Monterrey, Nuevo León, a treinta y uno de julio de dos mil veinticinco.

Sentencia definitiva que confirma, en lo que fue materia de impugnación, la resolución de Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RIN-016/2025, por la que, entre otras cosas, confirmó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de ese Estado IETAM-A/CG-080/2025, relacionado con la asignación de Jueces de Primera Instancia en materia Civil, en el Segundo Distrito Judicial de ese estado.

Lo anterior, debido a que, a) son ineficaces los agravios vertidos por el actor, porque no combate frontalmente las consideraciones del fallo recurrido al ser reiterativos, y b) contrario a lo aducido por el actor, no existe una obligación de la implementación de acciones afirmativas, por parte del órgano administrativo electoral.

GLOSARIO

1. ANTECEDENTES

Las fechas que se precisan corresponden al año dos mil veinticinco, salvo precisión contraria.

1.1.           Proceso electoral. El diecinueve de noviembre del dos mil veinticuatro, inició el proceso electoral extraordinario 2024-2025, para la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial del estado de Tamaulipas.

1.2.           Listado de candidaturas. Mediante oficio HCE/PDM/AT-806, el treinta y uno de enero el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, remitió al IETAM, los listados finales de las personas postulantes a participar en la elección extraordinaria 2024-2025 para ocupar los cargos de Magistradas y Magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Número; Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; Magistradas y Magistrados Regionales; Juezas y Jueces de Primera Instancia, y Juezas y Jueces Menores del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, admitidos por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo.

1.3.           Periodo de campaña. Transcurrió del treinta de marzo al veintiocho de mayo.

1.4.           Jornada electoral. El uno de junio se celebró la jornada electoral para elegir a las personas juzgadoras y magistraturas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

1.5.           Votación. Se advierte la votación que obtuvo cada una de las candidaturas que participaron en la elección de las personas Juzgadoras de primera instancia en materia Civil del Segundo Distrito Judicial.

1.6.           Declaración de validez. El ocho siguiente, el Consejo General del IETAM dentro del acuerdo IETAM-A/CG-080/2025 por el que realizó la asignación de Juezas y Jueces de Primera Instancia en Materia Civil en el Segundo Distrito Judicial correspondiente a los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, de la siguiente manera, conforme a la votación previamente señalada:

1.7.           Medio de impugnación local. Inconforme con lo anterior, el catorce de junio la parte actora presentó ante el IETAM juicio para la protección de los derechos político-electorales.

Posterior a su recepción en el Tribunal Local, el veinte del mismo mes se radicó bajo el número de expediente TE-JDC-015/2025.

1.8.           Acuerdo Plenario. El uno de julio, el Pleno del Tribunal Local determinó encauzar el juicio de la ciudadanía de referencia a recurso de inconformidad, el cual se radicó bajo el número de expediente TE-RIN-16/2025.

1.9.           Resolución impugnada. El dos de julio, el Tribunal Local determinó confirmar, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo IETAM-A/CG-080/2025 por el que realizó la asignación de Jueces de Primera Instancia en Materia Civil en el Segundo Distrito Judicial de Tamaulipas.

1.10.      Juicio Federal. Inconforme con esa determinación, el siete de julio, la parte actora promovió juicio de revisión constitucional electoral, el cual se radicó bajo el número de expediente SM-JRC-28/2025.

1.11.      Encauzamiento. El veinticinco siguiente, en el expediente de referencia, esta Sala Regional emitió acuerdo plenario mediante el cual determinó encauzar la demanda presentada a juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, por ser el medio idóneo para conocer este tipo de controversias. De ese modo, se integró el juicio SM-JDC-132/2025.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente asunto porque se controvierte una resolución dictada por el Tribunal Local dentro de un juicio de la ciudadanía relacionado con la elección de las personas Juzgadoras del Poder Judicial en el Estado de Tamaulipas, entidad federativa que se ubica dentro de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, en la cual este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 263, párrafo primero, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 79, párrafo 1, y 83, párrafo primero, inciso b), de la Ley de Medios, así como el Acuerdo General 1/2025 emitido por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, mediante el cual delega a las Salas Regionales asuntos de su competencia, vinculados a los procedimientos electorales relacionados con personas juzgadoras de las entidades federativas.

3. PROCEDENCIA

El juicio ciudadano es procedente ya que se estiman satisfechos los requisitos previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, y 13, párrafo 1, inciso b), y 79, de la Ley de Medios, de conformidad con lo razonado en el acuerdo de admisión[1].

4. ESTUDIO DE FONDO

4.1. Materia de la controversia

Esta Sala Regional debe pronunciarse sobre la legalidad de la resolución emitida dentro del expediente RIN-16/2025, del índice del Tribunal Local, mediante la cual se confirmó el acuerdo IETAM-A/CG-080/2025 emitido por el Consejo General, en el que se señaló la votación obtenida por los candidatos y se realizó la asignación de Jueces de Primera Instancia en materia Civil, en el Segundo Distrito Judicial, correspondiente a los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, atendiendo a los principios de paridad de género.

Asimismo, este órgano jurisdiccional se ocupará de analizar si la autoridad electoral local debió considerar, además, la implementación de acciones afirmativas en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, como la comunidad LGBTTIQ+.

4.1.2. Sentencia impugnada

El Tribunal Local, al resolver el medio de impugnación promovido por el actor en contra del acuerdo IETAM-A/CG-080/2025, el cual realizó la asignación de Jueces de Primera Instancia en Materia Civil, en el Segundo Distrito Judicial correspondiente a los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, determinó que no se actualizaban los supuestos necesarios para declarar la nulidad de la elección, conforme a la causal genérica.

Por otra parte, por cuanto hace al agravio del actor en torno del modelo de boleta electoral aprobado por el Consejo General, consideró que el agravio fue infundado, dado que los argumentos del actor carecieron de precisión y sustento probatorio, esto dado que no demostró, de manera cualitativa ni cuantitativa, que el diseño de la boleta hubiese generado confusión o afectado la voluntad ciudadana.

Además, concluyó que no existía nexo causal entre dicha omisión y el resultado de la elección y que aún bajo una interpretación amplia conforme al criterio emitido por esta Sala en el juicio SM-JRC-177/2009 y confirmado por la Sala Superior en el SUP-REC-100/2009, no se acreditaron efectos jurídicos determinantes atribuibles a la boleta impugnada.

Por otra parte, el Tribunal Local determinó en cuanto a la asignación de cargos con base en el principio de paridad de género, se encontraba fundada en mandatos constitucionales y legales expresos, contenidos en los artículos 35, fracción II, 41, base I y 94 de la Constitución Federal, así como en los artículos 109, fracción IV, de la Constitución Local y 415 de la Ley Electoral.

Lo anterior, dado que, conforme a estos preceptos, el inicio de la asignación por mujeres constituyó una acción afirmativa encaminada a revertir la histórica subrepresentación de ese grupo en el ámbito jurisdiccional, lo que sustentó a través de la Jurisprudencia 11/2018 y 10/2021 de la Sala Superior; en ese contexto la responsable consideró que la voluntad popular no se vio suplantada, sino canalizada a través de una regla válida y proporcional, conforme al principio de igualdad sustantiva.

Por otra parte, respecto al planteamiento de inconstitucionalidad sobre los artículos 109, fracción IV, de la Constitución Local y 415 de la Ley Electoral, el Tribunal  Local determinó que dichos preceptos eran válidos, al ser expresión de obligaciones constitucionales superiores y de compromisos internacionales en materia de derechos humanos y no discriminación, por lo que su aplicación persigue fines legítimos y responde a estándares de proporcionalidad y razonabilidad, de conformidad con lo previsto en tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, concluyó la responsable en cuanto a la supuesta omisión de establecer acciones afirmativas a favor de personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+, que dicho agravio era inatendible, ya que el procedimiento de registro de candidaturas no fue combatido oportunamente y no existía mandato legal alguno que impusiera al IETAM la obligación de incluir medidas afirmativas específicas para este grupo en el proceso jurisdiccional referido.

4.1.3. Planteamiento ante esta Sala Regional

El actor sostiene que la resolución emitida por el Tribunal Local, al confirmar el acuerdo emitido por el Consejo General, vulneró los principios constitucionales de soberanía popular, democracia, certeza, legalidad y libertad del sufragio, al validar un modelo de boleta que no reflejaba de forma previa ni transparente la aplicación del principio de paridad de género, además señaló que dicha paridad fue implementada de manera posterior a la jornada electoral, una vez emitido el voto ciudadano, lo cual afectó gravemente el resultado legítimo de la elección.

Desde su perspectiva, la boleta electoral debió establecer claramente cuántos cargos se asignarían a mujeres y cuántos a hombres, de modo que las personas electoras contaran con información suficiente para ejercer su voto de forma libre e informada, pues la boleta se presentó a todas las personas candidatas en una lista única, sin distinguir género ni cuotas, lo que generó que las y los votantes eligieran conforme al mérito individual de las personas participantes.

Asimismo, el actor argumentó que el Consejo General, al momento de asignar los cargos, alteró el resultado de la votación al imponer una distribución alternada de género (mujer-hombre), lo que implicó una reordenación de las posiciones con base en criterios ajenos al voto popular; por lo que, a su juicio, convirtió a la autoridad jurisdiccional en un "súper elector" y distorsionó la voluntad ciudadana.

Por otra parte, el actor destaca que no cuestiona el principio constitucional de paridad en su contenido, sino el modo y el momento en que fue aplicado, recalcando que en ningún otro proceso electoral como en elecciones municipales, legislativas o federales se realiza una redistribución de los resultados después de la jornada electoral con base en paridad, pues ello vulnera la decisión soberana del electorado.

Sumado a lo anterior, señala que la interpretación realizada por el Tribunal Local de los artículos 109, fracción IV, de la Constitución Local, y 415 de la Ley Electoral fue incorrecta, al utilizarse para justificar una reasignación que no se encontraba expresamente autorizada por el marco jurídico, en contravención al principio de legalidad.

En virtud de lo anterior, el actor solicitó que se respetara el sentido original de la votación y que los cargos fueran asignados estrictamente conforme al número de votos obtenidos por cada persona candidata, sin modificar la voluntad ciudadana mediante una interpretación extensiva del principio de paridad.

Por otra parte, el actor refiere que resulta indebido el planteamiento del Tribunal Local, en el cual estableció que el agravio relativo a la falta de acciones afirmativas para garantizar la participación de personas pertenecientes a la comunidad LGBTTIQ+, era extemporáneo y que debió formularse al momento de la emisión de la convocatoria.

Lo anterior, porque a juicio del actor la protección de los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados no puede estar sujeta a reglas de preclusión o a etapas procesales específicas, esto al sostener que, conforme al artículo 1º de la Constitución Federal, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en todo momento y contexto, especialmente cuando se trate de personas en situación de vulnerabilidad.

En ese contexto, señaló que el formato de registro de candidaturas únicamente permitía seleccionar las categorías de “hombre” o “mujer”, lo que excluyó e invisibilizó a las personas con identidades de género no binarias, lo que, en el su caso particular, ello constituyó una forma de discriminación institucional que limitó su derecho político a ser votado en condiciones de igualdad sustantiva.

Asimismo, señala que se deben de implementar acciones afirmativas específicas para garantizar el acceso efectivo de las personas de la diversidad sexual a los cargos públicos, destacando que el Tribunal Local, omitió el análisis al respecto, por lo que incurrió en una omisión excluyendo a este grupo social.

4.1.4. Cuestión a resolver

Esta Sala Regional debe pronunciarse sobre la legalidad de la resolución emitida dentro del expediente RIN-16/2025, del índice del Tribunal Local, mediante la cual se confirmó el acuerdo IETAM-A/CG-080/2025 emitido por el Consejo General, a través del cual se señaló la votación obtenida por los candidatos y se realizó la asignación de Jueces de Primera Instancia en materia Civil, en el Segundo Distrito Judicial, correspondiente a los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, atendiendo a los principios de paridad de género.

Asimismo, este órgano colegiado se ocupará de analizar si fue correcto que el Tribunal responsable desestimara el planteamiento relativo a que el Consejo General debió implementar de acciones afirmativas en favor de personas vulnerables de la comunidad LGBTTIQ+.

4.2 Metodología

Es menester, señalar que en el presente caso los agravios se estudiaran en un orden diverso al expuesto por la parte promovente, en el entendido que algunos se realizarán de manera conjunta al estar estrechamente relacionados, sin que ello ocasione perjuicio alguno en términos de lo señalado en la jurisprudencia 4/100, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”[2].

4.3. Decisión

Esta Sala Regional estima que la resolución controvertida debe confirmarse, toda vez que, son ineficaces los agravios vertidos por el actor porque no combate frontalmente las consideraciones del fallo recurrido al ser reiterativos, y contrario a lo aducido por el actor, no existe una obligación de la implementación de acciones afirmativas, por parte del órgano administrativo electoral.

4.3.1. Justificación de la decisión

4.3.1. Los agravios de la parte actora son ineficaces por reiterativos y porque no combaten los razonamientos sustanciales en los que el Tribunal Local basó su determinación

De acuerdo con las jurisprudencias de la Sala Superior 3/2000 y 2/98, la persona promovente de un medio de impugnación no está obligada a exponer sus agravios bajo una formalidad específica, pues solo debe precisar la lesión que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio[3].

Así, cuando controvierte una sentencia dictada en una instancia anterior, quien demanda solo debe explicar la ilegalidad de esa resolución, es decir, argumentar por qué considera que el Tribunal local actuó en forma incorrecta, ya sea porque interpretó erróneamente algún precepto, valoró indebidamente alguna prueba, omitió analizar algún agravio que le planteó, etcétera.

Bajo esta lógica, si la persona accionante se limita a reproducir ante esta instancia federal los mismos agravios que expuso ante el órgano jurisdiccional responsable –sin controvertir las consideraciones medulares por las cuales este último los desestimó–, esos planteamientos no son aptos para demostrar irregularidad alguna en el dictado de la sentencia impugnada y, por tanto, no podrían modificarla o revocarla.

Lo anterior, es acorde al criterio sostenido por la Sala Superior de este Tribunal al referir que deben desestimarse los argumentos que se expresen para combatir una sentencia en segunda instancia, cuando sólo constituyen la reproducción textual de los agravios expuestos en la primera instancia, en razón de que la finalidad legal del medio de impugnación en la instancia revisora consiste en analizar la constitucionalidad y legalidad de las resoluciones de fondo emitidas por las autoridades señaladas como responsables[4].

Por tanto, si en la demanda del juicio federal reitera el agravio que hizo valer en la instancia local, su planteamiento resultará ineficaz para obtener la modificación o revocación de la resolución combatida, ya que tal razonamiento controvierte lo inicialmente impugnado y no va encaminado a desvirtuar las irregularidades que pudo haber cometido la autoridad responsable al resolver el medio de impugnación correspondiente.

En conclusión, la repetición o el abundamiento en las razones expuestas en la primera instancia, que no combatan las consideraciones de la resolución impugnada, originan la ineficacia[5].

4.3.2 Caso concreto

En consideración de esta Sala Regional, son ineficaces los motivos de disenso que expone la parte actora.

Se considera así, pues del análisis integral de la demanda, se observa que el promovente se concreta a reiterar, de manera casi literal, los agravios hechos valer en su demanda presentada ante la instancia previa, es decir, se trata de los mismos planteamientos expuestos en el presente juicio, con los cuales pretendió demostrar ante el Tribunal Local la inconstitucionalidad de los artículos 109, fracción IV de la Constitución Local y 415, párrafo 1, de la Ley Electoral.

En ese contexto, se precisa que en lo sustantivo el actor refiere que, contrario a lo que se afirma en la resolución impugnada, sí realizó razonamientos frontales para confrontar de manera eficaz por qué estima que la medida contenida en dichos preceptos resulta inadecuada, innecesaria y desproporcionada.

Lo anterior, lo estima así, al señalar que, el núcleo de su agravio se basó en sostener que existe convergencia de principios de derechos humanos, ya que el legislador al establecer que en dichos dispositivos legales que las acciones afirmativas se aplicaran después de la votación emitida.

Así como que, el Tribunal Local realizó una indebida interpretación de los artículos previamente citados, ya que a su parecer la manera en la que están redactados dicho numerales genera una colisión de derechos entre los principios de soberanía del pueblo, democracia, elecciones libres y auténticas, sufragio directo, universal, libre, secreto, de certeza y de legalidad en los procesos de electorales entre hombres y mujeres a través de los criterios de paridad y acciones afirmativas, al aplicarse después de la votación.

Ahora, después de realizar un análisis, tanto de su demanda como del escrito de ampliación presentado en la instancia local, con la presentada ante esta Sala Regional, se obtuvo el siguiente resultado:

Se desprende que, por una parte, los motivos de disenso expuestos por la parte actora en su demanda ante esta instancia no constituyen argumentos nuevos, sino que únicamente amplían o complementan los ya planteados ante la autoridad responsable.

Si bien, el actor sostiene haber impugnado frontalmente la constitucionalidad de los preceptos legales, al considerar que establecer la aplicación de acciones afirmativas después de la votación genera una colisión entre derechos humanos y principios democráticos, entre otras cosas, lo cierto es que sus argumentos solo amplían y refuerzan los ya planteados ante la autoridad responsable, sin introducir una argumentación sustancialmente distinta en esta nueva instancia que confronte de manera directa los razonamientos expresados por dicha autoridad.

De ahí que, si bien, en esta instancia el promovente realiza una mayor argumentación que en el recurso de inconformidad local, también se trata de agravios ineficaces, pues pretende abundar sobre dicho aspecto sin combatir las razones por las que la autoridad responsable desestimó sus planteamientos[6].

Por otra parte, se desprende que los diversos planteamientos que realiza son una reiteración idéntica de lo expresado ante la instancia local, por lo que no podría abordarse nuevamente a un estudio que ya se agotó en la instancia inferior; lo que los torna ineficaces, en tanto que con ellos no se controvierten las consideraciones del fallo emitido por el Tribunal Local para confirmar el acuerdo IETAM-A/CG-080/2025 emitido por el Consejo General.

Aplica en lo conducente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA”. [7]

Así como el diverso criterio jurisprudencial de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN” [8].

De ahí que, esta Sala Regional se encuentra impedida técnicamente para realizar un estudio de fondo de los motivos de disenso que hizo valer la parte actora ante la instancia local y replicó ante esta Sala Regional.

Por otra parte, se estima ineficaz la porción del concepto de violación en el que aduce el actor, que no realizó planteamientos genéricos y que demostró el nexo causal lógico o jurídico de que el resultado de la elección se vio afectado ante la falta de distinción género en la boleta de votación, esto al señalar lo siguiente:

“En primer lugar es FALSO que mis argumentos sean vagos, genéricos, imprecisos y que solo se infiere una posible afectación, esto es así por lo siguiente: en el desarrollo del agravio primero se precisó que la autoridad administrativa electoral local cometió un grave error al interpretar diverso dispositivos constitucionales y legales al APROBAR UN MODELO DE BOLEN QUE NO DISTINGUE ENTRE GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO, creando un listado simple de candidatos que no distingue género, creo que fue suficientemente específico, particular y preciso lo que se aduce como causa de pedir, puesto que esta acción afecta mi esfera de Derechos y la de todos los candidatos de manera concreta y directa, ya que, le que se pide al elector es que ella a los candidatos que se le presentan en la lista sin distinción de género, si me piden eso, no se necesita ser un genio para saber que los electores eligieron a las personas que ELLOS consideran aptos para desempeñar el cargo de juez, sea este hombre o mujer, cuando lo procedente constitucional y legalmente era dividir el listado distinguiendo género e
Invitando al elector a elegir tantos cargos para candidatos mujeres y tantos cargos para candidatos hombres, para posteriormente, ya en la asignación de puestos, la autoridad administrativa electoral local la realizara tomando en cuenta la votación obtenida, hacer to que hizo la autoridad electoral es violentar la voluntad del electorado, pues ellos eligieron a los candidatos que consideraron aptos para ocupar los puestos, pero fue al final la autoridad administrativa electoral local quien decidió quien los ocuparía, escudándose en que era lo que mandataba  la Ley, lo que es falso si tomamos en cuenta que otras autoridades electorales del país sí hicieron bien su trabajo, como se argumentó en desarrollo de mi agravio primero primigenio.

Ahora bien, respecto a que con estos alegatos solo infiero "...una posible afectación..." o que "no se encuentra nexo lógico o jurídico comprobable que demuestre que el resultado de la elección hubiese sido distinto" o bien que solo
"se encuentran únicamente opiniones y/o percepciones personales, al respecto es importante decir que la propia responsable reconoce que mi argumento se concreta a través de operaciones lógicas al conceder que he realizado inferencias, inferencias que tienen un sustento lógico - jurídico suficiente para sustentar mis conclusiones, esto en virtud de que, si el electorado desde un inicio sabe cuantos puestos son para candidatos de género femenino y cuantos para candidatos de género masculino, es indudable que su intención de voto se Focaliza por género, ya que no son 5 cargos (para el caso del Distrito judicial II de Tamaulipas) sin distinción de género, sino que serían 3 para el género femenino y 2 para el masculino, lo que sin duda tiene el efecto de que el elector
SABE que debe de votar por tres mujeres y dos hombres de acuerdo a sus preferencias, lo que necesariamente cambia su intención de voto, ya que siguiendo los resultados finales de la votación (vid infra) el elector solo considero para ocupar los cargos de juez en materia civil a una de las candidatas mujeres, y ahora tendría que ocuparse por escoger otras dos candidatas, esto es irrefutable, y en el caso de los candidatos al referido puesto de juzgador, al saber que solo pueden elegir a dos, la distribución de la votación necesariamente no es la misma, ya que la votación se concentraría en elegir solo dos candidatos del género mascutino, lo que lleva concluir de manera natural y lógica que esa nueva distribución de la intención del electorado puedo favorecer al suscrito o a cualquiera de mis colegas candidatos del género masculino, y creo que no existe argumento lógico - jurídico que pueda negar esta posibilidad.”

De ahí que, se concluya que el recurrente se limita a formular aseveraciones de naturaleza dogmática, que resultan insuficientes para acreditar que el resultado de la elección habría sido diverso en caso de haberse identificado el sexo de los candidatos en la boleta. Asimismo, tales manifestaciones constituyen un refuerzo del agravio expuesto en la instancia primigenia, sin que esto represente una verdadera causa de pedir que permita considerar un agravio que combata los razonamientos jurídicos expresados por el Tribunal Local.

En ese contexto, el actor al haber realizado afirmaciones dogmáticas, se estiman ineficaces dichos planteamientos, pues son insuficientes para acreditar que el resultado de la elección habría sido diverso en caso de haberse identificado el sexo de los candidatos en la boleta, lo que encuentra sustento en lo previsto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO, al no confrontar tales planteamientos con la vulneración de precepto normativo alguno.

4.3.3 Acciones afirmativas en materia de LGBTTIQ+

El actor sostiene que, contrario a lo afirmado por la responsable, el momento procesal oportuno para impugnar la omisión de acciones afirmativas no era la emisión de la convocatoria, ya que esta sólo tenía como fin invitar a todas las personas interesadas, sin distinción de género o pertenencia a una minoría y por ello, no le generó agravio alguno en ese momento, ya que, si bien hubiera sido deseable que incluyera medidas afirmativas, lo correcto es que estas se prevean en la ley o en el actuar de la autoridad electoral local, al tratarse del reconocimiento de un derecho humano de las minorías, como es el caso de la comunidad LGBTTIQ+.

Lo anterior se estima ineficaz, esto es así, pues con independencia de lo razonado por el tribunal responsable, como lo ha señalado la Sala Superior de este Tribunal Electoral, al resolver el juicio SUP-JDC-1368/2024, para el caso de elecciones de personas juzgadoras, no existe obligación de contemplarlas, pues el Poder Reformador de la Constitución General, no estableció un mandato expreso que obligue a legislaturas o autoridades administrativas a incluir o implementar medidas o acciones afirmativas para, entre otros grupos, población integrante de la diversidad sexual.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido enfática al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 50/2022[9] y acumuladas, en el sentido de que:

i.            “En la Constitución Política del país no existe un mandato expreso que obligue al legislador local a incluir las medidas cuestionadas, sino que su parámetro de validez son la razonabilidad y la proporcionalidad.

ii.            El reconocimiento de las condiciones desventajosas en que se encuentran las personas LGBT+, no genera, por sí mismo, la obligación del legislador local de implementar una acción afirmativa especifica o concreta.

iii.            No se observa que exista un deber constitucional para que las legislaturas de los estados establezcan/reserven curules de diputaciones para personas de la comunidad LGBT+.

iv.            Lo anterior no supone una limitación o desprotección al ejercicio de los derechos, sino que se reconoce a su vez el marco de libertad legislativa con el que cuenta la entidad federativa para regular esos mecanismos impulsores de igualdad.

De ahí que, en el caso, no se pueda desprender alguna omisión legislativa o administrativa por parte de las autoridades electorales del Estado de Tamaulipas, porque el Poder Reformador de la Constitución no contempló esa obligación, ni en la Constitución General se contempla algún mandato expreso que establezca acciones afirmativas o medidas de potencialización de derechos de las personas de esos colectivos para la elección de personas juzgadoras.

Por otra parte, se considera que, contrario a lo que afirma el actor, la Jurisprudencia 1/2024[10] no resulta aplicable al caso, ya que dicho criterio no establece una excepción al principio de paridad de género que permita sobreponer una acción afirmativa en favor de personas de la diversidad sexual.

Si bien la citada jurisprudencia señala que deben implementarse acciones afirmativas para evitar toda forma de discriminación hacia grupos en situación de vulnerabilidad a personas de diversidad sexual, ello no implica, en ninguna circunstancia, una obligación automática de su implementación, especialmente cuando no se demuestra que la ausencia de dichas medidas genere, por sí misma, una afectación efectiva al ejercicio del derecho a ser votado.

En consecuencia, se concluye que no existe una obligación constitucional o convencional que imponga al legislador local la adopción de acciones afirmativas específicas para la comunidad de la diversidad sexual en los términos exigidos por el actor, por lo que la supuesta omisión impugnada se encuentra dentro del margen de configuración razonable reconocido por esta Sala y por la Suprema Corte, por lo que el agravio debe desestimarse.

Además de lo anterior, esta Sala no pasa por alto que, de implementarse una acción afirmativa en favor de las personas de la diversidad sexual, dicha medida tendría como destinatarios a personas de género masculino, pues en el caso concreto, la pretensión del actor es la aplicación de esa acción afirmativa respecto de la candidatura de una mujer; sin embargo, ésta no puede prosperar, porque, como se señaló anteriormente, prevalece la acción afirmativa en favor de las mujeres, en cumplimiento del principio constitucional de paridad de género.

Por todo lo anterior, al no asistirle la razón a los argumentos planteados por el actor, lo procedente es confirmar el fallo controvertido.

5. RESOLUTIVO

ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación exhibida por la responsable.

NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho y el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, con el voto concurrente que formula el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa en términos de su intervención, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.