JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SM-JDC-43/2024

PARTE ACTORA: ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia

TERCERO INTERESADO: ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: SIGRID LUCIA MARÍA GUTIÉRREZ ANGULO Y GERARDO ALBERTO CENTENO ALVARADO

COLABORÓ: DAVID ALEJANDRO GARZA SALAZAR, MARIANA RIOS HERNÁNDEZ Y LAURA ALEJANDRA FREGOSO ESTRADA

Monterrey, Nuevo León, 30 de abril de 2024.

Sentencia de la Sala Monterrey que modifica, en lo que fue materia de impugnación, la resolución del Tribunal de ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia que declaró inexistente la Violencia Política de Género, Violencia Política y Violencia Institucional, en perjuicio de la entonces Diputada Suplente del PRI, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia.

Lo anterior, porque este órgano jurisdiccional considera que: i. en cumplimiento a lo decidido por la Sala Superior, resulta evidente que el Tribunal Superior de Justicia carece de competencia para suspender o intervenir un trámite de renuncia o suplencia de una diputación, sin embargo, el Tribunal Local sólo queda vinculado en lo sucesivo a dicho criterio, puesto que al dictar la sentencia revisada todavía no se emitía dicha decisión por la Sala Superior aunado a que, ii. en cuanto a la supuesta VPG atribuida al entonces presidente de Congreso, al margen de las deficiencias de la demanda de la actora, porque no controvierte las consideraciones del Tribunal Local respecto a que no está demostrado que la afectación a los derechos de la Diputada Suplente sea por su calidad de mujer, notoriamente, se advierte que la falta de continuación en los procedimientos se debe a cuestiones políticas, indistintamente del género de quien buscaba ser llamada a asumir el cargo, y no a una decisión contra la suplente por el hecho de ser mujer, sin embargo, iii. a diferencia de lo determinado por el Tribunal de ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, se actualiza violencia política en perjuicio de la impugnante atribuible al ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, porque no existe una justificación sustantiva para no haber dado continuidad al trámite de renuncia de la Diputada Propietaria y seguir con el procedimiento respectivo, que si bien no revelan un impacto diferenciado en razón del género para la actora, porque se actualizaron en el contexto de un conflicto político notorio, conforme a la Ley Interna y Reglamento, con independencia de las variantes en su interpretación, finalmente, de manera objetiva sí revelaron un retraso y se produjo una afectación especial en la posibilidad de acceder al cargo en calidad de propietaria; iv) además, contrario a lo decidido por el Tribunal Local, existe una responsabilidad institucional del Congreso Local, más allá del contexto político, porque los hechos revelan que los órganos de dirección y gobierno del Congreso Local -entre ellos, la Mesa Directiva-, en su calidad de agentes del Congreso Local, son sujetos responsables de determinadas acciones y omisiones en el procedimiento, por ser quienes tenían participación a efecto de que se diera trámite a la renuncia de la diputada propietaria, y al actuar sin apego a las normas del procedimiento previsto en la Ley Interna y el Reglamento Interior, generaron una responsabilidad para el Congreso Local, en cuanto agentes del mismo, por lo cual, debe tenerse por actualizada también la violencia política en su modalidad de institucional en perjuicio de la impugnante.

Ello, con independencia de las diferencias de interpretación que existan entre las partes o los distintos tribunales, lo que resulta evidente es la existencia de conductas reticentes y omisiones, que generaron un retraso inexplicable en comparación con los pocos días que, como hecho notario, han ocupado otras tomas de protesta, sin que el contexto de confrontación política o los formalismos expresados constituyan una justificación válida para afectar los derechos fundamentales de personas diputadas electas por la ciudadanía, lo cual, da lugar a tener por actualizada la violencia política y violencia Institucional en perjuicio de la actora, y se produjo una afectación especial en la posibilidad de acceder al cargo en calidad de propietaria.

Glosario

Competencia, procedencia y tercero interesado

1. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para conocer de este juicio, porque se controvierte una determinación del Tribunal Local, relacionada con la supuesta comisión de las infracciones de VPG, violencia política y violencia institucional por el Presidente del Congreso en perjuicio de la Diputada Local del Congreso Local, entidad federativa que se ubica dentro de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, en la cual este órgano colegiado ejerce jurisdicción[1].

2. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos expuestos en el acuerdo de admisión[2].

3.Tercero interesado. El 29 de enero, compareció con tal carácter, el Presidente del Congreso y Diputado del PAN, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, al reunir los requisitos previstos en la Ley de Medios de Impugnación:

a. Cumple con el requisito de forma, porque en el escrito presentado se hace constar el nombre del tercero interesado, quien comparece por su propio derecho, se advierte la firma autógrafa, así como la calidad de quien lo suscribe.

b. Fue presentado de manera oportuna, toda vez que la publicitación del presente medio de impugnación inició a las 10:00 horas del 27 de enero y concluyó a las 10:00 horas del 30 siguiente, y el tercero interesado compareció el 29 de enero a las 18:01 horas[3].

c. ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia está legitimado, porque se trata de un ciudadano que acude por sí mismo y hace valer presuntas violaciones a sus derechos político-electorales[4].

d. Cuentan con interés jurídico, porque pretenden que subsista lo decidido en la resolución impugnada[5].

Al respecto, este órgano jurisdiccional desestima el argumento hecho valer por el tercero interesado respecto a que la demanda y agravios expuestos por la parte actora en el presente juicio son frívolos.

En efecto, la frivolidad se caracteriza, porque la impugnación carezca de sustancia jurídica[6], lo cual no sucede en el caso, porque de la lectura de la demanda del juicio ciudadano se puede advertir que la parte actora manifiesta hechos y conceptos de agravio encaminados a evidenciar que la sentencia del Tribunal Local no se dictó conforme a derecho, por tanto, con independencia de que los agravios de la parte impugnante puedan o no ser fundados, evidentemente el juicio no carece de sustancia ni resulta intrascendente.

Antecedentes[7]

I. Hechos contextuales que dieron origen a la controversia

1. El 31 de agosto de 2021, la Diputada Propietaria del PRI, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia y la Diputada Suplente, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia tomaron protesta en el Congreso Local[8].

2. El 1 de septiembre de 2022 el Diputado del PAN, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, fue nombrado Presidente de la Mesa Directiva[9].

II. Solicitudes de licencia y renuncia de la Diputada Propietaria.

1. El 18 de agosto de 2023[10], la Diputada Propietaria solicitó la primera licencia a su cargo como Diputada Propietaria electa, por razones de índole personal[11].

2. El 30 de agosto, en sesión pública, el Presidente de la Mesa Directiva informó que existía incertidumbre respecto a la solicitud de licencia de la Diputada Propietaria, por lo que, a decir de la denunciante, el Presidente omitió dar trámite a la solicitud presentada, a pesar de que varias diputaciones manifestaron la necesidad de pronunciarse[12].

3. El 6 de septiembre, la Diputada Propietaria solicitó la segunda licencia a su cargo, al manifestar su incapacidad para ejercer el cargo por un periodo menor a 45 días naturales, además, refirió que informaría a la Mesa Directiva sobre su reincorporación[13].

3. El 15 de septiembre, la Diputada Propietaria renunció a su cargo de manera irrevocable [14].

4. En la misma fecha, el Congreso Local turnó a la Comisión de Gobernación, en carácter de urgente, el expediente relacionado con la renuncia presentada por Diputada Propietaria, al considerar que dicha Comisión es la competente para conocer de la dimisión del cargo como Diputada[15].

5. El 18 de septiembre siguiente, a decir del Presidente del Congreso Local, en sesión ordinaria, puso a consideración la propuesta de dispensa del trámite de Comisión de Gobernación, respecto al escrito de renuncia presentado por la Diputada Propietaria, propuesta que fue votada en contra por la Asamblea[16].

III. Juicio ciudadano local (ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia)

1. El 1 de septiembre, la Diputada Suplente promovió juicio ciudadano local por la omisión de la Presidencia del Congreso de tramitar la primera licencia temporal de separación del cargo de la Diputada Propietaria, al vulnerar sus derechos político-electorales al ejercicio del cargo para el que fue electa[17].

2. El 11 y 20 de septiembre, la Diputada Suplente amplió su demanda en el juicio ciudadano local (ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia), por hechos supervinientes, respectivamente, contra: i. la omisión de la presidencia del Congreso Local de tramitar la segunda licencia de la Diputada Propietaria; y ii. la omisión de tramitar la renuncia al cargo presentada por la indicada Diputada Propietaria el 15 de septiembre y la supuesta comisión de VPG en su contra, con motivo de la actualización de tal omisión[18].

3. El 9 octubre, el Tribunal Local: i) sobreseyó la demanda de la Diputada Suplente, en contra de las omisiones de dar trámite a las solicitudes de licencia de la Diputada Propietaria, toda vez que existió un cambio de situación jurídica, al haber renunciado al cargo posteriormente, ii) declaró la inexistencia de la omisión de tramitar la renuncia de la Diputada Propietaria y, iii) tuvo por acreditada la vulneración a la debida integración y funcionamiento del Congreso Local y la obstrucción al acceso al cargo de la Diputada Suplente, por lo que vinculó al referido Congreso Local para que, de forma inmediata, aprobara y notificara el dictamen sobre la renuncia, lo discutiera, aprobara y tomara protesta a la actora como Diputada Local[19].

4. El 11 de octubre de 2023, el Presidente del Congreso presentó un recurso de aclaración de sentencia ante el Tribunal Local, el cual fue desechado el 13 de octubre siguiente, al determinar que la pretensión del actor consistía en modificar lo resuelto en el fondo por ese órgano jurisdiccional local, lo que, a juicio de dicho órgano jurisdiccional, resultó un exceso en la finalidad de la aclaración solicitada[20].

5. En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Local, el 13 de octubre, a las 08:00 horas, la Comisión de Gobernación aprobó por unanimidad la renuncia de la Diputada Propietaria y ordenó que el 16 de octubre a las 12:00 pm, la ahora actora tomara protesta en el pleno como Diputada Local[21].

6. El 14 de octubre de 2023, la actora presentó incidente de incumplimiento de sentencia ante el Tribunal Local, contra la Comisión de Gobernación, así como del mismo Congreso Local, al considerar que no cumplieron con los efectos establecidos en el juicio ciudadano local (ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia)[22].

7. El 19 de octubre del 2023, el Tribunal Local determinó reservar el pronunciamiento sobre el cumplimiento, derivado de la suspensión otorgada por el Tribunal Superior de Justicia, en la controversia de inconstitucionalidad ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia [23].

IV. Controversia de inconstitucionalidad ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia e impugnación ante la Sala Superior

1. El 13 de octubre, a las 13:26 horas, el Presidente del Congreso Local promovió controversia de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Superior de Justicia, con el objetivo de invalidar la sentencia emitida por el Tribunal Local en el juicio de la ciudadanía ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, solicitando, como medida cautelar, la suspensión de los efectos de la sentencia[24].

2. El 13 de octubre, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia admitió a trámite la controversia de inconstitucionalidad ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia y otorgó la suspensión del acto reclamado para el efecto de que se suspenda la ejecución de la sentencia Tribunal Local, así como todos sus efectos, hasta en tanto no se resolviera el fondo dicha controversia[25], la cual fue notificada al Tribunal Local el mismo día.

3. El 15 de octubre, la impugnante promovió juicio ciudadano ante esta Sala Monterrey, el cual fue remitido a la Sala Superior para someter a su consideración la competencia de quién debía conocer y resolver del citado juicio[26].

4. El 19 de octubre el Magistrado Presidente del Tribunal Local y su representante legal, así como el Magistrado Interino en funciones, respectivamente, presentaron juicio electoral contra el acuerdo de admisión y de suspensión dictados por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en la controversia de inconstitucionalidad ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia [27].

5. El 31 de enero, la Sala Superior revocó la admisión y suspensión dictadas en la controversia de inconstitucionalidad ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, al considerar, esencialmente, que la controversia correspondía a la naturaleza electoral, por lo que el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, inadvirtió la notoria causal de improcedencia de la demanda y, por tanto, actuó fuera del ámbito de sus atribuciones, de ahí que lo procedente conforme a Derecho era dejar sin efectos la referida acción y los actos derivados (ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia)[28].

6. El 26 de octubre, la actora impugnó la determinación del Tribunal Local de reservar el pronunciamiento sobre el cumplimiento, derivado de la suspensión otorgada por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia en la controversia constitucional ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia [29]y el 31 de enero del 2024, Sala Superior desechó de plano la demanda, al actualizarse un cambio de situación jurídica que dejó sin materia la impugnación (ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia)[30].

7. El 14 de octubre de 2023, el Presidente del Congreso y los representantes del PAN y PRI impugnaron la sentencia del Tribunal Local y el 31 de enero siguiente, la Sala Superior: i) desechó las demandas PAN y PRI, por falta de legitimación y ii) con motivo de la demanda interpuesta por el Presidente del Congreso confirmó la resolución impugnada, porque el Tribunal Local sí cuenta con facultades para pronunciarse respecto de los actos que analizó en la resolución reclamada y no invadió las que le corresponden, de forma exclusiva, al Congreso Local( ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia)[31].

V. Procedimiento especial sancionador (actual cadena impugnativa)

1. El 12 de octubre de 2023, la Diputada Suplente del PRI presentó queja contra el Presidente del Congreso y la Presidenta de la Comisión de Gobernación y la Diputada del PRI, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, por la supuesta comisión de VPG, VP y VI, en su perjuicio por diversas omisiones sistemáticas; i. la dilación de dar trámite a la licencia temporal de la Diputada Propietaria, ii. omisión del Presidente del Congreso de convocar a sesión extraordinaria para discutir, aprobar y ejecutar la toma de protesta de la actora como Diputada Local, en atención a la licencia y, posteriormente, la renuncia de la Diputada Propietaria y iii. la omisión de la Presidenta de la Comisión de Gobernación de turnar para la elaboración el dictamen correspondiente. Además, la actora solicitó como medidas cautelares, ordenar a los denunciados dar trámite a los escritos de la Diputada Propietaria y tomarle protesta a la actora como Diputada Local[32].

2. El 19 de enero de 2024, el Tribunal de ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia se pronunció en los términos que se precisan al inicio del apartado siguiente, lo cual constituye la determinación impugnada en el presente juicio.

Estudio del asunto

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. Sentencia impugnada[33]. El Tribunal de ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia que declaró inexistente la VPG, VP y VI supuestamente cometida por el ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, y la Presidenta de la Comisión de Gobernación y la Diputada del PRI, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, en perjuicio de la actora por la omisión de tramitar los escritos de licencia y la eventual renuncia presentada por la Diputada Propietaria del PRI, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, porque: i. en las solicitudes de licencia no se informó una ausencia mayor a 45 días, por lo que, no se afectó el derecho a acceder a un cargo público de la Diputada Suplente del PRI, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, pues su designación como Diputada Local estaba condicionado a que la Diputada Propietaria abandonara su cargo por más de 45 días, ii. la renuncia fue tramitada en un tiempo razonable, sin que ello esté relacionado con la votación en contra del Congreso Local de dar trámite a la renuncia, iii. el Presidente del Congreso no actuó negligentemente para requerir a la Comisión de Gobernación el trámite de la renuncia, porque no pasaron más de 15 días entre la renuncia y que se convocó a la Diputada Suplente a tomar protesta, de conformidad con lo ordenado por el Tribunal Local, aunado a que, la denunciante se encontraba obligada a demostrar que la actuación del denunciando fue negligente y dolosa, iv. la Comisión de Gobernación actuó negligentemente, porque, aunque no existe una normativa expresa respecto a que se debe resolver la solicitud de renuncia antes de 15 días, lo cierto es que la omisión afectó el contenido esencial de la función representativa de la Diputada Suplente, v. sin embargo, el Tribunal Local al analizar si los hechos impugnados acreditaban VPG, VP y VI, consideró que no podía atribuir alguna responsabilidad a los denunciados respecto a la ejecución de tomar protesta a la Diputada Suplente, porque, en ese momento, la Sala Superior no había emitido una determinación respecto a la acción de inconstitucionalidad ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, en la que se ordenó la suspensión de la toma de protesta citada.

2. Pretensiones y planteamientos[34]. La denunciante pretende que esta Sala Monterrey revoque la sentencia impugnada y se declare la existencia de VPG, VP y Vi, porque, desde su concepto: i. el Tribunal Superior de Justicia carece de competencia para conocer la materia de la controversia, por lo que, la responsable debió, una vez acreditada la negligencia de la Presidenta de la Comisión, acreditar las infracciones de VPG, VI y VP y, consecuentemente, individualizar la sanción de la denunciada, ii. las omisiones impugnadas sí afectaron el ejercicio efectivo del acceso al cargo como Diputada Local de la impugnante, pues, a su consideración, se le impidió asumir sus atribuciones como propietaria, iii. fue incorrecto que el Tribunal Local considerara que la omisión de darle trámite a las licencias y renuncia de la Diputada Propietaria atribuida a los denunciados estuvo justificada en el plazo que marca la legislación local (15 días), porque la Presidenta de la Comisión de Gobernación manifestó que estaba imposibilitada de llamar a la denunciante a tomar protesta como Diputada Local, cuando le fue turnado el escrito de renuncia el 18 de septiembre y hasta el 13 de octubre que se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Gobernación y iv. en cuanto a la acreditación de VPG, que sí se acreditó el elemento de género, dado que las omisiones se dirigieron a la denunciante por ser mujer.

3. Cuestión a resolver. Determinar si a partir de las consideraciones del Tribunal Local y los planteamientos de la denunciante: i. ¿el Tribunal Superior de Justicia carece de competencia para conocer la materia de la controversia?, ii. ¿si las omisiones impugnadas afectaron el ejercicio efectivo del acceso al cargo como Diputada Local, pues, a su consideración, se le impidió asumir sus atribuciones como propietaria, iii. ¿si se acreditó el elemento de género, dado que las omisiones se dirigieron a la denunciante por ser mujer?, iv. ¿fue incorrecto que el Tribunal Local considerara que la omisión de darle trámite a las licencias y renuncia de la Diputada Propietaria atribuida a los denunciados estuvo justificada?, y, v. En su caso, ¿si las acciones y omisiones cuestionadas, aun cuando no sean en razón de género, constituyen violencia política en perjuicio de la entonces diputada suplente, o incluso, dependiendo de los agentes que desplegaron las conductas, si implican algún tipo de violencia política institucional?

Apartado I. Decisión general

Esta Sala Monterrey considera que debe modificarse, en lo que fue materia de impugnación, la resolución del Tribunal de ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia que declaró inexistente la VPG, VP y VI supuestamente cometida por el ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, y la Presidenta de la Comisión de Gobernación y la Diputada del PRI, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, en perjuicio de la entonces Diputada Suplente del PRI, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, por la i. omisión de tramitar los escritos de licencia y renuncia presentados por la Diputada Propietaria del PRI, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, ii. la resistencia al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Local, que vinculó al Congreso Local para que, de forma inmediata, aprobara y notificara el dictamen sobre la renuncia, lo discutiera, y le tomara protesta a la referida diputada suplente, iii. la presentación de aclaración de sentencia ante el autoridad responsable, la controversia constitucional ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, con la intensión de invalidar la decisión emitida por el Tribunal Electoral, a sabiendas de que, ciertamente, conforme al criterio de la Sala Superior, en un caso reciente, el Tribunal Superior de Justicia no tiene competencia para emitir algún pronunciamiento en temas vinculados con la materia electoral, en concreto, relacionados con la toma de protesta de diputaciones y, posteriormente, la propia impugnación que presentó ante la Sala Superior y, finalmente, iv. el trato diferenciado respecto a las solicitudes de licencia presentadas por otras diputaciones, que sí fueron atendidas de forma diligentes y eficaz; lo anterior, porque, desde la perspectiva del Tribunal Local: a. las solicitudes de licencia que se presentaron, no hacían referencia a una ausencia mayor a 45 días, por lo que no se afectó el derecho a acceder a un cargo público de la Diputada Suplente del PRI, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, pues su designación como Diputada Local estaba condicionado a que la Diputada Propietaria abandonara su cargo por más de 45 días, b. la renuncia fue tramitada en un tiempo razonable, sin que ello esté relacionado con la votación en contra del Congreso Local de dar trámite a la renuncia, c. el Presidente del Congreso Local no actuó negligentemente para requerir a la Comisión de Gobernación el trámite de la renuncia, porque no pasaron más de 15 días entre la renuncia y que se convocó a la Diputada Suplente a tomar protesta, de conformidad con lo ordenado por el Tribunal Local, aunado a que, la denunciante se encontraba obligada a demostrar que la actuación del denunciando fue negligente y dolosa, d. la Comisión de Gobernación actuó negligentemente, porque, aunque no existe una normativa expresa respecto a que se debe resolver la solicitud de renuncia antes de 15 días, lo cierto es que la omisión afectó el contenido esencial de la función representativa de la Diputada Suplente, e. sin embargo, el Tribunal Local al analizar si los hechos impugnados acreditaban VPG, VP y VI, consideró que no podía atribuir alguna responsabilidad a los denunciados respecto a la ejecución de tomar protesta a la Diputada Suplente, porque, en ese momento, la Sala Superior no había emitido una determinación respecto a la acción de inconstitucionalidad ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, en la que se ordenó la suspensión de la toma de protesta citada.

Lo anterior, porque este órgano jurisdiccional considera que: i. en cumplimiento a lo decidido por la Sala Superior, resulta evidente que el Tribunal Superior de Justicia carece de competencia para suspender o intervenir un trámite de renuncia o suplencia de una diputación, sin embargo, el Tribunal Local sólo queda vinculado en lo sucesivo a dicho criterio, puesto que al dictar la sentencia revisada todavía no se emitía dicha decisión por la Sala Superior aunado a que, ii. en cuanto a la supuesta VPG atribuida al entonces presidente de Congreso, al margen de las deficiencias de la demanda de la actora, porque no controvierte las consideraciones del Tribunal Local respecto a que no está demostrado que la afectación a los derechos de la Diputada Suplente sea por su calidad de mujer, notoriamente, se advierte que la falta de continuación en los procedimientos se debe a cuestiones políticas, indistintamente del género de quien buscaba ser llamada a asumir el cargo, y no a una decisión contra la suplente por el hecho de ser mujer, sin embargo, iii. a diferencia de lo determinado por el Tribunal de ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, se actualiza violencia política en perjuicio de la impugnante atribuible al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, porque no existe una justificación sustantiva para no haber dado continuidad al trámite de renuncia de la Diputada Propietaria y seguir con el procedimiento respectivo, que si bien no revelan un impacto diferenciado en razón del género para la actora, porque se actualizaron en el contexto de un conflicto político notorio, conforme a la Ley Interna y Reglamento, con independencia de las variantes en su interpretación, finalmente, de manera objetiva sí revelaron un retraso y se produjo una afectación especial en la posibilidad de acceder al cargo en calidad de propietaria; iv) además, contrario a lo decidido por el Tribunal Local, existe una responsabilidad institucional del Congreso Local, más allá del contexto político, porque los hechos revelan que los órganos de dirección y gobierno del Congreso Local -entre ellos, la Mesa Directiva-, en su calidad de agentes del Congreso Local, son sujetos responsables de determinadas acciones y omisiones en el procedimiento, por ser quienes tenían participación a efecto de que se diera trámite a la renuncia de la diputada propietaria, y al no actuar sin apego a las normas del procedimiento previsto en la Ley Interna y el Reglamento Interior, generaron una responsabilidad para el Congreso Local, en cuanto agentes del mismo, por lo cual, debe tenerse por actualizada también la violencia política en su modalidad de institucional en perjuicio de la impugnante.

Ello, con independencia de las diferencias de interpretación que existan entre las partes o los distintos tribunales, lo que resulta evidente es la existencia de conductas reticentes y omisiones, que generaron un retraso inexplicable en comparación con los pocos días que, como hecho notario, han ocupado otras tomas de protesta, sin que el contexto de confrontación política o los formalismos expresados constituyan una justificación válida para afectar los derechos fundamentales de personas diputadas electas por la ciudadanía, lo cual, da lugar a tener por actualizada la violencia política y violencia Institucional en perjuicio de la actora, y se produjo una afectación especial en la posibilidad de acceder al cargo en calidad de propietaria.

Apartado II: Agravios procesales de previo pronunciamiento

1. Fuerza normativa de los criterios emitidos por un tribunal de revisión

En ese sentido, en el sistema jurídico electoral mexicano, los órganos y tribunales electorales deben operar, por mandato de lo dispuesto por la Constitución Federal, bajo un sistema de revisión de las decisiones, para garantizar que finalmente todos los actos se apeguen a los principios de constitucionalidad y legalidad (artículo 41, 99 y 116 Constitucionales).

Dicho sistema opera bajo un modelo de instancias ordinarias administrativas y jurisdiccionales, o bien, extraordinarias de naturaleza judicial, delineadas o funcionales bajo un modelo de recursos o juicios (Ley General de Medios).

Por ello, las sentencias o decisiones definitivas o con las que finalizan o resuelven dichos juicios o recursos deben ser cumplidas, porque, al revisarse lo determinado en una instancia previa, por disposición misma y expresa del modelo, puede ser modificado o revocado (cuando hace referencia a los efectos de cada recurso o juicio, modificar o revocar),  y con ello cambiarse lo decidido en una instancia previa, o bien, vincularse al tribunal u órgano revisado para que actúe bajo ciertos parámetros para cumplir con una sentencia, sin que esto implique una afectación a los principios de independencia de cada órgano administrativo o jurisdiccional (así como de sus integrantes).

Dichas condiciones deben cumplirse, por mandato directo del derecho a la tutela judicial efectiva, en el que se establece tanto el derecho de acceso a la justicia como el deber de los tribunales de otorgarla (artículo 17 de la Constitución Federal), hasta el punto en el que las sentencias deben cumplirse, como ha sostenido la SCJN[35].

En atención a ello, cuando un punto de hecho o derecho es objeto de análisis y de un pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Monterrey, los órganos jurisdiccionales o administrativos, tienen el deber de acatar las decisiones, como garantía última de la vigencia de un Estado de Derecho.

Aunado a que, bajo la misma lógica, cuando un aspecto ha sido definido por esta Sala Monterrey (sin haber sido objeto de modificación), y se emite una determinación en cumplimiento, por parte de algún tribunal o instituto electoral, los planteamientos que las partes presentan en una nueva demanda o recurso no implican una nueva oportunidad para revertir un criterio ya definido de manera firme.

Por ende, en caso de que algunas de las partes aleguen en un segundo recurso en la misma secuela procesal o cadena impugnativa, aspectos que han sido objeto de pronunciamiento en una primera determinación, evidentemente, deberán declararse ineficaces, ante la imposibilidad de estudiar el tema nuevamente, con independencia de su formulación.

De otra manera, se atentaría contra los principios de seguridad jurídica y en específico contra aspectos que ya fueron objeto de juicio.

2. Caso concreto

El 9 octubre, el Tribunal Local, en lo que interesa, declaró la inexistencia de la omisión de tramitar la renuncia de la Diputada Propietaria y tuvo por acreditada la vulneración a la debida integración y funcionamiento del Congreso Local y la obstrucción al acceso al cargo de la Diputada Suplente, por lo que, vinculó al referido Congreso Local para que, de forma inmediata, aprobara y notificara el dictamen sobre la renuncia, lo discutiera, aprobara y tomara protesta a la actora como Diputada Local (ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia)[36].

El 13 de octubre, el Presidente del Congreso promovió controversia de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Superior de Justicia, con el objetivo de invalidar la sentencia emitida por el Tribunal Local en el juicio de la ciudadanía ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, solicitando, como medida cautelar, la suspensión de los efectos de la sentencia[37].

En la misma fecha, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia admitió a trámite la controversia de inconstitucionalidad ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia y otorgó la suspensión del acto reclamado para el efecto de que se suspenda la ejecución de la sentencia Tribunal Local, así como todos sus efectos, hasta en tanto no se resolviera el fondo dicha controversia[38], la cual fue notificada al Tribunal Local el mismo día[39].

El 19 de octubre del 2023, el Tribunal Local determinó reservar el pronunciamiento sobre el cumplimiento, derivado de la suspensión otorgada por el Tribunal Superior de Justicia de ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, en la controversia de inconstitucionalidad ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia [40].

El 15 de octubre, la impugnante promovió juicio ciudadano, asimismo, el Magistrado Presidente del Tribunal Local y su representante legal, así como el Magistrado Interino en funciones, respectivamente, presentaron juicio electoral contra el acuerdo de admisión y de suspensión dictados por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, en la controversia de inconstitucionalidad ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia [41].

El 31 de enero, la Sala Superior revocó la admisión y suspensión dictadas en la controversia de inconstitucionalidad ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, al considerar, esencialmente, que la controversia correspondía a la naturaleza electoral, por lo que el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia Estatal, inadvirtió la notoria causal de improcedencia de la demanda y, por tanto, actuó fuera del ámbito de sus atribuciones, de ahí que lo procedente conforme a Derecho era dejar sin efectos la referida acción y los actos derivados( ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia)[42].

En la resolución impugnada ante esta instancia, el Tribunal de ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia declaró inexistente la VPG, VP y VI supuestamente cometida por el Presidente del Congreso y Diputado del PAN, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, y la Presidenta de la Comisión de Gobernación y la Diputada del PRI, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, en perjuicio de la actora por la omisión de tramitar los escritos de licencia y la eventual renuncia presentada por la Diputada Propietaria del PRI, sin embargo, previo análisis individual de los hechos denunciados, la responsable consideró que no podía atribuir alguna responsabilidad a los denunciados por las infracciones de VPG, VP y VI por los hechos denunciados, en concreto, respecto a la ejecución de tomar protesta a la Diputada Suplente, porque, en ese momento, la Sala Superior no había emitido una determinación respecto a la acción de inconstitucionalidad ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, en la que se ordenó la suspensión de la toma de protesta citada.

Ante esta Sala Monterrey, la impugnante refiere que el Tribunal Superior carece de competencia para conocer la materia de la controversia, por lo que, la responsable debió estudiar las infracciones de VPG, VI y VP y, consecuentemente, individualizar la sanción de los denunciados.

3. Valoración

Esta Sala Monterrey considera que le asiste la razón a la denunciante, porque en cumplimiento a lo decidido por la Sala Superior, resulta evidente que el Tribunal Superior carece de competencia para suspender o intervenir un trámite de renuncia o suplencia de una diputación, de conformidad con lo resuelto por la Sala Superior en los juicios ciudadanos y electoral ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, sin embargo, el Tribunal Local sólo queda vinculado en lo sucesivo a dicho criterio, puesto que al emitir la sentencia revisada todavía no se emitía dicha decisión por la Sala Superior.

En efecto, en los juicios ciudadano y electoral citados, la Sala Superior determinó que el Tribunal Superior carece de competencia para resolver respecto a la toma de protesta de la Diputada Suplente, dado que ésta corresponde al ámbito electoral, al relacionarse con el derecho a ser votado en su vertiente de ocupar el cargo, con motivo de la vacante de una diputación por el principio de mayoría relativa en el Congreso Local[43].

De ahí que, los acuerdos del Magistrado Presidente del Tribunal Superior, por los que, admitió la controversia de inconstitucionalidad, y ordenó al Tribunal Local abstenerse de realizar actos que obstaculizaran la facultad constitucional del Congreso Local de tramitar la renuncia de una diputada local y a su vez tomar protesta a una diversa, carecían de validez al haber sido emitidos por una autoridad incompetente, por lo que, lo procedente conforme a Derecho era dejarlos sin efectos.

En ese sentido, la Sala Superior ordenó al Tribunal Local proseguir a fin de exigir el cumplimiento de su sentencia, en la que, entre otras cuestiones, se ordenó la toma de protesta de la Diputada Propietaria.

De lo anterior, esta Sala Monterrey considera, de conformidad con lo resuelto por la Sala Superior, el Tribunal Superior de Justicia es incompetente para conocer de trámite de renuncia de la Diputada Propietaria y la toma de protesta de la Diputada Suplente, sin embargo, el Tribunal Local sólo queda vinculado en lo sucesivo a dicho criterio, puesto que al emitir la sentencia revisada todavía no se emitía dicha decisión por la Sala Superior.

Apartado III. Desarrollo y justificación de la decisión. Acreditación de la afectación a los derechos político electorales de la impugnante y en consecuencia, las infracciones de violencia política e institucional en su perjuicio

1.1. Primeros pronunciamientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre protección de los derechos político-electorales de las mujeres y la VPG

La Sala Superior determinó, en jurisprudencia obligatoria 48/2016, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES[44], que cuando se alegue VPG, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso[45].

Además, en 2016 emitió el Protocolo[46], como referente de actuación interinstitucional y herramienta para contribuir al fortalecimiento del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres mexicanas, la cual se construye a partir de los estándares nacionales e internacionales vinculantes y aplicables a los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, con el fin de proveer una herramienta de auxilio para la función judicial, en concreto, para impartir justicia con base en una perspectiva de género.

Esto es, los instrumentos normativos en materia de VPG, los diversos criterios jurisprudenciales y el Protocolo aprobado en México, previo a la reforma de abril del 2020, se ocuparon del vacío normativo que hasta ese entonces existía en el país.

Posteriormente, en 2018, la Sala Superior emitió la jurisprudencia VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, en la que se estableció una guía o serie de principios para identificar la VPG como criterio auxiliar, para que el juzgador pudiera analizar si en los actos u omisiones que son de su conocimiento concurren los elementos de comprobación que dispone la jurisprudencia, esto es, que: i) suceda en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, o bien, en el ejercicio de un cargo público, ii) sea realizada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de estos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas, iii) que la afectación sea simbólica, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico, iv) tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y, v) contenga elementos de género, es decir: 1) se dirige a una mujer por ser mujer, 2) tiene un impacto diferenciado en las mujeres, y 3) si afecta desproporcionadamente a las mujeres[47].

En ese sentido, a partir del referido criterio de jurisprudencia, es que en los asuntos en que se alegue VPG, al tratarse de un problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso, conforme a los principios que establece y que sirven de guía al juzgador para identificar actos u omisiones de VPG.

1.2. Reforma legal de 2020 sobre VPG

El 13 de abril de 2020, con la reforma en materia de VPG, se configuró un diseño nacional propio para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres en general y, en específico, en el ámbito político-electoral, se incorporó al marco normativo el concepto de VPG, a fin de reconocer y visibilizar la problemática que viven las mujeres en distintos ámbitos, como en el de la participación política[48].

Así, en la Ley de Acceso, se estableció que la VPG es toda acción u omisión, basada en elementos de género, que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres[49], así como las conductas que constituyen ese tipo de violencia[50].

Asimismo, en la referida Ley, también se estableció la distribución de competencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, se facultó al Instituto Nacional Electoral y a los Órganos Públicos Locales Electorales para que, en el ámbito de sus competencias, entre otras cosas, sancionen las conductas que constituyen VPG[51].

En ese sentido, con este nuevo marco jurídico, la VPG se sancionará con base en los procedimientos previstos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas, respectivamente, y conforme con las atribuciones y obligaciones que cada autoridad, en su respectivo ámbito, debe implementar y, finalmente, de aquellas sanciones que podría conllevar el infringir la norma en los términos establecidos en la legislación penal, de responsabilidades administrativas, y en el ámbito electoral, concretamente, el reconocimiento de una vía sancionadora a través del procedimiento correspondiente, y de una vía de juicio restitutorio o reparador de derechos[52].

1.3. Visión 2021 integradora entre la doctrina judicial y la ley, es decir, entre la jurisprudencia de 2018 y la reforma de 2020 en materia de VPG (SUP-REC-77/2021)

La Sala Superior, en el recurso SUP-REC-77/2021, se planteó la cuestión referente a si la jurisprudencia 21/2018 armonizaba o había sido superada por la reforma legal del 13 de abril de 2020, en materia de VPG (artículos 20 Bis y 20 Ter, de la Ley de Acceso).

En ese sentido, al pronunciarse sobre los alcances de la jurisprudencia en materia electoral, concluyó que los elementos establecidos en la jurisprudencia 21/2018 no se oponen o contradicen a la nueva normativa en materia de VPG, porque no se trata de reglas o criterios rígidos o estáticos, sino más bien de principios que permiten al órgano jurisdiccional determinar si las acciones u omisiones están basadas en elementos de género fueron ejercidas dentro de la esfera pública, si tienen por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres[53].

De ahí que, la Sala Superior estableció que los criterios para identificar la VPG en un debate político, previstos en la jurisprudencia 21/2018 no se oponen a la legislación vigente en materia de VPG, aunque su alcance sea genérico y se límite al contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral.

Por tanto, la jurisprudencia, los protocolos y demás instrumentos respecto a VPG, cumplen con la función integradora de la norma, y complementan los criterios jurídicos establecidos tanto en la Ley de Acceso, como en las leyes electorales, con la finalidad de sancionar la VPG con base en los procedimientos previstos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas, respectivamente.

1.4. Doctrina metodológica judicial sobre la protección de los derechos político-electorales y directrices procesales mínimas para el análisis de asuntos en los que se alegue la obstaculización de un derecho político-electoral, violencia política en razón de género o violencia política

1.4.1. Revisar si los hechos son susceptibles de afectar un derecho político electoral o no, para verificar el ámbito en el que debe revisarse, sin prejuzgar de fondo sobre la existencia o no de la violación

En asuntos en los que se plantea la obstaculización a un derecho político-electoral, bajo la modalidad de VPG, los tribunales encargados de conocer del tema tienen el deber de precisar los hechos que pueden obstaculizar un derecho político-electoral, en principio, individualizándolos y subsecuentemente valorándolos en su conjunto, para resolver con auténtica exhaustividad[54].

Lo anterior, bajo la lógica de que conforme a la doctrina judicial sugerentemente deben atender a la metodología apropiada para el estudio y análisis de este tipo de asuntos[55].

En ese sentido, en un primer nivel de análisis, corresponde al estudio individualizado de las conductas denunciadas, determinar si existe la posibilidad de que vulneren un derecho político-electoral, no sólo en términos de ley sino conforme a los supuestos reconocidos por la doctrina judicial.

Esto es, metodológicamente, lo primero que deber revisarse es si alguno de los actos denunciados se ubica, a partir de la sola afirmación, en algún supuesto de afectación de un derecho político-electoral, en los términos definidos por la doctrina judicial (interpretados en una línea jurisprudencial sólida y desde luego no excluidos por la jurisprudencia), como son, ser convocado a las sesiones, participar en las mismas, votar como ejercicio del voto y con elementos imprescindibles para tales efectos.

Ello, porque, necesariamente, el hecho denunciado debe actualizar alguno de los supuestos reconocidos o razonablemente extensivos de un derecho político electoral y, por tanto, tutelables en la materia.

De otra manera, podría estarse ante actos irregulares o de violencia de género, pero no en el ámbito electoral o de los casos que han sido considerados en la doctrina judicial como susceptibles de afectar algún derecho político-electoral.

Esto es, los tribunales electorales deberán identificar los derechos electorales previstos en las normas o en un criterio judicial que pudiesen ser afectados, con la finalidad de verificar si los hechos puestos en conocimiento justifican la procedencia o no del juicio electoral, sin prejuzgar de fondo sobre la existencia de la violación a las normas.

Por tanto, se deberá verificar individualmente si cada uno de los hechos constituye afectación a un derecho político-electoral, susceptible de ser revisado en la instancia electoral y, en su caso, se realizará un análisis en conjunto de los hechos, a fin de que, bajo una perspectiva sensible o reforzada, permita advertir si existen mayores elementos para considerar una sistematicidad o continuidad de acciones que afectan los derechos político-electorales involucrados.

Lo anterior, porque debe tenerse en cuenta que entre las finalidades primordiales de las normas jurídicas es que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, sancionen y contribuyan a erradicar la violencia política en razón de género en contra de las mujeres.

Cabe resaltar que la competencia de las autoridades electorales no se surte solamente cuando las presuntas víctimas de la violencia política en razón de género ocupan un cargo de elección popular, sino que existen otras hipótesis que actualizan la competencia de las autoridades electorales, lo cual debe determinarse en cada caso.

En ese sentido, en el ámbito judicial electoral, necesariamente, el hecho denunciado o alegado debe estar relacionado con el ejercicio de algún derecho político-electoral, a fin de que pueda ser revisado por autoridades en la materia.

Lo anterior, a fin de determinar, por ejemplo, si existe obstaculización del ejercicio del cargo, sin prejuzgar sobre su legalidad en otros ámbitos, pues, de otra manera, podrían demostrarse actos irregulares o violencia de género, pero no en el ámbito de los elementos que han sido considerados en la doctrina judicial como parte de algún derecho político-electoral y, por tanto, tutelables en la materia electoral.

Esto es congruente con el adecuado sistema de distribución de competencias y funciones que en una lógica de transversalidad tiene por objeto salvaguardar o proteger a las mujeres de cualquier acto constitutivo de violencia política en razón de género que pudiera afectarles, al mismo tiempo que salvaguarda los principios de legalidad y seguridad jurídica que subyacen a dicho sistema de distribución de competencias.

1.4.2. En segundo lugar, en un análisis de fondo, para resolver si existe o no VPG, bajo una visión con perspectiva de género, resulta necesario tener presente los elementos de la ley y la jurisprudencia que implican supuestos típicos de VPG (aun cuando pudieran ser genéricos)

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los órganos jurisdiccionales deben impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, tiene que implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria[56].

Entre los elementos a verificar, se tienen que cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género.

Por su parte, la Sala Superior ha establecido que cuando se alegue violencia política por razones de género, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso[57].

Así, bajo esa perspectiva, en el siguiente paso, procede analizar si se acreditó o no la VPG, conforme a los elementos identificados en la Ley de Acceso o la jurisprudencia, derivado de lo cual pueden presentarse fundamentalmente dos escenarios válidos: a. Que la conducta esté en algún supuesto legal específico de VPG, o bien, b. Que la conducta esté en algún supuesto genérico o reconocida jurisprudencialmente. Siempre, verificando conforme a la jurisprudencia, si la afectación es en razón de género.

Lo anterior, en atención a la reforma en materia de VPG[58], que buscó armonizar el orden jurídico interno con los estándares de convencionalidad en cuanto a establecer disposiciones específicas que contribuyan a la visualización de la violencia política, a su tipificación, procesamiento y sanción.

Además, que con ello se busca contribuir a la funcionalidad de la reforma de género, de manera que los supuestos estén previstos tanto en la Ley de Acceso como en la LGIPE, siempre bajo el entendimiento dado en la jurisprudencia por cuanto a que se debe verificar que la afectación se da en razón de género y conforme a lo que debe entenderse como tal.

1.4.3. Los elementos de la Ley de Acceso

Existen supuestos típicos específicos para la demostración de la violencia en razón de género.

En concreto, la Ley de Acceso[59], establece un catálogo normativo de hipótesis que en caso de que se configuren, se tendría por acreditada la VPG, por lo que resulta esencial que, para determinar si los hechos constituyen o no alguna infracción en materia electoral, se realice en primer término un ejercicio de verificación donde se argumente la correspondencia o no entre el derecho y los hechos.

A la vez que, la Ley de Acceso también prevé un supuesto de género, al señalar que la violencia política contra las mujeres en razón de género, es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

La VPG, ciertamente, puede actualizarse no sólo a través de agresiones físicas, verbales o conductas material o abiertamente agresivas contra la mujer, sino a través de actos que demeritan de manera implícita, sutil, disfrazada, en apariencia de broma o incluso microscópicos, finalmente generan un efecto diferenciado en perjuicio de las mujeres, sus capacidades, habilidades, y su dignidad humana.

Esto es, que la violencia política contra la mujer no siempre es visible a primera vista, pues se da, precisamente, a través de la comunicación y que se basa en relaciones desiguales entre géneros, siendo más efectiva para el violentador por ser más sutil, pues se proyecta a través de mecanismos de control social y de reproducción de desigualdades, tales como humillaciones, bromas machistas, publicidad sexista, micromachismos, desvalorización e invisibilización, que se realizan públicamente o plataformas electrónicas.

De manera que, especialmente, los juzgadores deben estar atentos a evitar inercias o formas “sutiles o sofisticadas de violencia” que finalmente buscan demeritar a la mujer.

En ese sentido, los juzgadores deben atender a los principios aplicables a fin de determinar si las acciones u omisiones, más cuando se trata de cuestiones sutiles de violencia, están basadas en elementos de género y si fueron ejercidas dentro de la esfera pública, si tienen por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales de la mujer, de manera sofisticada.

Se precisa, siempre que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, y explica que esto ocurre cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

1.4.4. Supuestos reconocidos en la jurisprudencia

En ese sentido, la jurisprudencia complementa esa visión al exigir que dichos supuestos específicos o genéricos, requieren para su actualización los elementos de comprobación que dispone la jurisprudencia, esto es, que: i) suceda en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, o bien, en el ejercicio de un cargo público, ii) sea realizada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de estos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas, iii) que la afectación sea simbólica, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico, iv) tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y v) contenga elementos de género, es decir: 1) se dirige a una mujer por ser mujer, 2) tiene un impacto diferenciado en las mujeres, y 3) si afecta desproporcionadamente a las mujeres.

1.4.5. Enseguida, en todos los casos, debe constarse, a partir de un análisis individual e integral (contextual o conjunto), que las conductas se produjeron por razón de género

Un aspecto implícito en el punto precedente, pero que debe puntualizarse metodológicamente es que la legislación y la propia doctrina judicial concretada en la línea jurisprudencial emitida por la Sala Superior establecen que, en todo caso, bajo un análisis individual o integral, las conductas o expresiones prohibidas son aquellas que se producen en razón de género.

Esto es, que las conductas constitutivas de violencia política en razón de género son aquellas que establece la ley o la jurisprudencia, de manera específica o genérica, pero siempre que se basen en elementos de género, es decir, que atentan contra la mujer, porque: i. Se dirige a una mujer por el sólo hecho de serlo, ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres, y iii. Afecta desproporcionadamente a las mujeres (jurisprudencia 21/2018).

Por ende, conforme a la Ley de Acceso y a dicha jurisprudencia, leídas integralmente, así como al deber de juzgar con perspectiva de género, debe verificarse si los hechos denunciados actualizan los elementos de género para considerarse constitutivos de VPG, porque si bien los hechos pudiesen ser violentos, en el contexto de su emisión puede que no se emitan en razón de género, conforme al criterio jurisprudencial, es decir, dirigidos contra una mujer por el hecho de serlo o basados en estereotipos de género.

Bajo esas consideraciones, existen hechos que pueden ser calificativos ríspidos, pero que sólo pueden ser sancionados en el ámbito electoral, siempre que busquen o genere la afectación a un derecho político-electoral y se manifiesten contra una persona por ser mujer.

En suma, todos los supuestos legales, los específicos que expresamente exigen que la violencia se cometa en razón de género, los específicos que no lo exigen expresamente en la ley[60], y los genéricos, conforme a la jurisprudencia, también exigen verificar mediante un test, que la violencia se actualice en razón de género.

1.4.6. La VP que no es en razón de género no implica impunidad, sino que debe atenderse por el órgano competente, e incluso, existe la posibilidad de dar vista al órgano correspondiente para que tome las medidas oportunas y que asuma las medidas especiales o de reparación correspondientes

En caso de que la violencia política no sea en razón de género, no implica que exista impunidad, pues los órganos que conozcan de las violaciones deberán proceder a analizar la violencia política y, en su caso, dar vista al órgano correspondiente para que tome las medidas idóneas y que asuma las medidas especiales o de reparación que considere.

Esto quiere decir que, con independencia de que se actualice o no el supuesto de VPG, en tanto supuestos sancionables por la autoridad administrativa competente, las conductas descritas son, por sí mismas, atentatorias al derecho político a ejercer el cargo para el que una servidora pública fue democráticamente electa y, por tanto, tutelables por la vía resarcitoria de los derechos político-electorales a través de los medios jurisdiccionales de protección y los procedimientos sancionadores electorales.

1.4.7. Violencia Política

La obstaculización, negación o anulación del ejercicio de un derecho, se da, según la intensidad, por las conductas que impiden a las personas, con independencia de su intencionalidad, el ejercicio de un derecho político electoral.

La violencia política, reconocida por la Sala Superior[61], se configura cuando la afectación a un derecho político-electoral se da por parte de una servidora o servidor público, mediante actos que tienen una intencionalidad, dirigida a menoscabar, invisibilizar, lastimar, o demeritar la persona, integridad, o imagen pública de otra u otro servidor público en detrimento de su derecho político-electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo[62].

Esto es, la violencia política es de una entidad mayor a la obstrucción en el ejercicio del derecho a ocupar un cargo público de elección popular, ya que, con independencia de que su configuración pueda tener aparejada la comisión de actos que impliquen esa obstrucción, el bien jurídico que se lesiona en ese supuesto es la dignidad humana.

En ese sentido, la violencia política no se configura como un supuesto destinado exclusivamente a proteger el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, sino que tiene una connotación más amplia, pues en ese caso, se involucran relaciones asimétricas de poder[63], por lo que su alcance es el de proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía, con independencia del género de la persona que la ejerce y quien la resiente.

La VPG se actualiza bajo las condiciones anteriores, pero con la finalidad de afectar el ejercicio del derecho político y la dignidad de una persona, por el hecho de ser mujer.

Así, básicamente, existen tres figuras distintas: La obstaculización del cargo, la violencia política y la VPG.

1.4.8. Violencia institucional

La violencia institucional, reconocida por la Sala Superior[64], consiste en los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de Gobierno que discriminen o tengan como finalidad dilatar, obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos humanos y que dicho criterio resultaba orientador al no contar con una definición dentro de la normativa en materia electoral[65] (artículo 18 de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia[66]).

En este sentido, la violencia institucional es ejercida por agentes del Estado y puede realizarse a través de normas, prácticas, descuidos y privaciones en detrimento de una persona o grupos de personas; se caracteriza por el daño y reforzamiento de los mecanismos de dominación[67], además, comprende prácticas violentas de índole física, sexual, psíquica o simbólica, en contextos restrictivos de la autonomía y/o libertad, que menoscaban la convivencia democrática por atentar en contra de la integridad y vida de la gente[68].

Incluso, Sala Superior estimó que las y los servidores públicos ejercen violencia institucional e impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos cuando: obstaculizan el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva; contravienen la debida diligencia; no asumen la responsabilidad del servicio que tienen encomendado; incumplen el principio de igualdad ante la ley; no proporcionan un trato digno a las personas, y omiten brindar protección a la integridad física, psíquica y social de las personas[69].

Al resolver el expediente ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, Sala Superior recuperó el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a que se comete violencia institucional cuando, a partir de las instituciones del Estado, se genera violencia que afecta gravemente el ejercicio de los derechos humanos[70] y consideró que se trata de una categoría analítica para evaluar las conductas el Estado que –a través de sus instituciones– generan vulneraciones graves a los derechos humanos[71].

A partir de lo anterior, Sala Superior señaló que la violencia institucional se da en el ejercicio del Estado en sus funciones públicas, por ejemplo, de impartición y procuración de justicia, en las tareas de seguridad pública o en el desempeño en general de los poderes públicos[72].

1.5. El derecho que tienen las diputaciones suplentes para acceder y ejercer el cargo, ante el supuesto de ausencias o licencias que presenten las diputaciones propietarias del Congreso Local

La Constitución de ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia establece que, ante la falta absoluta o temporal de alguna de las diputaciones propietarias, entrarán en funciones los suplentes, quienes serán llamados por el Congreso Local (artículo 75[73]).

En ese sentido, el Reglamento Interior del Congreso Local dispone que, ante la falta o ausencia temporal de la diputación propietaria mayor a 45 días, deberá llamarse a la suplente, quien rendirá su protesta en los términos del artículo 31 de la Ley Orgánica, y se incorporará a las Comisiones y demás trabajos asignados a la diputación propietaria (artículo 16[74]).

Para ello, la Ley Orgánica establece la protesta que deberá rendir la diputación suplente, e incluso, prevé que dicha protesta deberá tomarse en la sesión del Pleno del Congreso más próxima, por el Presidente de la Mesa Directiva (artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica[75]).

Para lo cual, el referido Reglamento Interior del Congreso Local señala que la Presidencia del Congreso Local, dará curso legal y dictará los acuerdos que deban recaer sobre los asuntos que son competencia del Congreso, por lo que deberá turnarlos a las Comisiones correspondientes para su resolución[76].

1.6. Marco normativo sobre el procedimiento de trámite de licencias y renuncias dentro del Congreso Local

En ese sentido, las diputaciones suplentes entrarán en funciones en caso de falta absoluta o temporal de los propietarios -mayor a 45 días- respectivos, en los casos que determinen las leyes aplicables, para lo cual serán llamados por el Congreso Local para tomar protesta en términos del artículo 31de la Ley Orgánica[77] y se incorporará a las Comisiones y demás trabajos asignados al Propietario (artículo 75[78] de la Ley Orgánica y artículo 16 del Reglamento Interior del Congreso Local[79]).

Todas las personas empleadas y funcionarias públicas del estado y de los municipios, antes de desempeñar sus cargos, deben rendir la protesta de Ley (artículo 193 del Reglamento Interior del Congreso Local[80]).

Entre las facultades del Congreso Local está las de: a) recibir la protesta de las personas que hayan sido electas para ocupar una diputación; b) conocer y, en su caso, aceptar las renuncias de las diputaciones, cuando se funden en una imposibilidad justificada para desempeñarlos; c) tomar las providencias para hacer concurrir a los diputados ausentes y corregir las faltas u omisiones de los presentes (fracciones XVII, XVIII y XXXII, del artículo 96 de la Ley Orgánica[81]).

La presidencia del Congreso tiene, entre otras atribuciones, las de: a) dar curso legal y dictar los acuerdos que deban recaer sobre los asuntos que son competencia del Congreso Local, turnando a Comisiones los debidamente integrados y si no lo estuvieren, apercibir al promovente a fin de que la omisión sea subsanada; b) declarar, después de tomada una votación, si se aprueba o desecha la moción, proposición, proyecto o dictamen que haya sido objeto de aquélla; c) requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado, con la posibilidad de emplazar a la comisión de que se trate, para que presente dicho dictamen en día determinado, y si aún no se lograra el desahogo de ese asunto, ordenará que lo pase a otra comisión que designe la Asamblea, con prevención de dictaminar en término preciso (artículo 24, fracciones III, VI, XIII[82]).

Posteriormente, la Comisión de Gobernación conoce y realiza el proyecto de dictamen correspondiente sobre las renuncias y licencias del Titular del Poder Ejecutivo y de las Diputaciones (artículo 39 del Reglamento Interior del Congreso Local[83]).

En ese sentido, se conoce como dictamen a la resolución acordada por la mayoría de los integrantes de algún Comité o Comisión del Congreso, mediante voto nominal o mediante el equipo electrónico habilitado para ello, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a la discusión y aprobación del Pleno (artículo 47 de Reglamento Interior del Congreso Local[84]).

En el mismo sentido, se establece que cuando las comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso para que dentro de un plazo de 15 días resuelvan el asunto (artículo 54 del Reglamento Interior del Congreso Local [85]).

Por otro lado, el Reglamento Interior del Congreso Local señala que ningún proyecto de dictamen podrá ser discutido, si antes no fue circulado a los integrantes de la Comisión correspondiente, con por lo menos 48 horas antes de la celebración de la sesión de trabajo en la que se discutirá el asunto (artículo 48[86]).

Finalmente, para que el dictamen de cualquiera de las comisiones pueda ser sometido a la Asamblea, deberá presentarse suscrito por la mayoría de las diputaciones que integren la comisión correspondiente y ser entregado con una anticipación de 24 horas a las diputaciones de la referida Asamblea, salvo los casos en que el asunto haya sido recibido con el carácter de urgente, por acuerdo del Pleno, a solicitud del orador o de alguna otra diputación, o por un Acuerdo Legislativo (artículo 49 del Reglamento Interior del Congreso Local [87]).

2. Solicitudes de licencia y renuncia de la Diputada Propietaria (hechos denunciados)

El 18 de agosto de 2023, la Diputada Propietaria solicitó la primera licencia a su cargo como Diputada Propietaria electa, por razones de índole personal.

El 30 de agosto, en sesión pública, el Presidente de la Mesa Directiva informó que existía incertidumbre respecto a la solicitud de licencia de la Diputada Propietaria, por lo que, a decir de la denunciante, el Presidente omitió dar trámite a la solicitud presentada, a pesar de que varias diputaciones manifestaron la necesidad de pronunciarse

El 6 de septiembre, la Diputada Propietaria solicitó la segunda licencia a su cargo, al manifestar su incapacidad para ejercer el cargo por un periodo menor a 45 días naturales, además, refirió que informaría a la Mesa Directiva sobre su reincorporación.

El 15 de septiembre, la Diputada Propietaria renunció a su cargo de manera irrevocable.

En la misma fecha, el Congreso Local turnó a la Comisión de Gobernación, en carácter de urgente, el expediente relacionado con la renuncia presentada por Diputada Propietaria, al considerar que dicha Comisión es la competente para conocer de la dimisión del cargo como Diputada.

El 18 de septiembre siguiente, a decir del Presidente del Congreso, en sesión ordinaria, puso a consideración la propuesta de dispensa del trámite de Comisión de Gobernación, respecto al escrito de renuncia presentado por la Diputada Propietaria, propuesta que fue votada en contra por la Asamblea.

El 9 de octubre, el Tribunal Local, entre otras cuestiones, declaró la inexistencia de la omisión de tramitar la renuncia de la Diputada Propietaria y tuvo por acreditada la vulneración a la debida integración y funcionamiento del Congreso Local y la obstrucción al acceso al cargo de la Diputada Suplente, por lo que vinculó al referido Congreso Local para que, de forma inmediata, aprobara y notificara el dictamen sobre la renuncia, lo discutiera, aprobara y tomara protesta a la actora como Diputada Local.

En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Local, el 13 de octubre, la Comisión de Gobernación aprobó por unanimidad la renuncia de la Diputada Propietaria y ordenó que el 16 de octubre a las 12:00 pm, la ahora actora tomara protesta en el pleno como Diputada Local.

En la misma fecha, el Presidente del Congreso promovió controversia de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Superior de Justicia, solicitando, como medida cautelar, la suspensión de los efectos de la sentencia del Tribunal Local; en consecuencia, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia admitió a trámite la controversia de inconstitucionalidad y otorgó la suspensión del acto reclamado para el efecto de que se suspenda la ejecución de la sentencia Tribunal Local, así como todos sus efectos, hasta en tanto no se resolviera el fondo dicha controversia.

El 19 de octubre del 2023, el Tribunal Local determinó reservar el pronunciamiento sobre el cumplimiento, derivado de la suspensión otorgada por el Tribunal Superior de Justicia de ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, en la controversia de inconstitucionalidad ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia

3. Análisis de la resolución concretamente impugnada

En principio, cabe precisar que, conforme al marco normativo precisado en este fallo, el Tribunal Local no llevó a cabo la metodología establecida por este Tribunal Electoral para en análisis de los casos que involucren VPG, sin embargo, de un análisis detallado de la sentencia se observa lo siguiente:

El Tribunal Local, para declarar la inexistencia de las infracciones de VPG, VP y VI, analizó si las conductas atribuidas a los presuntos responsables como obstrucción al ejercicio del cargo, derivado de la omisión de dar trámite a las solicitudes de la Diputada Propietaria y, de llamarla a tomar protesta como diputada suplente, encuadraban en alguna de las hipótesis que actualizan VPG en perjuicio de la parte actora.

Para ello, el Tribunal de ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia:

i. En primer lugar realizó un análisis individual de los hechos denunciados:

a. Omisión de la Presidencia del Congreso de dar trámite a las solicitudes de licencia presentadas por la Diputada Propietaria. Al respecto, señaló que las afirmaciones de la denunciante son inexactas, al partir de una premisa falsa, pues contrario a lo que alega, el Presidente del Congreso sí dio trámite a los escritos presentados por la Diputada Propietaria[88].

Lo anterior, a juicio del Tribunal responsable, se advierte de las constancias que obran en el expediente del ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, en las que se encuentra, en primer lugar, prueba de que, durante la sesión del Congreso Local de 18 de agosto de 2023, se puso a consideración el primer escrito de solicitud de licencia presentado por la Diputada Propietaria[89].

En segundo lugar, también obra en el expediente copia certificada, expedida por el Oficial Mayor del Congreso Local, del segundo escrito de licencia presentado por la Diputada Propietaria el 6 de agosto, en el que señaló que no podría ejercer el cargo dentro de un período menor a los 45 días naturales, a partir de dicha fecha[90].

Asimismo, el Tribunal Local señaló que los hechos referidos, al no haber sido refutados en algún medio de impugnación posterior a la resolución del ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, resultan, a su consideración, como verdad jurídica[91].

Además, consideró inexacto el planteamiento de la denunciante, respecto a que existió una omisión de tomarle protesta como diputada suplente durante la temporalidad posterior a la presentación del segundo escrito de licencia, porque, conforme al Reglamento Interior del Congreso Local, procede llamar a la diputación suplente para tomar protesta, cuando exista una falta absoluta de la propietaria o, la falta temporal mayor a 45 días[92].

Por tanto, concluyó que, si en los escritos del 18 de agosto y 6 de septiembre, no se informó una ausencia mayor a 45 días, no era posible advertir alguna vulneración a su derecho político-electoral de acceso al cargo y, en consecuencia, no era posible analizar la presunta omisión como conducta constitutiva de VPG, al no advertirse su existencia[93].

Por lo anterior, consideró que, al no resultar afectado el núcleo esencial de la función representativa de la denunciante, estimó que lo conducente sería declarar inexistente la infracción de Violencia Política y Violencia Institucional.[94]

Finalmente, en cuanto a lo alegado por la denunciante respecto a que recibió un trato diferenciado, porque en diversos expedientes legislativos, se advierten licencias temporales que fueron turnadas a la Comisión de Gobernación el mismo día de su presentación, el Tribunal Local consideró que dichos casos resultaban diferentes y no aplicables al caso concreto[95].

Lo anterior, porque en las solicitudes referidas por la denunciante, las solicitantes sí decidieron ejercer, como parte del núcleo esencial de la función representativa, gozar las respectivas licencias, es decir, ausentarse por más de 45 días naturales, lo cual, en su caso, no aconteció, pues como se refirió anteriormente, la Diputada Propietaria solicitó licencia por un periodo menor a 45 días[96].

Por la razón expuesta, el Tribunal Local consideró como conducente declarar inexistente también la VPG alegada por la denunciante.

b. Trámite de la renuncia presentada por la Diputada Propietaria. El Tribunal Local consideró inexactas las afirmaciones de la denunciante, respecto a que el escrito de renuncia pudo haber sido puesto a consideración de la Asamblea del Congreso Local, de manera directa, sin necesidad de ser remitido a la Comisión de Gobernación, aunado a que el Presidente del Congreso fue omiso en turnarlo.

Lo anterior, porque a juicio del Tribunal responsable, contrario a lo alegado por la denunciante, obra en el expediente constancia de que el Presidente del Congreso sí dio trámite al escrito de renuncia referido, aunado a que el tiempo que tomó para turnarlo fue razonable, porque el escrito fue presentado el 15 de septiembre de 2023 y se le dio trámite el 18 siguiente, además los días 16 y 17 fueron inhábiles, por ser sábado y domingo[97].

De igual manera, el Tribunal de ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia señaló que, en el ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, valoró que durante la sesión ordinaria del Congreso Local de 18 de septiembre de 2023, se propuso la dispensa del trámite ordinario del escrito de renuncia, es decir, de no pasar por la Comisión de Gobernación, sino ser analizada directamente por la Asamblea, sin embargo, se votó en contra, lo cual no implicó una omisión o mala fe en su actuar, sino que se basó en el ejercicio legítimo de sus funciones en la deliberación propio de un órgano legislativo[98].

En consecuencia, al no haber demostrado un actuar negligente o intencional de parte del Presidente del Congreso, el Tribunal Local determinó conducente declarar como inexistentes la VPG, Violencia Política y Violencia Institucional, al considerar que el trámite de la renuncia fue realizada conforme a la normativa aplicable, de manera oportuna y dentro de un plazo razonable[99].

c. Omisión de la Presidencia del Congreso de emplazar a la Comisión correspondiente para realizar el Dictamen relacionado con la renuncia de la Diputada Propietaria y, de dar cumplimiento a la sentencia local (ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia), en la que se ordenó tomar protesta a la Diputada Suplente como propietaria. El Tribunal de ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia consideró que, contrario a lo alegado por la denunciante, el Presidente del Congreso sí dio el trámite correspondiente al escrito de renuncia referido anteriormente, así también realizó las acciones conducentes a fin de dar cumplimiento a la sentencia local.

Lo anterior, toda vez que, a partir de la fecha en que se turnó el escrito de renuncia a la Comisión de Gobernación (18 de septiembre), a la emisión de la sentencia local (9 de octubre), transcurrieron 15 días, en ese sentido, consideró que el deber del Presidente del Congreso, de requerir a la Comisión de Gobernación a efecto de que realizará el dictamen, se encontró satisfecho[100].

En efecto, el Tribunal Local razonó que la actuación del Presidente del Congreso fue acorde al marco legal y reglamentario aplicable, pues a partir de la emisión de la sentencia local (9 de octubre), la Presidencia convocó a la diputada suplente el 13 siguiente, a fin de que tomará protesta el 16 del mismo mes, en punto de las 12:00 horas[101].

En ese sentido, al no tener acreditado en autos la omisión alegada por la denunciante, consistente en un actuar negligente o intencional en el sentido de anular o menoscabar el ejercicio de su derecho político-electoral, el Tribunal Local consideró que lo conducente sería declarar la inexistencia de VPG, Violencia Política y Violencia Institucional[102].

d. Omisión de la Comisión de Gobernación de no realizar el dictamen de la renuncia de la diputada propietaria en un plazo de 15 días. Al respecto, el Tribunal Local razonó que, teniendo en consideración que transcurrieron 15 días desde la fecha en que el Presidente del Congreso turno a la Comisión de Gobernación la renuncia de la diputada propietaria, a la fecha de la emisión de la sentencia local, sin que obrara en el expediente, prueba de que la hubiese aprobado o sancionado, a pesar de haber recibido el turno en carácter de urgente, lo conducente sería verificar si en dicho lapso se afectó el núcleo esencial de la función representativa en perjuicio de la denunciada y, por tanto, determinar si se acredita un trato desigual por cuestiones de género.

Por tanto, el Tribunal Local señaló que el Reglamento Interior del Congreso Local refiere que cuando una diputación presente renuncia al cargo o licencia para separarse temporalmente de el, el Presidente del Congreso deberá turnar el asunto a la Comisión de Gobernación, quien, por su parte, deberá conocer y realizar el dictamen correspondiente y que, una vez sancionada y aprobada la solicitud, las diputaciones suplentes serán llamadas para rendir protesta[103].

Posteriormente, señaló que en el caso no se actualizó lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento Interior del Congreso Local el cual señala que cuando las comisiones no presenten el dictamen correspondiente y, el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso para que resuelvan el asunto dentro de un plazo de 15 días, además establece que, si llegado dicho término, aun no se desahoga el expediente, el Presidente de la comisión correspondiente, deberá presentar un informe, expresando los motivos que justifiquen la omisión[104].

Lo anterior no aconteció, a juicio del Tribunal Local, porque la supuesta omisión se dio dentro del límite legal estipulado en la propia legislación del Congreso Local, es decir, durante los 15 días[105].

En efecto, el Tribunal Local señaló que el deber del Presidente del Congreso de requerir a la Comisión de Gobernación para realizar el dictamen, no aconteció, porque la renuncia se presentó el 18 de septiembre, resolución se emitió el 9 de octubre y, la Presidencia del Congreso convocó el 13 siguiente, para que la diputada suplente tomará protesta el 16 del mismo mes[106].

Por tanto, el Tribunal Local concluyó que lo procedente resultaba analizar si la omisión de la Comisión de Gobernación de desahogar el expediente que contenía la renuncia de la Diputada Propietaria y, en consecuencia, le permitiría a la suplente tomar la protesta correspondiente, constituyó un trato diferenciado y como efecto, también VPG[107].

Posteriormente, el Tribunal Local procedió, en un segundo plano, con el análisis de la omisión referida, bajo una visión con perspectiva de género, a fin de determinar si existió o no la VPG denunciada[108].

En primer lugar, el Tribunal definió lo que se entiende por omisión y estableció que, para que dicha conducta constituya una falta administrativa, deberá estar prevista en un ordenamiento a fin de ser considerada como una conducta irregular, posteriormente, señaló que la comisión por omisión sucede cuando en la ejecución de un delito o falta, un agente no hubiese observado una conducta exigida[109].

Al respecto, la responsable estimó como aplicables los principios del sistema penal acusatorio al sistema electoral, por lo que consideró pertinente traer a colación los criterios y directrices de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han establecido los elementos que deben existir para configurar la omisión, en el caso, señaló que son los siguientes:

i.                     Un deber jurídico de cuidado cualificado sobre un determinado bien jurídico;

ii.                   La posibilidad de evitar el resultado;

iii.                 La equivalencia entre la omisión y la acción en su eficacia para producir el resultado lesivo para el bien jurídico, y

iv.                La producción del resultado.       

Además, señaló que es necesario que, a través de una norma jurídica, se obligue o faculte legalmente a quien sea titular de dicha omisión para que incurra en alguna de las siguientes situaciones:

a.     Acepte efectivamente su custodia;

b.     Voluntariamente formaba parte de una comunidad que afronta peligros de la naturaleza;

c.      Con una actividad precedente, culposa o fortuita, generó el peligro para el bien jurídico; o

d.     Se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia o de su pupilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

En ese sentido, el Tribunal Local señaló que, conforme a la línea jurisprudencial de la Sala Superior, las autoridades competentes deben de actuar con celeridad, a fin de garantizar el derecho político-electoral de acceso al cargo, sin embargo, refirió que, en el caso concreto, el Reglamento Interior del Congreso Local no establece un plazo mínimo de sustanciación, sino uno máximo para que las comisiones legislativas dictamen lo conducente[110].

Por tanto, consideró que, si bien la omisión de la Comisión de Gobernación de no resolver la renuncia por un plazo de 15 días afectó el nucleó esencial de la función representativa de la denunciante, ello no es suficiente para calificarla como faltar al deber de cuidado por parte de los presuntos responsables, pues dicho lapso se encuentra dentro del límite establecido en el Reglamento Interior del Congreso Local[111].

Adicionalmente, el Tribunal señaló que no obran en autos elementos para considerar que la omisión referida se basó en motivos de género, sino que se trató del desahogo de un trámite, mismo que no se acredita que haya tenido el fin de menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de la denunciante[112].

En seguida, el Tribunal calificó la conducta denunciada como una negligencia y, en consecuencia, determinó que lo conducente sería declarar la inexistencia de la VPG, VP y VI[113].

Posteriormente, previo a analizar en conjunto los hechos denunciados para determinar si se acreditaban las infracciones de VPG, VP y VI, después de la emisión de la sentencia en el ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, el Tribunal Local consideró que, a raíz de que en la controversia de inconstitucionalidad (ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia) se decretó la suspensión de los efectos dictados en el juicio ciudadano referido, dicho órgano jurisdiccional se encontraba incapacitado para valorar las conductas denunciadas en el procedimiento sancionador[114].

Además, señaló que, dado que la sentencia de la Sala Superior en el ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, en la que se dejó sin efectos los acuerdos emitidos por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Estatal en la controversia de inconstitucionalidad (ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia), fue emitida con posterioridad al Acuerdo Plenario donde se reservó el cumplimiento del ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, no era posible atribuir, en este momento, responsabilidad alguna al Presidente del Congreso o a la Comisión de Gobernación por la omisión de dar al cumplimiento al juicio ciudadano local[115].

Lo anterior, porque dichas autoridades llevaron a cabo acciones con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el juicio ciudadano local, hasta el momento de la suspensión de sus efectos, derivado de la suspensión otorgada en la controversia constitucional referida[116].

Finalmente, el Tribunal Local señaló, como razón adicional, que resultaba legalmente inviable pronunciarse sobre hechos que se encontraban siendo revisados por una instancia superior, aunado a que implicaría revocar la propia determinación emitida en el incidente de incumplimiento del juicio ciudadano local, lo que significaría afectar el principio de revisión judicial de la instancia superior y definitividad[117].

Por las razones expuestas, el Tribunal determinó que lo procedente era declarar la inexistencia de VPG, Violencia Política y Violencia Institucional, respecto a los hechos acontecidos con posterioridad a la sentencia emitida en el juicio ciudadano local[118].

Ante esta instancia federal, la impugnante refiere que el Tribunal Local: i. el Tribunal Superior carece de competencia para conocer la materia de la controversia, por lo que, la responsable debió, una vez acreditada la negligencia de la Presidenta de la Comisión, acreditar las infracciones de VPG, VI y VP y, consecuentemente, individualizar la sanción de la denunciada, ii. las omisiones impugnadas sí afectaron el ejercicio efectivo del acceso al cargo como Diputada Local de la impugnante, pues, a su consideración, se le impidió asumir sus atribuciones como propietaria, iii. fue incorrecto que el Tribunal Local considerara que la omisión de darle trámite a las licencias y renuncia de la Diputada Propietaria atribuida a los denunciados estuvo justificada en el plazo que marca la legislación local (15 días), porque la Presidenta de la Comisión de Gobernación manifestó que estaba imposibilitada de llamar a la denunciante a tomar protesta como Diputada Local, cuando le fue turnado el escrito de renuncia el 18 de septiembre y hasta el 13 de octubre que se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Gobernación y iv. en cuanto a la acreditación de VPG, que sí se acreditó el elemento de género, dado que las omisiones se dirigieron a la denunciante por ser mujer.

4. Valoración

4.1. La impugnante señala genéricamente la omisión de valorar pruebas

Esta Sala Monterrey considera que es ineficaz el agravio de la denunciante, en el que refiere que el Tribunal Local no valoró los elementos probatorios del procedimiento sancionador de origen para acreditar VPG, VI y VP y que indebidamente justificó su determinación, porque la actora se limita a señalar de manera genérica que la responsable omitió valorar las pruebas del procedimiento sancionador y que indebidamente justificó su determinación, sin que, refiera qué pruebas o normar omitió valorar o valoró incorrectamente, ni los razonamientos que evidencien esa presunta irregularidad.

4.1.2. También es ineficaz el planteamiento de la actora respecto a la existencia de otras solicitudes de licencia que sí fueron aprobadas el Tribunal de ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, porque la impugnante omite exponer de qué manera los precedentes eran aplicables a su caso o erróneo en las consideraciones de la responsable, es decir, la promovente no expone, ni siquiera un principio de agravio, que controvierta lo sustentando por la autoridad responsable, pues sólo se limita a señalar que existió un trato diferenciado en su perjuicio, lo que trajo una afectación desproporcionada […] que impidió ejercer el cargo público al que fui electa, sin causa justificada.

4.2. Afectación al derecho de acceso al cargo.

Esta Sala Monterrey considera que le asiste la razón a la actora, porque, contrario a lo decidido por el Tribunal Local, la omisión de tramitar a la eventual renuncia presentada por la Diputada Propietaria del PRI en perjuicio de la Diputada Suplente atribuible a la institución, entendida como los órganos de dirección y gobierno del Congreso Local -entre ellos, la Mesa Directiva-, en su calidad de agentes del Congreso Local, que tenían participación a efecto de que se diera trámite a la renuncia de la diputada propietaria, para que la suplente tomara protesta en funciones de propietaria, más allá de que se señale en concreto al Presidente de la Mesa Directiva y a la Presidenta de la Comisión de Gobernación, pues sus acciones y omisiones sí impactaron en el ejercicio efectivo del acceso y ejercicio al cargo como Diputada Local de la actora, al impedirle asumir sus atribuciones como propietaria, así como en su función representativa en el Congreso Local.

Ello, porque, el Tribunal Local, en un primer nivel, analizó: 1) el trámite de los escritos de licencia, no afectó el derecho político electoral de la actora a acceder a un cargo, porque su toma de protesta estuvo condicionada a que las licencias fueran de más de 45 días, 2) el trámite de renuncia por parte del Presidente del Congreso, se tramitó en un tiempo razonable, sin que ello esté relacionado con la votación en contra del Congreso Local de dar trámite a la renuncia y 3) la omisión de la Presidencia del Congreso de emplazar realizar el Dictamen de cumplimiento de la sentencia local por la Comisión de Gobernación, en la que se ordenó tomar protesta a la Diputada Suplente como propietaria, no fue una actuación negligente, porque no pasaron más de 15 días entre la renuncia y la convocatoria de la Diputada Suplente a tomar protesta 4) la omisión de la Presidenta de la Comisión de Gobernación de no realizar el dictamen de la renuncia de la Diputada Propietaria en un plazo de 15 días, sí fue una actuación negligente, porque, aunque no existe una normativa expresa respecto a que se debe resolver la solicitud de renuncia antes de 15 días, lo cierto es que la omisión afectó el contenido esencial de la función representativa de la Diputada Suplente.

En seguida, el Tribunal Local al realizar la valoración conjunta de la materia de queja para analizar si se actualizaban las infracciones de VPG, VP y VI, consideró que no podía atribuir alguna responsabilidad a los denunciados respecto a la ejecución de tomar protesta a la Diputada Suplente, porque, en ese momento, la Sala Superior no había emitido una determinación respecto a la controversia de inconstitucionalidad ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, en la que se ordenó al Tribunal Local abstenerse de realizar actos que obstaculizaran la facultad constitucional del Congreso Local de tramitar la renuncia de una diputada local y a su vez tomar protesta a una diversa.

De lo anterior, se advierte que, aunque el Tribunal Local, en un primer nivel, analizó individualmente las conductas denunciadas, lo cierto es que únicamente estudió la posible vulneración a un derecho político electoral por el hecho relacionado con el trámite de las licencias, dejando de estudiar la afectación de los derechos político electorales del resto de los hechos denunciados, en específico, los relacionados con la omisión de tramitar la renuncia de la Diputada Propietaria y, como consecuencia, la toma de protesta de la actora como propietaria.

4.2.1. En ese sentido, se advierte que es ineficaz el agravio de la actora por el que afirma que el Tribunal Local de manera indebida justificó el actuar de las personas denunciadas con base en la suspensión otorgada por el Tribunal Superior, en la controversia de inconstitucionalidad ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, ya que al momento en que se emitió la resolución impugnada, todavía no existía un pronunciamiento firme por parte de Sala Superior que revocara dicha suspensión.

Esto, pues el Tribunal Local dividió el análisis de los hechos, en un primer apartado examinó las omisiones de dar trámite a las solicitudes de licencia y renuncia de la diputada denunciante atribuidas al Presidente de la Mesa Directiva y a la Presidenta de la Comisión de Gobernación y en un segundo apartado, analizó las infracciones de VPG, VP y VI presuntamente cometidas después del dictado de la sentencia del ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia [toma de protesta a la diputada suplente], al considerar que no era dable atribuir en ese momento responsabilidad alguna que constituya omisión al Presidente del Congreso o a la Comisión de Gobernación respecto de la ejecución de los efectos del ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, toda vez que dichas autoridades llevaron a cabo los actos tendientes a su cumplimiento, hasta el momento del dictado de la suspensión provisional en la controversia de inconstitucionalidad ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, la cual hasta la fecha en que se dictó la resolución controvertida -19 de enero- no había sido revocada formalmente por la Sala Superior [la sentencia que revocó la admisión y suspensión dictadas en la acción de inconstitucional citada se emitió hasta el 31 de enero al resolverse el juicio ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia].

En esa lógica, la responsable sostuvo que estaba incapacitado para valorar los efectos suspensivos ordenados en la controversia de inconstitucionalidad, porque el propio Tribunal, el 18 de octubre declaró su reserva para pronunciarse en cuanto al cumplimiento de la sentencia del ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia con motivo de esa suspensión, sin que estuviera en posibilidad de revocar su propia determinación, menos aún cuando esa reserva también se impugnó ante la SS y estaba pendiente de resolución [ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia resuelto el 31 de enero].

Por tanto, esta Sala Monterrey considera que es ineficaz el agravio de la actora por el que afirma que el Tribunal Local de manera indebida justificó el actuar de las personas denunciadas con base en la suspensión otorgada por el Tribunal Superior, en la controversia de inconstitucionalidad ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, porque la Sala Superior revocó los acuerdos emitidos en el referido medio de control constitucional, ya que ello, ocurrió después de que el Tribunal Local emitiera la resolución impugnada, pero no así, para casos sucesivos, en los que el Tribunal Electoral del Estado queda vinculado a actuar conforme a lo ya resuelto por la Sala Superior.

Esto, pues la omisión de la toma de protesta, por la falta de cumplimiento de la sentencia local ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, derivó también del acuerdo de reserva de cumplimiento dictado en el referido juicio local, por lo que, dicha decisión que más allá de lo adecuado o no definió la situación jurídica que en ese momento debía prevalecer, al margen de que en lo sucesivo, en términos de lo dispuesto por la Sala Superior, no deberá ser o entenderse como justificación para dejar de cumplir con su ejecutoria.

En el entendido que, si bien el propio Tribunal Local reconoció que la Sala Superior, en un asunto similar, declaró incompetente al Tribunal Superior para conocer respecto de asuntos en materia electoral, ello también ocurrió después de que se dictara el auto de reserva en la sentencia local ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, por lo que en ese entonces estaba imposibilitado para revocar su propia determinación.

4.2.2. Por otra parte, esta Sala Monterrey considera que le asiste la razón a la impugnante respecto a que fue incorrecto que el Tribunal Local estimara que la omisión de darle trámite a la renuncia de la Diputada Propietaria atribuida a los denunciados estuvo justificada en el plazo que marca la legislación local, porque la institución, entendida como los órganos de dirección y gobierno del Congreso Local, en su calidad de agentes del Congreso Local, tenían participación a efecto de que se diera trámite a la renuncia de la diputada propietaria, para que la suplente tomara protesta en funciones de propietaria, más allá de que se señale en concreto al Presidente de la Mesa Directiva y a la Presidenta de la Comisión de Gobierno, en el contexto político, tenían el deber de tramitar la renuncia de la denunciante, pues, con independencia de todo alegado respecto a la omisión de dar trámite a las licencias, es evidente que ante la renuncia de la diputación propietaria, lo ordinario era que la institución efectuara el procedimiento conducente con celeridad y, adoptaran las medidas necesarias para garantizar que se llamara a la diputación suplente.

Lo anterior, dado que, de una valoración conjunta, esta Sala Monterrey reconoce que la omisión de tramitar la eventual renuncia presentada por la Diputada Propietaria del PRI en perjuicio de la Diputada Suplente atribuible a la institución, entendida como los órganos de dirección y gobierno del Congreso Local, en su calidad de agentes del Congreso Local, que tenían participación a efecto de que se diera trámite a la renuncia de la diputada propietaria, para que la suplente tomara protesta en funciones de propietaria, más allá de que se señale en concreto al Presidente de la Mesa Directiva y a la Presidenta de la Comisión de Gobernación, sí limitó, anuló y menoscabó los derechos político electorales de la actora al impactar en el ejercicio efectivo del acceso al cargo como Diputada Local, por impedirle asumir sus atribuciones como propietaria, como se explicará enseguida.

Esto, porque, con independencia de que, la tramitación de las licencias de la Diputada Propietaria y toma de protesta de la Diputada Suplente estaban condicionadas a que la ausencia de la propietaria fuera mayor a 45 días, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Reglamento Interior del Congreso Local [119] y que no se acreditó que alguna de ellas fuese por un periodo mayor a 45 días.

Lo cierto es que está acreditado que la institución entendida como los órganos de dirección y gobierno del Congreso Local, en su calidad de agentes del Congreso Local, que tenían participación a efecto de que se diera trámite a la renuncia de la diputada propietaria, para que la suplente tomara protesta en funciones de propietaria, a través de las personas en concreto denunciadas -el Presidente del Congreso y la Presidenta de la Comisión de Gobernación-, no garantizó el acceso al cargo a la Diputada Propietaria y tomar protesta a la Diputada Suplente, en la sesión más próxima a la fecha de la renuncia de la propietaria, como establece la Constitución Local y la propia Ley Orgánica, debido a que, en el caso, la Diputada Propietaria renunció desde el 15 de septiembre de 2023.

En efecto, como se mencionó en el marco normativo, ante la falta absoluta o la ausencia temporal mayor a 45 días del propietario, se llamará a su suplente, quien rendirá su protesta en los términos del artículo 31 de la Ley, en ese caso, el Congreso Local deberá conocer y, en su caso, aceptar las renuncias de las diputaciones, cuando se funden en una imposibilidad justificada para desempeñarlos, por lo que, el Congreso Local deberá conocer y, en su caso, aceptar las renuncias de las diputaciones, cuando se funden en una imposibilidad justificada para desempeñarlos.

En ese sentido, el Presidente del Congreso, entre sus atribuciones, debe dar curso legal y dictar los acuerdos que deban recaer sobre los asuntos que son competencia del Congreso Local, turnando a Comisiones los debidamente integrados y si no lo estuvieren, apercibir al promovente a fin de que la omisión sea subsanada, a su vez, en el caso de las renuncias y licencias, la Comisión de Gobernación conoce y realiza el proyecto de dictamen correspondiente.

En ese sentido, de los hechos de denunciados, se advierte: 1) 15 de septiembre, el Congreso Local turnó a la Comisión de Gobernación, en carácter de urgente, el expediente relacionado con la renuncia presentada por Diputada Propietaria, al considerar que dicha Comisión es la competente para conocer de la dimisión del cargo como Diputada, 2) el 18 de septiembre siguiente, a decir del Presidente del Congreso Local, en sesión ordinaria, puso a consideración la propuesta de dispensa del trámite de Comisión de Gobernación, respecto al escrito de renuncia presentado por la Diputada Propietaria, propuesta que fue votada en contra por la Asamblea, y 3) el 13 de octubre, la Comisión de Gobernación aprobó por unanimidad la renuncia de la Diputada Propietaria y ordenó que el 16 de octubre a las 12:00 pm, la ahora actora tomara protesta en el pleno como Diputada Local.

De lo anterior, se advierte, que la institución, entendida como los órganos de dirección y gobierno del Congreso Local, en su calidad de agentes del Congreso Local, que tenían participación a efecto de que se diera trámite a la renuncia de la diputada propietaria, para que la suplente tomara protesta en funciones de propietaria, a través de que se señale en concreto al Presidente de la Mesa Directiva y a la Presidenta de la Comisión de Gobernación, omitió resolver la renuncia de la Diputada Propietaria, aunque, no pasa inadvertido que la legislación aplicable no prevé un plazo específico para llevar a cabo el procedimiento de trámite de renuncia, sin embargo, el trámite debe realizarse a la brevedad posible, en la medida que involucraba el derecho de acceder al cargo de la diputación suplente.

Ello, con independencia de que, como consecuencia de la admisión de la controversia de inconstitucionalidad, el 13 de octubre, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia suspendiera la toma de protesta de la Diputada Propietaria y ordenara al Tribunal Local suspender la ejecución de su sentencia hasta en tanto no se resolviera el fondo dicha controversia, porque, como se precisó, el tiempo transcurrido entre la la presentación de la renuncia y la referida suspensión transcurrieron aproximadamente 28 días inexcusables.

De modo que, evidentemente, la institución, entendida como los órganos de dirección y gobierno del Congreso Local, en su calidad de agentes del Congreso Local, que tenían participación a efecto de que se diera trámite a la renuncia de la diputada propietaria, para que la suplente tomara protesta en funciones de propietaria, más allá de que se señale en concreto al Presidente de la Mesa Directiva y a la Presidenta de la Comisión de Gobernación, estaba en posibilidad, de tramitar la renuncia de la Diputada Propietaria y, en consecuencia,  llamar a la Diputada Suplente a tomar protesta; en ese sentido, la institución debía tomar las medidas necesarias para garantizar que, en la sesión inmediata siguiente se tomara protesta a la actora, al estar en el supuesto especial, que ocurre posteriormente, ante una renuncia, de la protesta genérica inicialmente exigida para la instalación del Congreso Local.

Al no actuar así, y garantizar con ello el derecho de la Diputada Suplente, de acceder al cargo, la omisión de la institución, entendida como los órganos de dirección y gobierno del Congreso Local, en su calidad de agentes del Congreso Local, que tenían participación a efecto de que se diera trámite a la renuncia de la diputada propietaria, para que la suplente tomara protesta en funciones de propietaria, más allá de que se señale en concreto al Presidente de la Mesa Directiva y a la Presidenta de la Comisión de Gobernación, de tramitar la renuncia de la actora genera una afectación irreversible en los derechos político-electorales de ésta, pues como se indicó, no sólo se refieren al derecho a i. recibir su dieta, ii. ser informado, iii. contar con el apoyo material y humano que corresponda conforme a la normatividad interna, e iv. integrarlo a comisiones, sino que irreparablemente lesionó su derecho a, v. votar en comisiones y, vi. votar en las sesiones del Congreso Local, y que, incluso, también afecta la debida integración y funcionamiento del órgano legislativo, como lo ha considerado la Sala Superior de este Tribunal en distintos precedentes.

Para este Tribunal Electoral el derecho de votar y ser votado incluye el derecho a ocupar y desempeñar el cargo[120], adicionalmente, la remuneración de quienes desempeñan cargos de elección popular es un derecho inherente a su ejercicio, además de una garantía institucional para el funcionamiento efectivo e independiente de la representación, por lo que toda afectación a éste supone una vulneración al derecho de las personas ciudadanas a ser votadas, en su vertiente de ejercicio del cargo.

Por tanto, para esta Sala Monterrey, la institución, entendida como los órganos de dirección y gobierno del Congreso Local, en su calidad de agentes del Congreso Local, que tenían participación a efecto de que se diera trámite a la renuncia de la diputada propietaria, para que la suplente tomara protesta en funciones de propietaria, más allá de que se señale en concreto al Presidente de la Mesa Directiva y a la Presidenta de la Comisión de Gobernación, está incurriendo en una omisión que genera una afectación irreversible a los derechos de la impugnante y que se traduce en una obstrucción a la posibilidad de ejercicio del cargo de la actora.

4.3. La vulneración del derecho ciudadano también afecta el principio democrático de representatividad

Como se indicó, la afectación señalada, por la omisión de tramitar la renuncia de la diputada en funciones y no garantizar el acceso al cargo de la actora como propietaria, lesiona la forma de gobierno democrático, representativo, popular y participativo.

Ello, porque la falta de acceso y desempeño de los cargos de elección popular, votados por la ciudadanía previamente, incluso, bajo la modalidad de representación proporcional, no deben quedar al arbitrio de la persona u órgano encargado y facultado de tomar la protesta constitucional respectiva de una diputación suplente, esto implicaría, aún de modo involuntario, la generación de una vacancia en un órgano legislativo cuando no existe una causa justificada en la Constitución y en la ley.

En ese sentido, cuando se afecta el derecho de cualquiera de los integrantes de una fórmula para acceder al cargo, no sólo se afecta esa esfera individual de derechos humanos, sino la integración democrática del órgano y los derechos colectivos de los votantes.

La regularidad en la integración y representación que converge en el Congreso Local, es una garantía que blinda la propia ley.

En efecto, con ese fin, las legislaciones prevén que las diputaciones propietarias accedan sin mayor trámite al cargo, y ante el caso de las diputaciones suplentes, ante la ausencia de las propietarias por licencia, opera la misma lógica: de convocatoria directa del suplente para acceder al cargo, mediante la toma de protesta correspondiente, en consecuencia, la sujeción a un trámite adicional, cuando la calidad de diputación se tiene por integrar la fórmula que finalmente fue votada, violenta no sólo los derechos del suplente votado, sino de la integración democrática del órgano.

Lo que conlleva una lesión grave e irreparable a los principios democráticos de representatividad y debida integración del Congreso Local, pues en cada trabajo de comisión y cada decisión que se tome en el Pleno, deben estar debidamente garantizados.

Por ende, conforme se razona en esta decisión, se acredita que la institución, entendida como los órganos de dirección y gobierno del Congreso Local, en su calidad de agentes del Congreso Local, que tenían participación a efecto de que se diera trámite a la renuncia de la diputada propietaria, para que la suplente tomara protesta en funciones de propietaria, más allá de que se señale en concreto al Presidente de la Mesa Directiva y a la Presidenta de la Comisión de Gobernación, no sólo afectó el derecho individual de la Diputada Suplente, al incumplir el deber expreso de la ley convocarla a tomar protesta en la sesión siguiente, cuando la Diputada Propietaria presentó a partir de su renuncia, a partir de esa fecha, su actuar dilatorio repercute en la garantía de representación política de la ciudadanía a la que la diputación acéfala puede y debe representar.

4.4. En cuanto a la acreditación de VPG, la actora no controvierte las consideraciones del Tribunal Local respecto a que no está demostrado que la afectación a los derechos de la Diputada Suplente sea por su calidad de mujer.

En ese sentido, siguiendo la metodología en el análisis de VPG, una vez acreditada la vulneración de los derechos político electorales de la Diputada Propietaria, previa valoración individual y conjunta de los hechos impugnados, el Tribunal Local tenía el deber de realizar un análisis de fondo para determinar si se acreditaba la VPG, bajo una visión con perspectiva de género, utilizando los elementos de la ley y la jurisprudencia que implican supuestos típicos de VPG (aun cuando pudieran ser genéricos).

Al respecto, el Tribunal Local, en lo que interesa, consideró que no se acreditaba, de manera individual, la VPG en los hechos denunciados, porque: 1) en la omisión del trámite de las licencias de la Diputada Propietaria atribuida al Presidente del Congreso, no estaba acreditada la actuación negligente del denunciado, por lo que, tampoco se acreditaban las infracciones de VPG, VP y VI, 2) en cuanto a la omisión del Presidente del Congreso emplazar a realizar el dictamen y la toma de protesta de la Diputada Propietaria, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Local, que su actuar fue conforme a la normativa vigente, sin que se acreditara en autos una omisión negligente, por lo que, declaró la inexistencia de VPG, VP y VI, 3) en relación a la omisión de la Presidenta de la Comisión de Gobernación de realizar el dictamen con motivo de la renuncia de la Diputada Propietaria en un plazo de 15 días, sí se acreditó la actuación negligente de la denunciada, porque había transcurrido un lapso mayor a los 15 días desde el trámite de la renuncia y la fecha de resolución del Tribunal Local, sin que la Comisión aprobara o sancionara la renuncia presentada, a pesar de que el Presidente del Congreso la turnó para sancionarla con carácter de urgente y sin que exista causa justificada, sin embargo¸ el Tribunal Local al realizar el análisis de la VPG, en un segundo plano, consideró, esencialmente que la omisión de 15 días para resolver la denuncia no se basó en motivos de género, pues no se advertía que fuera por ser mujer, que tuviera un impacto diferenciado a una mujer o que se afectara desproporcionalmente a una mujer.

De lo anterior, con independencia de lo correcto o incorrecto del estudio del Tribunal Local, es ineficaz el planteamiento de la actora respecto a que las conductas denunciadas tengan el elemento de género, porque, al margen de las deficiencias de la demanda de la promovente, no controvierte las consideraciones del Tribunal Local respecto a que no está demostrado que la afectación a los derechos de la Diputada Suplente sea por su calidad de mujer, notoriamente, se advierte que la falta de continuación de los procedimientos se debe a cuestiones políticas, y no contra la suplente por el hecho de ser mujer.

Esto, pues se limita a señalar que los hechos denunciados se dirigieron a ella por ser mujer, afectarla desproporcionalmente a ejercer el cargo para el que fue electa y que tenían un impacto diferenciado en su derecho a voz, sin controvertir lo razonado por el Tribunal Local, tampoco demuestra que los actos atribuidos a los denunciados fueron realizados en perjuicio de la recurrente por el hecho de ser mujer, por el contrario, hace manifestaciones genéricas e imprecisas.

En ese sentido, como ya lo determinó la Sala Superior, para que se acredite la existencia de VPG, los elementos establecidos en la Jurisprudencia de mérito, que cuenta con fuerza obligatoria, y no se oponen a la normativa en la materia, exige advertir si los actos están basados en elementos de género.

De manera que, al acreditarse que existió una afectación a los derechos político electorales, como se mencionó anteriormente, pero que la parte impugnante no controvierte frontalmente que esto fuera por su condición de mujer de la Diputada Suplente, es decir, que se dieron en razón de género, precisamente, para esta Sala Monterrey la demanda de la actora es deficiente y sus planteamientos no son suficientes para actualizarse la VPG en su perjuicio.

4.5.Sin embargo, como se mencionó, los actos y omisiones acreditados rebasan la obstaculización del cargo y actualizan la figura de Violencia Política

En efecto, se acredita una violencia política imputable al Presidente de la Mesa Directiva, porque la omisión de tramitar la renuncia de la Diputada Propietaria, con independencia de lo alegado respecto a la omisión de tramitar las licencias, impidieron que la Diputada Suplente tomara protesta en el cargo, por lo que, se trata de hechos de mayor entidad a la obstrucción que, si bien no revelan un impacto diferenciado en razón del género para la actora, pues no existe una justificación sustantiva para no haber dado continuidad al trámite de renuncia de la Diputada Propietaria y seguir con el procedimiento respectivo, que si bien no revelan un impacto diferenciado en razón del género para la actora, porque se actualizaron en el contexto de un conflicto político notorio, indistintamente del género de quien buscaba ser llamada a asumir el cargo, finalmente, sí revelaron que se produjo una afectación especial en la posibilidad de acceder al cargo en calidad de propietaria.

Ello es así, porque la omisión de tramitar la renuncia de la Diputada tuvo una intencionalidad por parte del Presidente de la Mesa Directiva, pues, aun cuando las licencias de la Diputada Propietaria no superaran 45 días, lo cierto es que, está acreditado que, los únicos actos tendentes a dar trámite fueron los relacionados con la renuncia en fechas posteriores, lo cual se agravó con los días que siguieron transcurriendo sin que la Diputada Suplente tomara protesta como propietaria, pues tuvo una intencionalidad que pudo cuestionarse pues puede considerarse como un acto que podría presumirse deliberadamente emitido para afectar a la Diputada Suplente, derivado de la valoración conjunta del mismo.

De ahí que, no estamos únicamente frente a un caso de una omisión de tramitar la renuncia, sino que, especialmente, aun cuando se tuvo la oportunidad de subsanar esa falta y tomarle protesta a la Diputada Suplente en la sesión ordinaria siguiente, como lo mandata la legislación local, por ello, se acredita un ente mayor a la obstrucción del cargo.

Lo anterior, porque, por sí sola, la omisión en comento podría parecer un hecho aislado, sin mayor intencionalidad, pero ante la especial circunstancia y valoración conjunta del transcurso de los días sin que se tomara protesta a la ahora actora, se revela una intencionalidad negativa.

Asimismo, los actos imputados en concreto al Presidente de la Mesa Directiva se desplegaron de manera sistemática con la finalidad de demeritar la función pública que debe desempeñar al interior del órgano legislativo e impedirle participar en la toma de decisiones.

Además, se trató de conductas que incidieron, no sólo en las funciones representativas que la Diputada Suplente debe desempeñar en ejercicio del cargo para el que fue elegida y su función representativa, sino en el proceso deliberativo del Congreso Local.

En ese sentido, para este órgano jurisdiccional resulta inconcuso que los actos y omisiones en que incurrió el Presidente de la Mesa Directiva constituyeron violencia política en contra de la Diputada Suplente y, finalmente, sí revelaron que se produjo una afectación especial en la posibilidad de acceder al cargo en calidad de propietaria.

4.6. En consecuencia, también se acredita la violencia institucional por parte del Congreso Local a la Diputada Suplente

En ese sentido, se acredita la violencia política en la modalidad institucional en perjuicio de la Diputada Suplente, porque contrario a lo decidido por el Tribunal Local, existe responsabilidad institucional del Congreso Local, más allá del contexto político, porque los hechos revelan que los órganos de dirección y gobierno del Congreso Local -entre ellos, la Mesa Directiva-, en su calidad de agentes del Congreso Local, son sujetos responsables de determinadas acciones y omisiones en el procedimiento, por ser quienes tenían participación a efecto de que se diera trámite a la renuncia de la diputada propietaria, y al no actuar sin apego a las normas del procedimiento previsto en la Ley Interna y el Reglamento Interior, generaron una responsabilidad para el congreso, en cuanto agentes del mismo, por lo cual, debe tenerse por actualizada también la violencia política en su modalidad de institucional en perjuicio de la impugnante.

Ello, con independencia de las diferencias de interpretación que existan entre las partes o los distintos tribunales, lo que resulta evidente es la existencia de conductas reticentes y omisiones, que generaron un retraso inexplicable en comparación con los pocos días que, como hecho notario, han ocupado otras tomas de protesta, sin que el contexto de confrontación política o los formalismos expresados constituyan una justificación válida para afectar los derechos fundamentales de personas diputadas electas por la ciudadanía, lo cual, da lugar a tener por actualizada la violencia política y violencia Institucional en perjuicio de la actora, y se produjo una afectación especial en la posibilidad de acceder al cargo en calidad de propietaria.

Ello, porque dicha omisión tuvo como objeto menoscabar la convivencia democrática por atentar contra la integridad de la Diputada Suplente, al omitir tramitar la renuncia de la ahora actora.

De ahí, que los órganos de dirección y gobierno del Congreso Local -entre ellos, la Mesa Directiva-, en su calidad de agentes del Congreso Local, tenían participación a efecto de que se diera trámite a la renuncia de la diputada propietaria, para que la suplente tomara protesta en funciones de propietaria ejercieron violencia institucional e impidieron el goce y ejercicio de los derechos humanos de la Diputada Suplente por sus acciones y omisiones, cuando no asumieron la responsabilidad del servicio que tiene, en específico, dar trámite a la renuncia que presenten las diputaciones propietarias, como lo mandata la normativa local, a través de una institución del Estado que es el Congreso Local en sus funciones públicas, generando una vulneración grave a los derechos humanos de la Diputada Suplente.

Ante lo fundado de los agravios analizados, resulta innecesario el estudio del resto, al alcanzar su pretensión la parte actora.

Apartado IV. Efectos

En atención a lo expuesto, se modifica la sentencia impugnada para los siguientes efectos:

1. Queda firme la existencia de los hechos impugnados.

2. Se declara la inexistencia de VPG en perjuicio de la Diputada Suplente, en cuanto a los hechos atribuidos al Presidente de la Mesa Directiva y a la Presidenta de la Comisión de Gobernación.

3. Sin embargo, se acredita la existencia de violencia política en perjuicio de la actora atribuible al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Diputado del PAN, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, en los términos del presente fallo, sin que resulte necesaria inscripción en algún catálogo o generar condiciones de suspensión en sus derechos políticos, dado que no es en razón de género.

4. Asimismo, se acredita la existencia de violencia política institucional o en su modalidad institucional, con la declaración jurídica de responsabilidad del Congreso del Estado de ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia (como institución), por las acciones ejecutadas y omitidas por sus agentes directos y calificados, órganos de dirección y gobierno -entre ellos, la Mesa Directiva-, quienes tenían la responsabilidad de realizar las acciones y participación a efecto de que se diera trámite a la renuncia de la diputada propietaria, para que la suplente tomara protesta en funciones de propietaria, por sus acciones y omisiones, en los términos de la presente ejecutoria.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

Único. Se modifica la resolución impugnada, para los efectos precisados en esta ejecutoria.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.