RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SG-RAP-75/2024

RECURRENTE: PARTIDO POLÍTICO MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL[1]

MAGISTRADA ELECTORAL: GABRIELA DEL VALLE PÉREZ

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: NORMA ALTAGRACIA HERNÁNDEZ CARRERA

Guadalajara, Jalisco, doce de septiembre de dos mil veinticuatro.

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública de esta fecha, resuelve revocar parcialmente los actos impugnados, en lo que fueron materia de controversia, para los efectos precisados en este fallo.

Frases y palabras clave: engrose, dictamen consolidado, informes de ingresos y gastos de campaña; irregularidades en materia de fiscalización, sanciones.

De lo narrado por el partido recurrente en su escrito de apelación, así como de las constancias que obran en el expediente, se advierte lo siguiente:

1.       Dictamen consolidado y su respectiva resolución (actos impugnados). En sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veinticuatro,[3] el CG del INE aprobó el dictamen consolidado (INE/CG1951/2024) respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los partidos políticos y coaliciones a los cargos de diputaciones locales, ayuntamientos y sindicaturas correspondientes al proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el estado de Chihuahua, y su respectiva resolución (INE/CG1952/2024).[4]

2.       Demanda. El dos de agosto, el partido político Morena, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General, interpuso demanda de recurso de apelación a fin de controvertir el dictamen consolidado y la resolución referidos, específicamente por lo que hace a las conclusiones sancionatorias que le fueron impuestas.

3.       Acuerdo de Sala Superior. El veintiuno de agosto, en el expediente de recurso de apelación SUP-RAP-398/2024, la Sala Superior de este Tribunal determinó remitir la demanda y sus respectivos anexos a esta Sala Regional, al estimar que era la autoridad competente para conocer y resolver la litis planteada por el actor.

4.       Recepción de constancias y turno. El veintitrés de agosto se recibieron en este órgano jurisdiccional, vía correo electrónico en la cuenta salaregional.guadalajara@notificaciones.tribunal electoral.gob.mx, el acuerdo en comento y las constancias del medio impugnativo, lo que fue debidamente certificado por la Secretaria General de Acuerdos de esta Sala.

En esa misma fecha, el Magistrado Presidente acordó integrar el expediente SG-RAP-75/2024, y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Gabriela del Valle Pérez para su debida sustanciación.

5.       Radicación y requerimiento. El veintiséis de agosto se recibieron en la oficialía de partes de esta Sala, las constancias originales del expediente. En esa misma fecha, la Magistrada Instructora acordó la radicación del medio impugnativo y, el día veintinueve del mismo mes, formuló requerimiento a la Secretaría Ejecutiva del INE, mismo que fue cumplimentado en su oportunidad.

6.       Admisión y cierre de instrucción. En el momento procesal oportuno se admitió la demanda y, al no haber diligencias pendientes qué desahogar, se declaró cerrada la instrucción, quedando el asunto en estado de dictar sentencia.

II. RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, es competente para conocer y resolver el presente medio de defensa, toda vez que se trata de un recurso de apelación promovido por un partido político nacional, quien controvierte las sanciones en materia de fiscalización impuestas por el Consejo General, derivado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña respecto de las candidaturas a los cargos de diputaciones locales, ayuntamientos y sindicaturas correspondientes al proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el estado de Chihuahua; supuesto y entidad federativa donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en la siguiente normativa:

     Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[5]: artículos 41, base VI; 94, párrafo primero, y 99, párrafo cuarto, fracción VIII.

     Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: artículos 1, fracción II; 164; 165; 166, fracción V, y 176, fracción I.

     Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[6]: artículos 3, numeral 2, inciso b); 40; 42 y 44, numeral 1, inciso b).

     Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: artículo 46, fracción XIII.

     Acuerdo INE/CG130/2023 del CG del INE, por el que se aprueba la demarcación territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva[7].

     Acuerdo 3/2020 de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

     Acuerdo 2/2023 de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, que regula las sesiones de las Salas del Tribunal y el uso de herramientas digitales.[8]

Además, en el Acuerdo General 1/2017[9], la Sala Superior determinó que los medios de impugnación que se presenten contra los dictámenes y resoluciones que emita el Consejo General respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado, serán resueltos por la Sala Regional que ejerza jurisdicción en la circunscripción que corresponda a la entidad federativa de que se trate, siempre que se vinculen con los informes presentados por partidos políticos en el ámbito estatal.

La competencia de esta Sala se fundamenta, además, en la determinación adoptada por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-398/2024.

SEGUNDO. Precisión del acto reclamado y autoridad responsable. El actor se inconforma contra el dictamen consolidado INE/CG1951/2024 y su respectiva resolución INE/CG1952/2024, mediante los cuales, el CG del INE le impuso diversas sanciones.

El Consejo General, al ser el órgano encargado de aprobar las resoluciones sobre los dictámenes consolidados, es la única autoridad que debe tenerse como responsable, dado que el dictamen tiene el carácter de una opinión previa que contiene un estudio preliminar sobre las irregularidades detectadas en el procedimiento de fiscalización de los ingresos y gastos de los sujetos obligados, por lo que sus conclusiones son de carácter propositivo.

Criterio sostenido en la Jurisprudencia 7/2001, de rubro COMISIONES Y JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SUS INFORMES, DICTÁMENES Y PROYECTOS DE RESOLUCIÓN, NO CAUSAN PERJUICIO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.[10]

No obstante, debe destacarse que las consideraciones y argumentos contenidos en el dictamen consolidado forman parte integral de la correspondiente resolución, y son de carácter fundamental para la imposición de las sanciones.

En ese tenor, a pesar de que solo se tiene como autoridad responsable al Consejo General, deben tenerse como actos impugnados el referido dictamen y su respectiva resolución, a través de la cual se sancionó al ahora partido recurrente con motivo de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el Estado de Chihuahua.

TERCERO. Procedencia. Se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia del recurso de apelación, previstos en los artículos 8, 9, numeral 1; 42 y 45, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley de Medios, como enseguida se detalla.

a)  Forma. La demanda fue presentada ante la autoridad responsable[11]; en ella se hace constar el nombre del partido actor y la firma autógrafa de quien promueve en su representación; se exponen los hechos y agravios que se estimaron pertinentes, además de que se ofrecen pruebas.

b) Oportunidad. Se cumple este requisito toda vez que las versiones engrosadas de los actos impugnados fueron notificadas vía electrónica al partido Morena el veintinueve de julio, a través del oficio INE/DS/3135/2024, agregado al expediente, concretamente, en el dispositivo electrónico USB que obra a foja 343. Además, tal circunstancia es reconocida expresamente por el recurrente.

Por tanto, si la demanda se presentó el dos de agosto, es evidente su oportunidad.

Se estima aplicable al caso, la Jurisprudencia 1/2022. PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. CUANDO UNA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN FUE OBJETO DE MODIFICACIONES, NO OPERA LA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA.[12]

c)  Legitimación y personería. El recurso es promovido por parte legítima, esto es, un partido político nacional con registro ante el INE.

Por otro lado, la personería de Sergio Carlos Gutiérrez Luna, como representante propietario de Morena ante el Consejo General, se tiene por acreditada, en virtud del reconocimiento expreso que hace la autoridad responsable en el correspondiente informe circunstanciado.

d) Interés jurídico. La parte apelante cuenta con interés jurídico para interponer el presente recurso, toda vez que controvierte diversas conclusiones sancionatorias y sus correlativas sanciones impuestas con motivo de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado atinente a los informes de ingresos y gastos de campaña de dicho ente político, con motivo del actual proceso electoral local en Chihuahua.

e)  Definitividad y firmeza. Ambos requisitos se satisfacen porque en la Ley de Medios no se prevé algún otro juicio o recurso que deba ser agotado por la parte actora, previo al presente.

En consecuencia, al estar colmados los requisitos de procedencia

en análisis, lo conducente es llevar a cabo el estudio en el fondo de la cuestión planteada.

CUARTO. Estudio del fondo.

     Cuestión previa

Antes de entrar al estudio del fondo de la controversia, conviene apuntar que esta Sala Regional se encuentra obligada al estudio integral y exhaustivo del escrito de demanda, a fin de determinar la existencia de argumentos tendentes a acreditar la ilegalidad de los actos combatidos, con independencia del apartado en que se contengan.[13]

Asimismo, con fundamento en lo previsto en el artículo 23, numeral 1 de la Ley de Medios, se encuentra en aptitud de suplir, en su caso, las deficiencias en la expresión de los agravios expuestos por la parte recurrente, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos.

Lo anterior no implica que deba hacerse una suplencia total ante la ausencia de agravios, ya que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, numeral 1, inciso e) de la citada legislación, en los medios de impugnación, como el que ahora se resuelve, el recurrente debe mencionar de manera expresa y clara los hechos en que basa su pretensión, los agravios que le causa el acto o resolución impugnada, así como los preceptos presuntamente violados.

Luego, para que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de suplir deficiencias en la demanda, debe desprenderse o deducirse, al menos, un principio de agravio que presuntamente causan los actos que se impugnan y los motivos o hechos que originaron ese agravio.[14]

     Pretensión, causa de pedir y litis

En la especie, Morena controvierte las siguientes conclusiones sancionatorias:

Las conclusiones 1 a 4 corresponden a Morena, en lo individual, y las conclusiones 5 a 9 corresponden a Morena, como integrante de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

Su pretensión es que esta Sala Regional revoque las referidas conclusiones y, en consecuencia, deje sin efectos las sanciones impuestas, o de ser el caso, ordene a la autoridad responsable emita una nueva determinación en la que realice una nueva individualización de cada sanción cuestionada, excluyendo las extemporaneidades que derivaron de las fallas que presentó el Sistema Integral de Fiscalización.[16]

Lo anterior, porque en su concepto, los actos de autoridad –en la parte que controvierte– no se encuentran revestidos de plena constitucionalidad y legalidad.

De acuerdo con lo anterior, la litis en el presente asunto se centra

en dilucidar si le asiste o no, la razón al recurrente, a la luz de los planteamientos de inconformidad que formula.

     Método de estudio

El partido actor hace valer las siguientes temáticas de agravio:

a)  Falta de exhaustividad y falta de fundamentación y motivación

b) Indebida calificación de la falta e incorrecta individualización de la sanción

Por cuestión de método, en primer término, se analizará el agravio identificado con el inciso a), respecto de las conclusiones: 7_C22_CH, 9.2_C27_CH, 7_C10_CH, 7_C1_CH, 9.2_C25_CH, 9.2_C23_CH y 9.2_C24_CH.

Posteriormente, se analizará lo aducido en el agravio b), en lo que hace a las conclusiones 7_C22_CH, 7_C10_CH, 7_C21_CH y 9.2_26_CH.

En la inteligencia de que el orden de estudio no causa perjuicio a las partes ya que, en términos de la Jurisprudencia 04/2000. AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN, no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que lo decisivo es su estudio integral.[17]

     Análisis de los agravios

a) Falta de exhaustividad y falta de fundamentación y motivación

En el apartado de la demanda intitulado “SOBRE LAS MÚLTIPLES FALLAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN DEL INE”, el partido actor expone, sustancialmente, que es necesario que se tome en cuenta que existieron diversas fallas continuas, sistemáticas y graves en el SIF que le impidieron a los partidos políticos –a Morena, en particular– utilizar el sistema y cumplir cabalmente con ciertas obligaciones en materia de fiscalización, lo cual justifica la revocación o modificación de las sanciones impuestas.

Señala que las fallas fueron documentadas debidamente por el partido y hechas del conocimiento oportuno de la autoridad responsable conforme lo establece el “Manual de Usuario Sistema Integral de Fiscalización Versión 4.0”; al efecto, enlista los tickets supuestamente levantados a través del servicio de ayuda, así como diversos oficios y actas levantadas por notario público.

Agrega que en ningún momento se tuvo la intencionalidad de infringir la normativa electoral, sin embargo, todas las fallas presentadas en el sistema entorpecieron el debido reporte que se intentó realizar.

Aduce que, aun cuando las fallas generaron la modificación de los plazos mediante el Acuerdo CF/007/2024, la autoridad responsable fue omisa en considerar tales circunstancias al momento de determinar el grado de responsabilidad del partido, e impuso sanciones sustentadas en observaciones carentes de fundamentación y motivación.

El apelante solicita que las anteriores manifestaciones de inconformidad se tengan por reproducidas en relación con las conclusiones cuyo motivo de agravio se relacione con las fallas del SIF (como es el caso de las conclusiones 7_C22_CH y 9.2_C27_CH).

Conclusión sancionatoria 7_C22_CH[18]

En el particular, Morena sostiene que la sanción que la autoridad fiscalizadora le pretende imponer, toma como base la extemporaneidad en el registro de operaciones en diversos rubros, sin que la responsable tuviera en cuenta, en su motivación y fundamentación, aquellas situaciones sobre fallas en el SIF que oportunamente el partido hizo de su conocimiento.

Afirma que las fallas no afectan únicamente a los partidos el mismo día en que ocurren, sino que las consecuencias de tales anomalías persisten los días subsecuentes, generan incertidumbre e imposibilitan la debida planeación y logística inherente al reporte en tiempo real de operaciones.

Manifiesta que es obligatorio que la autoridad responsable se pronuncie sobre todos los aspectos que expuso en el escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, pues de lo contrario, se vulneraría su derecho de garantía de audiencia, colocándolo en un estado de indefensión.

Por tanto, solicita a esta autoridad jurisdiccional que tome en consideración lo expuesto y, en consecuencia, revoque la conclusión sancionatoria en comento por no atender a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y se ordene a la autoridad fiscalizadora realice los pronunciamientos debidos sobre las fallas en el SIF.

Respuesta de esta Sala

Los motivos de disenso devienen inoperantes toda vez que el

actor no los expuso al desahogar la garantía de audiencia, por lo que el INE no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre ellos.

En efecto, del dictamen impugnado, apartado 07 Morena, se desprende lo siguiente:[19]

De lo transcrito, es posible advertir que, en la respuesta a la observación formulada respecto a las operaciones extemporáneas detalladas en el Anexo 5.2 Op. Fuera tiempo, el partido Morena no realizó manifestación alguna sobre presuntas fallas de operatividad en el SIF.

Por el contrario, reconoció expresamente la obligación de realizar los registros contables en tiempo real, acorde al modelo de fiscalización en materia político-electoral, y que la omisión del registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención perseguida por la norma aplicable al caso.

A fin de justificar su actuar extemporáneo, hizo referencia a la magnitud de registro contable a nivel federal y local, en razón del cúmulo de operaciones que se suscitan durante un proceso electoral, resaltando que existía ánimo en la rendición de cuentas y que, aun fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializaba.

Por ello, solicitó que se sancionaran con amonestación pública las

operaciones registradas fuera de tiempo, o en su caso, se redujera el criterio de sanción.

Conforme a lo reseñado, es claro que el recurrente no hizo valer ante la autoridad responsable las supuestas fallas y anomalías que presentaba el SIF y que, según afirma, le impedían realizar el registro oportuno de las operaciones detalladas en el Anexo 5.2; por tanto, no es jurídicamente válido que ante esta instancia formule agravios al respecto.

Lo anterior, al tratarse de cuestiones novedosas sobre las cuales la responsable estuvo impedida para emitir algún pronunciamiento, precisamente, porque no le fueron planteadas, lo que ipso facto acarrea la imposibilidad jurídica de este órgano resolutor para efectuar el análisis pretendido.

Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J.150/2005, de rubro AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN.[21]

Conclusión sancionatoria 9.2_C27_CH[22]

El apelante se agravia de que la sanción impuesta en este caso, tuvo como base la extemporaneidad en el registro de operaciones en diversos rubros, sin que la responsable tomara en cuenta, en su motivación y fundamentación, las situaciones que oportunamente hizo de su conocimiento sobre las diversas fallas que presentaba el SIF, lo cual, materialmente lo imposibilitó para realizar los registros de operaciones y carga de documentación soporte en el tiempo que marca la normatividad.

Al respecto, enlista en su demanda una serie de tickets, oficios y actas de hechos levantadas ante notario público, mismos que, según su dicho, amparan las denuncias o avisos hechos del conocimiento de la autoridad fiscalizadora sobre las fallas en el sistema.

Alega que la falta de pronunciamiento de la responsable sobre tales anomalías vulnera los principios de exhaustividad, certeza y proporcionalidad de las sanciones, pues la responsable pretende castigarlo por un cúmulo de extemporaneidades, deslindándose de la responsabilidad que tuvo tales circunstancias.

Respuesta de esta Sala

En principio, es importante señalar que los instrumentos notariales en los que el partido presuntamente documentó las fallas, no son mecanismos normativamente establecidos para tal fin.

En efecto, en los artículos 39 y 40 del Reglamento de Fiscalización del INE se prevé, entre otros aspectos:

En ese contexto, en el Manual de la persona usuaria del sistema[23] se determinó referir en un apartado denominado “Plan de Contingencia de la Operación del sistema”, lo siguiente:

[…] ante cualquier situación técnica que se llegare a presentar a los usuarios, que impida la funcionalidad y operación normal del sistema y se describe el procedimiento, las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar la continuidad de la operación del sistema a los usuarios, los sujetos obligados y de la autoridad electoral en sus funciones de fiscalización, así como el procedimiento de atención de consultas relacionadas con la operación del mismo sistema.

Para efectos de lo establecido en el presente documento se entenderá por:

Consulta. - Solicitud de información para el uso correcto del sistema o por desconocimiento de su funcionamiento.

Incidencia. - Toda alteración técnica que afecta a un solo usuario en la operación del sistema.

Falla de Sistema. - Toda alteración en la funcionalidad del sistema que afecta de manera generalizada a los usuarios, en el ingreso o las funcionalidades del mismo.

[…].

Conviene describir el procedimiento[24] y los plazos que deberán observar los usuarios que se ubiquen en alguna de las situaciones antes descritas.

De lo anterior, se tiene que la autoridad electoral previó la existencia de problemas o fallas en el sistema, así como el procedimiento a seguir para solventarlas, dentro del cual no se contempla que instrumentos notariales puedan obviar sus pasos.

Ahora bien, se estima fundado el agravio relativo a que la autoridad responsable faltó al principio de exhaustividad en el análisis realizado en torno a los argumentos de defensa que Morena hizo valer con motivo de la observación que dio origen a la conclusión sancionatoria que se analiza, de conformidad con las siguientes consideraciones.

Del dictamen consolidado impugnado, en su apartado 09.2 SHH_CH[25], se aprecia que, en el escrito CEN/SF/137/2024 –por el cual se dio respuesta al oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/26852/2024[26], en concreto, a la observación relativa a “Operaciones extemporáneas” (ID 32)– el partido Morena expuso, primeramente, que la presentación de registros extemporáneos se debió a una complicación logística ante las excesivas cargas de trabajo que tenía al encontrarse en periodo de campaña.

Luego manifestó que, si bien existía la obligación de realizar el registro contable de las operaciones, el cumplimiento o defecto en el cumplimiento de dicha obligación debía ser considerado en beneficio del justiciable, entendiendo los contextos y particularidades que presentaban las diversas dinámicas en el desarrollo de las campañas.

En adición a lo anterior, señaló que el SIF había presentado constantes inconvenientes y fallas informáticas permanentes para el acceso, carga y captura de la información y documentación contable dentro del referido sistema, lo que había impedido el adecuado desarrollo y registro oportuno de las operaciones, cuyo reporte estaba obligado a realizar.

Precisó que dichas inconsistencias habían sido reportadas ante la autoridad competente y, en su caso, se habían obtenido los siguientes tickets:

o       Ticket INC000003759655 de fecha 31 de mayo de 2024.

o       Ticket INC000003759989 de fecha 31 de mayo de 2024.

o       Ticket INC000003761425 de fecha 01 de junio de 2024.

o       Ticket INC000003763129 de fecha 02 de junio de 2024.

Más adelante, puntualizó que el INE es el responsable y encargado del SIF, por lo que las observaciones que dicha autoridad pretendiera imponerle y que hubieran sido desencadenadas con motivo de las constantes fallas en el sistema, debían considerarse como observaciones sin efectos o, en su caso, como atendidas, pues de incurrir en conductas contrarias al marco normativo de fiscalización, no sería su responsabilidad.

Del propio dictamen se observa que, en efecto, la autoridad responsable omitió –lisa y llanamente– emitir un pronunciamiento en torno a las aducidas fallas informáticas, en el que expresara los argumentos y/o fundamentos jurídicos particulares por los que consideraba que lo manifestado por el sujeto obligado resultaba insuficiente para tener por solventada la observación detectada en ese caso concreto, advirtiéndose que tampoco revisó ni ponderó el valor probatorio que, en su caso, podían tener los cuatro tickets mencionados en el escrito de respuesta.

De la resolución impugnada –concretamente, del estudio de la conclusión sancionatoria que ahora se analiza– tampoco se desprende razonamiento alguno referente a las presuntas anomalías técnicas en el SIF expuestas por Morena.

Así las cosas, en concepto de esta Sala Regional, le asiste la razón al recurrente en el sentido de que la responsable incurrió indebidamente en una falta de exhaustividad al no analizar el contenido de su respuesta de manera integral, de ahí que lo procedente sea revocar parcialmente la resolución impugnada, para los efectos que más adelante se precisan.

Conclusión sancionatoria 7_C10_CH[27]

El partido actor se agravia de que la responsable basó su determinación de sancionarlo, en el presunto incumplimiento de lo previsto en los artículos 56, numerales 3, 4 y 5; 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 63, 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 26, numeral 1, inciso a); 33, numeral 1, inciso i); 74, 96, numeral 1; 105, 106, 107, numerales 1 y 3; 240 y 243 del Reglamento de Fiscalización, lo cual estima ilegal porque, a su juicio, de dichos preceptos no se desprende la obligación de registrar el carácter del evento, ni tampoco que se tengan que realizar obligatoriamente gastos con motivo de su realización, aun cuando sean registrados como onerosos.

Refiere que el status de un evento reputado por un partido como “oneroso” o “no oneroso”, es solo una referencia para la autoridad, lo que en modo alguno constriñe a un partido a gastar o no gastar, dado que existe la posibilidad de que, de manera espontánea, se presenten elementos de gasto en un evento, ya sea por parte del partido o por terceros, o que por una necesidad el partido sí realice erogaciones no previstas atendiendo a las condiciones de la campaña.

Sostiene que, en respuesta a la observación formulada por la autoridad, informó que: “con relación a los eventos enlistados en el Anexo 3.5.15 de la presente observación, se manifiesta a esta Unidad que se realizará la actualización de estatus correspondientes, de *Oneroso a NO Oneroso”.

En resumen, el inconforme aduce que si no existe la obligación expresa e ineludible de llevar a cabo gastos indiscriminadamente en todos y cada uno de los eventos, entonces no existe la omisión de reportar gastos que no existen.

Respuesta de esta Sala

Los motivos de agravio resultan inoperantes, debido a que tales argumentos ni otros de esencia similar se hicieron valer en la respuesta al oficio de errores y omisiones que el hoy actor dirigió a la autoridad fiscalizadora, de modo que, ante esta instancia, dichos argumentos constituyen aspectos novedosos.

En efecto, en el dictamen consolidado (apartado 07 Morena) quedó puntualizado, en lo que al caso interesa, lo siguiente.

Tal como se advierte de lo transcrito, la responsable informó al sujeto obligado que, de la revisión a la agenda de eventos, se observó que reportó eventos “onerosos” sin que se registraran gastos en el SIF, solicitándole que presentara en el propio sistema la documentación comprobatoria según se tratara de gastos realizados por el sujeto obligado, aportaciones en especie o transferencia en especie.

No obstante, en su respuesta a lo anterior, el ente político se limitó a referir que dicha observación no podía ser alcanzada documentalmente, toda vez que la naturaleza cierta de dichos eventos no correspondía a onerosos, y que dicho calificativo corresponde a un mal “suscito” registro.

A la par, solicitó se valorara la naturaleza informativa de dichos reportes y se tomara en cuenta el criterio sostenido en la Tesis XXVIII/2003. SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES, bajo un pensamiento garantista y progresista.

De esta manera, es incuestionable que los argumentos vertidos en la demanda de apelación constituyen aspectos novedosos que, en todo caso, debieron formularse en el escrito de contestación al oficio de errores y omisiones, ya que esta es la etapa procesal oportuna para aclarar e intentar justificar un determinado actuar u omisión que sea objeto de observación por ser presuntamente irregular, a fin de que lo expuesto en ese escrito, junto con las pruebas que, en su caso, sean aportadas, sean tomados en consideración por la autoridad al momento de emitir la determinación que en derecho corresponda.

Al no haberlo hecho así, la defensa del recurrente ante esta autoridad jurisdiccional, es inoperante, pues no es viable analizar planteamientos que no se hicieron valer con la debida oportunidad.[28]

Aunado a lo anterior, el apelante no combate las consideraciones que dieron sustento a la decisión de tener por no atendida la observación, consistentes en que, de la validación a los 118 eventos objeto de la observación, se constató que correspondían a eventos tales como apertura de campaña, convivios, brigadas, cena con empresarios, visitas a comunidades, perifoneo, mitin con simpatizantes y cierre de campaña, mismos que se consideraban onerosos por su propia naturaleza. Y, toda vez que no se registró el gasto correspondiente, el partido infringió la normativa electoral aplicable.

Sirve como criterio orientador, la Jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), de rubro AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA.[29]

Conclusión sancionatoria 7_C1_CH[30]

Mediante el oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/26854/2024, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido Morena que observó la omisión de otorgar a sus candidatas, al menos el 50% de su financiamiento público para actividades de campaña, en términos de lo estipulado en los “Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género”[31], como se indicó a continuación:

Por tanto, le solicitó presentara en el SIF las aclaraciones que a su derecho conviniera, con fundamento en el artículo 14, fracción XIV de los Lineamientos VPG, así como en la Metodología para Verificar el cumplimiento de distribución de recursos, a los que se refiere el citado ordenamiento normativo.[32]

Ahora, del escrito de respuesta CEN/SF/136/2024 se lee que, en principio, el sujeto obligado describió la metodología de distribución de recursos, contenida en el Acuerdo CF/006/2024.

Posteriormente, puntualizó que la responsable perdía de vista datos objetivos, tales como:

(1) La distribución del financiamiento que realiza el partido político o las coaliciones entre cada candidato. Morena sí destinó el financiamiento debido conforme a las reglas establecidas en las normas, pero existían otros factores que podían implicar que las erogaciones finales no correspondieran, por decisión de las propias candidaturas, a la referida distribución, lo cual escapaba de su control.

(2) La potestad de cada candidato para utilizar el financiamiento que le fue otorgado. Las candidaturas podían decidir en qué y cuánto gastar para actividades y propaganda de campaña, solo cuidando no rebasar su tope de gastos, sin que el partido pudiera imponerles la obligación de gastar todo lo asignado solo por no querer incurrir en la modificación del balance de 50% y 50% del financiamiento otorgado; de ahí que no debía ser sancionado.

(3) Los actos y operaciones que se efectúan a lo largo de las campañas, que son objeto de prorrateo. No es potestad del partido ignorar los beneficios que, conforme a la norma estricta, una candidatura obtiene por participar espontáneamente en un evento, por lo cual tiene que realizarse el debido prorrateo. Lo anterior rompe con la planeación original del beneficio, pero constituye una acción que no se podía evitar tan solo para seguir guardando el referido equilibrio de 50% y 50% de gastos.

Añadió que la norma que obliga a los partidos a presentar cuentas de erogaciones al 50% y 50%, es inconstitucional, pues obliga a algo imposible de cumplir cuando también los cálculos de estas cantidades están sujetas a las decisiones a posteriori del Consejo General, respecto de los presuntos beneficios adicionales que puedan darse a una candidata o candidato, aumentando su ejercicio de gasto.

En ese tenor, Morena solicitó expresamente al INE la inaplicación de la metodología descrita, en lo que otorgara mayor preponderancia a los gastos realizados que a la disponibilidad financiera otorgada a las candidatas, y considerara también el bajo margen de diferencia que pudiera existir entre lo efectivamente erogado entre hombres y mujeres, en aras de apartarse de una postura absolutista que busca solamente cumplir un postulado formal, en perjuicio de las decisiones de las propias candidatas en torno al ejercicio de su gasto.

Solicitó que, de no proceder lo anterior, se realizara un nuevo cálculo con las cifras finales y, de acuerdo a la metodología descrita, se determinara si efectivamente el partido incurrió en la conducta infractora que se le pretendía atribuir.

En el análisis respectivo, la autoridad electoral tuvo por no atendida la observación, al tenor siguiente:

(…)

De la revisión a las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado, aun cuando manifestó que en cuanto a la repartición se dio por equidad y de acuerdo a la zona de representación ya que la presidencia del partido fue la que estableció de acuerdo a estrategias electorales del análisis a las operaciones reportadas en el SIF durante el periodo de corrección, se determinó que el sujeto obligado no destinó, al menos, el 50% de su financiamiento público para actividades de campaña de sus candidatas, omitiendo erogar un monto de $1,324,969.15, lo que configura un incumplimiento en la distribución de recursos a los que se refiere el artículo 14, fracción XIV, de los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales, partidos políticos nacionales con acreditación local y, en su caso, los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, como se detalla en el cuadro siguiente:

Por lo anterior, al no otorgar el 50% de su financiamiento público en razón de genero a las candidatas del partido, como se detalla en el Anexo FP_MORENA_CH la observación no quedó atendida. 

(…)

Hechas las anotaciones contextuales pertinentes, se tiene que, en el agravio SEXTO de la demanda que se analiza, el recurrente plantea que existió una errónea calificación de la falta e individualización de la sanción, así como una violación al principio de legalidad por indebida valoración de lo previsto en los artículos 1º y 4º constitucionales, dado que la responsable no resolvió sobre la cuestión planteada en su respuesta (lo que para esta Sala implicaría una falta al principio de exhaustividad) todo lo cual, vulnera los principios de igualdad sustantiva, libre autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos.

Morena refiere, asimismo, que la falta de fundamentación y motivación consiste en la omisión de la autoridad de emitir cualquier acto de molestia sin citar el o los preceptos que resulten aplicables, o bien, cuando deja de expresar razonamientos lógico-jurídicos que sustenten que esos preceptos resultaban aplicables al caso sometido a su jurisdicción; mientras que la indebida motivación, se presenta cuando las razones que la autoridad expone para tomar una decisión, son discordantes con el contenido de la norma jurídica aplicable al caso.

En su concepto, los lineamientos que regulan la materia son perfectibles, en tanto que carecen de respuesta a diferentes circunstancias fácticas y lógicas que se desprenden de su operación, y pueden causar perjuicio a las mujeres, generando incentivos perversos que les perjudican, o en su caso, no les garantizan una participación política libre de presiones u obstáculos en el proceso electoral.

Señala que lo anterior se planteó en la contestación al oficio de errores y omisiones, donde se solicitó la inaplicación de los Lineamientos VPG, en tanto que estos no contemplan ningún tipo de margen o causa de excepción que permita resolver qué debe hacer el partido ante situaciones no previstas; reiterando su desacuerdo con la disposición normativa que obliga a los partidos políticos a destinar (al menos) el 50% del financiamiento público a actividades de campaña de sus candidatas mujeres.

Respuesta de esta Sala

Los agravios consistentes en la falta de exhaustividad, así como en la falta de fundamentación y motivación de los actos impugnados, en relación con la conclusión sancionatoria que se revisa, son sustancialmente fundados y suficientes para revocar, en el apartado conducente, dichos actos.

Ello se considera así, al ser evidente que la responsable no analizó en su integridad los planteamientos formulados por Morena en su escrito de respuesta a la observación identificada como “Financiamiento Público otorgado a Candidatas” (ID 1 del dictamen consolidado, apartado 07. MORENA), ni tampoco expuso las razones puntuales por las que arribó a la determinación de tener por no atendida dicha observación.

En efecto, del dictamen consolidado se aprecia que la autoridad administrativa electoral, se limitó a señalar que, de la revisión a las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado, aun cuando este manifestó que la repartición de recursos para campaña se dio por equidad y de acuerdo a la zona de representación, porque la presidencia del partido así lo estableció por estrategia electoral; así como del análisis a las operaciones reportadas en el SIF durante el periodo de corrección, resultaba procedente determinar que el ente político no destinó, al menos, el 50% de su financiamiento público para actividades de campaña de sus candidatas, omitiendo erogar un monto de $1,324,969.15, lo que, en su concepto, configuraba un incumplimiento en la distribución de recursos a que se refiere el artículo 14, fracción XIV de los Lineamientos VPG.

Por otro lado, en el apartado conducente de la resolución impugnada, el Consejo General sostuvo, en esencia, que era imputable al partido Morena la responsabilidad de la conducta infractora atribuida, ya que no presentó acciones contundentes para deslindarse de la misma, de la cual era originalmente responsable.

Conforme a lo descrito, resulta cierta la aseveración del apelante relativa a que la autoridad responsable inobservó el principio de exhaustividad porque, por un lado, omitió exponer razonamientos lógico-jurídicos que dieran respuesta puntual (en el sentido que estimara pertinente) a los planteamientos vertidos en el referido escrito de respuesta, a saber:

1. La presunta inconstitucionalidad de la norma que obliga a los partidos a presentar cuentas de erogaciones al 50% y 50% para candidaturas de hombres y de mujeres, y

2. La solicitud de inaplicación de la metodología para la verificación de los Lineamientos VPG.

Y, por otro, no dio respuesta a la petición de que, en el supuesto de que no procediera la inaplicación de la precitada norma, se realizara un nuevo cálculo con la información final que se desprendiera del SIF y de la fiscalización realizada a la Coalición, y con base en ello, se determinara si efectivamente el partido incurrió en la conducta infractora que se le atribuía.

También se acredita la violación al principio de legalidad en perjuicio del recurrente, pues como ha quedado evidenciado, la responsable no expresó los argumentos o motivos que la condujeron a tener por no atendida la observación atinente a “Financiamiento Público otorgado a Candidatas”.

Sin que, en la especie, sea procedente que esta Sala emita un pronunciamiento de fondo en torno a los planteamientos originales formulados por el apelante, pues ello equivaldría a sustituirse indebidamente en la autoridad competente para esos efectos, como lo es el Consejo General del INE, dada la forma en que los agravios fueron expuestos.

En consecuencia, lo procedente es revocar, en la parte que corresponde, la resolución impugnada para los efectos que se precisarán en el apartado subsecuente de este fallo.

Conclusión 9.2_C25_CH[33]

El contexto de la conclusión que ahora se analizará, es el siguiente.

La autoridad fiscalizadora del INE realizó la siguiente observación al partido Morena, y dicho ente político dio respuesta en los términos que enseguida se transcriben.

En el análisis respectivo, la autoridad administrativa electoral determinó lo siguiente:

Como se lee, la responsable tuvo por no atendida la observación en comento, con base en los siguientes argumentos torales:

      La respuesta se consideró insatisfactoria, aun cuando el sujeto obligado manifestó haber actuado con espontaneidad en el cumplimiento de sus obligaciones; haber actuado con antelación a la formulación de la observación y existir complicaciones logísticas ocasionadas por la complejidad operativa que conlleva el proceso electoral.

      El hecho de registrar oportunamente los gastos en que incurrió en cada uno de los eventos, no libera al partido de la falta al procedimiento establecido en el Reglamento de Fiscalización.

      19 eventos políticos reportados por el sujeto obligado en la agenda de eventos, no se llevaron a cabo en el lugar, fecha y horario indicado en cada caso, sin que el sujeto obligado presentara la cancelación o modificación de los datos de su realización en la propia agenda.

      La omisión de cancelar e informar de manera oportuna la modificación del lugar, fecha y horario de la realización de los eventos, genera que el INE destine (infructuosamente) recursos humanos, financieros y materiales para su verificación, lo cual afecta el ejercicio de fiscalización y atenta contra los principios de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas de los sujetos obligados.

Al respecto, en la resolución impugnada se puntualizó que la respuesta del sujeto obligado no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advertían conductas tendentes a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que no era procedente eximirlo de su responsabilidad.

En la demanda de apelación Morena hace valer, a manera de agravio, lo siguiente:

1)  La omisión de cancelar oportunamente eventos políticos en la agenda de eventos, debe ser considerada como una falta formal, en tanto que no obstruye la facultad fiscalizadora del INE ni el espectro de transparencia de recursos.

2)  La pretensión de la responsable para agravar su conducta, parte de premisas argumentativas que suponen que una afectación al Instituto en el orden ocupacional de recursos humanos y económicos para acudir a los eventos, conlleva a una afectación al proceso de fiscalización.

3)  La responsable pasó por alto la causa “impresa” en su escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, en torno a los actos violentos cometidos contra candidaturas.

4)  El proceso electoral concurrente 2023-2024 fue catalogado como uno de los más violentos en la historia de nuestro país, lo que obligó a los sujetos obligados a mantener el sigilo necesario en sus actividades de campaña por el temor fundado y la salvaguarda de su integridad (a pie de página, se inserta la dirección electrónica https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2024-06-02/mexico-sale-a-las-urnas-bajo-la-sombra-de-la-violencia-y-37-aspirantes-asesinados.html).

5)  Los hechos de violencia referidos, entorpecieron el correcto actuar del partido para el cumplimiento de sus obligaciones.

6)  “Tales probanzas” sustentan hechos actuales y latentes que demuestran la situación precaria a la que se enfrentaron sus candidaturas, ya que su margen de exposición los convierte en blanco del crimen organizado.

Respuesta de esta Sala

Es inoperante la manifestación 1) formulada por Morena en el sentido de que, la omisión infractora que se le atribuye, debe ser considerada como una falta formal, en tanto que no obstruye la facultad fiscalizadora del INE ni el espectro de transparencia de recursos; lo anterior, porque tal argumento es una reiteración de lo expuesto en la contestación al oficio de errores y omisiones, amén de que el recurrente no expone argumentos dirigidos a controvertir las consideraciones de la responsable que la condujeron a calificar la falta como grave ordinaria.

En relación directa con lo anterior, el argumento de disenso que esta Sala identifica con el número 2), es igualmente inoperante, al ser una simple manifestación genérica e imprecisa que no combate frontalmente el razonamiento de la responsable, relativo a que el incumplimiento de dar aviso oportuno sobre la cancelación o modificación de eventos políticos generó que el INE destinara recursos humanos, financieros y materiales para su verificación, lo que afectó el ejercicio de fiscalización y los principios de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas del sujeto obligado.[36]

Razonamiento que, dicho sea de paso, se estima correcto porque, en efecto, cuando el sujeto obligado omite cumplir con su obligación de dar aviso oportuno sobre la cancelación o modificación de algún evento político, se genera un perjuicio irreversible al Instituto por la erogación de recursos humanos, financieros y materiales que fueron ejercidos con la finalidad de llevar a cabo la verificación de tales eventos pues, por ejemplo, el personal comisionado se trasladó innecesariamente al lugar en la fecha y hora reportados, para finalmente constatar que aquellos no se realizaron, lo que trae aparejada una vulneración al principio de legalidad, certeza y rendición de cuentas, que bien pudiera evitarse si el sujeto obligado cumpliera con tal obligación de modo que la responsable conociera con la debida oportunidad cuántos eventos sí se realizarán y cuántos no, o si se modificó el lugar, fecha y hora de su realización.

No tener conocimiento oportuno de ello (en la especie, respecto de 19 eventos) también dificulta la logística de su actuar, ya de por sí compleja ante el cúmulo de visitas de verificación que deben realizarse en periodo de campañas, máxime si se trata de procesos electorales concurrentes, como los que se llevaron y se están llevando a cabo en 2023-2024.

De igual manera, los argumentos identificados con los numerales del 3) al 6) del resumen de agravios hecho por esta Sala, en que se alude a la ocurrencia de actos de violencia generalizada durante el periodo de campañas, como justificante del actuar irregular atribuido al apelante, son a todas luces inoperantes, debido a que no fueron expuestos en la respuesta al oficio de errores y omisiones, cuyo contenido se insertó previamente.

Tal circunstancia acarrea que, ante esta instancia, dichos argumentos constituyan aspectos novedosos que, en todo caso, debieron formularse al dar contestación al oficio de errores y omisiones, acompañándolos de las probanzas pertinentes que sirvieran para acreditar ante la autoridad fiscalizadora que existió una imposibilidad material para dar cumplimiento puntual a las obligaciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas.

Al no haberlo hecho así, la defensa del recurrente ante esta jurisdicción, resulta inoperante, pues no es viable analizar planteamientos que no se hicieron valer con la debida oportunidad.[37]

Conclusiones 9.2_C23_CH y 9.2_C24_CH[38]

El estudio de estas conclusiones se efectuará conjuntamente, dado que versan sobre una falta igual.

La unidad fiscalizadora formuló la siguiente observación dentro del dictamen consolidado de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia”:

En respuesta a lo anterior, Morena se manifestó en los siguientes términos:

En su análisis, la autoridad determinó –en lo que al caso interesa– lo que enseguida se transcribe:

Al tener por no atendida la observación por concepto de gastos no reportados identificados en las visitas de verificación, la responsable procedió a determinar el costo del beneficio de los testigos identificados con (2) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 16_SHH_CH, concluyendo que el sujeto obligado (es decir, Morena) omitió reportar en el SIF los gastos generados por 52 hallazgos, valuados en $5,620,165.12.[40]

(Hasta aquí, el contexto de la conclusión sancionatoria 9.2_C23_CH).

En el mismo dictamen, la unidad fiscalizadora formuló la observación ID 27, en términos idénticos a la previamente descrita, solo que, en este caso, los gastos detectados como no reportados correspondían a candidaturas beneficiadas a cargos del ámbito federal y local, según Anexo 3.5.21.A.

La respuesta del partido fue la siguiente:

La autoridad determinó lo siguiente:

Al tener por no atendida la observación respecto a los hallazgos señalados con (2) en la columna “Referencia Dictamen” de los Anexos 34_SHH_CH, 33_SHH_CH y 35_SHH_CH, la responsable procedió a determinar el costo del beneficio de los mismos, concluyendo que el sujeto obligado omitió reportar gastos por conceptos de propaganda y publicidad en eventos, de los cuales, $514,250.38 correspondían a candidaturas del ámbito local. Asimismo, realizó el prorrateo de los hallazgos, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización

(Fin del contexto de la conclusión sancionatoria 9.2_C24_CH).

En su demanda, Morena aduce que, contrario a lo determinado por el Consejo General, los egresos a que se refieren ambas conclusiones, sí se encuentran y fueron debidamente registrados en el SIF, lo que se hizo del conocimiento de dicho órgano electoral mediante el escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones exponiéndole, en cada caso, la póliza o registro contable en donde podía ser encontrada la información.

No obstante –asevera– la autoridad determinó sancionarlo bajo la afirmación genérica de que, si bien encontró los registros, no encontró evidencia suficiente para acreditar que correspondían a los hallazgos observados en cada caso.

El apelante refiere que no bastaba que la autoridad fiscalizadora simplemente negara la acreditación del registro de gasto, sino que, para sustentarlo, debía:

o    Reconocer la presentación de cada póliza correspondiente.

o    Analizar su contenido y contrastarlo con el presunto gasto no reportado.

o    Dilucidar si, efectivamente, existía el reporte del gasto observado.

o    Informar al partido en la motivación de su conclusión –máxime si es una sanción– las razones por las cuales, en su ejercicio de contraste, determinaba que la póliza y su información eran insuficientes.

Desde su perspectiva, el hecho de que la responsable se limitara a decir que no encontró los gastos, violenta su derecho de defensa al impedirle combatir las razones que sirvieron de base para desestimar los registros contables que presentó.

Agrega que el actuar de la autoridad vulnera en su perjuicio los principios de legalidad y tipicidad debido a la imposición de sanciones por presunto gasto no reportado, siendo que sí presentó las pólizas correspondientes; por tanto, si la responsable insistiera en su intención de sancionarlo, al no encontrar evidencias, tendría que discernir entre un gasto no reportado y un gasto no comprobado debidamente.

A fin de sustentar su dicho, el accionante inserta en su demanda lo que denominó “parte de la evidencia”[41] de que sí reportó a la autoridad los egresos observados como no reportados, y sostiene que lo hizo en su respuesta a los oficios de errores y omisiones proporcionándole a la autoridad anexo, número de ID del registro contable de operaciones y número de póliza contable de respaldo.

Respuesta de esta Sala

En primer lugar, y en relación con la conclusión 9.2_C23_CH, esta Sala Regional advierte que la autoridad fiscalizadora (al analizar la respuesta del partido a la observación ID 26) indicó que el Anexo 3.5.9.A, en el que según Morena se encontraba la información relacionada con los gastos detectados como no reportados, estaba (en realidad) referido al procedimiento de campo de monitoreo de medios impresos, por lo que tal anexo no guardaba correspondencia con cada uno de los hallazgos observados en el caso particular.

En ese tenor, no le asiste la razón al recurrente cuando afirma, que en su respuesta al oficio de errores y omisiones hizo del conocimiento de la autoridad cada póliza o registro contable en donde podía ser encontrada la respectiva información, pues tal circunstancia fue desvanecida en el cuerpo del propio dictamen, sin que el ahora apelante exponga algún razonamiento tendente a demostrar lo contrario, sino que se concreta a señalar que sí aportó la información pertinente.

Por otra parte, se considera que el resto de los argumentos expuestos en la demanda de apelación, respecto a las dos conclusiones sancionatorias en estudio, son inoperantes, toda vez que no se hicieron valer en las respuestas al oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/26852/2024. De ahí que, ante esta instancia, constituyan cuestiones novedosas que, por lo mismo, no resulta dable analizar.[42]

Como se desprende de cada escrito de respuesta, Morena adujo que lo referido en el anexo (del oficio de errores y omisiones) se encontraba debidamente reportado y registrado en el SIF; empero, siendo ese el momento procesal oportuno para ejercer a plenitud su garantía de audiencia, omitió precisar, en cada caso, las pólizas, registros contables o rutas en donde podían ser localizados los reportes de gastos de los hallazgos observados, sin que tampoco adjuntara esos u otros elementos comprobatorios, incumpliendo así con dicha carga procesal.

Esto es así, ya que de las constancias que obran en el expediente y de las propias manifestaciones de las partes, no se acredita que la información de gastos detectados como no reportados (referidos en los Anexos 3.5.21 y 3.5.21.A, respectivamente) se hubiera hecho del conocimiento de la autoridad fiscalizadora por parte del hoy recurrente, en su debida oportunidad.

Ahora bien, el apelante inserta en su demanda lo que identifica como “parte de la evidencia” de que sí reportó a la autoridad fiscalizadora los egresos observados como no reportados proporcionándole anexo, número de ID del registro contable de operaciones y número de póliza contable de respaldo; “evidencia” que vincula exclusivamente a la conclusión 9.2_C23_CH y que, según se aprecia, consiste en 19 imágenes de documentos contables diversos, mismos que ahora pretende sean tomados en cuenta en su beneficio.

Por tanto –se reitera– lo sostenido por la parte recurrente ante esta jurisdicción, resulta novedoso y, por ende, inoperante, pues es claro que la autoridad fiscalizadora no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, ni tampoco estuvo en la posibilidad jurídica ni material de analizar y ponderar elementos de convicción que le permitieran desvirtuar o contrarrestar las observaciones formuladas en el oficio de errores y omisiones, ya que tales elementos no le fueron allegados.

No pasan inadvertidas las manifestaciones del recurrente en el sentido de que no bastaba que la autoridad fiscalizadora simplemente negara la acreditación del registro de gasto, sino que, para sustentarlo, debía aceptar y reconocer la presentación de cada póliza correspondiente; analizar su contenido y contrastarlo con cada presunto gasto no reportado, para luego dilucidar si, efectivamente, existía el reporte del gasto observado, y finalmente, informar al partido en la motivación de su conclusión, las razones por las cuales, en su ejercicio de contraste, determinaba que la (s) póliza (s) y su información eran insuficientes.

Empero, dichos argumentos devienen igualmente inoperantes al descansar en la premisa errónea de que la responsable sí tuvo a su alcance la documentación contable pertinente, porque según el partido, sí se la allegó, de ahí que este último insista en su pretensión de que le sea aceptada y reconocida la presentación de cada póliza; se analice su contenido y se contraste con cada gasto no reportado a fin de que la responsable motive adecuadamente su determinación.

Lo inexacto de tal premisa radica en que el partido Morena incumplió con la carga probatoria que le correspondía al momento de contestar el oficio de errores y omisiones, pues omitió informar o bien, acompañar en físico, aquellos elementos de convicción aptos, suficientes y necesarios que desvirtuaran plenamente las observaciones formuladas, tal como se analizó en párrafos anteriores. De ahí la anunciada inoperancia del disenso.

Enseguida, se procede al estudio del segundo grupo de agravios hechos valer en la demanda.

Para esta Sala, son inoperantes las manifestaciones vertidas por Morena[43], en el sentido de que la sanción impuesta en la conclusión sancionatoria 7_C22_CH, carece de proporcionalidad, pues es claro que tal agravio descansa en la única circunstancia de que la responsable no atendió lo relativo a las supuestas fallas y anomalías en el funcionamiento del SIF, lo cual fue desestimado en un apartado de estudio previo de este fallo.

Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS.[44]

En otro orden de ideas, tenemos que, la parte recurrente sostiene que le causa agravio la multa impuesta en relación con la conclusión 7_C10_CH[45], la cual asciende a la cantidad de $896,788.20 (Ochocientos noventa y seis mil setecientos ochenta y ocho pesos 20/100 M.N) puesto que no se encuentra debidamente motivada en los rubros de trascendencia de las normas transgredidas, valores o bienes jurídicos tutelados que fueron violados, la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas y la reincidencia.

Desde su apreciación, al calificar la falta e individualizar la sanción, la responsable partió de afirmaciones dogmáticas, pues, si bien es cierto que al actualizar en la agenda de eventos el estatus de un evento a “Realizado”, se acepta su existencia, ello no implica, por sí mismo, que se hubieran realizado erogaciones, sino que solo significa que se da aviso a la autoridad de que el evento se llevó a cabo.

Agrega que resulta excesivo calificar la falta como grave y de fondo, al no existir elementos que permitan afirmar, sin lugar a dudas, que existió un gasto que se omitió reportar, menos aún, la existencia de un gasto en sí.

Respuesta de esta Sala

Los motivos de inconformidad se estiman infundados, en virtud de que, para esta Sala, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada en los rubros de trascendencia de las normas transgredidas, valores o bienes jurídicos tutelados que fueron violados, singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas y reincidencia, tal como se desprende de la lectura a la parte conducente de dicha resolución.

Ahora, el partido se equivoca al estimar que la actualización en la agenda de eventos del estatus de un evento, a “Realizado”, aunque implica un reconocimiento de su existencia, no significa necesariamente que se hubieran realizado erogaciones, sino que solo es un aviso a la autoridad de que el evento se llevó a cabo.

Tal razonamiento se aparta de toda lógica, pues no es dable suponer siquiera, que un evento de campaña –cualquiera que sea su naturaleza, magnitud y condiciones de realización– no conlleve la erogación (prevista o no prevista) de recursos humanos y financieros (ya sea por parte del ente político o por terceros), mismos que el sujeto obligado está obligado a reportar oportunamente como gastos involucrados lo que, a su vez, cobra relevancia –por ejemplo– en la revisión del rebase al tope de gastos de campaña de la elección de que se trate.

Además, la conducta infractora objeto de sanción consistió en la omisión del partido Morena de registrar el gasto correspondiente a 118 eventos onerosos (no gratuitos), pues en la validación correspondiente la autoridad fiscalizadora constató que correspondían a: aperturas de campaña, convivios, brigadas, cena con empresarios, visitas a comunidades, perifoneo, mitin con simpatizantes y cierre de campaña, los cuales, por su propia naturaleza, debían ser considerados onerosos.

Fue así que, adecuadamente, determinó que la omisión de referencia vulneraba directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

También se consideran correctos los argumentos vertidos en la resolución, primero, en el sentido de que, por lo que hace a la normatividad transgredida, al actualizarse una falta sustantiva, se presentó un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados (certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos), así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Y, segundo, que existió singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una sola irregularidad de tal carácter, aunado a que no era reincidente; conclusiones que no ameritaban una mayor motivación.

Por lo que hace al calificativo de la falta como grave ordinaria y de fondo, el apelante sustenta su disenso en el único argumento de que no existían elementos que permitieran afirmar que, sin lugar a dudas, existió un gasto que se omitió reportar, menos aún, la existencia de un gasto en sí.

Sin embargo, como ya se apuntó, la autoridad constató que los 118 eventos motivo de la observación inicial debían ser considerados onerosos, en atención a su propia naturaleza –lo que, dicho sea de paso– no lo combate el recurrente.

Es por lo hasta aquí expuesto, que resultan infundados los agravios analizados.

A continuación, se procede al análisis conjunto de los agravios referentes a la indebida calificación de la falta e incorrecta individualización de la sanción, respecto de las conclusiones 7_C21_CH y 9.2_C26_CH[46], dado que se formulan en términos similares.

Morena refiere que, al calificar como grave ordinaria la falta consistente en la omisión de registrar actos públicos en la agenda de eventos, la responsable parte de la premisa de que las labores de fiscalización se vieron obstruidas por la omisión de reporte de eventos en la agenda, lo cual es una incongruencia, puesto que, en los respectivos anexos del oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/26854/2024 se incluyó una columna de actas de verificación sobre diversos eventos (columna “Dirección URL”[47]), lo cual pone en evidencia el ejercicio pleno de la facultad de fiscalización.

A su parecer, la responsable utiliza indebidamente el argumento de la supuesta vulneración a sus facultades fiscalizadoras para justificar la imposición de una sanción alta y desproporcionada, cuando lo correcto era calificar la omisión como una falta formal ante el reporte extemporáneo, y no como falta grave por omisión de reporte en la agenda de eventos, pues lo único que se impidió fue que tuviera conocimiento oportuno sobre la celebración de los eventos, no que ejerciera sus facultades de fiscalización.

Agrega que la responsable basó su determinación en pruebas insuficientes y dubitativas, aunado a que la sanción impuesta (en cada caso) resulta excesiva, incongruente, inequitativa y desproporcional porque la falta corresponde a una “omisión” que tuvo su origen en las constantes fallas del SIF.

Los planteamientos del apelante, analizados en su conjunto, son infundados.

Primero, porque Morena parte de la premisa equivocada de estimar que con su conducta infractora no se obstruyó (impidió) el ejercicio de la facultad fiscalizadora de la autoridad electoral, tan es así que esta última pudo llevar a cabo actos de verificación de los eventos; sin embargo, de la lectura integral a la parte conducente de la resolución impugnada, es posible desprender que lo verdaderamente sustentado por la responsable fue que el registro extemporáneo de los aludidos eventos, por parte del sujeto obligado, dificultó el cumplimiento de su deber de garantizar de forma idónea el manejo de los recursos durante la revisión de los informes respectivos, incluso, impidió su fiscalización absoluta.

Segundo, porque el accionante afirma erróneamente que la autoridad responsable pretende justificar la desproporcionada sanción que le impuso solo en la supuesta obstrucción al ejercicio de su facultad fiscalizadora. Por el contrario, esta autoridad resolutora advierte que, en la calificación de la conducta infractora, así como en la individualización de la sanción concurrieron diversos elementos.[48]

En efecto, en la resolución impugnada se sostuvo que la conducta infractora (en ambas conclusiones) trajo consigo la no rendición de cuentas e impidió garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos, en vulneración de la certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, como principios rectores de la actividad electoral.

Que era evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado, impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

La responsable también consideró que, al actuar voluntariamente el hoy actor fuera de los cauces legales, en concreto, al omitir informar con veracidad respecto de la realización de los eventos que beneficiaron su campaña e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre su realización, se presentó un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como una real afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro.

Para la responsable, la omisión de Morena de informar en el plazo establecido por la normatividad aplicable la realización de eventos onerosos (es decir, con erogación de recursos financieros), aun cuando fueron detectados por la autoridad (22 eventos en lo que hace a la primera conclusión, y 16 en la segunda) resultó una diferencia con lo obtenido por la Unidad Técnica de Fiscalización, pues mediante las visitas de verificación se detectaron gastos correspondientes a la realización de dichos eventos (gastos de campaña)[49] no obstante que los eventos no se reportaron en el SIF dentro del plazo establecido en el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización.[50]

En suma, en la resolución se plasmaron las siguientes razones torales:

  Constituye un deber del sujeto obligado el registrar oportunamente en el sistema, la agenda de los eventos políticos que llevará a cabo en el período de campaña, con la finalidad de que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento oportuno de su celebración y, en su caso, pueda asistir a dar fe de ello.

  La omisión de cumplir a cabalidad con dicha obligación acarrea, necesariamente, la dificultad de garantizar de forma idónea el manejo de los recursos durante la revisión de los informes respectivos e impide su fiscalización absoluta.

  La irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado, se tradujo en una falta de resultado que ocasionó un daño directo y real a los bienes jurídicos tutelados por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados (certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas) lo que, adminiculado con el resto de los elementos que se analizaron, contribuía a agravar el reproche.

Todo lo anteriormente detallado pone de relieve que la responsable tomó en cuenta diversos factores para, finalmente, concluir que la falta debía ser calificada como grave ordinaria, y no solo el consistente en la obstrucción a su facultad fiscalizadora, como lo pretende hacer creer el partido actor.

Ahora, en la resolución se puntualizó que para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral se atendía al régimen legal aplicable, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior en la ejecutoria recaída al expediente SUP-RAP-05/2010; al respecto, el actor solo arguye que la sanción impuesta (en cada caso) resulta excesiva, incongruente, inequitativa y desproporcional debido a que la falta corresponde a una omisión que tuvo su origen en las constantes fallas en el SIF, pero sin citar ni vincular fallas específicas, a las conclusiones sancionatorias de que se trata.

Más aún, si bien la conducta infractora que se analiza en este apartado, es la omisión de registrar (oportunamente) actos públicos en la agenda de eventos, esta Sala estima conveniente traer a colación la razón esencial que dio origen a la Jurisprudencia 9/2016. INFORMES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. SU PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA, DEBE CONSIDERARSE COMO FALTA SUSTANTIVA[51], relativa a que, la conducta que obstaculice la rendición de cuentas debe considerarse como una falta sustantiva, por tratarse de un daño directo al bien jurídico relacionado con la rendición de cuentas y a los principios de fiscalización, que impide garantizar, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos.

Atento al cúmulo de razones expuestas, es que se califican como infundados los motivos de agravio referentes a la indebida calificación de la falta e incorrecta individualización de la sanción, respecto de las conclusiones 7_C21_CH y 9.2_C26_CH.

Finalmente, en las páginas 70 a 77 de la demanda, el recurrente vierte un conjunto de argumentos que no guardan relación con alguna de las conclusiones sancionatorias que controvierte. Por ende, tales argumentos son inatendibles.

QUINTO. Efectos. Al haber resultado fundados los agravios relativos a las conclusiones sancionatorias 9.2_C27_CH y 7_C1_CH, lo procedente es revocar el dictamen y la resolución impugnados, en las partes conducentes, para los siguientes efectos.

1.  El Consejo General del INE, en un plazo de treinta días naturales, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, deberá emitir una nueva resolución, fundada y motivada, en la que analice de manera exhaustiva y congruente lo relacionado con las conclusiones sancionatorias 9.2_C27_CH y 7_C1_CH, tomando en consideración los argumentos expuestos por Morena en los respectivos escritos de respuesta a los oficios de errores y omisiones correspondientes, así como las probanzas que, en su caso, se hubieran ofrecido y aportado en cada escrito, para que, a partir de ello, determine si se actualizan o no las conductas infractoras y, en consecuencia, si resulta procedente o no, imponer al partido recurrente alguna sanción.

En su resolución, la responsable deberá atender al principio de non reformatio in peius (no reformar en perjuicio).

2.  Hecho lo anterior, el Consejo General deberá informar lo conducente a esta Sala Regional, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo las constancias que así lo acrediten, incluidas las notificaciones a la parte recurrente.

En un primer momento, podrá hacer llegar la documentación atinente a la cuenta de correo institucional cumplimientos.salaguadalajara@te.gob.mx y, posteriormente, de manera física, por la vía que considere más expedita.

Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional

R E S U E L V E

ÚNICO. Se revocan el dictamen y la resolución impugnados, exclusivamente por lo que hace a las conclusiones sancionatorias señaladas en el apartado Quinto de este fallo, para los efectos precisados en el mismo.

NOTIFÍQUESE; personalmente, al partido político Morena[52] (por conducto de la autoridad responsable)[53]; por correo electrónico, al Consejo General del INE; y, por estrados, a las demás personas interesadas, en términos de ley.

Asimismo, infórmese a la Sala Superior de este Tribunal sobre la presente determinación, en atención al Acuerdo General 1/2017 y a lo determinado en el acuerdo plenario dictado el veintiuno de agosto pasado, en el expediente SUP-RAP-398/2024.

En su oportunidad, archívense el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por UNANIMIDAD de votos, el Magistrado Presidente Sergio Arturo Guerrero Olvera, la Magistrada Gabriela del Valle Pérez y el Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrado Omar Delgado Chávez, integrantes de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos Teresa Mejía Contreras, quien certifica la votación obtenida, así como da fe que la presente resolución se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto, así como el transitorio segundo, del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral; y el Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2/2023, que regula las sesiones de las Salas del Tribunal y el uso de herramientas digitales.