RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SG-RAP-101/2025

RECURRENTE: FUAD GEORGES FARAH VALDEZ[1]

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL[2]

PONENTE: SERGIO ARTURO GUERRERO OLVERA[3]

Guadalajara, Jalisco, dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco.

1.        Sentencia que confirma la resolución INE/CG959/2025 que sancionó a la ahora parte recurrente, con motivo de las irregularidades encontradas de la revisión de los informes únicos de gastos de campaña de las personas candidatas a juzgadoras, correspondiente al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial local 2024-2025, en el Estado de Chihuahua.

2.        Competencia[4], presupuestos[5] y trámites. La Sala Regional Guadalajara, en ejercicio de sus atribuciones, previstas en los artículos 99 de la CPEUM[6], 251, 252, 253, 260, 261, 263, 267 de la LOPJF[7]; y previo cumplimiento de los requisitos y trámites previstos en los artículos 7, 8, 9, 13 inciso a), 19, 22, 42, 44, inciso b), 45 y 46 de la LGSMIME[8]; pronuncia la siguiente sentencia:

HECHOS RELEVANTES

3.        El recurrente participó como candidato a magistrado local en materia penal en el Estado de Chihuahua y, derivado de la revisión de su informe único de gastos de campaña, se le impuso una sanción económica[9], por lo que en este asunto controvierte, en específico, lo siguiente:

4.        Dicha determinación constituye el acto aquí recurrido.

AGRAVIOS

                                     I. Falta de fundamentación y motivación.

5.        El recurrente señala que respecto de la conclusión 01-CH-MTS-FGFV-C1, es indebida, ya que la supuesta discrepancia entre ingresos y egresos obedece a que la autoridad fiscalizadora no consideró el saldo previo de $8,143.10 existente en la cuenta bancaria destinada a la campaña, lo que sumado a los $40,000.00 transferidos asciende a $48,143.10, cantidad suficiente para cubrir los gastos reportados y debidamente comprobados.

6.        Por lo que considera que la autoridad fiscalizadora estuvo en posición de verificar con certeza que se dio cumplimiento a la rendición de cuentas, pues tenía a su alcance la documentación comprobatoria y los registros contables por lo que no existió incumplimiento alguno.

7.        Asimismo, respecto de la conclusión 01-CH-MTS-FGFV-C2, alega que no omitió documentación en el Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas[10], pues los gastos de combustible por $1,220.83 cuentan con factura en formato PDF y XML, lo que vuelve innecesario anexar el ticket, pues la información del mismo se encuentra en la factura, además de que existe criterio del Consejo General del INE en el sentido de que, de existir factura, no debe sancionarse la falta de ticket.

8.        Asimismo, refiere que durante la campaña realizó diversas compras de combustible de las cuales solo se anexaron las facturas en PDF y XML, por lo que al sancionar la falta del ticket evidencia la incongruencia de la autoridad fiscalizadora.

9.        Finalmente, argumenta que la autoridad actuó con indebida fundamentación y motivación al no considerar el carácter inédito del proceso electoral ni las condiciones particulares que justificaban un tratamiento diferenciado en materia de fiscalización, ni sus manifestaciones en respuesta a las observaciones que le hicieron saber a través del oficio de errores y omisiones.

II. Violación al principio de legalidad y debida fundamentación en su vertiente de tipicidad, y al principio de proporcionalidad, por el exagerado monto de la sanción.

10.     Respecto de la conclusión 01-CH-MTS-FGFV-C3, considera que la autoridad no precisó en qué consistió la infracción atribuida, pues de manera genérica calificó como prohibido el gasto por concepto de “Red Apoyo”, sin acreditar que se tratara de propaganda en espacios publicitarios, como lo prohíbe el artículo 37 de los Lineamientos de Fiscalización.

11.     Argumenta que el servicio contratado fue únicamente una plataforma para control de personal de simpatizantes, sin fines publicitarios, por lo que resulta indebido considerar como confesión la referencia a “servicios de internet”.

12.     Alega que la resolución es incongruente al afirmar que existió culpa en su obrar sin identificar los elementos del tipo administrativo ni acreditar un resultado en los monitoreos, pues nunca se generó propaganda prohibida. Finalmente, señala que la sanción es ilegal y desproporcionada, al imponerse un monto superior al gasto observado, sin atender que los gastos de campaña fueron realizados con pecunio personal de cada candidatura, así como la ausencia de dolo, reincidencia o agravantes.

III. Inexistencia o insuficiencia de la infracción.

13.     Respecto de la conclusión 01-CH-MTS-FGFV-C4, manifiesta que el procedimiento electoral en curso es inédito y debe interpretarse conforme al artículo 1 constitucional en el sentido más favorable a su derecho al voto pasivo, considerando las dificultades que enfrentan las candidaturas en materia de fiscalización.

14.     Alega que, contrario a lo determinado por la autoridad, cumplió con los artículos 17 y 18 de los Lineamientos, pues las invitaciones a eventos fueron recibidas con solo uno o dos días de anticipación y, en consecuencia, registró oportunamente dichos actos en el MEFIC dentro del plazo de excepción legal, antes de su celebración, lo que permitió su fiscalización.

15.     Afirma que nadie está obligado a lo imposible y que, bajo el principio de buena fe, debía reconocerse la fecha en que se registró los eventos, ya que las invitaciones anexas no señalan cuándo fueron enviadas. Añade que registrar los eventos un día antes no impedía la verificación de la autoridad, máxime al tratarse de actos abiertos y con la concurrencia de diversas candidaturas.

16.     Finalmente, argumenta que la resolución impugnada carece de debida fundamentación y motivación al no considerar el carácter novedoso del proceso electoral ni sus aclaraciones, que no debe asimilarse a los partidos políticos y que los hechos sancionados no actualizan infracción alguna prevista en los lineamientos, por lo que la sanción carece de sustento jurídico y debe revocarse.

decisión

17.     PALABRAS CLAVE: Sanciones Fiscalización proceso electoral extraordinario del Poder Judicial local.

18.     Debe confirmarse la resolución impugnada, en lo que fue materia de impugnación, por las siguientes consideraciones:

Conclusión 01-CH-MTS-FGFV-C1

19.     Respecto del agravio I de la conclusión referida, se considera infundado, pues si bien en su contestación al oficio de errores y omisiones N.º INE/UTF/DA/15813/2025 el actor señaló que en los estados de cuenta bancarios anexados en los datos personales registrados en el MEFIC, se advierte que la cuenta bancaria utilizada para los gastos de campaña tenía un saldo previo de $8,143.10 (ocho mil ciento cuarenta y tres pesos 10
/100 M.N).

20.     Refiriendo que ese saldo era para que se aplicara para esos efectos, razón por la cual solo ingresó $40,000.00 por vía de transferencia, de ahí que resulte la discrepancia entre el ingreso y el egreso referidos por la autoridad responsable.

21.     Es infundado el argumento, pues como refiere la autoridad responsable aun cuando hubiera presentado estados de cuenta, se considera no atendida, pues no se registró el importe por $8,143.10 (ocho mil ciento cuarenta y tres pesos 10
/100 M.N), como se advierte en el anexo -L-CH-MTS-FGFV-8.17[11]:

22.     Ello en razón de que era obligación de las candidaturas registrar la información para efectos de verificación y cuantificación de los ingresos y egresos para determinar la capacidad de gasto que permitiera conocer la evolución del flujo de dinero, lo cual debía ser validado con su e.firma[12], lo que en el caso no ocurrió.

23.     Aunado a lo anterior, se advierte que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE[13] al momento de observar lo relativo a la conclusión, solicitó al promovente aclarar y, en su caso, corregir lo correspondiente, por lo que se respetó su derecho de audiencia, sin que el recurrente hubiera realizado el registro extemporáneo correspondiente.

Conclusión 01-CH-MTS-FGFV-C2

24.     Por cuanto ve a la conclusión referida, el agravio es infundado porque los Lineamientos de Fiscalización señalan que debe entregarse la factura, el XML y el ticket respectivo para efecto de la comprobación de los gastos relacionados con combustible por lo que un documento no exime ni sustituye a otro, siendo los tres exigibles; aunado a que era responsabilidad de la persona obligada cumplir ese aspecto.

25.     La Sala Superior ha sostenido[14] que la exigencia de soportar documentalmente cualquier registro en el sistema tiene como finalidad que la autoridad fiscalizadora, durante el procedimiento de revisión de informes, esté en condiciones de determinar el destino y aplicación de cada uno de los pagos efectuados por la candidatura.

26.     Así, la exigencia de presentar el CFDI, XML y el ticket tiene como finalidad demostrar plenamente el destino final del gasto ejercido y tener certeza de la identificación del beneficiario de dicho egreso, y con ello, plena transparencia en cuanto al destino y aplicación de los recursos empleados.

27.     En ese sentido, la UTF observó que de la verificación a la información aportada se acreditaba un gasto por concepto de combustible pero que no se había localizado en el MEFIC el ticket correspondiente, a lo que en contestación la parte actora indicó que al registro del monto por $1220.83, le recaía la factura CLI49537857.

28.     La autoridad tuvo por no atendida la observación al considerar que si bien advertía los comprobantes fiscales, lo cierto era que de acuerdo a la normatividad debía presentar los tickets, como detalla el ANEXO-L-CH-MTS-FGFV-3[15].

29.     Lo anterior en términos de los numerales 30, fracción II, inciso c)[16] de los Lineamientos para la Fiscalización de los Procesos Electorales del Poder Judicial, Federal y Locales, en relación con el 39, numeral 6,[17] del Reglamento de Fiscalización.

30.     Como se observa, contrario a lo manifestado por la parte actora, la autoridad fiscalizadora sí tomó en cuenta lo contestado al escrito de errores y omisiones, sin embargo, tuvo por no atendida la observación al no exhibir el ticket requerido.

31.     Por ello, no es que el sujeto responsable hubiera incumplido en su obligación de reportar un gasto, sino que no adjuntó la totalidad de la documentación comprobatoria del mismo en términos del artículo 30, fracción II, inciso c), de los Lineamientos, ya que solamente no acompañó el ticket que acreditaba el gasto, de ahí lo infundado del agravio.

32.     Aunado a lo anterior, con relación a su dicho de que durante la campaña realizó diversas compras de combustible de las cuales solo anexó las facturas y XML, resultándole incongruente la sanción por dicho ticket.

33.     De las constancias remitidas por la autoridad fiscalizadora se advierte en el ANEXO-L-CH-MTS-FGFV-3.3[18] y ANEXO-L-CH-MTS-FGFV-3.9 [19], únicamente un registro por ese tipo de gasto.

I.            ANEXO-L-CH-MTS-FGFV-3.3

II.            ANEXO-L-CH-MTS-FGFV-3.9

34.     Aunado a ello, no obra factura o XML diversa que ampare ese tipo de gasto, ya sea en las constancias que integran en el expediente o presentadas por el actor que pueda corroborar su dicho, ni pronunciamiento por parte de la autoridad fiscalizadora en el que refiera que se registraron más gastos por combustible.

35.     En consecuencia, la supuesta falta de fundamentación y motivación del agravio I hechos valer en ambas conclusiones, deviene insuficiente e infundada; pues quedó acreditado que sí hubo omisión por parte del actor, al no cumplir a cabalidad con lo requerido en los Lineamientos y en los requerimientos que formuló la autoridad fiscalizadora.

Conclusión 01-CH-MTS-FGFV-C3

36.     Respecto del agravio II de la conclusión referida, se califica infundado pues la persona candidata a juzgadora omitió reportar en MEFIC el egreso generado por concepto del servicio prestado por la página web “Red Apoyo”, por un monto de $3,999.99, concepto de gasto que está prohibido.

(…)

 c) En el capítulo de conclusiones de la revisión del Informe Único de Gastos, visible en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la conclusión sancionatoria infractora de los artículos 19, 20, 37 y 51, inciso e) de los Lineamientos para la Fiscalización de los Procesos Electorales del Poder Judicial, Federal y Locales, en relación con los artículos 504 numeral 1, fracción XIV de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, a saber:

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 23, fracción III de los Lineamientos para la Fiscalización de los Procesos Electorales del Poder Judicial, Federal y Locales, en relación con el artículo 526, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; toda vez que al advertirse la existencia de una falta, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento de la persona candidata a juzgadora a través del oficio de errores omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la persona obligada en cuestión para que en el plazo establecido, contado a partir del día siguiente al de su notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, del análisis realizado por la autoridad, se concluyó no tener por solventada la observación formulada.

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50.     No le asiste la razón al actor respecto a la ilegalidad y desproporcionalidad de la sanción, al imponerse un monto superior al gasto observado, sin atender a la ausencia de dolo, reincidencia o agravantes, pues al momento de sancionar la omisión en el registro de un gasto, —el cual está prohibido—, la autoridad tomó en cuenta la capacidad económica del actor y fundamentó en los términos del artículo 28 de los Lineamientos de Fiscalización en relación con el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, que ordena cuantificar los gastos no registrados con el “valor más alto” de la matriz de precios utilizada por la Unidad Técnica de Fiscalización, actualizada conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

51.     Asimismo, razonó que optar por el “valor más bajo” o el “valor promedio” de los precios contenidos en la matriz no tendría un efecto disuasivo, ya que dicha cuantificación podría resultar inferior al beneficio realmente obtenido por la persona infractora mediante el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

52.     Finalmente, sostuvo que, al actualizarse la falta sustantiva consistente en la no rendición de cuentas, imposibilita garantizar la claridad necesaria respecto al monto, destino y aplicación de los recursos; lo que, en consecuencia, vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos como ejes rectores de la actividad electoral.

53.     Respecto a que no se tomó en cuenta la ausencia de dolo, reincidencia o agravantes, tampoco le asiste la razón, pues como ya se refirió para la imposición de la sanción económica se tomó en cuenta lo establecido en los Lineamientos y el Reglamento de Fiscalización, respecto a la matriz de precios, sin que la ausencia de dolo se pudiera considerar como un atenuante al momento de la imposición de la sanción, aunado a que tampoco se consideró un agravante para aumentar la misma.

54.     Por cuanto ve a la reincidencia, la misma autoridad reconoció expresamente que la parte actora no era reincidente de la conducta estudiada, de ahí lo infundado de los agravios hechos valer por cuanto ve a la conclusión estudiada.

                                                Conclusión 01-CH-MTS-FGFV-C4

55.     Es infundado el agravio III de la conclusión referida.

56.     Es infundado porque los artículos 17 y 18 de los Lineamientos para la Fiscalización de los Procesos Electorales del Poder Judicial, Federal y Locales, establecen de manera expresa la obligación de las candidaturas de registrar en el MEFIC sus eventos de campaña con cinco días de anticipación. A su vez, el segundo párrafo del artículo 18 prevé una excepción, cuando la invitación se recibe con menos de cinco días, el evento deberá registrarse a más tardar al día siguiente de su recepción, siempre antes de su celebración.

57.     De las constancias que obran en autos, particularmente del oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/15813/2025, se advierte que la autoridad fiscalizadora identificó que, si bien el entonces candidato presentó la agenda de eventos, de su revisión se advirtió que los registros no cumplían con la antelación mínima de cinco días establecida en el artículo 17 de los Lineamientos.

58.     En ese mismo oficio, se hizo notar de forma expresa que las invitaciones anexadas no permitían corroborar que efectivamente hubiesen sido recibidas con menos de cinco días de anticipación, por lo que no se actualizaba el supuesto de excepción previsto en el artículo 18, párrafo segundo. Es decir, la autoridad no desconoció la existencia de la excepción normativa, pero concluyó que no se acreditaban los elementos necesarios para su procedencia, pues la documentación carecía de datos objetivos sobre la fecha de recepción.

59.     En su contestación al oficio de errores y omisiones, el entonces candidato a juzgador se limitó a manifestar que diversas invitaciones habían sido recibidas con poco tiempo previo a su realización, lo que —según ella— imposibilitó cumplir con el plazo de cinco días. Sin embargo, no aportó prueba alguna que permitiera a la autoridad corroborar su dicho, como pudo ser un acuse de recibo, una constancia de envío o una comunicación electrónica con fecha cierta. Esa omisión probatoria fue determinante, porque la carga de acreditar la procedencia de la excepción correspondía al propio candidato, en su calidad de persona sujeta a fiscalización.

60.     En consecuencia, en el dictamen consolidado la autoridad consideró atendida la observación únicamente respecto de un evento específico “Amigos en Camargo” al estimar que en ese caso particular la explicación era suficiente, dejando sin efectos la conclusión correspondiente.

61.     No obstante, respecto al evento “Foro de Presentación del Poder Judicial”, determinó que la observación subsistía y que el registro era extemporáneo. Este proceder evidencia que la autoridad no actuó de manera arbitraria, pues aplicó la excepción cuando existieron elementos que lo justificaban y mantuvo la irregularidad en los casos en que las pruebas eran insuficientes.

62.     Además, se coincide con el criterio de la autoridad en cuanto a que el incumplimiento de la obligación de registrar oportunamente los eventos no constituye una mera formalidad, sino que reviste carácter sustantivo. En efecto, la finalidad del registro anticipado es que la Unidad Técnica de Fiscalización pueda organizar y realizar visitas de verificación a los actos de campaña, a fin de constatar el ejercicio de recursos.

63.     Cuando los eventos se registran con uno o dos días de antelación, sin acreditar la excepción legal, se priva a la autoridad de la posibilidad real de desplegar esa función, lo que afecta directamente los principios de legalidad, certeza y transparencia en la rendición de cuentas. La Sala Superior ha sostenido en diversos precedentes que el registro extemporáneo de eventos constituye una falta sustantiva y no meramente formal, justamente porque impide la fiscalización en tiempo real y genera un riesgo de opacidad.

64.     En ese sentido, si bien la norma reconoce esa imposibilidad material y prevé un régimen excepcional, es indispensable que la persona sujeta a fiscalización acredite de manera fehaciente la fecha en que recibió las invitaciones. Al no haberlo hecho, no puede beneficiarse de la excepción normativa.

65.     Admitir lo contrario implicaría trasladar a la autoridad la carga de probar un hecho negativo, lo cual contraviene los principios en materia de fiscalización, que imponen a las candidaturas la responsabilidad de documentar y comprobar el adecuado ejercicio de los recursos.

66.     Por tanto, se concluye que el agravio carece de sustento, ya que se basa únicamente en manifestaciones subjetivas del recurrente, sin respaldo probatorio, pues la autoridad responsable actuó conforme a derecho al considerar que el registro era extemporáneo y al imponer la sanción respectiva, la cual se encuentra debidamente fundada y motivada.

67.     La parte recurrente manifiesta que no contaba con experiencia en procesos electorales y en cumplir sus obligaciones de ley como lo hacen los partidos políticos, quienes sí cuentan con una estructura organizacional mínima para desarrollar sus actividades y cumplir con sus obligaciones, por lo que señala, debieron tomarse en cuenta dichas situaciones para que se impusiera la sanción mínima o abstenerse de ello.

68.     Se considera que tales señalamientos son ineficaces, pues se trata de manifestaciones subjetivas y genéricas, pues la parte recurrente no controvierte las consideraciones contenidas en la resolución impugnada, de que se trató de una obligación prevista en los lineamientos de fiscalización y que resultaba aplicable para todas las candidaturas a personas juzgadoras en este proceso extraordinario, conforme a las reglas que se establecieron, y tampoco controvierte lo que se expuso respecto de la importancia de que la autoridad realice sus funciones de fiscalización y emita las determinaciones correspondientes[22].

69.     Así, conforme a lo expuesto y fundado; se

Resuelve:

ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada, en lo que fue materia de controversia.

Notifíquese en términos de ley, y avísese a la Sala Superior en los términos de los Acuerdos Generales 1/2017 y 1/2025 así como en atención al Acuerdo de Sala del expediente SUP-RAP-1211/2025. En su caso, devuélvanse las constancias atinentes previa copia digitalizada que se deje en su lugar en un dispositivo de almacenamiento de datos y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada Presidenta Rebeca Barrera Amador, la Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo y el Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, integrantes de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos Mayra Fabiola Bojórquez González, quien certifica la votación obtenida, así como da fe que la presente resolución se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto, así como el transitorio segundo, del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral; y el artículo cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2/2023, que regula las sesiones de las Salas del Tribunal y el uso de herramientas digitales.