JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SM-JDC-29/2024

PARTE ACTORA: LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: SERGIO CARLOS ROBLES GUTIÉRREZ Y NANCY ELIZABETH RODRÍGUEZ FLORES

COLABORÓ: MARA ITZEL MARCELINO DOMÍNGUEZ

Monterrey, Nuevo León, 9 de febrero de 2024.

Sentencia de la Sala Monterrey que confirma la resolución del Tribunal de Tamaulipas que: i) desechó el medio de impugnación promovido por la actora, al considerar que controvirtió actos relativos a la organización interna del Congreso Local, que se encuentran inmersos en el ámbito del derecho parlamentario y, por tanto, no son tutelables por la materia electoral y ii) determinó que no se acreditó la VPG, porque los hechos denunciados no tienen relación con la supuesta vulneración a su derecho político-electoral de ser votada bajo la perspectiva del ejercicio del cargo.

Lo anterior, porque este órgano jurisdiccional considera que: i) efectivamente, en una primera aproximación, el Tribunal Local tenía competencia formal para revisar el asunto, al plantearse la posible afectación al ejercicio del cargo, aunado a que fue correcto que determinara que carecía de competencia material para resolver el fondo, ya que los actos controvertidos, consistentes en: a) la propuesta de integración de la Diputación permanente, b) la representación de los partidos en dicho órgano, c) las iniciativas que fueron tramitadas como de urgente y obvia resolución, d) que la sesión de 8 de agosto de 2023 supuestamente se llevó sin el quórum legal, e) la incorrecta aplicación de un artículo de la Ley interna del Congreso, relacionado con la votación en las sesiones y f) la indebida emisión de versiones estenográficas, síntesis y redacción de las actas de las sesiones, se refieren a actos de organización interna del Congreso de Tamaulipas que no involucran una posible afectación al núcleo esencial del derecho de participación política como parte del derecho a ser votada de la parte actora, lo cual, conforme a la doctrina judicial actual, incluso en la visión más amplia, escapa a la tutela en el ámbito electoral; además, con relación a la VPG, ii) la impugnante no controvierte frontalmente la determinación de la responsable en cuanto a que los hechos denunciados no tienen relación con la supuesta vulneración a su derecho político-electoral de ser votada bajo la perspectiva del ejercicio del cargo.

Glosario

Competencia y procedencia

1. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para conocer de este juicio, porque se controvierte una determinación del Tribunal Local, en la que resolvió el medio de impugnación, que se relaciona con la supuesta violación derechos políticos de una diputada, concretamente de Tamaulipas, entidad federativa que se ubica dentro de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, en la cual este órgano colegiado ejerce jurisdicción[1].

2. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos expuestos en el acuerdo de admisión[2].

Antecedentes[3]

I. Hechos contextuales que dieron origen a la controversia

1. El 30 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la sesión solemne de toma de protesta de los integrantes de la 65 legislatura del Congreso de Tamaulipas.

2. El 30 de junio de 2023, la diputada local, Leticia Sánchez, fue electa integrante propietaria en representación del grupo parlamentario del PAN, en la Diputación permanente.

3. El 8 de agosto, la Diputación permanente llevó a cabo una sesión, en la que, entre otras cuestiones, aprobó: i) emitir un apercibimiento público a diversas diputaciones locales (entre ellas, la parte actora) y ii) promover un juicio político en contra de distintas diputaciones federales.

4. Inconforme, el 14 de agosto de 2023, Leticia Sánchez presentó medio de impugnación ante el Tribunal Local, en el que, sustancialmente, planteó que:

i) la propuesta de integración de la Diputación permanente fue indebidamente realizada por la diputada Linda Mireya González Zúñiga, quien no formaba parte de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local;

ii) la convocatoria emitida por la Diputación permanente para la sesión pública extraordinaria no observó el respeto a los principios de representación política del grupo parlamentario;

iii) las iniciativas fueron indebidamente tramitadas como de urgente y obvia resolución, por lo que no se atendió al proceso parlamentario previsto en la Ley interna del Congreso;

iv) la sesión celebrada el 8 de agosto de 2023 se realizó sin encontrarse presente el quórum mínimo legal, porque ante el retiro de la actora, la Diputación permanente se encontraba impedida para reanudar sus actividades;

v) la indebida contabilización de su voto como voto a favor de la decisión mayoritaria, por la indebida aplicación del artículo 115, numeral 4, de la Ley interna del Congreso[4], por resultar inconstitucional;

vi) las versiones estenográficas y síntesis de las sesiones se emitieron y redactaron de forma ilegal, porque se incluyeron aspectos ajenos a los señalamientos realizados por los diputados en la sesión; y,

vii) presuntas agresiones cometidas por parte del Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la Diputación permanente[5].

5. El 19 de diciembre, el Tribunal de Tamaulipas se pronunció en los términos que se precisan al inicio del apartado siguiente, lo cual constituye la determinación impugnada en el presente juicio[6].

6. El 12 de enero siguiente, la actora promovió juicio ciudadano ante el Tribunal de Tamaulipas, dirigido a esta Sala Regional.

7. El 16 de enero, esta Sala Monterrey recibió el medio de impugnación. La magistrada presidenta ordenó integrar el expediente SM-JDC-29/2024 y, por turno, lo remitió a la ponencia del magistrado Ernesto Camacho Ochoa. En su oportunidad, el magistrado instructor lo radicó, admitió y, al no existir trámites pendientes por realizar, cerró instrucción.

Estudio del asunto

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. En la sentencia impugnada[7], el Tribunal de Tamaulipas: i) desechó el medio de impugnación promovido por la actora, al considerar que controvirtió actos relativos a la organización interna del Congreso Local, que se encuentran inmersos en el ámbito del derecho parlamentario y, por tanto, no son tutelables por la materia electoral y ii) determinó que los hechos denunciados como VPG no tienen relación con la supuesta vulneración a su derecho político-electoral de ser votada bajo la perspectiva del ejercicio del cargo.

2. Pretensión y planteamientos[8]. La actora pretende que esta Sala Monterrey revoque la sentencia del Tribunal Local, a fin de que analice el fondo de la controversia, para lo cual alega que:

i) La autoridad responsable hizo un indebido estudio de su competencia para el análisis constitucional de los actos parlamentarios controvertidos, porque debió tomar en cuenta la vulneración de su derecho a ser votada y la obstrucción del ejercicio de su cargo.

ii) El Tribunal de Tamaulipas no consideró las particularidades de los hechos denunciados como VPG y omitió analizar conforme a la metodología delineada en la doctrina judicial de este Tribunal Electoral.

iii) El Tribunal Local omitió dar vista al Instituto Local para la investigación correspondiente de los hechos denunciados como VPG, para garantizar su derecho a un recurso judicial efectivo.

3. Cuestiones a resolver. Determinar si, a partir de lo considerado por la responsable y los planteamientos de la diputación impugnante: ¿el Tribunal Local efectivamente carecía de competencia material para conocer y resolver el presente asunto?, y ¿La actora controvierte las razones de la responsable respecto a que los hechos denunciados como VPG no tienen relación con la supuesta vulneración a su derecho político-electoral de ser votada bajo la perspectiva del ejercicio del cargo?

Apartado I. Decisión general

Esta Sala Monterrey considera que debe confirmarse la sentencia del Tribunal de Tamaulipas que: i) desechó el medio de impugnación promovido por la actora, al determinar que controvirtió actos relativos a la organización interna del Congreso Local, que se encuentran inmersos en el ámbito del derecho parlamentario y, por tanto, no son tutelables por la materia electoral y ii) determinó que no se acreditó la VPG, porque los hechos denunciados no tienen relación con la supuesta vulneración a su derecho político-electoral de ser votada bajo la perspectiva del ejercicio del cargo.

Lo anterior, porque este órgano jurisdiccional considera que: i) efectivamente, en una primera aproximación, el Tribunal Local tenía competencia formal para revisar el asunto, al plantearse la posible afectación al ejercicio del cargo, aunado a que fue correcto que determinara que carecía de competencia material para resolver el fondo, ya que los actos controvertidos, consistentes en: a) la propuesta de integración de la Diputación permanente, b) la representación de los partidos en dicho órgano, c) las iniciativas que fueron tramitadas como de urgente y obvia resolución, d) que la sesión de 8 de agosto de 2023 supuestamente se llevó sin el quórum legal, e) la incorrecta aplicación de un artículo de la Ley interna del Congreso, relacionado con la votación en las sesiones y f) la indebida emisión de versiones estenográficas, síntesis y redacción de las actas de las sesiones, se refieren a actos de organización interna del Congreso de Tamaulipas que no involucran una posible afectación al núcleo esencial del derecho de participación política como parte del derecho a ser votada de la parte actora, lo cual, conforme a la doctrina judicial actual, incluso en la visión más amplia, escapa a la tutela en el ámbito electoral; además, con relación a la VPG, ii) la impugnante no controvierte frontalmente la determinación de la responsable en cuanto a que los hechos denunciados no tienen relación con la supuesta vulneración a su derecho político-electoral de ser votada bajo la perspectiva del ejercicio del cargo.

Apartado II. Desarrollo y justificación de la decisión

Tema 1. Competencia para revisar actos parlamentarios

1.1. Marco jurídico o normativo para la revisión de actos parlamentarios cuando se afecta el derecho a ejercer el cargo en el ámbito de la participación política (competencia formal)

En febrero de 2022, la Sala Superior emitió la jurisprudencia 2/2022, de rubro ACTOS PARLAMENTARIOS. SON REVISABLES EN SEDE JURISDICCIONAL ELECTORAL, CUANDO VULNERAN EL DERECHO HUMANO DE ÍNDOLE POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO, EN SU VERTIENTE DE EJERCICIO EFECTIVO DEL CARGO Y DE REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA[9], en la que se estableció que los actos o decisiones que afecten el núcleo de la función representativa parlamentaria, que impliquen una vulneración al derecho político-electoral a ser votado, en su vertiente de ejercicio del cargo, pueden ser revisados por los tribunales electorales.

Lo anterior, deriva de una evolución de las jurisprudencias 34/2013, de rubro DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO. SU TUTELA EXCLUYE LOS ACTOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL DERECHO PARLAMENTARIO y 44/2014, de rubro COMISIONES LEGISLATIVAS. SU INTEGRACIÓN SE REGULA POR EL DERECHO PARLAMENTARIO, pues se reconoce que existen actos de naturaleza electoral, en concreto, el de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, que implica que cada legisladora o legislador pueda asociarse y tomar parte en la deliberación de las decisiones fundamentales y en los trabajos propios de su función legislativa.

En suma, conforme al actual sistema, ciertamente, existen actos políticos, parlamentarios o sólo de organización interna que no deben ser susceptibles de revisión judicial por las autoridades electorales por entenderse excluidos de la materia electoral, pero también actos jurídicos emitidos al interior de los Congresos que sí inciden en los derechos políticos y, por ende, pueden ser objeto de tutela judicial, en concreto, cuando vulneran el derecho a ser votado en la vertiente de ejercicio del cargo, por tener una afectación al principio de representación política y que, conforme a las circunstancias del caso, en ocasiones requieren ser estudiados para determinar precisamente si existe o no dicha violación, sin incurrir en el vicio de prejuzgar sobre la conclusión -petición de principio-, según se ha dispuesto en la ejecutoria del SUP-REC-49/2022[10], que integra dicha jurisprudencia y en el diverso precedente SUP-JDC-1212/2019[11].

Incluso, precisó la Sala Superior, que los tribunales electorales pueden conocer y resolver medios de impugnación contra actos o resoluciones en sede parlamentaria, aun cuando la frontera entre los ámbitos parlamentario y político-electoral puede ser difusa, [pues] para que un órgano jurisdiccional pueda determinar si existe la posibilidad de que un acto de un órgano legislativo vulnere un derecho político-electoral, resulta indispensable que se declare formalmente competente para determinar si es o no materialmente competente para conocer del asunto[12].

Así, conforme a la jurisprudencia y a dichos precedentes, puede entenderse que el máximo tribunal en la materia orientó a los tribunales y demás Salas Electorales del país para que, ante un alegato de afectación a un derecho político-electoral y la posible vulneración al principio de representación política, para evitar prejuzgar sobre la demostración o no de una violación concreta, los tribunales electorales locales se entiendan jurídicamente autorizados para emitir una resolución en la que, formalmente, asuman competencia para revisar y definir: i) si estamos, ante una controversia que debe dar lugar a rechazar el asunto de plano, por estar únicamente vinculado con una decisión política parlamentaria de manera evidente, ii) o bien, si lo alegado podría trascender al ejercicio del cargo como parte del derecho a ser votado y pasar a un análisis en el que se revise la vulneración o no del derecho y, por ende, se concluya finalmente si existe o no competencia para resolver el tema en el ámbito electoral.

1.2. Marco normativo respecto a los asuntos en los que materialmente se conocen y resuelven se vulnera el derecho a ser votado de un diputado (competencia material)

La SCJN ha considerado que el poder legislativo tiene la garantía de autonomía, de ahí que, las y los representantes populares no están sujetos a un mandato imperativo: no están obligados a actuar de una forma perfectamente delineada o a apegarse a un set fijo de instrucciones dado por el electorado (y menos aún por el Poder Judicial), sino que, su mandato es representativo, lo que implica un margen importante de libertad para tomar algunas decisiones bajo su propio criterio.

Asimismo, a consideración de la SCJN, la doctrina especializada ha enfatizado el hecho de que las y los representantes lo son del pueblo entero y no sólo de las personas particulares que los eligieron en un momento determinado, pues una vez que los candidatos o candidatas se convierten en integrantes del Poder Legislativo, quienes acceden a los curules tienen una función representativa general y no particularizada, lo que se refleja en el hecho de que los actos legislativos se le imputen al congreso o la legislatura como un todo, y no sólo a las y los representantes que votaron a favor de ese acto en particular.

Ello, nuevamente, implica un mandato representativo en oposición a uno imperativo, por lo que guarda lógica que no se les pueda compeler jurídicamente a cumplir un supuesto set fijo de instrucciones.

Esto es, en algunos actos u omisiones intra-legislativos en los que cabría sentido constitucional que el Poder Judicial se vea impedido de intervenir en un espacio en el que las y los legisladores se mueven atendiendo a consideraciones autónomas; esto, porque la Constitución Federal lo reservó para ese efecto o les otorgó una determinada discreción[13].

Así, en un sentido similar, se advierte lo considerado por la Sala Superior, al resolver el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-1453/2021 y acumulado, en el que determinó que era competente para conocer y resolver el asunto, en el cual se alegó una vulneración al derecho de las senadurías de ser votadas, en la vertiente del ejercicio del cargo, al ser indebidamente excluidas de la Comisión Permanente.

Ello, porque no se trataba exclusivamente de un tema meramente político y de organización interna del Congreso, sino de un aspecto en el que se involucraba el derecho de las senadurías a integrar la Comisión Permanente, con base al principio de máxima representación efectiva, ya que la controversia surgió con la propuesta de la Junta de Coordinación de las diputaciones que integrarían dicha Comisión.

En ese sentido, el acto impugnado era susceptible de poner en entredicho derechos político-electorales de las personas, en específico, el derecho a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, así como del sufragio activo de la ciudadanía, sin que toda determinación sobre la integración de la Comisión Permanente sea controlable jurisdiccionalmente, sino sólo aquellas decisiones eminentemente jurídicas que puedan tener una incidencia en los derechos político-electorales y, en general, de los derechos a la participación política de las personas justiciables[14].

De lo anterior, se desprende que el TEPJF ha adoptado una postura progresiva relacionada con la forma en que puede evolucionar la garantía del derecho a una tutela judicial efectiva ante una posible vulneración a los derechos político-electorales, cuando se cuestionen actos u omisiones de los poderes legislativos distintos a la función creadora de disposiciones legales[15].

En ese sentido, la Sala Superior, en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-456/2022, sostuvo que los asuntos relacionados con la conformación de las propuestas que se someten al Pleno de la Cámara de Senadores son materia electoral, al existir una posible vulneración a los derechos de los miembros del Congreso en el ejercicio de su cargo.

Esto, porque el hecho de que en la propuesta de la Junta de Coordinación se omitiera incluir a una fuerza política para integrar la Comisión Permanente, conforme a la pluralidad y proporcionalidad, implicaba que dicha fuerza no pudiera ejercer su derecho de votar, ni expresar su opinión en lo individual o como agrupación, en las designaciones de funcionarios, en la posibilidad de promover controversias constitucionales ni expresar sus razones sobre la necesidad o no de suspender derechos constitucionales, y las demás facultades que puede ejercer dicha Comisión.

Por lo que, la entonces parte actora, como integrante de un grupo parlamentario reconocido, tenía derecho a elegir y ser electa en la conformación de la Comisión Permanente, así como de participar en ésta, mediante una representación conforme a los criterios de pluralidad y proporcionalidad y el principio de máxima representación efectiva, considerando el grupo parlamentario al que pertenece[16].

Es criterio reiterado de esta Sala Monterrey, al resolver el SM-JDC-93/2022 también vinculado con el Congreso de Tamaulipas, que uno de los actos legislativos que los tribunales electorales pueden revisar es cuando se controvierte la votación del Congreso para elegir a las diputaciones integrantes de la Diputación permanente, porque, a través de esta elección se garantiza que las diputaciones puedan elegir a quienes los representaran (participación política), de conformidad con el principio de máxima representación efectiva, sustentado en los criterios de proporcionalidad y pluralidad, lo cual se encuentra relacionado con una posible afectación a los derechos político-electorales en la vertiente de ejercicio en el cargo de las diputaciones actoras, así como del sufragio activo de la ciudadanía, al ser los representantes elegidos por los ciudadanos.

La Sala Regional sostuvo que dicha cuestión no se trataba exclusivamente de un tema meramente parlamentario y de organización interna del Congreso estatal, sino un aspecto en el cual estaba involucrado el derecho de las diputadas y diputados impugnantes a integrar la Diputación permanente, con base en el principio de máxima representación efectiva, sustentado en los criterios de proporcionalidad y pluralidad, esto porque se trata de un órgano legislativo de decisión integrado conforme al principio de máxima representación efectiva, así como de los criterios de proporcionalidad y pluralidad, por lo que su función es asumir las decisiones que, en principio, corresponden al Congreso cuando están en receso.

De ahí que, se consideró que las actividades y conformación de la Diputación permanente forman parte relevante en el núcleo esencial de la función parlamentaria en Tamaulipas, esto es, se trata de atribuciones inherentes de los diputados que podrían ser defendidos ante la jurisdicción electoral[17].

Por otra parte, la Sala Superior en el SUP-JE-281/2021 al resolver lo relacionado con la exclusión de una diputada para integrar la Comisión Permanente, a pesar de que su grupo parlamentario la propuso para ello, determinó que se le vulneró su derecho a ejercer el cargo, a partir de que tenía derecho a integrar esa Comisión con base en el principio de máxima representación efectiva, sustentado en los criterios de proporcionalidad y pluralidad.

Lo anterior, porque conforme a la evolución de la línea jurisprudencial sobre el tema, concluyó que los asuntos en los que las diputaciones aleguen la vulneración a su derecho a ser votadas, en la vertiente del ejercicio del cargo, cuando consideren que fueron indebidamente excluidas de la Comisión Permanente, son revisables en la materia electoral.

En ese asunto, la Sala Superior destacó que la controversia surgió con la propuesta de la Junta de Coordinación de las diputaciones que integrarían la Comisión Permanente, por lo que el acto impugnado que se analizó era susceptible de poner en entredicho derechos político-electorales de las personas, en específico, el derecho a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo de la parte actora, así como del sufragio activo de la ciudadanía.

Así, ese acto se relacionaba con la integración de la Comisión Permanente que, por su naturaleza y funciones, es distinta a la integración de otras comisiones parlamentarias y constituye un órgano de decisión con funciones sustantivas, de ahí que puedan ser revisados en el ámbito electoral[18].

1.3. Marco normativo que rechaza la revisión de actos legislativos o administrativos en materia electoral

En principio, cabe mencionar que, como se indicó, la línea jurisprudencial de la Sala Superior inicialmente sostenía la improcedencia de los juicios contra actos parlamentarios, lo que dio lugar a las jurisprudencias 34/2013[19] y 44/2014[20], así como diversos criterios que consideraban la improcedencia de los juicios respecto de actos que se ubicaran dentro del derecho parlamentario[21].

Actualmente, la SCJN sostiene el criterio de que los actos intraparlamentarios pueden o no ser recurribles en sede judicial en atención a la naturaleza de los actos y no derivado, necesariamente, de los órganos emisores, pues lo relevante para determinar si un acto intraparlamentario puede ser revisado por los jueces y tribunales es la naturaleza del acto reclamado y de los derechos que se estiman lesionados[22].

Por tanto, la doctrina jurisdiccional de la SCJN maximiza la justiciabilidad de los derechos fundamentales de los parlamentarios, incluso frente a actos intra-legislativos, siempre y cuando, esos actos no se encuentren reservados constitucionalmente a favor del Poder Legislativo en uso de facultades o procesos de designación discrecionales o de carácter eminentemente político.

En suma, existen ciertos actos u omisiones parlamentarias intra-legislativas en las que el Poder Judicial se vea impedido a intervenir, al ser un espacio en el que los parlamentarios se mueven atendiendo a consideraciones autónomas derivadas de que la Constitución Federal haya otorgado una determinada discrecionalidad al órgano parlamentario[23].

En un precedente reciente, la SCJN estableció algunos parámetros a partir de los cuales reconoce la posibilidad de revisar en sede jurisdiccional, actos intra-legislativos o sin valor de ley cuando estos son susceptibles de vulnerar derechos fundamentales[24].

La conclusión anterior se basó en que la Constitución Federal no excluye del control constitucional los actos u omisiones del Poder Legislativo, al ser un órgano constituido por la propia Constitución que, por ende, debe cumplir con las normas que lo rigen.

En esencia, bajo la lógica de que la autonomía interna del Poder Legislativo no puede llevar a concluir que todos los actos vinculados con su funcionamiento estén fuera de la jurisdicción constitucional, pues dicha autonomía parlamentaria no puede ignorar derechos reconocidos en la carta fundamental de nuestro país, como lo son el de acceso a la justicia y los de índole político-electoral[25].

De ahí que, actualmente, en el sistema jurídico mexicano, sólo algunos actos de naturaleza parlamentaria están excluidos de la revisión judicial.

En concreto, aquellos actos que están relacionados estrictamente a la organización o funcionamiento interno -el núcleo esencial de la función parlamentaria- que ocurren dentro de la lógica del derecho parlamentario[26] y que no incidan en la afectación de algún derecho fundamental de sus integrantes.

En ese sentido, la Sala Superior, al resolver el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-1878/2019, en el que se consideró que la elección de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado es una función exclusiva del órgano legislativo, por lo que las actuaciones de los integrantes del Senado relacionadas con ese procedimiento se deben entender como actuaciones en ejercicio de atribuciones parlamentarias, al tratarse de una especie de acto intraprocesal, en el marco de un proceso de designación de la Mesa Directiva del Senado que, eventualmente, tendrá repercusiones en la dirección de este órgano[27].

Por su parte, esta Sala Monterrey, al resolver el juicio de la ciudadanía SM-JDC-91/2023 y acumulados, relacionado con la designación de la presidencia de la Junta de Coordinación del Congreso de Tamaulipas, determinó, en esencia, que las modificaciones al proceso de designación de dicho cargo, no involucraba una posible afectación al núcleo esencial del derecho de participación política como parte del derecho a ser votado, pues no tenía incidencia o afectación sobre el derecho de participación en los órganos representativos del Congreso, sino que se trata de un órgano administrativo cuyas funciones son de organización interna, lo cual escapa a la tutela en el ámbito electoral[28].

Por otra parte, esta Sala Regional también se ha pronunciado en cuanto a la integración de un órgano legislativo como es la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León y, al resolver el juicio de la ciudadanía SM-JDC-114/2023, sostuvo que no corresponde a un acto susceptible de afectar en lo particular los derechos político-electorales de las personas parlamentarias, ya que no involucra el derecho al voto activo o pasivo, y mucho menos tiene relación con el derecho de los ciudadanos de asociarse individual y libremente, así como tampoco el de afiliación partidista, sino por el contrario, se traduce en un acto que se ubica en el contexto del derecho de organización o dirección parlamentaria, por lo que se concluyó que la designación de la Presidencia de la Mesa Directiva no impide que el resto de las diputaciones ejerzan la función para la cual fueron electas, como presentar iniciativas de ley, participar en los debates, así como a emitir los votos correspondientes, entre otras.

1.4. Naturaleza de la Diputación permanente

La Diputación permanente es el órgano del Congreso a cargo de la vigencia del Poder Legislativo en la vida constitucional del Estado durante los recesos; es electa en la última sesión de cada periodo ordinario de sesiones; se integra por siete diputaciones, la presidencia, dos secretarías y cuatro vocalías, así como tres diputaciones suplentes o por quienes hayan integrado la última Mesa Directiva (artículos 48[29], 54[30] y 60[31] de la Constitución local, así como 53, numerales 1 y 2[32], y 55[33] de la Ley interna del Congreso).

En el Decreto de reforma actualmente impugnado, se estableció que la propuesta para la elección de la Diputación permanente debe ser presentada al Pleno por un integrante de la Junta de Gobierno (anteriormente correspondía a la Junta de Coordinación), cuya votación se realizará por cédula y se comunicará al titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Supremo Tribunal de Justicia, a los Ayuntamientos del Estado, a las Cámaras del Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, a las legislaturas de los Estados y al Congreso de la Ciudad de México (artículo 53, numeral 5, de la Ley interna del Congreso[34]).

En dicho Decreto también se estableció que el grupo parlamentario que obtuvo más votos o que ganó más distritos de mayoría en la elección de la legislatura en turno, contará con 4 de las 7 diputaciones que integran la Diputación permanente, el grupo parlamentario con la segunda mayoría con 2 diputaciones, y la restante corresponderá a cualquier otro grupo parlamentario que no corresponda a la segunda fuerza, o de ser el caso, a cualquier forma de agrupación o representación partidista (artículo 53, numeral 4 de la Ley interna del Congreso[35]).

La Diputación permanente tiene como atribuciones: la representación del Congreso en los recesos de este (artículo 1, párrafo 2[36] de la Ley Interna del Congreso); dictaminar los asuntos que se hallen a cargo de las comisiones ordinarias al concluir el periodo inmediato anterior, así como aquellos que reciban durante el receso (artículo 56[37]de la Ley interna del Congreso); convocar al congreso a sesiones extraordinarias (artículo 62[38] de la Constitución local); tomar protesta al titular del Poder Ejecutivo del Estado (artículo 90[39] de la Constitución local); otorgar permiso al titular del Poder Ejecutivo del Estado para ausentarse del territorio de este por más de quince días (artículo 92, fracción IX[40], de la Constitución local); nombrar un Gobernador sustituto, cuando el titular presente licencia temporal y nombrar al Gobernador interino (artículo 87[41] de la Constitución local); nombrar a las personas que ocupen las vacantes de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (artículo 109[42] de la Constitución local); la designación de alguno de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado, ante la ausencia definitiva del propietario y suplente; designar o formular objeción sobre la remoción del Fiscal General (artículo 125, fracción V[43] de la Constitución local).

Asimismo, aprobar las licencias presentadas por diputadas y diputados (artículo 73, párrafo 3[44] de la Ley interna del Congreso); deliberar y votar los dictámenes sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado; determinar la procedencia y recibir las comparecencias de los titulares de las dependencias de la administración pública estatal, cuando se discuta una iniciativa de ley o se considera un asunto relacionado con los ramos de su competencia, dictaminar los nombramientos de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa, de los titulares de los órganos internos de control de los órganos constitucionalmente autónomos, del Titular de la Presidencia y de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, de los comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, del Fiscal General de Justicia del Estado, y del Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

2. Caso concreto

En el caso, el Tribunal de Tamaulipas asumió competencia formal para conocer el asunto, la posible afectación al derecho político-electoral a ser votada, en su vertiente de ejercicio del cargo, de la diputada local Leticia Sánchez, sin embargo, desechó el medio de impugnación por estimar que carecía de competencia material para resolver el fondo, al considerar que los actos reclamados se basan en determinaciones realizadas al interior del Congreso estatal y, específicamente, a la autonomía de la cual goza ese Poder Legislativo, es decir, a cuestiones del derecho parlamentario que no son tutelables en el ámbito electoral.

En concreto, la autoridad responsable precisó que los agravios identificados como primero (la propuesta de integración de la Diputación permanente  no fue realizada por la Junta de Coordinación Política), segundo (la integración de la Diputación permanente no respetó los principios de representación política), tercero (las iniciativas fueron indebidamente tramitadas como de urgente y obvia resolución, por lo que no se atendió al proceso parlamentario previsto en la Ley interna del Congreso), cuarto (nulidad de lo actuado entre el primer y el segundo receso, al no haber quórum de los integrantes de la Diputación permanente) y sexto (ilegal emisión de las versiones estenográficas, síntesis de las sesiones, y redacción ilegal de las actas de las sesiones), eran actos que son propios de la organización y actividades del Congreso local.

Ello, porque, conforme a diversos criterios de la Sala Superior, el comportamiento, decisiones, votaciones, aprobaciones de los integrantes de la legislatura realizadas en el desarrollo de sus tareas o encomiendas, no tienen relación alguna con los principios tutelados por la materia electoral, como son el derecho a votar, ser votado, afiliación y asociación en materia política electoral, ya que ni siquiera se le impide a los integrantes a participar o votar en las decisiones vinculadas con el ejercicio de su cargo, por el contrario, corresponden al aspecto orgánico de funcionamiento del cuerpo legislativo que, por lo mismo, encuentran su tutela en el derecho parlamentario.

Asimismo, señaló que, respecto al agravio quinto (la aplicación del artículo 115, numeral 4, de la Ley interna del Congreso[45], que establece que si alguna diputación abandona el salón de sesiones durante la votación o se abstiene de emitir su voto, este se computará unido al de la mayoría que se forme), la intención de la actora era que se declarara inconstitucional, no obstante, el Tribunal de Tamaulipas carece de competencia material para determinar la ilegalidad de la aplicación del citado precepto normativo, ya que la aplicación de las normas internas que rigen los procesos y actividades desarrolladas por los Congresos corresponde exclusivamente a los órganos legislativos, pues versa sobre actuaciones propias del procedimiento de votaciones, para lo cual dicho Tribunal estatal, siguiendo la línea jurisprudencial establecida por la Sala Superior, no tiene competencia para realizar modificaciones.

Frente a ello, ante esta Sala Monterrey, la diputada local Leticia Sánchez señala, sustancialmente, que el Tribunal de Tamaulipas sí tiene competencia material para conocer su impugnación contra actos relacionados con la integración y diversas actuaciones de la Diputación permanente porque, desde su perspectiva, generan una vulneración a sus derechos humanos de índole político-electoral, en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo, por lo que debió analizar y resolver el fondo del asunto.

3. Valoración

3.1. Al respecto, esta Sala Monterrey considera que fue correcto que el Tribunal de Tamaulipas determinara que carecía de competencia material para resolver el fondo del asunto, porque, efectivamente, el presente caso no es jurídicamente electoral, pues los actos controvertidos se refieren a actos de organización interna del Congreso de Tamaulipas que no involucran una posible afectación al núcleo esencial del derecho de participación política como parte del derecho a ser votada de la parte actora, lo cual, conforme a la doctrina judicial actual, incluso en la visión más amplia, escapa a la tutela en el ámbito electoral.

Ello, porque dichos actos no tienen incidencia o afectación sobre el derecho de participación en los órganos representativos del Congreso Local, sino que lo cuestionado son supuestos vicios legislativos internos relacionados con el funcionamiento y desarrollo de la Diputación permanente, cuyas funciones se vinculan con la organización interna, lo cual, evidentemente, escapa a la autorización excepcional para que un tribunal electoral revise un acto parlamentario.

En efecto, los actos originalmente impugnados son: i) la diputada Laura Mireya González Zúñiga propuso la integración de la Diputación permanente sin formar parte de la junta de coordinación política, es decir, no tenía facultades para hacerlo, por lo que, en concepto de la promovente, la propuesta tiene un vicio invalidante de origen, ii) la integración de la Diputación permanente no respeta los principios de representación política conforme al tamaño del grupo parlamentario, ni la obligatoria necesidad de que las secretarías de la mesa directiva no correspondan al mismo grupo parlamentario que detenta la presidencia, iii)  las iniciativas presentadas en la sesión de 8 de agosto de 2023 son ilegales porque fueron tramitadas de urgente y obvia resolución, iv) lo actuado entre el primer y segundo receso de la sesión de 8 de agosto de 2023 es nulo de pleno derecho, porque se llevó sin el quórum mínimo legal, v) la aplicación del artículo 115, numeral 4, de la Ley interna del Congreso para contar como voto a favor su ausencia durante la sección de iniciativas, el cual considera inconstitucional y solicitó su inaplicación, al establecer una restricción injustificada a la libertad de los legisladores tanto para votar como para no votar, así como para que en caso de ausencia, al perderse el quorum legal no se pueda restablecer como si estuvieran presentes, y vi) la ilegal emisión de versiones estenográficas, síntesis y redacción de las actas de las sesiones, porque no reflejan lo acontecido realmente en las sesiones.

En ese sentido, es evidente que lo cuestionado son vicios legislativos internos que están estrechamente vinculados con el funcionamiento de la Diputación permanente, el desarrollo de sus sesiones y la documentación que se origina de estas, así como la forma de votación de las diputaciones, cuya revisión, a juicio de esta Sala Monterrey, implicaría una vulneración al principio de división de funciones o poderes que, en palabras de la doctrina judicial, podría invadir competencias del legislativo al impedirle deliberar y decidir sobre su organización interna.

De manera que, los actos controvertidos, efectivamente, escapan del ámbito material de competencia del Tribunal Local, conforme a la línea judicial, porque no se advierte una vulneración al núcleo esencial del derecho de participación política, que permitiera su tutela y revisión en el ámbito electoral.

3.2. En efecto, como se indicó en el marco normativo, generalmente los actos parlamentarios no son susceptibles de ser revisados en sede jurisdiccional electoral[46], sin embargo, sin modificar ese principio normativo, la Sala Superior ha sostenido que los tribunales electorales sí podrían conocer y resolver medios de impugnación contra actos o resoluciones en sede parlamentaria, en los que exista vulneración al derecho político-electoral de ser electo[47].

Esto es, los órganos jurisdiccionales electorales, excepcionalmente, pueden declararse formalmente competentes para revisar el asunto y, de advertirse que, efectivamente, se está ante un caso en el que se puede vulnerar el ejercicio de un derecho tutelable en la jurisdicción electoral, entonces materialmente sería competente para resolverlo, porque de lo contrario, si al revisar el asunto se evidencia que el acto es de naturaleza parlamentaria, no podría continuar y resolver el fondo.

Ello, porque existen actos u omisiones parlamentarias intra-legislativas en las que los tribunales electorales se ven impedidos a intervenir al ser un espacio en el que los parlamentarios se mueven atendiendo a consideraciones autónomas derivadas de que la Constitución local haya otorgado una determinada discrecionalidad al órgano parlamentario, pues se trata de actos que están relacionados estrictamente a la organización o funcionamiento interno que ocurren dentro de la lógica del derecho parlamentario y que no inciden en la afectación a un derecho político-electoral ni al núcleo esencial derecho de participación política de sus integrantes.

En el caso, ante esta instancia, la diputación impugnante alega la vulneración a la conformación de la Diputación permanente ya que MORENA está sobrerrepresentado, además, afirma que la diputación permanente emitió puntos de acuerdo sin tener quorum legal para hacerlo, lo cual estima que afecta sus derechos político-electorales, lo cual debió analizar y resolver el Tribunal Local.

Al respecto, esta Sala Monterrey advierte que, con independencia de las consideraciones del Tribunal de Tamaulipas, efectivamente carecía de competencia material para resolver el fondo del asunto, porque lo relacionado con la supuesta sobrerrepresentación de MORENA y la falta de quorum para emitir puntos de acuerdo en sesión, escapa a la autorización excepcional para que un tribunal electoral revise un acto parlamentario.

De ahí que, fue correcto que el Tribunal Local no resolviera el fondo del asunto, porque en el presente caso no se advierte alguna afectación a los derechos político-electorales de la diputación impugnante, pues no se le impide formar parte en la deliberación de las decisiones fundamentales y en los trabajos propios de la función legislativa, porque no se alega una exclusión total o absoluta de alguno de los grupos parlamentarios al interior de la Diputación permanente, sino que su partido debería tener mayor representación en dicho órgano.

Ahora bien, es importante puntualizar que en el juicio SM-JDC-93/2022 (precedente citado en el marco normativo), esta Sala Regional asumió competencia material para conocer del asunto, derivado de que no se trataba de un tema parlamentario, sino de naturaleza electoral, ya que estaba relacionado con la elección de las diputaciones integrantes de la Diputación permanente, lo cual se encuentra relacionado con una posible afectación a los derechos político-electorales en la vertiente de ejercicio en el cargo de las diputaciones, así como del sufragio activo de la ciudadanía, al ser los representantes elegidos por los ciudadanos.

En el caso concreto, a diferencia del citado juicio, la parte actora controvirtió, inicialmente, supuestos vicios legislativos internos relacionados con el funcionamiento, actividades y desarrollo de la Diputación permanente, cuyas funciones están relacionadas con la organización interna del Congreso de Tamaulipas, las cuales pueden ser delineadas y ejecutadas de acuerdo con su libertad facultativa, de ahí que este órgano jurisdiccional, como ya se expuso, no tenga competencia para revisar esos actos parlamentarios.

3.3. Por otro lado, son ineficaces los planteamientos de la parte actora en los que señala que la responsable: i) omitió realizar un análisis sobre la legalidad en la conformación y representación de la diputación permanente, con lo cual inaplicó el artículo 17 constitucional y la jurisprudencia 2/2022 de Sala Superior, ii) no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 115 de la Ley del Congreso y sobre su solicitud de inaplicación, iii) no se estudiaron el resto de los agravios expresados, como en el caso, aquellos que en suplencia de la queja deficiente encuentre, iv) tenía el deber de constitucional de pronunciarse con relación a todos y cada uno de los agravios expuestos, a efecto de atender las causas de pedir que vulneren sus derechos humanos de índole político-electoral y v) tampoco analizó que los suplentes de la Diputación Permanente pueden actuar en representación de cualquier miembro ausente que sea diputado titular.

Lo anterior, porque la actora parte de la idea equivocada de que la autoridad responsable debió pronunciarse respecto a todos y cada uno de los planteamientos expuestos en la demanda local, sin embargo, pierde de vista que, al actualizarse una causal de improcedencia, como en el caso, impide al órgano jurisdiccional analizar los agravios y pronunciarse en cuanto al fondo de la controversia.

En ese sentido, y ante ese supuesto, quien impugne tendría que evidenciar que la determinación de improcedencia es contraria a Derecho, lo cual no sucedió en el presente caso, pues la diputación impugnante no desvirtúa las consideraciones por las que el Tribunal Local desechó su demanda, al considerar que carecía de competencia material para resolver el fondo del asunto.

En suma, al actualizarse una causa de improcedencia, el Tribunal Local se encontraba impedido para analizar las manifestaciones de la parte actora y para hacer el estudio de fondo pretendido, en tanto que las personas juzgadoras están obligadas a responder los planteamientos que hagan de su conocimiento, siempre y cuando se cumpla con los requisitos procesales necesarios para su estudio, lo cual no ocurrió en el presente caso, pues la controversia no es de naturaleza electoral.

Tema 2. Posible VPG dentro del ejercicio de una diputación local

1. Marco o criterio jurisprudencial sobre el análisis de los agravios

La jurisprudencia ha establecido que cuando la parte promovente manifiesta sus agravios para cuestionar un acto o resolución con el propósito que los órganos de justicia puedan revisarla de fondo, no tiene el deber de exponerlos bajo una formalidad específica, y para tenerlos por expresados sólo se requiere la mención clara de los hechos concretos que le causan perjuicio, causa de pedir o un principio de agravio[48].

Incluso, con la precisión de que no hace falta que los demandantes o impugnantes mencionen los preceptos o normas que consideren aplicables, conforme al principio jurídico que dispone, que las partes sólo deben proporcionar los hechos y al juzgador le corresponde conocer el derecho, por lo que la identificación de los preceptos aplicables a los hechos no implica suplir los agravios.

Sin embargo, el deber de expresar al menos los hechos (aun cuando sea sin mayor formalismo), lógicamente, requiere como presupuesto fundamental, que esos hechos o agravios identifiquen con precisión la parte específica que causa perjuicio y las razones por las cuales, en su concepto, es así, por lo menos, a través de una afirmación de hechos mínimos pero concretos para cuestionar o confrontar las consideraciones del acto impugnado o decisión emitida en una instancia previa.

Esto es, en términos generales, para revisar si un impugnante tiene o no razón, aun cuando sólo se requieren hechos que identifiquen la decisión concretamente cuestionada y las razones por las que consideran que esto es así, sin una formalidad específica, lo expresado en sus agravios debe ser suficiente para cuestionar el sustento o fundamento de la decisión que impugnan.

De otra manera, dichas consideraciones quedarían firmes y sustentarían el sentido de lo decidido, con independencia de lo que pudiera resolverse en relación con diversas determinaciones, dando lugar a la ineficacia de los planteamientos.

De ahí que, la suplencia sólo debe implicar la autorización para integrar o subsanar imperfecciones y únicamente sobre conceptos de violación o agravios, pero no para autorizar un análisis oficioso o revisión directa del acto o resolución impugnada, al margen de los motivos de inconformidad.

2. Caso concreto

En el caso, la diputada local Leticia Sánchez planteó ante el Tribunal Local, en esencia,  que: i) el presidente de la Diputación permanente le instruye para pasar recados a sus compañeros de bancada para que asistan a sesión, lo cual estima que es una expresión desafortunada y que estereotipa a las mujeres como si fueran subordinadas de los hombres en materia política, lo cual se generó a partir del reclamo de la actora al presidente por haber definido su voto cuando ni siquiera estaba presente en las iniciativas y su votación, y ii) el presidente de la Diputación permanente cree tener autoridad para disponer de los votos que emiten las mujeres, pues su voto fue computado de cierta manera, con fundamento en un artículo que no es aplicable.

Al respecto, el Tribunal Local, en primer término, señaló que dichos hechos, efectivamente, brindan un mensaje equivocado a la sociedad en general, repitiendo estereotipos de mando masculino sobre obediencia femenina, que no contribuyen a erradicar una cultura machista tamaulipeca y mexicana tan arraigada y dañina por la superación de las mujeres.

En segundo término, puntualizó que no tenía competencia para conocer sobre la violencia de género, ya que no radica en la esfera de la VPG, para ello hizo referencia a lo que, según la Organización de Naciones Unidas, es el concepto de violencia de género y luego explicó qué es la VPG, conforme a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Tamaulipas.

Bajo ese contexto, concluyó que los hechos denunciados por la actora como VPG no tienen relación con la supuesta vulneración a su derecho político-electoral de ser votada bajo la perspectiva del ejercicio del cargo.

Frente a ello, la impugnante, esencialmente sostiene que el Tribunal Local no consideró las particularidades de los hechos denunciados como VPG y fue omiso en dar vista al Instituto Local para que este investigara los hechos denunciados.

3. Valoración

3.1. Esta Sala Monterrey considera que es ineficaz el planteamiento de la impugnante, porque no controvierte frontalmente la determinación de la responsable, en cuanto a que los hechos denunciados no tienen relación con la supuesta vulneración a su derecho político-electoral de ser votada bajo la perspectiva del ejercicio del cargo, pues se limitar a señalar que el Tribunal de Tamaulipas no consideró las particularidades de los hechos denunciados como VPG y omitió dar vista al Instituto Local para que realizara las investigaciones correspondientes.

Al respecto, como ya se dijo, la responsable consideró que la impugnante se quejó de violencia de género y no VPG por parte del presidente de la Diputación permanente, por lo que, concluyó que no tenía competencia para conocer sobre esa materia, ya que no radica en la esfera de la VPG.

Adicionalmente, realizó un análisis de los hechos supuestamente constitutivos de VPG, sin embargo, determinó que no era posible advertir la supuesta vulneración a su derecho político-electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo.

De ahí que la responsable no tuviera el deber de darle vista al Instituto Local.

Lo anterior, sin perjuicio de que la diputada local Leticia Sánchez tiene la posibilidad de presentar directamente la denuncia, por la presunta VPG cometida en su contra, ante la autoridad administrativa, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en Derecho corresponda.

3.2. Por otro lado, es ineficaz el argumento de la diputada local Leticia Sánchez en el que refiere que los Congresos no constituyen un fuero para la decisión sin revisión constitucional en sus asuntos internos, ni menos aún para los temas relativos a VPG y en una democracia los fueron han ido desapareciendo paulatinamente de la vida democrática.

Ello, porque, ciertamente, en una visión contemporánea, los derechos humanos no deben quedar impunes, pero ello no implica que los Tribunales deban proteger en todas las materias.

3.3. Asimismo, es ineficaz el alegato de la parte actora en el que afirma que se actualiza la VPG respecto del Secretario General del Congreso estatal, porque es el encargado de las labores parlamentarias y ella consignó hechos relativos a indebidos registros en los sistemas de votación.

Lo anterior, porque de la demanda primigenia no se advierte que a dicho funcionario se le hayan atribuido hechos, supuestamente, constitutivos de VPG, pues la impugnante únicamente señaló al presidente de la Diputación permanente como presunto responsable de esa conducta, de ahí que su argumento resulte inatendible en esta instancia.

En efecto, la parte actora, en su demanda local, respecto al aludido Secretario General del Congreso, únicamente expuso que: i) era el encargado de supervisar al personal de servicios parlamentarios, quienes elaboran las versiones estenográficas de las sesiones y su síntesis, las cuales consideraba indebidas e ilegales y ii) que hizo constar un número de votos en las votaciones de las sesiones que no se ajustó a la realidad.

Bajo ese contexto, es evidente que a dicho funcionario no se le atribuyó expresa o concretamente un hecho constitutivo de VPG, de ahí la ineficacia de su argumento[49].

Por las razones expuestas, lo procedente es confirmar la resolución impugnada.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

Único. Se confirma la resolución controvertida.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación original remitida por la responsable.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.