[1] Lo anterior, con fundamento en los artículos 176, fracción IV, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 83, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.

[2] Véase acuerdo de admisión.

[3] Hechos relevantes que se advierten de las constancias de autos y afirmaciones realizadas por las partes.

[4] En la página 43 de la resolución emitida dentro del POS identificado con la clave POS-31/2021, se refiere que el Jefe de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Local informó que, derivado del monitoreo efectuado en diversos medios de comunicación, ese hecho se difundió en las plataformas digitales de los siguientes medios de comunicación: Panorama de Nuevo León; Regio.com; La Talacha Noreste; ABCNOTICIAS.MX; Internota Noticias; EcoNoticias; El Noticiero Región Citrícola; y, ABCNOTICIAS.MX.

[5] En concreto, se trata de las siguientes solicitudes: a. El 19 de marzo y 11 de abril de 2019, solicitó al Presidente Municipal información relacionada con la contratación y declaraciones fiscales de diversos servidores públicos del municipio. b. El 16 de mayo siguiente, pidió al Presidente Municipal información relacionada con el Fondo de Desastres Municipal de Montemorelos, Nuevo León, para la atención de emergencias originadas por riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres. c. El 29 de mayo de 2019, solicitó al Presidente Municipal y al Secretario del Ayuntamiento, información relacionada con la contratación de servidores públicos, como el titular del área de Seguridad Pública municipal. d. El 26 de julio siguiente, requirió al Presidente Municipal información relacionada con donaciones en dinero o en especie realizadas por los servidores públicos municipales durante 2018 y 2019 y e. El 26 de noviembre de 2019, solicitó al Presidente Municipal copias certificadas del programa anual de obras públicas e información relacionada con la contratación de servicios profesionales.

[6] En adelante, todas las fechas corresponde al año 2021, salvo precisión en contrario.

[7] El 22 de abril, el Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, el Contralor Interno, el encargado de la página de internet oficial del Ayuntamiento y la Síndica Segunda contestaron la denuncia.

[8] El Presidente Municipal, las sindicaturas y diversas regidurías refirieron, esencialmente, que el Tribunal Local i) omitió pronunciarse respecto a cada uno de los planteamientos expuestos en su defensa, en los que señalaron que indebidamente se integró el PES, pues debió seguirse como ordinario sancionador ya que los hechos denunciados ocurrieron antes del proceso electoral, además de que incorrectamente se aplican de manera retroactiva las leyes derivadas de la reforma en materia de VPG (13 de abril de 2020), así como el Reglamento (publicado el 14 de agosto de 2020), porque los hechos son anteriores a dicha normativa, ii) incluso, refieren que la responsable incorrectamente ordenó la inscripción en el Registro Nacional de Personas sancionadas por VPG, pues éste se publicó el 22 de septiembre de 2020, posterior a que ocurrieron los hechos alegados, iii) es inaplicable la jurisprudencia que establece los elementos que acreditan la VPG y, en todo caso, no se cumplen, pues no existen pruebas que demuestren que se pretendía revocar a la segunda regidora de su cargo, ni que presionaron pública y mediáticamente atribuyéndole trastornos mentales y no una resistencia crítica sobre las decisiones que aprueba el Cabildo, y iv) se omitió emplazar al Ayuntamiento (SM-JE-269/2021).

   La segunda regidora señaló, en esencia, que el Tribunal Local, en cuanto a la acreditación de la infracción i) debió juzgar con perspectiva de género y considerar que su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que no debió exigirle que señalara las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que el Presidente Municipal le dirigió las expresiones misóginas y discriminatorias, sino que debió analizarlas en conjunto con todos los hechos denunciados a fin de concluir que se trata de actos sistemáticos de VPG en su contra con la finalidad de invisibilizarla, desprestigiarla, discriminarla y denigrarla, o en todo caso, debió revertir la carga de la prueba para que los impugnantes denunciados demostraran su dicho, ii) la responsable debió estudiar la falta de respuesta a sus solicitudes, pues es un hecho notorio que es regidora del Ayuntamiento y en esa calidad realizó las peticiones, y en cuanto a la individualización de la sanción, iii) debió tomar en cuenta la totalidad de las conductas denunciadas, pues así se demuestra que son acciones sistemáticas que merecen una calificativa de ordinaria mayor y no grave ordinaria, por lo que la sanción debe ser distinta, así como las medidas de reparación integral (SM-JE-262/2021).

   El Ayuntamiento de Montemorelos, a través del Presidente Municipal y la Síndica Segunda, señalaron, en esencia, i) que el Tribunal Local omitió llamar a proceso al referido ayuntamiento, y no a sus miembros en lo individual, porque al imponerle deberes de hacer y de abstención, debió emplazarse al propio Ayuntamiento, y ii) la responsable incorrectamente ordenó la inscripción de los servidores públicos denunciados en el Registro Nacional de Personas sancionadas por VPG, pues éste se publicó el 22 de septiembre de 2020, y los hechos denunciados ocurrieron con anterioridad, es decir, en 2019 (SM-JE-270/2021).

[9] La Sala Monterey tuvo que decidir lo siguiente: sí a partir de lo considerado por la responsable y los agravios expuestos por los impugnantes: ¿El Tribunal Local había omitido pronunciarse en cuanto a los planteamientos de los denunciados a fin de precisar el marco normativo vigente y aplicable a los supuestos hechos de VPG ocurridos en 2019? ¿Si debió juzgar con perspectiva de género y analizar en su conjunto los hechos denunciados como parte de conductas sistemáticas y no revertir la carga de demostrar sus afirmaciones a la propia denunciante? ¿Sí la segunda regidora debía especificar su cargo en las solicitudes de información para que se consideraran como peticiones en ejercicio de su función? Finalmente, ¿si la imposición de medidas de reparación había sido apegada a Derecho?

[10] La Sala Monterrey, en los efectos de la sentencia, estableció que: el Tribunal Local debía emitir una nueva determinación en la que: 1. Estudiara los planteamientos hechos valer por las partes denunciadas, entre otros, el relacionado con la vía en la que debía instruirse el asunto, si a través del procedimiento especial sancionador, o como lo pretendían los impugnantes denunciados, por la vía ordinaria sancionadora. 2. Precisara el marco jurídico vigente y aplicable para estudiar y sancionar los hechos denunciados de 2019. 3. Sobre esa base, de acreditarse los hechos y la responsabilidad de los impugnantes denunciados, determinara primero, bajo un análisis directo y sucesivamente bajo un estudio contextual, si podría implicar VPG contra la regidora impugnante. 4. Para la calificación, la individualización de la sanción e imposición de medidas de reparación integral tomara en cuenta la normativa vigente y aplicable a los hechos denunciados. 5. Todo esto, con libertad de juzgamiento, pero en el marco de los lineamientos precisados.

[11] Ello, derivado de que, entre otras cosas, los hechos denunciados habían ocurrido durante el 2019, antes del inicio del proceso electoral en Nuevo León.

[12] Lo anterior, a través de la resolución CEE/CG/R/79/2021, relacionada al POS-31/2021. 

[13] Al respecto, se inconformaron de que el Instituto Local asumiera competencia para resolver en un POS hechos sucedidos en 2019 cuando, según los impugnantes, la ley electoral local no establecía la VPG como falta administrativa. En efecto, en las demandas presentadas ante el Tribunal Local contra la resolución del instituto local, los inconformes señalan de manera similar, en esencia, que el POS sólo era procedente ante faltas administrativas establecidas expresamente en la Ley Electoral Local, conforme a lo establecido en el artículo 358, que establece:

Artículo 358. Son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador por la comisión de faltas administrativas que establece esta Ley:

   I. La Comisión Estatal Electoral para la resolución definitiva del procedimiento ordinario sancionador; […]

III. La Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral para la sustanciación del procedimiento.

En ese sentido, señalaron que, si la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León no contempla, dentro de las faltas administrativas los hechos narrados por la denunciante, el instituto local no podía resolver un POS iniciado con base a otro tipo de hechos que no actualizan alguna de las infracciones electorales de la ley local. Por lo cual, en su concepto, debió decretarse la improcedencia del asunto y dictarse el sobreseimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 366, primer párrafo, fracción IV, así como el segundo párrafo, que establecen:

Artículo 366. La queja o denuncia será improcedente cuando: […]

IV. Se denuncien actos de los que la Comisión resulte incompetente para conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la presente Ley.

Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

a. Habiendo sido admitida, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia; […]

El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia se realizará de oficio. En caso de advertir que se actualiza una de ellas, la Dirección Jurídica elaborará un proyecto de resolución por el que se proponga al Pleno de la Comisión Estatal Electoral el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda.  […].   

[14] A fin de sustentar la afirmación de que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, invocaron las tesis de rubro: AUTORIDADES. Es un principio general de derecho constitucional, universalmente admitido, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. y FACULTADES DISCRECIONALES Y REGLADAS. DIFERENCIAS. Para determinar si la autoridad goza de facultades discrecionales o regladas debe atenderse al contenido de la norma legal que las confiere. Si ésta prevé una hipótesis de hecho ante la cual la autoridad puede aplicar o no la consecuencia de derecho prevista en la misma, según su prudente arbitrio, debe afirmarse que la autoridad goza d facultades discrecionales. Empero, cuando la autoridad se encuentra vinculada por el dispositivo de la ley a actuar en cierto sentido sin que exista la posibilidad de determinar libremente el contenido de su posible actuación, debe concluirse que la autoridad no goza de facultades discrecionales sino regladas.

   También, alegaron que, el Instituto local, al resolver las cuestiones de previo y especial pronunciamiento, derivado de lo alegado por los inconformes, frente a la improcedencia y sobreseimiento del POS (páginas de la 30 a la 34 de la resolución), declaró infundados sus argumentos sin establecer qué normas le otorgan competencia. Al respecto, citaron la Jurisprudencia de rubro: COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.

[15] En su concepto, lo que legalmente procedía era determinar que los hechos denunciados (sucedidos entre 2018 y 2019) no constituían faltas administrativas previstas en la Ley Electoral local, decretar la improcedencia y sobreseer el asunto.     

Finalmente, según los impugnantes, es insuficiente que el Instituto local sustentara su competencia en la Jurisprudencia 48/2016 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES, porque dicho criterio judicial no autoriza a las autoridades electorales conocer y resolver cuestiones de VPG si la ley no les otorga expresamente facultades y competencia para actuar. Para sustentar su alegato, transcribieron la Jurisprudencia de rubro: JURISPRUDENCIA. SU TRANSCRIPCIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN NO PUEDE CONSIDERARSE EN SÍ COMO AGRAVIO, SI NO SE EXPRESAN LOS ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN SU APLICACIÓN AL CASO CONCRETO.

[16] Artículo 85. Son fines de los organismos electorales y jurisdiccionales: […]

IV. Garantizar que los actos y resoluciones electorales de su competencia se sujeten al principio de legalidad; […].

[17] Lo anterior, según los inconformes, porque, la Sala Monterrey (SM-JE-262/2021) y el Tribunal de Nuevo León (Acuerdo Plenario de 30 de agosto de 2021) ya habían delimitado el marco normativo al que debía sujetarse el Instituto Local. A su modo de ver, la resolución impugnada aplicó de manera retroactiva normas que no estaban vigentes al momento de la realización de los hechos denunciados, porque antes del 2019, el Reglamento no regulaba algún tipo de procedimiento frente a faltas administrativas relacionadas con posible existencia de VPG.

    En relación con ello, también alegaron, que antes del 2019, no existía el Título Quinto del Reglamento denominado “DE LA VOILENCIA POLÍTICA EN CONTRA DE LAS MUJERES EN RAZON DE GÉNERO”, lo cual se adicionó hasta el 14 de agosto de 2020.

[18] Jurisprudencia 21/2018, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.

[19] Consistentes en verificar si los hechos del caso:

    1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;

    2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o grupo de personas;

   3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico;

   4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y

   5. Se basa en elementos de género, es decir: i. Se dirige a una mujer por ser mujer, ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. Afecta desproporcionadamente a las mujeres.

[20] En ese sentido, estimaron que el Instituto Local asumió infundadamente que la propuesta sometida a consideración en la Sesión de Cabildo del 11 de septiembre de 2019 para exhortar a la regidora denunciante para que se realizara un examen psicológico pretendía revocarle el mandato, por el hecho de fundamentar la propuesta en el artículo 71, fracción II, de la Ley de Gobierno, sin embargo, en su concepto, la verdadera razón de utilizar ese fundamento legal fue para señalar la consecuencia de presentar alguna incapacidad permanente, física o mental debidamente diagnosticada y certificada por alguna institución de salud, que le impida al funcionariado municipal el ejercicio de sus funciones.

   Adicionalmente, alegaron que ese fue el motivo de exhortarla a que se realizara un examen de personalidad, para saber si tenía alguna incapacidad permanente mental que le impidiera el ejercicio de sus funciones, ante la serie de actitudes con las que se ha conducido en su vida pública la denunciante a fin de que el funcionamiento de dicho órgano Colegiado no se viera perjudicado.

   Aunado a que el Instituto Local tampoco señaló con qué pruebas se demostró la supuesta presión pública o mediática a la regidora denunciante a fin de atribuirle trastornos mentales y no a una resistencia crítica sobre las decisiones que aprueba el Cabildo, ni se tomó en cuenta que la propia regidora denunciante narró que lo que le generó afectación son las publicaciones realizadas por diversos medios de publicación impresos locales, por sí mismos, en uso legítimo de su libertad de expresión.

[21] Lo anterior, derivado del ejercicio hipotético que se hace en la demanda presentada contra dicha resolución ante el Tribunal Local en la que se estableció los siguiente:

  1. Sucede en el marco del ejercicio del derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público: Los hechos denunciados sí fueron en el ejercicio de un cargo público.

  2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas: los hechos denunciados sí fueron atribuidos a los suscritos como colegas de trabajo de la reidora denunciante.

  3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico: María Zavala denunció hechos que consideró como VPG y/o Psicología.

  4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres: De las pruebas que obran dentro del expediente del Procedimiento Ordinario Sancionador 031/2021 no se desprenden elementos que menoscaben o anulen el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, por haber hecho un exhorto a la regidora denunciante de que se realizara un examen de personalidad para descartar que tuviera alguna situación de salud mental que atender, como ya ha sido ampliamente demostrado.

   5. Se basa en elementos de género, es decir:

   i. Se dirige a una mujer por ser mujer: Lo cual no sucedió en la especie, ya que el exhorto se le dirigió por haber presentado actitudes con las que se ha conducido en su vida pública que son atípicas en el resto de los miembros del Cabildo. Así que el exhorto fue dirigido a su persona por dicha situación y no por el hecho de ser mujer. De hecho, no existe una sola prueba de que sólo sucedió por el hecho de ser mujer se haya dirigido el exhorto.

   ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres: Lo cual no sucedió en la especie, ya que el exhorto sólo se hizo a la regidora denunciante por haber presentado actitudes con las que se ha conducido en su vida pública que son atípicas en el resto de los miembros del Cabildo, de entre las cuales 5 mujeres aprobaron el exhorto y una se abstuvo, con lo cual es evidente que no tiene un impacto diferenciado en las mujeres.

   iii. Afecta desproporcionadamente a las mujeres: Lo cual no sucedió en la especie, ya que el exhorto sólo se realizó a la regidora denunciante por haber presentado actitudes específicas que sólo atañen a ella con las que se ha conducido en su vida pública que son atípicas en el resto de los miembros del Cabildo.   

[22] Artículos 41, 42 y 43.

[23] En suma, se inconformaron de la aplicación las sanciones que no están determinadas en la Ley Electoral local, sino en la Ley de Víctimas que regula derechos de las víctimas y el ofendido en un proceso penal que no son competencia de la autoridad electoral, además, tampoco debió aplicárseles lo dispuesto en Ley de Instituciones al ordenar la vista al superior jerárquico (Órgano Interno de Control del Montemorelos).

  Lo cual consideran inaplicable al caso concreto, pues las sanciones en los procedimientos sancionadores sólo pueden derivar en una falta administrativa establecida en la Ley Electoral local, por tanto, al aplicárseles la Ley de Instituciones (que prevé sanciones en materia de VPG) se hizo de manera retroactiva al tratarse de hechos previos a la entrada en vigor de la regulación normativa en la materia. Al respecto se invocaron las tesis y jurisprudencias de rubro: RETROACTIVIDAD DE LA LEY. RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETORACTIVA y RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.

[24] Emitida el 22 de febrero, en el expediente JDC-214/2021 y acumulados.

[25] En específico, en la sentencia impugnada, el Tribunal Local sostuvo: Ahora, en lo que toca a la supuesta aplicación retroactiva de diversos artículos en los acuerdos dictados en fechas 1 y 6 de septiembre de 2021, este tribunal advierte que no le asiste la razón a la parte actora, pues de la consulta de los referidos acuerdos, la Dirección Jurídica citó los artículos 364 y 367 de la Ley Electoral los cuales disponen la instauración del procedimiento ordinario sancionador.

Además, la autoridad refirió el artículo 12 del Reglamento de Quejas y Denuncias, que establece que cualquier persona podrá presentar ante la Comisión Estatal quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral; disposiciones que se encuentran vigentes y resultan aplicables de acuerdo con la temporalidad de las conductas denunciadas y por las cuales la autoridad determinó que la vía idónea para conocer de los hechos denunciados es el procedimiento ordinario sancionador.

En ese sentido, la autoridad señaló que la instauración del procedimiento ordinario tiene por objeto que dicha autoridad conozca de manera plena la verdad sobre los hechos sometidos a potestad, con el fin de lograr la tutela efectiva del régimen jurídico electoral, el cual está integrado por normas de orden público y de observancia general, por lo que es precisamente a través de una denuncia de las partes ofendidas que la autoridad puede conocer los hechos contrarios a la legislación y posteriormente emitir una resolución que resuelva los mismos.

Por lo tanto, se estima que no le asiste la razón, dado que la vía idónea para investigar los hechos denunciados es a través de procedimiento ordinario sancionador y en el caso, la autoridad aplicó el marco constitucional, convencional, así como el Protocolo en materia de VPRG, pues en el caso se denunciaron conductas que podrían vulnerar el ejercicio del cargo de la denunciante.

[26] Respecto ii) la existencia de VPG atribuida a al Presidente Municipal, sindicaturas y diversas regidurías del referido Ayuntamiento, derivado de: 1. La falta de publicación de la fotografía y la difusión de diverso cargo público de María Zavala en la página del municipio, 2. La falta de respuesta a diversas solicitudes de información, y 3. El exhorto para que se realizara un examen de personalidad para verificar si contaba con un trastorno mental que le impidiera desempañar el cargo. Lo cual derivó en que se ordenara dar vista al superior jerárquico de funcionariado denunciado (Órgano Interno de Control del Montemorelos) y como medida de reparación integral del daño, se les ordenó, entre otras cosas, efectuar una disculpa pública.

[27] Especialmente, señaló: A partir del estudio individual de las conductas, la autoridad expuso en cada caso las pruebas, argumentos de defensa de la parte actora y la conclusión de los hechos acreditados, como a continuación se expone:

[…]

En cuanto a la falta de publicar la fotografía de la denunciante y el cambio del cargo que ostentaba en la página oficial de municipio, el Consejo General indicó que de la diligencia de inspección a la página oficial del ayuntamiento observó que la denunciante no aparece en el lugar consecutivo que le correspondía, que era la única servidora pública que no contaba con fotografía y que ostenta un cargo en términos del género masculino. […]

Respecto a la presente conducta, la autoridad analizó el testimonio de la denunciante y la diligencia de inspección de la página oficial del municipio, de la cual advirtió que se acreditó la falta de publicación de la fotografía de la entonces funcionaria, la publicación de un cargo diverso por el cual resultó electa y que la posición del cargo de la denunciante no era acorde a la integración del ayuntamiento. […]

Por lo tanto, no solo el encargado de administrar, actualizar y dar soporte a la página oficial del municipio es responsable de las conductas denunciadas, sino que también el presidente municipal, debido a que está bajo su encargo el ente encargado del sitio de internet del municipio, precisamente porque como lo establece el precepto antes referido, las dependencias y entidades del ayuntamiento se encuentran bajo su mando.

Respecto a la falta de contestación a las solicitudes de información, señaló:

[28] El 13 de junio presentó juicio electoral, el cual se recibió en esta Sala Monterrey el 18 siguiente. El Magistrado Presidente ordenó integrar el expediente y, por turno, lo remitió a la ponencia a su cargo. En su oportunidad, lo radicó, admitió y, al no existir trámite pendiente por realizar, cerró instrucción.

[29] Según los impugnantes, lo procedente era que el Instituto Local decretara el sobreseimiento y dejara a salvo los derechos de María Zavala para que los hiciera valer ante las instancias que estimara correspondientes y se aplicara el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Nuevo León.

   Lo anterior, en concepto de los impugnantes denunciados, violenta los principios de legalidad, congruencia, reserva de ley, previa audiencia, debido proceso, seguridad jurídica y falta de fundamentación y motivación, establecidos en los artículos 14, 16, 17, 41, tercer párrafo, fracción VI y 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos c), I) y o) de la Constitución General, así como lo dispuesto en los artículos 85, fracción IV, 276, tercer párrafo, 313, 314 y 315, fracciones III y IV, de la Ley Electoral local.   

[30] También consideran indebido que la sentencia impugnada concluya que el Instituto local aplicó el marco normativo vigente conforme a lo expresado por el Tribunal de Nuevo León en el Acuerdo Plenario de 30 de agosto de 2021, así como en cumplimiento a lo resuelto por esta Sala Monterrey en el SM-JE-262/2021, en el que se delimitó las normas a las que debía sujetarse el Instituto local al conocer y resolver el asunto.

     Ello, porque en concepto de los impugnantes, lo resuelto por la Sala Monterrey en el SM-JE-262/2021, no autorizó al Instituto local para que, ante la ausencia de un marco normativo que regulara lo referente a la VPG, antes de las reformas legales de 2020, pudiera conocer y resolver cuestiones de VPG ocurridas en 2019, asumiendo competencia material, con base en lo que señala la Jurisprudencia 48/2016 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES, ni se le autorizó para que determinara faltas y aplicara sanciones que no existen en la Ley local en materia de VPG.

En concepto de los impugnantes, esta Sala Monterrey y el propio Tribunal Local en el Acuerdo Plenario de 30 de agosto de 2021, establecieron que el Instituto local, debía estudiar los hechos con base en el marco normativo vigente en el 2019, consistentes en: a. Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres b. Jurisprudencia 48/2016, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. c. Jurisprudencia 21/2018, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO. d. Criterios vigentes en la época de los hechos; y e. Lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Nuevo León 2018.

Incluso en la página 51 de la demanda se precisa que: las citadas directrices que la autoridad responsable le indicó a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León al dictar el referido Acuerdo Plenario de fecha 30 de agosto de 2021, en ningún momento le permiten a dicho Organismo Público Local Electoral dejar de observar los artículos 14, 16, 17, 41 tercer párrafo fracción VI y 116 segundo párrafo fracción IV incisos c), l) y o) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo dispuesto por los artículos 85 fracción IV, 276 tercer párrafo, 313, 314 y 315 fracciones III y IV, 358 fracción 1 y 366 primer párrafo fracción IV y segundo párrafo letra a, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León […].    

[31] A decir de los inconformes, con ello se violentaron los principios de previa audiencia y debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, establecidos en los artículos 14, 16, 17, 41, tercer párrafo, fracción VI y 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos c), I) y o) de la Constitución General, así como lo dispuesto en los artículos 85, fracción IV, 276, tercer párrafo, 313, 314 y 315, fracciones III y IV, de la Ley local

[32] Al respecto se señala en la página 58 de la demanda que: La Comisión Estatal Electoral de Nuevo León asumió infundadamente que a la tercero interesada se le pretendía revocar el mandato, dado que el Exhorto que se sometió a la aprobación del Cabildo del Ayuntamiento de Montemorelos, Nuevo León, se fundamentó en el artículo 71 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando la realidad fue de que dicho fundamento legal se utilizó para señalar la consecuencia que existe cuando un miembro del  Ayuntamiento tiene una incapacidad permanente, física o mental debidamente diagnosticada y certificada por Institución de salud, que le impida el ejercicio de sus funciones y que por tal motivo, se le Exhortó a la denunciante a realizarse un examen de personalidad, para conocer si tiene una incapacidad permanente mental que le impidiera el ejercicio de sus funciones, ante la serie de actitudes con las que se ha conducido en su vida pública la denunciante a fin de que el funcionamiento de dicho órgano Colegiado no se viera perjudicado.

[33] En efecto, en las páginas 62 a la 64, los impugnantes hacen un estudio de los elementos que señala la jurisprudencia 21/2018 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, en los términos siguientes:

1. Sucede en el marco del ejercicio del derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público: Los hechos denunciados sí fueron en el ejercicio de un cargo público.

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas: los hechos denunciados sí fueron atribuidos a los suscritos como colegas de trabajo de la regidora denunciante.

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico: María Zavala denunció hechos que consideró como VPG y/o Psicológica.

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres: De las pruebas que obran dentro del expediente del Procedimiento Ordinario Sancionador 031/2021 no se desprenden elementos que menoscaben o anulen el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, por haber hecho un exhorto a la regidora denunciante de que se realizara un examen de personalidad para descartar que tuviera alguna situación de salud mental que atender, como ya ha sido ampliamente demostrado.

   5. Se basa en elementos de género, es decir:

   i. Se dirige a una mujer por ser mujer: Lo cual no sucedió en la especie, ya que el exhorto se le dirigió por haber presentado actitudes con las que se ha conducido en su vida pública que son atípicas en el resto de los miembros del Cabildo. Así que el exhorto fue dirigido a su persona por dicha situación y no por el hecho de ser mujer. De hecho, no existe una sola prueba de que sólo sucedió por el hecho de ser mujer se haya dirigido el exhorto.

   ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres: Lo cual no sucedió en la especie, ya que el exhorto sólo se hizo a la regidora denunciante por haber presentado actitudes con las que se ha conducido en su vida pública que son atípicas en el resto de los miembros del Cabildo, de entre las cuales 5 mujeres aprobaron el exhorto y una se abstuvo, con lo cual es evidente que no tiene un impacto diferenciado en las mujeres.

   iii. Afecta desproporcionadamente a las mujeres: Lo cual no sucedió en la especie, ya que el exhorto sólo se realizó a la regidora denunciante por haber presentado actitudes específicas que sólo atañen a ella con las que se ha conducido en su vida pública que son atípicas en el resto de los miembros del Cabildo.   

[34] Además, se inconforman de que el Tribunal Local no atendió sus alegatos respecto a que instituto local no señaló las pruebas con las que se realizó la supuesta presión pública o mediática a la denunciante a fin de atribuirle trastornos mentales y no a una resistencia crítica sobre las decisiones que aprueba el Cabildo, ni se tomó en cuenta que la propia regidora denunciante narró que lo que le generó afectación son las publicaciones realizadas por diversos medios de publicación impresos locales.

     Al respecto se señala en la página 58 de la demanda que: La Comisión Estatal Electoral de Nuevo León no señaló las pruebas con las que se demuestra que los suscritos hubiéramos realizado una presión pública o una presión mediática a la tercero interesada a fin de atribuir a trastornos mentales y no a una resistencia crítica sobre las decisiones que aprueba el Cabildo. Incluso, al dar contestación al hecho número 14 de la Denuncia promovida por la tercero interesada, fue señalado que ella narró como fuente de afectación las publicaciones hechas hablando de su persona en diversos medios de comunicación impresos de circulación local, pero, como se observa de manera textual, estas acciones fueron perpetradas por medios de comunicación sin guardar relación con los suscritos, aunque trataron de ser ligadas. Esto se sustenta en las diligencias realizadas por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, donde se requirió a los medios de comunicación impresa para que rindan un informe de la motivación para publicar la noticia denunciada, a lo que se aprecia en la fe de hechos realizada por la misma autoridad Electoral, que dichos medios de comunicación contestaron que en uso de su derecho de expresión e imprenta, sin ningún tipo de influencia, fue que realizaron las citadas publicaciones. Por ello, además es ilegal que se nos pretenda obligar a publicar en los citados medios de comunicación una disculpa pública, siendo que los suscritos no realizamos inserciones pagadas en los mismos para dar cobertura a la noticia de la cual se quejó la tercero interesada.

[35] En relación con lo anterior, en las páginas 59 y 60 de la demanda se señala: La Comisión Estatal Electoral de Nuevo León no señaló las pruebas con las que el Exhorto descalifica la función de la persona, cuando el Exhorto se da a causa de lo que se observaron las actitudes con las que se ha conducido en su vida pública la tercero interesada, lo cual fue atípico dentro de los demás miembros del Ayuntamiento, por tal motivo, ya que dicha forma de comportarse causo un extrañamiento y por ello se le exhortó a que se practicara un examen de personalidad, a fin de descartar que tuviera un tema de salud mental que atender ya que el artículo 71 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León establece que cuando un miembro del Ayuntamiento tiene una incapacidad permanente, física o mental debidamente diagnosticada y certificada por institución de salud, que le impida el ejercicio de sus funciones, le será revocado el mandato.

[36] Adicionalmente señalaron en la página 60 de la demanda que: no se puede llegar al extremo de que cualquier cosa que a una persona no le agrade se considere Violencia Política de Género, ya que deben converger diversos elementos para poder determinar la misma. De lo contrario, se puede llegar al extremo de que una simple mirada pueda ser interpretada como ofensiva por la supuesta víctima y de tal manera pretenda incoar acciones de denuncia de Violencia Política de Género cada vez que dicha persona se sienta ofendida, aún y que la autoridad demandada no comparta mi punto de vista sobre el particular.

   Las expresiones que supuestamente descalificaron el ejercicio de la función de la denunciante y que supuestamente constituyen una conducta lesiva se realizaron dentro de una Sesión Pública de Cabildo en la que el debate político es parte del ejercicio que tienen los miembros del Cabildo con Voz y Voto de ejercer su Derecho Constitucional de la Libertad de Expresión tutelado por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual no fue valorado por la autoridad demandada.

[37] Asimismo, alegan que el Tribunal Local debió considerar que, de haberse seguido los lineamientos establecidos en la jurisprudencia 21/2018 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, se hubiera llegado a la conclusión de que en el caso no existió VPG.

   Lo anterior, derivado del ejercicio hipotético que se hace en la demanda presentada contra dicha resolución ante el Tribunal Local en la que se estableció los siguiente:

  1. Sucede en el marco del ejercicio del derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público: Los hechos denunciados sí fueron en el ejercicio de un cargo público.

  2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas: los hechos denunciados sí fueron atribuidos a los suscritos como colegas de trabajo de la Denunciante.

  3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico: María Zavala denunció hechos que consideró como VPG y/o Psicológica.

  4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres: De las pruebas que obran dentro del expediente del Procedimiento Ordinario Sancionador 031/2021 no se desprenden elementos que menoscaben o anulen el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, por haber hecho un exhorto a la regidora denunciante de que se realizara un examen de personalidad para descartar que tuviera alguna situación de salud mental que atender, como ya ha sido ampliamente demostrado.

   5. Se basa en elementos de género, es decir:

   i. Se dirige a una mujer por ser mujer: Lo cual no sucedió en la especie, ya que el exhorto se le dirigió por haber presentado actitudes con las que se ha conducido en su vida pública que son atípicas en el resto de los miembros del Cabildo. Así que el exhorto fue dirigido a su persona por dicha situación y no por el hecho de ser mujer. De hecho, no existe una sola prueba de que sólo sucedió por el hecho de ser mujer se haya dirigido el exhorto.

   ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres: Lo cual no sucedió en la especie, ya que el Exhorto sólo se hizo a la regidora denunciante por haber presentado actitudes con las que se ha conducido en su vida pública que son atípicas en el resto de los miembros del Cabildo, de entre las cuales 5 mujeres aprobaron el exhorto y una se abstuvo, con lo cual es evidente que no tiene un impacto diferenciado en las mujeres.

   iii. Afecta desproporcionadamente a las mujeres: Lo cual no sucedió en la especie, ya que el exhorto sólo se realizó a la regidora denunciante por haber presentado actitudes específicas que sólo atañen a ella con las que se ha conducido en su vida pública que son atípicas en el resto de los miembros del Cabildo.   

[38] También se inconforman de que el Tribunal Local omitió pronunciarse respecto los argumentos del Agravio Sexto del escrito inicial de demanda que le corresponde exclusivamente a Rogelio Rodríguez Álvarez (Secretario del Ayuntamiento), quien, en su concepto, únicamente actuó en cumplimiento de sus funciones establecidas en la Ley de Gobierno y en el Reglamento Orgánico, pues no tuvo injerencia en la aprobación del exhorto realizado a la regidora denunciante para que se realizara un examen médico, pues únicamente ejecutó la decisión del Cabildo y se la notificó a la regidora denunciante, por lo que sus actos no son constitutivas de sanción alguna.

   Además, refieren que esta Sala Monterrey ya había determinado que el Tribunal Local no lo había responsabilizado ni sancionado por VPG, por tanto, debía revocarse la sentencia impugnada y determinarse la inexistencia de VPG.

   También señalan que el Tribunal Local incurrió en ilegalidad al considerar correcto que el Instituto Local determinara que Luis Fernando Garza Guerrero (Presidente Municipal) y Rogelio Rodríguez Álvarez (Secretario del Ayuntamiento) incurrieron en VPG por no haber proporcionado a la regidora denunciante la información solicitada, bajo la consideración sustancial de que provocaron una limitación en el ejercicio de función como regidora, al afectar su participación en la toma de decisiones respecto el cargo que desempeña, lo cual vulneró sus derechos político-electorales, al reducirle la posibilidad de tener pleno conocimiento de los asunto que se discuten y aprueban en las sesiones del Ayuntamiento.

  En efecto,  en la página 84 de la demanda, los inconformes refieren que: Contrario a lo esgrimido por los suscritos, la autoridad responsable determino que los suscritos cometimos Violencia Política en Razón de Género en contra de la tercero interesada al haber omitido proporcionarle la información solicita, lo que provocó que se limitara el ejercicio de función como regidora, pues la falta de información solicitada mermó la posibilidad de tener pleno conocimiento respecto de los asuntos que se discuten y aprueban en las sesiones del Ayuntamiento, lo que afectó la participación de la tercero interesada para la toma de decisiones inherentes a su cargo, lo cual vulneró sus derechos político-electorales.

[39] Además, reiteran que ni el Instituto local ni el Tribunal de Nuevo León, pudieron demostrar que se cumplieron todos los requisitos establecidos en la Jurisprudencia 21/2018 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, a fin de establecer si la regidora denunciante fue víctima de VPG, derivado de que no se realizó la confrontación de los hechos denunciados frente a los requisitos de la referida jurisprudencia, por tanto, no se pudo demostrar que cometieron VPG conta la regidora denunciante. Véase páginas de 86 a la 89 de la demanda.

[40] Lo cual, se desprende del agravio Sexto (página 90) de la demanda presentada ante esta Sala Monterrey, en el que, en concepto de los inconformes, violenta: los principios de previa audiencia y debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14, 16, 17, 41 tercer párrafo fracción VI y 116 segundo párrafo fracción IV incisos c), l) y o) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo dispuesto por los artículos 85 fracción IV, 276 tercer párrafo, 313, 314 y 315 fracciones III y IV de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, motivo por el cual es procedente su revocación y se declaré inexistente la violación objeto de la denuncia.

[41] Adicionalmente, a folios 91 al 93 de la demanda presentada ante esta Sala Monterrey, los impugnantes refieren que ni el Instituto Local ni el Tribunal de Nuevo León, pudieron demostrar que el caso cumplió con los requisitos establecidos en la Jurisprudencia 21/2018 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, a fin de establecer si la denunciada fue víctima de VPG a cargo de los actuales impugnantes, ya que era necesario que se reunieran los siguientes elementos:

  1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público: Los hechos denunciados sí fueron en el ejercicio de un cargo público.

  2. Es perpetrado por el Estado o sus integrantes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas: Los hechos denunciados sí fueron atribuidos a los suscritos como colegas de trabajo de la tercero interesada.

  3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico: La tercero interesada denunció hechos que consideró como Violencia Política de Género Simbólica y/o Psicológica.

  4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres: De las pruebas que obran dentro del expediente del Procedimiento Ordinario Sancionador 031/2021 no se desprenden elementos que menoscaben o anulen el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, por haber publicado en la página del internet del Municipio de Montemorelos, Nuevo León, su número de Regidora de forma incorrecta y por no haber publicado su fotografía y en su lugar colocar el escudo de armas del municipio.

   5.Se basa en elementos de género, es decir:

i. Se dirige a una mujer por ser mujer: Lo cual no sucedió en la especie, ya que no existe una sola prueba que sólo por el hecho de ser mujer se le haya publicado su número de Regidora de forma incorrecta en la página de internet del Municipio de Montemorelos, Nuevo León y por no haber publicado su fotografía y en su lugar colocar el escudo de armas del municipio.

ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres: Lo cual no sucedió en la especie, ya que la negativa de las respuestas a las solicitudes de información no tiene un impacto diferenciado en las mujeres, ya que las demás regidoras del municipio no tuvieron esa incidencia.

iii. Afecta desproporcionadamente a las mujeres: Lo cual no sucedió en la especie, ya que ella fue la única Regidora que tuvo esa situación, pero dicha situación no le restringió el ejercicio de su cargo.       

[42] Asimismo, alegan, que el Tribunal Local incumplió con el principio de legalidad, al omitir pronunciarse respecto todos los planteamientos de defensa expresados en el agravio sexto de su demanda, correspondientes, exclusivamente, al Presidente Municipal de Montemorelos, Luis Garza Guerrero, y agravio tercero de la demanda del encargado de actualizar la página del Ayuntamiento de Montemorelos, Israel Alejandro Ávila Saldívar, respecto a la falta de publicación de la fotografía de la denunciante y difusión errónea del cargo en la página oficial del municipio.

    Lo cual, se desprende del agravio SÉPTIMO (página 96) de la demanda presentada ante esta Sala Monterrey, en el que, en concepto de los inconformes, violenta: los principios de previa audiencia y debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14, 16, 17, 41 tercer párrafo, fracción VI, y 116 segundo párrafo fracción IV incisos c), l) y o) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo dispuesto por los artículos 85 fracción IV, 276 tercer párrafo, 313, 314 y 315 fracciones III y IV, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, motivo por el cual es procedente su revocación y se declaré inexistente la violación objeto de la denuncia.

[43] Lo cual, se desprende del agravio Sexto (página 90) de la demanda presentada ante esta Sala Monterrey, en el que, en concepto de los inconformes, violenta: los principios de previa audiencia y debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14, 16, 17, 41 tercer párrafo fracción VI y 116 segundo párrafo fracción IV incisos c), l) y o) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo dispuesto por los artículos 85 fracción IV, 276 tercer párrafo, 313, 314 y 315 fracciones III y IV de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, motivo por el cual es procedente su revocación y se declaré inexistente la violación objeto de la denuncia.

[44] Lo anterior, con base en los artículos 49 y 98 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como en lo dispuesto en el artículo 19, fracciones XII y XXII, del Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de Montemorelos, Nuevo León.

[45] En relación con lo anterior, en la página 98 de la demanda presentada ante esta Sala Monterrey, los impugnantes, refieren que: es claro que el Secretario del Ayuntamiento ejecutó el acuerdo de 11 de septiembre del 2019, bajo un irrestricto apego a sus obligaciones legales respecto de las decisiones tomadas por el Cabildo en cumplimiento de un deber, lo cual es una causa de justificación que tiene que ver con la ofensa de un bien jurídico por parte de un sujeto que realiza legítimamente sus funciones; en efecto yo me desempeñaba como Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Montemorelos, Nuevo León puso a consideración del R. Ayuntamiento de esa ciudad, la propuesta realizada por la Síndico Segundo Soraya Abigail Meza González, misma que de conformidad con el artículos 98 fracción XI, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como en lo dispuesto en el artículo 19 fracciones XII y XXII, del Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de Montemorelos, Nuevo León, fue sometido a consideración de los ediles, aprobado por mayoría simple de los presentes, acorde a lo establecido en el artículo 57 de la cita Ley de Gobierno Municipal, sin que el suscrito tuviera alguna injerencia ni pudiera oponer resistencia, en la aprobación del citado Exhorto como en la firma del oficio que se le notificó a la denunciante, ya que mis funciones estaban previstas por la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como por el Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de Montemorelos y oponerme a cumplir con las mismas eran causa de Responsabilidad Administrativa.

[46] Al respecto, en la página 99 de la demanda promovida ante esta Sala Monterrey, el Secretario de Montemorelos, Rogelio Rodríguez Álvarez, refiere lo siguiente:  tal y como lo referí en mi escrito de Alegatos, lo cual no fue valorado por la autoridad demandada, en atención a la denuncia presentada en mi contra, ya existe un pronunciamiento expreso por parte de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los Juicios Electorales SM-JE-262/2021 y Acumulados, cuya Sentencia Definitiva obra agregada dentro del expediente en que se actúa, en la que determinaron revocar la Sentencia dictada por del Tribunal Electoral de Nuevo León al resolver el Procedimiento Especial Sancionador 091/2021, antecedente directo del presente Procedimiento Ordinario Sancionador, al señalar en la foja 6, textualmente, lo siguiente:

    “Al respecto, esta Sala Monterrey considera que debe desecharse la parte de la demanda, únicamente en cuanto a la impugnación del Secretario del Ayuntamiento de Montemorelos, porque el impugnante carece de interés jurídico para controvertir la sentencia del Tribunal Local, pues ciertamente se determinó la existencia de VPG contra algunos servidores públicos del Ayuntamiento de Montemorelos, sin embargo, el Secretario del Ayuntamiento no fue responsabilizado ni mucho menos sancionado por dicha falta, por lo que, el sentido de la decisión que esta Sala Monterrey pueda asumir respecto del fondo del asunto, de ninguna manera podría generarle un beneficio o afectación a los derechos del impugnante.

    De ahí la falta de interés jurídico del Secretario del Ayuntamiento para controvertir la sentencia del Tribunal de Nuevo León, en la que no es sujeto de responsabilidad ni de sanción, pues como se indicó, dicha exigencia procesal tiene por objeto asegurar la viabilidad del sistema de administración de justicia, de manera que solamente se resuelvan controversias en casos justificados, en los que efectivamente se está ante una posible afectación de un derecho, lo que no sucede en el caso concreto, en el que, el impugnante no obtiene ninguna afectación.

    En efecto, si la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya determinó que el Tribunal Electoral de Nuevo León no me responsabilizó ni mucho menos me sancionó por Violencia Política de Género en contra de la denunciante, es claro que no existe materia de imputación sobre el suscrito en el sentido, por lo que la denuncia presentada en mi contra resulta ser improcedente.

    En ese sentido, lo procedente es desechar la demanda en cuanto a la impugnación del Secretario del Ayuntamiento”.

[47] Lo que, en su concepto, reglamenta los derechos de las víctimas en los procesos penales del sistema acusatorio, además de que le otorgó efectos retroactivos a las normas que actualmente prevén los supuestos de VPG, imponiendo sanciones inexistentes al momento que sucedieron los hechos denunciados. Lo cual, según los impugnantes, violenta los principios de retroactividad de la ley, previa audiencia, debido proceso, legalidad, seguridad jurídica, así como el de reserva de ley, contenido en los artículos 14, 16, 17, 41, tercer párrafo, fracción VI, y 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos c), I) y o), de la Constitución General, así como lo dispuesto en los artículos 85, fracción IV, 276, tercer párrafo, 313, 314 y 315, fracciones III y IV, de la Ley Local.

[48] En sus artículos 442, inciso f y 457.

[49] En el artículo 358, fracción I.

[50] Por tanto, consideran que se les aplicó retroactivamente a hechos sucedidos previo a la entrada en vigor de las sanciones en materia de VPG.    

   Además, estiman insuficiente que el Tribunal Local haya validado que el Instituto local impuso las sanciones con base en lo que establece el Protocolo y la Ley de Víctimas, que remite a lo dispuesto en la Ley General, lo cual, consideran ilegal, como lo sustentaron en su demanda ante esa instancia, por ser normas que no las emitió el Congreso de Nuevo León.

   En relación con lo anterior, en la página 74 de la demanda, los impugnantes refieren que: se puede concluir de manera clara que la actuación de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y que las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellas deban imponerse se encuentran supeditadas, por disposición Constitucional, al Principio de Reserva de Ley, por lo que no es dable que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León pueda determinar faltas en materia electoral y las sanciones que por ellas deban imponerse fundamentando su actuación en el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género, la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, para, a su vez, aplicar lo dispuesto en los artículos 442, inciso f), y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

[51] Véase página 78 de la demanda.

[52] En concreto, se inconforman de que se haya confirmado esa sanción, bajo el argumento de que: de que el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género es el que indica dicha forma de sancionar, ya que es evidentemente violatorio del Principio de Legalidad la imposición de tal sanción con base en los argumentos que hemos expuesto, dado que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León sólo pueden actuar conforme a lo que las leyes expresamente les permitan.

[53] En reiteradas ocasiones, la demanda se expresa que el Tribunal Local: omitió pronunciarse sobre la totalidad de los argumentos de defensa que hicimos valer en nuestros respectivos escritos de contestación y de Alegatos presentados dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador […]. 

[54] “Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: […] j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.”

[55] “Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces; y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.”

[56] “Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: […] j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.”

[57] “Artículo II. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.” “Artículo III. Las mujeres tendrán a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.”

[58] Para ello, tomó como elementos orientadores, entre otros, lo señalado por el Comité CEDAW, quien había exhortado al Estado mexicano en 2012 a: “acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes de la importancia de emitir órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes de protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo. Véase Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 52º período de sesiones, 9 a 27 de julio de 2012. Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf 

[59] En efecto, el primer criterio jurisprudencial en la materia es el siguiente: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES. De lo dispuesto en los artículos 1°,  4°, 35 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, se concluye que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. El derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos. En consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones de género, problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la complejidad que implican los casos de violencia política de género, así como a la invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas.

[60] Luego, el 23 de noviembre de 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en colaboración con distintas instituciones, del Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, a fin de contrarrestar los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Consultable en: http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/banners/2015/11/protocolo_atencion_violencia_pdf_17455.pdf

[61] Así lo señala en contenido de la Jurisprudencia 21/2018, de rubro y texto: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.

[62] Dictamen de las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/, en el que, esencialmente se señaló: incorporar por primera vez, en el marco normativo el concepto de violencia política en razón de género, con lo que se reconoce y visibiliza la problemática que viven las mujeres, particularmente y en el caso que nos ocupa, en el ámbito de la participación política, y que con las reformas en análisis da inicio un proceso para el diseño e implementación de políticas que incidan directamente sobre la desigualdad de género y que pongan freno a la violencia política que se ejerce contra las mujeres…

[63] Artículo 20 Bis que define a la VPG como: “Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

   Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

   Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.”

[64] Artículo 20 Ter. La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres;

II. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género;

III. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades;

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso;

VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;

VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales;

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos;

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género;

XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada;

XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos;

XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función;

XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad;

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;

XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;

XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;

XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos;

XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad;

XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad, o

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.”

[65] En concreto: i) la vía punitiva o sancionadora, ordinariamente inicia y resuelve la autoridad electoral administrativa, a través del PES, en los que la parte denunciante pretende que se sancione a los impugnantes denunciados, y ii) la vía reparadora o restitutoria a través del juicio ciudadano, cuando se alegue la afectación a un derecho político-electoral con VPG, y se pretenda detener, restituir o eliminar cualquier obstáculo al ejercicio pleno del derecho supuestamente afectado (similar criterio sostuvo esta Sala Monterrey en el SM-JDC-46/2021).

De manera que, cuando existen actos que posiblemente afecten el ejercicio de un derecho político-electoral con VPG, las autoridades deben advertir y, en su caso, duplicar las demandas para encauzarlas, en caso de pretensión de sanción, al procedimiento sancionador correspondiente, y en caso de pretensión de reparación de sus derechos, al juicio ciudadano que corresponda.

En el entendido de que la vía sancionadora puede ser tramitada y resuelta en el ámbito federal por el Instituto Nacional Electoral y en ámbito local por los institutos electorales locales; en tanto que la vía de juicio ciudadano restitutoria puede ser conocida en el ámbito federal por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el local por los tribunales electorales de las entidades federativas.

[66] En efecto, en el SUP-REC-77/2021, la Sala Superior estableció: […] las normas contenidas en la LGAMVLV establecen reglas muy precisas en cuanto al concepto de VPG, cómo y quienes pueden llevarla a cabo, la forma en cómo debe atenderse y las medidas de protección. Todo ello, en nada se contrapone a los elementos contenidos en la jurisprudencia en cuestión, que permiten al juzgador identificar la VPG.

    De ahí que, esta Sala Superior advierta que los elementos previstos por la jurisprudencia 21/2018 no se oponen a la normativa en materia de VPG, además de que no se trata de reglas o criterios rígidos o estáticos, sino más bien de principios que permiten al órgano jurisdiccional determinar si las acciones u omisiones están basadas en elementos de género fueron ejercidas dentro de la esfera pública, si tienen por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

   Por ello, esta Sala Superior considera que los criterios para identificar la violencia política de género en un debate político, previstos en la jurisprudencia 21/2018 no se oponen a la legislación vigente en materia de VPG.

   No obstante, el alcance de la jurisprudencia 21/2018 es genérico y se limita al contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral.

[67] Esta decisión se sustentó en similar criterio que esta Sala Monterrey que se adoptó al resolver el SM-JE-143/2021, en el que se estableció, en esencia: En ese sentido, como se indicó, en atención a las particularidades temporales de los hechos en controversia, los hechos denunciados del 2017 debieron ser analizados y sancionados, conforme al marco normativo vigente en la época que ocurrieron los hechos y, acorde a lo previsto en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres y, al menos, conforme a lo concretamente de lo señalado en la jurisprudencia 48/2016, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES, de manera que el Tribunal Local sólo podía resolver la controversia, con base en ese marco normativo vigente en la época de los hechos.

En cambio, los hechos de 2020 deben juzgarse conforme a la jurisprudencia de rubro VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, congruente con la reforma legal de 13 de abril de 2020 en materia de vpg. […]

Sin embargo, para juzgar con perspectiva de género y con la visión más amplia posible, los Tribunales electorales, al juzgar hechos actuales, también pueden considerar aquellos eventos contextuales o referenciales sucedidos en el pasado, que si bien, directamente, no sean base de una sanción, puede valorarlos, a efecto de determinar si son indicativos de alguna incidencia o posible antecedente de conflicto que pusiera explicar de manera más completa, el alcance real de los hechos por los cuales decide sancionar conforme al marco normativo actual, pero, si en realidad esos hechos contextuales o referenciales son hechos denunciados, entonces sí, deberán estudiarse conforme a la norma vigente al momento de realizarse.

En el caso, como se indicó, la acreditación de vpg que tuvo por actualizada el Tribunal de SLP, derivó de las expresiones verbales emitidas en una entrevista radiofónica el 8 de abril de 2017 y en una rueda de prensa el 2 de diciembre de 2020, y los sancionó, globalmente, conforme lo dispuesto en la jurisprudencia de 3 de agosto de 2018, de rubro VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, y la reforma legal de 13 de abril de 2020 en materia de vpg, sin considerar que, antes de los hechos denunciados de 2017 (ocurridos el 8 de abril de 2017) existía un marco de referencia normativo específico, diferente al que existe en la actualidad.

Además de que, consideró actualizada la VPG ejercida por el actual impugnante, en su calidad de ciudadano y notario público, y no distinguió a partir de su carácter de ciudadano y entonces aspirante a una candidatura local, para los hechos denunciados en 2020.

[68] Artículo 85. Son fines de los organismos electorales y jurisdiccionales: […]

IV. Garantizar que los actos y resoluciones electorales de su competencia se sujeten al principio de legalidad;

[69] Adicionalmente, a fin de sustentar la afirmación de que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, invocaron las tesis de rubro: AUTORIDADES. Es un principio general de derecho constitucional, universalmente admitido, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. y FACULTADES DISCRECIONALES Y REGLADAS. DIFERENCIAS. Para determinar si la autoridad goza de facultades discrecionales o regladas debe atenderse al contenido de la norma legal que las confiere. Si ésta prevé una hipótesis de hecho ante la cual la autoridad puede aplicar o no la consecuencia de derecho prevista en la misma, según su prudente arbitrio, debe afirmarse que la autoridad goza d facultades discrecionales. Empero, cuando la autoridad se encuentra vinculada por el dispositivo de la ley a actuar en cierto sentido sin que exista la posibilidad de determinar libremente el contenido de su posible actuación, debe concluirse que la autoridad no goza de facultades discrecionales sino regladas.

[70] Lo cual, a su modo de ver, violenta los principios de previa audiencia y debido proceso, legalidad, seguridad jurídica y congruencia, contenidos en los artículos 14, 17, 41, tercer párrafo, fracción VI, 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso I) de la Constitución General, así como lo dispuesto por lo dispuesto en los artículos 85, fracción IV, 313, 314, y 315, fracciones III y IV, de la Ley Electoral Local.

[71] Al respecto, citaron la Jurisprudencia de rubro: COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.

[72] Para sustentar su alegato, transcribieron la Jurisprudencia de rubro: JURISPRUDENCIA. SU TRANSCRIPCIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN NO PUEDE CONSIDERARSE EN SÍ COMO AGRAVIO, SI NO SE EXPRESAN LOS ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN SU APLICACIÓN AL CASO CONCRETO.

[73] Jurisprudencia publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 49.

[74] Jurisprudencia 48/2016 de rubro VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES.

[75] En efecto, así lo señala la Jurisprudencia de rubro: y contenido siguiente: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES.- De lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 41, de la Constitución General; 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, se concluye que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. El derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos. En consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones de género, problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la complejidad que implican los casos de violencia política de género, así como a la invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas.

[76] Además, en la sentencia impugnada el Tribunal de Nuevo León señaló que, el Instituto Local había argumento en su resolución que la instauración del POS tenía por objeto que dicha autoridad conociera de manera plena la verdad sobre los hechos denunciados, con el fin de lograr la tutela efectiva del régimen jurídico electoral, el cual está integrado por normas de orden público y de observancia general, por lo que es precisamente a través de una denuncia de las partes ofendidas que la autoridad puede conocer los hechos contrarios a la legislación y posteriormente emitir una resolución que resuelva los mismos (página 10 de la sentencia). 

[77] Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. […]

Asimismo, resulta aplicable la Jurisprudencia 43/2002, de Sala Superior, de rubro y texto: PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución General.

[78] Véase la Jurisprudencia 4/2000, de Sala Superior, de rubro y texto: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

[79] Véase la Jurisprudencia 12/2001 de rubro y texto: EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.- Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.

[80] Véase la jurisprudencia 3/2000, de rubro y contenido: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.

Con la precisión de que, en casos muy específicos, previstos en la legislación y doctrina judicial, el juzgador tiene el deber de suplir la deficiencia de los agravios expresados, a través de la precisión o aclaración de las ideas o el discurso expresado en la demanda, sin que esto implique una afectación al principio general de igualdad formal de las partes en el proceso, porque en esos casos la legislación o ponderación de los tribunales constitucionales ha identificado la necesidad de suplir la deficiencia de los planteamientos precisamente para buscar una auténtica igualdad material de las partes.

Véase como referente orientador sobre el tema la tesis de rubro y texto: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. ES UNA INSTITUCIÓN DE RANGO CONSTITUCIONAL QUE RESTRINGE VÁLIDAMENTE EL DERECHO A SER JUZGADO CON IGUALDAD PROCESAL (legislación vigente hasta el 2 de abril de 2013). De la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, se advierte que fue voluntad del Constituyente Permanente establecer la suplencia de la queja deficiente como una institución procesal de rango constitucional, dejando a cargo del legislador ordinario regular los supuestos de aplicación, así como la reglamentación que le diera eficacia. Por tal motivo, la incorporación de tales supuestos en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada sólo significó una labor legislativa concordante con el mandato de la Norma Superior, conforme al cual, bajo determinadas circunstancias, los juzgadores de amparo están obligados constitucionalmente a examinar de oficio la legalidad de las resoluciones reclamadas ante ellos y, de advertir alguna ilegalidad, procederán a revisar si hubo o no argumento coincidente con la irregularidad detectada, a fin de declararlo fundado y, en caso contrario, suplir su deficiencia. Así, la obligación referida puede llegar a ocasionar un desequilibrio o inseguridad procesal para la contraparte de la persona en favor de la que se le suplió su queja deficiente, pues si el juzgador introduce argumentos que no eran conocidos por ninguna de las partes, sino hasta que se dicta sentencia, es inevitable aceptar que sobre tales razonamientos inéditos no fue posible que la contraria hubiese podido formular argumentos defensivos. Empero, de esta imposibilidad que tiene la contraparte para rebatir conceptos de violación imprevistos en la demanda de amparo -y que son desarrollados motu proprio por el órgano de amparo-, no deriva la inconstitucionalidad de la suplencia de la queja deficiente, toda vez que esta institución procesal implica una restricción de rango constitucional de algunas exigencias fundamentales del debido proceso, en concreto, que los tribunales actúen con absoluta imparcialidad, así como su deber de resolver en forma estrictamente congruente con lo pedido, y con base en la fijación de una litis previsible sobre la cual las partes puedan exponer sus puntos de vista antes de que se dicte el fallo definitivo; ya que si bien son evidentes las lesiones de estas elementales obligaciones de los juzgadores, dada la incorporación de dicha figura en el texto de la Constitución Federal, debe estarse a lo ordenado por ella, ante la contradicción insuperable entre la igualdad procesal y el auxilio oficioso impuesto constitucionalmente a los juzgadores de amparo, en favor de determinadas categorías de quejosos. (Tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación XCII/2014 (10ª)).

[81] Artículo 14. […] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. […]

[82] FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

[83] Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. […]

Asimismo, resulta aplicable la Jurisprudencia 43/2002, de Sala Superior, de rubro y texto: PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución General.

[84] Véase la Jurisprudencia 12/2001 de rubro y texto: EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.- Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.

[85] Lo anterior, bajo el alegato sustancial de que, la falta de contestación de solicitudes de información, se trata la omisión de otros servidores públicos que no configura VPG, conforme a lo señalado por la Sala Xalapa al resolver el SX-JDC-95/2021 y acumulado.

[86] Adicionalmente precisó que […] en cuanto al señalamiento de que se encuentra enlistada  “Décimo Regidor ”, fue un error mecanográfico, sin que dicha situación cause un agravio a la Denunciante, ni un trato diferenciado o discriminante en su perjuicio, ya que el hecho de que se cometiera tal equivocación, no provoca algún menoscabo, limitante o impedimento en las funciones propias de su investidura, siendo lo más sencillo que la Denunciante le indicara tal situación, para realizar la corrección correspondiente; así como, que de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, las y los regidores tendrán la misma categoría e iguales derechos y obligaciones, apoyando sus razonamientos en diversos criterios jurisprudenciales.

[87] En efecto, Según los impugnantes, derivado del ejercicio hipotético que se hace en la demanda presentada contra dicha resolución ante el Tribunal Local en la que se estableció los siguiente:

  1. Sucede en el marco del ejercicio del derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público: Los hechos denunciados sí fueron en el ejercicio de un cargo público.

  2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas: los hechos denunciados sí fueron atribuidos a los suscritos como colegas de trabajo de la regidora denunciante.

  3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico: María Zavala denunció hechos que consideró como VPG y/o psicológica.

  4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres: De las pruebas que obran dentro del expediente del POS 031/2021 no se desprenden elementos que menoscaben o anulen el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, por haber hecho un exhorto a la regidora denunciante de que se realizara un examen de personalidad para descartar que tuviera alguna situación de salud mental que atender, como ya ha sido ampliamente demostrado.

   5. Se basa en elementos de género, es decir:

   i. Se dirige a una mujer por ser mujer: Lo cual no sucedió en la especie, ya que el exhorto se le dirigió por haber presentado actitudes con las que se ha conducido en su vida pública que son atípicas en el resto de los miembros del Cabildo. Así que el exhorto fue dirigido a su persona por dicha situación y no por el hecho de ser mujer. De hecho, no existe una sola prueba de que sólo sucedió por el hecho de ser mujer se haya dirigido el exhorto.

   ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres: Lo cual no sucedió en la especie, ya que el exhorto sólo se hizo a la regidora denunciante por haber presentado actitudes con las que se ha conducido en su vida pública que son atípicas en el resto de los miembros del Cabildo, de entre las cuales 5 mujeres aprobaron el exhorto y una se abstuvo, con lo cual es evidente que no tiene un impacto diferenciado en las mujeres.

   iii. Afecta desproporcionadamente a las mujeres: Lo cual no sucedió en la especie, ya que el exhorto sólo se realizó a la regidora denunciante por haber presentado actitudes específicas que sólo atañen a ella con las que se ha conducido en su vida pública que son atípicas en el resto de los miembros del Cabildo.   

[88] En efecto, Según los impugnantes, derivado del ejercicio hipotético que se hace en la demanda presentada contra dicha resolución ante el Tribunal Local en la que se estableció los siguiente:

  1. Sucede en el marco del ejercicio del derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público: Los hechos denunciados si fueron en el ejercicio de un cargo público.

  2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas: los hechos denunciados si fueron atribuidos a los suscritos como colegas de trabajo de la regidora denunciante.

  3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico: María Zavala denunció hechos que consideró como VPG y/o Psicológica.

  4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres: De las Pruebas que obran dentro del expediente del POS 031/2021 no se desprenden elementos que menoscaben o anulen el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, por haber hecho un exhorto a la regidora denunciante de que se realizara un examen de personalidad para descartar que tuviera alguna situación de salud mental que atender, como ya ha sido ampliamente demostrado.

   5. Se basa en elementos de género, es decir:

   i. Se dirige a una mujer por ser mujer: Lo cual no sucedió en la especie, ya que el exhorto se le dirigió por haber presentado actitudes con las que se ha conducido en su vida pública que son atípicas en el resto de los miembros del Cabildo. Así que el exhorto fue dirigido a su persona por dicha situación y no por el hecho de ser mujer. De hecho, no existe una sola prueba de que sólo sucedió por el hecho de ser mujer se haya dirigido el exhorto.

   ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres: Lo cual no sucedió en la especie, ya que el Exhorto sólo se hizo a la regidora denunciante por haber presentado actitudes con las que se ha conducido en su vida pública que son atípicas en el resto de los miembros del Cabildo, de entre las cuales 5 mujeres aprobaron el exhorto y una se abstuvo, con lo cual es evidente que no tiene un impacto diferenciado en las mujeres.

   iii. Afecta desproporcionadamente a las mujeres: Lo cual no sucedió en la especie, ya que el Exhorto sólo se realizó a la regidora denunciante por haber presentado actitudes específicas que sólo atañen a ella con las que se ha conducido en su vida pública que son atípicas en el resto de los miembros del Cabildo.   

[89] En efecto, el Tribunal de Nuevo León, en la página 15 de la sentencia que se revisa, expuso: […] Inconformes con lo anterior, los denunciados Garza Guerrero y Rodríguez Álvarez señalan que les causa agravio la resolución, pues a su juicio la falta de contestación de solicitudes de información no configura VPRG de acuerdo con el criterio de la Sala Xalapa al resolver el juicio ciudadano SX-JDC-95/2021 y acumulado, en el que determinó que:

“En ese tenor, si no existen elementos en autos que permitan acreditar que la obstaculización en el ejercicio del cargo público tuvo como motivo afectar a la quejosa por el hecho de ser mujer (cuando se acredita que fue derivado de la falta de atención de diversas solicitudes de información sin proporcionarle respuesta alguna), con el motivo de afectar desproporcionadamente a las mujeres o de darles un trato diferenciado en perjuicio de sus derechos, por lo que no es dable tener por comprobado el quinto elemento para configurar la violencia política contra las mujeres en razón de género.”    

   Respecto al presente agravio, este tribunal estima que no le asiste la razón a los denunciados Garza Guerrero y Rodríguez Álvarez, toda vez que la omisión de proporcionar la información a la entonces regidora limitó el ejercicio de su función como regidora, pues la falta de la información solicitada mermó la posibilidad de tener pleno conocimiento respecto de los asuntos que se discuten y aprueban en las sesiones del Ayuntamiento, lo que afecta la participación de la denunciante para la toma de decisiones inherentes a su cargo, lo cual vulneró los derechos político-electorales de la denunciante.

      Lo anterior porque, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Gobierno Municipal, el ayuntamiento se integra por un cuerpo de regidores y regidoras que son los representantes de la comunidad con la misión de participar en la atención de los asuntos del Municipio y velar por que el ejercicio de la Administración Pública Municipal se desarrolle conforme a las disposiciones legales aplicables. […]

[90] Lo anterior, en las páginas 13 y 14 de la sentencia que se revisa, emitida por el Tribunal de Nuevo León.

[91] Efectivamente, en la página 18 de la sentencia que se revisa el Tribunal Local indicó: […] En el caso, este tribunal advierte que la autoridad realizó el estudio individual y contextual de las conductas denunciadas y detalló los medios de prueba que acreditaban con los cuales se acreditaban los hechos; en el caso de la falta de fotografía y difusión errónea del cargo de la denunciante, acreditó dicha conducta a través de la diligencia de inspección que la Dirección Jurídica realizó a la página de internet del municipio. […]

[92] En efecto, en las páginas 19 y 20 de la sentencia del Tribunal de Nuevo León, se indicó lo siguiente: […] Por lo tanto, este tribunal estima que no le asiste la razón a la parte actora, ya que efectivamente del análisis contextual de las conductas se arriba a la conclusión de que las conductas se ejercieron en contra de la denunciante por no estar de acuerdo con el resto de las y los integrantes del Cabildo, y que, por el hecho de votar en contra las propuestas sometidas a su consideración debía practicarse un examen de personalidad.

     La parte actora refiere que el comportamiento atípico de la denunciante motivó a exhortarla para la práctica del examen de personalidad, aunado a que no asiste a las sesiones de Cabildo, y cuando asiste vota en contra de las propuestas sometidas a votación, y por las publicaciones que difunde en redes sociales, por lo que dichas conductas generan una supuesta preocupación debido a que pueden afectar el correcto funcionamiento del Cabildo.

   Al advertir lo anterior, la autoridad acertadamente determinó que las conductas denunciadas reproducen un estereotipo de género, toda vez que a partir de que la votación de la denunciante no fue en favor de las propuestas sometidas a discusión en el Cabildo, la parte actora concibe que la votación en sentido negativo es producto de un “indebido comportamiento” y a raíz de ello, atribuye un supuesto problema de salud mental a la denunciante.

[93] En las páginas de la 19 a la 22 de la actual sentencia que se revisa, el Tribunal de Nuevo León, también refiere lo siguiente: […] A partir del estudio contextual de las conductas denunciadas, el Consejo General estimó que, la solicitud del exhorto, parte del hecho de que la denunciante faltó a las sesiones del órgano colegiado y que cuando asistió votó en contra de los dictámenes que se sometieron a su consideración, aunado a supuestas publicaciones que realiza en redes sociales, lo cual exterioriza y materializa el estereotipo consistente en que si una mujer no hace lo hacen los demás, entonces tiene un trastorno mental.

    Además, la autoridad señaló que el hecho de que la denunciante votara en contra todas las propuestas, parte de una determinación que no está justificada y encuadra en un estereotipo de género, ya que, al tratarse de un órgano colegiado, las decisiones se toman por mayoría de sus integrantes, por lo que, no tiene razón alguna dicha justificación, ya que el sentido de votación de uno de sus integrantes no define las decisiones de la totalidad de las y los integrantes del Cabildo.

    En lo que respecta al hecho de que las redes sociales de la denunciante están cargadas de conductas atípicas e incluso se vislumbra algún tipo de sociopatía y conducta antisocial, sostuvo que no tiene ninguna justificación y son apreciaciones subjetivas de la parte actora, ya que no acreditaron contar con los conocimientos subjetivos para determinar que las frases o publicaciones en redes sociales sitúan a una persona como lo refieren “sociópata” o “antisocial”.

    Asimismo, argumentó que la decisión de ordenar el examen de la personalidad encaja en un estereotipo de género, ya que se ordenó por el hecho de ser mujer, porque se ha considerado que la mujer deber ser obediente y sumisa a los demás, y que las mujeres que actúan en contrario padecen algún tipo de enfermedad mental, cuando lo cierto es que su actuar está en un ámbito político en el que convergen la diversidad de ideas y opiniones.

     La autoridad advirtió que en el presente caso existió una preconcepción de atributos o características respecto a lo que debería ser ejecutado por la denunciante en la toma de decisiones propias de su encargo; añadió que, suponer que la denunciante se encontraba en un estado anormal o con un problema mental con motivo del disenso en la toma de decisiones o inclusive por sus publicaciones en redes sociales, constituyen actos de discriminación hacia su persona. […].

[94] Lo anterior, porque en las páginas 57 y 58 de la demanda presentada ante esta Sala Monterrey, los impugnantes refieren que, el Instituto local no verificó que el caso concreto reunía los siguientes elementos:

   1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;

   2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación 

[95] Conforme al artículo 17.

[96] En específico, el Instituto local consideró: […] en lo que respecta a Rodríguez Álvarez ejerció VPG por omisión, ya que si bien […] el Denunciado Rodríguez Álvarez, únicamente firmó el oficio OPM-SAY- 392/2019; conforme a la definición de la propia VPG y criterios resultan responsables, toda vez que la omisión constituye la omisión constituye una conducta en detrimento de los derechos político electorales de las mujeres. Luego entonces, la pasividad mostrada por la y los Denunciados al abstenerse vulneró los derechos de la Denunciante, ya que no obra constancia alguna en el expediente en la que se advierta, aun de forma indiciaria, que la y los Denunciados en cita hubieren detenido o aminorado las conductas realizadas en perjuicio de la Denunciante.

[97] Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  […]

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

[98] Por su parte, la Ley General de Víctimas, entre los derechos de víctimas de violaciones a derechos humanos, la reparación integral, como: i. Ser reparadas de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o afectación en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron ii. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones iii. A la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces (Artículo 7 de la Ley General de Víctimas). Ley de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 y 73, fracción XXIX-X, de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013.

[99] Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007.

   Artículo 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

   IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público;

   V. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres;

   VI. Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia;

   VII. Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres;

   VIII. Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia;

   IX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;

   ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

    Artículo 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.

[100] Art. 1o.- En el Estado de Nuevo León […]

   Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

[101] Tratado internacional suscrito por México el 17 de julio de 1980 y ratificado el 23 de marzo de 1981.

[102] Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: […]

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; […].

[103] Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de enero de 1999. Serie C No. 44, párr. 72. y criterio sustentado en el SUP-REP-160/2020.

[104] A modo de ejemplo, es factible ordenar la publicación y difusión de las partes relevantes de la sentencia en cuestión. Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 241, párr. 120.

[105] Véase la Tesis VII/2019, de rubro: MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL. LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DEBEN GARANTIZARLAS EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.

[106] En efecto, el primer criterio jurisprudencial en la materia es el siguiente: Jurisprudencia 48/2016 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES. De lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el Protocolo, se concluye que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. El derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos. En consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones de género, problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la complejidad que implican los casos de violencia política de género, así como a la invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas.

[107] En efecto, en el SUP-REC-1557/2021 y acumulados, la Sala Superior señaló: […] En lo que respecta a la materia electoral, esta Sala Superior ha determinado que, atendiendo a que el efecto directo de sus ejecutorias debe ser la restitución de los derechos de las y los afectados, si ello no es materialmente viable, debe optarse por una medida de reparación diversa, como lo pudieran ser la rehabilitación, la satisfacción y/o la garantía de no repetición, teniendo en cuenta el deber constitucional y convencional de asegurar la reparación integral a las personas que han sido objeto de un menoscabo en su esfera jurídica.

[108] Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

Artículo 442.

   1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley: […]

   f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público;

[109] Artículo 457.

   1. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción prevista en esta Ley, incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto, se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.

[110]  Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y observancia en el Estado de Nuevo León, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, es reglamentaria del Artículo 19 apartado C de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y tiene por objeto:

   I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en los Tratados Internacionales de derechos humanos en los que el Estado mexicano es parte;

[111] En el artículo 358, fracción I.