120.   El porcentaje no aportado se hizo de conformidad con la metodología prevista en el acuerdo de la Comisión de Fiscalización CF/006/2024[30].

121.   Siguiendo el procedimiento se llegó al porcentaje ponderado de ingresos por financiamiento público recibido por mujeres que fue del 48.79%, mientras que el porcentaje de ingresos por financiamiento público no destinado a mujeres fue de 1.21%.

122.   Ahora, el recurrente señala que el monto no destinado a Mujeres fue de $26, 802. 88, por lo que se evidencia una discrepancia de datos en las tablas del dictamen consolidado y el anexo 28_PT_DG, razones por las que considera que no existe certeza de los datos, entre el monto de $187,620.16 y el monto no destinado a mujeres por $26,802.88, sin embargo, no le asiste la razón, pues la autoridad determinó que el monto no destinado fue por cada diputación y en la tabla se multiplicó el monto por 7 diputaciones locales de mayoría relativa a las que se les asignó financiamiento en Durango, lo que arrojó el monto involucrado de $187,620.16, sin que se advierta la discrepancia señalada por el PT.

123.   De ahí que sea infundado el agravio, pues la autoridad siguió la metodología que sirve de fundamento para realizar los cálculos conducentes; además, de que no controvirtió el incumplimiento relativo a destinar un financiamiento paritario para las candidaturas de diputaciones de mujeres de mayoría relativa.[31]

Planteamientos

124.   Respecto de la conclusión 4_C22_BS, refiere que si bien es cierto que en las cláusulas del convenio se establecieron las cantidades que se debían cumplir para la multa, refiere que no debe ser imputada al PT, pues las evidencias marcadas por la autoridad no corresponden a su partido político.

125.   Los argumentos del recurrente son inoperantes porque omite demostrar que sí cumplió con su obligación de demostrar destinar, al menos 50% del financiamiento público para actividades de campaña que recibió, a las mujeres que postuló como candidatas, ni controvierte los razonamientos con los que la responsable lo sancionó. 

126.   Además, es novedoso, pues del oficio de errores y omisiones se advierte que a pesar de que presentó una respuesta, sin embargo, respecto a dicha observación no realizó aclaración alguna, relacionada con que las evidencias corresponden a Morena, razones por las que la autoridad responsable no pudo emitir un pronunciamiento al respecto, por lo que es evidente que ésta no tuvo posibilidad de analizarla y valorarla; aunado a que este órgano jurisdiccional no puede examinar esa información, pues no es una autoridad auditora de primera instancia.

127.   Es decir, debió manifestar lo relativo a que correspondía a Morena, debido a que las evidencias no correspondían a su partido, al responder el oficio de errores y omisiones, pues ello hubiera permitido a la autoridad estudiar tanto la información, documentación y manifestaciones que el sujeto obligado ahora viene a manifestar en sede jurisdiccional.

128.   En ese sentido, las consecuencias del incumplimiento de la obligación del partido político no pueden ser atribuidas a la autoridad fiscalizadora cuando de manera oportuna y precisa le señaló las observaciones e inconsistencias que detectó en su informe.

Planteamientos

129.   De la conclusión 4-C2-CH, el recurrente señala que la sanción impuesta carece de justificación adecuada porque, a pesar de lo indicado por la autoridad administrativa, el PT destinó recursos con una perspectiva de género, considerando las condiciones territoriales y geográficas. Se argumenta que la autoridad no realizó una correcta actividad fiscalizadora.

130.   Además, se destaca la importancia de que la autoridad considere a todas las candidaturas postuladas por el PT, ya sean parte de una coalición o individuales, y evalúe si se cumplió o no con la obligación de incluir a diputaciones y personas integrantes del ayuntamiento, lo cual no se hizo en este caso.

Respuesta

131.   Sobre la conclusión antes precisada, la autoridad responsable sostuvo básicamente, lo siguiente:

Respuesta

132.   Los agravios del PT son inoperantes por novedosos. Así es, el partido argumenta cuestiones que no fueron expuestas ante la autoridad responsable[32].

133.   Lo anterior, porque en los oficios de errores y omisiones, sus respuestas y la resolución controvertida no se advierten argumentos relacionados con cuestiones territoriales o geográficas.

Tema 4. Indebida motivación y fundamentación de las sanciones impuestas

134.   Este órgano de justicia advierte que los agravios sobre las conclusiones sancionatorias indicadas comparten, en esencia, la misma causa de pedir, con planteamientos en específico respecto de algunas precisiones.

135.   En virtud de lo anterior, los agravios se contestarán en conjunto, y una vez realizado lo anterior, se analizarán los planteamientos particulares.

136.   Esto, sin que se cause perjuicio al recurrente, en términos de la jurisprudencia 4/2000, “AGRAVIOS, SU EXAMEN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.[33]

Planteamientos

137.   El recurrente sostiene que la resolución impugnada vulnera en su perjuicio los principios constitucionales de legalidad, certeza, seguridad jurídica, exhaustividad y proporcionalidad de la pena.

138.   Con relación a las conclusiones detalladas en la tabla que antecede en las que el PT realiza planteamientos comunes relativos a que la responsable individualizó indebidamente la sanción, pues las características de las infracciones cometidas y las circunstancias particulares de su comisión daban lugar a calificar las faltas como formales y leves, mientras que el CG del INE calificó las faltas como sustantivas y graves ordinarias.

139.   Sostiene que las respectivas conclusiones sancionatorias correspondieron a errores en la contabilidad, los cuales constituyen una mera falta formal, pues con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos.

140.   Además, sostiene que el CG del INE no tomó en cuenta que no fue reincidente y que carece de capacidad económica.

141.   Finalmente, refiere que la sanción impuesta carece de exhaustividad y estuvo indebidamente fundada y motivada, al no precisar las pruebas y razonamientos que demostraron los elementos del tipo administrativo que supuestamente se actualizó.

142.   Ahora bien, por lo que corresponde a las conclusiones relativas a Sonora, el recurrente sostiene que la responsable calificó e individualizó indebidamente la gravedad de las faltas imputadas.

143.   Lo anterior porque el CG del INE no fundó ni motivó su decisión, no fue exhaustivo e impuso una multa desproporcionada, pues las faltas cometidas fueron culposas y no pusieron en peligro los principios de rendición de cuentas, además de que las sanciones impuestas fueron excesivas respecto a la capacidad económica del infractor.

144.   Asimismo, sostiene que no se transgredió ninguna norma jurídica al no haberse cometido una falta sustantiva. De manera que, en todo caso, debió sancionarse con amonestación y no con multa.

145.   En el mismo orden, en relación con la conclusión 4_C22_BS, correspondiente al Estado de Baja California Sur señaló que la multa es excesiva, que debió imponerse la mínima y que se debió requerir información por la responsable. Además, el PT sostiene que la responsable faltó al principio de exhaustividad, ya que cumplió con sus obligaciones respectivas e incurrió en indebida fundamentación y motivación.

146.   De igual modo, argumenta que la autoridad impuso una multa excesiva sin que se revisaran atenuantes, como la culpa, no reincidencia e impuso una sanción que rebasa el cien por ciento del monto involucrado. Igualmente, estima que las sanciones no corresponden a la gravedad de la falta porque si bien hubo un error, éste no fue grave ordinario ya que no se acreditó la intencionalidad.

Respuesta

147.   Los agravios del PT son inoperantes, al no controvertir la totalidad de los razonamientos expuestos por la responsable para calificar las faltas e individualizar las sanciones, o por ser novedosos; e infundados, pues el CG del INE sí fundó y motivó su resolución.

148.   Por lo que hace a todas las conclusiones, los planteamientos son ineficaces para modificar o revocar la resolución impugnada, como se expone enseguida.

149.   En lo que interesa, la responsable analizó la trascendencia de los bienes jurídicos afectados con las omisiones atribuidas al recurrente; asimismo, precisó que –al actualizarse faltas sustantivas– se presentó un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados. De forma que las faltas sustanciales de mérito vulneraron la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.

150.   De la demanda se advierte que el recurrente es omiso en confrontar las razones que llevaron a la responsable a calificar las faltas cometidas como sustantivas y graves ordinarias, sostenidas principalmente en los bienes jurídicos tutelados y la forma en la que fueron afectados por las conductas ilícitas y no solo puestos en peligro.

151.   Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 20/2024 de la Sala Superior de este tribunal electoral, de rubro: FISCALIZACIÓN. LAS SANCIONES QUE IMPONE LA AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA SE BASAN EN CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES EN QUE ES COMETIDA UNA FALTA, SIN QUE PUEDAN CONSIDERARSE COMO CRITERIOS FIJOS, INAMOVIBLES O VINCULANTES.[34]

152.   Además, se precisa que en los recursos de apelación SG-RAP-62/2024, SG-RAP-48/2022 y acumulado y SG-RAP-69/2024, resueltos por este órgano jurisdiccional se ha determinado un margen discrecional de la responsable para fijar las sanciones, a saber:

“… es criterio de este Tribunal Electoral, que las autoridades administrativas electorales tienen un margen discrecional para fijar su cuantía, lo cual no es arbitrario si se encuentra debidamente fundado y motivado.

… este Tribunal ha determinado que el criterio de sanción que utiliza en cada caso la autoridad responsable y dada la naturaleza de la infracción se realiza en ejercicio de su facultad discrecional para individualizar las sanciones a los sujetos obligados, de ahí que no pueda estimarse que dicha decisión es desproporcionada, excesiva o contraria a la norma, toda vez que tiene como objeto el inhibir una conducta.

Ahora, el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracciones I a V, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), prevé para los partidos políticos un catálogo de sanciones consistentes en: i) amonestación pública; ii) multa; iii) reducción de ministraciones; iv) interrupción de transmisión de propaganda; y, v) cancelación del registro.

De manera que, al establecer el legislador un mínimo y un máximo, así como un catálogo de posibles sanciones, el Consejo General del INE tiene la potestad de definir el monto y el porcentaje de la multa que estime adecuada, desde luego, exponiendo las razones que motivan tal sanción...”

153.   Por otro lado, no le asiste razón al PT al sostener que el CG del INE no tomó en cuenta que no fue reincidente, que carece de capacidad económica y que no existió dolo o mala fe en la comisión de la infracción.

154.   Esto, porque de la resolución impugnada se advierte con claridad que la responsable determinó –en cada caso– que el recurrente no fue reincidente, calificó la intencionalidad de las faltas con culpa y no dolo, en tanto que no se advirtió una intención específica para cometerlas, y tuvo en cuenta la capacidad económica del recurrente para efectos de imponer las sanciones, tal como se ejemplifica, en cada caso:

155.   Finalmente, es infundado el agravio común expuesto por el PT con relación a las conclusiones referidas en la tabla anterior, en el que señala que la sanción impuesta estuvo indebidamente fundada y motivada y que carece de exhaustividad, pues contrario a lo considerado, la responsable sí señaló las pruebas y razonamientos que demostraron los elementos de los tipos administrativos que se actualizaron en cada caso.[35]

156.   Máxime que el recurrente es omiso en controvertir de manera particularizada las razones que, en cada conclusión, llevaron a la responsable a tener por acreditadas las infracciones de mérito.

157.   La responsable precisó las normas que –en cada caso– vulneraron las conductas infractoras y calificó la falta de acuerdo con la graduación de las sanciones en materia administrativa, por lo que a efecto de imponer la sanción correspondiente consideró que debía tomarse en cuenta que: i) las faltas cometidas se calificaron como leves, ii) no implicaron una afectación a los valores sustanciales protegidos, sino únicamente su puesta en peligro, iii) no existió reincidencia, iv) las faltas fueron culposas y existió falta de cuidado por parte del sujeto obligado y v) existió pluralidad de conductas.

158.   A fin de controvertir lo anterior, el PT se limita a sostener que la responsable calificó e individualizó indebidamente la gravedad de las faltas, que la sanción fue desproporcionada al existir culpa y no poner en peligro la rendición de cuentas y, en cada resolución estableció un apartado relativo a la capacidad económica del infractor.

159.   Además, los agravios son inoperantes, al ser genéricos y no controvertir las razones por las que el CG del INE tuvo por acreditadas las infracciones cometidas e impuso las sanciones correspondientes.

160.   Lo anterior, porque el recurrente omite confrontar los razonamientos del CG del INE, que lo llevaron a tener por actualizadas las faltas descritas y a graduar la sanción, ni expresa los motivos por los que considera que la responsable incurrió en una indebida calificación de la falta e individualización de la sanción.

161.   En otro orden, no le asiste la razón al recurrente al alegar que las resoluciones impugnadas no están fundadas ni motivadas, pues se advierte que el CG del INE expresó las disposiciones normativas aplicables al caso y pormenorizó las causas particulares por las que consideró que se actualizaban en el caso concreto las respectivas hipótesis normativas.

162.   Respecto a las conclusiones 4_C5_JL y 4_C17_JL de Jalisco, en las que señala que el PT no cuenta con capacidad económica los agravios son inoperantes porque no controvierte los razonamientos de la responsable por los que consideró que dicho instituto político cuenta con capacidad económica, toda vez que cuentan con registro nacional y acreditación local, suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante Acuerdo INE/CG493/2023, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2024, los montos siguientes:

163.   Además, que en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos con acreditación local considerando la capacidad económica del ente nacional, la ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad electoral nacional. Por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que recibieron financiamiento público estatal, el pago de las sanciones económicas que en su caso se impongan se realizará por la autoridad electoral local.

164.   En ese sentido, con independencia de que el recurrente refiera que el partido no cuenta con financiamiento local, no es impedimento para determinar que cuenta con capacidad económica, considerando el ente nacional.

165.   Lo relativo a la conclusión 9.2_C23_CH, de Chihuahua, consistente en que la multa por un monto de $ 404, 651.89 es excesiva es inoperante porque el monto no coincide con el determinado en la resolución.

166.   Además, no le asiste la razón en cuanto a que la autoridad no tomó en cuenta que hayan sido candidaturas de la coalición, pues contrario a lo que sostiene, al realizar la imposición de la sanción estableció que atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido político integrante de la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Chihuahua, los cuales fueron desarrollados en el considerando denominado porcentajes de aportación e impuso al PT en lo individual, lo correspondiente al 4.80% del monto total de la sanción en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a una multa que asciende a 2484 Unidades de Medida y Actualización vigentes para el año dos mil veinticuatro , equivalente a $269,687.88 pesos.

167.   Mientras que a Morena en lo individual, lo correspondiente al 95.20%, del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que le corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $5,350,379.19 pesos, sin que se adviertan agravios que controviertan las consideraciones de la resolución impugnada.

168.   Por otro lado, en relación con la conclusión 4_C20_SO de Sonora, en las que señala que la autoridad responsable pretende emplear un criterio que pudiera concretarse en el presente año, a las actividades desempeñadas durante el ejercicio fiscal 2022, razón por la que vulnera los principios de irretroactividad, pues asegura que respecto a un hecho pasado impuso la norma vigente al momento en que se realizó y de donde además se cumple con el principio de legalidad, pues de esta manera se tiene la certeza de que, si por diversas razones el legislador decidiera posteriormente reformar la norma, ello no perjudica al sujeto.

169.   Además, refiere que también se viola el principio de confianza legítima, porque la sanción a las actividades aplicadas de manera extemporánea era la aplicación de una amonestación pública y en el caso se decidió cambiar abruptamente la determinación de una sanción económica.

170.   El recurrente no tiene razón respecto a que la autoridad responsable adoptó un criterio novedoso y vulneró el principio de irretroactividad, razones por las que considera que se le debió sancionar con una amonestación.

171.    El hecho que se haya impuesto una sanción distinta a otras de ejercicios previos para sancionar la falta de reporte oportuno de operaciones contables no implica un actuar indebido que se traduzca en un criterio novedoso y aplicación retroactiva de la norma, ya que la autoridad electoral puede válidamente imponer una de las sanciones establecidas en la norma (artículo 456, numeral 1, inciso a), de la LGIPE ) entre otras, una multa que prevé un mínimo y un máximo y otras posibles sanciones, incluida la reducción de ministraciones.[36]

172.   Lo anterior, sobre la base de que la autoridad administrativa goza de discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, siendo indispensable que funde y motive las razones para graduarla e imponerla, como ocurrió en el caso.

173. En ese sentido, en la resolución controvertida, apartados: “la trascendencia de la norma transgredida”, “los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados” y “la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas” de cada una de las conclusiones impugnadas; se argumentó que la finalidad de optar por alguna sanción de las previstas en dicha norma (artículo 456, numeral 1, inciso a), de la LGIPE), atiende a la lógica y finalidad que tiene la aplicación de sanciones, que es disuadir a los sujetos obligados de incurrir nuevamente en la comisión de infracciones y, a la par, generar conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

174. Por tanto, si en ejercicios anteriores, la autoridad responsable optó por una amonestación pública por la comisión de las irregularidades, semejantes a las sancionadas en el caso, ello atendió a que, en ese momento, se consideró óptima para perseguir esos fines.

175. Sin embargo, como se adelantó, ha sido criterio de la Sala Superior[37] que ello no impone el deber de sostener el mismo criterio de interpretación de manera indefinida, pues basta que se señale de manera fundada y motivada, en cada caso, como ocurrió, por qué elige alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 456 de la LGIPE para sancionar proporcionalmente las irregularidades, sin que las consideraciones expuestas por la responsable para justificar su decisión sean controvertidas frontalmente.

Confianza legítima

176. Tampoco tiene razón el partido recurrente, en cuanto a que el cambio de criterio afecta el principio de confianza legítima, pues en su concepto debió imponerse una amonestación pública y no una sanción económica, porque como se indicó, la autoridad responsable válidamente podía imponer alguna de las sanciones establecidas en la normativa, esto, conforme a las particularidades en que se cometió la falta en concreto, lo cual no implica un cambio de criterio que afecte dicho principio.

177. En efecto, la SCJN ha considerado que la confianza legítima constituye una manifestación del principio de seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, por la que, en caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público.[38]

178. Sin embargo, en el caso se trata de un procedimiento de fiscalización en el que rigen los principios de transparencia y rendición de cuentas, siendo que la legitima confianza se ve defraudada con actuaciones arbitrarias, lo cual no acontece en este caso.

179. Además, el recurrente pretende inhibir el ejercicio válido de facultades so pretexto de la legitima confianza, siendo que la autoridad funda y motiva suficiente y adecuadamente la sanción impuesta en el caso.

180. En cuanto a la conclusión sancionatoria 4_C10_CH, el recurrente afirma que la responsable omitió considerar que, conforme al convenio de coalición, Morena tiene las claves para realizar los registros contables y presentar los informes, así como el deber de prorratear el gasto entre cada uno de los partidos.

181. El agravio es inoperante, en parte porque el recurrente omite controvertir las consideraciones en que la responsable justificó su determinación;[39] además, resultan novedosos.

182. Durante la revisión la autoridad fiscalizadora identificó gastos por concepto de propaganda y utilitarios registrados por medio de transferencia en especie y no por cédula de prorrateo, como se detalla:

183. Por ello, requirió al recurrente que presentara la cédula de prorrateo donde identificara la distribución del beneficio de los gastos señalados a cada campaña por ámbito de elección, así como las correcciones a las cifras reportadas en la contabilidad, el o los informes de campaña y las aclaraciones pertinentes.

184. En respuesta, el recurrente presentó pólizas como evidencia, la cédula de prorrateo donde identificó la distribución de la propaganda y utilitarios.

185. No obstante, la autoridad fiscalizadora tuvo por no atendida la observación, porque de la cédula de prorrateo y la validación de las evidencias presentadas consistentes en mandil, bolsas ecológicas, chalecos, volantes, lonas, engomados, gorras, playeras, mangas de sol, advirtió que éstos beneficiaban tanto a candidaturas de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chihuahua y al PT.

186. Por tanto, consideró que el recurrente incurrió en la falta consistente en un indebido prorrateo, ya que omitió realizarlo entre la totalidad de las candidaturas beneficiadas como detalló en el anexo 8_PT_CH, por un monto de $2,240,576.00.

187. Como se advierte, los argumentos del recurrente son inoperantes porque omite demostrar que sí cumplió con su obligación de demostrar cómo el prorrateo benefició a cada candidatura, ni controvierte los razonamientos con los que la responsable lo sancionó. 

188. Así mismo, son novedosos porque en las respuestas a los oficios de errores y omisiones no se advierte que hubiese manifestado ante la autoridad fiscalizadora que no tenía en su poder la claves. De ahí su inoperancia.

189. Respecto de las conclusiones 4_C18_BS, 4_C28_BS y 4_C18_JL, relacionadas con los estados de Baja California Sur y Jalisco, en las que refiere que la autoridad omitió valorar medios de convicción y realizar requerimientos necesarios, los agravios son ineficaces, porque el apelante no indica qué pruebas o qué documentación se omitió requerir y valorar, aunado a que no expresa argumentación que confronte los razonamientos por los que el INE incurrió en omisión.

190. Por su parte, respecto de las conclusiones 4_C2_BC, 4_C3_BC, 4_C9_BC, 4_C18_BC y 4_C25_BC, relativas a Baja California, el recurrente refiere que existe una desproporcionalidad arbitraria en las sanciones.

191. Lo anterior porque refiere el partido de Morena y el PT tienen diferencias sustanciales en la capacidad económica, pues si bien existe similitud en las faltas cometidas, pues considera que no hay justificación en la imposición de las multas, pues el Consejo General del INE no realiza una incorrecta aplicación de la proporcionalidad en sentido amplio favoreciendo a Morena al no aplicar una sanción de acuerdo con la capacidad y número de faltas cometidas.

192. No obstante, lo alegado por el partido recurrente respecto a la desproporción señalada, con independencia del financiamiento público recibido por los partidos políticos, la autoridad responsable, se trata de una manifestación genérica al no controvertir el análisis mediante el cual la responsable concluyó que cuenta con la capacidad económica para afrontar la sanción impuesta.

193. Pues la sanción derivó del incumplimiento del recurrente a las disposiciones en materia de fiscalización, relativas a la apertura de cuentas bancarias, modificación del status de diversos eventos, informar de manera extemporánea la cancelación de eventos, lo que afectó la facultad de detectar posibles vulneraciones sustanciales en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, por lo que de ninguna forma deriva de un actuar arbitrario de la responsable.

194. Además, la sanción es acorde con el sentido y efecto disuasivo que deben tener las sanciones, ya que no entenderlo así llevaría a generar incentivos contrarios a los efectos que se buscan con la imposición de sanciones, disuadiendo con ello la responsabilidad que deben asumir por la comisión de sus conductas.

195. Es decir, la responsable determinó la sanción a imponer en atención a las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de la parte infractora, así como los elementos que concurrieron en la comisión de la falta, conforme al catálogo dispuesto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la LEGIPE, sin que dentro de los requisitos se encuentre realizar una comparación respecto de los financiamientos públicos recibidos por los partidos políticos.

196. Aunado a que el partido recurrente no expone agravios para evidenciar la ilegalidad de las consideraciones por las cuales la autoridad calificó la falta e impuso la sanción, por el contrario, se limita a exponer que es desproporcional porque otro partido político recibió más financiamiento público, sin tomar en cuenta que los motivos y fundamentos expuestos por la responsable.

197. Además, no es suficiente la desproporción de acuerdo con la diferencia del financiamiento público para cada partido político, pues las sanciones impuestas por la autoridad administrativa son de conformidad con las circunstancias particulares en que es cometida una falta, sin que los criterios sean vinculantes para otros partidos políticos.[40]

198. En virtud de lo anterior, el partido no confrontó eficazmente las consideraciones en las cuales se sustentó la sanción y, en consecuencia, no demostró que fuera desproporcional y excesiva.

199. Ahora, respecto de la conclusión 4.11_C36_PT_DG, el agravio es inoperante, pues de la resolución controvertida no se advierte el análisis de la referida conclusión, ni tampoco la existencia de una sanción relacionada con la misma.

200. Finalmente, respecto de las conclusiones controvertidas no le causa afectación al partido el hecho de que la responsable examinara el tipo de falta, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la intencionalidad, los bienes jurídicos lesionados, en conjunto, pues se trató de la misma falta por lo que regían las mismas consideraciones. Aunado a que en cada falta se le impuso la sanción respectiva conforme a cada monto involucrado.

201. Por lo expuesto y fundado se:

R E S U E L V E

ÚNICO. Se confirman las resoluciones impugnadas en lo que fueron materia de controversia.

NOTIFÍQUESE; personalmente, al recurrente;[41] por correo electrónico, al Consejo General del INE;[42] y, por estrados, a las demás personas interesadas, en términos de ley.  INFÓRMESE, a la Sala Superior de este Tribunal, en atención al acuerdo de Sala SUP-RAP-357/2024, así como el Acuerdo General 7/2017. En su oportunidad, devuélvanse las constancias que correspondan y archívese el presente asunto como concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, el Magistrado Presidente Sergio Arturo Guerrero Olvera, la Magistrada Gabriela del Valle Pérez y el Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrado Omar Delgado Chávez, integrantes de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos Teresa Mejía Contreras quien certifica la votación obtenida, así como da fe que la presente resolución se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto, así como el transitorio segundo, del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral; y el artículo cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2/2023, por el que se regulan las sesiones de las Salas del Tribunal y el uso de herramientas digitales.

[1] Secretariado de Estudio y Cuenta: Rosario Iveth Serrano Guardado y Manuel Alejandro Castillo Morales.

[2] Baja California.

[3] Baja California Sur.

[4] Chihuahua.

[5] Durango.

[6] Jalisco.

[7] Nayarit.

[8] Sinaloa.

[9] Sonora.

[10] En lo subsecuente, INE o autoridad responsable.

[11] En adelante, PT.

[12] En adelante, todas las fechas corresponden al dos mil veinticuatro, salvo precisión distinta.

[13] Con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI; 94, párrafo primero; y 99, párrafo cuarto, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 164; 165; 166, párrafo primero, fracción III, inciso g); 174 y 176, primer párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;  3, párrafos 1 y 2, inciso b), 4, 40, 42 y 44, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral [en adelante “Ley de Medios”]; los puntos primero y segundo del acuerdo INE/CG130/2023, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés; los acuerdos de la Sala Superior 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del poder judicial de la federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral; 2/2023, que regula las sesiones presenciales de las salas del tribunal, el uso de herramientas digitales y las medidas preventivas en el trabajo, durante la emergencia de salud pública; 1/2017 que ordena la delegación de asuntos de su competencia, para su resolución, a las Salas Regionales y 7/2017, por el cual se ordena la delegación de asuntos de su competencia, en materia de financiamiento público que reciben los partidos políticos nacionales en el ámbito estatal, para su resolución a las salas regionales.

[14] Previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 42, 45, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la Ley de Medios

[15] Visible a reverso de la foja 31 del tomo I del expediente principal SG-RAP-77/2024.

[16] Previsto en el numeral XIV, del Manual de Usuario Sistema de Fiscalización.

[17] Similar criterio se sostuvo en el recurso de apelación SUP-RAP-357/2024.

[18] Previsto en el numeral XIV del Manual de Usuario Sistema de Fiscalización.

[19] Procedimiento previsto en el numeral XIV del Manual de Usuario Sistema de Fiscalización.

[20] Para ese efecto se inserta un número de teléfono específico al cual se debe llamar.

[21] Similar criterio se asumió en el SUP-RAP-188/2013.

[22] Criterio sustentado en el recurso de apelación SUP-RAP-357/2024, en el ámbito local.

[23] ACUERDO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL PORCENTAJE PARA EL CÁLCULO PARA LA DETERMINACIÓN DEL MONTO NO DESTINADO A CANDIDATAS PARA DIVERSOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULARAL 50%, CONFORME A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN XIV,DE LOS LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON ACREDITACIÓN LOCAL Y, EN SU CASO, LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. Visibles en la página siguiente: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/170447

[24] En adelante Lineamientos. “Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género".

[25] Artículo 14. Los partidos políticos y las coaliciones deberán implementar, de forma enunciativa pero no limitativa, las siguientes acciones y medidas, para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, estas acciones deberán ser coordinadas con los organismos encargados del ejercicio y protección de los derechos de las mujeres al interior de los partidos políticos. (…) XIV. Garantizar que el financiamiento público destinado para la capacitación promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres propicie efectivamente la capacitación política y el desarrollo de liderazgos femeninos de militantes, precandidatas, candidatas y mujeres electas, así como la creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. En el caso del financiamiento no podrá otorgarse a las mujeres menos del 40% del financiamiento público con el que cuente cada partido o coalición para las actividades de campaña. Mismo porcentaje se aplicaría para el acceso a los tiempos en radio y televisión en periodo electoral. Tratándose de las elecciones de ayuntamientos o alcaldías y diputaciones locales o federales, en candidaturas con topes de gastos iguales, el financiamiento público destinado a las candidatas no podrá ser menor al 40% de los recursos totales ejercidos en dichas candidaturas.

[26] Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el porcentaje para el cálculo para la determinación del monto no destinado a candidatas para diversos cargos de elección popular al 50%, conforme a la metodología establecida para verificar el cumplimiento de la distribución de recursos a los que se refiere el artículo 14, fracción XIV, de los Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con acreditación Local y, en su caso, los Partidos Políticos Locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.

[27] De conformidad con la Jurisprudencia 20/2024 de la Sala Superior de este tribunal electoral, de rubro: FISCALIZACIÓN. LAS SANCIONES QUE IMPONE LA AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA SE BASAN EN CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES EN QUE ES COMETIDA UNA FALTA, SIN QUE PUEDAN CONSIDERARSE COMO CRITERIOS FIJOS, INAMOVIBLES O VINCULANTES.

[28] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que sobre el principio de igualdad ante la ley descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional, como principio fundamental que permea a todo ordenamiento jurídico, por lo que la a través de la expedición del acuerdo impugnado se materializan tales principios para garantizar que las mujeres accedan a cargos públicos en condiciones de igualdad.

[29] Similar criterio se tomó el recurso SUP-RAP-297/2024.

[30] Acuerdo por el que se modifica el porcentaje para el cálculo para la determinación del monto no destinado a candidatas para diversos cargos de elección popular al 50%, conforme a la metodología establecida para verificar el cumplimiento de la distribución de recursos a los que se refiere el artículo 14, fracción XIV, de los lineamientos para que los partidos políticos nacionales, partidos políticos nacionales con acreditación local y, en su caso, los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.

[31] Lo anterior, de conformidad con el artículo 14, fracción XIV de los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, aprobados por el Consejo General mediante acuerdo INE/CG517/2020, así como la Metodología para verificar el cumplimiento de distribución de recursos a los que se refiere el precitado ordenamiento, aprobada por la Comisión de Fiscalización mediante Acuerdo CF/003/2023 y la modificación del porcentaje para el cálculo aprobado en el Acuerdo CF/006/2024.

[32] Jurisprudencia 150/2005 de rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN”. Consultable en la página siguiente: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176604

[33] Visible en la liga siguiente: https://www.te.gob.mx/ius2021/#/

[34] Consultable en la liga siguiente: https://www.te.gob.mx/ius2021/#/

[35] Lo anterior porque en el dictamen consolidado y en su resolución, respectivamente, el CG del INE precisó:

A) Las documentales por las que –en cada caso– consideró actualizada las infracciones en análisis.

Esto pues, en cada conclusión sancionatoria, la responsable precisó los respectivos oficios de errores y omisiones que fueron notificados al recurrente, las correspondientes respuestas que –en su caso– fueron recibidas de parte del PT a modo de aclaraciones, y precisó las referencias de los anexos.

B) Además, en la resolución impugnada la responsable precisó las disposiciones normativas infringidas en cada caso y motivó las causas particulares o inmediatas por las que se actualizaron las respectivas infracciones en materia de fiscalización.

Esto, en tanto precisó que de la revisión de los informes de campaña y para garantizar el derecho de audiencia del recurrente le notificó los diversos oficios de errores y omisiones encontrados, a efecto de que el partido presentara las aclaraciones pertinentes.

Además, que el análisis de tales constancias advirtió la comisión de las respectivas infracciones, pues respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, ya que no se advertían conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas. Por lo que procedió a individualizar la sanción respectiva.

[36] Criterio sostenido en el SG-RAP-9/2024.

[37] SUP-RAP-346/2022, SUP-RAP-388/2022, SG-RAP-54/2022 y SG-RAP-58/2022.

[38] Jurisprudencia 2a./J. 103/2018 (10a.) de rubro: CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD.

[39] Tesis: I.6o.C. J/15, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA”.

[40] De conformidad con la Jurisprudencia 20/2024 de la Sala Superior de este tribunal electoral, de rubro: FISCALIZACIÓN. LAS SANCIONES QUE IMPONE LA AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA SE BASAN EN CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES EN QUE ES COMETIDA UNA FALTA, SIN QUE PUEDAN CONSIDERARSE COMO CRITERIOS FIJOS, INAMOVIBLES O VINCULANTES.

[41] Toda vez que su domicilio se encuentra en la Ciudad de México, se solicita el apoyo de la autoridad responsable para que en auxilio de esta Sala Regional realice la notificación correspondiente en el domicilio precisado en el escrito de demanda (del cual se anexará una copia al momento de notificarse a la autoridad responsable), y una vez hecho lo anterior, envíe las constancias que así lo acrediten.

[42] A quien se le notificará por correo electrónico, conforme al Convenio de colaboración institucional celebrado entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, así como los 32 Organismos Públicos Locales Electorales y los 32 Tribunales Electorales Locales –Estatales– con el objeto de realizar las actividades necesarias para simplificar las comunicaciones procesales respecto a los medios de impugnación en materia electoral o en los procedimientos especiales sancionadores que se promuevan, firmado el ocho diciembre de dos mil catorce, relativo al sistema de notificaciones por correo electrónico.