JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO Y JUICIO ELECTORAL

EXPEDIENTES: SM-JDC-98/2022 Y SM-JE-63/2022 ACUMULADOS

IMPUGNANTES: GABRIELA REGALADO FUENTES Y OTRAS

RESPONSABLE: MAGISTRADO INSTRUCTOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FUNCIONES DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: RAFAEL GERARDO RAMOS CÓRDOVA Y GERARDO MAGADÁN BARRAGÁN

Monterrey, Nuevo León, a 14 de octubre de 2022.

Sentencia de la Sala Monterrey que desecha de plano las demandas de los juicios presentadas por diputaciones del Congreso Local (SM-JDC-98/2022) y las magistraturas integrantes del Tribunal Electoral Local (SM-JE-63/2022), contra el acuerdo del Magistrado Instructor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, que admitió a trámite la controversia constitucional local presentada contra la sentencia del Tribunal Electoral de invalidar los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la última sesión ordinaria iniciada el 30 de junio, y que ordena la suspensión de los efectos de dicha sentencia.

Lo anterior, porque esta Sala considera que, con independencia de que se actualicen otras causales de improcedencia, en cuanto al juicio presentado por las diputaciones (SM-JDC-98/2022), por un lado, a. Ha quedado sin materia la pretensión última de los impugnantes de que subsista de la decisión del Tribunal Electoral Local de invalidar los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la última sesión ordinaria iniciada el 30 de junio, dado que no podría dicho planteamiento, pues esa decisión quedó sin efectos conforme a lo resuelto el 20 septiembre posterior, en la sentencia de esta Sala Monterrey (SM-JDC-93/2022), y por otro, b1. En cuanto a la pretensión de que subsista la decisión del Tribunal Electoral Local sobre la manera en la que debía integrarse la Diputación Permanente, no se actualiza la existencia de litigio ni las partes cuentan con interés jurídico para que se emita una sentencia de fondo, dado que, en el acuerdo de admisión y suspensión en cuestión, no se refiere a dicho tema (pues ni siquiera fue planteado en esa demanda constitucional local), aunado a que, b2. Tampoco existe materia para conocer de la impugnación sobre este tema, pues el órgano permanente concluyó sus funciones el pasado 30 de septiembre, y c. Finalmente, respecto a los planteamientos sobre un posible supuesto conflicto competencial, entre el Tribunal de Tamaulipas y el Supremo Tribunal de Justicia del referido Estado, se deja a disposición el escrito relativo, para hacerlo valer en la vía y ante la autoridad competente.

En tanto, esta Sala considera que, con independencia de que se actualicen otras causales de improcedencia, en cuanto al juicio electoral presentado por las magistraturas del Tribunal Electoral Local (SM-JE-63/2022), se desecha porque: a. En primer lugar, dichas magistraturas, por sí mismas, aun cuando suscriban un escrito conjunto, carecen de interés jurídico para presentar una demanda que tenga por objeto reclamar la posible afectación de una sentencia del Tribunal Electoral Local, pues es éste órgano (y no las magistraturas en lo individual), el facultado para impulsar jurídicamente una posible controversia sobre sus decisiones, especialmente, porque no existe un acuerdo como Tribunal, aun cuando fuese aprobado por mayoría, aunado a que, en segundo lugar, b. En el caso de que pudiese entenderse que dichas magistraturas se ostentaran como Tribunal, estaríamos ante una condición tampoco acreditada, pues para demostrar la legitimación de dicho órgano se requeriría de un acuerdo emitido por parte de dicho órgano en el que se acordara que la representación del Tribunal presentara la impugnación, y el correspondiente escrito firmado por ésta; c. Incluso, en el supuesto de que pudiera entenderse que la demanda es presentada por el Tribunal Electoral Local, se actualizaría la improcedencia por haber quedado sin materia su pretensión de que el acuerdo emitido en la instancia constitucional local no afecte o suspenda los efectos de su sentencia, de invalidar los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la última sesión ordinaria iniciada el 30 de junio, dado que no podría alcanzarse, pues esa decisión quedó sin efectos conforme a lo resuelto el 20 septiembre posterior, en la sentencia de esta Sala Monterrey (SM-JDC-93/2022), y d. Finalmente, sin que este Tribunal emita algún tipo de pronunciamiento sobre la posibilidad de análisis de éste último argumento, precisamente, porque las partes impugnantes no están legitimadas para impugnar.

Glosario

Competencia y acumulación

1. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente, formalmente, para conocer de los presentes juicios porque los promoventes alegan que los actos impugnados vulneran su derecho a ser votados, en su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo que ocupa, aunado a que lo impugnado está relacionado con una determinación emitida por el Tribunal Electoral de Tamaulipas, entidad federativa que forma parte de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción[1].

2. Acumulación. Del estudio de las demandas se advierte que los impugnantes controvierten los mismos acuerdos emitidos por el Magistrado Instructor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Por ende, para facilitar el análisis del asunto, se considera procedente acumular el expediente SM-JE-63/2022 al diverso SM-JDC-98/2022, y agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado[2].

Antecedentes[3]

Preliminar. Hechos e información contextual

1. El 15 de enero, inició el segundo periodo ordinario de sesiones correspondientes al primer año de ejercicio constitucional de la Legislatura.

2. El 15 de enero[4], la Diputación Permanente (que fungió en el primer receso del primer año de sesiones del Congreso Local) eligió a la Mesa Directiva para fungir en el segundo periodo ordinario de sesiones [decreto sesenta y cinco-113], pero el 22 de julio, la Mesa Directiva modificó el decreto anterior, en el que la diputada Leticia Vargas fungía como Secretaria, al haberse elegido una nueva integrante de la Mesa Directiva (la diputada Gabriela Regalado Fuentes), quedando integrada por los diputados Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez como Presidenta, Gabriela Regalado Fuentes como Secretaria, Marco Antonio Gallegos Galván como Secretario y Carlos Fernández Altamirano como suplente [decreto 65-176].

3. El 30 de junio, previo a la sesión en cuestión, la Junta de Coordinación aprobó el orden del día para la última sesión del pleno del segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional programada para ese mismo día (según el acuerdo firmado por el Presidente de la Junta de Coordinación, coordinador de los diputados del PAN, Félix García, y por Edgardo Melhem Salinas, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI)[5].

3.1. La sesión comenzó a las 13:50 horas, posteriormente, la Presidenta de la Mesa Directiva sometió a votación las propuestas del Presidente de la Junta de Coordinación[6], y otra por Morena[7] para integrar la Diputación Permanente, sin embargo, en una primera vuelta, dicha elección fue un empate, por lo que, se procedió e a realizar una segunda votación, la cual también se consideró un empate.

3.2. En el desarrollo de la sesión, previo a terminar con la última iniciativa, la Presidenta de la Mesa Directiva comunicó al pleno que existía el acuerdo de la Junta de Coordinación, en el que se estableció que la sesión concluiría hasta agotar todos los puntos del orden del día, aun cuando se pasara de la media noche, dado que el reloj legislativo no se detendría hasta desahogar todos los asuntos enlistados, conforme a la normativa[8].

3.3. Enseguida, continuó el desahogo de diversos dictámenes, mismos que fueron votados en los términos correspondientes, con una participación de las 36 diputaciones (con todas las diputaciones del Congreso Local presentes[9]).

3.4. En ese mismo punto, la Presidenta de la Mesa Directiva, con base a la propuesta del acuerdo de la Junta de Coordinación, planteó una tercera votación para la elección de la Diputación Permanente ante los miembros del Congreso Local[10], sin embargo, los diputados del PAN y Morena expresaron su inconformidad por una tercera elección, por lo que, previo receso, la Presidenta procedió a la entrega de cédulas de votación de la propuesta de integrantes a la Diputación Permanente de la Junta de Coordinación, únicamente con la presencia de 19 Diputados (con 18 votos a favor[11]).

Según el acta, dicha sesión finalizó el 1 de julio a las 04:46 horas, y con ello el segundo periodo ordinario de sesiones correspondientes al primer año de ejercicio constitucional de la Legislatura[12].

4. Inmediatamente después, a las 04:57 horas, se llevó la sesión de instalación de la Diputación Permanente[13].

II. Impugnaciones contra los actos del Congreso Local ante: a) el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas y b) el Tribunal Electoral Local.

1. El 6 de julio, las diputaciones de Morena, Secretarios de la Mesa Directiva Marco Antonio Gallegos Galván y Gabriela Regalado Fuentes, impugnaron: i) la elección de la Diputación Permanente, literalmente, el decreto en el que se eligió a la misma, o bien, “en el mismo sentido, la omisión a la consecución de los actos tendentes a decretar y ordenar la expedición del decreto mediante el cual se constituye la Mesa Directiva como la Diputación Permanente", que debió integrarse por la Mesa Directiva, al considerar que así lo dispone la Ley, en cuanto a que, ante el empate en la segunda votación, la Presidenta de la Mesa Directiva debió realizar la declaratoria de la elección y ordenar la expedición del Decreto, ii) los actos realizados en ese sentido, como la propuesta de una tercera votación para la elección de dicha Diputación Permanente, por parte de la Junta de Coordinación y la determinación unilateral de la Presidenta de la Mesa Directiva, e incluso, la continuación de la sesión sin quorum para ello. 

Por su parte, en la misma fecha, la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica y la representación partidista de MC, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez impugnaron: i) la nulidad de la sesión en la que se propuso en tercera votación la integración de la Diputación Permanente, ii) similarmente, los actos en los que se basó la misma, como es la omisión de la Presidencia de la Junta de Coordinación de convocarlos a la reunión en que se acordó prorrogar la sesión, y iii) VPG en perjuicio de la diputada de Morena y Secretaria de la Junta de Coordinación, al no convocarla a las reuniones de dicha Junta.

2. El 29 de agosto, el Tribunal Electoral Local emitió la sentencia en la que i) revocó la designación de la Diputación Permanente aprobada al finalizar el punto VIII, en la última parte de la sesión, y determinó que dicho órgano se integraría con las diputaciones de la Mesa Directiva, ante el empate en la votación que existió en dos ocasiones, ii) determinó dar vista al Instituto Electoral del Estado y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para que realizaran lo conducente conforme a su ámbito de competencia, al considerar que se cometió VPG contra la coordinadora de diputados de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, al no ser convocada a la Junta de Coordinación para tratar el tema de una tercera propuesta para la integración de la Diputación Permanente, y la extensión de la sesión iniciada el 30 de junio, y iii) dejó sin efectos, en general, los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la sesión ordinaria iniciada el 30 de junio[14].

A. Impugnación de la sentencia local ante el Supremo Tribunal de Justicia en la vía de Controversia Constitucional Local

1. El 5 de septiembre, el primer y segundo síndico del Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas, promovieron controversia constitucional contra los efectos de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral Local, y solicitaron la suspensión del acto reclamado, en concreto, de la decisión de dejar sin efectos, en general, los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la sesión ordinaria iniciada el 30 de junio.

2. El 6 de septiembre, el Magistrado Instructor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, en funciones de Tribunal Constitucional, admitió la controversia constitucional y decretó la suspensión de la decisión del Tribunal Electoral Local de dejar sin efectos, en general, los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la sesión ordinaria iniciada el 30 de junio[15].

B. Juicio Ciudadano y Juicio Electoral Federal ante la Sala Monterrey contra la decisión del Tribunal de Tamaulipas.

1. El 31 de agosto, las diputaciones Félix García, Leticia Vargas, Ángel Covarrubias y Lidia Martínez presentaron medio de impugnación[16], en el que alegaron, sustancialmente: en principio, que el Tribunal de Tamaulipas carece de competencia para conocer las impugnaciones presentadas contra la elección de la Diputación Permanente y los actos emitidos durante la Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso Local iniciada el 30 de junio[17], i) que la elección de la Diputación Permanente en una tercera votación debió considerarse válida[18], ii) respecto al tema de VPG contra la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, que el Tribunal Electoral Local no debió conocerlo, porque las sanciones deben determinarse a través de un procedimiento especial sancionador[19], y iii) es indebida la anulación de los decretos y actuaciones posteriores a la decisión de extender la Sesión Ordinaria iniciada el 30 de junio.

2. El 20 de septiembre, esta Sala Monterrey modificó la resolución del Tribunal Electoral Local, al considerar que, por un lado, debían quedar firmes, con los cambios precisados en dicha ejecutoria, las decisiones de: i) revocar la designación de la Diputación Permanente aprobada en la última parte de la sesión, y que, en su lugar, dicho órgano se integraría con las diputaciones de la Mesa Directiva, y ii) dar vista al Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para realicen lo conducente, al considerar que se cometió VPG contra la coordinadora de diputados de Morena; y por otro lado, iii) debía quedar sin efectos la decisión de anular genéricamente los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la sesión ordinaria iniciada el 30 de junio, porque dichos actos no eran materia electoral, por lo que, el Tribunal Electoral Local debió advertir que no estaba jurídicamente autorizado para analizar la validez o no de los actos legislativos ajenos a este ámbito, cuya competencia corresponde al derecho en general[20].

3. El 23 de septiembre, las diputaciones de Gabriela Regalado Fuentes, Marco Antonio Gallegos Galván, Úrsula Patricia Salazar Mojica y Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez promovieron incidente que denominaron de incumplimiento de sentencia.

Al respecto, el 25 de septiembre, esta Sala Monterrey, por un lado, determinó la improcedencia del incidente promovido por Úrsula Patricia Salazar Mojica y Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, por falta de firma autógrafa y, por otro lado, resolvió que el escrito de incidente de incumplimiento presentado por las diputaciones de Gabriela Regalado Fuentes y Marco Antonio Gallegos Galván, era infundado por plantear cuestiones distintas a las controversias analizadas en la ejecutoria emitida por esta Sala (SM-JDC-93/2022), ya que lo reclamado concretamente fue que la Diputación Permanente no sesionó una vez a la semana y no resolvió en cuanto a quiénes debían ser sus integrantes.

III. Impugnación actual

1. El 13 de septiembre, inconformes con la determinación del Magistrado Instructor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, las magistraturas del Tribunal Electoral de Tamaulipas promovieron, per saltum, juicio electoral[21].

2. En la misma fecha, diversas diputaciones del Congreso Local promovieron, per saltum, juicio ciudadano[22].

3. El 4 de octubre, la Sala Superior remitió las demandas a la Sala Monterrey, al considerar que es la autoridad formalmente competente para conocer y resolver la controversia, porque ejerce jurisdicción en el estado de Tamaulipas y los actos reclamados continúan vinculados con la controversia original relacionada con el ejercicio del cargo de diversas diputaciones locales.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

En los actos impugnados[23], el Magistrado Instructor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, por un lado, admitió a trámite la controversia constitucional local presentada por el primer y segundo Síndico del Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas, contra la resolución del Tribunal Electoral Local, en la que, entre otras cuestiones, dejó sin efectos, en general, los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la última sesión ordinaria iniciada el 30 de junio (entre otros, el relacionado con la aprobación de la cuenta pública de 2021 del municipio El Mante) y, por otro lado, decretó la suspensión solicitada, para el efecto, concretamente, de mantener vigentes los referidos decretos.

2. Pretensiones y planteamientos[24]. Las diputaciones y magistraturas impugnantes pretenden que se revoquen los acuerdos controvertidos, al considerar lo siguiente:

Las diputaciones impugnantes plantean[25], en esencia, que la admisión de la demanda contra la resolución del Tribunal Electoral Local y la suspensión de los efectos de esta; i) invade las competencias del Tribunal Electoral de Tamaulipas, pues deja sin efectos una determinación relacionada con actos legislativos de naturaleza electoral, como son los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la última sesión ordinaria iniciada el 30 de junio y, ii) anula su restitución como integrantes de la Diputación Permanente, lo cual atenta contra sus derechos político-electorales.

Las magistraturas electorales locales impugnantes señalan, sustancialmente, que la admisión de la demanda contra la resolución del Tribunal Electoral Local y la suspensión de los efectos de esta invade la esfera competencial de un órgano constitucional autónomo pues devuelve la vigencia de actos que dicho Tribunal Electoral de Tamaulipas anuló, tales como i) los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la última sesión ordinaria iniciada el 30 de junio, y ii) la integración de la Diputación Permanente, al considerar, en esencia, que se afectaron derechos político-electorales de los legisladores que lo impugnaron.

3. Cuestiones a resolver. Determinar si: ¿el Tribunal Superior de Justicia podría determinar o no la suspensión de los efectos de una determinación del Tribunal Electoral Local?

Apartado I. Decisión general

Esta Sala Monterrey considera que deben desecharse de plano las demandas de los juicios presentadas por diputaciones del Congreso Local (SM-JDC-98/2022) y las magistraturas integrantes del Tribunal Electoral Local (SM-JE-63/2022), contra el acuerdo del Magistrado Instructor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, que admitió a trámite la controversia constitucional local presentada contra la sentencia del Tribunal de Tamaulipas de invalidar los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la última sesión ordinaria iniciada el 30 de junio, y que ordena la suspensión de los efectos de dicha sentencia.

Lo anterior, porque esta Sala considera que, con independencia de que se actualicen otras causales de improcedencia, en cuanto al juicio presentado por las diputaciones (SM-JDC-98/2022), por un lado, a. La pretensión última de los impugnantes de que subsista de la decisión del Tribunal Electoral Local de invalidar los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la última sesión ordinaria iniciada el 30 de junio ha quedado sin materia, dado que no podría alcanzarse, pues esa decisión quedó sin efectos conforme a lo resuelto el 20 septiembre posterior, en la sentencia de esta Sala Monterrey (SM-JDC-93/2022), y por otro, b1. En cuanto a la pretensión de que subsista la decisión del Tribunal Electoral Local sobre la manera en la que debía integrarse la Diputación Permanente, no se actualiza la existencia de litigio ni las partes cuentan con interés jurídico para que se emita una sentencia de fondo, dado que, en el acuerdo de admisión y suspensión en cuestión, no se refiere a dicho tema (pues ni siquiera fue planteado en esa demanda constitucional local), aunado a que, b2. Tampoco existe materia para conocer de la impugnación sobre este tema, pues el órgano permanente concluyó sus funciones el pasado 30 de septiembre, y c. Finalmente, respecto a los planteamientos sobre un posible supuesto conflicto competencial, entre el Tribunal Electoral de Tamaulipas y el Supremo Tribunal de Justicia del referido Estado, se deja a disposición el escrito relativo, para hacerlo valer en la vía y ante la autoridad competente.

En tanto, esta Sala considera que, con independencia de que se actualicen otras causales de improcedencia, en cuanto al juicio electoral presentado por las magistraturas del Tribunal Electoral Local (SM-JE-63/2022), se desecha porque: a. En primer lugar, dichas magistraturas, por sí mismas, aun cuando suscriban un escrito conjunto, carecen de interés jurídico para presentar una demanda que tenga por objeto reclamar la posible afectación de una sentencia del Tribunal Electoral Local, pues es éste órgano (y no las magistraturas en lo individual), el facultado para impulsar jurídicamente una posible controversia sobre sus decisiones, especialmente, porque no existe un acuerdo como Tribunal, aun cuando fuese aprobado por mayoría, aunado a que, en segundo lugar, b. En el caso de que pudiese entenderse que dichas magistraturas se ostentaran como Tribunal, estaríamos ante una condición tampoco acreditada, pues para demostrar la legitimación de dicho órgano se requeriría de un acuerdo emitido por parte de dicho órgano en el que se acordara que la representación del Tribunal presentara la impugnación, y el correspondiente escrito firmado por ésta; c. Incluso, en el supuesto de que pudiera entenderse que la demanda es presentada por el Tribunal Electoral Local, se actualizaría la improcedencia por haber quedado sin materia su pretensión de que el acuerdo emitido en la instancia constitucional local no afecte o suspenda los efectos de su sentencia, de invalidar los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la última sesión ordinaria iniciada el 30 de junio, dado que no podría alcanzarse, pues esa decisión quedó sin efectos conforme a lo resuelto el 20 septiembre posterior, en la sentencia de esta Sala Monterrey (SM-JDC-93/2022), y d. Finalmente, sin que este Tribunal emita algún tipo de pronunciamiento sobre la posibilidad de análisis de éste último argumento, precisamente, porque las partes impugnantes no están legitimadas para impugnar.

Apartado II. Desarrollo y justificación de las decisiones

1.1. Marco normativo sobre la improcedencia al haber quedado sin materia

La Ley de Medios de Impugnación establece que un medio de impugnación se desechará cuando sea notoriamente improcedente (artículo 9, párrafo 3[26]).

Asimismo, establece que los medios de impugnación se deberán sobreseer cuando la resolución o acto impugnado, se modifica o revoca por la autoridad responsable de manera que el juicio quede totalmente sin materia (artículo 11, párrafo 1, inciso b, de la Ley de Medios de Impugnación[27]).

Por lo anterior, procede el desechamiento de la demanda o sobreseimiento en el juicio, cuando la autoridad responsable modifique o revoque el acto impugnado y este quede sin materia[28].

1.2. Marco normativo sobre la improcedencia por falta de interés jurídico

Un medio de impugnación será improcedente cuando se controvierta un acto que no afecta el interés jurídico del promovente (artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios de Impugnación[29]).

El interés jurídico se justifica cuando se aduce la vulneración a un derecho sustancial del actor y se señala que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación del derecho vulnerado, mediante un planteamiento encaminado a obtener una sentencia que revoque o modifique el acto o resolución impugnado y que con ello se le restituya el derecho político-electoral violentado[30].

Por tanto, para que el interés jurídico exista, la resolución o acto impugnado debe repercutir de manera clara y suficiente en el ámbito de derechos de quien acude al proceso, pues sólo de esa manera, de llegar a demostrarse la afectación del derecho, se le podrá restituir en el goce de la prerrogativa vulnerada o bien se hará factible su ejercicio.

Así, sólo puede ser impugnada una resolución o un acto por quien argumente que se violenta un derecho sustancial, de carácter político-electoral y que, si se modifica o revoca el acto o resolución impugnado, quedaría reparado el agravio cometido en su perjuicio.

1.3. Decisiones, consideraciones y efectos de la sentencia SM-JDC-93/2022, de la Sala Monterrey, que se vinculan con la controversia planteada en el presente asunto

En relación a la controversia del presente asunto, en su oportunidad[31], la Sala Monterrey, en el expediente JDC-93/2022, decidió modificar la resolución del Tribunal de Tamaulipas.

Al respecto, en ese expediente, la Sala Monterrey emitió una sentencia que tuvo el efecto jurídico de sustituir a la determinación del Tribunal de Tamaulipas en cuanto a su contenido, ya sea por la orden de reemplazar, modificar o dejar firmes las decisiones y consideraciones de la sentencia local.

En términos generales, respecto a la presente controversia, las decisiones, efectos y resolutivos fueron los siguientes:

Decisión:

[…]esta Sala Regional considera que… iii) debe quedar sin efectos la decisión de anular genéricamente los decretos aprobados por el Pleno Legislativo en forma posterior a la determinación de extender la sesión ordinaria iniciada el 30 de junio.

[…] respecto a: iii) la anulación de los decretos y actuaciones posteriores a la decisión de extender la Sesión Ordinaria iniciada el 30 de junio, esta Sala Monterrey considera que el Tribunal Local sólo estaba autorizado para asumir competencia formal para revisar los planteamientos hechos valer, pero al revisar materialmente el tema, dada su naturaleza de Tribunal Electoral, debió advertir que no estaba jurídicamente autorizado para analizar la validez o no de los actos legislativos ajenos a este ámbito, cuya competencia corresponde al derecho en general, ante lo cual, esta última decisión del Tribunal Local, debe quedar invalidada, como a su vez, los actos o incidencias posteriores, incluidas las vinculadas al cumplimiento, el cual debe verse a partir de lo decidido en esta ejecutoria.

Efectos:

Apartado III. Efectos

En atención a lo expuesto, se modifica la sentencia impugnada con los siguientes efectos:

…

3. Queda insubsistente la decisión de anular los actos decretos y actos parlamentarios generales, posteriores a la determinación de extender la Sesión Ordinaria del Congreso local iniciada el 30 de junio (salvo la elección última de la Diputación Permanente, como se indicó, debe mantenerse anulada, al subsistir la integración con la Mesa Directiva, que derivó de la aplicación directa de la consecuencia de la norma especial que establece la integración de la Mesa Directiva cuando existe empate en dos votaciones previas, y dada la decisión de la presidenta.

4. En consecuencia, se ordena dar vista con esta sentencia al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, dado que está tramitando una controversia constitucional relacionada con la resolución impugnada.

En la inteligencia de que, dada la modificación de la sentencia local, será a partir de esta ejecutoria que debe atenderse a su cumplimiento.

Resolutivos:

Resuelve

Primero. Se modifica la resolución impugnada, para los efectos precisados en el fallo.

…

Cuarto. Queda insubsistente la decisión de anular los actos, decretos y actos parlamentarios generales, que se relacionan en el fallo.

Quinto. Se ordena dar vista con esta sentencia al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.

1.3. Puntualización de las decisiones emitidas por la Sala Monterrey

Ahora bien, conforme con dicha decisión, efectos y resolutivos, leídos integralmente, en relación al tema de la aprobación de los decretos y leyes emitidas por el Pleno Legislativo, se tiene lo siguiente:

La decisión fue que debía quedar sin efectos la decisión de anular genéricamente los decretos aprobados por el Pleno Legislativo en forma posterior a la determinación de extender la sesión ordinaria iniciada el 30 de junio[32], sobre la base de que el Tribunal Local sólo estaba autorizado para asumir competencia formal para revisar los planteamientos hechos valer, pero al revisar materialmente el tema, dada su naturaleza de Tribunal Electoral, debió advertir que no estaba jurídicamente autorizado para analizar la validez o no de los actos legislativos ajenos a este ámbito, cuya competencia corresponde al derecho en general, ante lo cual, esta última decisión del Tribunal Local, debe quedar invalidada, como a su vez, los actos o incidencias posteriores, incluidas las vinculadas al cumplimiento, el cual debe verse a partir de lo decidido en esta ejecutoria[33].

En cuanto a los efectos, condena, consecuencias u orden dada por la ejecutoria, se privó de efectos la decisión de anular los actos decretos parlamentarios generales, y por dicha razón, de determinar que existía competencia para anular dichas leyes y decretos, se dio la vista al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, pues, en ese momento, se conocía de la existencia de una controversia constitucional[34].

Por tanto, en específico, el efecto dispuesto por la sentencia de esta Sala Monterrey, generado y que se actualizó de manera automática en la propia ejecutoria, fue sustituir la sentencia local, en esa parte, para declarar que la sentencia local no puede conocer de la impugnación de esos decretos, porque no es materia electoral y, por ende, menos anularlos.

Por esta razón (la sustitución de consideraciones fundamentales), se dejaron sin efectos los actos o decisiones ordenadas por el Tribunal de Tamaulipas, que, por ende, ya no podrían ser motivo de base para pretensión o controversia alguna.

2. Caso concreto

Las diputaciones impugnantes plantean[35], en esencia, que el Magistrado Instructor del Supremo Tribunal de Justicia invade la competencia del Tribunal Electoral Local al admitir la demanda de Controversia Constitucional contra una resolución del Tribunal de Tamaulipas, así como con la suspensión de los efectos que se ordenaron en esa sentencia, porque deja sin efectos una determinación relacionada con actos legislativos de naturaleza electoral, como son los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la última sesión ordinaria iniciada el 30 de junio.

Por su parte, las magistraturas electorales locales impugnantes señalan, sustancialmente, que la admisión de la demanda por parte del Magistrado Instructor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la que se plantea una controversia constitucional contra la resolución del Tribunal Electoral Local y la suspensión de los efectos de esta, devuelve la vigencia de actos que dicho Tribunal Electoral de Tamaulipas anuló, tales como los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la última sesión ordinaria iniciada el 30 de junio, al haber considerado, en esencia, que se afectaron derechos político-electorales de los legisladores que lo impugnaron.

3. Valoración

3.1. Desechamiento del juicio SM-JDC-98/2022 presentado por las diputaciones impugnantes, por haber quedado sin materia

a. La pretensión última de los impugnantes de que subsista de la decisión del Tribunal Electoral del Estado Local de invalidar los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la última sesión ordinaria iniciada el 30 de junio ha quedado sin materia, porque esa decisión quedó sin efectos conforme a lo resuelto el 20 septiembre posterior, en la sentencia de esta Sala Monterrey (SM-JDC-93/2022).

En efecto, respecto a la decisión del Tribunal Electoral Local que anuló genéricamente los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, ya quedó sin efectos a través de la sentencia de esta Sala Monterrey, por lo que no podría alcanzarse la pretensión de los impugnantes, pues es inexistente el litigio.

El Tribunal Electoral Local, a través de la sentencia de 29 de agosto, entre otras cosas, dejó sin efectos, en general, los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la última sesión ordinaria iniciada el 30 de junio.

En contra de la determinación del Tribunal Electoral Local: i. Algunos integrantes del Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas, presentaron Controversia Constitucional ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, y ii. Algunas diputaciones del Congreso Local promovieron medios de impugnación ante el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, i) en cuanto a la controversia planteada ante el Supremo Tribunal de Justicia, el 6 de septiembre, el Magistrado Instructor de dicho órgano jurisdiccional, en funciones de Tribunal Constitucional, admitió la controversia constitucional y decretó la suspensión de la decisión del Tribunal Electoral Local de dejar sin efectos, en general, los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la sesión ordinaria iniciada el 30 de junio, a fin de que se mantuvieran vigentes.

Por su parte, ii) respecto a los medios de impugnación presentados ante este Tribunal, el 20 de septiembre, la Sala Monterrey dejó sin efectos la decisión de anular genéricamente los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la sesión ordinaria iniciada el 30 de junio, al considerar que dichos actos no eran materia electoral, por tanto, quedaron subsistentes.

Ahora, el 13 de septiembre, previo a la referida determinación de esta Sala Monterrey, las diputaciones del Congreso Local y las magistraturas integrantes del Tribunal Electoral de Tamaulipas presentaron medios de impugnación contra los acuerdos emitidos por el Magistrado Instructor del Supremo Tribunal de Justicia, por los cuales admitió la controversia constitucional y decretó la suspensión de la decisión del Tribunal Electoral Local de dejar sin efectos, en general, los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la sesión ordinaria iniciada el 30 de junio.

En ese sentido, como se anticipó, la impugnación ha quedado sin materia porque, efectivamente, la decisión del Tribunal Electoral Local controvertida ante el Supremo Tribunal de Justicia y, respecto de la cual, recayeron los acuerdos que ahora se impugnan, quedó sin efectos a través de una sentencia emitida por esta Sala Monterrey con posterioridad a la presentación de sus demandas (SM-JDC-93/2022).

Esto es, la decisión del Tribunal Electoral Local, vinculada con la controversia planteada ante el Supremo Tribunal de Justicia, fue revocada por esta Sala Monterrey (de forma posterior a la presentación de la controversia constitucional), al considerar, incluso, que la determinación de declarar la validez o invalidez de los decretos aprobados por el Pleno Legislativo escapaba a la materia electoral, por lo que esta Sala Regional dejó sin efectos la decisión de invalidarlos.

Por tanto, no podría alcanzarse la pretensión de los impugnantes, consistente en que persista o continue la determinación de la autoridad jurisdiccional electoral local, pues, ciertamente, ya quedó sin efectos, a través de la sentencia de esta Sala Monterrey.

b.1. En cuanto a la pretensión de que subsista la decisión del Tribunal Electoral de Tamaulipas sobre la manera en la que debía integrarse la Diputación Permanente, no existe materia para conocer de la impugnación, porque no se actualiza la existencia de litigio, ni las partes cuentan con interés jurídico para que se emita una sentencia de fondo, dado que, en el acuerdo de admisión y en el de suspensión en cuestión, no se refieren a dicho tema (pues ni siquiera fue planteado en esa demanda constitucional local).

En efecto, en los acuerdos impugnados, el Magistrado Instructor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, únicamente se pronunció respecto del acto reclamado, esto es, sobre los decretos aprobados por el Pleno Legislativo en forma posterior a la determinación de extender la última sesión ordinaria iniciada el 30 de junio.

En ese sentido, como se anticipó, no existe un litigio ni una resistencia a la pretensión de los impugnantes, porque lo relacionado con la integración de la Diputación Permanente no fue materia de controversia planteada ante el Supremo Tribunal de Justicia, ni mucho menos tema de pronunciamiento del Magistrado Instructor en los acuerdos ahora impugnados.

b.2. Por otra parte, los referidos planteamientos relacionados con la integración de la Diputación Permanente, también han quedado sin materia, porque esta concluyó sus funciones el pasado 30 de septiembre, por lo que, en el caso de asistirle la razón a las diputaciones, sus derechos no podrían ser restituidos.

En efecto, es un hecho notorio que la Diputación Permanente concluyó sus funciones el 30 de septiembre, de manera que, como se anticipó, el asunto ha quedado sin materia[36].

c. Finalmente, respecto a los planteamientos sobre un posible supuesto conflicto competencial entre el Tribunal Electoral Local y el Supremo Tribunal de Justicia del referido Estado, se deja a disposición el escrito relativo, para hacerlo valer en la vía y ante la autoridad competente.

3.2. Desechamiento del juicio SM-JE-63/2022 presentado por las magistraturas electorales impugnantes

a. En primer lugar, debe precisarse que las magistraturas, por sí mismas, aun cuando suscriban un escrito conjunto, carecen de interés jurídico para presentar una demanda que tenga por objeto reclamar la posible afectación de una sentencia del Tribunal Electoral Local, pues individualmente no tienen interés para controvertir ese acto, que sería el único facultado para impulsar jurídicamente una posible controversia sobre sus decisiones.

En efecto, de la revisión de la demanda se advierte que es suscrita por las magistraturas integrantes del Tribunal de Tamaulipas y signada por 3 de las 5 magistraturas que lo integran, sin que advierta que acudan en representación de dicho órgano, si no, de manera conjunta en su calidad de integrantes de este.

En ese sentido, debe mencionarse que las magistraturas no cuentan con interés jurídico para reclamar, una supuesta afectación o intromisión por parte del Supremo Tribunal de Justicia en relación con una sentencia del Tribunal Electoral Local.

En todo caso, tendrían que acudir en representación del Tribunal Electoral Local, a fin de poder hacer valer una afectación a una decisión emitida por este como órgano colegiado.

Esto es, el órgano legitimado para defender la subsistencia de una sentencia del Tribunal Electoral Local es el propio órgano jurisdiccional a través de sus integrantes, no así, estos en su calidad de magistraturas.

b. Incluso, en el caso de que pudiese entenderse que dichas magistraturas se ostentaran como Tribunal, estaríamos ante una condición tampoco acreditada, pues para demostrar la legitimación de dicho órgano se requeriría de un acuerdo emitido por parte de dicho órgano en el que se acordara que la representación del Tribunal presentará la impugnación, y el correspondiente escrito firmado por ésta (artículo 102, fracción I de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas).

Sin embargo, en el caso, no se advierte la existencia de ese acuerdo y, además, es un hecho público y notorio que actualmente la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas es ocupada por la Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas, quien no suscribió el medio de impugnación.

c. Incluso, en el supuesto de que pudiera entenderse que la demanda es presentada por el Tribunal Electoral del Estado, se actualizaría la improcedencia por haber quedado sin materia la pretensión de los impugnantes, en cuanto a que el acuerdo emitido en la instancia constitucional local no afecte o suspenda los efectos de su propia sentencia de invalidar los decretos aprobados por el Pleno Legislativo, en forma posterior a la determinación de extender la última sesión ordinaria iniciada el 30 de junio.

Lo anterior, porque, como se evidenció en el aparado anterior, la impugnación ha quedado sin materia, pues efectivamente, la decisión del Tribunal Electoral Local controvertida ante el Supremo Tribunal de Justicia y, respecto de la cual, recayeron los acuerdos que ahora se impugnan, quedó sin efectos a través de una sentencia emitida por esta Sala Monterrey con posterioridad a la presentación de sus demandas (SM-JDC-93/2022).

Por tanto, no podría alcanzarse la pretensión de los impugnantes, consistente en que persista o continue la determinación del Tribunal Electoral Local, pues, ciertamente, ya quedó sin efectos, a través de la sentencia de esta Sala Monterrey.

d. Sin que este Tribunal emita algún tipo de pronunciamiento sobre la posibilidad de análisis de éste último argumento, precisamente, porque las partes impugnantes no están legitimadas para impugnar.

e. Finalmente, respecto de los planteamientos sobre un posible supuesto conflicto competencial, entre el Tribunal de Tamaulipas y el Supremo Tribunal de Justicia del referido Estado, se deja a disposición el escrito relativo, para hacerlo valer en la vía y ante la autoridad competente.

Máxime que, en el ámbito electoral, no existe siquiera la posibilidad de análisis sobre el tema (sin prejuzgar sobre la viabilidad de dicha petición), pues la demanda no está firmada por el órgano correspondiente.

La anterior afirmación, no prejuzga sobre la viabilidad del análisis del tema ante cualquier otra instancia constitucional distinta a la materia electoral, pues, evidentemente, en todo caso, en análisis de los requisitos de procedencia del conflicto competencial, le corresponderán a la autoridad competente.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

Primero. Se acumula el expediente SM-JE-63/2022 al diverso SM-JDC-98/2022, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del juicio acumulado.

Segundo. Se desechan de plano las demandas.

Tercero. Se dejan a salvo los derechos de los impugnantes para hacer valer el supuesto conflicto competencial ante la autoridad competente.

En su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos concluidos; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

Notifíquese, como en Derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, con el voto concurrente de la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, ante el Secretario General de Acuerdos en funciones, quien autoriza y da fe.

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA MAGISTRADA CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADO CON LA CLAVE SM-JDC-98/2022, Y EL JUICIO ELECTORAL SM-JE-63/2022, ACUMULADOS.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 174, segundo párrafo y 180, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 48, párrafo segundo, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, formulo el presente voto concurrente pues, aun cuando estoy de acuerdo con el sentido de la propuesta, difiero en las consideraciones que lo sustentan.

En la sentencia aprobada se desechan las demandas presentadas por diversas Diputaciones integrantes del Congreso del Estado de Tamaulipas[37], correspondiente al expediente SM-JDC-98/2021, así como por Magistraturas integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas[38], relativa al expediente SM-JE-63/2022.

Las y los promoventes impugnan ante esta Sala los autos de seis de septiembre del año en curso, dictados por el Magistrado Instructor del Supremo Tribunal de Justicia de dicha Entidad Federativa, actuando en funciones de Tribunal Constitucional, en la controversia constitucional local número 1/2022, promovida por los Síndicos Primero y Segundo del Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas, específicamente en contra de los efectos detallados en el inciso d), de la ejecutoria emitida el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, por el Tribunal Local en el recurso de defensa de los derechos políticos del ciudadano TE-RDC-34/2022 y su acumulado TE-RDC-35/2022[39].

En los proveídos que se pretenden combatir en esta instancia, el órgano jurisdiccional local admitió a trámite la controversia constitucional y concedió la suspensión solicitada por los actores en contra de la ejecución de los efectos que ahí se reclamaron, es decir, se decidió que, con la finalidad de mantener las cosas en el estado en que se encontraban, debían mantenerse vigentes los decretos, actos y/o puntos de acuerdo, expedidos de manera posterior a la aprobación de la propuesta presentada por el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, relativa a la prolongación de la sesión llevada a cabo el treinta de junio pasado.

En el proyecto, previa acumulación, se determina la improcedencia tanto del juicio ciudadano SM-JDC-98/2022, así como del diverso juicio electoral SM-JDC-63/2022.

Al respecto, si bien comparto el sentido de la propuesta, difiero de una consideración en particular, bajo la cual se propone la improcedencia del segundo de los medios de impugnación mencionados.

Respecto a este asunto, en el proyecto se propone la improcedencia del referido juicio electoral, a partir de considerar que las Magistraturas promoventes carecen, tanto de interés jurídico, como de personería suficiente para comparecer en representación del Tribunal Local, esto último, al estimarse que, por una parte, la facultad de representación de este órgano local corresponde única y exclusivamente a la Magistratura que ocupa la presidencia, quien precisamente no acude ante esta Sala.

Es decir, en el caso concreto, acuden Magistraturas integrantes del Tribunal Local, pero la demanda no se promueve en representación del órgano jurisdiccional local por conducto de su presidencia, que es quien conforme a las disposiciones orgánicas tiene la representación del órgano.

Por otro lado, porque no se aportó documentación alguna de la cual pueda apreciarse que, a las Magistraturas suscribientes, les fuera delegada la representación del órgano jurisdiccional local por quien puede delegar esta facultad.

Adicionalmente, la propuesta señala como argumentación, que califico como accesoria y es con ella con la cual difiero, que aun considerando que las Magistraturas integrantes del Pleno del Tribunal Local que son quienes firman la demanda cuenten con la representación respectiva, el medio de impugnación también sería improcedente derivado de lo resuelto en un diverso juicio de la ciudadanía SM-JDC-93/2022, en el cual esta Sala Regional dejó sin efectos lo resuelto por el referido órgano jurisdiccional local.

En esta ocasión, me aparto única y exclusivamente de esta argumentación accesoria que juzgo es innecesaria, pues considero que en el proyecto ya se había agotado la falta de representación de las Magistraturas integrantes del Tribunal Local pues ésta solamente la ostenta su presidencia, así como la falta de personería de los promoventes al no haberse aportado documentación de la que se apreciara que se les hubiera delegado esa facultad de representación.

Por lo que, asumir un tercer escenario en el cual se diera por sentado que los promoventes pudieran tener esta representación cuando la propia ley les excluye de ésta, para dar razones adicionales a un desechamiento, juzgo de manera respetuosa, que excede a la congruencia necesaria derivada de la litis y de los aspectos procesales destacados.

De ahí que formule un voto diferenciado, aclarando que coincido con el sentido del proyecto y con el resto de las argumentaciones, hecha excepción de la que he destacado en esta oportunidad.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.