JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO Y DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTES: SM-JDC-177/2024 Y SM-JRC-49/2024, ACUMULADOS

PARTES ACTORAS: LIZA ANAID GARZA MONTEMAYOR Y OTRAS PERSONAS

RESPONSABLES: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE NUEVO LEÓN Y OTRA

MAGISTRATURA: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: KENTY MORGAN MORALES GUERRERO Y ANA CECILIA LOBATO TAPIA

COLABORÓ: DAVID ALEJANDRO GARZA SALAZAR, LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ ORTEGA Y BERTHA EDITH GARCÍA AGUILERA

Monterrey, Nuevo León, 17 de abril de 2024.

Sentencia de la Sala Monterrey que considera indebida la manera en la que la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Nuevo León postuló la planilla del ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, así como el acuerdo del Consejo General del Instituto Local que negó el registro correspondiente de la décimo segunda regiduría para realizar ajustes por paridad con motivo de la cancelación de las formulas de la decimo primera regiduría y de la sindicatura segunda.

Lo anterior, porque esta Sala Monterrey considera que, tanto la postulación como la negativa de registro correspondiente están inescindiblemente vinculadas y, a partir de ello, se debe advertir: i. por un lado, que la postulación de la Coalición fue indebida y, por lo tanto, para reparar, se ordena que realice la postulación correctamente para el efecto de que: a) postule a la totalidad de las personas electas en su proceso interno de selección de candidaturas y b) entregue la documentación completa a la autoridad administrativa electoral y ii. por otro lado, se considera indebida la negativa del registro de las fórmulas de la décima primera regiduría, por no presentar suplente, y de la sindicatura segunda porque la persona suplente no presentó el formato EBPA-02-2024 ni acta de nacimiento, porque el Instituto Local requirió incorrectamente a la Coalición, pues debió indicar qué documentación específica faltaba, e incluso, en este caso, al contar con información de las candidaturas, debió hacerles saber las irregularidades en su postulación (lo cual pudo realizarlo vinculando al partido político o Coalición, o incluso por correo electrónico, como un elemento orientado a garantizar su conocimiento).

Glosario

Competencia, acumulación, procedencia del análisis directo y procedencia

1. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para conocer y resolver los presentes juicios, porque se controvierten diversas resoluciones emitidas por el Instituto Local, y la supuesta omisión de la Coalición, relacionadas con la cancelación y/o negativa de registro de sus candidaturas para integrar el Ayuntamiento de Monterrey, entidad federativa que se ubica en la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal donde esta Sala Monterrey ejerce jurisdicción[1].

2. Acumulación. Del estudio de las demandas se advierte que existe identidad en la autoridad señalada como responsable y en el acto impugnado, por lo que, a efecto de evitar la posibilidad de emitir sentencias contradictorias, resulta conveniente la acumulación del juicio SM-JRC-49/2024 al SM-JDC-177/2024, y agregar copia certificada de los puntos resolutivos al expediente acumulado[2].

3. Procedencia del análisis directo (per saltum). Este Tribunal Electoral sostiene[3] que las personas justiciables están exoneradas de acudir a las instancias partidistas o locales cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para el ejercicio oportuno de los derechos sustanciales objeto del litigio; esto es, cuando los trámites que impliquen esos procesos y el tiempo necesario para llevarlos a cabo conlleven a la merma considerable o, inclusive, a la extinción del contenido de las pretensiones, sus efectos o consecuencias.

En el caso, si bien existen medios de defensa ordinarios que pudieran agotarse de forma previa a acudir a esta instancia federal, por las circunstancias particulares que reviste la controversia sometida al conocimiento de este órgano de decisión colegiada, se considera necesario resolverla en esta sede jurisdiccional, para brindar seguridad y certeza sobre la situación jurídica que debe imperar respecto de la omisión y del registro cuestionado.

Asimismo, esta Sala Monterrey advierte que, es criterio reiterado de este Tribunal Electoral que los actos relativos a la preparación de la elección —como son los relacionados con el registro de candidaturas— pueden repararse mientras no inicie la etapa de la jornada electoral[4], también lo es que ello es así siempre y cuando no se afecte de manera manifiesta el principio de certeza que rige la materia electoral, en el actuar de las autoridades jurisdiccionales y administrativas, lo que, en el caso, se impone proteger y garantizar.

Por otro lado, esta Sala Monterrey advierte que, a la fecha en que se resuelve, no se cuenta con las constancias de trámite del presente medio de impugnación, sin embargo, dado la urgencia del asunto, por estar vinculado con el proceso electoral en Nuevo León y al encontrarse dentro de la fase de campañas electorales, es posible resolver sin que haya finalizado el trámite[5]; en términos de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución General, resulta fundamental y urgente dar certeza a dicho proceso.

4. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos de los respectivos acuerdos de admisión.

Antecedentes

I. Datos y hechos contextuales de la controversia

1. El 4 de octubre de 2023, el Instituto Local, celebró la sesión de instalación y apertura del periodo ordinario de actividad electoral 2023- 2024.

2. EL 13 de diciembre siguiente, el PT, PVEM y MORENA presentaron ante el Instituto Local, el convenio de Coalición, para postular candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos.

3. El 23 de diciembre, el Instituto Local aprobó el acuerdo mediante el cual resolvió la solicitud de registro de convenio de Coalición, para postular candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos (IEEPCNL/CG/137/2023)[6].

4. Posteriormente, el PT se desistió de participar en la Coalición, por lo que el 14 de marzo de 2024[7], el Instituto Local aprobó el acuerdo mediante el cual resolvió sobre el desistimiento en cuanto a la participación del PT en el convenio de Coalición parcial denominada "Sigamos Haciendo Historia en Nuevo León", así como a la solicitud de modificación a dicho convenio, integrada por el PVEM y MORENA, para postular candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos [IEEPCNL/CG/060/2024] [8].

5. El 7 y 8 de abril, el Instituto Local aprobó los acuerdos por los que se resuelven las solicitudes de registro de candidaturas para integrar ayuntamientos en el Estado Nuevo León presentadas por la Coalición y de MORENA, en los que, se canceló o negó, el registro de diversas candidaturas de planillas para integrar ayuntamientos en Nuevo León (IEEPCNL/CG/123/2024, IEEPCNL/CG/124/2024, IEEPCNL/CG/125/2024 e IEEPCNL/CG/126/2024).

II. Juicio de la ciudadanía

1. El 11 de abril, los impugnantes presentaron, en salto de instancia, demanda dirigida a esta Sala Monterrey, para controvertir el acuerdo del Instituto Local por el cual se canceló o negó el registro de las fórmulas postuladas a las décimo primera y décimo segunda regidurías, así como a la sindicatura segunda para integrar la planilla al Ayuntamiento de Monterrey por la Coalición.

III. Juicio de revisión constitucional electoral

1. El 12 de abril, la Coalición y MORENA presentaron, vía per saltum, demanda dirigida a esta Sala Monterrey, para controvertir el acuerdo del Instituto Local por medio del cual se canceló o negó el registro de las fórmulas para integrar la planilla al Ayuntamiento de Monterrey.

Cuestión previa. Precisión del acto impugnado

En principio, es importante precisar que la jurisprudencia ha determinado que el acto de autoridad administrativa electoral relacionado con el registro de candidaturas, generalmente debe ser combatido por vicios propios del acto de autoridad y no por cuestiones partidistas, a menos que por la conexidad indisoluble entre ellos, que haga imposible escindir el análisis de las violaciones que se demandan de cada uno[9], como se advierte de la narración.

En efecto, en una primera etapa de la ley, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano resultaba improcedente contra actos de partidos políticos.

En una etapa posterior, en el que el juicio seguía siendo improcedente para analizar directamente los actos de los partidos, con el propósito de reparar los derechos de las personas, el Tribunal Electoral reconoció la posibilidad de estudiar indirectamente su legalidad y apego estatutario, a través de la impugnación contra un acto de la autoridad electoral, como ocurría cuando se impugnaba el acuerdo de registro y, a través del mismo, se revisaba el acuerdo partidista de postulación de candidaturas, argumentándose que el acuerdo de registro se tomó inducido por un error impulsado por parte del instituto político que lo solicitó, al declarar indebidamente que el impugnado no fue electo en un procedimiento democrático interno.

Posteriormente, la doctrina judicial admitió la procedencia directa del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano contra actos de los partidos políticos.

En congruencia con ello, actualmente, el sistema de defensa de los ciudadanos contra actos de los partidos y/o de autoridad, opera de la siguiente manera:

a. En términos generales, cuando exista un acto partidista que perjudique a algún militante o ciudadano, éstos deben combatirlo directamente y no pretender enfrentarlo vía el registro ante la autoridad administrativa electoral.

b. Asimismo, por lo general, un acto de registro ante la autoridad electoral realizado por un partido político sólo podrá ser enfrentado cuando presente vicios propios, por violaciones directamente imputables a la autoridad.

c. La única excepción será cuando existe una conexidad indisoluble entre el acto del partido y el de la autoridad, pues en ese supuesto sí es impugnable el acto partidista a través del acuerdo de la autoridad.

En suma, debe entenderse que, por lo general, un acto de registro ante la autoridad electoral realizado por un partido político sólo podrá ser enfrentado cuando presente vicios propios, por violaciones directamente imputables a la autoridad administrativa electoral, y no por vicios partidistas, porque éstos deben reclamarse directamente a través del medio de impugnación correspondiente.

En el caso, si bien la parte actora de los juicios refiere, destacadamente, que impugna los acuerdos del Consejo General del Instituto Local que les negó el registro[10], la negativa derivó de la indebida postulación realizada por la Coalición que, finalmente, los excluyó o no los incluyó en la planilla para integrar un ayuntamiento, lo cual se plantea como un acto inescindible vinculado al acto de la autoridad electoral.

Bajo esa lógica, es evidente que los vicios de la postulación que se le imputan al partido político sí pueden ser revisados mediante el acto de autoridad que negó la procedencia de la solicitud de registro.

En ese sentido, esta Sala Monterrey considera que debe tenerse como acto impugnado el acuerdo del Instituto Local que, entre otras cuestiones, declaró la improcedencia del registro de la décimo primera regiduría y de la sindicatura segunda de la planilla del ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, postulada por la Coalición, en razón de los ajustes por paridad.

Esto es, debe tenerse como acto concretamente impugnado el último acuerdo que haya emitido el Instituto Local, con base en las consideraciones que se hayan establecido en este y en el acuerdo previo.

Por tanto, en caso de que se revoque el último acuerdo, la misma suerte correría el acuerdo previo, al estar estrechamente vinculados.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. Acto impugnado: El Instituto Local negó el registro de la décimo segunda regiduría, con motivo de ajustes derivados de la improcedencia del registro de la décima primera regiduría por no presentar suplente, y de la sindicatura segunda porque la persona suplente no presentó el formato EBPA-02-2024 ni acta de nacimiento, bajo las consideraciones esenciales de que: i) al no postular fórmulas completas debido a la falta de cumplimiento de las personas suplentes, por tanto, procedía la cancelación de las mismas en su totalidad y ii) a fin de preservar la integración paritaria de la planilla debían realizarse ajustes en las posiciones de registro.

2. Pretensión y planteamientos. Los impugnantes controvierten la omisión de la Coalición de registrar la planilla del ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, porque entregó la totalidad de la documentación de todos los integrantes de la planilla del referido ayuntamiento, sin que la Coalición presentara esa documentación y, del Instituto Local que, entre otras cuestiones, declaró la improcedencia del registro de las fórmulas de la planilla de dicho ayuntamiento, porque dejó de requerirles el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de su registro.

3. Cuestiones por resolver. Determinar si: ¿el Instituto Local dejó de requerir a los integrantes de la planilla para subsanar las irregularidades encontradas en la postulación de su candidatura?

Apartado I. Decisión

Esta Sala Monterrey considera indebida la manera en la que la Coalición, postuló la planilla del Ayuntamiento de Monterrey, así como el acuerdo del Instituto Local que negó el registro correspondiente de la décimo segunda regiduría para realizar ajustes por paridad.

Lo anterior, porque esta Sala Monterrey, considera que, tanto la postulación como la negativa de registro correspondiente están inescindiblemente vinculadas y, a partir de ello, se debe advertir: i. por un lado, que la postulación de la Coalición fue indebida y, por lo tanto, para reparar, se ordena que realice la postulación correctamente para el efecto de que: a) postule a la totalidad de las personas electas en su proceso interno de selección de candidaturas, y b) entregue la documentación completa a la autoridad administrativa electoral, y ii. por otro lado, se considera indebida la negativa del registro de las fórmulas de la décima primera regiduría por no presentar suplente, y de la sindicatura segunda porque la persona suplente no presentó el formato EBPA-02-2024 ni acta de nacimiento, porque el Instituto Local requirió incorrectamente a la Coalición, pues debió indicar qué documentación específica faltaba, e incluso, en este caso, al contar con información de las candidaturas, debió hacerles saber las irregularidades en su postulación (lo cual pudo realizarlo vinculando al partido político o Coalición, o incluso por correo electrónico como un elemento orientado a garantizar su conocimiento).

Apartado II. Desarrollo o justificación de la decisión

1. Marco normativo del proceso de registro de planillas de candidaturas en Nuevo León

La Constitución Local establece que los Ayuntamientos se integran por un Presidente Municipal y el número de síndicos y regidores que determine la ley orgánica (artículo 165)[11].

La Ley Electoral Local señala que los partidos políticos tienen derecho a solicitar el registro de sus candidaturas en lo individual o en Coalición según sea el caso, para lo cual, concretamente para los cargos de sindicaturas y regidurías, los registros se realizarán por fórmulas integradas por propietaria y suplente, lo anterior observando el principio de paridad de género (artículos 143 y 146)[12].

En principio, para tal efecto, conforme a la ley, las solicitudes de registro físicas o materiales, para integrar los Ayuntamientos deben realizarse ante la Comisión Estatal (artículo 147 párrafo 1[13]).

Recibida una solicitud de registro, el órgano electoral correspondiente analizará la documentación presentada por el partido político o Coalición postulante. De advertirse el ciudadano es inelegible para el cargo de elección popular que pretende ocupar, la Comisión Estatal Electoral rechazará el registro del candidato, fundando y motivando las causas que motivaron ese acuerdo, esta determinación se notificará dentro de las 24 horas posteriores a su determinación (artículo 147, párrafo 2 y 3, de la Ley Electoral Local[14]).

No obstante, en Nuevo León, para el proceso electoral 2023-2024, se estableció la posibilidad de presentar la solicitud de manera electrónica o digital regulados en los Lineamientos de registro, en los que se establece que el proceso para tal efecto de manera electrónica, a través del Sistema Electrónico del propio Instituto Local (SIER) (artículo 4[15])

Para ello, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, a través de sus representaciones acreditadas ante el Instituto Local, deberán informar a más tardar el día 20 de febrero de 2024, la o las personas facultadas para presentar las solicitudes de registro (artículo 31 de los Lineamientos de registro[16]).

Hecho lo anterior, el Instituto Local proporcionará a las representaciones de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes que se encuentren acreditadas, una clave de acceso y contraseña para acceder al Registro en línea, por lo que las representaciones deberán indicar una dirección de correo electrónico por medio de la cual se proporcionarán dichos datos de acceso al SIER (artículo 32 de los Lineamientos de registro[17]).

Recibida una solicitud de registro, el órgano electoral correspondiente debe verificar si se cumplieron con todos los requisitos exigidos, así como la elegibilidad y, en el supuesto de detectar alguna omisión en el cumplimiento de uno o varios requisitos, debe otorgar al partido un plazo de 72 horas, a fin de que subsane los requisitos omitidos; de no subsanarse la omisión en el plazo mencionado, se les otorgará a los partidos un plazo adicional de 24 horas para los mismos efectos con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento el Instituto Local le podrá negar el registro de las candidaturas correspondientes. (artículo 48, fracción III, de los Lineamientos de registro[18]).

Esto es, en principio existe la posibilidad de presentar la solicitud física o material, pero a la vez, bajo una visión facilitadora para la autoridad electoral, así como, para los partidos políticos, se desarrolló un procedimiento electrónico para el registro de candidaturas.

De manera que, conforme a lo previsto en los mismos Lineamientos de registro, se puntualizó que el registro fuera del plazo legal conduce a la negativa del registro.

Con la precisión de que, bajo esa misma visión, como ha sostenido esta misma Sala Monterrey, en el caso de la legislación de Aguascalientes, concretamente, en los juicios ciudadanos SM-JDC-134/2024 y acumulados, la solicitud de registro también debe entenderse como la manifestación de la voluntad que los partidos concretizan al solicitar en el sistema el registro de una planilla o sus integrantes.

Ello, bajo un esquema que da lugar a diversos escenarios:

i) Si se presenta toda la documentación completa, sin inconsistencias, procede su aceptación y consecuente registro.

ii) Si se presenta documentación incompleta o con inconsistencias, la autoridad electoral debe otorgar un plazo de 72 horas, y en caso de subsistir la omisión un plazo aducía fin de que presente la documentación faltante o, en su caso, subsane las inconsistencias.

a) En el supuesto de que se subsanen las observaciones detectadas, de manera que la documentación esté completa y debidamente presentada, procede el registro de las candidaturas.

b) Si a pesar del requerimiento no se cumple con la documentación completa en el plazo otorgado, se tendrá como consecuencia jurídica el rechazo o negativa del registro de candidaturas.

2. Caso concreto

El Consejo General del Instituto Local canceló la regiduría décima segunda de la planilla postulada por la Coalición para realizar ajustes de paridad. Esto, porque a decir de la autoridad, no se registraron fórmulas completas de la regiduría decimo primera y de la sindicatura segunda.

Frente a ello, las partes actoras plantean que, el Instituto Local de manera indebida negó el registro de las fórmulas por no cumplir con la totalidad de requisitos. Lo anterior, porque ellos cumplieron en tiempo y forma con la entrega de la documentación a la Comisión Coordinadora de la Coalición y que, además, la autoridad electoral no les solicitó directamente a ellos los requisitos faltantes, para que, en su caso, ellos solventarán las inconsistencias que se pudieren encontrar en su solicitud de registro.

3. Valoración

Esta Sala Regional Monterrey considera que le asiste la razón a los impugnantes, en primer lugar, respecto a que la Coalición realizó una postulación indebida porque se no se presentaron formulas completas de las candidaturas, aunado a que no allegó la totalidad de la documentación, por otra parte, también tienen razón respecto a que se vulneró su derecho de defensa en la modalidad de estar en condiciones para subsanar las irregularidades u omisiones detectadas por el Instituto Local, porque, al advertir inconsistencias en la solicitud de registro de la planilla de Monterrey, dicha autoridad administrativa electoral debió requerir de manera directa o por vía de la representación de dicha Coalición, a las y los promoventes para que estuvieran en posibilidad de subsanar las deficiencias o manifestaran lo que a su derecho conviniera.

En efecto, de las constancias que obran en el expediente se advierte que existió una solicitud de registro para las candidaturas, en la cual se advertía la intención de postularles en las posiciones señaladas para integrar la planilla del Ayuntamiento de Monterrey.

En ese sentido, en atención a lo establecido en los Lineamientos de registro, de los antecedentes del acuerdo prevención, se advierte que, previno a la Coalición para que subsanará las irregularidades respecto diversas postulaciones, de las cuales, se advierte en el mismo acuerdo que no desahogó con relación a la décima primera regiduría la presentación de la candidatura suplente, y de la sindicatura segunda señala que la persona suplente no presentó el formato EBPA-02-2024 ni acta de nacimiento, y por ello, determino que: i) al no postular fórmulas completas debido a la falta de cumplimiento de las personas suplentes, procedía la cancelación de las mismas en su totalidad y ii) a fin de preservar la integración paritaria de la planilla debían realizarse ajustes en las posiciones de registro, por lo que solicitó a la Coalición los ajustes respectivos.

Posteriormente, la Coalición presentó diversa documentación, y de la lectura del acuerdo de prevención se advierte que indicó que se ajustara la regiduría decimo segunda y se asignara a la posición de cancelada de la fórmula de la sindicatura segunda.

En ese contexto, conforme a lo establecido en los Lineamientos de registro[19], el Instituto Local, en el procedimiento de verificaciones, tiene la obligación de prevenir, a los candidatos, partidos o coaliciones, para que, para que, en un plazo de 72 horas, subsanen cualquier inconsistencia detectada en la solicitud de registro o la documentación solicitada, y posterior a la revisión de la primera solicitud para subsanar deficiencias, se prevé una segunda con la finalidad de solicitar aquella documentación que no hubiera sido remitida.

En ese sentido, en atención a que, en la primera solicitud de documentación, remitió las solicitudes de registro de la totalidad de la planilla a la autoridad admirativa local, incluidas las aquí controvertidas, de las que se advertían correos electrónicos y números de teléfono, debió maximizar los derechos político-electorales de las partes actoras, realizando requerimientos a los integrantes de las planillas por conducto del partido o incluso de manera directa a fin de que se subsanar las inconsistencias u omisiones detectadas.

Al respecto, es criterio reiterado de Sala Superior, que la interpretación de los derechos políticos-electorales, de ninguna manera debe ser restrictiva[20], al atender a derechos fundamentales los que, en su caso, tendrían que ampliarse potenciando su ejercicio.

Máxime que de conformidad con principio de progresividad previsto en el artículo 1 de la Constitución General, las autoridades deben realizar una interpretación de los derechos humanos, únicamente en aquéllas que se traduzcan en su ampliación, ya sea incrementando los alcances del derecho o en la eliminación de sus restricciones, o bien, a través del aumento en el reconocimiento de las personas titulares del mismo[21].

En ese sentido, es preciso señalar que, ciertamente, los partidos y coaliciones tienen el derecho de realizar las gestiones para solicitar el registro de sus candidaturas ante la autoridad electoral, lo cual constituye una obligación frente a las personas seleccionadas a través de sus procesos internos, ya que esta formalidad es necesaria para que puedan ejercer su derecho político-electoral de ser votadas y, en su caso, integrar los órganos de representación política.

Derivado de esa obligación del partido o Coalición, es correlativa del derecho de las personas que debieran ser postuladas, puede sostenerse que, cuando el instituto político omita injustificadamente realizar las gestiones correspondientes –o las lleve a cabo de manera defectuosa– y ello se traduzca en una vulneración al derecho político-electoral de quienes deben ocupar esas candidaturas, pueden reclamar la restitución de su derecho vulnerado, siempre que demuestren haber facilitado los elementos necesarios para que su partido gestionara su registro, es decir, que no hayan contribuido con el actuar indebido del cual se quejan, ante lo cual, debe demostrarse que el partido contó con la documentación de las y los aspirantes a ser registrados como candidaturas, de manera oportuna, debiendo demostrar su dicho con pruebas directas o indicios suficientes y eficaces para ello.

Ahora bien, en el presente caso, como se estudió previamente, se constató un actuar indebido del Instituto Local, porque previo a negar el registro a la planilla, debió realizar las prevenciones que permitieran a la Coalición y a las candidaturas involucradas estar en condiciones de subsanar la inconsistencias detectadas, pues aun cuando el partido aportó las solicitudes de registro, y el OPLE estuvo en posibilidad de requerir la documentación faltante de manera específica, determinó, que no se registraron fórmulas, cuando evidentemente existía una clara intención de realizar el registro y cumplir con los requisitos[22].

Esto es así, porque si bien está demostrado que la Coalición realizó una primera solicitud de registro solamente con la postulación de la candidatura propietaria a la decimó primera regiduría y respecto de la candidatura de la sindicatura segunda no desahogó los requisitos faltantes, ciertamente, se advierte que no hizo del conocimiento de las candidaturas involucradas, que después de requerirle a la Coalición, se aportara la información necesaria para que la autoridad estuviera en condiciones de solicitar, directamente o vinculando a la Coalición, al resto de las candidaturas que subsanaran las inconsistencias detectadas.

De manera que lo que resulta procedente es revocar la determinación controvertida para efecto de que el Instituto Local, analice la información que le fue aportada por la Coalición y, a partir de esa revisión, requiera a ésta y a las candidaturas (ya sea de forma directa[23] o vinculando a la Coalición[24]) para que subsanen las inconsistencias u omisiones que de forma concreta y detallada informe la autoridad electoral.

Finalmente, dado el sentido de la determinación, resulta innecesario el análisis del resto de los planteamientos de la Coalición y MORENA al haber alcanzado su pretensión de revocar el acto impugnado, lo cual deja insubsistentes las determinaciones finales del Instituto Local respecto a las postulaciones de la coalición en el Ayuntamiento de Monterrey.

Apartado III. Efectos

1. Se revoca, en la materia de la impugnación, el acuerdo IEEPCNL/CG/126/2024, por el que se negó el registro de las fórmulas que integran las partes actoras del juicio de la ciudadanía, para integrar la planilla al Ayuntamiento de Monterrey, postulada por la coalición y, en consecuencia, se deja sin efectos el diverso IEEPCNL/CG/124/2024.

2. Se ordena al Instituto Local que, en un plazo de 24 horas, contadas a partir de que se le notifique el presente fallo, realice, de forma directa o vinculando a la coalición postulante, el requerimiento a las personas postuladas a la planilla del Ayuntamiento de Monterrey, cuyo registro fue negado, para que tengan conocimiento sobre las irregularidades detectadas y puedan aportar, en un plazo de 36 horas, la documentación que estimen pertinente para subsanar las omisiones o irregularidades en su postulación.

Lo anterior, en el entendido que el Instituto Local, de acuerdo con sus atribuciones, debe asegurarse que se garantice el cumplimiento de las reglas de paridad y demás establecidas para las personas con discapacidad, personas indígenas, personas jóvenes y personas de la diversidad sexual, lo cual, de no observarse, será motivo de una prevención final a la Coalición para que, ajustado en el plazo previsto por la normativa, esté en posibilidad de sustituir aquellas postulaciones que estime conducentes.

Asimismo, dado que, en caso de otorgarse o no el registro a las personas actoras, a quienes se vulneró su derecho de audiencia, se podría modificar nuevamente la integración de la planilla registrada para la renovación del Ayuntamiento, esta Sala Regional estima necesario garantizar el referido derecho de audiencia de las candidaturas que pudieran resultar afectadas, a quienes el Consejo General del Instituto Local, por conducto de la representación de la Coalición, deberá notificarles la decisión adoptada por esta Sala Regional, así como de aquella que la referida autoridad administrativa electoral o, en su caso, el órgano partidista competente, emita en cumplimiento a este fallo.

En caso de que, derivado de las prevenciones realizadas: a) se presenten actas de nacimiento con temporalidad mayor a un año, el Consejo General del Instituto Local deberá tomar en cuenta lo determinado por esta Sala Regional en cuanto que el requisito previsto por el artículo 47, fracción I, de los Lineamientos de registro, se considera excesivo, por no estar previsto en la Constitución y Ley Electoral Locales[25]; y b) no se presente la constancia de residencia prevista por el artículo 47, fracción II, de los Lineamientos de registro, el citado Consejo General del Instituto Local tendrá que considerar que es criterio de este Tribunal Electoral que la constancia de residencia no es el único documento mediante el cual se puede acreditar la misma y que es necesario realizar una valoración integral del expediente para demostrar fehacientemente el cumplimiento o no del referido requisito de elegibilidad[26].

3. Se ordena a la Coalición, que previo requerimiento que el Instituto Local realice, dentro del término de 36 horas ya referido, realice la postulación correctamente a fin de que: a) postule a la totalidad de las personas actoras electas en los procesos internos de selección de candidaturas, y b) entregue la documentación completa a la autoridad administrativa electoral.

4. Una vez cumplido el citado plazo, dentro de las 30 horas siguientes, el Instituto Local, con la información con que cuente, debe emitir la resolución que en Derecho corresponda.

Hecho lo anterior, deberá informar lo conducente a esta Sala Regional, inmediatamente a que emitan la determinación que se mandata, a través de la cuenta de correo institucional de esta Sala Regional: cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx; con la correspondiente firma electrónica, o bien, enviando las constancias atinentes por la vía más expedita.

Con el apercibimiento que, de no dar cumplimiento a esta orden, se les podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 32 de la Ley de Medios.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

PRIMERO. Se acumula el expediente SM-JRC-49/2024 al SM-JDC-177/2024, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se revoca la determinación impugnada en la materia de controversia, para los efectos precisados en el presente fallo.

En su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos concluidos.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.