificarse como grave  al no existir dolo y considerando que solo pusieron en peligro los bienes tutelados, todo ello se insiste, sin confrontar el análisis emprendido por la autoridad fiscalizadora al momento de calificar la falta. 

De igual modo es inoperante porque el recurrente dejó de advertir que desde el primero oficio de errores y omisiones atendió lo indicado por el CGINE, tal como se reconoce en el propio dictamen, y “…derivado de los ajustes, reclasificaciones y/o correcciones, realizadas por el partido, los saldos observados sufrieron disminuciones, determinándose…”, cambios en la observación inicial.

Esto es, el recurrente no opuso algún obstáculo para cumplir desde el primer oficio de errores y omisiones con la identificación de las cuentas, sino que desde se limitó a indicar una corrección en el segundo, resultando novedoso un presunto desconocimiento de a qué subcuentas o datos identificables pretendía la responsable fueran atendidas las observaciones, sin invocarlo preliminarmente, sin constituir la presente instancia una renovación del procedimiento fiscalizador.

En ese orden de ideas, ante lo genérico de sus alegaciones, éstas resultan ineficaces para modificar o revocar la sanción impuesta en esta conclusión.

CONCLUSIÓN 7.4-C10-MORENA-BS

SÍNTESIS DE AGRAVIO

La responsable realiza una mala tipificación de la conducta, que vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad, imponiendo una sanción económica para una falta sustancial o de fondo, respecto a una conducta de acción (por reportar saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte), cuando en realidad, el tipo que se pretende sancionar, previsto en el artículo 67 numeral 1 del RF, se trata de una de omisión.

De manera que la responsable fija su criterio a partir de la acción de reportar gastos, lo que se encuentra permitido de conformidad con el artículo 65 numeral 1 del RF, de manera que no es sancionable, aunado a que se convierte en un hecho incierto bajo las características de cada caso, la fecha en que deban ser cobradas, siempre que sea durante el siguiente ejercicio.

Del mismo modo, la resolución controvertida es incongruente, toda vez que, en la Calificación de la falta inciso a) tipo de infracción (acción u omisión) se imputó una conducta de acción, pero en la Calificación de la Falta inciso d) La Trascendencia de la normatividad transgredida, se tipifica en una conducta de omisión, como realmente corresponde a “la no recuperación de recursos que no tuvieron una justificación de su salida”.

En consecuencia, se dejó al recurrente en estado de indefensión, en virtud de no actualizarse el principio de tipicidad, y de que la responsable no fundó y motivó de manera congruente su sanción consistente en una multa, ésta debe dejarse sin efectos u ordenarse al CGINE emita una nueva resolución, máxime que lo controvertido en el proceso y lo investigado no han generado una vulneración en cuanto a la certeza del destino de los recursos, materia principal de la autoridad fiscalizadora.

La incongruencia anterior se agrava cuando se analiza que, en la conclusión 7.4-C10-MORENA-BS, se da tratamiento distinto a la conclusión 7.4-C10-MORENA-BS, por la misma conducta y tipo, se señala que se trata de una omisión y se sanciona con el 150% del monto involucrado.

Adicionalmente, aun cuando en el dictamen consolidado se indica la cuenta mayor de cada saldo, se omite en detalle las subcuentas (nombre de cada deudor, anticipo a proveedor, proveedor y/o acreedor) que integra cada uno de los importes y que permitan identificar con claridad en los anexos de cada cuenta por pagar las partidas que integran los montos objeto de sanción, lo que resulta suficiente para una revocación lisa y llana, al no existir elementos mínimos para una adecuada defensa.

Por otro lado, las sanciones no son proporcionales con la gravedad de las faltas, pues se debe atender a la gravedad del ilícito, la capacidad económica del infractor y la reincidencia en su caso.

Asimismo, existe una indebida motivación y fundamentación, pues no se analizaron las particularidades de las conductas y, aun cuando se afirma que se trata de faltas eran de carácter sustantivo, mientras que su análisis es una mera repetición de argumentos que en modo alguna justifican las razones para la imposición de sanciones.

Del mismo modo, las infracciones no deben calificarse como graves, al no existir dolo, máxime que solo pusieron en peligro los bienes tutelados.

RESPUESTA

El agravio resulta infundado por una parte e inoperante por otra como se explica enseguida.

Lo infundado del agravio deviene de que contrario a lo que señala el partido, sí es posible identificar con claridad las partidas que integran los montos objeto de sanción, esto, pues en el Dictamen controvertido se señaló en esencia:

“(…)

Con relación a los saldos en cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año por un monto de $36,306.14, identificados en la columna “AU” del ANEXO 2-MORENA-BS del presente dictamen, la respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que, aun cuando señaló las pólizas en las que se encontraban los pagos por $29,912.80 correspondían a pagos de estos saldos, de la verificación a los registros contables, se constató que los pagos realizados corresponden a saldos del ejercicio 2020 y no a pagos de saldos correspondientes al ejercicio 2019; por tal razón, la observación no quedó atendida.

En consecuencia, el sujeto obligado presenta saldos en cuentas por pagar con una antigüedad mayor a un año por un monto de $36,306.14, los cuales fueron generados en el ejercicio 2019 y que al 31 de diciembre de 2020 no han sido liquidados”.

Por su parte, del ANEXO 2-MORENA-BS, se desprende —solo se reproducen las columnas que aquí interesan—, lo siguiente:

De lo anterior se desprende que sí existen elementos para una adecuada defensa e identificación de las subcuentas que dieron lugar a la sanción controvertida.

Del mismo modo, el agravio resulta infundado en relación a que existe una indebida motivación y fundamentación, por no analizarse las particularidades de la conducta, ni tomarse en cuenta la gravedad, la capacidad económica del infractor, la no reincidencia y la falta de dolo, pues contrario a ello, en el considerando 12 de la resolución, la responsable sí analizó la capacidad económica del infractor; mientras que en el apartado de INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN relativo a la presente conclusión, abordó el tipo de infracción, las circunstancias de tiempo, modo y lugar; la comisión intencional o culposa; la trascendencia de las normas transgredidas; los valores o bienes jurídicos tutelados; la singularidad o pluralidad de las faltas; así como la condición de que el infractor hubiese o no incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar, sin que en la especie, el partido esgrima razonamiento concreto alguno tendente a controvertir lo  expuesto en tales apartados por la responsable.

Ahora bien, el resto de las alegaciones del recurrente devienen inoperantes en virtud de que se erigen a partir de una apreciación inexacta, al caso, de que la conclusión en estudio tuvo lugar a partir de la vulneración del numeral 1 del artículo 67 del RF, y que el tipo de infracción se tuvo como de acción, cuando en realidad, como se advierte tanto del Dictamen como de la Resolución controvertidos, el artículo que se incumplió corresponde al 84, numeral 1, inciso a) del RF[25], mientras que el tipo de la infracción fue calificado como de omisión.

En ese orden de ideas, considerando que la falta sancionada no consistió en que el sujeto obligado reportó saldos en cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año, generados en el ejercicio dos mil diecinueve, que no han sido liquidados al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, como erróneamente asume el recurrente, sino en que se reportaran saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados a la última fecha antes citada, es claro que los motivos de reproche del recurrente resultan ineficaces al guardar correspondencia con lo determinado por la responsable.

Ilustran lo anterior las jurisprudencias: “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS”[26] y “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO”[27].

Asimismo, respecto a que existe una incongruencia por dar tratamiento distinto a las conclusiones 7.4-C10-MORENA-BS y 7.4-C10-MORENA-BS, la inoperancia resulta de que el recurrente trata de confrontar la misma conclusión, es decir, lejos de identificar conclusiones distintas con el objeto de que sean contrastadas entre sí por este órgano jurisdiccional, lo que señaló fue una única conclusión —la que es objeto de estudio al momento—, de manera que no es posible  emprender un análisis comparativo.

Finalmente, por lo que hace a que la falta era de carácter sustantivo, y que su análisis es una mera repetición de argumentos que en modo alguna justifican los motivos para la imposición de sanciones, tales manifestaciones se tornan inoperantes en virtud de que se trata tan solo de afirmaciones genéricas y abstractas en tanto no se acompañan de la exposición razonada de consideraciones concretas en las cuales se sustentan tales alegaciones, esto es, en los que el recurrente explique el porqué de sus aseveraciones, de ahí que no resulten aptas para modificar o revocar la determinación a la que arribó la responsable.

De igual modo es inoperante lo manifestado sobre las subcuentas porque el recurrente dejó de advertir que desde el primero oficio de errores y omisiones atendió lo indicado por el CGINE, tal como se reconoce en el propio dictamen.

Esto es, el recurrente no opuso algún obstáculo para cumplir desde el primer oficio de errores y omisiones con la identificación de las cuentas, sino que desde se limitó a indicar una corrección en el segundo, resultando novedoso un presunto desconocimiento de a qué subcuentas o datos identificables pretendía la responsable fueran atendidas las observaciones, sin invocarlo preliminarmente, sin constituir la presente instancia una renovación del procedimiento fiscalizador.

CONCLUSIÓN 7.07-C21-MORENA-CH

SÍNTESIS DE AGRAVIO

El partido recurrente se duele de que la responsable parte de premisas falsas y omite analizar información que fue aportada en las respuestas a los oficios de errores y omisiones emitidos por ella misma.

Al efecto, inserta en su escrito de demanda imágenes que, dice, corresponden a la información que la responsable omitió analizar. 

Por lo anterior, indica, es que la autoridad fiscalizadora ha violentado los principios de exhaustividad, certeza y legalidad, que deben imperar en toda resolución emitida por autoridad administrativa, al pretender imponer a MORENA una sanción con la simple argumentación de que “…no realizó correcciones o rectificaciones”.

Asimismo, se duele de la insuficiencia de motivación; falta de análisis exhaustivo; así como omisión de adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 

Por otra parte, expone que, suponiendo sin conceder la existencia de la supuesta falta, la multa impuesta resulta excesiva y en ella la responsable no tomó en cuenta la capacidad económica de MORENA.

RESPUESTA

Procede desestimar los agravios vertidos, al ser inoperantes e infundados, por las razones que enseguida se plasman.

En principio, es dable referir que la autoridad fiscalizadora primeramente notificó al recurrente que, en seguimiento a las conclusiones del dictamen consolidado con respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales correspondientes al ejercicio 2019, se percató que el partido político MORENA presenta saldos contrarios a su naturaleza en “cuentas por pagar” por un importe de -$38,642.12 (menos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y dos pesos 12/100 M.N.). Ello, como se detalla en el siguiente cuadro.

Derivado del análisis a la respuesta presentada por el partido, así como de la revisión a la documentación alojada en el SIF, la autoridad fiscalizadora concluyó que se constató que MORENA omitió efectuar las correcciones correspondientes a sus registros contables, por lo que, persisten los saldos contrarios a la naturaleza de un pasivo que reflejaban pagos en exceso o por comprobar de terceros o por mal registros contables, mismos que presentan una antigüedad mayor a un año, por un monto de -$38,642.12 (menos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y dos pesos 12/100 M.N.).

Expuesto lo anterior, se evidencia la inoperancia del motivo de reproche del actor, ya que no basta con señalar que la responsable se basó en premisas falsas, pues tal señalamiento al ser vago y genérico, resulta ineficaz para controvertir los argumentos vertidos por la autoridad con base en los cuales, a su juicio, se actualizó la conducta infractora.

En el caso, era preciso que el recurrente indicara cuál exactamente de las consideraciones sostenidas y preceptos normativos citados por la autoridad fiscalizadora, por los que determinó que el partido político tenía saldos contrarios a la naturaleza por el monto antes indicado, resultaba incorrecto.

Ahora bien, procede desestimar el reproche del recurrente por el que se duele de que la responsable haya determinado la actualización de la infracción bajo el simple argumento de que el partido “realizó correcciones o rectificaciones”, toda vez que ello resulta inexacto.

Contrario a lo sostenido, la responsable precisó que MORENA había infringido lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del RF, conforme al cual, se desprende el deber a cargo de los sujetos obligados de llevar un adecuado control en el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que una vez realizado el registro de una cuenta por cobrar, el partido tiene la obligación de recuperar los recursos económicos consignados en el registro de la operación.

Por otra parte, respecto a que la autoridad fiscalizadora fue omisa en analizar las evidencias que el recurrente inserta como imágenes en su escrito de demanda, resulta igualmente inoperante; pues, de dichas imágenes el partido no argumenta de qué manera se vinculan o impacta el contenido de las mismas con la conclusión en análisis y,  en el supuesto no concedido que ello así hubiera sido, de su contenido se advierte que no corresponden a los proveedores ni a las cantidades que la UTF precisó en el cuadro antes referido que era necesario corregir. Por lo que, aun en el mejor de los casos para el recurrente, su reproche se tornaría ineficaz.

Por último, en relación a que la multa impuesta resulta excesiva y en ella la responsable no tomó en cuenta la capacidad económica de MORENA. Tal reproche resulta inoperante, en parte e infundado, por otra.  

Lo infundado radica en que, opuesto a lo señalado, la responsable sí tuvo en consideración la capacidad económica del partido político MORENA, en el considerando 12 de la resolución controvertida.

Lo inoperante del agravio obedece a que el recurrente no controvierte las razones dadas por la responsable para imponerle la sanción, únicamente se limitó a manifestar que la multa resulta excesiva, sin aportar elementos ni exponer mayor justificación o argumento para sustentar por qué en su concepto merece ese calificativo.

EGRESOS NO COMPROBADOS

CONCLUSIÓN 7.3-C7-MORENA-BC

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Se duele el recurrente de que la autoridad electoral haya determinado que MORENA infringió la normatividad reglamentaria, porque aun cuando presentó la documentación comprobatoria para sustentar diversas operaciones, omitió presentar el comprobante fiscal en formato XML.

Argumenta, que la responsable indebidamente sostiene que el uso del formato XML es el documento idóneo para sustentar las operaciones materia de observación; cuando lo cierto es que dicha omisión es una mera formalidad porque el formato digital es un elemento más respecto de toda la documentación comprobatoria que se solicita para sustentar cada una de las operaciones que son realizadas.

Sin embargo, argumenta el actor, la responsable pasó por alto que el formato digital o electrónico para comprobar las operaciones es solo uno de los documentos exigidos por la normatividad en materia de fiscalización para comprobar sus operaciones, cuya falta de presentación no obstaculiza la facultad fiscalizadora del CGINE, por lo que en modo alguno su omisión puede ser la base para sancionar a MORENA por un “incumplimiento total” como se alude en la resolución impugnada.

Expone, que al menos debió considerarse como atenuante el hecho de que MORENA presentó diversos documentos en formato (PDF), por lo que, en todo caso, se trata de un incumplimiento parcial.

Asimismo, solicita la aplicación del criterio sostenido en los precedentes ST-RAP-20/2019 y SUP-RAP-336/2019, en los que se ha determinado que la omisión de presentar documentación comprobatoria en formato XML puede calificarse como una falta meramente formal.

RESPUESTA

El agravio resulta inoperante, ya que los argumentos del actor resultan ineficaces para controvertir las razones que dieron origen a la conclusión sancionatoria impugnada, según se demuestra enseguida.

Mediante oficio INE/UTF/DA/47663/2021 de siete de diciembre de dos mil veintiuno, la UTF informó al partido recurrente que, de la revisión a la documentación presentada en el SIF, se localizaron, entre otros, los siguientes registros contables que no cuentan con la documentación soporte correspondiente, como se detalla en el cuadro siguiente:

En respuesta, mediante escrito número CEN/SF/804/2021 de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, MORENA manifestó, en relación a cada una de estas dos pólizas materia de observación, lo que a la letra se transcribe:

“…La Autoridad solicitó factura y XML, sin embargo, por ser un pago de servicio público básicos, estos no cuentan con dicho documento, ya que el recibo hace las veces de factura, mismo que se encuentra como soporte con estatus activo con fecha de …”

Al respecto, la UTF consideró insatisfactoria tal respuesta, toda vez que, aun y cuando mencionó que nunca se han requerido, la norma es clara en establecer que el sujeto obligado debe presentar los comprobantes fiscales de sus operaciones en términos a lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Por su parte, MORENA, en el segundo escrito de respuesta número CEN/SF/885/2021 de catorce de diciembre pasado, manifestó lo siguiente:

“Se considera que la solicitud de la Autoridad podría resultar un tanto inapropiada y quizás excesiva, porque estos pagos de servicios básicos son normados por el propio SAT y dichos recibos hacen las veces de Documento fiscal probatorio, en tal sentido, se le solicita a la Autoridad dar por Atendida esta observación.”

La observación se estimó no atendida por la autoridad fiscalizadora, toda vez que, aun y cuando el partido menciona que los servicios básicos son normados por el SAT y que los recibos hacen las veces de documento fiscal probatorio, la norma es clara en establecer que el sujeto obligado debe presentar sus comprobantes en los términos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación de todas las operaciones registradas en su contabilidad.

En consecuencia, al determinarse que el sujeto obligado omitió presentar dos comprobantes fiscales en formato XML y PDF por un monto de $50,712.00 (cincuenta mil setecientos doce pesos 00/100 M.N.), se incumplió lo dispuesto por el artículo 127 numerales 1 y 2 del RF, por lo que dicho monto se tuvo como egreso no comprobado.

Ahora bien, la inoperancia de los argumentos vertidos por el partido actor obedece a que éstos se enfocan en desvirtuar la necesidad de presentar la documentación que respalda las operaciones realizadas en formato XML, dejando con ello de reconocer que en el caso de las pólizas materia de observación, no presentó los comprobantes fiscales digitales por internet respectivos en ninguno de los dos formatos requeridos, esto es, XML y PDF.

Pues no obstante que el actor asevere que debería de considerarse como atenuante el hecho de que presentó diversos documentos en formato PDF, ello no fue así. Tal como lo reconoció el propio partido al dar respuesta a los requerimientos de la UTF, mencionando que únicamente contaba con el recibo que “hace las veces de factura”.

En ese orden de ideas, no se estaría ante un incumplimiento parcial, como pretende hacerlo valer el recurrente, sino ante un incumplimiento total, dado que, según se ha expuesto, el partido fue omiso en presentar los dos comprobantes fiscales digitales necesarios.

Por ello, aun cuando en el caso hipotético, suponiendo sin conceder, le asistiera la razón en cuanto a que el formato XML es una mera formalidad cuya falta no obstaculiza la facultad fiscalizadora del CGINE, según refiere que se sostuvo en los precedentes que cita de este Tribunal, quedaría incólume su omisión de presentar el diverso comprobante fiscal en formato PDF, por lo que la acreditación de la conducta infractora persistiría.

Asimismo, no pasa desapercibido que al dar respuesta a los oficios de errores y omisiones el actor haya manifestado que “por ser un pago de servicio público básicos, estos no cuentan con dicho documento, ya que el recibo hace las veces de factura”; sin embargo, lo cierto es que, en su caso, este argumento debió hacerlo valer ante esa autoridad, precisando la ubicación del recibo en el SIF, o bien, adjuntar la información correspondiente desde el oficio de errores y omisiones y ante esta autoridad jurisdiccional para que, de esa manera, se hubiera estado en de analizar dicha situación, por lo cual también se torna inoperante su agravio, por lo cual subsiste lo manifestado por la responsable en el sentido de que no presentó los formatos en PDF y XML correspondientes.

En estos términos, procede desestimar el disenso vertido en esta conclusión.

CONCLUSIÓN 7.3-C29-MORENA-BC

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Si bien la autoridad detectó las siguientes facturas que al ser verificadas en el Servicio de Administración Tributaria[28] fueron canceladas:

Lo cierto es que existen diversas razones por las que se puede cancelar una factura y no propiamente por una irregularidad del recurrente, de manera que la autoridad idónea para aclarar su cancelación es el SAT, siendo que MORENA se ha conducido de manera responsable, dado que solicitó la factura, pero no tuvo conocimiento de su cancelación posterior.

Asimismo, observando las fechas de emisión de la factura del servicio corresponde al treinta de noviembre de dos mil diecinueve y la cancelación es del tres de marzo de ese año, es decir, tres días después lo que en materia fiscal nos remite a un supuesto de cancelación por solicitud de autorización vía buzón tributario, conforme al cual, si el receptor no tiene activado el buzón, no podrá estar al tanto de las solicitudes de cancelación por parte del proveedor, con lo que el SAT promueve el uso de dicho buzón, pero con ello, el contribuyente estará de acuerdo en recibir, además de las solicitudes de cancelación, notificaciones electrónicas.

De ello se deduce que el SAT no obliga a tener un buzón, y de esa manera se deja sin conocimiento si se cancela una factura, luego entonces es el SAT quien debe aclarar el motivo de cancelación, a través de las gestiones de la UTF.

Bajo dicho razonamiento MORENA no debe de ser sancionado, pues no se debe de sancionar a quien desconoce hechos que no están a su alcance, sin que resulte aplicable el principio del derecho de “El desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad”, pues tratándose de un procedimiento sancionador, se ve superado por la figura de “Error de prohibición” que cita: “el error de prohibición recae sobre la conciencia de la antijuridicidad del hecho, de manera que, al momento de su acción (Del sujeto activo de la conducta), el autor estima que su comportamiento es jurídicamente correcto, ya sea porque piensa que a su favor concurre alguna falta de justificación o bien, porque cree que su comportamiento está debidamente autorizado por la ley”.

De ahí que la sanción impuesta le cause agravio, atendiendo a la incongruencia en la resolución, que vulnera los principios de legalidad, seguridad jurídica, tipicidad y presunción de inocencia, dado que lo controvertido y lo investigado no ha podido hincar responsabilidad alguna con carácter de resultado material en tanto no se ha trastocado la certeza en el destino de los recursos.

En atención a lo anterior, lo procedente conforme a derecho es ordenar al INE que la sanción impuesta de carácter económico quede sin efectos.

RESPUESTA

El agravio resulta por una parte infundado y por otra inoperante de acuerdo con o siguiente.

El primer calificativo resulta de que, contrario a lo que asume el recurrente, la obligación que deriva de los dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 127 del RF[29], no se circunscribe a la mera solicitud de emisión de facturas, pues como se desprende del primer párrafo del citado numeral, los egresos de los sujetos obligados, deben registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado, misma que deberá cumplir con requisitos fiscales.

Conforme a lo anterior, para tener por satisfecha la obligación en cuestión, no basta —como asume el recurrente— solicitar la emisión de facturas con motivo de los egresos realizados, en tanto ello constituye apenas un paso inicial para atender la disposición de mérito, misma que además exige el registro contable mediante el documento original que, expedido en favor del sujeto obligado, cumpla a su vez con el resto de requisitos fiscales, entre los que se encuentra naturalmente, que éste sea válido y se encuentre vigente, es decir, que no hubiese sido cancelado.

En esa tesitura, la forma a través de la cual el sujeto obligado realice la verificación de los requisitos fiscales de los comprobantes objeto de registro, no distingue ni exime del cumplimiento de su obligación de comprobar los gastos realizados, ni mucho menos, transfiere la responsabilidad de su conducta al SAT, a la UTF u otros terceros, de manera que, si el recurrente optó o no por activar y/o consultar el buzón tributario provisto por el SAT o bien dejó de realizar la verificación atinente de forma directa en el portal de dicha autoridad o por algún otro medio, ello no lo ubica como pretende, ante un supuesto de excepción o de inaplicación de cumplimiento de la norma, pues ello implicaría ir en contra del principio general del derecho de que nadie puede beneficiarse de su propio dolo.

Asimismo, no pasa inadvertido para esta Sala que, las fechas de emisión de las facturas que dieron lugar a la conclusión en estudio, no corresponden como refiere el recurrente, al treinta de noviembre de dos mil diecinueve —emisión— y al tres de diciembre de ese año —cancelación—, sino que fueron emitidas el veintisiete de febrero y canceladas el ocho de octubre de dos mil veinte, de modo que no se trata de un supuesto de cancelación posterior a los tres días como señala.

En ese sentido, también debe considerarse que, acorde al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (relacionado con el 127 del RF), los comprobantes fiscales deberán cancelarse en el ejercicio en que se expidan, y siempre que la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación.

En ese mismo sentido, tampoco le asiste razón en que no debe de ser sancionado, en virtud de que no se debe sancionar a quien desconoce hechos que no están a su alcance, toda vez que contrario a ello, como se ha razonado, el recurrente sí estuvo en aptitud de verificar el estatus de los comprobantes en cuestión, así como incluso, estuvo en posibilidad de hacer valer las manifestaciones que estimara conducentes, en respuesta a los dos oficios de errores y omisiones que le fueron notificados por la responsable, respecto a los cuales se limitó a señalar:

RESPUESTA AL PRIMER OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES:

“El partido político MORENA, al ser considerado por el derecho como una persona moral y el cual goza de financiamiento público está obligado a llevar un registro contable, para lo cual también debe contar con una cuenta bancaria abierta exclusivamente para esos fines y a su vez una subcuenta para cada entidad federativa, misma que puede ser monitoreada por la UTF, por lo tanto, el partido MORENA debe en todo momento conducirse bajo los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y control y rendición de cuentas, ya que de no ser así y al contar con una única cuenta bancaria para tales fines, se detectarían irregularidades dentro de las operaciones, por tal motivo, el partido MORENA se encuentra obligado a llevar a cabo sus operaciones bajo los criterios de veracidad, objetividad y verificabilidad.

Por tal motivo y dado que el partido MORENA cuenta con Financiamiento público, está obligado en acreditar o demostrar cada uno de sus egresos, para lo cual, en cumplimiento de sus obligaciones cada que disfrute o reciba servicios, como es el caso que se atiende, deberán solicitar el comprobante fiscal digital por internet respectivo, como lo establece la normatividad en materia fiscal.

De igual manera, el proveedor del servicio en todo momento acredito contar con sellos y folios digitales de comprobante fiscal, los cuales son proporcionados por el mismo SAT (Los proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales deberán estar previamente autorizados por el Servicio de Administración Tributaria y cumplir con los requisitos que al efecto establezca dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general), luego entonces, ante el requerimiento del servicio por parte del partido MORENA, dicho proveedor se encuentra bajo los lineamientos que establece la normatividad fiscal, para otorgar las facturas correspondientes por tal servicio y reportarlas al SAT en su momento. Por lo tanto, hasta este momento no existe ninguna irregularidad del partido MORENA ante la veracidad, objetividad y verificabilidad del servicio requerido y que representa un egreso del financiamiento público.”

RESPUESTA AL SEGUNDO OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES:

“La obligación de revisión se hace en el momento de la contratación y previo al pago de la factura, sin embargo, no es competencia del Partido normar al proveedor y tampoco lo es de la Unidad Técnica de Fiscalización, para eso existe el SAT, ahora bien como se demuestra en la primera respuesta, se le requirió al proveedor la aclaración desde el momento que se identificó y ya no fue problema del Partido no tener respuesta, por tanto se le solicita a la Autoridad se (sic) analítico y coherente al revisar la respuesta de primera vuelta, así como las evidencias presentadas, y dejar sin efecto esta observación”.

Finalmente, la inoperancia anunciada resulta de que, no basta que el recurrente se limite a afirmar que no le es aplicable el principio del derecho de “el desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad”, y que en su lugar, aplica la figura de “Error de prohibición”, pues tal premisa descansa tan solo en una apreciación particular y subjetiva, que para esta Sala no encuentra respaldo ni asidero en alguna disposición normativa aplicable—ni el partido lo demuestra—, de modo que su sola referencia deviene insuficiente para justificar su pertinencia en el caso concreto.

Ello, porque también ha sido criterio de la Sala Superior (SUP-RAP-117/2022) que, al tratarse de la revisión de informes de ingresos y gastos, la función de la autoridad fiscalizadora consiste en verificar la información proporcionada por el partido político y no subsanar las deficiencias de lo reportado al no ser un procedimiento inquisitivo por lo que, en todo caso, era del interés del partido gestionar la aclaración con el SAT si consideraba que solo a través de esa autoridad podría hacer la aclaración correspondiente ante la UTF, pues es el propio partido quien es el sujeto obligado en el procedimiento de fiscalización. 

CONCLUSIÓN 7.4-C1-MORENA-BS

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Menciona que la responsable impone una sanción por vulnerar lo dispuesto en el artículo 127, numeral 1 y 2 del RF, pese a que la falta no se encuentra acreditada.

Ello, porque señala que las actividades de MORENA corresponden a un “egreso no comprobado” y que existe falta de transparencia y certeza, aun cuando el partido sí presentó documentación que ampara todos los egresos correspondientes al pago de personal (nómina), así como los relativos a pagos a proveedores.

Por tanto, indica, existe falta de exhaustividad de la responsable ya que la documentación relativa a todos los egresos señalados respecto a esta conclusión se encuentra en el SIF. Precisa, que, si bien pudiera existir documentación faltante, ello no significa que el egreso no esté comprobado y que no exista certeza de su destino, ya que la Comisión de Fiscalización cuenta con atribuciones para esclarecer tal inconsistencia.

Se duele de la omisión de la responsable de valorar las aclaraciones presentadas en los oficios de respuesta de primera y segunda vuelta.

Alega, que la ausencia de los preceptos legales suficientes deja sin precisión y escrutinio jurídico a la resolución y debe de considerar la nulidad del acto.

RESPUESTA

Los agravios resultan infundados, en parte, e inoperantes, por otra, como a continuación se explica.

Mediante oficio número INE/UTF/DA/46701/2021 de siete de diciembre de dos mil veintiuno, la UTF notificó a MORENA en el apartado correspondiente a “Propaganda institucional” que, de la revisión a la documentación presentada en el SIF, se localizaron registros contables que no cuentan con la documentación soporte correspondiente, como se detalla en el cuadro siguiente:

Al respecto, MORENA respondió que “este instituto político confirma que la factura 5028 con folio fiscal AAA1CCF0-3660-4E96-B1D4-E913FFEFBEF4 se encuentra adjunta en las evidencias de la póliza PN-DR-2/12-20, la cual fue pagada en 2021”.

Derivado de lo anterior, la UTF expuso, en principio, que, del análisis a las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado, así como a la documentación adjunta a su informe, se constató que presentó el estado de cuenta donde se ve reflejado el pago al proveedor identificado con el número de factura y Registro Federal de Contribuyentes[30]; por tal razón la observación quedó atendida.

Sin embargo, expuso, de la revisión del contrato presentado, no fue localizado el importe contratado ni el Anexo 1 al que hace referencia en la cláusula primera.

Adicionalmente, mencionó, que en la documentación adjunta presenta una captura de pantalla en donde se visualizan imágenes alusivas a su partido; sin identificarse la fuente de información ni el enlace para acceder al sitio Web donde se realizó la propaganda institucional.

En el segundo escrito de respuesta, MORENA expuso lo siguiente:

“mi representada anexa en el Sistema de Contabilidad en Línea, la documentación adjunta al informe, el contrato correspondiente requisitado y firmado conforme a la normativa electoral correspondiente al folio fiscal AAA1CCF0-3660-4E96-B1D4-E913FFEFBEF4, así como el acreditamiento de la persona que nos brinda el servicio propaganda institucional. Para que usted tenga mayor certeza, se agrega una captura de pantalla en la que consta que en el Sistema Integral de Fiscalización se encuentra cargada dicha documentación…”

Del análisis a las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado, la UTF mencionó que se constató que presentó el contrato de prestación de servicios, así como su Anexo 1, que hace referencia al importe contratado; sin embargo, aclaró, omitió presentar las muestras fehacientes correspondientes al manejo de imagen y publicidad digital contratada. Por tal razón, se estimó que la observación no quedó atendida.

Por su parte, el CGINE determinó en la resolución impugnada, que la falta de la conclusión sancionatoria correspondía a la omisión de presentar la documentación soporte respecto de una operación contratada por propaganda en internet, atentando a lo dispuesto en los artículos 127, numeral 1, en relación con el 46 bis del RF.

Atento a lo expuesto, se evidencia que, contrario a lo alegado por el recurrente, la autoridad responsable sí valoró las aclaraciones presentadas en los oficios de respuesta de primera y segunda vuelta.

Tan es así, que, derivado de las manifestaciones vertidas en el primer escrito de respuesta, la UTF determinó tener por atendida la observación consistente en la falta del estado de cuenta donde se viera reflejado el pago al proveedor identificado con el número de factura y RFC.

De igual forma, por virtud de lo indicado por MORENA en su segundo escrito de respuesta, la autoridad fiscalizadora tuvo por acreditada la presentación del contrato de prestación de servicios, así como su Anexo 1.

Consecuentemente, al resultar inexacto que la responsable haya dejado de tomar en consideración las aclaraciones realizadas por el partido político, el disenso vertido al respecto deviene infundado.

En relación al diverso agravio, consistente en que la responsable impone una sanción por vulnerar lo dispuesto en el artículo 127, numeral 1 y 2 del RF, pese a que la falta no se encuentra acreditada, este resulta igualmente infundado.

Lo anterior se estima así, toda vez que aun cuando el partido recurrente sostiene que presentó la documentación que ampara todos los egresos correspondientes, de conformidad a lo antes expuesto, se constata que la autoridad fiscalizadora le requirió desde el primer oficio de errores y omisiones por las muestras del manejo de imagen y publicidad digital contratada materia de observación.

Pese a ello, el partido político fue omiso en presentar la referida documentación, conducta que actualiza la infracción al artículo 127, numeral 1, en relación con el 46 bis del RF.

Ahora bien, por lo que ve al reproche en el que el apelante acusa una falta de exhaustividad de la responsable ya que la documentación relativa al egreso señalado se encuentra en el SIF y si bien pudiera existir documentación faltante, ello no significa que el egreso no esté comprobado y que no exista certeza de su destino, al contar la Comisión de Fiscalización con atribuciones para esclarecer tal inconsistencia, ello resulta infundado, de conformidad a las siguientes razones.

En principio, se debe tener en cuenta que en términos de lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Ley General de Partidos Políticos; 22, incisos a) y b); y 237, párrafo 1, inciso a), del RF es una obligación de los partidos políticos presentar sus informes, considerando la totalidad de los ingresos y gastos realizados, reflejados en los registros contables incorporados en el SIF.

Aunado a que, como se ha precisado, la Sala Superior ha indicado que, al tratarse de la revisión de informes de ingresos y gastos, la función de la autoridad fiscalizadora consiste en verificar la información proporcionada por el partido político y no subsanar las deficiencias de lo reportado al no ser un procedimiento inquisitivo.

Además, es su deber adjuntar el soporte documental de la totalidad de operaciones, así como las balanzas de comprobación y demás documentos contables previstos en el propio RF.

En concordancia con lo anterior, la autoridad fiscalizadora tiene como punto de partida lo reportado por los sujetos obligados en el SIF; no obstante, en cumplimiento a sus atribuciones comprobatorias y de investigación, la autoridad responsable puede verificar o comprobar el debido reporte de gastos, la veracidad de lo reportado y/o la licitud del gasto.

Es pertinente destacar que, como parte del procedimiento de revisión de informes de gastos, la autoridad fiscalizadora está constreñida a informar las irregularidades detectadas de la información registrada por los partidos en el SIF, así como de aquellas omisiones que se hayan observado, resultantes del ejercicio de las facultades de verificación, monitoreo y circularización de la UTF.

Así, la función fiscalizadora en este tipo de procedimientos se centra en la comprobación de lo reportado en los respectivos informes y que la carga de la prueba de acreditar que, efectivamente, se han cumplido con las obligaciones impuestas en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, recae en el propio sujeto obligado.

De ahí que era obligación de MORENA señalar de manera precisa la información atinente a cada observación y presentar de manera completa la documentación comprobatoria atinente, máxime que se trata de gastos que le generaron un beneficio el sujeto obligado.

Lo anterior, toda vez que el momento procesal oportuno para aclarar las observaciones de la autoridad fiscalizadora, es precisamente al responder el oficio de errores y omisiones, pues ello permitirá a la autoridad estudiar tanto la información, documentación y manifestaciones del sujeto obligado.

Por tanto, correspondía al partido apelante contestar de manera precisa y detallada la ubicación y el contenido de la información, así como la respuesta pormenorizada a cada una de las observaciones efectuadas por la autoridad fiscalizadora, con la finalidad de subsanar las mismas.

En el presente caso, el partido político, al responder el oficio de errores y omisiones, omitió vincular cada operación objeto de observación con algún registro específico o particularizado del SIF, de manera completa y pormenorizada. Con ello, incumplió su carga procesal y, en consecuencia, la autoridad fiscalizadora arribó a las conclusiones respectivas únicamente con la información proporcionada por el propio sujeto obligado[31].

En esas circunstancias, no resulta conforme a derecho que a través de su escrito de apelación alegue que la autoridad no fue exhaustiva en su actividad fiscalizadora.

Por último, tocante al disenso del partido actor por el que alega que la ausencia de los preceptos legales suficientes deja sin precisión y escrutinio jurídico a la resolución y debe de considerarse la nulidad del acto, el mismo resulta inoperante.

Tal calificativa, en razón de que el recurrente se limita a aducir la existencia de una indebida motivación e incongruencia de la resolución emitida que vulnera los principios de legalidad, exhaustividad y seguridad jurídica; sin embargo, de esas afirmaciones no se puede advertir por qué motivo o circunstancia el partido político arriba a tal conclusión.

Por tanto, al omitir controvertir de manera frontal las consideraciones de la autoridad responsable y no exponer argumentos lógico-jurídicos para explicar por qué considera que se actualizó la indebida motivación, o en su caso, ausencia de la misma, es que el concepto de agravio es inoperante.

CONCLUSIÓN 7.07-C13-MORENA-CH

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Aduce la parte actora que la responsable no brinda argumentos suficientes para motivar la conclusión sancionatoria.

Lo anterior, ya que, si bien se trata de la falta de coincidencia nominativa entre la persona a quien se emitió el cheque y el proveedor, del análisis de las constancias en el SIF, la autoridad podía advertir que no se trató de una falta de comprobación del correcto ejercicio del recurso; que los servicios fueron efectivamente brindados y que no se supuso una afectación por mal manejo de los referidos recursos.

Argumenta, que se trata de un error contable que no afecta la rendición de cuentas ni los valores sustanciales en la fiscalización, puesto que, de la información brindada en el SIF, resulta posible asociar el pago y su naturaleza con las operaciones y servicios que le dieron origen, como lo señala el artículo 126, numeral 6 del RF. Por lo que, insiste, debía tratarse de una falta de forma y no sustantiva.

Por otra parte, se duele de que en la individualización de la sanción no se consideraron realmente las atenuantes mencionadas por la autoridad responsable, como el hecho de que el partido no es reincidente y que la conducta no fue dolosa. Así, indica que se debió partir de un extremo mínimo para individualizar la sanción, y solo transitar a una sanción de mayor entidad al acreditarse circunstancias concurrentes o agravantes de la conducta infractora.

RESPUESTA

Previo a dar respuesta a los agravios formulados, cabe precisar que el recurrente no combate la actualización en sí de la conducta infractora, esto es, que omitió realizar el pago mediante cheque o transferencia a nombre del proveedor, por lo que realizó el pago a favor de un tercero, por un importe de $20,538.60, sino únicamente la individualización efectuada por el CGINE de la sanción correspondiente.

Ahora, por lo que ve al reproche relativo a que se realizó una incorrecta individualización de la sanción, toda vez que la responsable no brinda argumentos suficientes para motivar porqué se trata de una falta de carácter sustantiva o de fondo, el mismo resulta infundado, como enseguida se demuestra.

En el caso que nos ocupa, el CGINE determinó que el partido actor cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter sustantivo o de fondo, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 126, numerales 1 y 4 del RF.

Para arribar a dicha determinación, la autoridad expuso diversas consideraciones y fundamentos.

Mencionó que, en la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la conducta señalada son, garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

Sostuvo, que la irregularidad acreditada imputable a MORENA ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados antes indicados. Ello, al incumplir el partido actor lo dispuesto por el artículo 126 numerales 1 y 4, del RF, que dispone que los sujetos obligados deben pagar mediante cheque nominativo (con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario) o mediante transferencia bancaria las operaciones superiores a noventa días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización [UMA]) en dos mil veinte, el cual corresponde al importe de $86.88 ( ochenta y seis pesos 88/100 M.N.), realizadas con proveedores o prestadores de servicio durante el ejercicio.

Tal disposición, explicó la autoridad, tiene como finalidad llevar un debido control en el manejo de los egresos de los sujetos obligados, a través de mecanismos que permitan a la autoridad conocer el destino de los recursos de éstos, brindando certeza del destino lícito de sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.

Al establecer esta limitante, se evita que se realicen pagos para los que el Reglamento de la materia establece las únicas vías procedentes, en este sentido, el flujo del efectivo se considera debe realizarse a través del sistema financiero mexicano, como una herramienta de control y seguimiento del destino de los recursos de que se trate.

Consecuentemente se considera una falta grave girar cheques para el cumplimiento de sus obligaciones de pago, a nombre de personas que no se encuentran vinculadas a las operaciones registradas en la contabilidad de los sujetos obligados, pues al no presentar la documentación que acredite la operación con dicha persona a quien se ha girado el cheque o en su caso, los elementos de prueba suficientes que den convicción a la autoridad electoral de que la persona girada se encuentra relacionada con la operación materia de registro, se considera que la operación se encuentra viciada de origen y consecuentemente adquiere el carácter de no comprobada.

Conforme a lo expuesto, deviene claro que la responsable brindó suficientes razones para concluir que la conducta sancionatoria mereció el calificativo de falta sustantiva y no de forma, a más de que otorgó argumentos para tener por vulnerados los bienes jurídicos tutelados de la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas.

Por otra parte, en cuanto al reproche de que la responsable no consideró realmente los atenuantes en la individualización de la sanción, el mismo resulta inoperante, al partir de la premisa inexacta de que tales elementos, constituyen atenuantes que deben considerarse al momento de cuantificar la sanción.

No obstante, según se expuso previamente en esta sentencia, en términos de lo establecido en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los mencionados elementos, en caso de acreditarse, resultarían agravantes.

Sin que resulte eficaz el señalamiento del recurrente de que la responsable debió partir de un extremo mínimo para individualizar la sanción, ya que no expone razones que sustenten cuál sería, en todo caso, un extremo mínimo. Ello, teniendo en cuenta que la sanción impuesta en la especie únicamente equivale al 100% del monto involucrado de la conclusión sancionatoria, es decir constituye una cantidad que únicamente restituye el egreso considerado no comprobado.

CONCLUSIÓN 7.11-C1-MORENA-DG

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Aduce el recurrente, que el INE no consideró las pruebas que ofreció MORENA en el proceso de fiscalización, en específico, la relación de los miembros que integraron los órganos directivos en el ejercicio 2020 con el detalle de los pagos y/o remuneraciones realizadas.

Ello, en virtud de que se le informó a la autoridad fiscalizadora que, en MORENA, las erogaciones por concepto de remuneraciones a los integrantes de los órganos directivos, así como sueldos y salarios del personal durante el ejercicio 2020 fueron contemplados de manera centralizada, y que en este sentido el requerimiento realizado podría ser constatado y localizado en los registros contables del CEN. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos, que prevé la facultad de regular la vida interna y determinar la organización interior, de ahí que no se prohíba que se realice de tal forma.

No obstante lo anterior, la autoridad fiscalizadora determinó que no encontró la documentación requerida en el SIF, sin realizar las mínimas diligencias para mejor proveer, como lo es la simple revisión en el SIF. De ahí que, a fin de otorgar la garantía y derecho humano de audiencia, debió notificarle dicha situación MORENA, sin que ello implicara una segunda oportunidad defensiva, pues una cosa es que no la localice y otra es que no se haya aportado.

Asimismo, refiere que la responsable aduce que la presentación no cumplió con lo establecido en el artículo 127 numerales 1 y 2 del RF, pero no indica las causas, infringiendo el principio de legalidad al existir indebida fundamentación y motivación.

RESPUESTA

El agravio se estima infundado, en atención a las siguientes consideraciones.

De la revisión a la balanza de comprobación que realizó la UTF, observó que MORENA no reportó erogaciones por concepto de remuneraciones a los integrantes de sus órganos directivos, así como sueldos y salarios del personal durante el ejercicio 2020. Por tanto, requirió al partido por lo siguiente:

         Indique si los integrantes de sus órganos directivos recibieron alguna remuneración durante el ejercicio 2020

         Indique la manera en que su instituto político desempeña sus actividades, así como la manera en que se le remunera al personal que labora en dicho instituto. En caso de que hubieran recibido alguna remuneración, presentar lo siguiente:

         Las correcciones respectivas, de tal forma que se reflejen los registros contables por sueldos y salarios a los órganos directivos y al personal que labora en el instituto político que representa.

         Las pólizas, con el respectivo soporte documental a nombre del sujeto obligado y con la totalidad de los requisitos fiscales.

         Los cheques o transferencias bancarias expedidos a nombre del prestador del servicio; así como los estados de cuenta bancarios en los que se refleje el cobro de los mismos.

         Los contratos de prestación de servicios celebrados entre el sujeto obligado y el personal del instituto político que representa, debidamente firmados por las partes contratantes, en los cuales se detallen con toda precisión el objeto del contrato, tiempo y condiciones del mismo, así como el importe pactado y la forma de pago, junto con la copia de la credencial para votar en los casos en que los pagos fueron por concepto de honorarios asimilables a sueldos.

         La relación del cálculo de la nómina en formato Excel, con los datos de los miembros que laboren y/o presten sus servicios al instituto político (RFC, nombre, número de empleado, etc.) la cual deberá corresponder a los registros contables.

En respuesta a este requerimiento, el partido político efectivamente indicó que las erogaciones por concepto de remuneraciones a los integrantes de sus órganos directivos, así como sueldos y salarios del personal durante el ejercicio 2020 son contemplados de manera centralizada y que podrán ser localizadas en los registros contables del CEN.

No obstante, frente a tal señalamiento, la autoridad fiscalizadora sostuvo que se constató que MORENA omitió presentar evidencia de los egresos por concepto de remuneraciones. Asimismo, en relación a que los registros contables de las erogaciones por concepto de remuneraciones a los integrantes de sus órganos directivos y de sueldos y salarios, fueron registrados en el CEN, la UTF refirió que no se presentó evidencia de los registros antes mencionados. De modo que, se solicitó al instituto político a efecto de que presentara la documentación señalada en el primer oficio de errores y omisiones.

En su momento, el partido político emitió respuesta a este segundo requerimiento, indicando lo siguiente:

“…se presenta en la documentación adjunta el listado de remuneraciones a dirigentes y personal del año 2020 en formato PDF, debido a que el CEN realiza el pago centralizado de la nómina por Asimilados a Sueldos y Salarios por lo que no se ve reflejado en el CEE la revelación del gasto, solo la transformación interna de la partida de conciliación de Egresos por transferencia en especie del CEE al CEN reflejado en la póliza PC-DR-15/31-12-2020 por un monto de $2,648,460.14. Además de anexar a dicha aclaración el consolidado de nómina del respectivo CEE del año 2020 y las pólizas de su origen. Esto con apego al criterio contable acuerdo con la NIF A-1 (párrafo 22): Sustancia económica y con lo dispuesto en los artículos; 33, numeral 1, inciso i), 126, numeral 1, 127, numeral 1, 129, numeral 1, 130 numeral 1, 131, numeral 1, 132 y 257, numeral 1, inciso r) del Reglamento de Fiscalización”. Por consiguiente, respecto a las remuneraciones que recibieron durante el ejercicio 2020 los integrantes directivos, se tiene registro en la subcuenta 5-1-01-01-0023 VIATICOS NACIONALES un monto por $53,789.86. Por lo cual se anexa el auxiliar de la subcuenta mencionada como soporte de lo expresado."

Una vez realizado lo anterior, la autoridad fiscalizadora determinó en el dictamen consolidado que el instituto político presentó el listado de remuneraciones a dirigentes y personal del año 2020, por un monto total anual (neto) de $955,500.00 (novecientos cincuenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.) que incluye a quince integrantes del CEE Durango 2020.

Adicionalmente, indicó, presentó el registro contable por sueldos y salarios a los órganos directivos y al personal que labora en el instituto político por un monto de $2,648,460.14 (dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 14/100 M.N.), y adjunta evidencia de pólizas realizadas por el CEN de los registros contables de otras entidades federativas, sin embargo, de la revisión a este soporte documental se observó que no incluye nombres del listado de los integrantes del CEE Durango. Asimismo, señaló, no presentó los contratos de prestación de servicios, ficha de depósito o transferencia, factura/recibo nómina y/o honorarios (CFDI) y formato XML por un monto de $2,648,460.14 (dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 14/100 M.N.).

Precisados los antecedentes de esta conclusión sancionatoria, se desprende lo infundado del agravio del recurrente relativo a la falta de exhaustividad de la responsable, ya que ésta valoró el listado de remuneraciones a dirigentes y personal del año 2020; así como el registro contable por sueldos y salarios a los órganos directivos y al personal que labora en MORENA.

Por lo anterior, se evidencia que la responsable sí valoró la documentación exhibida, cuestión distinta es que no la consideró suficiente para comprobar los gastos observados por sueldos y salarios. Determinación que se estima correcta, ya que en términos de la documentación requerida mediante el oficio de primer y segunda vuelta, el partido político debía allegar, además, los nombres del listado de los integrantes del CEE Durango, así como los contratos de prestación de servicios, ficha de depósito o transferencia, factura/recibo nómina y/o honorarios (CFDI) y formato XML.

Documentos anteriores que constituyen lo solicitado por la autoridad responsable y que, al no aportarlos el partido político, implicó el incumplimiento a la norma y por tanto la omisión de comprobar el destino y que, al no aportarlos el recurrente, implicó el incumplimiento a la norma y por lo tanto la omisión de comprobar el destino de los gastos observados.

En cuanto al disenso de que la autoridad fiscalizadora debió realizar diligencias a fin de localizar la documentación requerida en el SIF, como pudiera ser en los registros contables del CEN, ello resulta infundado.

Al respecto, acorde a la Ley General de Partidos Políticos artículo 59 y 25 inciso n) y s), es responsabilidad de los partidos su contabilidad y la operación de SIF, asimismo es su obligación aplicar el financiamiento que les corresponda exclusivamente para los fines para los que hayan sido entregados, y elaborar y entregar los informes de origen y uso respectivo.  

Lo anterior conlleva la responsabilidad no solo de entregar los informes correspondientes sino de que dichos informes se presenten con la documentación que acredite lo dicho.

De ahí que no le asista la razón a MORENA al señalar que a partir de los documentos que refiere puede comprobarse el destino de los recursos; pues en todo caso debió presentar la documentación pertinente que acreditara que efectivamente dichos recursos fueron contemplados de manera centralizada. En el caso, presentar la evidencia de que los registros contables de las erogaciones por concepto de remuneraciones a los integrantes de sus directivos y de sueldos y salarios, fueron registrados en el CEN.

Por otro lado, tampoco asiste la razón al recurrente cuando afirma que se le debió notificar de dicha situación, dado que la autoridad fiscalizadora le requirió en dos ocasiones a efecto de que presentara la documentación que comprobara los gastos realizados por concepto de sueldos y salarios, sin que exista asidero jurídico para realizar un tercer requerimiento por la misma observación.

Respecto a que el INE estimó que se infringió lo establecido en el artículo 127, numerales 1 y 2 del RF, sin indicar las causas, ello es inexacto. Lo anterior, ya que la responsable precisó que la conducta infractora obedeció a la omisión del partido político de presentar evidencia de los egresos por concepto de sueldos y salarios por un monto de $2,648,460.14 (dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 14/100 M.N).

CONCLUSIÓN 7.15-C2-MORENA-JL

SÍNTESIS DE AGRAVIO

La parte actora menciona que la conclusión impugnada le causa agravio y que se encuentra indebidamente fundada y motivada, ya que, en respuesta a la observación de la autoridad, se anexó el comprobante de la transferencia bancaria debido a que se trata de un reembolso a favor de David Cueva por un importe de $11,164.44 (once mil ciento sesenta y cuatro pesos 44/100 M.N.).

Sin embargo, relata, la autoridad tuvo por no atendida la observación. Siendo dicha determinación ilegal, porque la responsable no analizó en su justa dimensión la respuesta que oportunamente se brindó, al hacerle notar que se trata de un reembolso.

RESPUESTA

Los agravios resultan inoperantes e infundados, según se expone a continuación.

De las constancias del expediente, se desprende que la UTF notificó al recurrente mediante el primer oficio de errores y omisiones que se observó una factura que rebasa el tope de 90 UMA de la cual su partido no realizó el pago al proveedor mediante cheque con la leyenda “Para abono en cuenta del beneficiario” o mediante transferencia bancaria, como se detalla en el cuadro siguiente:

Por lo que se le requirió a MORENA para que presentara:

        La copia fotostática del cheque a nombre del proveedor y con la leyenda “Para abono en cuenta del beneficiario” o el comprobante de la transferencia bancaria.

        Las evidencias que justifiquen razonablemente que el objeto del gasto está relacionado con las actividades del partido.

Derivado de lo anterior, el partido político manifestó que anexaba el comprobante pertinente de la transferencia.

La UTF consideró insatisfactoria dicha respuesta, toda vez que, del análisis a dicha póliza y a la transferencia presentada por MORENA, ésta es por un importe de $11,164.44 a nombre del beneficiario David Cueva Villaseñor, sin que fuera localizada el comprobante de pago a nombre del proveedor ABC Aerolíneas S.A. de C.V. En consecuencia, se le requirió al instituto político en los mismos términos que en un principio.

En respuesta a la observación, el partido insistió en que anexaba el comprobante de la transferencia bancaria debido a que se trata de un reembolso a favor de David Cueva por un importe $11,164.44 (once mil ciento sesenta y cuatro pesos 44/100 M.N.) registrada en póliza PN-DR-3/1/20 misma que fue emitida para reembolsar el pago que el ciudadano antes mencionado cubrió al proveedor por el servicio brindado.

En el dictamen final, la autoridad fiscalizadora determinó tener por no atendido el requerimiento, toda vez que aun cuando el instituto político anexó comprobante de la transferencia bancaria del reembolso referido, el RF es claro al indicar que todo pago que efectúen los sujetos obligados que en una sola exhibición rebase la cantidad equivalente a 90 UMA, deberá realizarse mediante cheque nominativo librado a nombre del prestador del bien de servicio, que contenga la leyenda “para abono en cuenta de beneficiario” o a través de transferencia electrónica.

Tomando en cuenta el contexto de la conclusión sancionatoria impugnada, carece de razón el apelante cuando afirma que ésta se encuentra indebidamente fundada y motivada, puesto que como se ha relatado, la autoridad otorgó razones para no tener por cumplido el requerimiento efectuado. Asimismo, se desprende que fundamentó su actuar en lo dispuesto por los artículos 199, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos; 33, numeral 1, inciso i), 126 numerales 1 y 2 y 296 del RF.

Sin que el recurrente exprese argumento alguno para controvertir el incumplimiento a su obligación de efectuar pagos a través de cheque o transferencia bancaria de montos que excedan las 90 UMAS, salvo el señalamiento de que se trataba de un reembolso.

Sin embargo, dicho alegato resulta ineficaz, debido a que, en todo caso, el partido es el responsable de la administración relacionada con el origen, ejercicio y debida aplicación de los recursos públicos, con independencia de la forma en que el partido los opere, ya sea de manera directa o a través de un tercero; precisamente, porque es el responsable ante la autoridad administrativa electoral nacional de demostrar con transparencia y certeza, el origen y destino de los recursos.

Esto es, los egresos que se efectúen a través de terceros o reembolsos no releva al partido de su responsabilidad de que todo pago que en una sola exhibición rebase la cantidad equivalente a 90 UMA deberá realizarse mediante cheque nominativo librado a nombre del prestador del bien o servicio, que contenga la leyenda “para abono en cuenta de beneficiario” o a través de transferencia electrónica, como parte de su responsabilidad única de responder al INE sobre el origen y destino de los recursos públicos que recibe.

CONCLUSIÓN 7.15-C9-MORENA-JL.

SÍNTESIS DE AGRAVIO

El recurrente aduce que le causa agravio la determinación de la responsable porque de manera ilegal desestimó los argumentos esgrimidos al responder la observación formulada. Es decir, aun cuando oportunamente se peticionó que se valoraran los criterios esgrimidos en razón al artículo 28 del RF, y que, por ende, se solicitaba que se tomaran por adjuntadas en el sistema, con el propósito de coadyuvar con los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas.

No obstante, insiste la parte actora, la responsable fue omisa en proporcionar una respuesta fundada y motivada sobre dicha petición.

Asimismo, reprocha que, si la responsable afirmó que no encontró la información, ello debió de notificarse a MORENA, pues una cosa es que no haya localizado la información y otra es que no se haya ofrecido o que no exista.

RESPUESTA

Los motivos de disenso resultan inoperantes, conforme enseguida se expone.

En primer término, se considera inoperante el reproche del apelante relativo a la actualización de la falta materia de la conclusión impugnada, consistente en omitir presentar muestras por los servicios prestados, ya que a través de sus manifestaciones no controvierte con argumentos lógico-jurídicos lo determinado por la autoridad fiscalizadora.

En la especie, de la revisión de los oficios de errores y omisiones y sus respectivas respuestas en lo que a esta conclusión concierne, se advierte que la UTF fue clara en requerirle a MORENA por muestras de los servicios prestados por el proveedor Cookout Party SA de CV, toda vez que existía duda por parte de la autoridad fiscal de la materialidad de las operaciones sostenidas, dado que dicho contribuyente había estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material que ampararan los comprobantes emitidos.

Pese a ello, el partido político se limitó a responder en su primer escrito de respuesta, lo siguiente:

“Es así que entendemos de la prevención hecha por la autoridad fiscalizadora y por  ende solicitamos que, con el fin de salvaguardar la esfera jurídica de mi representado, se valoren los criterios esgrimidos en razón al Reglamento de Fiscalización, y por ende con la finalidad de cumplir a cabalidad con las obligaciones fiscales, derivado de la observación hecha a mí representada por la Unidad Técnica de Fiscalización en el presente punto, este Instituto Político, está recabando la documentación comprobatoria, para brindar mayores elementos y poder subsanar la petición de esa autoridad; en ese tenor, con el propósito de coadyuvar con los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, se presentará la respuesta conducente, en el segundo escrito de contestación del oficio de errores y omisiones.”

Mientras que, en el segundo escrito de respuesta, dijo lo que se transcribe:

“Es así que entendemos de la prevención hecha por la autoridad fiscalizadora y por ende solicitamos que, con el fin de salvaguardar la esfera jurídica de mi representado, se valoren los criterios esgrimidos en razón al Reglamento de Fiscalización, y por ende con la finalidad de cumplir a cabalidad con las obligaciones fiscales, derivado de la observación hecha a mí representada por la Unidad Técnica de Fiscalización en el presente punto, se tomen por adjuntadas en el sistema, en ese tenor, con el propósito de coadyuvar con los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas.”

De lo trasunto, se evidencia que el recurrente no vertió, siquiera, manifestación o referencia alguna a que hubiere incorporado al SIF las muestras que pudieran acreditar la materialidad de las operaciones que tuvo con el proveedor Cookout Party SA de CV por un monto de $1,133,610.00 (un millón ciento treinta y tres mil seiscientos diez pesos 00/100 M.N.).

Sin que fuera dable que con la simple solicitud de que la autoridad fiscalizadora tuviera “por adjuntadas” las evidencias en el SIF, ello implicara que así tuviere que hacerse; al ser evidente que con la sola manifestación no se acredita el cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 127 del RF[32], en cuanto al deber de los sujetos obligados de soportar con la documentación debida los egresos efectuados.

Ahora, en relación a que la responsable debió notificarle a MORENA acerca de la inexistencia de la información requerida, ello es igualmente inoperante, en tanto que, como se advierte de constancias, la UTF le requirió en dos ocasiones por las muestras respectivas, sin que el partido político hubiere, siquiera, afirmado que realizó alguna gestión al respecto. Máxime que, atento a lo sostenido en esta sentencia, es obligación del partido político proporcionar al INE la información atinente a cada observación y presentar de manera completa la documentación comprobatoria atinente.

OMISIÓN DE DESTINAR FINANCIAMIENTO A RUBROS ESPECÍFICOS

CONCLUSIÓN 7.07-C7-MORENA-CH

SÍNTESIS DE AGRAVIO

La responsable concluye que, debido a la reclasificación realizada quedaron ajustados los porcentajes del financiamiento público correspondiente a las actividades específicas, faltando el importe que hoy se pretende sancionar lo que resulta falso porque la autoridad fiscalizadora ha violentado los principios de exhaustividad, certeza y legalidad, al imponer una sanción con la simple manifestación de que “…se constató que omitió destinar el porcentaje…” en cuestión, por lo que se solicita se tenga por cumplida la comprobación señalada y se elimine la sanción impuesta.

Por otro lado suponiendo sin conceder la existencia de la supuesta falta, y en caso de existir la presunta omisión que genera la sanción, se debe atender al principio de proporcionalidad, toda vez que la multa resulta excesiva y carente de fundamentación, dado que se comprobó conforme a la normativa, el correcto uso de la ministración, que fue registrado en el SIF por lo que la falta manifestada por la responsable, en la falta de la demostración de la transferencia electrónica resulta inexistente y quedó debidamente demostrada.

Por lo que hace la reincidencia, la responsable estimó que no existe, aunado a que no se tomó en cuenta la capacidad económica del partido, de ahí que se estimen vulnerados los principios de exhaustividad, certeza y legalidad, así como de fundamentación y motivación, en virtud de que no se estudiaron las documentales ingresadas, así como porque toda resolución debe exponer los preceptos jurídicos aplicables y su adecuación con los motivos aducidos lo que en la especie no aconteció.

RESPUESTA

El agravio es infundado por una parte e inoperante por otra de acuerdo con las razones que se exponen a continuación.

Del ID 23 del Dictamen consolidado se advierte que, conforme al cálculo de la responsable, el partido recurrente no destinó la totalidad del financiamiento público correspondiente a Actividades Específicas equivalente a $1,915,909.32 (un millón novecientos quince mil novecientos nueve pesos 32/100 M.N.), por lo que ello fue motivo de observación mediante el primero y segundo oficios de errores y omisiones, al cabo de los cuales, atendiendo a la respuesta dada por el sujeto obligado, así como luego de la revisión a la documentación presentada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), determinó que MORENA presentó la documentación soporte de los gastos observados como no vinculados de las pólizas que precisó al efecto, por un monto de $879,942.20 (ochocientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 20/100 M.N.), de ahí que modificara la cifra observada como financiamiento no destinado a actividades específicas para quedar como sigue:

Como se observa del cuadro anterior, la responsable determinó que se omitió destinar el porcentaje del financiamiento público correspondiente a Actividades Específicas para el ejercicio 2020, por un importe de $471,456.49 (cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 49/100 M.N.).

En ese sentido lo infundado de agravio deriva en primer orden de que, contrario a lo que afirma el recurrente, la responsable no se limitó a determinar la falta sancionada a partir de una simple manifestación de que “…se constató que omitió destinar el porcentaje…”, como tampoco, dejó de exponer los preceptos jurídicos aplicables y su adecuación con los motivos aducidos.

Antes bien, la determinación a la que arribó la responsable, tuvo lugar a partir del análisis de lo reportado en el SIF por el partido, así como sus respuestas vía oficios de errores y omisiones, en relación con su obligación —conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable y vulnerada— de destinar determinada suma por concepto de Actividades Específicas, respecto a lo cual, expuso a lo largo del ID 23 del Dictamen, así como de las páginas 709 a 719 y 2661 de la Resolución controvertida, las consideraciones y fundamentos que sostienen su determinación, en donde incluso se observa que la autoridad, derivado de las respuestas a los oficios de errores y omisiones, eliminó la cantidad por gastos no vinculados que originalmente había observado, empero, determinó que aún quedaba un importe de financiamiento no destinado para actividades específicas, que fue el motivo de la sanción.

Ahora bien, la inoperancia en cuestión resulta precisamente, de que el recurrente es omiso en controvertir de manera frontal el estudio emprendido por la responsable, pues no basta que se limite a aseverar que los actos controvertidos violentan los principios de exhaustividad, certeza y legalidad, así como de fundamentación y motivación y que se dejaron de valorar las documentales presentadas, pero sin exponer argumentos concretos y directos, relacionados con la argumentación de la responsable, ni identificar qué constancias en concreto fueron desestimadas indebidamente o no consideradas por la autoridad responsable.

Del mismo modo, tampoco resulta suficiente que afirme que la multa resulta excesiva y violatoria de los principios de proporcionalidad, fundamentación y motivación, dado que comprobó el correcto uso de la ministración mediante los registros en el SIF y que lo manifestado por la responsable respecto a la falta de demostración de la transferencia electrónica resulte inexistente, pues, en primer orden, no identifica a qué transferencia se refiere; asimismo, no esgrime razonamiento alguno tendente a evidenciar que sí reportó algún otro monto adicional al considerado como financiamiento público correspondiente a Actividades Específicas por la responsable, ni mucho menos, indica algún elemento o documentación que en su caso, hubiese sido desestimado o no considerado para tales efectos, de ahí que sus alegaciones resulten manifestaciones genéricas y abstractas con las que no confronta ni desvirtúa el análisis y conclusión a la que arribó la responsable.

Finalmente, respecto a que la responsable no tomó en cuenta la capacidad económica del partido y que no hubo reincidencia, el agravio es infundado, en tanto la autoridad fiscalizadora, en el considerando 12 de la Resolución, sí consideró la capacidad económica del recurrente; igualmente, en el inciso g) del apartado de la INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN de la conclusión en estudio, tomó en cuenta la no reincidencia.

Lo anterior, sin que el solo hecho de que el recurrente se haya considerado como no reincidente, resulte suficiente para disminuir la sanción que finalmente fue impuesta, pues ésta fue producto no solo de tal elemento –g) La condición de que el ente infractor haya incurrido o no con antelación en la comisión de una infracción similar—, sino también, del concurso de los diversos elementos consistentes en: a) Tipo de infracción (acción u omisión); Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron; c) Comisión intencional o culposa de la falta; d) La trascendencia de las normas transgredidas; e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; y, f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas; aspectos sobre los el recurrente es omiso en esgrimir algún motivo de disenso.

CONCLUSIÓN 7.07-C11-MORENA-CH

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Menciona el partido recurrente que la sanción no está fundada y motivada debidamente, ya que no se expresaron las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado; así como tampoco se expusieron las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto; además de que no existió adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

Señala que la autoridad fiscalizadora ha violentado los principios de exhaustividad, certeza y legalidad al imponer a MORENA una sanción con la simple argumentación de que se constató que se omitió destinar el porcentaje del financiamiento público correspondiente a actividades específicas para el ejercicio 2020.

Asevera que la falta manifestada por la fiscalizadora resulta inexistente, ya que, se comprobó conforme a la normatividad aplicable el correcto uso de la ministración, mismo que fue debidamente registrado en el SIF.

Expone que la sanción resulta violatoria de los principios constitucionales y convencionales que procuran la paridad de género y el refuerzo a la capacitación política hacia las mujeres.

Al respecto, cita a la Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas, quien durante la sesión del 25 de febrero expresó su preocupación al advertir que los sujetos obligados no ejercieron la totalidad del recurso etiquetado para la capacitación y promoción del liderazgo político de las mujeres. Consideraciones que, menciona el recurrente, no solamente acompaña, sino que en los hechos lo promueve.

Se duele de que quienes dirigen la construcción de criterios centrales en el CGINE sean hombres, los cuales demuestran con la sanción descomunal que se impone que su visión sobre el desarrollo de las mujeres debe ser minimizado. Por lo que, concluye, el acompañar la sanción impugnada sería tanto como impedir el avance de la formación de mujeres en la vida política electoral de México.

Por otra parte, argumenta que, suponiendo sin conceder la existencia de la supuesta falta, la autoridad impuso una multa que resulta excesiva y carece de fundamentación, al no tomar en cuenta la capacidad económica de MORENA.

RESPUESTA

Los motivos de inconformidad expuestos en torno a esta conclusión sancionatoria resultan infundados e inoperantes, atento a las siguientes consideraciones.

En primer término, deviene inoperante la manifestación de MORENA consistente en que la sanción no está fundada y motivada debidamente, y que se han violentado los principios de exhaustividad, certeza y legalidad; porque se trata de manifestaciones genéricas, que no controvierten las razones y consideraciones sostenidas por la autoridad responsable.

Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior de este tribunal electoral que, al expresar cada concepto de agravio, los justiciables deben exponer argumentos pertinentes para demostrar la ilegalidad del acto reclamado.

Por lo que, si se incumple con dicho deber, los planteamientos serán inoperantes, principalmente, cuando entre otras cuestiones, se aduzcan argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir.

Sirve de apoyo a lo anterior, la razón esencial de la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO”[33]

Tocante al agravio por el que el apelante indica que la falta manifestada por la fiscalizadora resulta inexistente, toda vez que se comprobó el correcto uso de la ministración, mismo que fue debidamente registrado en el SIF, el mismo resulta infundado, como se demuestra enseguida.

Mediante oficio INE/UTF/DA/43634/2021 de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la UTF notificó a MORENA que dicho partido político no había destinado la totalidad del financiamiento público correspondiente a la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. Al efecto, la autoridad fiscalizadora le indicó que el importe de financiamiento no destinado fue de $798,251.93 (setecientos noventa y ocho mil doscientos cincuenta y un pesos 93/100 M.N.).

No obstante dicho requerimiento efectuado, fue hasta el segundo escrito de respuesta de errores y omisiones, identificado como CEN/SF/887/2021 de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, cuando el partido político manifestó que “en lo concerniente a la documentación observada, esta yace en su totalidad en cada una de las pólizas descritas a continuación, acreditando de esta manera la comprobación del gasto, por lo que si es vinculante el importe de $519,705.09…”.

Del análisis a la respuesta otorgada por el partido, así como de la revisión a la documentación presentada en el SIF, la autoridad fiscalizadora expuso que MORENA efectivamente había presentado documentación soporte consistente en Convocatoria de evento, Programa de evento, Lista de asistentes con firma autógrafa, Fotografías, Video o reporte de prensa del evento, por un monto de $519,705.09 (quinientos diecinueve mil setecientos cinco pesos 09/100 M.N.); determinándose que los gastos se encontraban vinculados al rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres.

Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora restó de la cifra inicialmente observada ($798,251.93) la cantidad reportada por el sujeto obligado a través del segundo escrito de respuesta ($519,705.09) obteniéndose un nuevo importe a comprobar de $279,599.94 (doscientos setenta y nueve mil quinientos noventa y nueve pesos 94/100 M.N.).

De manera que, la conclusión sancionatoria consistió en que el sujeto obligado omitió destinar el porcentaje mínimo del financiamiento público ordinario 2020, para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, por un monto de $279,599.94 (doscientos setenta y nueve mil quinientos noventa y nueve pesos 94/100 M.N.).

Lo trasunto, revela que, adversamente a lo sostenido por el partido actor, éste únicamente comprobó los gastos correspondientes al rubro correspondiente a Liderazgo Político de las Mujeres, por un monto de $519,705.09 (quinientos diecinueve mil setecientos cinco pesos 09/100 M.N.) y no por la totalidad requerida, que era de $798,251.93 (setecientos noventa y ocho mil doscientos cincuenta y un pesos 93/100 M.N.). Sin que al efecto el recurrente aporte argumento alguno a fin de acreditar su dicho.

Consecuentemente, al demostrarse de las constancias que MORENA no destinó la totalidad del financiamiento público para mujeres y no estar debidamente controvertida la actualización de dicha conducta infractora, procede desestimar el agravio del actor en este aspecto.

En un diverso motivo de disenso, el partido actor expone que la sanción resulta violatoria de los principios constitucionales y convencionales que procuran la paridad de género y el refuerzo a la capacitación política hacia las mujeres, pues con la sanción descomunal que se impone se minimiza el desarrollo de las mujeres, impidiéndose el avance de la formación de mujeres en la vida política electoral de México.

Al respecto, esta Sala Regional considera que tal manifestación resulta inoperante, pues el actuar negligente del apelante no puede jurídicamente beneficiarle según el principio general del Derecho de que nadie puede prevalerse de su propio dolo en su beneficio.

Principio que resulta aplicable en la especie, ya que la sanción impuesta a MORENA deriva de circunstancias generadas por el propio partido recurrente, al llevar a cabo una conducta indebida. Por lo que, aceptar lo que pretende el partido actor en el sentido de que se le debe aplicar una sanción menor so pretexto de proteger el avance de la formación de mujeres en la vida política electoral de México, además de resultar un postulado inexacto, transgrediría el fin último de las sanciones administrativas en materia electoral, consistente en inhibir la realización de conductas indebidas.

En esta lógica, carece igualmente de sustento la mención del recurrente de acompañar la preocupación expresada por la Consejera Electoral, la cual transcribe en su demanda, en virtud de que la omisión que quedó acreditada en esta conclusión demuestra lo contrario. Incluso, se observa que la intervención de la referida Consejera fue en el sentido de mostrar su preocupación al advertir que los sujetos obligados NO ejercieron la totalidad del recurso etiquetado para la capacitación y promoción del liderazgo político de las mujeres.

Asimismo, resulta inoperante el alegato relativo a que los criterios son impuestos por hombres, pues lo cierto es que la sanción fue impuesta porque el partido político incumplió con sus obligaciones de conformidad con lo establecido en la ley así como con el Reglamento de Fiscalización, aunado a que el Dictamen y resolución respectiva es aprobada por todos los Consejeros y Consejeras que integran el Consejo General y no solamente por su Presidencia. 

Por último, en relación al agravio consistente en que la autoridad impuso una multa que resulta excesiva y carece de fundamentación, al no tomar en cuenta la capacidad económica de MORENA, el mismo se desestima al ser infundado e inoperante.

Lo infundado radica en que, opuesto a lo señalado, la responsable sí tuvo en consideración la capacidad económica del partido político MORENA; tal y como puede constatarse de la resolución reclamada en la que al analizarse la sanción aquí impugnada, la responsable procedió a la imposición de la sanción considerando que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que refirió que ya había sido desarrollado en el considerando denominado capacidad económica de la presente resolución.

Al respecto, el CGINE sostuvo que debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le impongan, toda vez que le fueron asignados recursos como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2022.

De tal suerte que, expuso, los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local sujetos al procedimiento de fiscalización, cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que, en su caso, fueran impuestas toda vez que les fueron asignados recursos a través de los distintos Organismos Públicos Locales Electorales, derivado del financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2022. Lo anterior, sin perjuicio del criterio sostenido por la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-407/2016, en el sentido de considerar la capacidad económica a nivel nacional en caso de que los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local no contaran con los recursos suficientes para afrontar las sanciones correspondientes, circunstancia que no se actualiza en ninguno de los estados.

Por otra parte, lo inoperante del agravio obedece a que el recurrente se limita a exponer manifestaciones genéricas en torno a que la responsable no realizó una adecuada ponderación y graduación de la sanción.

No obstante, pierde de vista que la responsable sustentó la sanción en un ejercicio previo que no fue atacado frontalmente, máxime que tampoco ofrece argumentos para sostener la ilegalidad de las sanciones impuestas ni aduce por qué le causan una afectación grave a las actividades del partido (capacidad económica), o en su caso, porqué las sanciones constituyen multas excesivas, de ahí su inoperancia.

CONCLUSIONES 7.11.C-8-MORENA-DG, 7.11.C-13-MORENA-DG Y 7.15-C4-MORENA-JL

SÍNTESIS DE AGRAVIO

En cada conclusión sancionatoria, el recurrente se duele que la autoridad estableciera que no destinó la totalidad del financiamiento público correspondiente a actividades específicas por un monto de $6,150.52 (seis mil ciento cincuenta pesos 52/100 M.N.) en el estado de Durango y por la cantidad de $551,978.96 (quinientos cincuenta y un mil novecientos setenta y ocho pesos 96/100 M.N.), en el caso de Jalisco; así como tampoco el correspondiente a capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, por un monto de $4,498.42 (cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 42/100 M.N.), en el estado de Durango.

Tal agravio, dado que MORENA le hizo del conocimiento a la UTF mediante sendos oficios de respuesta identificados como CEN/SF/873/2021 y CEN/SF/875/2021 de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, que los recursos ejercidos se realizaron en cumplimiento de la normatividad aplicable y lo dispuesto en el RF.

Sin embargo, la responsable consideró la respuesta como no satisfactoria, aludiendo simplemente a que se omitió reportar la totalidad del financiamiento referido, sin fundar y motivar su determinación ni estableciendo circunstancias de tiempo, modo y lugar. Además, si bien el INE adujo que no se cumplió con lo establecido en el artículo 51 numeral 1, inciso a) fracción IV e inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos y 163 del RF, no indicó las causas.

RESPUESTA

Los motivos de inconformidad expuestos en torno a estas conclusiones sancionatorias resultan infundados e inoperantes, atento a las siguientes consideraciones.

En primer término, deviene inoperante el agravio que apunta a una falta de motivación y fundamentación de la determinación impugnada; porque se trata de manifestaciones genéricas, que no controvierten las razones y consideraciones sostenidas por la autoridad responsable.

Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior de este tribunal electoral que, al expresar cada concepto de agravio, los justiciables deben exponer argumentos pertinentes para demostrar la ilegalidad del acto reclamado.

Por lo que, si se incumple con dicho deber, los planteamientos serán inoperantes, principalmente, cuando entre otras cuestiones, se aduzcan argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir[34].

Igual calificativo merece la mención del recurrente de que informó a la UTF mediante escritos de respuesta a los oficios de errores y omisiones que “los recursos ejercidos se realizaron en cumplimiento de la normatividad aplicable y lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización”, al ser evidente que la sola manifestación de haber actuado en apego a la normativa no conlleva el cumplimiento de la misma.

Máxime que, en cada conclusión sancionatoria, la autoridad fiscalizadora le requirió en dos ocasiones a efecto de que presentara las aclaraciones que estimara correspondientes. Sin embargo, el recurrente únicamente se limitó a realizar tal manifestación.

Por otra parte, resulta infundado el reproche de que el INE adujo que no se cumplió con lo establecido en el artículo 51 numeral 1, inciso a) fracción IV e inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos y 163 del RF, sin indicar las causas.

Lo anterior, toda vez que, del dictamen consolidado del estado de Durango, se aprecia con claridad que la autoridad estimó que el partido actor omitió destinar la totalidad del porcentaje del financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2020 para el desarrollo de actividades específicas, por un monto de $6,150.53 (seis mil ciento cincuenta pesos 53/100 M.N.), lo que actualizó la conclusión sancionatoria 7.11-C8-MORENA-DG.

Así como que se omitió destinar la totalidad del porcentaje del financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2020, para el desarrollo del rubro de Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, por un monto de $4,498.42 (cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 42/100 M.N.), lo que configuró la conclusión sancionatoria 7.11-C13-MORENA-DG.

Además, por lo que ve al dictamen consolidado de la revisión correspondiente a Jalisco, se desprende con nitidez que la falta concreta atribuida a MORENA fue por la omisión de destinar el porcentaje mínimo del financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2020, para el desarrollo de Actividades Específicas, por un monto de $551,978.96 (quinientos cincuenta y un mil novecientos setenta y ocho pesos 96/100 M.N.).

De allí que resulte evidente que la responsable sí mencionó las causas por las que se infringieron las disposiciones en comento.

A mayor abundamiento, contrario a lo expuesto por el recurrente sobre que las afirmaciones del CGINE son dogmáticas e imprecisas, basta la revisión de cada dictamen consolidado en los cuales la autoridad responsable reiteró que no se había destinado los recursos a lo que estaba etiquetado, constriñéndose en las respuestas de oficios de errores y omisiones que sí se había cumplido, sin aportar mayores datos.

En tal orden de ideas, era al recurrente sobre quien recaía la carga probatoria de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se habían erogado los recursos para los fines indicados, y a la responsable referir una ausencia de comprobación en las cantidades no erogadas, y sólo si el recurrente desahogaba los oficios en cuestión, estaba constreñida la responsable a especificar el porqué no se cumplía o no eran atendidas las observaciones.

Consecuentemente, al no estar debidamente controvertidas la actualización de las tres conductas infractoras, procede desestimar el agravio del actor en este aspecto.

EMISIÓN DE COMPROBANTES TIMBRADOS EXTEMPORÁNEAMENTE

CONCLUSIÓN 7.3-C6-MORENA-BC

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Si bien, por una parte, el CGINE es la autoridad fiscalizadora en materia electoral, mientras que por otro lado, MORENA como partido político tiene el deber de informar el tiempo y forma todos los movimientos realizados durante un ejercicio, mediante los informes en el Sistema de contabilidad en línea, la responsable pretende sancionar por un monto de $9,275.66 (nueve mil doscientos setenta y cinco pesos 66/100 M.N.), por concepto de sueldos, salarios y equivalentes reportados de manera extemporánea.

Por ello, esta autoridad debe valorar, entre otras cuestiones, la gravedad de la falta, pues no se trata de errores en la contabilidad presentada, sino información diversa contemplada de una extemporaneidad, de manera que esta conducta debe de ser tipificada de forma, dado que ningún momento se trató de ocultar documentación, ni se violentó alguna norma en relación con el origen, monto, destino y aplicación del recurso.

Por otra parte, la Sala Superior reiteradamente ha considerado que los actos de autoridad que causen molestia, deben cumplir con los requisitos que establece el artículo 16 de la Norma Rectora, que constituye un mandato impuesto a la autoridad para expresar las normas que sustentan su actuación además de exponer con claridad y precisión las consideraciones que le permitan tomar las medidas adoptadas, estableciendo su vinculación y adecuación con los preceptos legales aplicables al caso concreto, es decir, que se configuren las hipótesis normativas.

En esa tesitura por fundamentación se tiene el criterio contenido en la jurisprudencia número 5/2002 emitida por la Sala Superior de este Tribunal[35]; asimismo, en la aplicación de la normativa sancionadora la autoridad administrativa debe justificar su criterio.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento.

Si bien es verdad que la autoridad administrativa goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción, ello no puede ser arbitrario, pues para ello se prevén elementos objetivos y subjetivos de la falta, así como otros diversos para determinar la sanción al caso concreto.

En ese tenor se configura la violación al principio de legalidad, cuando la autoridad pretende imponer una sanción que no corresponde, debido a que no se cometió la falta aducida.

RESPUESTA

El agravio en estudio deviene por un lado infundado y por otra inoperante, como se expone enseguida.

De la columna de análisis del Dictamen consolidado combatido, se advierte lo siguiente:

No atendida

La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria; toda vez que, aun y cuando mediante póliza contable PC1-DR-9/31-12-20, el partido reportó gastos por concepto de pago honorarios del personal del ejercicio 2020, así como los recibos timbrados en formato CFDI y archivos XML por los meses de enero a diciembre del ejercicio 2020; de su valoración se constató que presentó 546 facturas que fueron emitidas y timbradas por el Instituto Político en los meses de febrero, marzo, agosto, septiembre y diciembre del 2021, de los cuales se determinó lo siguiente:

Por lo que respecta a los 520 folios fiscal señalados con (1) en la columna “Referencia del dictamen” del Anexo 1-MORENA-BC, se constató que se encuentran reportados en la contabilidad del CEN, por lo que su valoración y análisis se encuentran reflejados en la conclusión 7.1-C107-MORENA-CEN del dictamen del Partido Nacional.

Ahora bien, en cuantos a los 26 folios fiscales señalados con (2) en la columna “Referencia del dictamen” del Anexo 1-MORENA-BC, se constató que corresponden a folios fiscales timbrados en el ejercicio 2021 en cantidad de $185,513.25; los cuales por tratarse de CFDI emitidos por concepto de pagos de nóminas cuya fecha de emisión es posterior a los 11 días hábiles en que fue realizado el pago correspondiente y de conformidad con lo señalado en la miscelánea fiscal aplicable para el ejercicio de revisión, se consideran como comprobantes fiscales de ejercicios diferentes al ejercicio en revisión, la normatividad es clara al señalar que los gastos se deben registrar cuando se pacten, se reciban los bienes o se paguen, independientemente de la fecha de realización considerada para fines contables de conformidad con lo dispuesto en la NIF-A-2; por tal razón, la observación no quedó atendida.

Por su parte del Anexo 1-MORENA-BC, a que se hace referencia en el Dictamen, se desprende en lo que interesa que, mientras los comprobantes guardan relación con pagos realizados en dos mil veinte —año fiscalizado en los actos controvertidos–, la fecha de timbrado corresponde al año dos mil veintiuno, como se advierte enseguida:

Por su parte, de la resolución impugnada se advierte que la autoridad fiscalizadora determinó la gravedad de la falta, como  GRAVE ORDINARIA, luego de calificar la falta a partir del concurso de los siguientes elementos:  a) Tipo de infracción (acción u omisión); b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron; c) Comisión intencional o culposa de la falta; d) La trascendencia de las normas transgredidas; e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas; y, g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

A partir de lo anterior, se tiene que lo INFUNDADO del agravio resulta de que, contrario a lo que afirma el recurrente, lo que la responsable sancionó en esta conclusión no fue un error contable sino, precisamente una extemporaneidad —como el mismo refiere debe ser considerada—, al caso, en virtud de que el sujeto obligado emitió comprobantes (CFDI) por concepto de sueldos, salarios y equivalentes timbrados de manera extemporánea.

En esa tesitura, el resto de las alegaciones del recurrente devienen INOPERANTES por las siguientes razones.

En primer orden, se tiene que el partido parte de la premisa inexacta antes señalada, esto es, se duele de la determinación de la gravedad de la falta, pues a su juicio al no tratarse de un error contable sino de una extemporaneidad, entonces la falta debió calificarse como de forma, en tanto no trató de ocultar documentación, ni violentó normas en relación con el origen, monto, destino y aplicación de recursos, empero, tales reproches resultan ineficaces para modificar o revocar la sanción impuesta en esta conclusión, pues como ha quedado de relieve, la conducta sancionada no derivó de una omisión de presentar alguna documentación, como tampoco guarda relación con la procedencia, cuantía y uso de recursos, sino con la emisión de comprobantes timbrados extemporáneamente, por lo que tales manifestaciones no resultan aptas para combatir frontalmente las razones que sustentan la determinación de la autoridad fiscalizadora.

Del mismo modo, tampoco resulta suficiente ni eficaz, considerar la mera afirmación del recurrente en el sentido de que, por tratarse de una conducta distinta a ocultar documentación y violentar normas en relación con el origen, monto, destino y aplicación de recursos, ese solo hecho implique una gravedad inferior a la determinada por la responsable, pues ello constituye tan solo una apreciación subjetiva y genérica con la que no explica de manera razonada los motivos concretos en los que sustenta sus aseveraciones, como tampoco, confronta los razonamientos expuestos por la responsable al momento de individualizar la sanción, a través del concurso de los distintos elementos que integran la calificación de la falta.

Lo anterior, dado que la responsable si precisó en la resolución correspondiente que la emisión extemporánea de dichos archivos electrónicos, si bien no impide de manera total la comprobación de los gastos (toda vez que el timbrado fue realizado, aunque no en el momento idóneo para ello), dificultó su verificación en tiempo real, de modo que dicha emisión extemporánea impide la certeza y transparencia de las operaciones que realizan los sujetos obligados, de ahí que, al vulnerarse de manera primordial dichos principios, se tiene como resultado la vulneración accesoria al principio de legalidad.

Asimismo, argumentó que de conformidad con el artículo 46, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, el cual dispone que los comprobantes de las operaciones que lleven a cabo los sujetos obligados deberán reunir los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior tiene como finalidad que la autoridad fiscalizadora cuente con aquella documentación que posibilite, en un marco de expedites, comprobar la autenticidad de las operaciones registradas.

Por ende, consideró que de una interpretación sistemática de las normas citadas, es obligación, la emisión de los comprobantes CFDI en tiempo, pues sólo a través del cumplimiento de la totalidad de los requisitos que señalan los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscalizadora puede tener por acreditado que los recursos del ejercicio fiscalizado, efectivamente fueron aplicados y en su caso, enterados en el referido año, situación que en el caso no aconteció.

En ese sentido, la autoridad indicó que la regularidad acreditada se tradujo en una falta de resultado que ocasionó un daño directo y real a los bienes jurídicos tutelados, por lo que la calificó como grave ordinaria.

Como se observa, la autoridad sí fundó y motivó porqué consideró a falta como sustancial y no de forma, sin que al efecto, como se indicó, sea suficiente para controvertir lo descrito por la autoridad, con el argumentó que debió tipificarse como de forma porque no se ocultó información.

Misma suerte corre la exposición sobre en qué consiste la obligación de la responsable para calificar la falta, la mención a una jurisprudencia de este Tribunal, y la afirmación de que, en el caso, se configura la violación al principio de legalidad, al imponerse una sanción que no corresponde dado no se cometió la falta aducida, pues ello se trata tan solo de manifestaciones genéricas y abstractas con las que de nueva cuenta, el recurrente deja de controvertir los razonamientos que sustentan el dictamen y la resolución impugnados y por ende, éstos son de prevalecer.

Resultan orientadoras al respecto las tesis de jurisprudencia de rubros: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LAS SIMPLES EXPRESIONES GENÉRICAS Y ABSTRACTAS CUANDO NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE[36]; CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES[37] y CONCEPTOS DE VIOLACION, INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO[38].

OMISIÓN DE ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y OTRAS FALTAS FORMALES

CONCLUSIONES 7.11-C2-MORENA-DG, 7.11-C3-MORENA-DG,   7.11-C4-MORENA-DG, 7.11-C9-MORENA-DG, 7.11-C10-MORENA-DG,  7.11-C11-MORENA-DG, 7.11-C12-MORENA-DG,   7.11-C15-MORENA-DG, 7.11-C16-MORENA-DG,  7.11-C17-MORENA-DG y 7.11-C25-MORENA-DG.

CONCLUSIÓN 7.11-C2-MORENA-DG

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Menciona el partido actor, que resulta errónea la aseveración de la responsable de que no se solventaron las observaciones formuladas, toda vez que mediante oficio de respuesta identificado como CEN/SF/873/2021 de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, MORENA presentó un escrito dirigido a la institución bancaria correspondiente, mediante el cual solicitaba copia de contrato bancario, tarjeta de firmas y/o cancelación de cuentas a la autoridad fiscalizadora.

De manera que, argumenta, la emisión de documentación probatoria requerida no depende del partido político, sino de la institución bancaria, por lo que “nadie está obligado a lo imposible”.

Asimismo, se duele de que la responsable no consideró las pruebas que ofreció el partido, en específico, las tarjetas de firmas de las cuentas bancarias que permiten verificar las firmas mancomunadas.

Señala también, que la responsable debió notificar a MORENA la circunstancia de no haber encontrado lo relativo a las cuentas señaladas en el SIF.

RESPUESTA

No le asiste la razón al recurrente cuando asevera que resulta errónea e infundada la aseveración de la responsable.

En el caso, la UTF le hizo saber al recurrente que, de la revisión al catálogo “cuentas bancarias” en el SIF, se observó que registró cuentas, sin presentar la documentación de la cuentas bancarias que permita verificar las firmas mancomunadas.

Por su parte, MORENA presentó a la autoridad fiscalizadora un escrito dirigido a la institución bancaria, solicitándole copia de contrato bancario, la tarjeta de firmas y/o la cancelación de cuentas, del cual, afirma que aún no recibe respuesta. En tal sentido, incumplió con el requerimiento de la autoridad fiscalizadora de presentar las tarjetas de firmas de las cuentas bancarias.

Así, el hecho de que la institución bancaria no haya otorgado respuesta a la solicitud planteada por el partido apelante resulta insuficiente para sostener que tal circunstancia lo releva de la carga del cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 257, numeral 1, inciso h) del RF. Pues aun cuando exponga dicha situación, ello no quita que dicho incumplimiento supone un impedimento a la autoridad de verificar las firmas mancomunadas, obstaculizando así su función fiscalizadora.

Lo anterior se estima así, ya que, de la revisión de las constancias correspondientes a esta conclusión sancionatoria, se advierte que el mencionado escrito presentado por el representante de Morena ante la institución bancaria Banco Mercantil del Norte por el que solicitó la cancelación de cuentas, data del nueve de noviembre de dos mil veintiuno.

Lo anterior, si bien demuestra una acción por parte del partido en vías de cumplimentar lo solicitado por la autoridad fiscalizadora, ello no denota la imposibilidad alegada por el recurrente; teniendo en cuenta que entre la presentación de dicha solicitud (nueve de noviembre de dos mil veintiuno) y la emisión de la segunda respuesta al oficio de errores y omisiones (catorce de diciembre de dos mil veintiuno) transcurrieron treinta y cinco días, en los que el partido no acreditó haber realizado alguna otra gestión dirigida a la institución bancaria, tendente a demostrar un interés en obtener la respuesta solicitada, a efecto de acreditar una verdadera imposibilidad en cumplimentar con lo requerido.

En todo caso, es dable mencionar que el CGINE consideró que con la actualización de esta falta formal no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación, sino únicamente su puesta en peligro; aunado a que no pudiese deducirse una intención específica de MORENA de cometer las faltas referidas. Motivo por el cual la sanción a imponer por esta conducta infractora fue únicamente de 10 UMA.

Por lo que ve al disenso de que la responsable no consideró las pruebas que ofreció el partido, en específico, las tarjetas de firmas de las cuentas bancarias que permiten verificar las firmas mancomunadas, éste resulta infundado.

Ello se estima así, en razón de que, como se corrobora del Anexo_1_MORENA_DG, la UTF analizó los formatos de firmas presentadas que sí fueron presentados por el partido actor, a saber, los correspondientes a BBVA Bancomer y Afirme, quedando pendiente el formato de Banca Mercantil del Norte, documentación faltante que ulteriormente materializó la conclusión sancionatoria.

Por otra parte, se duele de que la responsable haya determinado que no encontró lo relativo a las cuentas señaladas en los diferentes apartados del SIF, y que, a fin de otorgar la garantía y derecho humano de audiencia, debió notificar al partido dicha situación de manifestar lo que a MORENA conviniera, empero, no lo hizo.

El disenso apuntado resulta infundado, ya que, como se refirió previamente, la autoridad fiscalizadora otorgó la garantía de audiencia al partido MORENA, al hacer de su conocimiento mediante los oficios INE/UTF/DA/43262/2021 e INE/UTF/DA/46842/2021 de fechas veintinueve de octubre y siete de diciembre, ambas de dos mil veintiuno, que resultaba necesario presentar la documentación que permitiera verificar las firmas mancomunadas.

CONCLUSIÓN 7.11-C3-MORENA-DG

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Refiere que deviene errónea la determinación de la responsable de que MORENA omitió presentar la documentación soporte señalada como faltante en el Anexo 2_MORENA_DG del Dictamen consistente en el Acta Constitutiva requisitada con el sello y folio de inscripción ante el Registro Público de Personas Morales.

Al respecto, explica que su representada cumplió con el requerimiento realizado por la autoridad fiscalizadora, sin embargo, quedó acreditada la imposibilidad de obtener el sello y folio de registro, pues la empresa “Servicios de Comunicación Revolución Studio, S.C.”, a testimonio de un fedatario público, se encontraba en proceso de registro y por ello, es aplicable el principio general del derecho impossibilium nulla obligatio.

En este orden de ideas, alega que el CGINE no consideró las pruebas ofrecidas por MORENA en el proceso de fiscalización, en específico el escrito del Lic. José Ignacio Sentíes Laborde, Notario 104 del Distrito Federal, de fecha uno de diciembre de dos mil veinte, en el cual se informa que con la escritura 101.783 de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, se constituyó la empresa Servicios de Comunicación Revolución Studio S.C., la cual se encontraba en trámite de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.

Asimismo, respecto a que la presentación de éste no cumplió con lo establecido en el artículo 83, numeral 1 del RF, el recurrente refuta que no se indicaron las causas, infringiendo el principio de legalidad al existir indebida fundamentación y motivación.

Refiere, que es cierto que se menciona que de su revisión se observa que no cuenta con sello y folio de inscripción ante el Registro Público de Personas Morales, pero de ahí no se sigue que no haya sido presentado en tiempo y forma.

RESPUESTA

Se estima infundado el agravio relativo a que deviene errónea e infundada la determinación de la responsable de que MORENA omitió presentar la documentación soporte consistente en el Acta Constitutiva requisitada con el sello y folio de inscripción ante el Registro Público de Personas Morales.

Lo anterior, puesto que la autoridad fiscalizadora solicitó al instituto político apelante que presentara una relación de los proveedores y prestadores de servicios con los que en el año sujeto a revisión realizó operaciones superiores a los 5000 UMA; y además, los expedientes de cada uno de los proveedores y prestadores de servicios con quienes realizó operaciones, los cuales deben contener, entre otros requisitos, un acta constitutiva en caso de tratarse de una persona moral, que cuente con el sello y folio de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio que corresponda. Al efecto, citó los artículos, 83, numerales 1 y 2, 230 numeral 1 inciso f) fracción IV y 277, numeral 1, inciso m) del RF.

En respuesta a dicho requerimiento, el partido apelante presentó la documentación solicitada, salvo en el caso del proveedor Servicios de Comunicación Revolución Studio S.C., caso en el cual la responsable advirtió lo siguiente:

“ (…) sin embargo, presentó un escrito del Lic. José Ignacio Sentíes Laborde, Notario 104 del Distrito Federal, de fecha1 de diciembre de 2020, en el cual se informa que con la escritura 101,783 de fecha 26 de febrero de 2020, se constituyó la empresa  Servicios de Comunicación Revolución Studio S.C., la cual se encontraba en trámite de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, sin embargo, el sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte señalada como faltante en el Anexo 2_MORENA_DG del presente Dictamen, consistente en el Acta Constitutiva requisitada con el sello y folio de inscripción ante Registro Público de Personas Morales; por tal razón, la observación no quedó atendida.”

A partir de lo trasunto, procede desestimarse el alegato del recurrente por el que indica que existió indebida fundamentación y motivación en la determinación de la responsable, al ser claro que ésta mencionó las razones y citó los preceptos normativos que a su juicio resultaban aplicables

Ahora, en relación al reclamo consistente en que el INE no consideró las pruebas ofrecidas por MORENA, en específico, el escrito del Lic. José Ignacio Sentíes Laborde, Notario 104 del Distrito Federal, en el cual se informa que la escritura con la que se constituyó la empresa Servicios de Comunicación Revolución Studio S.C., se encontraba en trámite de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, documento que acreditaba la imposibilidad de su obtención, éste resulta infundado.

En principio, debe precisarse que, opuesto a lo alegado por el partido actor, la autoridad fiscalizadora sí tuvo en cuenta el escrito de referencia al momento de analizar la respuesta del sujeto obligado, según se advierte del dictamen correspondiente.

Al caso, la autoridad estimó que, no obstante que el partido actor alegue que existió una imposibilidad de obtener el sello y folio de registro de la empresa “Servicios de Comunicación Revolución Studio, S.C.”, lo cierto es que quedó acreditado que el partido actor omitió presentar la escritura constitutiva con el sello y folio del Registro Público de Personas Morales de un prestador de servicios con el cual realizó operaciones mayores a 5000 UMA.

Determinación que se estima ajustada a Derecho, toda vez que el partido actor no aportó medios suficientes para demostrar la imposibilidad para obtener el acta constitutiva y el sello y folio de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la empresa en cita.

Y si bien en el escrito del mencionado Notario consta que la escritura con la que se constituyó la empresa se encontraba en trámite de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad por lo que en aproximadamente noventa días pudiera entregarse, lo cierto es que el escrito data del primero de diciembre de dos mil veinte, como se muestra enseguida:

Así, dado que dicho escrito fue presentado ante la autoridad fiscalizadora el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, ello solo demuestra que transcurrió más de un año sin que se realizara alguna gestión tendente a acreditar esta imposibilidad. Por ende, es de colegir que éste documento no resultaba apto para acreditar la alegada imposibilidad y, por tanto, la responsable actuó de conformidad a la normativa aplicable[39].

Por lo que ve al reproche del actor de que el hecho de no contar con sello y folio de inscripción ante el Registro Público de Personas Morales no implica que no haya sido presentado en tiempo y forma la documentación requerida, el mismo resulta infundado; en razón de que, opuesto a lo alegado, tales requisitos resultan necesarios para la integración de los expedientes de proveedores, de conformidad al artículo 83, numeral 1, d), del RF.

CONCLUSIÓN 7.11-C4-MORENA-DG

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Sostiene que resulta errónea la determinación de la responsable de que MORENA omitió presentar el oficio mediante el cual informó a la UTF de los porcentajes de depreciación o amortización del ejercicio 2020.

Lo anterior, porque la autoridad fiscalizadora consideró por no solventada la observación en el oficio INE/UTF/DA/9646/2020 en razón de que los porcentajes de depreciación presentados correspondieron al año 2018. Sin embargo, tal situación obedeció a un lapsus calami, y la responsable debió notificar dicha irregularidad o requerir el documento correcto; por lo que al abstenerse de hacerlo dejó al partido sin defensa.

Asimismo, refiere que la responsable aduce que la presentación no cumplió con lo establecido en el artículo 73, numeral 2 del RF, pero no indica las causas, infringiendo el principio de legalidad al existir indebida fundamentación y motivación.

RESPUESTA

Los agravios resultan ineficaces, por las razones siguientes.

En la conclusión sancionatoria en análisis, la autoridad fiscalizadora notificó al recurrente que, de la revisión a la documentación adjunta al Informe Anual se observó que omitió informar mediante escrito dirigido a la UTF, sobre los porcentajes aplicables a la depreciación de su activo fijo durante el ejercicio 2020. Por lo que requirió a MORENA para que presentara el oficio correspondiente.

Una vez recibida la respuesta del partido político, la autoridad expuso que, aún y cuando el sujeto obligado señaló que presentó la documentación observada, de la búsqueda en el SIF no se localizó el escrito mediante el cual informó a la UTF de los porcentajes de depreciación o amortización. Por lo que, le requirió nuevamente para que presentara el oficio correspondiente.

Finalmente, en el dictamen consolidado, la autoridad fiscalizadora determinó que la observación no quedó atendida, en virtud de que el sujeto obligado si bien presentó un oficio mediante el cual informó a la UTF de los porcentajes de depreciación o amortización, éste corresponde a los porcentajes de depreciación del año ejercicio 2018.

Con base en lo antes expuesto, resulta evidente la ineficacia de los agravios del actor para controvertir esta determinación; ya que únicamente argumenta que el hecho de haber presentado un del oficio sobre los porcentajes de depreciación correspondiente al ejercicio 2018, obedeció a un lapsus calami y que la responsable debió notificarle sobre dicha irregularidad y requerirle el documento correcto.

Sin embargo, ello hubiera sido contrario a la normativa, dado que de conformidad al artículo 294 del RF la UTF puede efectuar un segundo requerimiento a los sujetos obligados en caso de que no hayan subsanado las observaciones realizadas de la revisión a los informes anuales, sin que exista base normativa para realizar un tercer oficio de errores y omisiones.

En el presente caso, como se ha narrado, el partido recurrente tuvo dos oportunidades para presentar el oficio mediante el cual informó a la UTF de los porcentajes de depreciación o amortización del ejercicio con la anualidad correcta, y no lo hizo. De ahí que resulte inexacto que se dejó al partido político sin defensa.

En otro disenso, resulta igualmente infundado que la autoridad fiscalizadora no haya indicado las causas por las que se incumplió con lo establecido en el artículo 73 numeral 2 del RF. Ello, ya que de la lectura de dicha disposición[40] se desprende el siguiente deber de los sujetos obligados: El porcentaje de depreciación o amortización deberá ser informado a la Unidad Técnica a más tardar en la fecha de presentación del Informe Anual del año sujeto a revisión.

Luego, si en el dictamen consolidado se determinó como conclusión sancionatoria que “el sujeto obligado omitió presentar el oficio mediante el cual informó a la UTF de los porcentajes de depreciación o amortización del ejercicio 2020”, incumpliéndose con ello el artículo 73, numeral 2 del RF, es claro que la autoridad fiscalizadora expuso motivos y citó la normativa que estimó aplicable, para sustentar su determinación, contrariamente a lo alegado por el apelante.

CONCLUSIÓN 7.11-C9-MORENA-DG

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Menciona que le agravia que el INE haya determinado que MORENA omitió presentar el escrito a la UTF del aviso de las actividades relativas a los proyectos de Educación y Capacitación Política, con al menos diez días de anticipación a su celebración.

Ello, pues el partido político mediante oficio identificado como CEN/SF/873/2021 de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dio puntual respuesta a la autoridad fiscalizadora en el que señaló que los avisos se realizaron en cumplimiento de la normatividad aplicable y lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización.

No obstante lo anterior, el CGINE consideró insatisfactoria la respuesta, al señalar que no se había presentado la documentación solicitada. Por lo que, señala el actor, se debió notificar esa situación a fin de subsanar esa irregularidad, sin que ello implicara una segunda oportunidad, dado que la autoridad fiscalizadora no fue capaz de localizar dicho documento dentro del SIF.

Adicionalmente, se duele de que al determinarse el incumplimiento a lo establecido en el artículo 166, numerales 1 y 2 del RF, no se indican las causas, lo cual infringe el principio de legalidad al existir indebida fundamentación y motivación.

RESPUESTA

Los agravios resultan ineficaces, como enseguida se expone.

De la revisión del dictamen consolidado y los oficios de errores y omisiones correspondientes, se desprende que la autoridad fiscalizadora hizo del conocimiento de MORENA, en un primer momento, que había omitido presentar el escrito a la UTF sobre el aviso de las actividades relativas a los proyectos de Educación y Capacitación Política, con al menos diez días de anticipación a su celebración. Por lo que le se le requirió a fin de que presentara las aclaraciones correspondientes.

En el segundo oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora expuso que, si bien el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a la observación formulada no realizó aclaración ni presentó documentación alguna. En consecuencia, volvió a requerirle en el mismo sentido.

En respuesta, el partido político MORENA manifestó que “los aviso para la verificación de las actividades de educación y capacitación se realizaron en cumplimiento de la normatividad aplicable y lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización.”

No obstante, la autoridad fiscalizadora tuvo la observación por no atendida, ya que, del análisis de las aclaraciones y documentación presentada, se concluyó que no fue presentado el escrito a la UTF del aviso de las actividades relativas a los proyectos de Educación y Capacitación Política, con al menos diez días, pese a la manifestación contraria del sujeto obligado.

Ahora bien, a decir del recurrente, esta determinación le depara un agravio porque la autoridad fiscalizadora debió localizar el documento requerido dentro del SIF; por lo que, si no fue capaz de hacerlo, le debió notificar al partido dicha situación a fin de subsanar esa irregularidad.

Ello resulta infundado, en principio, toda vez que, según se expuso previamente en esta sentencia, es deber de los sujetos obligados contestar de manera precisa y detallada la ubicación y el contenido de la información, así como la respuesta pormenorizada a cada una de las observaciones efectuadas por la autoridad fiscalizadora, con la finalidad de subsanar las mismas.

En incumplimiento a dicho deber, en el presente caso el partido recurrente omitió vincular la documentación que, dice, se había presentado, con algún registro específico o particularizado del SIF. De ahí que no resulte dable, como lo pretende MORENA, trasladar la carga procesal del partido a la autoridad fiscalizadora.

Tampoco asiste la razón al actor cuando aduce que la responsable le debió notificar sobre la irregularidad detectada a fin de subsanar la misma, ya que ello implicaría la formulación de un tercer oficio de errores y omisiones, lo cual no tiene sustento normativo, según se refirió anteriormente, máxime que, en el presente caso, el partido tuvo conocimiento de este documento faltante desde el primer oficio de errores y omisiones.

Por último, se estima infundado el que la responsable haya determinado el incumplimiento a lo establecido en el artículo 166, numerales 1 y 2 del RF sin indicar las causas.

Se considera así, ya que del dictamen consolidado se advierte que la autoridad fiscalizadora determinó que el sujeto obligado omitió presentar el escrito a la UTF del aviso de las actividades relativas a los proyectos de Educación y Capacitación Política, con al menos diez días de anticipación a su celebración.

Ello, en incumplimiento al artículo 166, numerales 1 y 2 del RF, que establece que el partido deberá invitar a la UTF a presenciar la realización de las actividades de educación y capacitación política y de las actividades relativas a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Asimismo, que la realización de la actividad se notificará por escrito a la autoridad, con al menos diez días de anticipación a la celebración, junto con la descripción y objetivo del evento, entre otras cuestiones.

Consecuentemente, se concluye, que opuestamente a lo sostenido por la parte apelante, la autoridad responsable sí otorgó motivos y la normativa que estimó aplicable al determinar la conducta infractora.

CONCLUSIÓN 7.11-C10-MORENA-DG

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Indica que resulta ilegal la determinación en esta conclusión impugnada, en razón de que el CGINE no consideró debidamente los argumentos que ofreció MORENA en el proceso de fiscalización y varió el sentido de la observación.

Tal agravio, ya que del oficio de segunda vuelta INE/UTF/DA/4682/2021, notificado en fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno, se contestó que las muestras y evidencias correspondientes se presentaron en el apartado de “Catálogo de Proyectos” del SIF.

Así, se duele de que el motivo original de la observación fue verificar el registro de las actividades específicas mismas que fueron debidamente registradas, sin embargo, debió notificar a MORENA tal circunstancia para no dejarles en estado de indefensión, sin que ello implicara una segunda oportunidad defensiva, pues una cosa es que no haya localizado la información y otra es que no se haya ofrecido o que no exista, lo cual es una actitud negligente de la responsable.

Además, alega, la responsable indica que no se cumplió con lo establecido en los artículos 51 numeral 1 inciso a) fracción IV, e inciso c) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, pero no indica las causas, infringiendo el principio de legalidad al existir indebida fundamentación y motivación.

RESPUESTA

Los motivos de disenso devienen infundados.

En el marco de la revisión del informe anual de ingresos y gastos correspondiente a Durango, la UTF notificó al parte apelante que se observó el registro de proyectos en Actividades Específicas por concepto de Educación y Capacitación Política, sin embargo, no se presentaron las muestras del PAT que exige la normatividad.

En respuesta a este primer requerimiento, MORENA manifestó que las muestras y evidencia relativas a las actividades que corresponden a las pólizas PN/EG48/12-2020 y PN/EG-49/12-2020, se presentan en la sección de evidencias, del apartado "CATALOGO DE PROYECTOS" del SIF bajo los proyectos folios SIF 001 y 002.

Ante tal señalamiento, la UTF determinó que del análisis a las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado y de la verificación a la documentación adjunta en el SIF, se constató que se presentó parte de la documentación solicitada consistente, sin embargo, se omitió presentar las muestras de la actividad del proyecto de capacitación y educación política, consistentes en: convocatoria del evento; programa del evento; fotografías, videos o reporte de prensa del evento; publicidad del evento, en caso de existir; cuestionarios de entrada y salida; y curriculum vitae de los ponentes con la totalidad de los requisitos señalados en la normatividad. 

Por lo tanto, se le solicitó al instituto político presentar la documentación correspondiente.

Una vez presentado el segundo escrito de respuesta de MORENA, la autoridad fiscalizadora determinó que, si bien presentó diversa documentación, omitió allegar la siguiente: Convocatoria del evento, Programa del evento, Publicidad del evento, en caso de existir, Cuestionarios de entrada y salida, Currículo Vitae de los ponentes con la totalidad de los requisitos señalados en la normatividad. Por tal razón, la observación no quedó atendida.

Expuesto lo anterior, deviene inoperante el agravio del recurrente por el que aduce que la responsable no tomó debidamente los argumentos que ofreció en el proceso de fiscalización, dado que no precisa cuál argumento exactamente es el que se omitió analizar, o en su caso, cómo es que se analizó indebidamente.

Y si bien refiere el recurrente que se dio respuesta al oficio de segunda vuelta y en éste se señaló que las muestras y evidencias correspondientes se presentaron en el apartado de “Catálogos de Proyectos del SIF, tal señalamiento no controvierte la conclusión sancionatoria; dado que la autoridad fiscalizadora sí tomó en cuenta el contenido del mismo. Inclusive, tuvo por presentada la lista de asistencia al curso, resultado de la actividad, el material didáctico utilizado, el acta constitutiva del evento y constancias de participación del curso.

En este sentido, tampoco asiste la razón al recurrente en cuanto a que se le debió notificar sobre la circunstancia a fin de no dejarle en estado de indefensión; pues como se ha expuesto, la autoridad fiscalizadora le requirió en dos ocasiones a efecto de presentara la documentación soporte de las actividades realizadas agotando con ello el derecho de garantía de audiencia previsto en los artículos 44, 291 y 294 del RF.

Ahora, respecto al disenso de que la responsable varió el sentido de la observación, dado que el motivo original de la misma fue verificar el registro de las actividades específicas mismas que fueron debidamente registradas, este resulta infundado al ser inexacto.

Opuestamente a lo sostenido, la UTF fue consistente desde el primer oficio de errores y omisiones en cuanto al sentido de la observación, a saber, que se observó el registro de proyectos en Actividades Específicas por concepto de Educación y Capacitación Política, sin que el sujeto obligado haya presentado las muestras del Programa Anual de Trabajo que exige la normatividad.

Más aún, la autoridad fiscalizadora le aclaró que, de no acreditar la vinculación directa del gasto en comento con los proyectos que integraron el Programa Anual de Trabajo, así como el cumplimiento de los objetivos del presupuesto etiquetado y su debido ejercicio, no se considerarán destinados a las actividades específicas.

Por último, en relación a que la responsable indicó que no se cumplió con lo establecido en los artículos 51 numeral 1 inciso a) fracción IV, e inciso c) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, pero no indicó las causas, ello deviene infundado.

Lo anterior, ya que del dictamen consolidado se desprende que se precisó que el instituto político infringió dichos preceptos normativos al haber omitido presentar la convocatoria del evento; el programa del evento; publicidad del evento, los cuestionarios de entrada y salida; y los curriculum vitae de los expositores de las actividades realizadas en los proyectos de capacitación y educación política. De lo que se colige que la responsable sí otorgó razones para estimar actualizada la falta.

CONCLUSIÓN 7.11-C11-MORENA-DG

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Se duele el partido actor de que la responsable concluyera que MORENA omitió dos contratos de prestación de servicios por un monto de $843,600.72 (ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos pesos 72/100 M.N.), ya que tal determinación es errónea e infundada, al dejar de considerar los argumentos ofrecidos en el proceso de fiscalización y variar el sentido de la observación.

Lo anterior, ya que mediante oficio de respuesta identificado como CEN/SF/873/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se informó a la autoridad fiscalizadora que los contratos se agregaron como evidencia de la comprobación de gasto, así como que las muestras y evidencias del proyecto se encontraban en el SIF.

Sin embargo, la fiscalizadora consideró insatisfactoria la respuesta, al determinar que no recibió los contratos de prestación de servicios en las pólizas que se integran en el anexo 5 MORENA DG.

Tal determinación resulta ilegal, indica, porque el motivo original de la observación es la aplicación de los recursos por prestación de servicios, los cuales fueron debidamente entregados a la autoridad fiscalizadora.

Reprocha que debió notificársele a MORENA tal circunstancias para no dejarle en estado de indefensión, sin que ello implicara una segunda oportunidad defensiva, pues una cosa es que no haya localizado la información y otra es que no se haya ofrecido o que no exista, lo cual es una actitud negligente de la responsable.

Asimismo, aduce que el CGINE refiere que la presentación no cumplió con lo establecido en el artículo 261, numeral 3 del RF, pero no indica las causas, infringiendo el principio de legalidad al existir indebida fundamentación y motivación.

RESPUESTA

Los agravios resultan infundados, atento a las siguientes consideraciones.

En el marco de la revisión del informe anual de ingresos y gastos correspondiente a Durango, la UTF notificó al parte apelante que se localizaron comprobantes fiscales que rebasan los 500 UMA de los cuales su partido omitió anexar los contratos de prestación de servicios respectivos. Por lo que se le requirió para que presentara tal documentación.

En respuesta a este primer requerimiento, MORENA manifestó que los contratos solicitados se agregaron como evidencia de la comprobación de gasto en cada una de las pólizas que se detallan en el oficio que contestó. Además, que las muestras y evidencias del proyecto se presentan en la sección de evidencias, del apartado "CATALOGO DE PROYECTOS" del SIF bajo los proyectos folios SIF 001 y 002.

Ante tal señalamiento, la UTF determinó que del análisis a las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado y luego de una búsqueda exhaustiva en el SIF, se constató que aun y cuando el instituto político señaló que presentó los contratos que fueron requeridos, dicha documentación no se localizó.  

Por lo tanto, se le solicitó al instituto político presentar los contratos correspondientes.

En respuesta a este segundo requerimiento, MORENA nuevamente señaló que los contratos “se agregaron como evidencia de la comprobación de gasto en cada una de las pólizas que se detallan en el oficio que se contesta. Las muestras y evidencias del proyecto se presentan en la sección de evidencias, del apartado "CATALOGO DE PROYECTOS" del SIF bajo los proyectos folios SIF 001 y 002".

Al respecto, la autoridad fiscalizadora determinó que, aun cuando el partido manifestó que los contratos se agregaron como evidencia, la respuesta se consideró insatisfactoria, por no presentar los contratos de prestación de servicios en las pólizas en referencia, ni en los demás apartados del SIF. Por tal razón, la observación no quedó atendida.

Ahora bien, tomando en consideración el contexto de la conclusión sancionatoria aquí impugnada, deviene inoperante el agravio del recurrente por el que aduce que la responsable dejó de considerar los argumentos que ofreció en el proceso de fiscalización, al ser una manifestación vaga y genérica, pues no precisa cuál argumento exactamente es el que se omitió analizar.

Y si bien refiere el recurrente que se dio respuesta al oficio de segunda vuelta y en éste se señaló que las muestras y evidencias correspondientes se encontraban en el SIF, ello resulta ineficaz, pues, se insiste, la carga de la prueba de acreditar que, efectivamente, se han cumplido con las obligaciones impuestas en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, recae en el propio sujeto obligado. De ahí que era obligación de MORENA señalar de manera precisa y detallada la información atinente a cada observación.

Tampoco asiste la razón al recurrente cuando se duele de que debió notificársele para no dejarle en estado de indefensión. Ello, ya que, como se ha expuesto, la autoridad fiscalizadora le requirió en dos ocasiones a efecto de presentar los contratos de prestación de servicios, colmándose con ello la obligación de la autoridad de requerir al sujeto obligado, de conformidad a lo previsto en los artículos 291 y 294 del RF.

Tocante al reproche de que la responsable varió el sentido de la observación dado que el motivo original de la misma fue la aplicación de los recursos por prestación de servicios, los cuales fueron debidamente entregados a la autoridad fiscalizadora, el mismo se estima infundado.

Contrario a lo alegado por el recurrente, la UTF desde el primer oficio de errores y omisiones fue consistente en cuanto a que la materia de observación fue la falta de presentación de dos contratos de prestación de que rebasan los 500 UMA.

Por último, en relación a que la responsable indicó que no se cumplió con lo establecido en el artículo 261, numeral 3 del RF, pero no indicó las causas, ello deviene infundado.

Lo anterior, ya que del dictamen consolidado se desprende que se precisó que el instituto político infringió dicho precepto normativo al haber omitido presentar los contratos de prestación de servicios que rebasan los 500 UMA. Por lo que se colige que la responsable sí otorgó razones para estimar actualizada la falta.

CONCLUSIÓN 7.11-C12-MORENA-DG

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Se duele el partido actor de que la responsable concluyera que MORENA omitió presentar la convocatoria del evento; el programa del evento; publicidad del evento, los cuestionarios de entrada y salida; los currículum vitae de los expositores, ya que dicha determinación es errónea e infundada.

Tal agravio, ya que mediante oficio de respuesta identificado como CEN/SF/873/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se informó a la autoridad fiscalizadora que las muestras y evidencias del proyecto solicitadas se presentaron en el SIF bajo el proyecto folio SIF 003.

Sin embargo, la fiscalizadora consideró insatisfactoria la respuesta, al determinar que no recibió los contratos de prestación de servicios en las pólizas que se integran en el anexo 5 MORENA DG.

Reprocha que debió notificársele a MORENA tal circunstancias para no dejarle en estado de indefensión, sin que ello implicara una segunda oportunidad defensiva, pues una cosa es que no haya localizado la información y otra es que no se haya ofrecido o que no exista, lo cual es una actitud negligente de la responsable.

Asimismo, aduce que el CGINE refiere que la presentación no cumplió con lo establecido en el artículo 51, numeral 1, inciso a) fracción IV, e inciso c) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 163 numeral 1 inciso a) y 173, numeral 1 inciso a) del RF, pero no indica las causas, infringiendo el principio de legalidad al existir indebida fundamentación y motivación.

RESPUESTA

Los motivos de disenso devienen infundados en parte e inoperantes por otra.

En el marco de la revisión del informe anual de ingresos y gastos correspondiente a Durango, la UTF notificó a la parte apelante que de la verificación a las evidencias que soportan los proyectos de Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, se observó que el partido omitió adjuntar la totalidad de la documentación soporte del curso denominado Violencia Política contra las Mujeres CEE Durango. 

Por ello, le requirió presentar la documentación faltante consistente en: muestras de la actividad del proyecto de capacitación y educación política, consistentes en:
convocatoria del evento; programa del evento; listas de asistencia con firma autógrafa; fotografías, videos o reporte de prensa del evento; material didáctico utilizado; publicidad del evento, en caso de existir; cuestionarios de entrada y salida; currículum de los ponentes.

En respuesta a este primer requerimiento, MORENA manifestó que las muestras y evidencia del proyecto se presentaron en la sección de evidencias, del apartado "CATALOGO DE PROYECTOS" del SIF bajo el proyecto SIF 003.

Al respecto, la UTF determinó que del análisis a las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado y de la verificación a la documentación adjunta en el SIF, se constató que se presentó parte de la documentación solicitada consistente, sin embargo, se omitió presentar las evidencias o muestras de la actividad del proyecto de capacitación y educación política, consistentes en: convocatoria del evento; programa del evento; fotografías, videos o reporte de prensa del evento; publicidad del evento, en caso de existir; cuestionarios de entrada y salida; y curriculum vitae de los ponentes con la totalidad de los requisitos señalados en la normatividad. 

Por lo tanto, se le solicitó nuevamente al instituto político presentar la documentación faltante.

Una vez presentado el segundo escrito de respuesta de MORENA, la autoridad fiscalizadora determinó que, si bien presentó la lista de asistencia al curso; resultado de la actividad; el material didáctico utilizado; el acta constitutiva del evento y constancias de participación del curso, omitió allegar la muestra de la actividad; la convocatoria del evento; el programa del evento; publicidad del evento, los cuestionarios de entrada y salida; y los curriculum vitae de los expositores. En consecuencia, la observación no quedó atendida.

Expuesto lo anterior, deviene inoperante el agravio del recurrente por el que aduce que la determinación resulta errónea e infundada, dado que no precisa cuál argumento es el que resulta inexacto o qué fundamento se aplicó indebidamente o se dejó de aplicar.

Y si bien refiere el recurrente que se dio respuesta al oficio de segunda vuelta y en éste se señaló que las muestras y evidencias del proyecto solicitadas es presentaron en el SIF bajo el folio SIF 003, tal señalamiento no controvierte la conclusión sancionatoria.

Ello, dado que la autoridad fiscalizadora tomó en cuenta el contenido del mismo, exponiendo que, si bien el partido había presentado la lista de asistencia al curso, resultado de la actividad, el material didáctico utilizado, el acta constitutiva del evento y constancias de participación del curso; lo cierto es que había omitido presentar diversa documentación que le había sido requerida.

En este sentido, tampoco asiste la razón al recurrente en cuanto a que se le debió notificar sobre tal circunstancia a fin de no dejarle en estado de indefensión, pues, como se ha expuesto, la autoridad fiscalizadora le requirió en dos ocasiones a efecto de presentara la documentación soporte del Curso Denominado Violencia Política Contra Las Mujeres C.E.E. Durango. Sin que fuera viable realizar un tercer requerimiento, al haberse agotando su derecho de garantía de audiencia previsto en los artículos 44, 291 y 294 del RF.

Ahora, respecto al disenso de que la responsable determinó que se incumplió lo establecido en el artículo 51, numeral 1, inciso a) fracción IV, e inciso c) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 163 numeral 1 inciso a) y 173, numeral 1 inciso a) del RF, sin indicar las causas, este resulta infundado.

Opuestamente a lo sostenido, la UTF expresó las razones que sustentan la conclusión sancionatoria, pues desde un inicio le comunicó al recurrente que había omitido adjuntar la totalidad de la documentación soporte requerida en los proyectos de Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. Asimismo, le precisó qué documentación, exactamente, resultaba necesaria presentar a fin de cumplir con el requerimiento. Finalmente, explicó que, al haber sido omiso MORENA en presentar la convocatoria del evento, el programa del evento, publicidad del evento, los cuestionarios de entrada y salida y los curriculum vitae de los expositores, ello acreditaba la falta de documentación soporte y, por tanto, la infracción a los preceptos normativos antes citados. De ahí lo infundado del reproche.

CONCLUSIÓN 7.11-C15-MORENA-DG

SÍNTESIS DE AGRAVIO

Se duele el partido actor de que la responsable concluyera que MORENA omitió presentar 12 estados de cuenta y 12 respectivas conciliaciones bancarios de ocho cuentas bancarias, ya que tal determinación es errónea e infundada.

Lo anterior, ya que mediante oficio de respuesta identificado como CEN/SF/873/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se presentó la documentación requerida. Asimismo, se refirió la inexistencia de doce estados de cuenta y doce respectivas conciliaciones bancarias de ocho cuentas.

Sin embargo, la fiscalizadora consideró no atendida a cabalidad su requerimiento.

Al respecto, alega el recurrente que de la revisión al SIF puede apreciarse que sí se integraron las documentales referidas, por lo que ante la posibilidad de su inexistencia, debió notificársele a MORENA tal circunstancias para no dejarle en estado de indefensión, sin que ello implicara una segunda oportunidad defensiva, pues una cosa es que no haya localizado la información y otra es que no se haya ofrecido o que no exista, lo cual es una actitud negligente de la responsable.

Asimismo, aduce que el INE refiere que la presentación no cumplió con lo establecido en el artículo 257, numeral 1, inciso h) del RF, pero no indica las causas, infringiendo el principio de legalidad al existir indebida fundamentación y motivación.

RESPUESTA

El agravio se estima infundado, atento a las siguientes consideraciones.

Según se advierte de las constancias del expediente, la autoridad fiscalizadora notificó mediante oficio INE/UTF/DA/43262/201 al partido actor que de la revisión al SIF se constató que omitió presentar la totalidad de los estados de cuenta, así como las respectivas conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias registradas en la contabilidad, como se detalla en el anexo 6.1.1. Por lo que, se le solicitó presentar los estados de cuenta y conciliaciones bancarias correspondientes.

En su escrito de respuesta, MORENA afirmó presentar la totalidad de los estados de cuenta, así como las conciliaciones bancarias. Asimismo, mencionó lo siguiente:

“Por lo que respecta a las demás cuentas se anexa a este informe los estados de cuenta correspondientes al detalle plasmado en el anexo proporcionado por la autoridad adjunto al oficio, así como las conciliaciones que deriven de los registros contables en el SIF y por ultimo las muestras evidencia de la cancelación de las cuentas ....."xxxxxx"....., en apego al fundamento establecido por la NIF C-1 Efectivo y equivalencias de efectivo que tiene como objetivo establecer las normas de valuación, presentación y revelación de las partidas que integran el rubro de Efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de posición financiera de una entidad.”

Al respecto, la UTF señaló que, si bien se constató que el instituto político presentó ciertos estados de cuenta identificados con (1) en el anexo 6.1.1., aún faltaban por presentar los estados de cuenta y conciliaciones bancarias señalados con (2). Por tanto, le solicitó al partido presentar la documentación faltante.

Derivado de lo anterior, el partido respondió lo siguiente:

“En atención a esta observación hecha por la autoridad fiscalizadora, informamos que se anexa como documentación adjunta al informe el papel de trabajo con el detalle de las contribuciones federales como lo solicita la autoridad fiscalizadora. Así mismo, se anexa la evidencia documental que atestigua los pagos de los impuestos realizado con posterioridad al cierre del ejercicio en revisión. Por lo que atañe a la evidencia documental que acredita el pago de los impuestos que fueron liquidados con posterioridad al cierre del ejercicio en revisión. Dicha Información se encuentra anexada a la póliza PN/EG276/ENERO/2021.”

Finalmente, en la determinación de la autoridad fiscalizadora, se estimó que, por lo que corresponde a las cuentas señaladas con (1) del Anexo 6_MORENA_DG del Dictamen, se determinó que presentó los estados de cuenta y conciliaciones bancarios de enero a diciembre del dos mil veinte, asimismo, se verificó que los movimientos bancarios se encuentran reportados en la contabilidad; por tal razón, la observación quedó atendida respecto a este punto. Sin embargo, respecto a las cuentas señaladas con (2) se determinó que no presentó los estados de cuenta ni las conciliaciones bancarias solicitados, como se detalla a continuación:

Por tanto, al omitir presentar doce estados de cuenta bancarios y sus respectivas conciliaciones bancarias por cada una de las ocho cuentas bancarias registradas, la observación no quedó atendida.

Ahora bien, el partido apelante se duele de que la autoridad fiscalizadora no haya considerado atendida a cabalidad su requerimiento, argumentando que mediante el segundo oficio de respuesta se presentó la documentación requerida y que se refirió la inexistencia de doce estados de cuenta y doce respectivas conciliaciones bancarias de ocho cuentas.

Lo infundado del agravio radica en que ello no fue así, puesto que de la lectura de la respuesta de MORENA no se advierte que se haya hecho referencia a dicha inexistencia, a fin de que la responsable estuviera en posibilidad de tomarlo en cuenta en su determinación. Y si bien en la primera de las respuestas rendidas, el partido mencionó que presentaba “las muestras evidencia de la cancelación de las cuentas ....."xxxxxx".....” tal señalamiento no puede considerarse un aviso claro y pormenorizado de la información que el partido político se encuentra obligado a comunicar a la autoridad fiscalizadora, si es que tal circunstancia fuera la justificación del incumplimiento al requerimiento efectuado.

Por lo anterior, aunado a que el recurrente no brinda mayores elementos para refutar la determinación de la responsable, se colige que el partido indebidamente omitió la presentación de los estados de cuenta y conciliaciones bancarias señalados.

Por lo que ve al reclamo de que, ante la posibilidad de la inexistencia de la documentación, debió notificársele para no dejarle en estado de indefensión, ello se estima infundado, en razón de que la autoridad fiscalizadora le requirió en dos ocasiones a efecto de presentara los estados de cuenta y conciliaciones bancarias precisadas. Sin que fuera viable realizar un tercer requerimiento, al haberse agotando su derecho de garantía de audiencia previsto en los artículos 44, 291 y 294 del RF.

Ahora, respecto al disenso de que la responsable determinó que se incumplió lo establecido en el artículo 257, numeral 1, inciso h) del RF, sin indicar las causas, este resulta infundado, pues, como se ha señalado reiteradamente en este apartado, la responsable determinó que MORENA había incurrida en la conducta infractora al omitir presentar 12 estados de cuenta bancarios y sus respectivas conciliaciones bancarias de cada una de las ocho cuentas bancarias registradas indicadas en el Anexo 6_MORENA_DG.

CONCLUSIONES 7.11-C16-MORENA-DG Y 7.11-C17-MORENA-DG

SÍNTESIS DE AGRAVIOS