Monterrey, Nuevo León, a treinta y uno de julio de dos mil catorce.

Sentencia definitiva que desecha de plano las demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, al estimarse que las agrupaciones políticas actoras pretenden impugnar la no conformidad a la Constitución del artículo 215, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, relativo a la asignación del financiamiento público que recibirán las mismas, sin que exista un acto de aplicación.

1. ANTECEDENTES DEL CASO. Los hechos que se narran a continuación corresponden al presente año:

1.1. Reforma constitucional en materia político-electoral. El diez de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional en materia político-electoral, mediante el cual se adicionaron y modificaron diversos preceptos constitucionales.

1. 2. Publicación de leyes generales. Con motivo de la reforma anterior, el veintitrés de mayo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como diversas modificaciones a otros ordenamientos de la materia.

1.3. Reforma electoral local. El treinta de junio, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el decreto que contiene la Ley Electoral Local.

1.4. Juicios ciudadanos. Contra la reforma anterior, los días cuatro y siete de julio, ante la Sala Superior de este Tribunal, diversas agrupaciones políticas promovieron juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

1.5. Remisión de juicios a Sala Regional. Mediante acuerdo plenario del dieciséis de julio, la Sala Superior determinó no ejercer la facultad de atracción solicitada por las Promoventes y señaló que este órgano jurisdiccional era el competente para conocer dichos juicios.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente juicio, ya que como lo señala el acuerdo plenario de la Sala Superior dictado los expedientes SUP-JDC-517/2014 y SUP-JDC-519/2014 acumulados, se trata de una impugnación relacionada con la revisión sobre el origen, destino y monto de ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento que reciben las agrupaciones políticas locales, en la que se controvierte la inconstitucionalidad del artículo 215 de la Ley Electoral Local aprobada por el Congreso del Estado de San Luis Potosí por parte de diversas agrupaciones políticas locales.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 195, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, párrafo 1 y 80, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, así como en el acuerdo plenario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictado en los expedientes SUP-JDC-517/2014 y SUP-JDC-519/2014 acumulados, del índice de esa autoridad.

3. Acumulación

De la revisión de los escritos de demanda, esta Sala advierte que existe conexidad en la causa, al tratarse de la misma autoridad responsable y la misma materia de impugnación, pues en los juicios ciudadanos se controvierte el dictamen que contiene la Ley Electoral Local aprobado por la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado.

Por tanto, a fin de resolverlos de manera conjunta se decreta la acumulación del juicio SM-JDC-67-2014 al diverso SM-JDC-66/2014, por ser éste el primero de los medios de impugnación presentados, en consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo al expediente acumulado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31, de la Ley de Medios, y 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. Improcedencia

A juicio de esta Sala, con independencia de que se actualice otra causal de improcedencia, en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso a)[1], en relación con el artículo 9º, párrafo 3[2], ambos de la Ley de Medios, dado que las Promoventes pretenden impugnar la no conformidad a la Constitución Federal del artículo 215, párrafo segundo, de la Ley Electoral Local[3].

El artículo 99, párrafos primero y sexto, de la Constitución Federal señala que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 constitucional[4]  y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, que tiene, entre otras, la atribución de determinar la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Norma Fundamental, misma que se limitará al caso concreto sobre el que verse el juicio o medio de impugnación correspondiente, y cuyo ejercicio debe ser informado por la Sala Superior a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte, el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Ley Fundamental y que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución Federal es a través de esta vía[5].

Con base en las disposiciones anteriores, el sistema de control constitucional en materia electoral está dividido en dos rubros[6]: a) de carácter abstracto, conferido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene la facultad de declarar con efectos generales la invalidez de una norma contraria a la Carta Magna, y b) un control difuso por determinación constitucional específica[7], a cargo del Tribunal Electoral que podrá determinar la no aplicación de leyes que sean contrarias al marco fundamental, sin que sus efectos puedan extenderse más allá del caso particular[8].

La diferencia entre ambos sistemas radica en que mientras en las acciones de inconstitucionalidad se analiza el contenido de la norma en abstracto, en los juicios y recursos electorales se requiere forzosamente la aplicación de la ley a una situación particular, de ahí que cuando en dichas acciones se controviertan resoluciones o actos de las autoridades electorales que hayan aplicado una norma electoral serán improcedentes. Ello de conformidad con la jurisprudencia 65/2000 de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES Y NO CONTRA SUS ACTOS DE APLICACIÓN EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES ELECTORALES”[9].

Así las cosas, la improcedencia de los medios de impugnación en materia político-electoral cuando se alega la no conformidad a la Constitución Federal de leyes federales o locales encuentra justificación en dos exigencias que se desprenden del régimen constitucional vigente[10]:

A. Preservar el modelo de control de constitucionalidad en materia electoral diseñado en la Constitución Federal, específicamente en los artículos 99 y 105, fracción II[11].

B. Un sistema de administración de justicia eficiente que permita hacer frente de manera adecuada, pronta y expedita a las violaciones de los derechos político-electorales dentro de los procesos electorales.

Además, se estima pertinente resaltar que de la resolución de supervisión de cumplimiento en el caso Castañeda Gutman v. México, emitida el 28 de agosto de 2013, se entiende que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha admitido que el diseño de los recursos judiciales en materia electoral son adecuados y efectivos para la protección de los derechos político-electorales, a pesar de que se prohíbe la realización de un control abstracto de constitucionalidad de normas generales[12].

En la especie, las Promoventes cuestionan el párrafo segundo del artículo 215 de la Ley Electoral Local[13] que regula la asignación del financiamiento público a las agrupaciones políticas estatales, el cual se transcribe a continuación:

“Artículo 215. […] Las agrupaciones políticas con registro gozarán de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política, e investigación socioeconómica y política, así como de organización y administración. Para tal efecto, se constituirá un fondo consistente en una cantidad equivalente al cinco por ciento del monto que anualmente reciben los partidos políticos sobre la parte igualitaria para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes. […]”

Dicha disposición entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, según lo prescrito en el artículo primero transitorio del decreto de reforma[14].

Las Promoventes estiman que la disposición anterior viola el derecho de igualdad consagrado en el artículo 1º de la Constitución Federal, pues de manera notoria sin tener una justificación fundada y motivada, el legislador ordinario les da un trato diferenciado al de los partidos políticos, cuando las agrupaciones políticas tienen un fin que constituye parte del bien común y es de interés público y social que se mantengan vigentes para el desarrollo de la vida democrática del país.

En su opinión, la reglamentación transcrita es discriminatoria, porque no hay razón jurídica ni de facto para recortar de esa manera el presupuesto de las agrupaciones políticas, quienes desarrollan un trabajo constante a favor de la cultura democrática del estado de San Luis Potosí, por tanto, al limitarlas en la asignación de los recursos que ejercen y en la forma de asignarlos, las excluye del beneficio de aumento de recursos que los partidos políticos obtuvieron.

Además, sostienen que ese texto legal contraviene el principio de irretroactividad tutelado por el artículo 14 de la Constitución Federal, toda vez que trasciende a los derechos adquiridos por las agrupaciones políticas, debido a que con la aprobación de la Ley Electoral Local se les reduce en un cuarenta y dos por ciento el financiamiento al que tenían derecho conforme a la legislación abrogada, la cual no hacía segregación entre las partes igualitarias y las que se distribuirían de conformidad con la elección de diputados.

En efecto, la intención de las Promoventes más que evidenciar un posible perjuicio por la autoridad electoral con motivo de la aplicación del numeral señalado, es demostrar que la Ley Electoral Local y su articulado, por sí misma, viola el derecho fundamental a la igualdad y el principio de irretroactividad de las leyes así como los derechos adquiridos de aquéllas, dado que la nueva legislación modifica las cantidades respecto del financiamiento público que se les otorga.

Sin embargo, este órgano jurisdiccional está impedido de analizar la pretensión expuesta en las mismas, toda vez que no existe un acto concreto en el que se haya aplicado el artículo enunciado, circunstancia que resulta suficiente para actualizar la causal de improcedencia antes señalada. Además, la sola entrada en vigor de la norma no trae aparejada una afectación concreta e inaplazable a la esfera de derechos de las agrupaciones políticas locales[15], pues no implica la reducción inmediata del financiamiento público que están ejerciendo conforme a su derecho de acceder a recursos públicos[16], ni trastoca su esfera jurídica en forma alguna[17].

Así, para que esta Sala estuviera en posibilidad de avocarse al estudio de la litis planteada en la demanda, sería necesario que el actuar de la autoridad se plasmara en una resolución o acuerdo que aplique el artículo 215, párrafo segundo, de la Ley Electoral Local. Es decir, para estar en posibilidad de analizar la constitucionalidad de la norma, es indispensable un acto del Instituto que tenga por objeto las partidas específicas de financiamiento público para cubrir las prerrogativas a que tengan derecho las agrupaciones políticas.

Por tal circunstancia, se reitera, para que las Promoventes estén en aptitud de controvertir el artículo en cuestión se requiere un acto de aplicación.

Entonces, de los razonamientos expuestos se colige que el derecho de acceso a la justicia de las Promoventes se mantiene a salvo, pues lo razonado no es obstáculo para que posteriormente se realice el estudio de constitucionalidad solicitado.

Por tanto, al impugnarse la inconstitucionalidad del artículo 215, párrafo segundo, de la Ley Electoral Local de manera abstracta, sin que medie un acuerdo o resolución electoral que aplique dicha disposición, lo procedente es desechar de plano las demandas de los juicios acumulados.

5. RESOLUTIVOS.

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-67/2014 a su similar SM-JDC-66/2014, por ser éste el más antiguo, en consecuencia, se ordena agregar copia certificada de esta sentencia en los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se desechan de plano las demandas de los juicios acumulados.

NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, por unanimidad de votos de los magistrados que la integran, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.