JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SM-JDC-381/2015

ACTORA: LORENIA BEATRIZ CANAVATI VON BORSTEL

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

MAGISTRADO PONENTE: YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ

SECRETARIA: VIOLETA ALEMÁN ONTIVEROS

Monterrey, Nuevo León, a seis de mayo de dos mil quince.

Sentencia definitiva que confirma por razones distintas la dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en el juicio de inconformidad local JI-053/2015, pues para la distribución del financiamiento público entre partidos políticos con participación en una elección previa y de nueva creación, la distinción basada en la representatividad (presencia en el Congreso Local) es acorde con el principio constitucional de equidad en el acceso a los recursos económicos del Estado.

Glosario

CEENL:

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León

Ley de Medios:

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Ley Electoral:

Ley Electoral para el Estado de Nuevo León

1. Antecedentes

1.1. Proceso electoral. El correspondiente para la renovación del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, sus Ayuntamientos y el Congreso Local dio inicio el siete de octubre de dos mil catorce.

En virtud de las reformas constitucionales y legales de ese año, por primera vez, los ciudadanos podrán contender como candidatos independientes a todos los puestos de elección popular en la entidad.

1.2. Registro. El cinco de marzo de dos mil quince, mediante acuerdo CEE/CG/CI/02/2015, Lorenia Beatriz Canavati Von Borstel (la actora) obtuvo su inscripción como postulante ciudadana a la alcaldía de San Pedro Garza García.

1.3. Distribución de financiamiento. El veintitrés de marzo siguiente, la CEENL suscribió el proveído de clave CEE/CG/37/2015, a través del cual efectuó la repartición del financiamiento público para gastos de campaña para las candidaturas independientes correspondiente al año dos mil quince.

1.4. Juicio de inconformidad. En desacuerdo con la determinación de la autoridad electoral, el veintinueve de marzo subsecuente, la aquí accionante promovió el medio de impugnación local en cita ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, quien el diecisiete de abril, dictó la sentencia correspondiente y confirmó el acuerdo cuestionado.

2. Competencia

Esta sala regional puede conocer del presente asunto, por tratarse de un juicio promovido por una ciudadana en el que hace valer presuntas violaciones a su derecho de ser votada, en su carácter de candidata independiente a la presidencia municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, entidad federativa que pertenece al ámbito territorial en que este órgano ejerce jurisdicción.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 195, fracción IV, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 83, párrafo 1, inciso b), fracción II, de la Ley de Medios.

3. Precisión del acto impugnado

En su escrito de demanda, la promovente señala como autoridades responsables y actos impugnados, los siguientes:

a)     Del Congreso del Estado de Nuevo León: los artículos 43, 44 y 45 de la Ley Electoral.

b)     Del Consejo General de la CEENL: el acuerdo CEE/CG37/2015.

c)     Del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León: la sentencia dictada en el juicio de inconformidad JI-053/2015.

No obstante lo anterior, debe tenerse como acto controvertido el fallo de referencia, y como autoridad demanda al tribunal local en cita, pues se advierte que es el acto destacadamente impugnado, toda vez que el mismo fue emitido con motivo de la impugnación que la actora hizo valer ante el ente judicial local, para controvertir el proveído de la CEENL, y tal sentencia es la que provoca que la ciudadana acuda al juicio federal, por lo que será esa determinación la que se analice aquí, a la luz de los agravios expuestos por la promovente.

Asimismo, tampoco hace falta tener al Congreso del Estado con el carácter de responsable, pues de la lectura integral del escrito de la enjuiciante se advierte que su pretensión es que los numerales cuestionados se le inapliquen, toda vez que estima que los mismos son inconstitucionales y no deben de regir el proveído administrativo en referencia, el cual fue confirmado por el tribunal local.

4. Estudio de fondo

4.1. Planteamiento del caso

Mediante acuerdo CEE/CG/37/2015 el Consejo General de la CEENL distribuyó el financiamiento público para gastos de campaña de las y los candidatos independientes registrados para participar en el proceso electoral que actualmente se desarrolla en el estado de Nuevo León.

Lorenia Beatriz Canavati Von Borstel (postulante ciudadana a la alcaldía de San Pedro Garza García), estimó que los parámetros aplicados en el citado proveído resultaban inequitativos, por lo que promovió juicio de inconformidad ante el tribunal electoral del estado, el cual determinó confirmar la decisión de la CEENL.

En desacuerdo con el fallo, la enjuiciante acude a este tribunal federal reclamando, fundamentalmente, lo que a continuación se expone:

a)     Que el acuerdo de la autoridad administrativa electoral la deja en estado de indefensión respecto de los recursos económicos de simpatizantes para gastos corrientes de campaña, pues al omitir señalar que no es aplicable a los aspirantes ciudadanos lo dispuesto por el artículo 45, párrafo primero, fracción II, apartado b. de la Ley Electoral[1], le impone implícitamente un límite que solo es aplicable a los partidos. Además, como candidata independiente también tiene una organización, sin que se le permita obtener ingresos de aportaciones de su equipo de campaña (equivalente a militantes). Por ambos motivos, debe permitírsele obtener financiamiento de simpatizantes sobre los recursos públicos que se le conceden.

b)     El hecho de agrupar a todos los candidatos independientes en conjunto y tratarlos como un partido nuevo entregándoles el uno por ciento (1%) del financiamiento público, contra el noventa y nueve por ciento (99%) que se le da a los partidos contraviene el principio de equidad.

c)     Es injustificado que la CEENL haya aplicado el artículo 44, fracción I, apartados a. y b. de la Ley Electoral[2], toda vez que dicha disposición está dirigida solo a los partidos políticos, ya que solo ellos pueden tener representación en el Congreso. Lo anterior, porque los postulantes ciudadanos son considerados como un partido de nuevo registro, y la diversa fracción IV del numeral en comento, dispone que a este tipo de institutos políticos se les otorgará un financiamiento equivalente a que hubieran obtenido el dos por ciento (2%) de la votación en la última elección de diputados locales; sin que para ello dicha norma establezca que solo debe tomarse como base el setenta por ciento (70%) del financiamiento, y restar el otro treinta por ciento (30%) porque no se tiene un diputado en la legislatura local.

d)     Es incorrecto que la autoridad justifique la diferencia de trato en la distribución del financiamiento público en razón de la permanencia de los partidos políticos porque:

         La permanencia es solo un criterio de diferenciación que no aplica para los gastos de campaña, ya que estos son extraordinarios.

         Los candidatos independientes también tienen permanencia, aunque no bajo denominación o color.

         El proceso electoral tiene un plazo que se determina conforme a la ley y precisamente se prohíbe hacer campaña fuera de ese periodo.

e)     Contrario a lo sostenido por el tribunal responsable, la norma impugnada (artículo 44, párrafo 1, apartados a. y b.) es inconstitucional por dos motivos:

         Determina una fórmula que privilegia de manera injustificada a los partidos políticos que no son de nueva creación, ya que establece que debe corresponderles un treinta por ciento (30%) de los recursos públicos destinados a gastos de campaña por tener al menos una curul en la legislatura local.

         La distribución del setenta por ciento (70%) restante solo reitera la inequidad, toda vez que reparte los ingresos públicos conforme a los resultados electorales, aspecto del que se encuentran excluidos los candidatos independientes.

Por cuestión de método, los disensos de la promovente serán estudiados en el siguiente orden: primero, los identificados en los incisos a), b) y c); y por último los dos restantes d) y e), dado a su estrecha vinculación.

4.2. Los agravios señalados en los incisos a), b) y c) del apartado 4.1. son ineficaces

Se estiman ineficaces aquellos agravios que no controvierten los fundamentos y motivos que soportan un fallo y, en cambio, se limitan a reiterar las irregularidades que se alegaron ante la instancia primigenia, o bien a profundizar o abundar sobre las mismas dejando intocada la decisión del órgano demandado[3]; en tal supuesto deberán desestimarse las manifestaciones del enjuiciante.

En su demanda primigenia, la accionante hizo valer que:

a)     Es injustificado que la CEENL haya aplicado el artículo 44, fracción I, de la Ley Electoral, toda vez que dicha disposición está dirigida a los partidos políticos ya que solo ellos pueden tener representación en el Congreso. Lo anterior, porque los postulantes ciudadanos son considerados como un partido de nuevo registro, y la diversa fracción IV del numeral en comento, dispone que a este tipo de institutos políticos se les otorgará un financiamiento equivalente a que hubieran obtenido el dos por ciento (2%) de la votación en la última elección de diputados locales; sin que para ello dicha norma establezca que solo debe tomarse como base el setenta por ciento (70%) del financiamiento, y restar el otro treinta por ciento (30%) porque no se tiene un diputado en la legislatura local.

b)     Contraviene la equidad el hecho de agrupar a todos los candidatos independientes en conjunto y a todos ellos tratarlos como un partido nuevo entregando el uno por ciento (1%) del financiamiento público, contra el noventa y nueve por ciento (99%) que se le da a los partidos.

c)     El acuerdo de la autoridad administrativa electoral la deja en estado de indefensión respecto de los recursos económicos de simpatizantes para gastos corrientes de campaña, pues al omitir señalar que lo dispuesto por el artículo 45, fracción II, inciso b) de la Ley Electoral[4] no es aplicable a los candidatos independientes, implícitamente le impone un límite que solo es exigible a los partidos.

La autoridad judicial confirmó el acuerdo impugnado sobre las siguientes consideraciones:

i.            Fue correcta la interpretación que la CEENL hizo del artículo 44, pues tal como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los candidatos independientes solo ejercen un derecho ciudadano al solicitar su registro, pero no pretenden adquirir la permanencia que tienen los partidos políticos, por lo que no pueden considerarse como equivalentes, en atención a las finalidades que cada uno persigue. De acuerdo a lo anterior, es legítimo establecer que las prerrogativas se prorrateen entre todos los candidatos independientes.

ii.            Respecto a que la CEENL había sido omisa en regular los límites del financiamiento a cargo de simpatizantes de los candidatos independientes, no le asiste razón a la enjuiciante, toda vez que a través del acuerdo CEE/CG/08/2015, la CEENL determinó los montos máximos a las aportaciones de los simpatizantes aplicables a los candidatos independientes.

iii.            Finalmente, por cuanto a la inequidad alegada en este último aspecto, su inconformidad es infundada, por las mismas razones expresadas en la primera consideración aquí descrita.

En el presente medio de impugnación, la promovente alega que el acuerdo CEE/CG/37/2015 de la CEENL es contrario a Derecho, toda vez que a través del mismo se aplicaron las reglas contenidas en los numerales 44, fracción I y 45 de la Ley Electoral, las cuales solo pueden ser impuestas a los partidos políticos y no a los candidatos independientes; para lo cual transcribe los argumentos que manifestó ante el tribunal de Nuevo León[5].

Tales planteamientos devienen ineficaces, pues con ellos la actora no controvierte los argumentos del tribunal responsable relativos a que: a) es legítimo que a los candidatos se les considere como un partido de nuevo registro y se prorrateen las prerrogativas entre sí, en virtud de las finalidades de los institutos políticos; y b) la inequidad en la distribución del financiamiento público, también atiende a los diferentes objetivos y finalidades de los partidos frente a los postulantes ciudadanos; y en cambio, se limita a reiterar los agravios que hizo valer en la instancia primigenia para cuestionar el proveído de la autoridad administrativa electoral, los cuales no son suficientes para revocar las consideraciones de la responsable.

Finalmente, esta sala regional estima que es ineficaz el concepto de agravio descrito en el inciso c), reiterado en esta instancia, relativo a que la CEENL no excepcionó a los candidatos independientes de observar el límite de financiamiento privado previsto para los partidos políticos de nueva creación, por los motivos siguientes.

En la instancia local, la actora combate el acuerdo CEE/CG/37/2015 en el entendido de que al fijar los montos de financiamiento público para candidatos independientes, implícitamente también delimita los topes máximos de las aportaciones que conformaran el financiamiento privado, lo cual aunado a la regla de preponderancia del financiamiento público sobre el privado, y a la declaración implícita de la CEENL relativa a que las reglas dispuestas para partidos de nueva creación son aplicables a las candidaturas independientes, se restringe injustificadamente las aportaciones privadas que estos últimos pueden recibir.

El Tribunal Responsable  no dio respuesta frontal a tal disenso y en cambio estimó que la actora alegaba que la CEENL no había fijado los montos de financiamiento privado que regirían a las candidaturas independientes.

En esta instancia se reitera el agravio inicial; sin embargo este se estima ineficaz, pues se observa que como el acuerdo combatido no fijó expresamente los límites de financiamiento privado de los postulantes independientes, ni dispuso abiertamente que a ellos les resulta aplicable la regla de preponderancia del financiamiento público, el citado proveído no impone la restricción alegada por la actora, máxime que el precepto legal de cuyo contenido se duele no resulta aplicable al régimen de candidaturas independientes, y en cambio el numeral que rige el financiamiento privado de las postulaciones ciudadanas es el diverso 217, fracción IV, de la Ley Electoral.

En efecto, la citada disposición expresamente señala:

Artículo 217. Son prerrogativas y derechos de los candidatos independientes registrados:

IV. Obtener financiamiento privado y autofinanciamiento, para la etapa de la obtención de respaldo ciudadano, así como para el sostenimiento de sus campañas, los cuales no deberán rebasar el que corresponda a un partido político de reciente registro, ni provenir de fuentes de financiamiento ilícito;

Si se parte el hecho que ningún precepto legal, o norma administrativa dispuesta en el acuerdo originalmente reclamado, imponen la regla de preponderancia del financiamiento público sobre del privado al régimen de candidaturas independientes en Nuevo León, la sola delimitación de los montos de financiamiento público de los citados postulantes, no implica la fijación de la restricción de la que se duele la actora.

En todo caso, si la CEENL llegara a interpretar que el numeral 217, fracción IV, de la Ley Electoral, estableciendo que las cantidades que ahí se refieren se circunscriben al principio de preponderancia del financiamiento público (diseñado para el régimen de partidos), la accionante podrá cuestionar la determinación que en forma manifiesta imponga la restricción de la que ahora se duele.

4.3. Es conforme a la Constitución Federal que se diferencie el acceso a los recursos públicos con base en la representatividad de los partidos políticos

La promovente tiene razón cuando alega que la permanencia de los partidos políticos no es un criterio que justifique la diferenciación que el artículo 44, fracción I, apartados a. y b. de la Ley Electoral hace en la distribución del financiamiento público.

Ciertamente, en su demanda de juicio de inconformidad local la accionante expuso que consideraba inconstitucional que para la distribución del financiamiento público los candidatos independientes, considerados en su conjunto como un partido de recién creación, solo fueran considerados para participar en la repartición del setenta por ciento (70%) del presupuesto público; sin que fuera justificación que no contaban con representación en el congreso, pues ese es un requisito solo exigible a los partidos.

El tribunal responsable al hacer el examen correspondiente, vertió los argumentos contenidos en las acciones de inconstitucionalidad 38/2014 y sus acumuladas, y 22/2014 y sus acumuladas, relativas al análisis de los artículos 224 y 225 de la Ley Electoral y 407 y 408 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, todos relativos, en sus respectivos ámbitos, a las reglas que prevén que para efectos de la distribución del financiamiento, los candidatos serán considerados en conjunto como un partido de nuevo registro y que el monto correspondiente se prorrateará entre todos los aspirantes.

Como se advierte, al dar contestación al agravio en comento la autoridad responsable expuso razones y argumentos tendentes a justificar la constitucionalidad de otro tipo de reglas. En efecto, las consideraciones expuestas, hechas por la Suprema Corte de Justicia al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad solo justifican el trato diferenciado hacia los candidatos independientes, de considerarlos como un partido nuevo y que se distribuyan las prerrogativas entre ellos,  no así las directrices contempladas en el numeral 44, fracción I, apartados a. y b. de la Ley Electoral, concernientes a la forma en que se calcula el monto del financiamiento de un partido de registro reciente.

Precisado lo anterior, aunque el tribunal dio razones que no eran adecuadas, el agravio de la actora se torna ineficaz, toda vez que, desde su óptica, no existe razón objetiva que justifique la no participación de los candidatos independientes en el cien por ciento (100%) del financiamiento público; empero, contrario a lo que sostiene, este tribunal electoral advierte que sí hay una causa objetiva (diferente a la expresada por la responsable), acorde con el principio de equidad, que permite distinguir por qué determinados actores políticos participan en una repartición de financiamiento público más amplio que otros, a saber: la representatividad de los institutos políticos.

Lo anterior, de acuerdo a los argumentos que se exponen enseguida:

Primeramente, debe quedar asentado que en la presente impugnación, la actora no vierte argumento alguno para inconformarse o cuestionar el hecho que el tribunal responsable sostuvo que es constitucionalmente legítimo que para efectos de la distribución del financiamiento público, los candidatos independientes, en conjunto, sean considerados como un partido de nuevo registro, y las prerrogativas correspondientes se prorrateen entre sí.

Por tanto, en el presente apartado, el análisis respectivo se realizará sobre la constitucionalidad de las reglas que la Ley Electoral establece para el financiamiento de los partidos políticos que obtuvieron su registro de forma posterior a la última elección de diputados locales.

Ahora bien, en el artículo 41, párrafo segundo, base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce a los partidos políticos la calidad de entidades de interés público. Una de sus finalidades primordiales es la consolidación de la democracia, a través de la representación nacional y la formación del poder público.

Por ello, se establecen a su favor una serie de prerrogativas y derechos para que estén en aptitud de cumplir con los objetivos que constitucionalmente tienen asignados. Dentro de ellas, se encuentra el financiamiento público, para: a) el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes; b) gastos de campaña, y c) actividades específicas como entidades de interés público.

En la misma vertiente, el numeral 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución prevé que de conformidad con las bases establecidas en dicho ordenamiento, las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes electorales en los Estados garantizarán que los partidos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendentes a la obtención del voto.

Así las cosas, en los artículos 50, párrafo 1; 51, párrafo 1, inciso a), fracciones I y II, y 51, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Partidos Políticos, se reitera que los partidos políticos, para desarrollar sus actividades, tienen derecho a recibir financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, base II de la carta magna, así como lo dispuesto en las constituciones locales.

En contexto, puntualiza que para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate.

En esa relación de ideas, el financiamiento público de los partidos políticos en Nuevo León, se encuentra regulado de la siguiente forma:

El numeral 42, de la constitución de ese estado especifica que la ley electoral garantizará que los partidos con registro estatal o nacional cuenten de manera equitativa y permanente con financiamiento para la realización de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y para actividades específicas.

Además, se prevé que el setenta por ciento (70%) del total del financiamiento público para los partidos se distribuirá de acuerdo al porcentaje de votación que hayan obtenido en la última elección de diputados locales; y el treinta por ciento (30%) restante se asignará en forma igualitaria a los institutos políticos contendientes que tengan representación en el Congreso del Estado.

Por su parte, la Ley Electoral, en su numeral 44, párrafo primero, fracción I, apartados a. y b., dispone que el financiamiento público se otorgará mediante la asignación presupuestal que determine el Congreso del Estado, de acuerdo con la Constitución Federal, la Ley General de Partidos Políticos, y demás leyes aplicables.

Asimismo, que la CEENL presupuestará el financiamiento público de los partidos políticos una cantidad mínima resultante del sesenta y cinco por ciento (65%) del salario mínimo diario vigente en Monterrey por el número de electores inscritos en el padrón electoral del estado, para actividades ordinarias permanentes de los partidos, la que se distribuirá de acuerdo al orden siguiente:

a.    El treinta por ciento (30%) de la cantidad total aprobada por el Congreso del Estado para el financiamiento público, deberá entregarse en ministraciones conformadas en forma igualitaria a los partidos con representación en el mismo.

b.    El setenta por ciento (70%) restante se distribuirá en proporción al porcentaje de votos que cada uno de los institutos políticos con representación en el Congreso del Estado, hubiese obtenido en la anterior elección de diputados locales.

Tratándose de partidos que obtuvieron su registro pasada la elección de diputados locales, de conformidad con la fracción IV del numeral 44 de la Ley Electoral, tienen derecho a que se les otorgue el financiamiento público equivalente a que hubieran obtenido el dos por ciento (2%) de la votación de dicha elección base.

En el apartado a. de la fracción II del artículo en comento, se dispone que en el año de la elección en que se renueve el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, se otorgará a los partidos políticos un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año.

Ahora, a partir del esquema definido, la CEENL, realizó la distribución del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos para el año dos mil quince[6].

Asimismo, mediante acuerdo CEE/CG/37/2015 asignó los montos de financiamiento público para los candidatos independientes. En lo que nos interesa, la autoridad administrativa electoral precisó que:

De acuerdo a lo que señala el mismo artículo 44, fracción IV de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, el partido que hubiere obtenido su registro con fecha posterior a la última elección de diputados, tendrá derecho a que se le otorgue financiamiento público equivalente a que hubiera obtenido el dos por ciento de la votación de dicha elección base.

En la inteligencia de que solamente se considera el cálculo respecto al 70% toda vez que como partidos de nueva creación no cuentan con representación en el Congreso del Estado.

TABLA II

70% de acuerdo al porcentaje de votos de los partidos políticos en el proceso electoral del 2012

(X) Porcentaje de la votación de acuerdo al art. 44, fracc. IV LEENL

(=) Financiamiento público anual de un partido de nueva creación

$115,113,950.75

2%

$2,302,279.02

El gasto de campaña de un partido político de nueva creación se calcula de acuerdo a lo que señala el artículo 44 fracción II, inciso a. de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León conforme a lo siguiente:

a) En el año de la elección en que se renueve el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, se otorgará a los partidos políticos un monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año.

TABLA III

Financiamiento anual de un partido de nuevo registro

(X) Porcentaje de votación financiamiento de acuerdo al art. 44, fracc. II LEENL

(=) Financiamiento público para gastos de campaña

$2,302,279.02

50%

$1,151,139.51

[Énfasis añadido]

Posteriormente, la CEENL se abocó a la distribución de prerrogativas a cada uno de los veintidós candidatos independientes, dividiendo el total en tres partes iguales (para cada tipo de elección) y efectúo la repartición de conformidad a los porcentajes de topes de campaña establecidos en el diverso acuerdo CEE/CG/08/2014, y el porcentaje que representa.

Finalmente, asignó los montos respectivos a cada candidato, quedando, para los postulantes a las alcaldías del estado, de la siguiente manera:

NOMBRE DE LA CANDIDATA Y CANDIDATO TITULAR AL CARGO DE DIPUTACIÓN [sic]

AYUNTAMIENTOS

% PROPORCIONAL DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO

CANTIDAD EN MONEDA NACIONAL

Luis Fernando Marín Molina

Apodaca

19.23%

$73,727.82

Miguel Ángel González Sandoval

El Carmen

1.39%

$5,315.79

César Adrián Valdés Martínez

García

13.98%

$53,573.89

Lorenia Beatriz Canavati Von Borstel

San Pedro Garza García

5.49%

$21,048.74

Gabriel Eduardo Almaguer Segura

Gral. Escobedo

11.54%

$44,237.88

Genaro Alanís de la Fuente

Guadalupe

23.90%

$91,599.87

Luis Eduardo Prado Casanova

Hualahuises

0.73%

$2,792.75

Juan Ignacio Cantú de Ochoa

Montemorelos

5.10%

$19,548.57

Efrén García Rodríguez

Santa Catarina

15.34%

$58,799.69

Alfonso Jiménez Pérez

Santiago

3.31%

$12,684.45

 

 

100.00%

$383,329.46

Ahora bien, ciertamente el requisito para acceder a la repartición del treinta por ciento (30%) de financiamiento público por actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos[7], relacionado con “contar con representación en el Congreso”, constituye una exigencia que no se prevé en la Constitución Federal, pero sí en la Ley General de Partidos Políticos, el su numeral 51, párrafo 2.

Efectivamente, el artículo 41, base II, de la Constitución, sólo regula las bases a las que deberá sujetarse el financiamiento público, entre ellas que impere el principio rector en materia electoral de equidad en el financiamiento público entre los partidos políticos[8].

Una vez delineado lo anterior, se advierte que el modelo de distribución de financiamiento público por actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos que el legislador de Nuevo León diseñó en los numerales 42 de su Constitución estatal, así como 43 y 44, de la Ley Electoral, guarda coincidencia con lo señalado en la propia Carta Magna y la Ley General de Partidos Políticos; ya que para acceder al porcentaje del treinta por ciento (30%) igualitario, es requisito que se cuente con representación en el Congreso del Estado.

La Sala Superior de este tribunal electoral ha estimado que la exigencia en comento, contrariamente a lo aducido, no resulta contraria al principio de equidad, porque no se da un trato diferenciado, sino lo único que se prevé es que el partido que guarde una situación distinta frente a otro en función de su fuerza electoral o representatividad, reciba un trato acorde a esa situación y, por tanto, acceda a un mayor financiamiento público.

Efectivamente, la equidad en el financiamiento público a los partidos políticos como principio rector en materia electoral estriba en el derecho igualitario consignado en la ley para que todos los partidos políticos puedan llevar a cabo la realización de sus actividades ordinarias y las relativas a la obtención del sufragio, atendiendo a las circunstancias propias de cada ente político, de tal manera que cada uno perciba lo que proporcionalmente le corresponde acorde con su grado de representatividad.

Cabe destacar que conforme al principio de equidad en materia electoral, los partidos políticos se diferencian por el grado de representatividad que tengan, pues, de estimarse lo contrario, se llegaría al extremo de reconocer una condición igualitaria entre entes con distinta representatividad, concediéndoles mayores derechos para la asignación de recursos a los que no tienen mucha representación de los que sí la tienen.

En tal consecución de ideas, la exigencia en estudio (contar con representación en el Congreso) para acceder al treinta por ciento (30%) igualitario del financiamiento público por actividades ordinarias permanentes (y consecuentemente ello se tome como base para determinar el financiamiento de gastos de campaña) no transgrede el mencionado principio rector, ya que lo único que realiza es reconocer que los partidos políticos que tengan un grado importante de fuerza electoral o representatividad, sean los que accedan a un mayor financiamiento público.

La interpretación que se realiza, parte de la premisa de que el sistema jurídico debe considerarse como unidad integral en la que las normas guarden armonía conjunta que permita hacer efectivo el derecho de los partidos políticos a recibir recursos, pero sin obviar las circunstancias particulares y sus diferencias sustanciales, atendiendo a parámetros objetivos verificables, como es el grado de apoyo o representatividad del instituto político y que ese elemento se vea traducido en los recursos que al efecto les correspondan[9].

Atento a lo antes explicado, se puede además afirmar que si los candidatos independientes tienen una participación en la distribución del financiamiento público como partido de nueva creación, ello sigue la lógica de que se trata de actores políticos que, a diferencia de los partidos políticos con cierta antigüedad, no cuentan con una fuerza política corroborada en las urnas de una elección anterior.

Por todas las razones expuestas debe confirmarse el fallo controvertido.

4. Resolutivo

ÚNICO Se confirma por diferentes razones la sentencia impugnada.

NOTIFÍQUESE. Archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación correspondiente a la responsable.

Así lo resolvió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, por unanimidad de votos de los magistrados que la integran, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO

 

 

MAGISTRADO

MAGISTRADO

 

 

YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ

REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

 

 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

 

IRENE MALDONADO CAVAZOS

 

 


[1] El financiamiento de los partidos políticos que no provenga del erario se regulará de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Partidos Políticos, demás leyes aplicables y conforme a lo siguiente:

II. Los recursos que los partidos políticos reciban fuera del erario, se conformarán con los siguientes tipos de ingresos:

b. Financiamiento de simpatizantes: estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, otorgadas a los partidos políticos, en forma libre y voluntaria por personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país, siempre y cuando no provengan de alguna de las personas o entidades señaladas en la fracción I del presente artículo. Las aportaciones en dinero provenientes de personas físicas o morales, no excederá del diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de Gobernador, y cuando sólo se elijan Diputados al Congreso y Ayuntamientos del Estado el monto máximo no excederá de la cantidad fijada en la anterior elección de Gobernador más el índice de inflación acumulado a la fecha de su determinación que señale la autoridad oficial correspondiente.

Las aportaciones en dinero a los partidos políticos que realice cada persona física o moral facultada para ello, tendrán un límite anual equivalente al uno por ciento del monto total del tope de gastos fijado para la campaña de Gobernador, fijándose el criterio señalado en el párrafo anterior para la elección en la que sólo se elijan Diputados al Congreso y Ayuntamientos del Estado.

Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados de las aportaciones de dinero que reciban, en los que se harán constar los datos de identificación del aportante, salvo que hubieren sido obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública. En el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el informe correspondiente el monto total obtenido.

Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente al cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación;

[2] Artículo 44. El financiamiento público a los partidos políticos con registro nacional o local se otorgará mediante la asignación presupuestal que determine el Congreso del Estado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Partidos Políticos, y demás leyes aplicables conforme a lo siguiente:

I. La Comisión Estatal Electoral presupuestará para el financiamiento público de los partidos políticos una cantidad mínima resultante del sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente en Monterrey por el número de electores inscritos en el padrón electoral del Estado, para actividades ordinarias permanentes de los partidos, la que se distribuirá de acuerdo al orden siguiente:

a. El treinta por ciento de la cantidad total aprobada por el Congreso del Estado para el financiamiento público, deberá entregarse, conforme al calendario presupuestal que para el efecto determine la Comisión Estatal Electoral, en ministraciones conformadas en forma igualitaria a los partidos políticos con representación en el mismo.

b. El setenta por ciento restante se distribuirá en proporción al porcentaje de votos que cada uno de los partidos políticos con representación en el Congreso del Estado hubiese obtenido en la anterior elección de diputados locales.

[3] En tal sentido resulta aplicable, por las razones que la informan, la tesis de Sala Superior con clave XXVI/97, de rubro: AGRAVIOS EN RECONSIDERACIÓN. SON INOPERANTES SI REPRODUCEN LOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD". Publicada en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 1, Año 1997, página 34. Igualmente, es orientadora la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con clave 2a./J. 109/2009, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA", 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXX, Agosto de 2009; Pág. 77. Registro IUS: 166748

[4] El financiamiento de los partidos políticos que no provenga del erario se regulará de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Partidos Políticos, demás leyes aplicables y conforme a lo siguiente:

II. Los recursos que los partidos políticos reciban fuera del erario, se conformarán con los siguientes tipos de ingresos:

b. Financiamiento de simpatizantes: estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, otorgadas a los partidos políticos, en forma libre y voluntaria por personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país, siempre y cuando no provengan de alguna de las personas o entidades señaladas en la fracción I del presente artículo. Las aportaciones en dinero provenientes de personas físicas o morales, no excederá del diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de Gobernador, y cuando sólo se elijan Diputados al Congreso y Ayuntamientos del Estado el monto máximo no excederá de la cantidad fijada en la anterior elección de Gobernador más el índice de inflación acumulado a la fecha de su determinación que señale la autoridad oficial correspondiente.

Las aportaciones en dinero a los partidos políticos que realice cada persona física o moral facultada para ello, tendrán un límite anual equivalente al uno por ciento del monto total del tope de gastos fijado para la campaña de Gobernador, fijándose el criterio señalado en el párrafo anterior para la elección en la que sólo se elijan Diputados al Congreso y Ayuntamientos del Estado.

Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados de las aportaciones de dinero que reciban, en los que se harán constar los datos de identificación del aportante, salvo que hubieren sido obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública. En el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el informe correspondiente el monto total obtenido.

Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente al cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación;

[5] Ciertamente la página 3 del escrito de demanda y, a partir de la 9, hasta el segundo párrafo de la 20, se advierte que es la transcripción del escrito de impugnación que presentó ante el tribunal responsable.

[6] Mediante proveído de veintiséis de enero de esta anualidad.

[7] Que junto con otro el setenta por ciento (70%) conforman la base para el financiamiento para gastos de campaña.

[8] Al respecto, se estima importante tener presente la jurisprudencia 8/2000, cuyo rubro refiere: “FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A FIJARLO EN IGUALES TÉRMINOS QUE EN EL ORDEN FEDERAL”. Publicada en: Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2013,  Jurisprudencia  y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, Págs 355-356

[9] El criterio aquí expuesto, es el sostenido por la Sala Superior en la ejecutoria del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JRC-477/2015 Y ACUMULADO SUP-JRC-478/2015, dictada el once de marzo de la presente anualidad. Asimismo, resultan pertinentes las razones contenidas en las jurisprudencia 10/2000, de rubro “FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL. EL DERECHO A RECIBIRLO ES DIFERENTE PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARTICIPANTES EN UNA ELECCIÓN ANTERIOR QUE NO DEMOSTRARON CIERTA FUERZA ELECTORAL, RESPECTO A LOS DE RECIENTE CREACIÓN”. Publicada en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 14. Así como las tesis relevantes de claves LXXV/2002 y LXXII/2002, de rubros, respectivamente: “FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE RECIENTE REGISTRO NO PARTICIPAN DEL PORCENTAJE QUE SE DISTRIBUYE EN FORMA IGUALITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS)”; y “FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL. FORMA EN QUE SE OTORGA A LOS PARTIDOS QUE HAYAN OBTENIDO SU REGISTRO CON POSTERIORIDAD A LA ÚLTIMA ELECCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)”. Publicadas en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 141 a 143, y 139.