Monterrey, Nuevo León, a dos de abril de dos mil veinticinco.

Sentencia definitiva que: a) revoca la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, en el juicio de la ciudadanía TESLP/JDC/126/2024 y su acumulado TESLP/JDC/127/2024, en la que, a su vez, por un lado, revocó la determinación de la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional dictada en el juicio de inconformidad CJ/JIN/142/2024, que confirmó la sesión de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del mencionado partido político en San Luis Potosí, celebrada el treinta de octubre de dos mil veinticuatro y, particularmente, el dictamen ahí aprobado en el que se determinó informar a la Comisión Permanente Nacional que más de dos terceras partes de las estructuras locales en la citada entidad federativa, las cuales representan más de la mitad de la militancia en el Estado, aprobaron solicitar el método extraordinario de elección (votación por Consejo Estatal), a fin de renovar el Comité Directivo Estatal que corresponde al periodo 2024-2027; y, como consecuencia de ello, por otro, ordenó reponer el procedimiento en el que se determina el método de elección del mencionado Comité Directivo Estatal.

Lo anterior, toda vez que el dictamen local combatido inicialmente en esa cadena impugnativa no era un acto definitivo y su aprobación no causó afectación a la esfera jurídica de las personas inconformes (partidistas y locales), por lo que fue incorrecto que el Tribunal responsable repusiera el procedimiento a partir de una supuesta deficiente valoración de las actas realizada en ese documento, cuando el pronunciamiento definitivo al respecto correspondió a una diversa autoridad partidista nacional. En esa medida, tampoco resultó acertado que el órgano de justicia del partido político considerara procedente el juicio de inconformidad, por lo que también se revoca la decisión identificada con la clave CJ/JIN/142/2024. 

Asimismo, b) se revoca la resolución del Tribunal responsable dictada en el diverso expediente TESLP/JDC/02/2025 que confirmó la determinación emitida por la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional en el juicio de inconformidad CJ/JIN/172/2024 que, a su vez, confirmó las Providencias del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido por las cuales autorizó la Convocatoria para elegir, por el método extraordinario, a la Presidencia, Secretaría General e integrantes del Comité Directivo Estatal, a través del Consejo Estatal.

Ello, dado que, incorrectamente, se validó la resolución partidista que dejó de estudiar las inconformidades relacionadas con presuntas irregularidades sucedidas durante el procedimiento de selección del método para renovar a la dirigencia estatal y la indebida valoración de las actas de sesión de las estructuras municipales, bajo el argumento de que, en cuanto a esos aspectos, el juicio partidista era improcedente, por extemporáneo y por surtirse la cosa juzgada, cuando en realidad la demanda se presentó oportunamente y no se actualizaba la identidad de los tres elementos requeridos para configurar la cosa juzgada; situación que igualmente lleva a revocar la citada resolución partidista CJ/JIN/172/2024. 

A su vez, atendiendo a las particularidades del caso y dada la necesidad de brindar certeza jurídica, se impone resolver de manera completa e integral la controversia planteada y c) esta Sala Regional determina que deben revocarse las Providencias identificadas con la clave SG/335/2024 (así como todos los actos emitidos como consecuencia de ellas) porque, aun cuando se dictaron válidamente de forma precautoria por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, cierto es que carecen de exhaustividad y están indebidamente motivadas, pues no se hace un análisis integral de todas y cada una de las constancias relacionadas con los posicionamientos de las estructuras municipales, así como de pronunciarse respecto de las especificidades que presentaban aun y cuando, de forma preliminar, desde el dictamen primigenio se habían detectado posibles irregularidades.

Así, en atención a las características específicas del asunto y tomando en cuenta que el deber de resolver de forma completa y brindar certeza impone que se corrijan irregularidades que son evidentes, dado que en el caso se advierte la existencia de múltiples elementos que impiden conocer con certeza su voluntad, d) es necesario ordenar se convoque a sesión a las estructuras municipales, en la que se respete la normativa aplicable y los parámetros indicados por esta Sala Regional –que, precisamente, parten de las exigencias que el instituto político se impuso en ejercicio de su libertad de autoorganización–, a fin de que se pronuncien nuevamente sobre si aprueban o no el método extraordinario para renovar al Comité Directivo Estatal.

Adicionalmente, e) se tiene por no presentada la demanda de María Zuleima Cerda Ortiz y otras personas, en virtud de que se desistieron del medio de impugnación intentado.

GLOSARIO

1.     ASPECTOS GENERALES

El asunto se relaciona con el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal, el cual, de acuerdo con la normativa interna del PAN, debe elegirse cada tres años.

Para ello, el método ordinario de selección es a través del voto directo de la militancia en la entidad federativa. Sin embargo, es posible elegir a sus integrantes a través de la votación del respectivo Consejo Estatal del partido político. Este método se conoce como extraordinario.

Para que se actualice el método extraordinario, es necesario que, dentro de los 30 días siguientes a que se haga de su conocimiento el vencimiento de la vigencia de la dirigencia en funciones del respectivo Comité Directivo Estatal: a) al menos dos terceras partes de las estructuras municipales –es decir, los Comités Directivos Municipales y las Delegaciones Municipales– lo soliciten; b) que tales comités municipales representen más de la mitad de la militancia estatal; y c) que los pronunciamientos cuenten con la aprobación, como mínimo, de dos terceras partes de los asistentes a las respectivas sesiones de los Comités Directivos Municipales y las Delegaciones Municipales.

En el caso, en su momento sesionaron las estructuras municipales y, posteriormente, en sesión de la Comisión Permanente Estatal se aprobó el Dictamen local a fin de informar a la Comisión Permanente Nacional que se habían cumplido tales requisitos y que ésta autorizara emitir la convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal por el método extraordinario.

Posteriormente, el Presidente del CEN, previo dictamen de la Secretaría Nacional de Fortalecimiento Interno, mediante las Providencias 335, ajustó las cifras consideradas por el órgano estatal; no obstante, al concluir que se cumplían los requisitos para emplear el método extraordinario de renovación de la dirigencia, autorizó la convocatoria solicitada a fin de que la elección se celebrara en los siguientes 30 días.

La elección se llevó a cabo y resultó ganadora la planilla encabezada por Verónica Rodríguez Hernández, como Presidenta (quien se reeligió en el cargo), y Carlos Enrique Dahud Uresti, como Secretario General (quien, en suplencia, había ejercido ese cargo en parte del periodo que estaba por concluir, pero pidió licencia hacia el final de ese lapso).

Originalmente, diversos integrantes de la Comisión Permanente Estatal, por un lado, controvirtieron la sesión de la propia Comisión Permanente Estatal y la aprobación del Dictamen local; por otro, también impugnaron las Providencias 335, y cada una siguió cadenas impugnativas separadas, tanto en la instancia partidista, como en la instancia local.

En ambos casos, la pretensión última de las personas actoras era que se declarara inválido el método extraordinario de elección y, por ende, que se empleara el ordinario para que la militancia votara a la dirigencia estatal.

Ante esta instancia federal, por una parte, en un juicio se controvierte la sentencia del Tribunal local que confirmó la determinación partidista que, a su vez, confirmó las Providencias 335. Uno de los actores locales es quien acude ante esta Sala Regional e insiste en la pretensión de declarar inválido el método extraordinario.

Por otra parte, en tres juicios se controvierte la diversa sentencia del Tribunal local –dictada con posterioridad a la mencionada en el párrafo anterior–, que revocó la determinación partidista que confirmó la sesión de la Comisión Permanente Estatal y la aprobación del Dictamen local y, en consecuencia, ordenó que se repusiera el procedimiento que determina el método de elección del Comité Directivo Estatal. Quienes la controvierten son la Presidenta electa, así como diversas personas integrantes de estructuras municipales, todas las cuales pretenden que prevalezca el método extraordinario.

Dada su estrecha relación, a fin de estar en posibilidad de impartir justicia completa, los asuntos se resuelven de forma integral en este fallo.

2.     ANTECEDENTES DEL CASO

1.1.           Origen común

1.1.1.    Lineamientos para elegir al Comité Directivo Estatal. El diecisiete de julio de dos mil veinticuatro[1], la Coordinación General Jurídica y la Secretaría Nacional de Fortalecimiento Interno, ambas del CEN, emitieron lineamientos o directrices que debían observarse en la elección de los Comités Directivos Estatales del partido político. En ellos se establece el procedimiento a seguir, así como los elementos probatorios idóneos para corroborar las actuaciones.

En esa fecha, se hicieron del conocimiento de la Secretaría General del Comité Directivo Estatal[2].

1.1.2.    Vencimiento de vigencia (Acuerdo 118/31/2024). El siete de octubre, se celebró sesión ordinaria de la Comisión Permanente Estatal (Acta 31/2024[3]), en la que se aprobó el dictamen relativo a la vigencia del Comité Directivo Estatal 2021-2024[4] y, con ello, por un lado, el informar a la Comisión Permanente Nacional sobre el vencimiento de la vigencia de la dirigencia del citado Comité Directivo Estatal[5] y, por otro, hacer del conocimiento de las 41 estructuras municipales[6], el inicio del proceso de renovación, a efecto de que, de estimarlo oportuno, en los 30 días siguientes a su notificación se pronunciaran respecto al método de elección extraordinario.

En ese sentido, el plazo transcurrió del ocho de octubre al siete de noviembre.

1.1.3.    Sesiones de las estructuras municipales. Entre el doce y veintinueve de octubre, diversos Comités Directivos Municipales y Delegaciones Municipales remitieron al Comité Directivo Estatal los documentos relacionados con el método de elección que aprobaron.

1.1.4.    Sesión de la Comisión Permanente Estatal y aprobación del Dictamen local (Acuerdo 78/03/2024). El treinta de octubre se celebró sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Estatal (registrada en el acta 03/2024[7]) en la que se discutió el Dictamen local[8] que presentó el Secretario General del Comité Directivo Estatal y de la Comisión Permanente Estatal, relativo al método de elección del citado Comité Directivo Estatal.

En el Dictamen se analizó la documentación presentada por las estructuras municipales y consideró que, para ese momento, 31 de 41 de ellas, por unanimidad o por una mayoría igual o superior a las dos terceras partes, ya se habían pronunciado a favor de que la elección fuera a través de la votación del Consejo Estatal del PAN. Además, se indicó que la militancia de esos 31 municipios ascendía a 4,457, lo que representaba el 60% del padrón en ese Estado (total que ascendía a 7,437 militantes).

Una vez que se sometió a votación, se aprobó, por mayoría de votos[9], informar a la Comisión Permanente Nacional que más de dos terceras partes de las estructuras municipales necesarias, las cuales representan más de la mitad de la militancia exigida, aprobaron solicitar el método extraordinario para renovar el Comité Directivo Estatal para el periodo 2024-2027, por lo que se pidió que expidiera la convocatoria respectiva.

1.1.5.    Providencias 335. Por oficio de nueve de noviembre, la Secretaria General del CEN hizo del conocimiento de la Presidenta del Comité Directivo Estatal que, previo dictamen de la Secretaría Nacional de Fortalecimiento Interno, el Presidente Nacional emitió providencias en relación con la autorización de la convocatoria de la sesión del Consejo Estatal del PAN en San Luis Potosí, así como los Lineamientos para la elección de la Presidencia, Secretaría General e integrantes del Comité Directivo Estatal en San Luis Potosí, para el periodo 2024-2027[10].

Para ello, se procedió a revisar: a) la sesión de la Comisión Permanente Estatal relativa a la vigencia del Comité Directivo Estatal; b) que se hubiera informado a las 41 estructuras municipales sobre la vigencia, a efecto de pronunciarse sobre el método de elección; c) la aprobación por las dos terceras partes de las estructuras municipales (es decir, al menos 28 de las 41 que existen) y que las sesiones hubieran cumplido con la normativa aplicable; así como d) que las dos terceras partes de las estructuras municipales representaran más del 50% de la militancia en la entidad federativa (como mínimo 3,719 de 7,437 militantes).

Al efecto, evidenció que no era acertado lo asentado en el Dictamen local en cuanto a que 31 estructuras municipales, cuya militancia ascendía a 4,457 y representaba el 60% del padrón en San Luis Potosí, habían aprobado el método extraordinario. En realidad, se estableció que tal método se aprobó por 30 municipios que contaban con 4,028 militantes y representaban el 54.16% de la militancia.

A partir de estos datos, se consideraron satisfechas las condiciones para que la renovación del Comité Directivo Estatal se realizara por el método extraordinario. De ahí que, como se indicó, se autorizaran la convocatoria y lineamientos atinentes.

1.1.6.    Ratificación de Providencias 335 (CPN/SG/001/2025). En sesión de diecinueve de diciembre, la Comisión Permanente Nacional ratificó, en sus términos, las providencias precisadas en el numeral anterior[11].

1.1.7.    Elección por método extraordinario, providencias y ratificación de providencias. El ocho de diciembre se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Estatal en la que se celebró la jornada electoral para elegir a la Presidencia, Secretaría General e integrantes del Comité Directivo Estatal. En ella resultó ganadora la planilla encabezada por Verónica Rodríguez Hernández como Presidenta (actora en el juicio SM-JDC-28/2025) y Carlos Enrique Dahud Uresti como Secretario General[12].

Esta elección se ratificó mediante las providencias del Presidente del CEN contenidas en el oficio SG/004/2025, de once de enero de dos mil veinticinco[13]; en tanto que tales providencias se ratificaron por la Comisión Permanente Nacional, en sesión ordinaria de treinta y uno de enero siguiente (oficio CPN/SG/04/2025, de cuatro de febrero)[14].

1.2.           Cadena impugnativa relacionada con la Sesión de la Comisión Permanente Estatal y la aprobación del Dictamen local (Acuerdo 78/03/2024)

1.2.1.    Juicio de inconformidad CJ/JIN/142/2024. En desacuerdo con la sesión celebrada el treinta de octubre por la Comisión Permanente Estatal y la aprobación del Dictamen local, el tres de noviembre, 1. María Lucero Jasso Rocha, 2. Adrián Sánchez Ramiro, 3. María Aranzazú Puente Bustindui, 4. Héctor Mendizábal Pérez y 5. Lidia Argüello Acosta, integrantes de la propia Comisión Permanente Estatal, promovieron conjuntamente juicio de inconformidad ante la instancia partidista[15].

Centralmente, se quejaron de que no se agotó el plazo de 30 días para que todas las estructuras municipales se pronunciaran sobre el método de elección, así como de la valoración de las actas, y consideraron que, de haberse analizado correctamente, se hubiera concluido que no se cumplieron los requisitos para determinar el método extraordinario para renovar el Comité Directivo Estatal, por lo que debería observarse el método ordinario.

En el juicio no comparecieron tercerías interesadas y, el seis de diciembre, la Comisión de Justicia confirmó los actos reclamados[16].

1.2.2.    Demandas locales y tercería. En contra de esa determinación, el diez de diciembre, 1. María Lucero Jasso Rocha promovió el juicio ciudadano TESLP/JDC/126/2024[17], en tanto que 2. Adrián Sánchez Ramiro, 3. María Aranzazú Puente Bustindui, 4. Héctor Mendizábal Pérez y 5. Lidia Argüello Acosta presentaron el juicio TESLP/JDC/127/2024[18].

En ambos expedientes, el veinte de diciembre compareció, como tercero interesado, Eduardo Nava Díaz, por su propio derecho, como militante del PAN, así como en su calidad de Secretario General del Comité Directivo Estatal y de la Comisión Permanente Estatal[19].

1.2.3.    Sentencia local (TESLP/JDC/126/2024 y su acumulado TESLP/JDC/127/2024) (acto impugnado en 3 juicios). El catorce de febrero de dos mil veinticinco, el Tribunal local resolvió los juicios y revocó la resolución dictada en el juicio de inconformidad CJ/JIN/142/2024 al estimar que se realizó una indebida valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento para aprobar el método extraordinario para renovar la dirigencia estatal, pues, por un lado, el valor de las documentales no depende de los atributos de la persona que las entrega, por lo que, si existían dobles pronunciamientos, se debió requerir a las estructuras municipales que aclararan cuál era el acta válida; y, por otro, incorrectamente se consideró que María Lucero Jasso Rocha, allá actora, se encontraba gozando de licencia respecto de la Presidencia del Comité Directivo Municipal de Ciudad Fernández.

A partir de ello, en plenitud de jurisdicción, ordenó reponer el procedimiento para decidir el método de elección del Comité Directivo Estatal y, dado que, al momento en que el Tribunal local resolvió el asunto, ya se había realizado la elección por el método extraordinario para renovar el Comité Directivo Estatal, dejó sin efectos los nombramientos de las autoridades que hubieran ascendido a los cargos con motivo de la elección (entre ellas, el de la Presidenta Electa Verónica Rodríguez Hernández), y redimió(sic) los nombramientos de quienes ejercían el cargo antes de llevar a cabo la elección (igualmente de Verónica Rodríguez Hernández, pues contendió en reelección).

1.2.4.    Juicios ciudadanos federales. En contra de la sentencia del Tribunal local, se presentaron 3 medios de impugnación del conocimiento de esta Sala Regional, el veinte –el primero– y veintidós –los restantes– de febrero del año en curso, conforme a lo siguiente:

1.2.5.    Tercerías. En su oportunidad, las siguientes personas comparecieron como terceras interesadas:

1.2.6.    Desistimiento (SM-JDC-34/2025). El veinticinco de febrero de este año, las 4 personas actoras (1. María Zuleima Cerda Ortiz, 2. Josefina Alonso Nieto, 3. Javier Blas Zacarías, y 4. Martín Alonso Nieto) presentaron escrito de desistimiento ante el Tribunal local.

1.3.           Cadena impugnativa relativa a las Providencias 335

1.3.1.    Providencias 335. Como se precisó –antecedente 2.1.5.– por oficio de nueve de noviembre, la Secretaria General del CEN hizo del conocimiento del Comité Directivo Estatal que, previo dictamen de la Secretaría Nacional de Fortalecimiento Interno, el Presidente Nacional emitió providencias en relación con la autorización de la convocatoria de la sesión del Consejo Estatal del PAN en San Luis Potosí, así como los Lineamientos para la elección de la Presidencia, Secretaría General e integrantes del Comité Directivo Estatal en San Luis Potosí, para el periodo 2024-2027.

1.3.2.    Juicio de inconformidad CJ/JIN/172/2024. En desacuerdo, el trece de noviembre, 1. Adrián Sánchez Ramiro, 2. Rodolfo Edgar Jasso Puente, 3. Héctor Mendizábal Pérez y 4. José Antonio Zapata Meraz, integrantes de la Comisión Permanente Estatal, impugnaron los actos precisados en el numeral anterior[20] y sus consecuencias jurídicas, ante el Tribunal local, quien lo reencauzó a la Comisión de Justicia mediante acuerdo plenario de cinco de diciembre, dictado en el expediente TESLP/JDC/121/2024 y que diera origen al juicio de inconformidad intrapartidista CJ/JIN/172/2024.

En su demanda, medularmente, sostuvieron que no se respetó el plazo de 30 días previsto en los Estatutos para que los Comités Directivos Municipales sesionaran y se pronunciaran sobre el método de elección del Comité Directivo Estatal; que fue indebido que se emitieran las citadas providencias pues era a la Comisión Permanente Nacional a quien correspondía la organización de los procesos para la integración de los órganos internos del partido, máxime que no se actualizaba el caso de urgencia previsto en la normativa; y cuestionaron que, respecto de algunos Comités Directivos Municipales, existieron múltiples incongruencias, como la duplicidad de actas, situaciones que fueron incorrectamente valoradas al emitir las Providencias 335, pues de su contenido se advertía su oposición a llevar a cabo el método electivo extraordinario.

En el juicio comparecieron, como tercerías interesadas, 1. Marcelino Rivera Hernández, 2. Christian Iván Azuara Azuara, 3. Alejandro Fernández Hernández y 4. Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, ostentándose como militantes del PAN e integrantes de la Comisión Permanente Estatal[21].

El siete de enero pasado, la Comisión de Justicia sobreseyó en el juicio al actualizarse diversas causas de improcedencia, no obstante, a su vez, en sus resolutivos confirmó los actos reclamados[22].

1.3.3.    Demanda local y tercero interesado. Inconforme con lo decidido, el diez de enero posterior, Héctor Mendizábal Pérez promovió el juicio ciudadano local TESLP/JDC/02/2025[23].

Por su parte, el dieciocho de enero siguiente, Carlos Enrique Dahud Uresti, compareció a juicio como tercero interesado, en su carácter de Secretario General del Comité Directivo Estatal y de la Comisión Permanente Estatal[24].

1.3.4.    Sentencia local (TESLP/JDC/02/2025). El diez de febrero inmediato, el Tribunal local resolvió el medio de impugnación y confirmó la resolución dictada en el juicio de inconformidad CJ/JIN/172/2024 al estimar que los agravios expuestos por el actor, por una parte, resultaban ambiguos y no controvertían las decisiones centrales que sostuvieron la decisión cuestionada y, por otra, realizaban una reiteración de los motivos de disenso hechos valer en la instancia partidista, además de incorporar elementos novedosos.

1.3.5.    Juicio ciudadano federal (SM-JDC-23/2025). Inconforme con lo decidido, el quince de febrero siguiente, Héctor Mendizábal Pérez presentó juicio ciudadano federal.

1.3.6.    Tercero interesado. Por su parte, el veinte de febrero posterior, Carlos Enrique Dahud Uresti, compareció como tercero interesado, en su carácter de Secretario General del Comité Directivo Estatal y de la Comisión Permanente Estatal.

3.     COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes asuntos, porque se trata de juicios de la ciudadanía relacionados con la selección del método de elección para renovar una dirigencia partidista en San Luis Potosí; entidad federativa que se ubica en la segunda circunscripción electoral plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 253, fracción IV, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, numeral 1, 80, numeral 1, inciso f), en relación con el diverso inciso g), y 83, numeral 1, inciso b), fracción IV, de la Ley de Medios.

4.     ACUMULACIÓN

Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la autoridad responsable, así como conexidad entre todos los medios de impugnación, pues se trata de inconformidades relacionadas con la determinación del método para elegir al Comité Directivo Estatal.

Así, para evitar el riesgo de pronunciar sentencias contradictorias, procede acumular los expedientes SM-JDC-28/2025, SM-JDC-31/2025, y SM-JDC-34/2025, al diverso SM-JDC-23/2025, por ser el primero en recibirse en esta Sala Regional, debiéndose agregar una impresión del presente fallo a los autos de los expedientes acumulados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 267, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley de Medios y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

5.     DESISTIMIENTO SM-JDC-34/2025

En el juicio SM-JDC-34/2025 (Integrantes de la Delegación Municipal de Zaragoza) se actualiza una causa que impide resolver el fondo, debido a que la parte actora se desistió del medio de impugnación, lo cual conduce a tener por no presentada la demanda, de conformidad con el artículo 11, apartado 1, inciso a), de la Ley de Medios[25], en relación con el 77, fracción I[26], y 78, fracción I[27], del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.

De acuerdo con los preceptos señalados, si durante el trámite de un medio de impugnación, quien promueve manifiesta su intención de desistirse de la acción intentada, el órgano jurisdiccional debe sobreseer, en caso de que se haya dictado el auto de admisión; si no es así, procederá tener por no presentada la demanda.

Al efecto, es necesario que la Magistratura instructora requiera a la parte actora para que ratifique su escrito en un plazo no mayor de setenta y dos horas siguientes a la notificación del requerimiento, ya sea ante fedatario o personalmente en las instalaciones de la Sala competente, bajo apercibimiento de tenerlo por ratificado y resolver en consecuencia.

En tanto que, en el supuesto de que el escrito de desistimiento haya sido ratificado ante fedatario, sin más trámite, le recaerá el sobreseimiento o bien la determinación de tener por no presentado el medio de impugnación.

En el caso, el veinticinco de febrero del año en curso, la parte actora presentó escrito de desistimiento ante el Tribunal local, el cual se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el veintisiete siguiente, fecha en la que, mediante acuerdo de la Magistrada Instructora, se requirió a 1. María Zuleima Cerda Ortiz, 2. Josefina Alonso Nieto, 3. Javier Blas Zacarías, y 4. Martín Alonso Nieto para que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de la notificación de ese acto, ratificaran su desistimiento, ante fedatario público o personalmente en las instalaciones de esta Sala Regional, apercibidos que, en caso de no hacerlo, se tendría por ratificado el desistimiento.

El mismo veintisiete de febrero se notificó el requerimiento a la parte inconforme[28]; sin embargo, de la revisión de las constancias de autos, se advierte que no se recibió documentación alguna relacionada con la ratificación del escrito de desistimiento presentado por la parte actora en el plazo concedido pues, incluso hasta el momento de resolver, no se cuenta con documentación al respecto.

Es importante señalar que, con su demanda, las y los actores no ejercieron una acción tuitiva de interés público, en cambio, defendían su propio derecho e interés a fin de que prevaleciera la sesión del Comité Directivo Municipal de Zaragoza de veintitrés de octubre, en la que eligieron el método extraordinario para renovar el Comité Directivo Estatal.

En consecuencia, al estarse frente a un derecho respecto del cual la parte actora tiene disponibilidad[29], lo procedente es tener por ratificado el desistimiento y, toda vez que el juicio no había sido admitido, debe tenerse por no presentada la demanda que dio origen al expediente SM-JDC-34/2025.

6.     PROCEDENCIA

El juicio SM-JDC-31/2025 (promovido por integrantes del Comité Directivo Municipal de Tanquián de Escobedo) reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, 9, numeral 1, 13, numeral 1, inciso b), y 79 de la referida Ley de Medios, de acuerdo con lo indicado en el respectivo auto de admisión[30].

A su vez, también se satisfacen tales requisitos de procedencia del juicio SM-JDC-23/2025 que promovió Héctor Mendizábal Pérez (integrante de la Comisión Permanente Estatal) en contra de la sentencia emitida en el expediente TESLP/JDC/02/2025, y del diverso SM-JDC-28/2025, promovido por Verónica Rodríguez Hernández (Presidenta del Comité Directivo Estatal y Presidenta electa) contra la sentencia emitida en el expediente TESLP/JDC/126/2024 y su acumulado, como se razona enseguida:

a)                 Forma. Se presentaron por escrito ante la autoridad señalada como responsable, se precisa el nombre y firma de la parte actora, las resoluciones que controvierten, se mencionan hechos, agravios y las disposiciones presuntamente no atendidas.

b)                 Definitividad. Las resoluciones impugnadas se consideran definitivas y firmes, porque en la legislación electoral del Estado de San Luis Potosí no existe otro medio de impugnación que se deba agotar previo a este juicio.

c)                 Oportunidad. Los juicios se promovieron en tiempo, toda vez que se presentaron dentro del plazo legal de cuatro días naturales previsto para ese efecto, respectivamente, posteriores a su notificación o a que las personas inconformes tuvieran conocimiento de las sentencias que controvierten, al estar relacionados los actos impugnados con el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal[31], como se evidencia en la siguiente tabla:

Se advierte que el dieciocho de febrero de este año, el tercero interesado en el juicio SM-JDC-28/2025 (relacionado con la cadena impugnativa del Dictamen local), Héctor Mendizábal Pérez (quien es actor del diverso juicio SM-JDC-23/2025), solicitó al Tribunal local que certificara que había concluido el plazo para la interposición de los medios de impugnación, sobre la base de que Verónica Rodríguez Hernández, en conferencia de prensa celebrada el catorce de febrero anterior, públicamente se manifestó sabedora de la sentencia impugnada[37].

Al respecto, se indica que es a esta autoridad jurisdiccional a quien corresponde evaluar si una demanda sometida a su conocimiento se presentó o no durante el plazo concedido para impugnar.

En ese sentido, en primer lugar, se tiene por acreditada la conferencia de prensa que Verónica Rodríguez Hernández encabezó el catorce de febrero pasado, en su calidad de Presidenta del Comité Directivo Estatal, para fijar postura respecto de la sentencia que controvierte.

Esto, a través de las diversas ligas electrónicas que proporcionó el tercero interesado Héctor Mendizábal Pérez, cuyo contenido es consistente entre sí y dentro de las que se advierte el video de la conferencia transmitida por diversos portales de noticias e, inclusive, desde la cuenta oficial del propio Comité Directivo Estatal en Facebook, en la cual, junto con las diversas cuentas de ese órgano en Instagram y X, también se difundió el comunicado que la misma dirigente partidista grabó en video. Como se ejemplifica a continuación:

De la revisión del material anterior se observa que, si bien es cierto que Verónica Rodríguez Hernández fija su postura general en cuanto a la sentencia que impugna, haciendo alusión a sus efectos para reponer el procedimiento, ello no implica que tuviera conocimiento completo, exacto y directo del acto reclamado, parámetros que exige la Suprema Corte[38], a fin de que pueda considerarse cierta fecha como la del conocimiento del acto cuestionado, para efecto de que inicie el cómputo del plazo para inconformarse.

De ahí que, como se indicó en la tabla, si fue hasta el diecisiete de febrero pasado que se notificó el acto a la inconforme –momento en el cual conoció de la sentencia cuestionada en su integridad, respecto de sus fundamentos y motivos– y ella presentó su demanda el veinte siguiente, su medio de impugnación es oportuno al haberse promovido dentro de los cuatro días siguientes con que contaba para ello.

d)                 Legitimación. Quienes comparecen están legitimados por tratarse de ciudadanas y ciudadanos que promueven por sí mismos, de forma individual, y hacen valer presuntas violaciones a su derecho político-electoral de afiliación, en su modalidad de desempeño a cargo partidista que ostentan o en el que fueron elegidos, conforme se explica en la siguiente tabla:

En ese sentido, en cuanto al juicio SM-JDC-28/2025, se desestima la causal de improcedencia que hacen valer los terceros interesados Lidia Argüello Acosta y Héctor Mendizábal Pérez en cuanto a que la actora Verónica Rodríguez Hernández carece de legitimación y personería para promover el medio de impugnación pues, en su concepto, indebidamente se ostenta con el carácter de Presidenta del Comité Directivo Estatal, nombramiento que se dejó sin efectos con el acto que impugna, aunado a que, si lo que quisiera es acudir con el carácter de candidata electa, no lo prueba y, si acude en representación del partido político, la sentencia no le causa afectación al instituto político.

Al respecto, como se señaló, Verónica Rodríguez Hernández acude por su propio derecho y en su carácter de Presidenta electa, lo que se acredita debidamente en autos[40], por lo que, aun cuando la sentencia impugnada haya tenido como consecuencia dejar sin efectos la elección de la dirigencia y el nombramiento de la promovente, precisamente, lo que busca es defender la prevalencia de ese carácter, a partir de revocar el acto impugnado, lo que es suficiente para estimar colmados los requisitos de procedencia.

e)                 Interés jurídico. Respecto al SM-JDC-23/2025, se cumple este requisito porque la pretensión del actor Héctor Mendizábal Pérez (Integrante de la Comisión Permanente Estatal) es que se revoque la resolución que el Tribunal local dictó en el expediente TESLP/JDC/2/2025, en la que desestimó sus agravios y confirmó la resolución que la Comisión de Justicia dictó en el juicio de inconformidad CJ/JIN/172/2024, validando con ello que la renovación del Comité Directivo Estatal sea a través de un método extraordinario y no por conducto de su militancia; lo cual considera contrario a Derecho.

Por otra parte, en cuanto al SM-JDC-28/2025, se cumple este requisito porque la pretensión de la actora Verónica Rodríguez Hernández es que se revoque la resolución que el Tribunal local dictó en el expediente TESLP/JDC/126/2024 y su acumulado TESLP/JDC/127/2024, en la que revocó la resolución emitida por la Comisión de Justicia en el juicio de inconformidad CJ/JIN/142/2024 y vinculó a la Comisión Permanente Estatal y al Comité Directivo Estatal, para que repusieran el procedimiento en el que se determinó el método de elección del Comité Directivo Estatal, por lo que, en consecuencia, se dejó sin efectos su nombramiento como Presidenta del señalado comité en el que fue electa; lo que estima no se ajusta a Derecho.

En otro orden de ideas, respecto del diverso juicio SM-JDC-31/2025 (Integrantes del Comité Directivo Municipal de Tanquián de Escobedo), se desestima la causal de improcedencia que hace valer la tercera interesada Lidia Argüello Acosta, en cuanto a que los promoventes carecen de legitimación para controvertir la sentencia recaída en el juicio TESLP/JDC/126/2024 y su acumulado, en la medida en que, a su parecer, tal decisión no les causa agravio o lesión alguna, pues solamente se les vincula a constituirse en sesión extraordinaria para que el cuerpo colegiado que conforman se pronuncie respecto de la validez de alguna de las actas duplicadas.

Al respecto, aun cuando se observa que la causal de improcedencia en realidad está relacionada con la falta de interés jurídico, contrario a lo que hace valer la tercera interesada, este requisito se cumple porque las personas actoras estiman contraria a Derecho la decisión de reponer el procedimiento para que se convoque a sesión extraordinaria a fin de que la estructura municipal que conforman discuta y vote cuál pronunciamiento que se hizo llegar a la Comisión Permanente Estatal debe ser considerado como válido; en su visión, con ello de forma indebida se privó de efectos la decisión respecto del método extraordinario que válidamente habían adoptado en el ejercicio del cargo partidista que ejercen.

De ahí que tengan interés jurídico para controvertir la sentencia mencionada, como se explicó en el auto admisorio.

Además, respecto de ese mismo expediente SM-JDC-31/2025, debe desestimarse lo que alega la tercera interesada Lidia Argüello Acosta en cuanto a que Casta Jonguitud Guerrero no detenta el cargo de Presidenta del Comité Directivo Municipal de Tanquián de Escobedo, sobre lo cual argumenta que, desde el treinta de noviembre de dos mil veintitrés, la citada ciudadana presentó su renuncia con carácter de irrevocable al PAN.

Ello, porque, además de que la copia simple del acuse que aporta de la supuesta renuncia sólo constituye un indicio leve que no está robustecido con otro medio probatorio, cierto es que de las constancias de autos se tiene por acreditado que, durante el proceso de selección del método de renovación del Comité Directivo Estatal, Casta Jonguitud Guerrero actuó con el carácter de Presidenta del Comité Directivo Municipal de Tanquián de Escobedo, sin que este aspecto lo controvirtiera la ahora tercera interesada cuando presentó su juicio de inconformidad ante la Comisión de Justicia o su juicio ciudadano ante el Tribunal local.

Adicionalmente, se desestima la causal de improcedencia hecha valer por los terceros interesados Lidia Argüello Acosta, respecto de los juicios SM-JDC-28/2025 y SM-JDC-31/2025, así como Héctor Mendizábal Pérez en relación con el expediente SM-JDC-28/2025, en cuanto a que es notoria la frivolidad de la acción intentada por quienes promueven esos juicios.

Se considera así porque es criterio de este Tribunal Electoral que el calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se refiere a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan[41].

Aspecto que no se actualiza en el particular, pues es necesario estudiar el fondo de la controversia que hacen valer quienes promueven, para estar en posibilidades de determinar si tienen o no razón en sus planteamientos.

7.     ESTUDIO DE FONDO

7.1.           Materia de la controversia

7.1.1.    Origen

En octubre del año pasado, la Comisión Permanente del Consejo Estatal celebró sesión extraordinaria (Acta 31/2024) en la que aprobó el dictamen relativo a la vigencia del Comité Directivo Estatal 2021-2024 y, con ello, por un lado, el informar a la Comisión Permanente Nacional sobre el vencimiento de la vigencia de la dirigencia del citado Comité Directivo Estatal[42] y, por otro, hacer del conocimiento de las 41 estructuras municipales el inicio del proceso de renovación, a efecto de que, de estimarlo oportuno, en los 30 días siguientes a su notificación (esto es, del ocho de octubre al siete de noviembre) se pronunciaran respecto al método de elección extraordinario (Acuerdo 118/31/2024).

El treinta de octubre se celebró sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Estatal (Acta 03/2024) en la que se discutió el Dictamen local que presentó el Secretario General del Comité Directivo Estatal y de la Comisión Permanente Estatal, relativo al método de elección del citado Comité Directivo Estatal.

En el Dictamen local esencialmente se sostuvo lo siguiente:

        Al momento de su dictado se había recibido el pronunciamiento de 38 de las 41 estructuras municipales; los cuales se remitieron entre el doce y veintinueve de octubre.

        En general, la documentación se remitió por quien presidía el respectivo Comité Directivo Municipal, por su Secretaría General o por algún integrante del órgano; o bien, en el caso de las Delegaciones Municipales, por la persona Delegada o la Secretaría General. Con las siguientes precisiones:

o        El dieciséis de octubre, se constituyó en las instalaciones del Comité Directivo Estatal José Antonio Zapata Meraz (militante e integrante de la Comisión Permanente Estatal pero quien no forma parte de las respectivas estructuras municipales) para entregar documentos que, según precisó, contenían las actas de las sesiones extraordinarias relativas a las siguientes 10 estructuras municipales: 1. San Antonio, 2. San Vicente Tancuayalab; 3. Tamazunchale; 4. Tampacán; 5. Tamuín, 6. Tancanhuitz, 7. Tanquián de Escobedo, 8. Zaragoza, 9. Matlapa y 10. Mexquitic (antecedente 17).

o        El diecisiete de octubre, 9 de los 14 integrantes del Comité Directivo Municipal de Rioverde, hicieron del conocimiento del Comité Directivo Estatal diversas manifestaciones vinculadas con la sesión extraordinaria que ese órgano celebró el trece de octubre. Sostuvieron que 9 de los 13 integrantes presentes, correspondientes a dos terceras partes, se pronunciaron en favor del método extraordinario, pero el Presidente del órgano se negó a elaborar el acta atinente. De ahí que los mencionados integrantes solicitaron se requiriera al citado Presidente la entrega de la documentación. Requerimiento que se formuló al dirigente partidista, previniéndole sobre que, en caso de ser omiso ante la solicitud y cuestionamiento planteados, se daría por cierto lo indicado por los integrantes que comparecieron (antecedente 18).

o        El veintitrés de octubre, los militantes Víctor José Ángel Saldaña y Alan Quintero Alonso, en compañía del ciudadano Humberto Trejo Melgoza, se constituyeron en las instalaciones del Comité Directivo Estatal, a fin de presentar oficios vinculados con las siguientes 2 estructuras municipales: 1. Mexquitic y 2. Tanquián de Escobedo (antecedente 37).

o        El veintiocho de octubre, el ciudadano Humberto Trejo Melgoza (antecedente 41) se constituyó en las instalaciones del Comité Directivo Estatal, para presentar un escrito que, de acuerdo con su dicho, provenía del Presidente del Comité Directivo Municipal de Rioverde.

        En 8 casos existió un doble pronunciamiento: 1. San Antonio, 2. Mexquitic de Carmona, 3. Tampacán, 4. Matlapa; 5. Zaragoza; 6. Tanquián de Escobedo; 7. Tamazunchale y 8. Rioverde. Al respecto, se razonó centralmente lo precisado enseguida:

o        8. Rioverde. 9 de los 13 integrantes presentes del Comité Directivo Municipal de Rioverde manifestaron y probaron (a través de la convocatoria, audios y evidencia fotográfica) que en sesión de trece de octubre una mayoría de dos terceras partes aprobó el método extraordinario, pero el Presidente del citado Comité Directivo Municipal se negó a levantar el acta y tampoco desahogó en tiempo el requerimiento de tres días que se le formuló para que entregara la correspondiente acta de la sesión extraordinaria, aun cuando se le apercibió de que, en caso de ser omiso, se tendrían por ciertas las manifestaciones de los 9 integrantes del Comité Directivo Municipal. En ese sentido, debía hacerse efectivo el apercibimiento.

Con la precisión de que, si bien Humberto Trejo Melgoza presentó un escrito atribuido al Presidente: a) tal persona no forma parte del Comité Directivo Municipal en cuestión, lo que rompe los principios estatutarios y genera el temor fundado de que esté usurpando el nombre de un tercero; b) en el supuesto sin conceder de que el oficio que presentó efectivamente proviniera del Presidente del Comité Directivo Municipal, b.1) su entrega fue extemporánea y, más importante, b.2) sólo son manifestaciones sobre que se aprobó el método ordinario que no están sustentadas en pruebas (convocatoria, lista de asistencia, acta de la sesión, evidencia fotográfica o audiovisual); y c) lo manifestado se contrapone con lo expresamente sostenido por 9 de las personas integrantes del Comité Directivo Municipal, quienes sí remitieron elementos probatorios para acreditar su dicho. Adicionalmente, se dio vista a la Comisión de Orden y Disciplina con la conducta del Presidente.

o        1. San Antonio. En primer lugar, como marco general, se indicó que el periodo de 30 días establecido para que las estructuras municipales se pronunciaran respecto del método representaba un proceso de reflexión a fin de que pudieran manifestar la opción que consideraran que mejor satisfacía las necesidades del partido político, así como que, para ello, podían celebrar tantas reuniones de trabajo como fueran necesarias. Se recalcó que la normativa estatutaria y reglamentaria no limita la posibilidad de que exista sólo un pronunciamiento y tampoco indica la forma de realizar la validación en casos en que existan múltiples pronunciamientos. No obstante, señaló que, de acuerdo con criterios sostenidos por Sala Superior[43], si bien cuando una persona es titular de un derecho y manifiesta su voluntad al respecto, esa voluntad debe ser acatada, sin embargo, cuando existen actos directamente orientados a cuestionar la manifestación original de la voluntad por parte de la misma persona y no exista alguna determinación al respecto proveniente de la autoridad, la primera manifestación no puede surtir efectos jurídicos.

En ese contexto, se estimó que, a) además de que la primera documentación de una supuesta sesión de doce de octubre se presentó por un militante ajeno a la estructura partidista municipal, lo que de por sí pone en duda la veracidad de las documentales remitidas, b) aun cuando se tomara por cierta la celebración de tal sesión, lo relevante es que existió una voluntad posterior que es la que debe prevalecer pues, antes de vencer el plazo para ello, en sesión de diecinueve de octubre se eligió el método extraordinario y la documentación que lo acredita se remitió por la Secretaría General del Comité Directivo Municipal correspondiente, la cual genera plena certeza sobre la validez de las actuaciones, incluidas las formalidades y mayoría calificada de los presentes.

o        2. Mexquitic de Carmona. a) Aunado a que la primera documentación relativa a una supuesta sesión de quince de octubre, carece de elementos formales de la remisión que ponen en duda su veracidad; b) que la Presidenta del Comité Directivo Municipal de Mexquitic acompañó instrumento notarial en el que desconoce esa primera documentación y la firma que ahí se le atribuye; c) así como que el ciudadano Humberto Trejo Melgoza, acompañado de dos militantes (Víctor José Ángel Saldaña y Alan Quintero Alonso), acudió a las instalaciones del Comité Directivo Estatal a presentar un oficio haciéndose pasar por J. Félix Domínguez Santillán, integrante del aludido Comité Directivo Municipal (lo que podría ser robo de identidad); finalmente, d) se tiene certeza de una manifestación de voluntad posterior, antes del vencimiento del plazo, pues en la sesión de dieciséis de octubre se decidió el método extraordinario, cumpliendo los requisitos estatutarios sobre las formalidades y mayoría calificada exigida para ello, cuya documentación se remitió por la Secretaría General del Comité Directivo Municipal de Mexquitic y genera certeza plena de su validez.

o        3. Tampacán. a) Aunado a que la primera documentación relativa a una supuesta sesión de trece de octubre carece de elementos formales de la remisión que ponen en duda su veracidad; y b) que el acta de la supuesta sesión señala como Secretario General a Bartolo Salazar Sánchez quien, conforme con la designación de la Delegación Municipal y el acta de instalación, no posee ese cargo; cierto es que, aun cuando pudiera ser cierta tal sesión, c) finalmente se tiene certeza de una manifestación de voluntad posterior, realizada antes de concluir el plazo para ello, en tanto que en sesión de veintiuno de octubre se decidió el método extraordinario, cuya documentación se remitió por la Secretaría General del órgano municipal y genera certeza plena de su validez, incluido el cumplimiento de las formalidades y mayoría calificada necesaria.

o        4. Matlapa. Si bien existe una primera documentación, relativa a una supuesta sesión de catorce de octubre en la que se aprobó el método ordinario y obra un documento notarial en el que se da fe de una convocatoria y la presunta acta de sesión, se tiene que a) esa primera documentación se entregó por una persona ajena a la Delegación municipal; b) la supuesta convocatoria y sesión se llevó a cabo por María Belén Mendioza Melo, con el carácter de Delegada municipal, cuando ella presentó su renuncia a la Delegación desde el once de octubre; c) de la fe de hechos se desprende la participación de Nubia Iris Castillo Medina lo que es materialmente imposible porque la mencionada es Diputada federal y se encontraba en sesión en la Cámara de Diputados, tomó asistencia y participó. No obstante las claras violaciones a Derecho que implican los actos anteriores, en todo caso, d) finalmente se tiene certeza de una manifestación de voluntad posterior, respecto de la sesión de veintidós de octubre, en la cual se decidió el método extraordinario, cuya documentación (remitida por la Secretaría General del órgano municipal antes de agotarse el plazo para ello) cumple con las formalidades y mayoría calificada exigidas en los Estatutos.

o        5. Zaragoza. a) Aunado a que la primera documentación relativa a una supuesta sesión de doce de octubre carece de elementos formales de la remisión que ponen en duda su veracidad, b) sobre todo considerando que existe un instrumento notarial en el que se dio fe que la Delegada del órgano municipal manifestó desconocer la primera documentación, así como la firma ahí plasmada que se le atribuyó; c) finalmente se tiene certeza de una manifestación de voluntad posterior, exteriorizada antes del vencimiento del plazo respectivo, relativa a la sesión de veintitrés de octubre en la cual se decidió el método extraordinario, cuya documentación fue remitida por la Delegada Municipal y genera certeza plena de su validez.

o        6. Tanquián de Escobedo. a) Aunado a que la primera documentación relativa a una supuesta sesión de trece de octubre en la que se aprobó el método ordinario carece de elementos formales de la remisión que ponen en duda su veracidad; b) que la Presidenta del Comité Directivo Municipal de Tanquián de Escobedo acompañó instrumento notarial en el que desconoce esa documentación, de lo que se desprende que desconoce la firma que ahí se le atribuye; y c) que no puede tomarse en consideración el oficio presentado por Víctor José Ángel Saldaña y Alan Quintero Alonso, en compañía de Humberto Trejo Melgoza en el que refieren como válida la primera sesión pues, como se indicó, ésta se desconoció por la Presidenta del Comité Directivo Municipal, incluso manifestando la falsificación de su firma; d) finalmente se tiene certeza de que, antes de finalizar el plazo para ello, se emitió una manifestación de voluntad posterior en la cual se decidió el método extraordinario, relativa a la sesión de diecisiete de octubre, cuya documentación se remitió por la Secretaría General del Comité Directivo Municipal y genera certeza plena de su validez.

o        7. Tamazunchale. a) Aunado a que la primera documentación relativa a una supuesta sesión de doce de octubre en la que se aprobó el método ordinario, carece de elementos formales de la remisión que ponen en duda su veracidad y b) que tal sesión fue convocada y presidida por  la militante Karen Monsserrath Hernández Macías, quien pidió licencia (ANEXO 53) el veinte de febrero para contender como candidata a diputada local, lo que es un hecho notorio, por lo que se separó del cargo partidista y hasta ese momento el Comité Directivo Estatal y tampoco el Comité Directivo Municipal tenían información o documentación que acreditara que se reintegró a sus funciones; aun de resultar cierta esa sesión y que hubiera participado una persona que no tenía el carácter de Presidenta, c) finalmente se tiene certeza de una manifestación de voluntad posterior, dada antes de vencer el plazo respectivo, en la cual se decidió el método extraordinario en sesión de veinticuatro de octubre, cuya documentación se remitió por la Secretaría General del Comité Directivo Estatal y genera certeza plena de su validez.

        De acuerdo con las actas remitidas y las precisiones hechas, 31 estructuras municipales se pronunciaron por el método extraordinario, ya sea por unanimidad o por mayoría de las dos terceras partes (1. Alaquines, 2. Axtla de Terrazas, 3. Cárdenas, 4. Catorce, 5. Cerritos, 6. Charcas, 7. Ciudad del Maíz, 8. Ciudad Fernández, 9. Ciudad Valles, 10. El Naranjo, 11. Matlapa, 12. Mexquitic de Carmona, 13. Moctezuma, 14. Rayón, 15. Rioverde, 16. Salinas, 17. San Antonio, 18. San Ciro, 19. San Martín, 20. Santa María, 21. Tamazunchale, 22. Tampacán, 23. Tanquián de Escobedo, 24. Tierra nueva, 25. Vanegas, 26. Venado, 27. Villa de Arista, 28. Villa de Arriaga, 29. Villa de Reyes, 30. Xilitla, 31. Zaragoza).

        Tomando en cuenta que el Padrón de militantes del PAN en San Luis Potosí, de acuerdo con la información del Registro Nacional de Militantes (RNM), con corte al veintiséis de octubre, asciende a 7,437 personas y los citados 31 municipios representan a 4,457 militantes; ello equivale al 60% del padrón del Estado.

        De ahí que se dictaminó solicitar a la Comisión Permanente Nacional que autorizara la convocatoria para elegir al Comité Directivo Estatal por la vía extraordinaria.

        Si bien al momento de emitirse el dictamen no había fenecido el plazo de 30 días para que las estructuras municipales se pronunciaran, dado que ya existía la manifestación de más de las dos terceras partes de los órganos que concentraban más de la mitad de la militancia local, se consideraron cumplidos los extremos para continuar con el procedimiento al no surtirse alguna violación a éste, pues en caso de existir pronunciamientos posteriores la situación jurídica no tendría ningún cambio, porque se seguirían superando los extremos requeridos para el método extraordinario. No obstante, en caso de existir pronunciamientos posteriores, deberían anexarse al dictamen y hacerse del conocimiento de la Comisión Permanente Nacional.

        Con base en lo anterior, la propuesta del dictamen fue que se aprobara: a) informar a la Comisión Permanente Nacional que 31 de 41 Comités Directivos Municipales y Delegaciones Municipales aprobaron solicitar el método extraordinario para la elección del Comité Directivo Estatal respecto del periodo 2024-2027 y que esos órganos representaban el 60% de la militancia local; así como b) remitir a la Comisión Permanente Nacional copias certificadas de las actas de las sesiones de los órganos solicitantes a efecto de que validara que el pronunciamiento de cada una de esas estructuras municipales contaba con la aprobación de más de dos terceras partes.

Durante la sesión, diversos integrantes de la Comisión Permanente Estatal hicieron uso de la voz, entre ellas, 1. María Lucero Jasso Rocha, 2. Adrián Sánchez Ramiro, 3. María Aranzazú Puente Bustindui, 4. Héctor Mendizábal Pérez y 5. Lidia Argüello Acosta quienes, entre otras cuestiones, indicaron que el Dictamen local no cumplía con las reglas partidistas; que a la Comisión Permanente Estatal no le correspondía hacer juicios de valor, en cambio, sólo debían recibir la información; que debía homologarse el criterio de valoración de actas, así como sustentarse legalmente; a la vez que cuestionaron la valoración realizada respecto de los municipios en los que existió duplicidad de actas y solicitaron analizar otra vez el dictamen sujeto a discusión.

Asimismo, 1. María Lucero Jasso Rocha, mencionó que, en su calidad de Presidenta del Comité Directivo Estatal de Ciudad Fernández, desconocía la sesión mencionada en el dictamen sometido a votación. Ante lo cual, la integrante Brissa Margarita Flores Vázquez señaló que era un hecho notorio que María Lucero Jasso Rocha había sido candidata a la alcaldía de ese municipio y que pidió licencia, por lo que, al no obrar un oficio de reincorporación, tal licencia continuaba vigente. Lo que confirmó el Secretario General de la Comisión Permanente Estatal.

Agotada la discusión, por mayoría de votos 22 votos a favor, 1 abstención y 9 votos en contra, se aprobó informar a la Comisión Permanente Nacional que más de dos terceras partes de las estructuras municipales necesarias, las cuales representan más de la mitad de la militancia exigida, aprobaron solicitar el método extraordinario para renovar el Comité Directivo Estatal para el periodo 2024-2027, por lo que se solicitó que expidiera la convocatoria respectiva (Acuerdo 78/03/2024).

                 Cadena impugnativa relacionada con la Sesión de la Comisión Permanente Estatal y la aprobación del Dictamen local (Acuerdo 78/03/2024)

Instancia partidista: Inconformes, el tres de noviembre, 1. María Lucero Jasso Rocha, 2. Adrián Sánchez Ramiro, 3. María Aranzazú Puente Bustindui, 4. Héctor Mendizábal Pérez y 5. Lidia Argüello Acosta, integrantes de la propia Comisión Permanente Estatal, impugnaron la sesión del referido órgano y sus consecuencias jurídicas, concretamente, el Dictamen local.

Fundamentalmente, se quejaron de lo siguiente:

1.     Indebidamente se recortó el plazo de 30 días para pronunciarse, con lo que se dejó en indefensión a la militancia de las estructuras municipales que no se manifestaron respecto del método para renovar al Comité Directivo Estatal, lo que torna ilegal el proceso, la sesión y sus consecuencias.

2.     Existió un indebido estudio de las actas, pues debieron observarse ciertos parámetros específicos para considerar la legalidad del procedimiento y que efectivamente se cumplieron los requisitos para que las estructuras municipales se pronunciaran respecto del método (que  fueran válidas las convocatorias a las sesiones de los Comités Directivos Municipales y Delegaciones municipales y sus notificaciones, el quórum y que dos terceras partes de los asistentes a tales sesiones hubieran votado en favor de cierto método; que las solicitudes representaran las dos terceras partes de las estructuras municipales y que esos solicitantes aglutinaran a más de la mitad de la militancia en San Luis Potosí). En cambio, se partió del conocimiento privado del juez, de una facultad inquisitiva y coartó el principio de necesidad de la prueba al estudiar las constancias. Además de que hubo beneficio del propio dolo.

3.     Ante la existencia de dos actas de sesiones de las estructuras municipales[44], indebidamente se tilda de ilegales algunas y, de forma discrecional, se aceptan las que favorecen el método extraordinario en tanto que se rechazan las relativas al ordinario, lo que es tan absurdo pues la primera de ellas manifiesta el ejercicio del voto (en aplicación del principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados) y la segunda es un intento de corrección absurdo, como lo sería celebrar una elección presidencial y tres días después volverla a realizar.

4.     Existió discriminación en su contra por parte del Secretario General de la Comisión Permanente Estatal porque en la sesión realizaron la petición de que las actas se revisaran de fondo, lo que se les negó sin fundamentación y motivación, pero cuando la petición se realizó por otra persona, se le concedió lo solicitado, aspecto que es causa de nulidad de la sesión, porque la responsable actuó facciosamente y sin apego a Derecho.

5.     Se valoraron indebidamente las actas relacionadas con las siguientes 9 estructuras municipales de: 1. Axtla de Terrazas; 2. Ciudad Fernández; 3. Matlapa; 4. Mexquitic de Carmona; 5. Rioverde; 6. San Antonio; 7. Tamazunchale; 8. Tampacán y 9. Vanegas, por lo siguiente.

5.1.           Axtla de Terrazas. Diversos integrantes del Comité Directivo Municipal, mediante oficio de treinta de octubre dirigido a la Comisión Permanente Estatal (la que se negó a recibir el documento), manifestaron que no habían sido convocados para sesionar y que los documentos presentados, relativos al método de elección del Comité Directivo Estatal, no fue aprobado en sesión. Sin embargo, en el Dictamen local se anuncia que se cuenta con convocatoria y su acuse de recibo, acta de sesión y su publicación, así como lista de asistencia, lo que se contradice con lo expuesto en el escrito que se negó a recibir la dirigencia estatal.

5.2.           Ciudad Fernández. Durante la sesión de la Comisión Permanente Estatal, la Presidenta del Comité Directivo Municipal María Lucero Jasso Rocha, integrante de la propia comisión permanente y actora del juicio intrapartidista, manifestó que convocó a celebrar la sesión extraordinaria en cuestión en fecha distinta a la expresada en el Dictamen local, en la cual se dieron a conocer los documentos que integran el expediente, los cuales entregó Laila Dahud (quien es hija de Carlos Enrique Dahud Uresti, Secretario General del Comité Directivo Estatal y de la Comisión Permanente Estatal) sin conocimiento de la Presidenta, ostentándose como Secretaria General del órgano municipal. Por lo que se presume que la documentación entregada podría ser falsa y la Comisión Permanente Estatal fue omisa en comprobar de forma exhaustiva y “de fondo”(sic) la documentación, ante la notoria existencia de discrepancias. Además, no se verificó la personalidad de quien convocó a sesión, por lo que de forma unilateral se consideraron válidas algunas acciones e inválidas otras.

5.3.           Matlapa. José Antonio Zapata Meraz, miembro de la Comisión Permanente Estatal, físicamente y ante notario público, entregó la documentación atinente; sin embargo, la Comisión Permanente Estatal la “anuló”(sic) bajo el argumento de que el mencionado ciudadano no contaba con la personalidad jurídica y tampoco con las facultades reglamentarias para hacer llegar correspondencia oficial. Además, en la sesión de la Comisión Permanente Estatal se dio a conocer que la Delegada presentó su renuncia, sin que existiera un análisis sobre tal documento y tampoco de la sesión del órgano municipal. En ese sentido, la desestimación de los documentos es contraria a la normativa interna[45] pues para determinar la nulidad de un acta es necesario acreditar que ésta contiene errores o inconsistencias propias e insubsanables o que la sesión era inválida, por alguna cuestión también plenamente acreditada, pero ello no puede derivar de la calidad de la persona que entrega la documentación, sobre todo, tomando en cuenta que no existe prohibición alguna para que un integrante de la Comisión Permanente Estatal la entregue. De ahí que, en todo caso, ante la duda sobre la veracidad de la documentación, se debió confirmar con el órgano municipal, en lugar de invalidarla.

5.4.           Mexquitic de Carmona. Existieron 2 actas de una misma sesión extraordinaria en la que se desahogó el mismo orden del día para pronunciarse sobre el método ordinario o extraordinario pero la Comisión Permanente Estatal, en ausencia de fundamentación y motivación, deja sin efectos la primera a fin de contabilizar la segunda en la que se seleccionó el método extraordinario. Con ello se omitió realizar un pronunciamiento eficaz de las razones para dejar sin efecto una de las actas. Además, la Comisión Permanente Estatal no contaba con facultades para considerar procedente o no un acta, porque su función se limita a recibir información y remitirla a la Comisión Permanente Nacional quien determina lo procedente.

5.5.           Río Verde. En el Dictamen local, por un lado, se refiere que el diecisiete de octubre 9 de los 14 integrantes del Comité Directivo Municipal hicieron del conocimiento del Comité Directivo Estatal diversas manifestaciones relacionadas con la sesión extraordinaria celebrada el trece de octubre en la que refirieron que se pronunciaron en favor del método extraordinario; y, por otro, a través de un juicio de valor se determina que el pronunciamiento de esos integrantes materializa el requisito de las dos terceras partes de los integrantes. Ello es incorrecto, primero, porque no se da cuenta de que en el expediente se valide el acuerdo del Comité Directivo Municipal y no se informa si existe convocatoria y los acuses de su notificación y su publicidad, la lista de asistencia y el acta de sesión. En segundo término, es indebido porque las dos terceras partes dan como resultado 9.3 por lo que se requería el entero superior para completar el mínimo.

5.6.           San Antonio. Existieron 2 actas de una misma sesión extraordinaria en la que se desahogó el mismo orden del día para pronunciarse sobre el método ordinario o extraordinario pero la Comisión Permanente Estatal, en ausencia de fundamentación y motivación, deja sin efectos la primera a fin de contabilizar la segunda en la que se seleccionó el método extraordinario. Con ello se omitió realizar un pronunciamiento eficaz de las razones para dejar sin efecto una de las actas. Además, el primer documento lo entregó José Antonio Zapata Meraz, miembro de la Comisión Permanente Estatal, físicamente y ante notario público; sin embargo, la Comisión Permanente Estatal la “anuló”(sic) bajo el argumento de que el mencionado ciudadano no contaba con la personalidad jurídica y tampoco con las facultades reglamentarias para hacer llegar correspondencia oficial. En ese sentido, la desestimación de los documentos es contraria a la normativa interna[46] pues para determinar la nulidad de un acta es necesario acreditar que ésta contiene errores o inconsistencias propias e insubsanables o que la sesión era inválida, por alguna cuestión también plenamente acreditada, pero ello no puede derivar de la calidad de la persona que entrega la documentación, sobre todo, tomando en cuenta que no existe prohibición alguna para que un integrante de la Comisión Permanente Estatal la entregue. De ahí que, en todo caso, ante la duda sobre la veracidad de la documentación, se debió confirmar con el órgano municipal, en lugar de invalidarla.

5.7.           Tamazunchale. El Comité Directivo Estatal desconoció la personalidad de la Presidenta del Comité Directivo Municipal y, de forma unilateral, sin fundamentación y motivación, “desechó”(sic) el acta que hizo llegar a la dirigencia estatal, convocando a una nueva sesión sin la participación de la Presidenta y dando a conocer un resultado distinto al descrito en la primera acta, con lo que se vulneró el derecho de la militancia representada a través del órgano municipal y en términos de lo sostenido en la jurisprudencia 9/98 relativa al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

5.8.           Tampacán. El acta correspondiente la entregó José Antonio Zapata Meraz, miembro de la Comisión Permanente Estatal, físicamente y ante notario público; sin embargo, la Comisión Permanente Estatal la “anuló”(sic) bajo el argumento de que el mencionado ciudadano no contaba con la personalidad jurídica y tampoco con las facultades reglamentarias para hacer llegar correspondencia oficial. En ese sentido, la desestimación de los documentos es contraria a la normativa interna[47] pues para determinar la nulidad de un acta es necesario acreditar que ésta contiene errores o inconsistencias propias e insubsanables o que la sesión era inválida, por alguna cuestión también plenamente acreditada, pero ello no puede derivar de la calidad de la persona que entrega la documentación, sobre todo, tomando en cuenta que no existe prohibición alguna para que un integrante de la Comisión Permanente Estatal la entregue. De ahí que, en todo caso, ante la duda sobre la veracidad de la documentación, se debió confirmar con el órgano municipal, en lugar de invalidarla.

5.9.           Vanegas. Se presentaron dos actas de una misma sesión extraordinaria, en donde se desahogó un mismo orden del día, respecto del pronunciamiento del método ordinario u extraordinario.

6.     Se omitió garantizar un correcto control de constitucionalidad y convencionalidad en el que se analizaran de forma exhaustiva los elementos mediante los cuales la autoridad fijó su criterio y resolvió respecto de la legalidad o ilegalidad de diversos documentos.

7.     La autoridad debió estudiar de forma amplia y general todos los puntos controvertidos, al no hacerlo así, vulneró el principio de exhaustividad.

8.     Al haberse probado las irregularidades, en la medida de que en la propia sesión se evidenció la existencia de actas duplicadas y hechos irregulares, es imposible considerar actualizado el método extraordinario y, por ende, procede el ordinario.

El seis de diciembre, Comisión de Justicia resolvió el juicio de inconformidad CJ/JIN/142/2024 y confirmó los actos reclamados, al considerar, centralmente, lo siguiente:

1.     Respecto a que debían sesionar 41 Comités Directivos Municipales y agotarse los 30 días de plazo, razonó que bastaba que al menos las dos terceras partes de las estructuras municipales solicitaran el método extraordinario y representaran más de la mitad de la militancia estatal para que el acto fuera válido. Además, en el hipotético caso de que los restantes órganos eligieran el método de votación por militancia no hubieran reunido las dos terceras partes y tampoco más del 50%(sic) de la representación de militantes.

2.     Sobre que no se analizaron las actas para determinar el quórum y la personalidad de sus participantes, en el Dictamen local emanado en la sesión de treinta de octubre se establecieron las listas de asistencia y fotografía como sustento del quórum y ningún Comité Directivo Municipal que se hubiera sentido agraviado compareció como tercero interesado(sic).

3.     Sobre la prohibición de aplicar conocimiento privado, del estudio y valoración de las pruebas anexas no se puede determinar que la Comisión Permanente Estatal hubiera actuado de forma inquisitiva o se hubiera beneficiado de su propio dolo, pues el acta de sesión posee los elementos de validez necesarios.

4.     No se probaron las acciones de discriminación respecto al uso de la voz.

5.     La invalidación de las actas de los Comités de 1. Matlapa, 2. Mexquitic de Carmona, 3. San Antonio, 4. Tamazunchale, 5. Tampacán, 6. Tanquián, y 7. Zaragoza, está debidamente fundada y motivada por la Comisión Permanente Estatal en el Dictamen local, cuyos motivos y fundamentos que se hacen propios.

6.     En el Dictamen local se expone motivación y fundamentación clara de por qué se declararon válidas las segundas sesiones en que se solicitó el método extraordinario de esos 7 Comités Directivos Municipales, lo cual se reproduce y son suficientes para validar las actas.

7.     La reducción del plazo de 30 días no afectó porque se habían completado las dos terceras partes de los Comités Directivos Municipales y alcanzado más de la mitad de la militancia (4,457 de 7,437 militantes). No obstante, el Comité Directivo Estatal(sic) debió esperar cumplir el plazo, por lo que se le apercibió.

8.     Respecto de las pruebas ofrecidas y que se enlistan en el Dictamen local por lo que ve a 10 Comités Directivos Municipales: 1. San Antonio, 2. Tamuín, 3. Mexquitic de Carmona, 4. San Vicente, 5. Tampacán, 6. Tamazunchale, 7. Matlapa, 8. Zaragoza, 9. Tanquián de Escobedo, y 10. Tancanhuitz, éstas no se presentaron por los integrantes de los Comités Directivos Municipales, en cambio por José Antonio Zapata Meraz quien no es actor y no tiene facultades para presentar las documentales, aunado a que ninguna estructura municipal compareció como tercera(sic).

9.     En cuanto a Ciudad Fernández, quedó debidamente acreditada la validación de las actas porque se hizo mención que la presidenta, María Lucero Jasso Rocha, estaba de licencia por haber contendido como candidata a la alcaldía, sin que se hubiera acreditado su reincorporación, por lo que no tenía facultades para actuar como presidenta, esto, frente a sus manifestaciones referentes a que desconoce la sesión que aprobó el método extraordinario.

10. Respecto de Rioverde, quedó debidamente acreditada la validación de la sesión porque 9 de los 14 integrantes del órgano municipal indicaron que 9 de 13 presentes se pronunciaron a favor del método extraordinario pero el Presidente se negó a elaborar el acta. Además, tal asamblea no fue contabilizada dentro de las 2/3 partes para declarar válida la solicitud.

Instancia local: En contra de la determinación partidista, el diez de diciembre, 1. María Lucero Jasso Rocha (TESLP/JDC/126/2024) y 2. Adrián Sánchez Ramiro, 3. María Aranzazú Puente Bustindui, 4. Héctor Mendizábal Pérez y 5. Lidia Argüello Acosta (TESLP/JDC/127/2024), presentaron dos juicios ciudadanos del conocimiento del Tribunal local.

En esencia, María Lucero Jasso Rocha hizo valer los agravios siguientes:

1.     La resolución partidista no fundó y motivó y tampoco presentó pruebas respecto a la aseveración que se hizo en cuanto a la supuesta licencia que ella tomó para separarse de la Presidencia del Comité Directivo Municipal de Ciudad Fernández, aspecto que sólo se analizó desde el “deber ser” (un texto normativo). Cuando en la cadena impugnativa ella ha manifestado, bajo protesta de decir verdad, que falsamente se indica que tomó licencia, lo que niega categóricamente. Además de que sería “falto de inteligencia”(sic) suponer que aún así hubiera celebrado actos como su participación en la sesión del Comité Directivo Municipal en la que se eligió el método ordinario. En todo caso, de existir un documento sobre la licencia, señala que ella no lo firmó.

2.     La resolución demuestra una notoria parcialidad en favor de una de las candidatas de la contienda partidista, al validar el mecanismo extraordinario como si su intención fuera legalizar esa vía.

3.     Se realizó un estudio deficiente sobre el fondo de la impugnación planteada porque si 30 de 41 estructuras municipales se pronunciaron por el método extraordinario y éstas representan el 54.16%, existe un factor de determinancia por parte del Comité Directivo Municipal de Ciudad Fernández, pues éste representa el 4.33% de la militancia en San Luis Potosí (322 personas), de ahí que no se reúne el 50% de la militancia, lo que se habría advertido si la responsable hubiera advertido que era inválida el acta que emana de la sesión del Comité municipal referido.

Por su parte, las demás actoras y actores locales[48], además de los 3 agravios expuestos, se quejaron de lo siguiente:

1.     La responsable reconoce que, conforme con la normativa interna, existe un plazo de 30 días para que las estructuras municipales se pronuncien, sin embargo, acepta la vulneración de ese elemento, permitiendo que sólo hubieran sesionado 31 de 41 comités.

2.     Incurre en un error cuando indica que las estructuras municipales que no se pronunciaron, no deberían ser contadas en el método ordinario, pues indebidamente interpreta que de forma obligada las estructuras deben pronunciarse por un método, pero en realidad sólo deben pronunciarse quienes prefieran el método extraordinario, por lo que en la sumatoria se debieron incluir las estructuras municipales que no se pronunciaron, como si lo hubieran hecho en favor del método ordinario.

3.     La Comisión de Justicia no fue exhaustiva en analizar el fondo de los requisitos de legalidad de los documentos, pues se limitó a referir lo señalado por la Comisión Permanente Estatal, aun cuando se demostró que fue ilegal lo que consideró (específicamente en la página 9 de la resolución partidista, así como en los numerales 1 y 2 del Estudio de fondo).

4.     Incorrectamente se sostuvo que las ilegalidades que hicieron valer los actores, como miembros de la Comisión Permanente Estatal, debieron haber sido planteadas en la vía de tercero interesado por las estructuras municipales, en tanto que la tercería interesada tiene un interés incompatible con el actor. De ahí que, precisamente, diversas estructuras municipales sí presentaron impugnaciones partidistas (CJ/JIN/151/2024, CJ/JIN/152/2024, CJ/JIN/153/2024, CJ/JIN/154/2024[49]).

5.     Indebidamente se consideraron “ineficaces”(sic) las pruebas entregadas por José Antonio Zapata Meraz (militante y miembro de la Comisión Permanente Estatal), bajo el argumento de que no era integrante de la estructura municipal y que, por ello, carecía de personalidad para entregar la documentación. Lo anterior es un razonamiento ilógico porque sería tanto como que un oficio emanado por la Presidencia de la República debiera ser entregado en la Oficialía de partes por la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. Por lo que indebidamente se tomó como verdad única lo indicado por la Comisión Permanente Estatal y no se tomaron en cuenta las pruebas que ellos ofrecieron.

6.     El hecho de que no se hubiera agotado el plazo de 30 días y que debió invalidarse el acta del Comité Directivo Municipal de Ciudad Fernández con lo cual no se alcanzaría la representación del 50% de la militancia, implica que no se satisficieran los extremos para el método extraordinario, por lo que los actos posteriores deberían ser considerados como inexistentes, como la elección celebrada el ocho de diciembre por el Consejo Permanente Estatal.

En ambos juicios, el veinte de diciembre compareció como tercero interesado Eduardo Nava Díaz, por su propio derecho, como militante del PAN, así como en su calidad de Secretario General del Comité Directivo Estatal y de la Comisión Permanente Estatal. Al efecto, hizo valer lo siguiente:

1.     Debía confirmarse la resolución partidista que validaba la sesión de la Comisión Permanente Estatal de treinta de octubre y la aprobación del Dictamen local, pues lo hecho valer por los actores en cuanto a las irregularidades acontecidas era contrario a la realidad, máxime que la Comisión Permanente Estatal sólo funge como apoyo para la Comisión Permanente Nacional quien es la autoridad responsable de emitir el acto definitivo de todo el proceso, el cual lo constituye la emisión de la Convocatoria correspondiente. En todo caso, el Dictamen local fue emitido en total apego a los Estatutos y a lo establecido en el Reglamento de Órganos en cada una de las fases del procedimiento por lo que no se vulneraba la esfera de derechos de las personas actoras.

2.     Es falso lo manifestado por María Lucero Jasso Rocha en cuanto a que no se acreditó que hubiera pedido licencia a su cargo de Presidenta del Comité Directivo Municipal de Ciudad Fernández. Esto, porque la ciudadana no niega que hubiera contendido como candidata para la alcaldía de ese municipio (lo cual es un hecho notorio), por lo que resultaba indispensable que solicitara licencia, de acuerdo con lo establecido por el artículo 52 del Reglamento de selección de candidaturas. Por lo que le correspondía a ella probar cuándo concluyó su licencia y reasumió sus funciones ordinarias. De ahí que no exista falta de exhaustividad por parte de la Comisión de Justicia y que no tuviera que allegarse, de oficio, de la documentación atinente, en tanto que la interesada era quien estaba obligada a acreditar su dicho. Incluso, ella manifestó desconocer que se hubiera celebrado la sesión del Comité Directivo Municipal en la que se eligió el método de elección, lo que evidencia que no había reasumido sus funciones[50].

A su vez, añadió que tanto en el Dictamen local como en la resolución partidista se valoró la documentación relativa al Comité Directivo Municipal de Ciudad Fernández, la cual se remitió a través de su Secretaría General, cumpliendo todas las exigencias de la normativa interna para pronunciarse en favor del método extraordinario. Precisando que esa fue la única documentación que se presentó respecto de ese municipio[51].

Además, en el caso de la demanda del TESLP/JDC/127/2024, señaló que, aun cuando se le menciona, no se contiene la firma de María Lucero Jasso Rocha (actora del diverso TESLP/JDC/126/2024).

3.     No es cierto que la Comisión de Justicia no hubiera valorado exhaustivamente el Caso de Ciudad Fernández, pues para ello retomó los argumentos expuestos en el Dictamen local, en el que se evidenció el cumplimiento de los requisitos y alcances previstos en la normativa interna.

4.     No les asiste razón en su agravio relacionado con que se vulneró el procedimiento al no haberse agotado el plazo de 30 días para que las estructuras municipales se pronunciaran y que, por ende, sólo se manifestaron 31 de 41 estructuras municipales. Esto es así, porque se cumplieron los alcances de la norma, en cuanto a que para realizar el método extraordinario se debe solicitar por las dos terceras partes de las citadas estructuras, las cuales deben representar más del 50% de la militancia, extremos que sí se cumplieron. Además, existió pronunciamiento de 38 de las 41 estructuras municipales, no sólo de 31; aunado a que en el propio Dictamen local se estableció que, si las 3 estructuras faltantes emitieran el pronunciamiento, éste se integraría al citado dictamen y se informaría de él a la Comisión Permanente Nacional. Sin embargo, ello no se materializó porque no se hizo tal pronunciamiento posterior.

5.     No existe el error de interpretación que se atribuye a la Comisión de Justicia en cuanto que, a decir de los actores, debe considerarse que las estructuras municipales que no se pronuncien deben ser contabilizadas como en favor del método ordinario. Esto, porque la norma en ningún momento señala esa situación y, en todo caso, aun cuando los municipios que no se pronunciaran se contabilizaran en favor del método ordinario, de cualquier manera, se cumplían los extremos para tener como aprobado el método extraordinario.

6.     No es verdadero que la resolución partidista tiene una incorrecta motivación y fundamentación, pues la Comisión de Justicia señala los hechos y fundamentos aplicables para sostener su determinación.

7.     En cuanto al argumento de que la Comisión de Justicia inadvirtió la comparecencia de diversas personas en los juicios de inconformidad CJ/JIN/151/2024, CJ/JIN/152/2024, CJ/JIN/153/2024, CJ/JIN/154/2024, además de que son procedimientos diferentes al que se estudia (CJ/JIN/142/2024), en todo caso, la resolución que les recayó valida parte del proceso discutido en este mismo asunto.

8.     Es falso que la Comisión de Justicia no hubiera valorado la documentación presentada por José Antonio Zapata Meraz, puesto que sus documentos se recibieron y valoraron a profundidad en el Dictamen local. Además, correctamente se hizo el pronunciamiento respectivo porque, conforme la normativa interna, sólo las Presidencias y Secretarías Generales de las estructuras municipales son las facultadas para remitir la documentación relativa.

9.     No es cierto que la resolución partidista emanara de un proceso ilegal, porque todas las actuaciones de la Comisión Permanente Estatal, así como de la Comisión de Justicia, guardan sustento y se apegan a los Estatutos y Reglamento de Órganos.

Por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinticinco se tuvo compareciendo como tercero interesado a Eduardo Nava Díaz, en su carácter de Secretario General del Comité Directivo Estatal y de la Comisión Permanente Estatal[52], en tanto que el catorce de febrero, el Tribunal local resolvió las impugnaciones, revocó la resolución dictada en el juicio de inconformidad CJ/JIN/142/2024 y, en plenitud de jurisdicción, ordenó reponer el procedimiento para decidir el método de elección del Comité Directivo Estatal, conforme a lo que se detalla más adelante en el apartado atinente a las Resoluciones impugnadas.

                 Cadena impugnativa relativa a las Providencias 335

En el Dictamen de la Secretaría Nacional de Fortalecimiento Interno –el cual fue sustento para la emisión de las Providencias 335– inicialmente se estableció que, para determinar si era procedente autorizar la elección del Comité Directivo Estatal a través de la votación del Consejo Estatal, era necesario verificar el cumplimiento de las dos condiciones del artículo 73, numeral 2, inciso f), de los Estatutos, a saber: 1) que al menos dos tercios de las estructuras municipales de San Luis Potosí hubieran aprobado ese método, y 2) que éstas dos terceras partes representaran más del 50% de la militancia en la entidad, motivo por el cual analizó los siguientes supuestos:

-          Sesión de la Comisión Permanente Estatal a efecto de dar cuenta de la vigencia del Comité Directivo Estatal

Se tuvo por satisfecho este requisito, ya que: a) la sesión fue convocada y desarrollada de conformidad con la normativa del partido; b) se registró el quorum establecido en el artículo 68, numeral 9, de los Estatutos, es decir, se presentaron más de la mitad de los y las integrantes; c) en la sesión se dio cuenta de la vigencia del Comité Directivo Estatal; y, d) se acordó por unanimidad de votos informar tal vigencia a la Comisión Permanente Nacional.

-          Informar a los Comités Directivos Municipales de la vigencia del Comité Directivo Estatal

De la revisión de la documentación remitida se encontró evidencia de 41 notificaciones a igual número de órganos directivos municipales respecto del acuerdo de la Comisión Permanente Estatal relativo a la vigencia del Comité Directivo Estatal, de ahí que se tuvo por cumplido este requisito.

-          Aprobación por las dos terceras partes de los Comités Directivos Municipales

De la revisión de las copias certificadas de 37 actas de sesión se advirtió que: a) todas las sesiones se desarrollaron dentro de los 30 días posteriores a la notificación que señalan los Estatutos, ya que tuvieron verificativo del once al veinticuatro de octubre; b) las sesiones de los Comités Directivos Municipales se desarrollaron de conformidad con la normativa del partido; c) se registró el quorum previsto en el artículo 105 del Reglamento de Órganos, esto es, la asistencia de, al menos, más de la mitad de integrantes; d) los pronunciamientos a favor del método extraordinario contaran con, al menos, dos terceras partes de los asistentes a la sesión; e) el PAN en San Luis Potosí cuenta con 41 órganos directivos municipales; y, f) de acuerdo con las actas remitidas, de las 41 estructuras municipales, 30 se pronunciaron con una votación de dos terceras partes de los asistentes a favor del método extraordinario, 7 votaron en contra y de 4 no había pronunciamiento alguno al no existir el soporte correspondiente, destacando que, si bien en el Dictamen local se señaló que la aprobación fue por 31 estructuras, lo cierto era que, de la revisión realizada, se advertía la existencia de aprobación solo por 30 órganos directivos municipales.

Con independencia de lo anterior, tuvo por satisfecho el requisito en comento, pues éste se colmaba, en el caso de San Luis Potosí, con al menos el pronunciamiento de 28 órganos, extremo que sí fue cumplido.

-          Que las dos terceras partes de los Comités Directivos Municipales representen a más del 50% de la militancia en la entidad

Al respecto, tuvo por cumplido este requisito tomando en consideración que: a) de acuerdo con la información proporcionada por el Registro Nacional de Militantes del PAN, al siete de noviembre, se contaba con 7,437 militantes, b) la militancia correspondiente a los treinta municipios en los cuales los Comités Directivos Municipales votaron a favor del método electivo extraordinario equivale a 4,028 militantes, es decir, al 54.16%.

De lo anterior, la Secretaría Nacional de Fortalecimiento Interno concluyó la satisfacción de las condiciones previstas en los Estatutos, toda vez que más de las dos terceras partes de los Comités Directivos Municipales se pronunciaron a favor de ese método, los cuales representaban a más del 50% de la militancia en la entidad.

En consecuencia, propuso la autorización de la convocatoria para la sesión del Consejo Estatal a fin de elegir la Presidencia, Secretaría General e integrantes del Comité Directivo Estatal para el periodo 2024-2027, así como los Lineamientos que regularían el proceso de elección.

Providencias 335: En atención a lo antes expuesto, el nueve de noviembre, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos del CEN las providencias emitidas por su Presidente sustancialmente en idénticos términos[53] a lo considerado en el dictamen rendido por la Secretaría Nacional de Fortalecimiento Interno.

En dicho acto, de manera destacada, se concluyó que quedaron satisfechas las condiciones previstas en el artículo 73, numeral 2, inciso f), de los Estatutos, toda vez que más de las dos terceras partes de los Comités Directivos Municipales se pronunciaron en favor de ese método y estos Comités representaron a más del 50% de la militancia de la entidad.

Asimismo, se estimó que se estaba en presencia de un asunto de urgente resolución, pues tomando como referencia la fecha de la Sesión del Consejo Estatal –quince de diciembre–, la Convocatoria a la sesión y los Lineamientos para elegir al Comité Directivo Estatal debían ser autorizados a más tardar el quince de noviembre, sin embargo, se consideró que no era posible convocar a las y los integrantes de la Comisión Permanente Nacional.

Además, esperar la siguiente sesión ordinaria de la Comisión Permanente Nacional retrasaría el inicio del proceso de elección del Comité Directivo Estatal para el periodo 2024–2027.

Al respecto, se destacó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 58, numeral 1, inciso j), de los Estatutos, el Presidente del CEN tiene la atribución de determinar las providencias que juzgue convenientes para el Partido, en casos urgentes y cuando no sea posible convocar al citado Comité.

En consecuencia, emitió las Providencias 335 y autorizó la Convocatoria para la sesión del Consejo Estatal en San Luis Potosí a fin de elegir la Presidencia, Secretaría General e Integrantes del Comité Directivo Estatal, a celebrarse el ocho de diciembre, así como los Lineamientos que regularían el proceso de elección.

Instancia partidista: Inconformes, el trece de noviembre, 1. Adrián Sánchez Ramiro, 2. Rodolfo Edgardo Jasso Puente, 3. Héctor Mendizábal Pérez y 4. José Antonio Zapata Meraz, integrantes de la Comisión Permanente Estatal, impugnaron las Providencias 335, la emisión de los citados Lineamientos y sus consecuencias jurídicas, haciendo valer, sustancialmente, los siguientes motivos de disenso:

1.     Indebidamente se recortó el plazo de 30 días para pronunciarse, lo que ocasionó que diversos Comités Directivos Municipales no tuvieran la oportunidad de manifestarse al respecto, con lo que, ilegalmente, se privilegió el método extraordinario.

2.     Ilegal aprobación de un dictamen en el cual se asentó que 31(sic) Comités Directivos Municipales solicitaron que se empleara el método extraordinario para la renovación de la integración del Comité Directivo Estatal.

3.     La Convocatoria aprobada mediante las Providencias 335 deriva de actos viciados e irregulares que fueron denunciados con antelación, los cuales derivaron en la ilegal elección del método extraordinario, lo que es contrario a los principios y valores democráticos en perjuicio de la militancia partidista. Además, la citada Convocatoria contraviene lo previsto en los Estatutos y la Ley de Partidos, ya que, por un lado, es facultad de la Comisión Permanente Nacional la organización de los procesos para la integración de órganos partidistas y, por otro, la existencia de impugnaciones no solo condiciona hasta su resolución la eficacia de los acuerdos llevados en las asambleas estatales, sino que incluso condiciona la propia elección, por lo que las controversias debían resolverse previamente.

4.     Es insuficiente el argumento de urgencia para el dictado de las providencias por parte del Presidente del CEN, pues se encuentra superado por los propios Estatutos, además, la existencia de medios de impugnación no permitiría que se ocuparan los cargos bajo pena de llevar a cabo un procedimiento infructuoso en caso de proceder, esto, atento a lo previsto en la jurisprudencia 50/2014 de rubro TOMA DE POSESIÓN DE CARGOS PARTIDISTAS. LA FALTA DE RESOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERNOS IMPIDE QUE LOS DIRIGENTES ELECTOS OCUPEN EL CARGO, NO OBSTANTE HAYA TRANSCURRIDO LA FECHA PREVISTA PARA TAL EFECTO (NORMATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA).

5.     Asimismo, el hecho de que los Lineamientos para la elección del Comité Directivo Estatal deban ser autorizados a más tardar el quince de noviembre no justificaba la urgencia en el dictado de las Providencias por parte del Presidente del CEN, pues en los Estatutos no se contempló alguna disposición para determinar que el proceso de elección deba verificarse necesariamente y sin dilación alguna.

6.     Las Providencias 335 tomaron como sustento para la aprobación de la Convocatoria “supuestas actas” de los Comités Directivos Municipales de 1. Mexqutic de Carmona, 2. Tanquián de Escobedo, 3. Tamazunchale, 4. Zaragoza, 5. Matlapa, 6. San Antonio y la delegación de 7. Tampacán, lo que se contrapone con el material probatorio aportado en las actas de asamblea de dichos órganos, existiendo duplicidad de actas, lo que incluso fue denunciado por miembros de la Comisión Permanente Estatal, destacando que la militancia correspondiente a ese número de Comités asciende a 9.77% de la militancia en la entidad, por lo que no se cumplirían los requisitos necesarios para el desarrollo del método extraordinario.

7.     Omisión de garantizar un correcto control de constitucionalidad y convencionalidad, pues el Presidente del CEN al actuar de manera unipersonal debió analizar a fondo todas y cada una de las situaciones o particularidades acontecidas, máxime cuando ello implica despojar a la militancia de su poder de decisión.

8.     En las Providencias 335 se omitió pronunciarse sobre las irregularidades asentadas en el acta de sesión la Comisión Permanente Estatal, como la duplicidad de actas municipales, además, algunas de ellas fueron realizadas por autoridades que carecían de facultades para ello, pues la potestad de convocar a sesión es exclusiva del Presidente, y ante su ausencia, del Secretario General, sin embargo, hay convocatorias suscritas por personas distintas e, incluso, en algunos casos, no se cumplió con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Comité respectivo, situación que pasó por alto el Presidente del CEN.

9.     Existieron diversas irregularidades en cuanto a la valoración de la documentación aportada por los siguientes Comités Directivos Municipales:

9.1.           Axtla de Terrazas. La Comisión Permanente Estatal actuó incorrectamente al validar la elección del método extraordinario, sin advertir que los miembros del Comité Directivo Municipal no fueron convocados de manera formal para sesionar sobre dicho tema, manifestando su inconformidad mediante escrito de treinta de octubre, dirigido a la citada Comisión, el cual se negaron a recibir.

9.2.           Ciudad Fernández. En sesión de la Comisión Permanente Estatal, la presidenta del Comité Directivo Municipal e integrante de la citada Comisión, Lucero Jasso Rocha, manifestó que, en su carácter de dirigente municipal, convocó a celebrar la sesión extraordinaria en cuestión en un día distinto al que se expresó en el Dictamen local, además de referir una votación diferente a la que realmente ocurrió en sesión del Comité. Asimismo, ante la existencia de dos actas, de un mismo orden del día, con resultados diferentes, la responsable no reparó en verificar la autenticidad de ellas, pues debió decretar la nulidad del acto, en lo relativo a este Comité y tenérsele por no realizado pronunciamiento.

9.3.           Matlapa. Ante la existencia de dos actas de un mismo orden del día, con resultados diferentes, la responsable no reparó en verificar la autenticidad de ellas, y además no obró conforme a derecho, ya que debió decretar la nulidad del acto en lo relativo a este Comité Directivo Municipal y, por ende, tenerlo a favor del método ordinario. Se destacó que el acta de la sesión fue entregada por José Antonio Zapata Meraz, miembro de la Comisión Permanente Estatal, de manera física y ante la presencia de Notario Público, sin embargo, el Comité Directivo Estatal la “desechó” (sic) sin fundamento alguno y la reemplazó con otra con resultados diversos.

9.4.           Mexquitic de Carmona. Se determinó, de manera unánime, el método ordinario para la elección del Comité Directivo Estatal, sin embargo, se validó un acta de una sesión efectuada, posteriormente, por diversas personas con resultados discordantes manifestando que votaron las dos terceras partes de los militantes por el método extraordinario. En este caso el acta de la sesión fue entregada por José Antonio Zapata Meraz, miembro de la Comisión Permanente Estatal, de manera física, y ante la presencia de Notario Público, sin embargo, el Comité Directivo Estatal “desechó” (sic) sin fundamento alguno, reemplazando con otra con resultados diversos. Además, fue presentada una denuncia por acciones con apariencia de ilícito como coacción al voto, denunciando a Fernando Zumaya Azuara, tesorero del Comité Directivo Estatal.

9.5.           Rioverde. Se determinó de manera unánime el método ordinario para la elección del Comité Directivo Estatal, sin embargo, se validó una diversa acta de la sesión efectuada posteriormente por diversas personas con resultados discordantes, manifestando que votaron las dos terceras partes de los militantes por el método extraordinario. Siendo evidente que la Comisión Permanente Estatal actuó de manera incorrecta, sin valorar las documentales que se le hicieron llegar, determinando la validez de una de ellas sin que mediara razonamiento lógico jurídico que acreditara su viabilidad. Además, fue presentada una denuncia por acciones con apariencia de ilícito como coacción al voto denunciando a Eduardo Nava Díaz, jurídico del Comité Directivo Estatal.

Por otra parte, el cálculo matemático que se realizó, arrojó un resultado incorrecto respecto a la conformación de las dos terceras partes de integrantes que, supuestamente, se manifestaron a favor del método extraordinario, ello debido a que la división entre los dos factores enunciados, dieron como resultado un entero con decimal, o sea, 9.3 unidades, cifra que no resultaba suficiente para concretar el mínimo requerido, que aritméticamente hablando, se trataría del próximo número entero superior. Asimismo, pareciera que la responsable en el acuerdo que se combatió tuvo la intención de adecuar los resultados generales de la votación, en función de que Rioverde fue el único municipio que, aparentemente, revisó, pero omitió advertir que existieron otros tantos con idénticas inconsistencias y sí fueron contabilizados, materializando un agravio en función de su falta de revisión en el fondo de cada acta, favoreciendo un resultado de manera tendenciosa.

9.6.           San Antonio. Se presentaron dos actas de una misma sesión extraordinaria, en donde se desahogó un mismo orden del día, respecto del pronunciamiento del método ordinario o extraordinario, sin embargo, ante la existencia de dos actas, la Comisión Permanente Estatal, sin precisar fundamentación o motivación dejó sin efecto la primera, y contabilizó aquella en donde, supuestamente, se eligió el método extraordinario, omitiendo revisar íntegramente el expediente. Además, el primer documento fue entregado por José Antonio Zapata Meraz, miembro de la citada Comisión, de manera física, y ante la presencia de Notario Público, sin embargo, la responsable calificó de “nula” (sic) dicha documentación y anuló su cómputo, argumentando que éste no contaba con personalidad jurídica y tampoco facultades reglamentarias para hacer llegar al Comité Directivo Estatal correspondencia oficial.

9.7.           Temazunchale. Indebidamente se desconoció la personalidad de la Presidenta del Comité Directivo Municipal, por lo que, incorrectamente, se validó un acta de la sesión efectuada por diversas personas con resultados discordantes. Además, se determinó la falta de personalidad con la que compareció José Antonio Zapata Meraz a entregar el acta. De ello se advierte que la Comisión Permanente Estatal actuó de manera incorrecta, sin valorar las documentales que se le hicieron llegar.

9.8.           Tampacán. El acta correspondiente fue entregada por José Antonio Zapata Meraz, miembro de la Comisión Permanente Estatal, de manera física, y ante la presencia de Notario Público, sin embargo, se calificó de “nula” (sic) dicha documentación, así como su cómputo, argumentando que éste no contaba con personalidad jurídica ni facultades reglamentarias para hacer llegar al Comité Directivo Estatal correspondencia oficial, lo que se opone a lo establecido en los artículos 69, numeral 1, inciso g), de los Estatutos, y 108, inciso l), del Reglamento de Órganos, pues para determinar la nulidad o invalidez de un acta, debe acreditarse, plenamente, que contiene errores o inconsistencias propias e insubsanables o que la sesión de la que da cuenta fue inválida por alguna causa también plenamente acreditada, no así la calidad de la persona que la entregó. Por tanto, si la autoridad responsable tenía dudas de la veracidad del acta por quien la entregó, debió llevar a cabo los actos necesarios para confirmar su contenido y no invalidarla sin pruebas concretas. 

9.9.           Vanegas. El Comité Directivo Estatal se negó a recibir el acta de la sesión de dieciséis de octubre, en la cual se optó por el método ordinario, argumentando la falta de personalidad de Jazmín Ávila para entregarla, sin embargo, se validó un acta de una sesión efectuada con posterioridad por diversas personas con resultados discordantes que eligieron el método extraordinario, por lo que resultaba evidente que la Comisión Permanente Estatal actuó incorrectamente, sin valorar las documentales que se le hicieron llegar determinando la validez de una de ellas sin que mediara razonamiento lógico jurídico que acreditara su viabilidad.

Por su parte, 1. Marcelino Rivera Hernández, 2. Christian Iván Azuara Azuara, 3. Alejandro Fernández Hernández y 4. Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, ostentándose como militantes e integrantes de la Comisión Permanente Estatal, comparecieron como tercerías interesadas, argumentando, medularmente, que:

1.     La Comisión Permanente Estatal únicamente fungió como ente de apoyo para la Comisión Permanente Nacional, pues de acuerdo con la normativa del PAN, esta es la autoridad responsable de emitir la Convocatoria correspondiente, la cual constituye el acto definitivo de todo el proceso previsto en el artículo 7, incisos d) y f), de los Estatutos.

2.     Dar la razón a los actores implicaría revocar un acto que salvaguarda un proceso interno donde se ejerció el derecho a votar respecto de las decisiones que atañen a la Comisión.

El siete de enero de dos mil veinticinco, la Comisión de Justicia resolvió el juicio de inconformidad CJ/JIN/172/2024 y sobreseyó en el juicio al actualizarse diversas causas de improcedencia (no obstante, a su vez, en su resolutivo segundo confirmó los actos reclamados), al considerar, centralmente, lo siguiente:

1.     En principio, consideró que, derivado del análisis de los agravios hechos valer, éstos se avocaban, no solo a cuestionar la legalidad de las Providencias 335, sino también a diversas irregularidades cometidas en el proceso de selección del método de elección del Comité Directivo Estatal.

2.     Partiendo de ello, estimó que los impugnantes cuestionaban la Convocatoria al derivar de un método electivo contrario a los derechos de la militancia, el extraordinario, decisión que fue adoptada en la sesión de treinta de octubre, por ende, la inconformidad debió presentarse dentro de los cuatro días naturales posteriores, es decir, el tres de noviembre, de ahí que, por lo que hacía a ese punto, resultaba extemporánea la impugnación.

3.     En cuanto a la afirmación de que no se actualizaba el supuesto de urgencia para la emisión de las Providencias por parte del Presidente del CEN, consideró que la pretensión era realmente cuestionar la decisión de la Comisión Permanente Estatal y de los Comités Directivos Municipales de que el proceso electivo se llevase a cabo mediante el método extraordinario, por lo que aplicaba, de igual manera, la extemporaneidad en la impugnación.

4.     Por cuanto hacía a la afirmación de que se habían violado normas partidistas contenidas en los Estatutos relativas al cumplimiento de las condiciones necesarias para optar por el método extraordinario, lo cierto era que eso ya había sido materia de pronunciamiento en las resoluciones emitidas en los juicios de inconformidad CJ/JIN/142/2024 y CJ/JIN/151/2024 y acumulados, por lo que se actualizaba el supuesto de cosa juzgada.

5.     Respecto del agravio referente a que no era factible emitir una Convocatoria con base en actas impugnadas y cuya validez no había sido verificada, existía un pronunciamiento previo por parte de la Comisión de Justicia, en el CJ/JIN/142/2024, por lo que no era posible emitir uno nuevo al actualizarse la cosa juzgada.

6.     Por lo que hacía a la afirmación de que se omitió garantizar un control de constitucionalidad y convencionalidad por parte del Presidente del CEN, atendiendo a su ilegal y unipersonal actuar al hacer uso de una facultad exclusiva de la Comisión Permanente Nacional, lo cierto es que en el diverso juicio de inconformidad CJ/JIN/072/2024[54] se habían analizado dichas facultades, por lo que al haber sido previamente estudiado se actualizaba, nuevamente, la figura de la cosa juzgada.

7.     En cuanto a que el método extraordinario previsto en el artículo 73, numeral 2, inciso c), de los Estatutos privaba a la militancia del derecho de votar y ser votado, lo cierto era esto se debió impugnar al momento de la publicación de la reforma a dicho cuerpo estatutario, además, la citada reforma fue aprobada por la Asamblea Nacional del PAN, integrada por representantes de los estados y municipios de la república e, incluso, fue revisada, previo a su publicación, por el Instituto Nacional Electoral.

Instancia local: En contra de la determinación partidista, el diez de enero, Héctor Mendizábal Pérez promovió juicio ciudadano ante el Tribunal local, integrándose el expediente TESLP/JDC/02/2025, haciendo valer los siguientes agravios:

1.     Resolver la controversia partiendo de la actualización de la cosa juzgada implica un sin sentido al pretender aplicar por analogía resoluciones de juicios diferentes, demostrando desconocer el concepto de litis.

2.     En ese orden de ideas, la sentencia fue incongruente, pues incluyó aspectos que no formaban parte de la litis al sostener la improcedencia atendiendo a diversos medios de impugnación, lo que, en todo caso, debió derivar en la acumulación de expedientes para, con ello, resolver de manera definitiva.

3.     Contrario a lo concluido por la Comisión de Justicia, su medio de impugnación sí fue oportuno, lo que fue reconocido, justamente, en la sentencia partidista, además, inadvirtió que se trataba de actos continuados e, incluso, al existir otros medios de impugnación presentados oportunamente, se interrumpía la preclusión de los demás.

4.     Por lo que hacía a la falta de estudio sobre el agravio referente a la ilegalidad de las Providencias 335 y sus consecuencias fácticas y jurídicas, transcribió el apartado correspondiente de su demanda intrapartidista.

Asimismo, el dieciocho de enero, Carlos Enrique Dahud Uresti, ostentándose como Secretario General del Comité Directivo Estatal y de la Comisión Permanente Estatal, compareció como tercero interesado, argumentando que:

1.     El actor combatió hechos acontecidos durante una sesión de treinta de octubre, por lo que contaba hasta el tres de noviembre para presentar su demanda, de ahí que sí lo realizó hasta el posterior trece, resultaba evidente su extemporaneidad.

2.     En cuanto al argumento por el que cuestionó que la Comisión de Justicia indebidamente determinó la actualización de la cosa juzgada, lo cierto era que sí se acreditaba porque los hechos analizados habían sido objeto de estudio en los diversos juicios de inconformidad CJ/JIN/142/2024 y CJ/JIN151/2024 y acumulados.

3.     Las Providencias 335 se emitieron en cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos, además fueron ratificadas por la Comisión Permanente Nacional el siete de enero de dos mil veinticinco mediante acuerdo CPN/SG/001/2025.

7.1.2.    Resoluciones impugnadas

                 Cadena impugnativa relativa a las Providencias 335

En un primer momento, el diez de febrero, el Tribunal local dictó sentencia en el expediente TESLP/JDC/02/2025, en la cual confirmó la resolución intrapartidista emitida en el juicio de inconformidad CJ/JIN/172/2024, al estimar inoperantes los agravios del actor, Héctor Mendizábal Pérez, bajo las siguientes consideraciones:

1.     El promovente realizó manifestaciones dogmáticas al afirmar que la resolución partidista era ilegal en función de que pretendió resolver la litis al considerarla como cosa juzgada y, por ende, resolvió por analogía juicios diferentes al que se impugnó, sin embargo, no razonó por qué a su criterio fue indebidamente abordada la litis por parte de la autoridad demandada y tampoco justificó por qué fue incorrecta la decisión de tener por actualizada la citada figura.

2.     No era suficiente que el actor manifestara que la autoridad partidista empleó resolutivos de otros juicios para resolver la controversia, pues debió exponer qué juicios fueron los que supuestamente citó y, además, porque, desde su perspectiva, tales criterios no eran vinculantes para resolver su juicio de inconformidad.

3.     Respecto del argumento de que la Comisión de Justicia debió decretar la acumulación de todos los juicios, se desestimó porque esa figura solo tiene el carácter de privilegiar la economía procesal en la sustanciación de juicios similares, sin que ello afectara sus derechos sustantivos.

4.     Por lo que hace a la extemporaneidad respecto a su impugnación de irregularidades previas a la emisión de las Providencias 335, estimó inoperantes sus planteamientos ya que sus planteamientos eran ambiguos y no combatió lo decidido por el órgano de justicia, en cambio, se limitó a afirmar que sí había sido oportuna su inconformidad.

5.     Finalmente, el último de sus motivos de disenso, relativo a la presunta ilegalidad de las Providencias 335, fue declarado inoperante al ser, por una parte, una reiteración del formulado ante la instancia partidista y, por otra, una construcción novedosa de doctrina y argumentos, sin exponer planteamientos directos que confrontaran lo hecho valer por la Comisión de Justicia.

                 Cadena impugnativa relacionada con la Sesión de la Comisión Permanente Estatal y la aprobación del Dictamen local (Acuerdo 78/03/2024)

Después de emitir el fallo precisado con anterioridad, el Tribunal local resolvió el diverso juicio de la ciudadanía TESLP/JDC/126/2024 y su acumulado TESLP/JDC/127/2024, revocó la resolución dictada en el juicio de inconformidad CJ/JIN/142/2024 y, en plenitud de jurisdicción, ordenó reponer el procedimiento para determinar el método de elección para renovar el Comité Directivo Estatal, conforme a lo siguiente:

1.     Consideró fundado el agravio relativo a que existió una deficiente valoración de las actas de los Comités Directivos Municipales en los que existió doble pronunciamiento (1. San Antonio, 2. Mexquitic, 3. Tampacán, 4. Matlapa; 5. Zaragoza; 6. Tanquián de Escobedo; 7. Tamazunchale y 8. Rioverde). Esto, porque:

1.1.            La Comisión de Justicia prácticamente reiteró las consideraciones que hizo la Comisión Permanente Estatal y apoyó la tesis de que el valor de las documentales dependía de la persona que las había hecho llegar al órgano partidista estatal. Conclusión que no se compartía porque, en realidad, el valor de los documentos presentados no depende de los atributos de la persona que los hace llegar, en cambio, se define a partir de la materialidad de la prueba (datos y hechos que contiene).

1.2.            En la normativa partidista, local y federal, no se dispone que para conceder valor probatorio a un documento deba presentarse por su suscriptor. Además, los precedentes y tesis citados en el Dictamen local y que hizo suyos la Comisión Permanente[55] se refieren a problemáticas relacionadas con la afiliación de militantes, lo que no es el caso, pues José Antonio Zapata Meraz no presentó promociones relacionadas con su afiliación al partido, sólo fue un mediador para canalizar las actas municipales.

1.3.            Al existir duda en los casos de duplicidad de los nombramientos, se debió requerir a las estructuras municipales que aclararan cuál era el verdadero; sobre todo considerando que la Comisión Permanente Estatal, tiene la obligación de vigilar el correcto desarrollo de los procesos de elección partidistas, por lo que, ante la presunción de la existencia de fraude o falsificación de las decisiones, debió actuar con extrema diligencia.

2.     Estimó fundado el agravio hecho valer por María Lucero Jasso Rocha en cuanto a que indebidamente se consideró que se encontraba gozando licencia de su cargo como Presidenta del Comité Directivo Municipal de Ciudad Fernández. Esto, porque si bien, de conformidad con el artículo 52 del Reglamento de selección de candidaturas, las personas que ostenten las Presidencias de los Comités Directivos Municipales deben separarse del cargo o renunciar a fin de participar como candidatas a una elección local, ello es sólo una norma declarativa que, si no se cumple, puede dar lugar a una responsabilidad, sin embargo, la sola disposición no produce en automático una licencia. De modo que la sola manifestación genérica de que la ciudadana debió pedir licencia es insuficiente, pues no se acreditó su ausencia en el cargo.

3.     Lo alegado por los terceros interesados(sic) era insuficiente para cambiar el sentido de la resolución, porque, al haberse realizado una incorrecta valoración de las actas se deberá requerir a las estructuras municipales para que se manifiesten respecto a cuál es el pronunciamiento válido.

4.     Al no haber transcurrido los 30 días que se concedieron a las estructuras municipales para pronunciarse sobre el método de elección, se incurrió injustificadamente en la conclusión anticipada del procedimiento. Esto, porque se debió advertir que, ante la presencia de pronunciamientos contradictorios, era necesario agotar el plazo.

5.     Determinó asumir plenitud de jurisdicción, a fin de privilegiar el derecho humano a una justicia pronta y expedita, por lo que optó por la solución del fondo del conflicto, sobre el reenvío del asunto a la Comisión de Justicia.

6.     A partir de lo anterior, revocó la resolución partidista impugnada y vinculó a la Comisión Permanente Estatal y al Comité Directivo Estatal a efecto de que, en sus ámbitos de competencia, repusieran el procedimiento por el que se determina el método de elección del Comité Directivo Estatal, dentro del plazo de 30 días establecido en los Estatutos. Para lo cual puntualizó que:

6.1.            En los casos en que hubiera duplicidad de pronunciamientos, se requiriera a las estructuras municipales que, en 3 días, convocaran a sesión extraordinaria para que manifestaran el método con el que estaban de acuerdo. Al efecto, se hicieron diversas precisiones en la sentencia, para el caso de que no se llevara a cabo la sesión dentro del plazo señalado o no existiera quórum suficiente.

6.2.            Se requiriera a María Lucero Jasso Rocha que informara su estatus respecto de la Presidencia del Comité Directivo Municipal de Ciudad Fernández; sin perjuicio de que, en su caso, la Comisión Permanente Estatal se allegara de documentación que revelara la situación de la ciudadana. Una vez determinado quién ocupaba la Presidencia, o quien suplía ese cargo, se celebrara la sesión correspondiente para pronunciarse sobre el método electivo.

6.3.            Quedaban intactas las asambleas o pronunciamientos de las estructuras municipales que se presentaron en tiempo y forma ante la Comisión Permanente Estatal y que no generaron controversia o modificación por la Comisión de Justicia o el propio Tribunal local.

6.4.            Las estructuras municipales que no fueron tomadas en cuenta en el Dictamen local se pronunciaran dentro de un plazo de 30 días.

6.5.            Finalizado el plazo de 30 días, se calificara la votación de las estructuras municipales para que se determinara lo procedente respecto del método de renovación de la dirigencia estatal.

6.6.            Quedaban sin efectos los nombramientos de las autoridades que hubieran ascendido a los cargos con motivo de la elección (entre ellas, el de la Presidenta Electa Verónica Rodríguez Hernández), y redimió(sic) los nombramientos de quienes ejercían el cargo antes de llevar a cabo la elección (igualmente de Verónica Rodríguez Hernández, pues contendió en reelección).

6.7.            Se dejó en libertad de jurisdicción a las autoridades vinculadas para reponer el procedimiento, siempre que no se opusieran a los lineamientos de la sentencia.

7.1.3.    Planteamiento ante esta Sala Regional

                 Cadena impugnativa relativa a las Providencias 335

Inconforme con la sentencia dictada en el expediente TESLP/JDC/02/2025, Héctor Mendizábal Pérez (integrante de la Comisión Permanente Estatal), sostiene, fundamentalmente, los siguientes motivos de disenso:

1.     El Tribunal local consideró inoperantes sus agravios al concluir que no combatió los aspectos torales de la resolución partidistas, sin embargo, no expuso qué consideraciones fueron aquellas que, supuestamente, sirvieron de fundamento esencial para dicha decisión, por lo que estima que, en cada caso, sus motivos de disenso sí se encontraban debidamente formulados. Además, si tuviera razón en cuanto a que no expuso argumentos precisos que probaran la ilegalidad del acto, hubiera desechado la demanda, lo que no ocurrió. Lo que evidencia una dualidad de criterios al resolver el asunto.

a.      Concretamente, uno de sus agravios se dirigió a evidenciar que fue incorrecto considerar que se actualizó la cosa juzgada respecto de la causa de pedir en la cadena impugnativa, pues incorrectamente se aplicaron resoluciones por analogía, en juicios que no se acumularon y, por ende, eran independientes uno del otro, por lo que fue indebido considerar la cosa juzgada a partir de otras causas.

b.      En cuanto al agravio de incongruencia que se había hecho valer, su planteamiento evidenció que la resolución que se impugnó trajo “a colación” elementos distintos a los que se plantearon en su causa, lo que comprueba la hipótesis de incongruencia.

c.      Respecto a la extemporaneidad en la presentación de su medio de impugnación intrapartidista contra la sesión de treinta de octubre, si bien la normativa prevé un plazo de cuatro días para ello, lo cierto es que, en el caso, no se observó el principio de máxima publicidad, de ahí que no tuvo conocimiento oportuno de dicho acto.

2.     El Tribunal local no revisó de manera exhaustiva el expediente (aun cuando ofreció la prueba instrumental de actuaciones), ya que de haberlo hecho hubiese realizado un ejercicio de interpretación conforme, tanto de la norma aplicable, como de la problemática de la litis y, partiendo de ello, emitido una resolución de manera objetiva y definitiva. Añade que en la sentencia impugnada se debió buscar la verdad jurídica y emitir una decisión que impartiera justicia y protegiera sus derechos humanos, además, sostiene que no se analizó de forma amplia el contexto general de la cadena impugnativa.

3.     La resolución es incongruente al confirmar el acto reclamado, aun y cuando fue comprobada la existencia de irregularidades en la instancia partidista al tomar y ejecutar criterios derivados por analogía de otros expedientes, lo que no fue advertido por el Tribunal local.

4.     Además, se confirmó una resolución que sobreseyó y a la par confirmó el acto primigeniamente impugnado, lo que contraviene lo dispuesto en la jurisprudencia 22/2010 de rubro SENTENCIA INCONGRUENTE. SE ACTUALIZA CUANDO SE DESECHA LA DEMANDA Y A SU VEZ, AD CAUTELAM, SE ANALIZAN LAS CUESTIONES DE FONDO.

      Tercería interesada

En el caso, resulta relevante precisar lo expuesto por Carlos Enrique Dahud Uresti, quien compareció ante esta instancia como tercero interesado, en su calidad de Secretario General del Comité Directivo Estatal y de la Comisión Permanente Estatal, quien refirió que:

1.     El actor expone cuestiones doctrinales sobre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad, sin expresar qué relación guardan tales aspectos con la sentencia combatida.

2.     De igual forma, parte de un error cuando afirma que, si el Tribunal local consideraba que sus agravios eran deficientes debió desechar su demanda, no analizarlos, sin embargo, la deficiencia en su exposición no da lugar a la improcedencia, sino que permite resolver el fondo, ya sea confirmando, modificando o revocando.

3.     Sobre la extemporaneidad de su impugnación partidista, no fue un tema que estudiara el Tribunal responsable porque no aportó razonamientos lógicos que permitieran considerar su presentación oportuna.

4.     Sobre la actualización de la figura de la cosa juzgada, no fue claro en su expresión de agravio ante la instancia local, además, esta causal de improcedencia no opera, únicamente, sobre las mismas causas, objeto y partes, sino que puede surtir en otros procesos y de manera refleja.

5.     En todo caso, el actor debió combatir las consideraciones que sostienen la sentencia del Tribunal local, no así la resolución emitida por la Comisión de Justicia.

6.     Finalmente, estima que las Providencias 335 y los Lineamientos para elegir al Comité Directivo Estatal son los últimos actos del proceso de selección del método de elección del Comité Directivo Estatal por lo que al haber quedado convalidados no es posible su modificación mediante juicios posteriores que pretendan reabrir su análisis.

                 Cadena impugnativa relacionada con la Sesión de la Comisión Permanente Estatal y la aprobación del Dictamen local (Acuerdo 78/03/2024)

En contra de la sentencia emitida en el juicio de la ciudadanía TESLP/JDC/126/2024 y su acumulado TESLP/JDC/127/2024, en la que el Tribunal local ordenó reponer el procedimiento de selección del método para renovar el Comité Directivo Estatal y, en consecuencia, dejó sin efectos los nombramientos de las personas que fueron electas bajo el método extraordinario, se hacen valer los siguientes agravios:

      SM-JDC-28/2025

Verónica Rodríguez Hernández (Presidenta electa del Comité Directivo Estatal) expone los siguientes motivos de inconformidad:

1.     Las demandas debieron desecharse porque se combatió un acto que no era definitivo y firme. Esto, pues el Dictamen local, que fue el acto que dio origen a la controversia, no era impugnable porque lo que debía combatirse eran las Providencias 335, las cuales, de hecho, fueron motivo de inconformidad y se confirmaron.

2.     El Tribunal local incurrió en incongruencia externa porque introdujo aspectos a la litis que no se hicieron valer, como lo relacionado con dobles pronunciamientos de los Comités Directivos Municipales.

3.     El Tribunal local indebidamente consideró que la Comisión de Justicia incorrectamente disminuyó el valor probatorio de cierta documentación por la calidad de la persona que la entregó, cuando existe una norma específica que indica quiénes deben remitir la documentación y, en todo caso, las razones principales para preferir la otra documentación fue que la primera no cumplía con los requisitos exigidos y, la que sí se valoró, se relacionaba con una sesión posterior de los Comités Directivos Municipales la cual sí cumplía los requisitos y debía prevalecer.

4.     El Tribunal local debió declarar inoperantes los agravios porque no se combatían todas las consideraciones dadas por la Comisión de Justicia. Además, indebidamente enderezó afirmaciones vagas y genéricas hacia el combate de elementos concretos y directos.

5.     El Tribunal local emitió una sentencia contradictoria con otra decisión previa en la que ya había validado el método de selección al haber confirmado las Providencias 335 (en el juicio TESLP/JDC/02/2025).

6.     El Tribunal local sólo analizó particularmente lo relativo a 2 de los 8 Comités Directivos Municipales a quienes ordenó volver a pronunciarse, pero respecto de los restantes hizo manifestaciones genéricas.

7.     En específico, respecto de 9 estructuras municipales refiere:

7.1.      En cuanto al Comité Directivo Municipal de Rioverde es falso que la valoración probatoria hubiera dependido de la persona que entregó las constancias porque lo valorado consistió en un pronunciamiento y en ninguna de las instancias se realizó un estudio de fondo en cuanto a que las documentales partidistas gozan de presunción de veracidad porque existe un oficio firmado por 9 integrantes del citado Comité que remitieron la documentación que comprueba la sesión extraordinaria, el requerimiento al Presidente del órgano para que se pronunciara, el cual no se contestó en tiempo y forma, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento para tomar por ciertos los hechos, manifestaciones y documentación remitida por la mayoría de los integrantes. En todo caso, la asamblea relativa a este municipio no fue contabilizada entre las dos terceras partes para declarar válida la solicitud del método extraordinario.

7.2.      En el caso del Comité Directivo Municipal de Ciudad Fernández, el pronunciamiento de la sentencia carece de asidero, porque declaró fundados los agravios primero y quinto, pero en ellos no exista algún pronunciamiento respecto de ese municipio. En tanto que si el agravio fundado en realidad era el sexto, se debe estimar incorrecto que el Tribunal local considerara que la Comisión de Justicia debió recabar elementos para esclarecer si María Lucero Jasso Rocha se encontraba o no de licencia; puesto que era un hecho notorio que, de acuerdo con la normativa del PAN, como candidata a un cargo electivo debía renunciar o pedir licencia al cargo partidista, aunado a que a ella le correspondía desmentir lo indicado por los integrantes del Comité Directivo Estatal que asistieron a la sesión en que se aprobó el método de selección extraordinario, en cuanto que estaba de licencia.

7.3.      Por lo que ve a los municipios de 1. San Antonio, 2. Mexquitic de Carmona, 3. Tampacán, 4. Matlapa, 5. Zaragoza, 6. Tanquián de Escobedo y 7. Tamazunchale, si bien existían 2 sesiones y la documentación de la primera se presentó por quien no integra la estructura municipal, cierto es que la Comisión Permanente Estatal expuso otras razones para tener como válido el último pronunciamiento. Aspectos que fueron validados por la Comisión de Justicia pero sobre los cuales no se pronunció el Tribunal local.

8.     Es incorrecto el estudio realizado por el Tribunal local porque, ante la presencia de 2 pronunciamientos se debe de tomar en cuenta la última manifestación de la voluntad que se emita dentro del plazo de treinta días y que cumpla con las exigencias que prevé la normativa partidista respecto de la documentación que se debe presentar.

9.     El Tribunal local dejó de advertir que, conforme con la segunda documentación presentada, sólo 2 Comités Directivos Municipales se pronunciaron por el método ordinario, por lo que aún se cumplían los parámetros para que prevaleciera el método extraordinario.

10. En todo caso, las sesiones de los Comités Directivos Municipales debieron impugnarse, por vicios propios, en el plazo reglamentario.

11. Fue incorrecto que el Tribunal local indicara que no se respetó el plazo, puesto que, antes de que venciera, dos terceras partes donde se concentra más de la mitad de la militancia ya habían elegido el método extraordinario, por lo que era innecesario agotar el plazo y, en todo caso, en el Dictamen local se ordenó agregar los pronunciamientos posteriores, en caso de que los hubiera.

12. El Tribunal local se extralimitó al resolver el asunto en plenitud de jurisdicción y sustituirse en las facultades de la Comisión de Justicia, transgrediendo la autodeterminación del PAN. Sobre todo, porque ordenó reponer el procedimiento dando una nueva oportunidad de 30 días para que los Comités Directivos Municipales se pronunciaran sobre el tema.

      SM-JDC-31/2025

A su vez, 1. Casta Jonguitud Guerrero, 2. J. Jesús Rodríguez Soni, 3. Rosalva Hernández Solís y 4. Moisés Sánchez Sánchez, en su carácter de Integrantes del Comité Directivo Municipal de Tanquián de Escobedo, exponen los agravios que a continuación se indican:

1.     El Tribunal local incorrectamente dejó sin efectos la sesión de diecinueve de octubre que celebró el Comité Directivo Municipal de Tanquián de Escobedo, a partir de interpretar incorrectamente los hechos del caso. Esto, porque, además de que se cumplieron todos los requisitos para su válida celebración, esa es la única sesión que reconocen los integrantes del Comité Directivo Municipal.

2.     En el acta de esa misma sesión, su Presidenta hizo alusión a rumores sobre otra sesión anterior y pronunciamiento sobre el método de selección, lo cual se desconoció e indicó que sólo lo establecido en esa acta tenía validez. Además, acudió ante un notario público para levantar una fe de hechos en cuanto a que ella desconocía la firma que se le atribuyó respecto de un acta de una supuesta sesión extraordinaria del Comité Directivo Municipal celebrada el trece de octubre.

      Tercerías interesadas

Adicionalmente, dadas las particularidades del caso, es importante resaltar lo que hicieron valer las personas terceras interesadas ante esta instancia federal.

En cuanto al SM-JDC-28/2025 (asunto promovido por Verónica Rodríguez Hernández, Presidenta Electa del Comité Directivo Estatal), Lidia Argüello Acosta, manifiesta lo siguiente:

1.     Que en la normativa electoral federal, en la local y en la interna del PAN no existe algún lineamiento que establezca que, para conceder valor probatorio a un documento, tenga que ser presentado por sus propios suscriptores como una condicionante imperante que, en caso de carecer, sirva como apoyo para restarle fuerza y valor probatorio.

2.     La Comisión de Justicia de manera equivocada demeritó los agravios hechos valer por María Lucero Jasso Rocha, con base en supuestos hechos notorios derivados del Reglamento de selección de candidaturas. Motivo por el cual resulta congruente lo resuelto ordenándose la reposición del procedimiento a efecto de permitir a la ciudadana acreditar su estatus en la estructura partidista municipal.

3.     Los plazos que establecen los Estatutos para efecto de que los Comités Directivos Municipales se pronuncien no son renunciables, tampoco pueden ser reducidos. Hacer esto equivale a una flagrante violación procesal y al derecho de audiencia que debe ser respetado por cualquier autoridad a efecto de permitir, en este caso a todos sus integrantes, expresar sus decisiones, lo que garantiza la seguridad y certeza jurídica.

4.     Las determinaciones emitidas por los Comités Directivos Municipales son sólo expectativas que pueden o no reafirmarse ante las decisiones de los demás comités, por, ende, no son susceptibles de impugnación por parte de la militancia al no haberse materializado la afectación de modo irreparable sobre el método de elección final.

5.     No es válido que se aplique el método extraordinario de elección indirecta de manera automática, sin que medie o se justifique una causa suficiente o urgente para que la Comisión Permanente Estatal y las asambleas municipales hayan optado por ese método y no el de elección directa u ordinario que privilegia el derecho de participación democrática de la militancia en mayor grado de protección. Se restringieron derechos humanos y fundamentales a la participación de la militancia en general, sin la debida fundamentación y motivación que dicho acto requiere, en contravención a los artículos 14 y 16 de la Constitución General. Para preservar los derechos fundamentales de los militantes en su vertiente de votar y ser votado, se estima procedente que se confirme la sentencia impugnada a afecto de que se reponga el procedimiento con base en la facultad del Tribunal local para reasumir jurisdicción e, incluso, para realizar un control de regularidad constitucional cuando los actos resulten contrarios a los derechos y principios constitucionales o convencionales.

Por su parte, Héctor Mendizábal Pérez argumenta:

1.     Los agravios que formula la actora pretenden combatir una cosa juzgada y no actos atribuibles a la autoridad que señala como responsable.

2.     Sobre la personalidad de María Lucero Jasso Rocha, la actora pretende que se compruebe un hecho negativo, cuando lo jurídicamente correcto es que el oferente pruebe lo que dice que se hizo.

3.     Respecto de la personalidad de Karen Hernández Macías, indica que, posterior al proceso electoral, Karen Hernández Macías se reincorporó a sus funciones como presidenta del Comité Directivo Municipal de Tamazunchale, situación que es confirmada en acción de afirmativa ficta, esto es, el propio Comité Directivo Estatal ejerció interacciones legales con Hernández Macías, como pretende acreditarlo con las transferencias bancarias que acompaña a su escrito de tercería.

4.     En cuanto a la valoración de documentos y medios de prueba que recibió el Comité Directivo Estatal por José Antonio Zapata Meraz, argumenta que la resolución que se intenta combatir no ordena que se le dé un valor probatorio a dicha información, en realidad, ordena que se analicen, situación que no le genera lesión en la medida que sólo implica un “acto de legalidad” respecto de la valoración de todas las pruebas.

5.     El llamar a los Comités Directivos Municipales para que se pronuncien respecto a las actas duplicadas no le causa lesión directa a la actora.

6.     El incumplimiento de la sentencia impugnada por parte del Comité Directivo Estatal.

En tanto que, respecto del juicio SM-JDC-31/2025 (promovido por los Integrantes del Comité Directivo Municipal de Tanquián de Escobedo), Lidia Argüello Acosta sostiene:

1.     La actora pretende impugnar un acto que cuyo plazo para hacerlo ha fenecido, pues el origen de la ilegalidad del proceso electoral nace a partir de que la Comisión de Justicia no revisó de manera exhaustiva las duplicidades de actas que existían respecto de diversos municipios, duplicidad que se hizo valer desde la fecha en que la Comisión Permanente Estatal sesionó para dilucidar el método por el cual sería la votación de las y los integrantes del Comité Directivo Estatal para el nuevo periodo; momento en el cual se debió impugnar, por lo cual la resolución impugnada debe subsistir.

2.     El incumplimiento de la sentencia impugnada por parte del Comité Directivo Estatal.

7.1.4.    Cuestión a resolver

Con base en los agravios expuestos, esta Sala Regional debe determinar si fue conforme a Derecho que el Tribunal local, por un lado, confirmara la decisión de la Comisión de Justicia que tuvo como efecto validar las Providencias 335; y, por otro, revocara una diversa determinación de la citada Comisión de Justicia a fin de reponer el procedimiento relativo a la selección del método de elección del Comité Directivo Estatal.

7.1.5.    Decisión

Procede revocar la sentencia dictada en el juicio de la ciudadanía TESLP/JDC/126/2024 y su acumulado TESLP/JDC/127/2024, porque el Dictamen local combatido inicialmente en esa cadena impugnativa no era un acto definitivo y su aprobación no causó afectación a la esfera jurídica de las personas inconformes (partidistas y locales), por lo que fue incorrecto que el Tribunal local repusiera el procedimiento a partir de una supuesta deficiente valoración de las actas realizada en ese documento, cuando el pronunciamiento definitivo al respecto correspondió a una diversa autoridad partidista nacional. En esa medida, tampoco resultó acertado que el órgano de justicia del partido político considerara procedente el juicio de inconformidad, por lo que también se revoca la decisión identificada con la clave CJ/JIN/142/2024.

Asimismo, debe revocarse la resolución emitida en el expediente TESLP/JDC/02/2025 (originada en la cadena impugnativa contra las Providencias 335), debido a que incorrectamente se validó la resolución partidista que dejó de estudiar las inconformidades relacionadas con presuntas irregularidades sucedidas durante el procedimiento de selección del método para renovar a la dirigencia estatal y la indebida valoración de las actas de sesión de las estructuras municipales, bajo el argumento de que, respecto de esos aspectos, el juicio partidista era improcedente por extemporáneo y por surtirse la cosa juzgada, cuando en realidad la demanda se presentó oportunamente y no se actualizaba la identidad de los tres elementos requeridos para configurar la cosa juzgada; situación que igualmente lleva a revocar la resolución partidista CJ/JIN/172/2024.

A su vez, atendiendo a las particularidades del caso y dada la necesidad de brindar certeza jurídica, se impone resolver de manera completa e integral la controversia planteada y determina que deben revocarse las Providencias 335 (así como todos los actos emitidos como consecuencia de ellas) porque, aun cuando se dictaron válidamente de forma precautoria por el Presidente del CEN, cierto es que carecen de exhaustividad y están indebidamente motivadas pues el citado dirigente dejó de hacer un análisis integral de todas y cada una de las constancias relacionadas con los posicionamientos de las estructuras municipales, así como de pronunciarse respecto de las especificidades que presentaban aun y cuando, de forma preliminar, desde el Dictamen local se habían detectado posibles irregularidades.

Por su parte, en atención a las características específicas del asunto y tomando en cuenta que el deber de resolver de forma completa y brindar certeza impone que se corrijan irregularidades que son evidentes, dado que en el caso se advierte la existencia de múltiples elementos que impiden conocer con certeza la voluntad de las estructuras municipales, es necesario ordenar se les convoque a sesión, en la que se respete la normativa aplicable y los parámetros indicados por esta Sala Regional –que precisamente, parten de las exigencias que el instituto político se autoimpuso en ejercicio de su libertad de autoorganización–, a fin de que se pronuncien nuevamente sobre si aprueban o no el método extraordinario para renovar al Comité Directivo Estatal.

7.1.6.    Justificación de la decisión

7.1.6.1.          Marco normativo

7.1.6.1.1.       Autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos

El artículo 41, base I, de la Constitución General, entre otras cuestiones, reconoce que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fines promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática; fomentar el principio de paridad de género; contribuir a la integración de órganos de representación política; y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público.

Asimismo, se dispone, expresamente, que las autoridades electorales solamente pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos, en los términos que señalen la propia Constitución y la ley.

De este precepto constitucional se desprenden los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, los cuales tienen el propósito fundamental de proteger los actos relativos a los asuntos internos de esas entidades de interés público.

Al respecto, la Suprema Corte, en la Acción de Inconstitucionalidad 85/2009, señaló que los partidos políticos cuentan con una protección institucional que salvaguarda su vida interna, misma que encuentra base en los principios de autoconformación y autoorganización, los cuales garantizan que éstos cuenten con un margen considerablemente abierto de actuación en todo lo concerniente en su régimen interior. Esto es, que tienen la posibilidad de tomar y ejecutar resoluciones en todos y cada uno de los rubros internos que les atañen.

Sobre el particular, Sala Superior ha establecido que las autoridades electorales deben respetar la vida interna de los partidos políticos en la toma de sus decisiones, siendo su deber observar los referidos principios al resolver las impugnaciones relacionadas con aspectos internos partidistas[56].

De igual forma, dicho órgano jurisdiccional ha sostenido que los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos implican el derecho de gobernarse internamente en los términos que se ajuste a su ideología e intereses políticos, siempre que ello sea acorde con los principios de orden democrático; por tanto, los partidos tienen una facultad auto normativa, es decir, son libres de establecer su propio régimen regulador de organización al interior de su estructura[57].

En esta línea, tratándose de aspectos vinculados con el ámbito interno de los partidos políticos, los órganos jurisdiccionales que conozcan de un caso en contra de actos u omisiones relacionadas con tal ámbito deben orientar su análisis a la luz del principio de menor intervención.

En ese sentido, en el artículo 23, numeral 1, inciso c), de la Ley de Partidos[58] se establece, como derecho de éstos, gozar de facultades para regular sus asuntos internos y determinar su organización interior, conforme a los procedimientos correspondientes.

Por lo que hace a la organización interna de los partidos políticos, en el artículo 34, numeral 1, de la citada normativa[59], se dispone que los asuntos internos de estos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución General, en la ley, así como en su respectivo estatuto y reglamentos, que aprueben sus órganos de dirección.

Al efecto, en el numeral 2, enlista los asuntos de los partidos políticos que se consideran internos, a saber:

a)       La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales no se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral.

b)       La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos.

c)       La elección de los integrantes de sus órganos internos.

d)       Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.

e)       Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes; y

f)         La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.

De igual manera, en la Ley de Partidos se establece que la elaboración y modificación de los documentos básicos es una cuestión inmersa en la vida interna de los partidos políticos, precisando que la elección de las y los integrantes de sus órganos internos, los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones, así como la emisión de acuerdos de carácter general para el cumplimiento de sus documentos básicos, también encuadran en esos supuestos, por lo que el estudio de las normas internas atinentes a esos tópicos debe realizarse con estricta observancia a los señalados principios de autoorganización y autodeterminación.

Por su parte, en el artículo 2, numeral 4, de la Ley de Medios se dispone que, en la resolución de conflictos internos de los partidos políticos, se debe tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público, su libertad de decisión interna y el respeto irrestricto a su autodeterminación y autoorganización.

A partir de ello, Sala Superior ha sostenido que los partidos políticos cuentan con protección institucional que les permite determinar aspectos de su vida interna, siempre que se respete el marco constitucional y legal[60].

En esta línea, el principio de autoorganización y autodeterminación implica que los partidos políticos puedan asumir decisiones para establecer la forma en que desean organizarse a su interior, con la creación de sus normas y órganos internos de dirección, así como de las personas que habrán de conducirlos, sin que las autoridades electorales puedan incidir en estos aspectos, pues, de lo contrario, se afectaría su funcionamiento en detrimento de los fines constitucionales y legales que deben cumplir.

Por ende, Sala Superior ha señalado que los órganos jurisdiccionales que conozcan de actos u omisiones relacionados con el ámbito interno de los partidos políticos deben orientar su análisis a la luz del principio de menor incidencia en la autoorganización del partido, de forma tal que se permita a la propia militancia, dirigencias y autoridades desarrollar actividades, construir consensos y definir estrategias de acuerdo a su propia ideología o política interna, siempre que no incida en derechos fundamentales políticos que requieran una protección especial; se adopten medidas injustificadas; discriminatorias o que, por cualquier razón, contravengan disposiciones legales, constitucionales o convencionales[61].

En ese orden de ideas, se ha sostenido que el principio de intervención mínima en los asuntos internos de los partidos supone dos aspectos: que la injerencia de las autoridades a su vida y procesos internos debe limitarse a los casos establecidos previamente en la ley y que tales injerencias deben ser sólo en la medida razonable que se requiera para reparar la posible vulneración a los derechos, reglas o principios implicados.[62]

Así, de la normativa expuesta se obtiene que los partidos políticos gozan de una amplia libertad auto configurativa para estar en aptitud de cumplir con sus fines constitucionales, sin que las autoridades puedan intervenir en sus asuntos internos, salvo en casos excepcionales.

7.1.6.1.2.       Selección del método de renovación del Comité Directivo Estatal

A nivel estatal el PAN cuenta, entre otros, con órganos denominados Comités Directivos Estatales, los cuales se integran por: i) quien preside; ii) la persona titular de la Secretaría General del propio Comité (es de género diferente al de la Presidencia); iii) quien tenga la titularidad estatal de Promoción Política de la Mujer; iv) la persona titular estatal de Acción Juvenil; v) la o el Tesorero estatal; así como vi) 7 militantes del partido, residentes en la entidad, que tengan una militancia mínima de 5 años (no podrán ser más de cuatro de un mismo género) (artículo 73, numeral 1, de los Estatutos).

Sus integrantes se eligen por periodos de 3 años y se renuevan en el segundo semestre del año en que se celebren las elecciones ordinarias locales. Sus miembros continuarán en funciones hasta que tomen posesión las personas electas o designadas para sustituirles (artículo 75, numerales 2 y 3, de los Estatutos[63]).

El CEN ratifica la elección y emite las constancias a la Presidencia, así como a los integrantes del Comité Directivo Estatal electos, una vez que se hayan agotado los medios de impugnación internos posteriores a la jornada electoral (artículo 71, primer y segundo párrafos, Reglamento de órganos[64]). El nuevo Comité Directivo Estatal entrará en funciones en los 5 días hábiles siguientes a la ratificación de la elección (artículo 73, numeral 6, de los Estatutos[65]).

La elección de los integrantes del Comité Directivo Estatal se rige por lo indicado en los Estatutos y en los reglamentos atinentes. La organización, coordinación, realización y seguimiento del proceso electoral está a cargo de la Comisión Estatal de Procesos Electorales y en él se garantizará la paridad de género en las Presidencias.

En cuanto a los métodos para renovar el órgano, el ordinario será la selección directa a través de la militancia; el extraordinario es a través de la votación del Consejo Estatal.

Al efecto, la Comisión Permanente Estatal informará a la Comisión Permanente Nacional sobre el vencimiento de la vigencia de la dirigencia del respectivo Comité Directivo Estatal, vigencia que también debe informarse a los Comités Directivos Municipales. En los 30 días siguientes a ese acto, los aludidos Comités Directivos Municipales podrán sesionar a efecto de solicitar que el método de elección sea mediante votación del Consejo Estatal (artículo 73, numeral 2, incisos a), b), c) y d), de los Estatutos[66]).

En caso de que, al menos, dos terceras partes de los Comités Directivos Municipales soliciten el método extraordinario y que los Comités solicitantes representen más de la mitad de la militancia estatal, la elección se realizará a través de la votación del Consejo Estatal, para lo cual, la Comisión Permanente Estatal informará a la Comisión Permanente Nacional a fin de que autorice la convocatoria al Consejo Estatal para la elección del Comité Directivo Estatal por el método extraordinario, la cual señalará la fecha de sesión en un periodo no mayor a 30 días. Es importante señalar que sólo se validará el pronunciamiento que cuente con aprobación de, al menos, dos terceras partes de las personas asistentes al Comité Directivo Municipal respectivo (artículo 73, numeral 2, inciso f), fracciones I y II, de los Estatutos[67]).

Por otro lado, el diecisiete de julio la Coordinación General Jurídica y la Secretaría Nacional de Fortalecimiento Interno, ambas del CEN, emitieron los Lineamientos para elegir al Comité Directivo Estatal[68] en los cuales se establece el procedimiento a seguir para cada método, así como los elementos probatorios idóneos para corroborar las actuaciones, conforme a lo siguiente:

     Método ordinario (votación por militancia)

Para el método ordinario en el que la votación se realiza por las y los militantes, la elección estará a cargo de la Comisión Estatal de Procesos Electorales y no se necesita pronunciamiento alguno de los Comités Directivos Municipales.

En concreto, se indica que se deben realizar los siguientes pasos:

1.     Presidencia del Comité Directivo Estatal atinente convocará a sesión de la Comisión Permanente Estatal.

2.     En sesión de la Comisión Permanente Estatal se dará cuenta de que la vigencia del actual Comité Directivo Estatal está por concluir. Al efecto, se debe indicar la fecha de la elección anterior, así como la ratificación e instalación correspondiente. Se debe acordar notificar a la Comisión Permanente Nacional de esa vigencia.

3.     Notificar a los Comités Directivos Municipales que el proceso de elección del Comité Directivo Estatal ya inició a efecto de que se pronuncien si solicitan el método extraordinario. Si no se pronuncian por el método extraordinario se configura el método ordinario.

En su caso, la Comisión Permanente Nacional emitirá la convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal.

     Método extraordinario (votación por Consejo Estatal)

La elección de los Comités Directivos Estatales se realiza a través de votación de las y los Consejeros Estatales siempre y cuando dos terceras partes de los Comités Municipales soliciten el método extraordinario y que estos representen a más del 50% de la militancia de la entidad. Esta elección estará a cargo de la Comisión Estatal de Procesos Electorales.

Al efecto, se establecen de forma pormenorizada los pasos a seguir, los órganos involucrados y los elementos a considerar en cada acto. En los términos siguientes:

o       Paso 1: Convocatoria a sesión de la Comisión Permanente Estatal (vigencia)

La Presidencia del Comité Directivo Estatal debe convocar a sesión de la Comisión Permanente Estatal.

o       Paso 2: Sesión de la Comisión Permanente Estatal (vigencia)

En sesión de la Comisión Permanente Estatal se presenta dictamen respecto a la vigencia del actual Comité Directivo Estatal. En él se indica la fecha de la elección anterior, así como de la ratificación e instalación correspondiente. Asimismo, se acuerda notificar a la Comisión Permanente Nacional del vencimiento de la vigencia del Comité Directivo Estatal.

o       Paso 3: Notificación a los Comités Directivos Municipales (inicio de proceso de elección a efecto de, en su caso, pronunciarse)

Se deber notificar a los Comités Directivos Municipales, a través del Comité Directivo Estatal, que el proceso de elección ya inició, a efecto de que se pronuncien sobre si solicitan el método extraordinario, para lo cual tendrán 30 días. Si no se pronuncian por el método extraordinario se configura el método ordinario.

o       Elementos para considerar en los pasos 1, 2 y 3

1.     El acta señalará el quorum de la sesión de conformidad con la lista de asistencia, el sentido de la votación (a favor, en contra, abstenciones y, en su caso, en contra), así como si fue aprobado por mayoría o de forma unánime.

2.     Se tiene que incluir el dictamen correspondiente.

3.     En la misma sesión, se dará cuenta de las estructuras municipales que serán notificadas del inicio del proceso de elección del Comité Directivo Estatal.

4.     Participarán en esta consulta todos los Comités Directivos Municipales de la entidad.

5.     En el caso de las delegaciones municipales, serán las que cuenten con aprobación por parte de la Comisión Permanente Estatal y que hayan sido del conocimiento de la Secretaria Nacional de Fortalecimiento Interno[69].

6.     Se comunicará, de manera individual, vía correo electrónico o personal, a cada una de las y los presidentes de las estructuras municipales que indique el acta de la Comisión Permanente Estatal, solicitando que el mismo sea publicado en los estrados físicos del Comité Directivo Municipal. Se les indicará la fecha en que vencen los 30 días para llevar a cabo la sesión en la que se manifestarán respecto al método de elección del Comité Directivo Estatal.

7.     Para tener evidencias de la declaración del inicio del proceso de elección, deberá levantarse cédula de publicación del acuerdo de la Comisión Permanente Estatal, así como del retiro correspondiente.

o       Paso 4: Notificación a la Comisión Permanente Nacional (sobre el inicio del proceso)

La Presidencia o Secretaría General del Comité Directivo Estatal debe notificar a la Comisión Permanente Nacional y a la Secretaría General del CEN el acuerdo de la Comisión Permanente Nacional respecto al inicio del proceso de renovación, en el cual se deben incluir: i) Oficio de notificación, ii) Convocatoria a la sesión de la Comisión Permanente Estatal, iii) Lista de asistencia, iv) Acta de la sesión, y v) Lista de las estructuras municipales con derecho a celebrar sesión para proponer método de votación por Consejo Estatal.

o       Elementos para considerar en el paso 4

La documentación se remitirá en formato PDF a la Secretaría General del CEN, con copia a la Secretaría Nacional de Fortalecimiento Interno, asimismo, se remitirá por paquetería copia certificada de los mismos.

o       Paso 5: Convocatoria a sesión de los Comités Directivos Municipales (selección del método)

La Presidencia del Comité Directivo Municipal convocará a los integrantes del órgano a sesión extraordinaria. La convocatoria se publicará en los estrados físicos del Comité Directivo Municipal y se comunicará de manera fehaciente, considerando las condiciones del lugar, a cada uno de los integrantes del Comité.

o       Elementos para considerar en el paso 5

Participarán en esta consulta todos los Comités Directivos Municipales de la entidad. En el caso de las Delegaciones Municipales, serán las que cuenten con aprobación por parte de la Comisión Permanente Estatal y que hayan sido del conocimiento de la Secretaría Nacional de Fortalecimiento Interno.

o       Paso 6: Sesión de los Comités Directivos Municipales (selección del método)

La sesión deberá contar con el quorum reglamentario, de conformidad con el artículo 105 del Reglamento de órganos (presencia de cuando menos más de la mitad de sus integrantes)[70] y en ella se desarrollarán, los siguientes puntos:

1        Se dará cuenta del acuerdo de la Comisión Permanente Estatal respecto al próximo vencimiento del Comité Directivo Estatal y de lo señalado en el artículo 73, numeral 2, inciso d), de los Estatutos (que dispone que podrán solicitar el método de elección extraordinario en los 30 días siguientes a la notificación de la vigencia)[71].

2        Se someterá a aprobación el acuerdo mediante el cual el Comité Directivo Municipal se pronuncia a favor de que la próxima elección del Comité Directivo Estatal se lleve a cabo mediante la votación del Consejo Estatal.

3        Se abrirá una ronda de oradores en contra del acuerdo y en seguida de quienes están a favor. Una vez discutido el punto se someterá a votación.

4        El acuerdo deberá ser aprobado cuando menos por 2/3 partes a favor, de los integrantes presentes.

o       Elementos para considerar en el paso 6.

El acta deberá incluir:

1.     El quorum de la sesión de conformidad con la lista de asistencia.

2.     Los oradores a favor y en contra de la propuesta y una breve descripción de los posicionamientos.

3.     El sentido de la votación (a favor, en contra, abstenciones y, en su caso, en contra), así como si fue aprobado por mayoría o de forma unánime de quienes asistieron a la sesión.

o       Paso 7: Remisión de documentos a la Secretaría General del Comité Directivo Estatal (sobre pronunciamientos respecto del método de elección)

Celebrada la sesión del órgano directivo municipal, la Presidencia o Secretaría General del Comité Directivo Municipal deberá remitir a la Secretaría General del Comité Directivo Estatal, en original o copia certificada, la siguiente documentación:

1.     Convocatoria a la sesión del Comité Directivo Municipal.

2.     Cédula de publicación de la convocatoria

3.     Lista de asistencia.

4.     Acta de la sesión.

5.     Evidencias fotográficas y/o audiovisuales de la sesión del Comité Directivo Municipal.

o       Elementos para considerar en el paso 7

El Comité Directivo Estatal deberá entregar el acuse de recibo correspondiente a la Secretaría General del Comité Directivo Municipal.

o       Paso 8: Sesión del Comité Directivo Estatal (informe sobre pronunciamientos respecto al método de elección)

Cumplidos los 30 días para que los Comités Directivos Municipales lleven a cabo la sesión atinente, la Presidencia de la Comisión Permanente Estatal convocará a sesión en la cual:

1.     Se dará cuenta de los Comités Directivos Municipales que llevaron a cabo su sesión a fin de manifestarse respecto al método de elección del Comité Directivo Estatal.

2.     Se informará cuáles Comités Directivos Municipales se pronunciaron en favor, con votación de dos terceras partes de los asistentes, de que la próxima elección del Comité Directivo Estatal se realice mediante elección del Consejo Estatal; cuáles en contra y aquellos que no se pronunciaron.

3.     En función de los acuerdos de los Comités Directivos Municipales, se dará cuenta si la próxima elección del Comité Directivo Estatal será por el método ordinario de elección de los militantes o se configuran los supuestos para que sea por el método extraordinario a través de votación del Consejo Estatal.

4.     Se acordará informar lo correspondiente a la Comisión Permanente Nacional.

o       Elementos para considerar en el paso 8

Al efecto, se remitirán al CEN los siguientes documentos:

1.     Oficio de notificación

2.     Convocatoria a la sesión de la Comisión Permanente Estatal

3.     Lista de asistencia

4.     Acta de la sesión

En caso de que las dos terceras partes de los Comités Directivos Municipales se pronuncien por el método extraordinario a través del Consejo Estatal y que representen a más del 50% de la militancia, se deberá remitir a la Comisión Permanente Nacional copia certificada de la siguiente documentación soporte de todas las sesiones de los Comités Directivos Municipales:

1.     Convocatoria a la sesión del Comité Directivo Municipal.

2.     Cédula de publicación de la convocatoria.  

3.     Lista de asistencia.

4.     Acta de la sesión.

5.     Evidencias fotográficas y/o audiovisuales de la sesión del Comité Directivo Municipal.

La documentación se remitirá en formato PDF a la Secretaría General del CEN, con copia a la Secretaría Nacional de Fortalecimiento Interno, asimismo, se remitirá por paquetería una copia certificada de los documentos señalados.

o       Paso 9: Sesión de la Comisión Permanente Nacional (autorización de método y convocatoria)

En sesión, la Comisión Permanente Nacional, en su caso, autoriza la convocatoria para la sesión del Consejo Estatal en que se elegirán a los integrantes del Comité Directivo Estatal.

o       Elementos para considerar en el paso 9

La Coordinación General Jurídica del CEN y la Secretaría Nacional de Fortalecimiento Interno, revisarán el contenido de toda la documentación remitida por el Comité Directivo Estatal y, de manera particular, cada acta de Comité Directivo (o Delegación) Municipal para verificar el cumplimiento de los requisitos estatutarios:

1.     Que se pronunciaron al menos dos terceras partes de las estructuras municipales (Comité Directivo Municipal o Delegación Municipal) por el método de elección a través del Consejo Estatal.

2.     Que las sesiones contaron con el quorum reglamentario y las votaciones en favor de este método fueron por al menos dos terceras partes de los asistentes.

3.     Participaron en las sesiones los integrantes de cada Comité Directivo Municipal, electos en asamblea o los designados por la Comisión Permanente estatal en el supuesto de las delegaciones y, en su caso, que la modificación de integrantes de las estructuras cuenta con la documentación soporte correspondiente.

4.     Para verificar el cumplimiento de que las dos terceras partes de las estructuras municipales representan a más del 50% de la militancia, se solicitará al Registro Nacional de Militantes el corte del número de militantes por municipio, con fecha de corte al día de la sesión de la Comisión Permanente Estatal en la que se acordó informar del próximo vencimiento de la vigencia del Comité Directivo Estatal.

7.1.6.1.3.   Principio de legalidad

Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución General se advierte que, conforme al principio de legalidad, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino por mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento[72].

Al respecto, Sala Superior ha sustentado que el incumplimiento al deber de fundar y motivar se puede actualizar por falta de fundamentación y motivación, o bien, derivado de la incorrecta o indebida fundamentación y motivación.

La falta de fundamentación y motivación consiste en la omisión en que incurre la autoridad responsable de citar el o los preceptos que considere aplicables, así como de expresar razonamientos lógicos-jurídicos a fin de hacer evidente la aplicación de esas normas jurídicas.

En cambio, la indebida fundamentación de un acto o resolución existe cuando la autoridad responsable invoca algún precepto legal; sin embargo, no es aplicable al caso concreto porque las características particulares no actualizan su adecuación a la prescripción normativa.

A su vez, hay indebida motivación cuando la autoridad responsable sí expresa las razones que tuvo en consideración para tomar determinada decisión, pero difieren del contenido de la norma jurídica aplicable al caso.

Así, es válido concluir que la falta de fundamentación y motivación implica la ausencia de tales requisitos, mientras que una indebida fundamentación y motivación supone la existencia de esos requisitos, pero con una divergencia entre las normas invocadas y los razonamientos formulados por la autoridad responsable, respecto del caso concreto[73].

7.1.6.1.4.   Principio de exhaustividad

El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General, entre otras cuestiones, da origen al principio de exhaustividad de las resoluciones, el cual consiste en la obligación de las autoridades de emitir determinaciones de forma completa[74].

En particular, esta Sala ha sostenido que el principio de exhaustividad impone el deber de examinar de manera integral todas y cada una de las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin limitarse al estudio exclusivo y, por lo tanto, parcial de alguna de ellas, pues el objetivo de este principio es que los órganos resolutivos agoten la materia de la controversia.

Por ello, cumplir con la exhaustividad implica dotar a las resoluciones de la mayor calidad analítica, argumentativa y discursiva posible y, para ello, es indispensable que no sólo se identifiquen y examinen todos los tópicos que forman parte de una discusión, sino que, además, dichas acciones se realicen con profundidad y en forma diligente, de manera tal que se expongan, sin ninguna reserva, las razones que sirvieron para adoptar una interpretación, efectuar una valoración probatoria, acoger o rechazar un argumento, o tomar una decisión final y concluyente[75].

7.1.6.1.5.   Cosa juzgada directa y refleja

Sala Superior ha definido a la figura de cosa juzgada como una institución que dota a las partes de seguridad y certeza jurídica, en la medida que lo resuelto constituye una verdad jurídica que –de modo ordinario– adquiere la característica de inmutabilidad[76].

Esta figura encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de las personas en el goce de sus libertades y derechos.

Su finalidad es otorgar certeza a través de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada para impedir que se prolonguen las controversias si se mantienen abiertas las posibilidades de impugnar de forma indefinida las resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional.

Por su parte, la Suprema Corte ha establecido que para que se actualice la cosa juzgada es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum)[77].

En otras palabras, ha precisado que es necesario que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas[78].

En el mismo sentido, Sala Superior ha sostenido que la cosa juzgada (directa) opera cuando los sujetos, objeto (que ha interpretado como identidad en el acto combatido[79]) y causa, resultan idénticos en las dos controversias de que se trate.

En adición a ello, en la jurisprudencia 12/2003[80], determinó que la cosa juzgada puede surtir efectos a través de la eficacia refleja, para lo cual deben concurrir los siguientes elementos: a) la existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) la existencia de otro proceso en trámite; c) que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico; y, g) que para la solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.

Por otro lado, es importante precisar que, si bien en la legislación procesal electoral federal no existe una causal expresa de improcedencia relacionada con la cosa juzgada (como sí ocurre en materia de amparo), esta Sala Regional[81], a partir de las demás normas relacionadas con los requisitos de procedencia del medio de impugnación y los supuestos de improcedencia, en relación con el sustento constitucional con que la Suprema Corte ha reconocido que cuenta la institución de cosa juzgada[82], ha analizado si la actualización de esta figura jurídica para definir la procedencia o no del juicio o recurso sometido a su decisión judicial.

Por su parte, Sala Superior ha sostenido que la eficacia refleja de la cosa juzgada no versa sobre una cuestión que destruya la acción sin posibilidad de abordar el estudio de fondo de la controversia planteada, en cambio, se trata de una determinación sobre la materia litigiosa objeto del juicio, por lo que su estudio debe realizarse en la sentencia definitiva[83].

Lo que coincide con el criterio sustentado por la Suprema Corte en cuanto a que cosa juzgada refleja no actualiza la improcedencia del juicio[84].

7.1.6.2.                     El Tribunal local incorrectamente ordenó reponer el procedimiento relativo a la selección del método de elección del Comité Directivo Estatal por la supuesta valoración indebida de las actas en una cadena impugnativa en la que se combatió el Dictamen local, el cual no era un acto definitivo (TESLP/JDC/126/2024 y su acumulado TESLP/JDC/127/2024).

Verónica Rodríguez Hernández (Presidenta electa del Comité Directivo Estatal) y quien combate la sentencia TESLP/JDC/126/2024 y su acumulado TESLP/JDC/127/2024 que ordenó la reposición del procedimiento del método de elección, sostiene que las demandas debieron desecharse porque se impugnó un acto que no era definitivo y firme.

Argumenta que el Dictamen local no era controvertible porque debía remitirse al CEN para que lo analizara y determinara si el método sería el extraordinario. Lo que sucedió con las Providencias 335, acto que era el que debió de impugnarse.

Al efecto, explica en su demanda[85] que la Comisión Permanente Estatal únicamente funge como ente de apoyo a la Comisión Permanente Nacional, a quien le corresponde emitir la convocatoria, acto que es el definitivo de todo el proceso de selección del método para renovar al Comité Directivo Estatal, a través de las providencias que, precisamente, autoricen el método y convoquen a la elección.

Atendiendo a la causa de pedir, esta Sala Regional considera fundados los motivos de perjuicio que hace valer la promovente y suficientes para revocar la resolución que controvierte porque, ciertamente, el Dictamen local que originó esta cadena impugnativa no era un acto definitivo y su aprobación no causó afectación a la esfera jurídica de las personas inconformes (partidistas y locales), por lo que fue incorrecto que el Tribunal local repusiera el procedimiento a partir de una supuesta deficiente valoración de las actas realizada en ese documento, cuando el pronunciamiento definitivo al respecto correspondió a una diversa autoridad partidista nacional.

Ya se indicó que los integrantes del Comité Directivo Estatal se renuevan cada tres años; que la forma ordinaria de elegirlos es a través de la votación de la militancia (método ordinario) y que, de forma extraordinaria, se puede elegir a sus miembros mediante votación del Consejo Estatal (método extraordinario) (artículos 73, numeral 2, incisos c) y d), 75, numeral 2, de los Estatutos).

Para que se actualice el método extraordinario, es necesario que, al menos, dos terceras partes de los Comités Directivos Municipales lo soliciten y que los Comités solicitantes representen más de la mitad de la militancia estatal, para lo cual la Comisión Permanente Estatal informará a la Comisión Permanente Nacional a fin de que autorice la convocatoria al Consejo Estatal para la elección del Comité Directivo Estatal por el método extraordinario, la cual señalará la fecha de sesión en un periodo no mayor a 30 días. Es importante señalar que sólo se validará el pronunciamiento que cuente con aprobación de, al menos, dos terceras partes de las personas asistentes al Comité Directivo Municipal respectivo (artículo 73, numeral 2, inciso f), fracciones I y II, de los Estatutos).

Al respecto, los Lineamientos para elegir al Comité Directivo Estatal establecen que, una vez celebrada la sesión del órgano directivo municipal en la que se hubiera pronunciado sobre el método para renovar la dirigencia estatal, la Presidencia o Secretaría General del Comité Directivo Municipal deberá remitir a la Secretaría General del Comité Directivo Estatal, en original o copia certificada: 1. Convocatoria a la sesión del Comité Directivo Municipal; 2. Cédula de publicación de la convocatoria; 3. Lista de asistencia; 4. Acta de la sesión; 5. Evidencias fotográficas y/o audiovisuales de la sesión del Comité Directivo Municipal (ver el paso identificado previamente como 7).

Asimismo, disponen que cumplidos los 30 días para que los Comités Directivos Municipales lleven a cabo la sesión atinente, la Presidencia de la Comisión Permanente Estatal convocará a sesión en la cual: 1. Se dará cuenta de los Comités Directivos Municipales que llevaron a cabo su sesión a fin de manifestarse respecto al método de elección del Comité Directivo Estatal; 2. Se informará cuáles Comités Directivos Municipales se pronunciaron en favor, con votación de dos terceras partes de los asistentes, de que la próxima elección del Comité Directivo Estatal se realice mediante elección del Consejo Estatal; cuáles en contra y aquellos que no se pronunciaron; 3. En función de los acuerdos de los Comités Directivos Municipales, se dará cuenta si la próxima elección del Comité Directivo Estatal será por el método ordinario de elección de los militantes o se configuran los supuestos para que sea por el método extraordinario a través de votación del Consejo Estatal; y 4. Se acordará informar lo correspondiente a la Comisión Permanente Nacional (paso identificado anteriormente como 8).

A su vez, se indica que, en caso de que las dos terceras partes de los Comités Directivos Municipales se pronuncien por el método extraordinario a través del Consejo Estatal y que representen a más del 50% de la militancia, se deberá remitir a la Comisión Permanente Nacional copia certificada de la siguiente documentación soporte de todas las sesiones de los Comités Directivos Municipales: 1. Convocatoria a la sesión del Comité Directivo Municipal; 2. Cédula de publicación de la convocatoria; 3. Lista de asistencia; 4. Acta de la sesión; 5. Evidencias fotográficas y/o audiovisuales de la sesión del Comité Directivo Municipal[86] (ver los elementos a considerar en el paso 8).

Enseguida, los mencionados Lineamientos para elegir al Comité Directivo Estatal estipulan que sesionará la Comisión Permanente Nacional, en su caso, para autorizar la convocatoria para la sesión del Consejo Estatal en que se elegirán a los integrantes del Comité Directivo Estatal.

Para ello, la Coordinación General Jurídica del CEN y la Secretaría Nacional de Fortalecimiento Interno, revisarán el contenido de toda la documentación remitida por el Comité Directivo Estatal y, de manera particular, cada acta de Comité Directivo Municipal para verificar el cumplimiento de los requisitos estatutarios. Concretamente:

1.     Que se pronunciaron al menos dos terceras partes de las estructuras municipales (Comité Directivo Municipal o Delegación Municipal) por el método de elección a través del Consejo Estatal.

2.     Que las sesiones contaron con el quorum reglamentario y las votaciones en favor de este método fueron por al menos dos terceras partes de los asistentes.

3.     Participaron en las sesiones los integrantes de cada Comité Directivo Municipal, electos en asamblea o los designados por la Comisión Permanente estatal en el supuesto de las delegaciones y, en su caso, que la modificación de integrantes de las estructuras cuenta con la documentación soporte correspondiente.

4.     Para verificar el cumplimiento de que las dos terceras partes de las estructuras municipales representan a más del 50% de la militancia, se solicitará al Registro Nacional de Militantes el corte del número de militantes por municipio, con fecha de corte al día de la sesión de la Comisión Permanente Estatal en la que se acordó informar del próximo vencimiento de la vigencia del Comité Directivo Estatal.

En el caso, como ha quedado pormenorizado, el treinta de octubre se celebró sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Estatal (Acta 03/2024) en la que se discutió el Dictamen local que presentó el Secretario General del Comité Directivo Estatal y de la Comisión Permanente Estatal, relativo al método de elección del citado Comité Directivo Estatal.

Entre otras cuestiones, en el Dictamen local se indicó que, al momento de su dictado, se había recibido el pronunciamiento de 38 de las 41 estructuras municipales; los cuales se remitieron entre el doce y veintinueve de octubre.

Asimismo, se analizó la documentación presentada por las estructuras municipales y determinó cuál era el pronunciamiento que, a su consideración, prevalecía en los 8 casos en que existió doble manifestación al respecto (1. San Antonio, 2. Mexquitic de Carmona, 3. Tampacán, 4. Matlapa; 5. Zaragoza; 6. Tanquián de Escobedo; 7. Tamazunchale y 8. Rioverde).

A partir de ello, se concluyó que, para entonces, 31 de 41 estructuras municipales, por unanimidad o por una mayoría igual o superior a las dos terceras partes, ya se habían pronunciado a favor de que la elección fuera a través de la votación del Consejo Estatal del PAN (1. Alaquines, 2. Axtla de Terrazas, 3. Cárdenas, 4. Catorce, 5. Cerritos, 6. Charcas, 7. Ciudad del Maíz, 8. Ciudad Fernández, 9. Ciudad Valles, 10. El Naranjo, 11. Matlapa, 12. Mexquitic de Carmona, 13. Moctezuma, 14. Rayón, 15. Rioverde, 16. Salinas, 17. San Antonio, 18. San Ciro, 19. San Martín, 20. Santa María, 21. Tamazunchale, 22. Tampacán, 23. Tanquián de Escobedo, 24. Tierra nueva, 25. Vanegas, 26. Venado, 27. Villa de Arista, 28. Villa de Arriaga, 29. Villa de Reyes, 30. Xilitla, 31. Zaragoza).

Además, se indicó que la militancia de esos 31 municipios ascendía a 4,457, lo que representaba el 60% del padrón en ese Estado (total que ascendía a 7,437 militantes).

En ese contexto, en el Dictamen local se señaló que, si bien al momento de emitirse no había fenecido el plazo de 30 días para que las estructuras municipales se pronunciaran, dado que ya existía la manifestación de más de las dos terceras partes de los órganos en favor del método extraordinario y éstos concentraban más de la mitad de la militancia local, se consideraron cumplidos los extremos para continuar con el procedimiento al no surtirse alguna violación a éste, pues en caso de existir pronunciamientos posteriores la situación jurídica no tendría ningún cambio, porque se seguirían superando los extremos requeridos tal método. No obstante, en caso de existir pronunciamientos posteriores, se previó que deberían anexarse al propio dictamen y hacerse del conocimiento de la Comisión Permanente Nacional.

El Dictamen local se sometió a discusión, durante la cual, entre otras cuestiones, María Lucero Jasso Rocha mencionó que, en su calidad de Presidenta del Comité Directivo Estatal de Ciudad Fernández, desconocía la sesión mencionada en el dictamen sometido a votación (conforme con la cual se aprobó el método extraordinario). Ante lo cual, la integrante Brissa Margarita Flores Vázquez señaló que era un hecho notorio que María Lucero Jasso Rocha había sido candidata a la alcaldía de ese municipio y que pidió licencia, por lo que, al no obrar un oficio de reincorporación, tal licencia continuaba vigente. Lo que confirmó el Secretario General de la Comisión Permanente Estatal.

Agotada la discusión, por mayoría de votos[87], se aprobó informar a la Comisión Permanente Nacional que más de dos terceras partes de las estructuras municipales necesarias, las cuales representan más de la mitad de la militancia exigida, aprobaron solicitar el método extraordinario para renovar el Comité Directivo Estatal para el periodo 2024-2027, por lo que se pidió que expidiera la convocatoria respectiva (Acuerdo 78/03/2024).

El Dictamen local, así como la sesión treinta de octubre en que se emitió, se impugnaron por 5 integrantes de la propia Comisión Permanente Estatal que participaron en la sesión (1. María Lucero Jasso Rocha, 2. Adrián Sánchez Ramiro, 3. María Aranzazú Puente Bustindui, 4. Héctor Mendizábal Pérez y 5. Lidia Argüello Acosta).

En esencia, se quejaron de la indebida valoración de las actas y consideraron que, de haberse analizado correctamente, se hubiera concluido que no se cumplieron los requisitos para determinar el método extraordinario para renovar el Comité Directivo Estatal, por lo que debería observarse el método ordinario.

Con su demanda se formó el juicio de inconformidad CJ/JIN/142/2024, el cual resolvió la Comisión de Justicia en el sentido de confirmar los actos impugnados.

Las mismas personas combatieron la mencionada resolución partidista a través de dos juicios locales que se acumularon (TESLP/JDC/126/2024 y TESLP/JDC/127/2024). Al resolver, el Tribunal local revocó la decisión emitida en el juicio de inconformidad CJ/JIN/142/2024 al estimar que se realizó una indebida valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento para aprobar el método extraordinario a fin de renovar la dirigencia estatal; es decir, a partir de una indebida valoración hecha en el Dictamen local.

En concreto, por un lado, estimó fundado el agravio relativo a que existió una deficiente valoración de las actas de los Comités Directivos Municipales en los que existió doble pronunciamiento (1. San Antonio, 2. Mexquitic, 3. Tampacán, 4. Matlapa; 5. Zaragoza; 6. Tanquián de Escobedo; 7. Tamazunchale y 8. Rioverde) pues, razonó, el valor de las documentales no depende de los atributos de la persona que las entrega, por lo que si existían dobles pronunciamientos se debió requerir a las estructuras municipales que aclararan cuál era el acta válida; aunado a que los precedentes y tesis citados –para apoyar la prevalencia de la segunda acta de sesión– se referían a un diverso supuesto que no era aplicable al caso.

Por otro, calificó como fundado el agravio hecho valer por María Lucero Jasso Rocha en cuanto a que indebidamente se sostuvo que se encontraba gozando licencia de su cargo como Presidenta del Comité Directivo Municipal de Ciudad Fernández. Esto, bajo el argumento de que, si bien de conformidad con el artículo 52 del Reglamento de selección de candidaturas, las personas que ostenten las Presidencias de los Comités Directivos Municipales deben separarse del cargo o renunciar a fin de participar como candidatas a una elección local, ello es sólo una norma declarativa que, si no se cumple, puede dar lugar a una responsabilidad, sin embargo, la sola disposición no produce en automático una licencia. De modo que la sola manifestación genérica de que la ciudadana debió pedir licencia es insuficiente, pues no se acreditó su ausencia en el cargo.

A partir de ello, en plenitud de jurisdicción, ordenó reponer el procedimiento para decidir el método de elección del Comité Directivo Estatal y, dado que al momento en que el Tribunal local resolvió el asunto ya se había realizado la elección por el método extraordinario para renovar el Comité Directivo Estatal, dejó sin efectos los nombramientos de las autoridades que hubieran ascendido a los cargos con motivo de la elección (entre ellas, el de la Presidenta Electa Verónica Rodríguez Hernández), y redimió(sic) los nombramientos de quienes ejercían el cargo antes de llevar a cabo la elección (igualmente de Verónica Rodríguez Hernández, pues contendió en reelección).

Lo fundado del agravio que hace valer en esta instancia la actora Verónica Rodríguez Hernández radica en que el Tribunal local debió advertir que el Dictamen local impugnado inicialmente no era un acto definitivo y su aprobación no causó afectación a la esfera jurídica de las personas inconformes locales, por lo que no era posible que, a partir de considerar que en él existió una indebida valoración de las actas, se hubiera repuesto el procedimiento sobre el método de elección del Comité Directivo Estatal.

Como ha quedado evidenciado, aun cuando la Comisión Permanente Estatal recibe en un primer momento los pronunciamientos de las estructuras municipales respecto del método de elección que aprobaron y hace una revisión inicial de tales manifestaciones para determinar si se actualizan los supuestos para solicitar el método extraordinario de la elección, debe entenderse que, conforme con la normativa aplicable que se ha descrito, se trata de una revisión preliminar, pues debe informar a la Comisión Permanente Nacional si considera que cumplen los parámetros para la aprobación del citado método extraordinario a fin de que sea este órgano partidista quien, previa revisión del cumplimiento de los requisitos atinentes, determine si autoriza o no la emisión de la convocatoria para una elección bajo esa modalidad.

Lo anterior queda más claro cuando los Lineamientos para elegir al Comité Directivo Estatal señalan que se deberá remitir a la Comisión Permanente Nacional copia certificada de la documentación soporte de todas las sesiones de los Comités Directivos Municipales y que la Coordinación General Jurídica del CEN y la Secretaría Nacional de Fortalecimiento Interno, revisarán el contenido de toda la documentación enviada por el respectivo Comité Directivo Estatal y, de manera particular, cada acta de los Comités Directivos (y Delegaciones) Municipales para verificar el cumplimiento de los requisitos estatutarios.