JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO Y JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTES: SM-JDC-180/2024 Y ACUMULADO

PARTE ACTORA: MAYRA MARCELA SAUCEDA GALINDO Y OTRAS PERSONAS

RESPONSABLES: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE NUEVO LEÓN Y OTRA

MAGISTRATURA: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: ANA CECILIA LOBATO TAPIA

COLABORÓ: DAVID ALEJANDRO GARZA SALAZAR, BERTHA EDITH GARCÍA AGUILERA.

Monterrey, Nuevo León, 17 de abril de 2024.

Sentencia de la Sala Monterrey que considera indebida la manera en la que la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Nuevo León, postuló la planilla del Ayuntamiento de Rayones, Nuevo León, así como el acuerdo del Consejo General del Instituto Local que negó el registro correspondiente, bajo la consideración de que la primera no postuló la totalidad de las candidaturas, aunado a que no allegó la totalidad de la documentación.

Lo anterior, porque esta Sala Regional Monterrey, al estar  el acto partidista de postulación y la negativa de registro correspondiente, por estar  inescindiblemente vinculados, considera: i. por un lado, que la postulación de la coalición fue indebida y, por lo tanto, para reparar la afectación, se ordena que realice la postulación correctamente para el efecto de que: a) postule a la totalidad de las personas electas en su proceso interno de selección de candidaturas, y b) entregue la documentación completa a la autoridad administrativa electoral, y ii. por otro lado, se considera indebida la negativa del registro de la plantilla, porque el Instituto requirió incorrectamente a la coalición, pues debió indicar qué documentación específica faltaba, e incluso, en este caso, al contar con información de las candidaturas, debió hacerles saber las irregularidades en su postulación (lo cual pudo realizarlo vinculando al partido o coalición, o incluso por correo electrónico como un elemento orientado a garantizar su conocimiento).

Glosario

Competencia, acumulación, per saltum y procedencia.

1. Competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente juicio, porque se controvierten diversas resoluciones emitidas por el Instituto Local, y la supuesta omisión de la Coalición, relacionadas con la negativa de registro de una planilla para integrar el Ayuntamiento de Rayones, Nuevo León, entidad federativa que se ubica en la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, en la que esta Sala ejerce jurisdicción[1].

2. Acumulación. Del estudio de las demandas se advierte que existe identidad en la autoridad señalada como responsable y en el acto impugnado, por lo que, a efecto de evitar la posibilidad de emitir sentencias contradictorias, resulta conveniente la acumulación del juicio SM-JRC-66/2024 al SM-JDC-180/2024, al ser el primero que se recibió y turnó en esta Sala Regional, y agregar copia certificada de los puntos resolutivos al expediente acumulado[2].

3. Procedencia de análisis directo (per saltum)

Este Tribunal Electoral ha sostenido[3] que las personas justiciables están exoneradas de acudir a las instancias partidistas o locales cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para el ejercicio oportuno de los derechos sustanciales objeto del litigio; esto es, cuando los trámites que impliquen esos procesos y el tiempo necesario para llevarlos a cabo, conlleven a la merma considerable o inclusive, a la extinción del contenido de las pretensiones, sus efectos o consecuencias.

En el caso, si bien existen medios de defensa ordinarios que pudieran agotarse de forma previa a acudir a esta instancia federal, por las circunstancias particulares que reviste la controversia sometida al conocimiento de este órgano de decisión colegiada, se considera necesario resolver la controversia planteada en esta sede jurisdiccional, para brindar seguridad y certeza sobre la situación jurídica que debe imperar respecto de la negativa de registro cuestionada.

No pasa desapercibido para esta Sala Monterrey que, es criterio reiterado de este Tribunal Electoral que los actos relativos a la preparación de la elección - como son los relacionados con el registro de candidaturas- pueden repararse mientras no inicie la etapa de la jornada electoral[4], también lo es que ello es así siempre y cuando no se afecte de manera manifiesta el principio de certeza que rige la materia electoral, en el actuar de las autoridades jurisdiccionales y administrativas, lo que, en el caso, se impone proteger y garantizar.

4. Requisitos de procedencia de los medios de impugnación. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos expuestos en los acuerdos de admisión[5].

Antecedentes[6]

I. Datos y hechos contextuales de la controversia

1. El 4 de octubre de 2023, el Consejo General del Instituto Local, celebró la sesión de instalación y apertura del periodo ordinario de actividad electoral 2023- 2024.

2. El 13 de diciembre siguiente, el PT, PVEM y Morena presentaron ante el Instituto Local, el convenio de coalición parcial denominada Sigamos Haciendo Historia en Nuevo León, para postular candidaturas a Diputaciones Locales y Ayuntamientos.

3. El 23 de diciembre, el Consejo General Instituto Local aprobó el acuerdo mediante el cual resolvió la solicitud de registro del convenio de coalición parcial denominada Sigamos Haciendo Historia en Nuevo León, integrada por el PT, PVEM y Morena, para postular candidaturas a Diputaciones Locales y Ayuntamientos [IEEPCNL/CG/137/2023][7].

4. Posteriormente, el 14 de marzo de 2024[8], el Consejo General del Instituto Local aprobó el acuerdo mediante el cual resolvió el desistimiento presentado por el PT en cuanto a su participación en el convenio de coalición parcial denominado Sigamos Haciendo Historia en Nuevo León, así como la solicitud de modificación a dicho convenio, integrada por el PVEM y Morena, para postular candidaturas a Diputaciones Locales y Ayuntamientos [IEEPCNL/CG/060/2024][9].

5. A decir de las partes actoras del juicio ciudadano, el 15 de marzo, habiendo sido previamente seleccionadas como personas candidatas, entregaron a la encargada del registro de Morena y la Coalición, la documentación completa para su presentación ante el Instituto Local, obteniendo el acuse de recibo, en el que, además, en el apartado de observaciones se especificó “documentación sin observaciones”.

6. El 25 de marzo, el Instituto Local previno a la Coalición para que, entre otras cosas, por un lado, presentara, respecto a la presidencia municipal i) la solicitud de registro firmada en el formato SRA-01-2024, ii) la copia certificada del acta de nacimiento (con una antigüedad menor a un año) y, iii) la fotocopia de la constancia del registro de la Coalición ante el Instituto Local, por otro lado, respecto a la lista de regidurías y sindicatura, la autoridad señaló que no se presentó registro alguno, por tanto, requirió que presentara la documentación correspondiente.

7. El 27 siguiente, la Coalición presentó: i) los formatos de solicitud de registro de la presidencia municipal, la sindicatura, regidurías (primera, segunda, tercera y cuarta), ii) la copia del acta de nacimiento de la persona aspirante a ocupar la candidatura a la presidencia municipal, iii) la constancia de residencia emitida por la Secretaría del Ayuntamiento de Rayones, Nuevo León y iv) una copia del formato para cumplir con los requisitos negativos[10] y copia de la credencial de elector.

8. El 2 de abril, la responsable realizó una nueva solicitud a la Coalición, en el que, específicamente le solicitó respecto a la presidencia municipal, i) la solicitud de registro firmada en el formato SRA-01-2024 y ii) la fotocopia de la constancia del registro de la Coalición ante el Instituto Local, en cuanto a las regidurías y sindicatura, consideró que no presentó el registro correspondiente, por tanto, le requirió para que hiciera llegar la documentación. Sin que la Coalición diera contestación al requerimiento.

9. El 7 de abril, el Consejo General del Instituto Local, entre otras cuestiones, negó el registro de la planilla postulada la Coalición en el municipio de Rayones, Nuevo León, lo cual constituye la materia de la controversia en el presente medio de impugnación.

Cuestión previa. Precisión del acto impugnado y autoridad responsable

En principio, es importante precisar que la jurisprudencia ha determinado que el acto de autoridad administrativa electoral relacionado con el registro de candidaturas, generalmente debe ser combatido por vicios propios del acto de autoridad y no por cuestiones partidistas, a menos que por la conexidad indisoluble entre ellos, que haga imposible escindir el análisis de las violaciones que se demandan de cada uno[11], como se advierte de la narración.

En efecto, en una primera etapa de la ley, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano resultaba improcedente contra actos de partidos políticos.

En una etapa posterior, en el que el juicio seguía siendo improcedente para analizar directamente los actos de los partidos, con el propósito de reparar los derechos de las personas, el Tribunal Electoral reconoció la posibilidad de estudiar indirectamente su legalidad y apego estatutario, a través de la impugnación contra un acto de la autoridad electoral, como ocurría cuando se impugnaba el acuerdo de registro y, a través del mismo, se revisaba el acuerdo partidista de postulación de candidaturas, argumentándose que el acuerdo de registro se tomó inducido por un error impulsado por parte del instituto político que lo solicitó, al declarar indebidamente que el impugnado no fue electo en un procedimiento democrático interno.

Posteriormente, la doctrina judicial admitió la procedencia directa del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano contra actos de los partidos políticos.

En congruencia con ello, actualmente, el sistema de defensa de los ciudadanos contra actos de los partidos y/o de autoridad, opera de la siguiente manera:

a. En términos generales, cuando exista un acto partidista que perjudique a algún militante o ciudadano, éstos deben combatirlo directamente y no pretender enfrentarlo vía el registro ante la autoridad administrativa electoral.

b. Asimismo, por lo general, un acto de registro ante la autoridad electoral realizado por un partido político sólo podrá ser enfrentado cuando presente vicios propios, por violaciones directamente imputables a la autoridad.

c. La única excepción será cuando existe una conexidad indisoluble entre el acto del partido y el de la autoridad, pues en ese supuesto sí es impugnable el acto partidista a través del acuerdo de la autoridad.

En suma, debe entenderse que, por lo general, un acto de registro ante la autoridad electoral realizado por un partido político sólo podrá ser enfrentado cuando presente vicios propios, por violaciones directamente imputables a la autoridad administrativa electoral, y no por vicios partidistas, porque éstos deben reclamarse directamente a través del medio de impugnación correspondiente.

En el caso, si bien la parte actora de los juicios refiere, destacadamente, que impugna los acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral de Nuevo León que les negó el registro[12], la negativa derivó de la indebida postulación realizada por el partido político que, finalmente, los excluyó o no los incluyó en la planilla para integrar un ayuntamiento, lo cual se plantea como un acto inescindible vinculado al acto de la autoridad electoral.

Bajo esa lógica, es evidente que los vicios de la postulación que se le imputan al partido político sí pueden ser revisados mediante el acto de autoridad que negó la procedencia de la solicitud de registro.

En ese sentido, esta Sala Monterrey considera que debe tenerse como acto impugnado el acuerdo del Consejo General del Instituto Local que, entre otras cuestiones, declaró la improcedencia del registro de la planilla del Ayuntamiento de Rayones, Nuevo León, postulada por la Coalición, bajo la consideración esencial de que, la planilla no cumple, al menos, con más del 50% de las candidaturas postuladas derivado de la cancelación de fórmulas[13].

Esto es, debe tenerse como acto concretamente impugnado el último acuerdo que haya emitido el Instituto Local, con base en las consideraciones que se hayan establecido en este y en el acuerdo previo.

Por tanto, en caso de que se revoque el último acuerdo, la misma suerte correría el acuerdo previo, al estar estrechamente vinculados.

Estudio del asunto

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. Acto impugnado. El Consejo General del Instituto Local declaró la improcedencia del registro de la planilla del Ayuntamiento de Rayones, Nuevo León, postulada por la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Nuevo León, integrada por los partidos Morena y PVEM porque, derivado de la postulación indebida que realizó la citada coalición al no haber postulado la totalidad de las candidaturas y, posteriormente, hacerlo pero sin la totalidad de la documentación requerida, el Instituto consideró no resultaba procedente aprobar la solicitud de registro de la planilla al haber postulado menos del 50% de las candidaturas.

2. Pretensión y planteamientos[14]. Los impugnantes controvierten, por un lado, la omisión de la Coalición de registrar la planilla del ayuntamiento de Rayones, Nuevo León, porque entregó a la Coalición la totalidad de la documentación de todos los integrantes de la planilla del referido ayuntamiento, sin que la Coalición presentara esa documentación y, del Instituto Local que, entre otras cuestiones, declaró la improcedencia del registro de la planilla de dicho ayuntamiento, postulada por la Coalición, porque dejó de requerirles el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de su registro.

3. Cuestiones por resolver. Determinar si: ¿El consejo General dejó de requerir a los integrantes de la planilla para subsanar las irregularidades encontradas en la postulación de su candidatura?

Apartado I. Decisión

Esta Sala Monterrey considera indebida la manera en la que la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Nuevo León, postuló la planilla del Ayuntamiento de Rayones, Nuevo León, así como el acuerdo del Consejo General del Instituto Local que negó el registro correspondiente, bajo la consideración de que la primera no postuló la totalidad de las candidaturas, aunado a que no allegó la totalidad de la documentación.

Lo anterior, porque esta Sala Regional Monterrey, al estar  el acto partidista de postulación y la negativa de registro correspondiente, por estar  inescindiblemente vinculados, considera: i. por un lado, que la postulación de la coalición fue indebida y, por lo tanto, para reparar, se ordena que realice la postulación correctamente para el efecto de que: a) postule a la totalidad de las personas electas en su proceso interno de selección de candidaturas, y b) entregue la documentación completa a la autoridad administrativa electoral, y ii. por otro lado, se considera indebida la negativa del registro de la plantilla, porque el Instituto requirió incorrectamente a la coalición, pues debió indicar qué documentación específica faltaba, e incluso, en este caso, al contar con información de las candidaturas, debió hacerles saber las irregularidades en su postulación (lo cual pudo realizarlo vinculando al partido o coalición, o incluso por correo electrónico como un elemento orientado a garantizar su conocimiento).

Apartado II. Desarrollo o justificación de la decisión

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León establece que los Ayuntamientos se integran por un Presidente Municipal y el número de síndicos y regidores que determine la ley orgánica (artículo 165)[15].

La Ley Electoral para el Estado de Nuevo León señala que los partidos políticos tienen derecho a solicitar el registro de sus candidaturas en lo individual o en coalición según sea el caso, para lo cual, concretamente para los cargos de sindicaturas y regidurías, los registros se realizarán por fórmulas integradas por propietaria y suplente, lo anterior observando el principio de paridad de género (artículos 143 y 146)[16].

En principio, para tal efecto, conforme a la ley, las solicitudes de registro físicas o materiales, para integrar los Ayuntamientos deben realizarse ante la Comisión Estatal (artículo 147 párrafo 1[17]).

Recibida una solicitud de registro, el órgano electoral correspondiente analizará la documentación presentada por el partido político o coalición postulante. De advertirse el ciudadano es inelegible para el cargo de elección popular que pretende ocupar, el Instituto Local rechazará el registro del candidato, fundando y motivando las causas que motivaron ese acuerdo, esta determinación se notificará dentro de las 24 horas posteriores a su determinación (artículo 147 párrafo 2 y 3[18]).

No obstante, en Nuevo León, para el proceso electoral 2023-2024, se estableció la posibilidad de presentar la solicitud de manera electrónica o digital regulados en los Lineamientos de registro, en los que se establece que el proceso para tal efecto de manera electrónica, a través del Sistema Electrónico del propio Instituto Local (SIER) (artículo 4[19])

Para ello, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, a través de sus representaciones acreditadas ante el Instituto Local, deberán informar a más tardar el día 20 de febrero de 2024, la o las personas facultadas para presentar las solicitudes de registro (artículo 31[20]). 

Hecho lo anterior, el Instituto Local proporcionará a las representaciones de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes que se encuentren acreditadas, una clave de acceso y contraseña para acceder al Registro en línea, por lo que las representaciones deberán indicar una dirección de correo electrónico por medio de la cual se proporcionarán dichos datos de acceso al SIER (artículo 32 de los Lineamientos de registro[21]).

Recibida una solicitud de registro, el órgano electoral correspondiente debe verificar si se cumplieron con todos los requisitos exigidos, así como la elegibilidad y, en el supuesto de detectar alguna omisión en el cumplimiento de uno o varios requisitos, debe otorgar al partido un plazo de 72 horas, a fin de que subsane los requisitos omitidos; de no subsanarse la omisión en el plazo mencionado, se les otorgará a los partidos un plazo adicional de 24 horas para los mismos efectos con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento el Consejo General le podrá negar el registro de las candidaturas correspondientes. (artículo 48 fracción III de los Lineamientos de registro[22]).

Esto es, en principio existe la posibilidad de presentar la solicitud física o material, pero a la vez, bajo una visión facilitadora para la autoridad electoral, así como, para los partidos políticos, se desarrolló un procedimiento electrónico para el registro de candidaturas.

De manera que, conforme a lo previsto en los mismos lineamientos, se puntualizó que el registro fuera del plazo legal conduce a la negativa del registro.

Con la precisión de que, bajo esa misma visión, como ha sostenido esta misma Sala Monterrey, en el caso de la legislación de Aguascalientes, concretamente, en los juicios ciudadanos SM-JDC-134/2024 y acumulados, la solicitud de registro también debe entenderse como la manifestación de la voluntad que los partidos concretizan al solicitar en el sistema el registro de una planilla o sus integrantes.

Ello, bajo un esquema que da lugar a diversos escenarios:

i) Si se presenta toda la documentación completa, sin inconsistencias, procede su aceptación y consecuente registro.

ii) Si se presenta documentación incompleta o con inconsistencias, la autoridad electoral debe otorgar un plazo de 72 horas, y en caso de subsistir la omisión un plazo aducía fin de que presente la documentación faltante o, en su caso, subsane las inconsistencias.

a) En el supuesto de que se subsanen las observaciones detectadas, de manera que la documentación esté completa y debidamente presentada, procede el registro de las candidaturas.

b) Si a pesar del requerimiento no se cumple con la documentación completa en el plazo otorgado, se tendrá como consecuencia jurídica el rechazo o negativa del registro de candidaturas.

2. Caso concreto

El Consejo General del Instituto Local determinó la improcedencia del registro de la planilla postulada por la Coalición, en lo que respecta al municipio de Rayones, Nuevo León, esencialmente, porque la planilla no cumple, al menos, con más del 50% de las candidaturas postuladas, derivado de la negativa de registro de las fórmulas (artículo 48, fracción VI, inciso a. de los Lineamientos de registro).

Esto, porque a decir de la autoridad, no se registraron fórmulas de regidurías ni sindicaturas y, únicamente se presentó la solicitud de registro de la candidata a Presidencia municipal.

Frente a ello, las partes actoras plantean que, el Instituto Local de manera indebida negó el registro de la planilla completa, sobre la base de que no se postuló por lo menos el 50 % de la planilla. Lo anterior, porque ellos cumplieron en tiempo y forma con la entrega de la documentación a la Comisión Coordinadora de la Coalición y que, además, la autoridad electoral no les solicitó directamente a ellos los requisitos faltantes, para que, en su caso, ellos solventarán las inconsistencias que se pudieren encontrar en su solicitud de registro.

3. Valoración

Esta Sala Regional Monterrey considera que le asiste la razón a los impugnantes, en primer lugar, respecto a que la coalición realizó una postulación indebida porque se no se postuló a la totalidad de las candidaturas, aunado a que no allegó la totalidad de la documentación, por otra parte, también tienen razón respecto a que se vulneró su derecho de defensa en la modalidad de estar en condiciones para subsanar las irregularidades u omisiones detectadas por el Instituto Local, porque, al advertir inconsistencias en la solicitud de registro de la planilla de Rayones, Nuevo León, dicha autoridad administrativa electoral debió requerir de manera directa o por vía de la representación de dicha coalición, a las y los promoventes para que estuvieran en posibilidad de subsanar las deficiencias o manifestaran lo que a su derecho conviniera.

En efecto, de las constancias que obran en el expediente se advierte que existió una solicitud de registro para la candidata a Presidenta Municipal de Rayones, Nuevo León, en la cual se advertía la intención de postular la planilla respecto del citado municipio, pero que la misma fue deficiente o incompleta porque no se postuló a la totalidad de las candidaturas que la coalición debió postular.

En ese sentido, en atención a lo establecido en los Lineamientos para el registro de candidatos, el 25 de marzo, Instituto Local previno a la Coalición para que, entre otras cosas, por un lado, presentara, respecto a la presidencia municipal, i) la solicitud de registro firmada en el formato SRA-01-2024, ii) la copia certificada del acta de nacimiento (con una antigüedad menor a un año) y iii) la fotocopia de la constancia del registro de la Coalición, por otro lado, respecto a la lista de regidurías y sindicatura, la autoridad señaló que no se presentó registro alguno, por tanto, requirió que presentara la documentación correspondiente.

Posteriormente, el 27 de marzo, la Coalición presentó: i) los formatos de solicitud de registro de la presidencia municipal, la sindicatura, regidurías (primera segunda tercera y cuarta); ii) la copia del acta de nacimiento de la persona aspirante a ocupar la candidatura a la presidencia municipal, iii) la constancia de residencia emitida por la Secretaria del Ayuntamiento de Rayones, Nuevo León y iv) una copia del formato para cumplir con requisitos negativos y copia de la credencial de elector, sin que con ello lograra presentar la totalidad de la documentación requerida para todas las fórmulas registradas.

Por lo que, el 2 de abril, la responsable realizó una nueva solicitud a la Coalición, en la que, específicamente le solicitó respecto a la presidencia municipal, i) la solicitud de registro firmada en el formato SRA-01-2024 y ii) la fotocopia de la constancia del registro de la Coalición ante el Instituto Local, en cuanto a las regidurías y sindicatura, consideró que no presentó el registro correspondiente, por tanto, le requirió para que hiciera llegar la documentación. Sin que la Coalición diera contestación al requerimiento.

En efecto, conforme a lo establecido en los Lineamientos de registro (artículo 48 fracción VI, inciso b)) la autoridad administrativa, en el procedimiento de verificaciones, tiene la obligación de prevenir, a los candidatos, partidos o coaliciones, para que, en un plazo de 72 horas, subsanen cualquier inconsistencia detectada en la solicitud de registro o la documentación solicitada, y posterior a la revisión de la primera solicitud para subsanar deficiencias, se prevé una segunda con la finalidad de solicitar aquella documentación que no hubiera sido remitida.

En ese sentido, en atención a que, en la primera solicitud de documentación, remitió las solicitudes de registro de la totalidad de la planilla a la autoridad admirativa local, de las que se advertían correos electrónicos y números de teléfono, debió maximizar los derechos político-electorales de las personas actoras, realizando requerimientos a los integrantes de las planillas por conducto del partido o incluso de manera directa a fin de que se subsanara las inconsistencias u omisiones detectadas.

Al respecto, ha sido criterio reiterado de Sala Superior, que la interpretación de los derechos políticos y electorales, de ninguna manera debe ser restrictiva[23] al atender a derechos fundamentales los que, en su caso, tendrían que ampliarse potenciando su ejercicio.

Máxime que de conformidad con el principio de progresividad previsto en el artículo 1 de la Constitución General, las autoridades deben realizar una interpretación de los derechos humanos, únicamente en aquéllas que se traduzcan en su ampliación, ya sea incrementando los alcances del derecho o en la eliminación de sus restricciones, o bien, a través del aumento en el reconocimiento de las personas titulares del mismo[24].

En ese sentido, es preciso señalar que, ciertamente, los partidos tienen el derecho de realizar las gestiones para solicitar el registro de sus candidaturas ante la autoridad electoral, lo cual constituye una obligación frente a las personas seleccionadas a través de sus procesos internos, ya que esta formalidad es necesaria para que puedan ejercer su derecho político-electoral de ser votadas y, en su caso, integrar los órganos de representación política.

Derivado de esa obligación del partido, correlativa del derecho de las personas que debieran ser postuladas, puede sostenerse que, cuando el instituto político omita injustificadamente realizar las gestiones correspondientes –o las lleve a cabo de manera defectuosa– y ello se traduzca en una vulneración al derecho político-electoral de quienes deben ocupar esas candidaturas, pueden reclamar la restitución de su derecho vulnerado, siempre que demuestren haber facilitado los elementos necesarios para que su partido gestionara su registro, es decir, que no hayan contribuido con el actuar indebido del cual se quejan, ante lo cual, debe demostrarse que el partido contó con la documentación de las y los aspirantes a ser registrados como candidaturas, de manera oportuna, debiendo demostrar su dicho con pruebas directas o indicios suficientes y eficaces para ello.

Ahora bien, en el presente caso, como se estudió previamente, se constató un actuar indebido del Instituto Local porque previo a negar el registro a la planilla, debió realizar las prevenciones que permitieran a la Coalición y a las candidaturas involucradas estar en condiciones de subsanar la inconsistencias detectadas, pues aun cuando el partido aportó las solicitudes de registro, y el OPLE estuvo en posibilidad de requerir la documentación faltante de manera específica, determinó, que no se registraron fórmulas, cuando evidentemente existía una clara intención de realizar el registro y cumplir con los requisitos[25].

Esto es así, porque si bien está demostrado que la Coalición realizó una primera solicitud de registro solamente con la postulación de la candidatura a la presidencia municipal, también es cierto, que después del primer requerimiento, se aportó la información necesaria para que la autoridad estuviera en condiciones de solicitar, directamente o vinculando a la Coalición, al resto de las candidaturas que subsanaran las inconsistencias detectadas.

De manera que lo que resulta procedente es revocar la determinación controvertida para efecto de que el Instituto Local, analice la información que le fue aportada por la Coalición y, a partir de esa revisión, requiera a la propia Coalición y a las candidaturas (ya sea de forma directa[26] o vinculando a la Coalición[27]) para que subsanen las inconsistencias u omisiones que de forma concreta y detallada informe la autoridad electoral.

Finalmente, dado el sentido de la determinación, resulta innecesario el análisis del resto de los planteamientos, en cuanto que se debe atender al principio de mayor beneficio en el estudio de los agravios, motivo por el cual, pueden omitirse aquellos que no mejoren lo ya alcanzado, como en el caso concreto.

Apartado III. Efectos

1. Se revoca, en la materia de la impugnación, el acuerdo IEEPCNL/CG/126/2024, por el que se negó el registro de la planilla al Ayuntamiento de Rayones, Nuevo León, postulada por la Coalición y, en consecuencia, se deja sin efectos el diverso IEEPCNL/CG/124/2024.

2. Se ordena al Instituto Local que, en un plazo de 24 horas, contadas a partir de que se le notifique el presente fallo, realice, de forma directa o vinculando a la coalición postulante, el requerimiento a las personas postuladas a la planilla de Rayones, Nuevo León, cuyo registro fue negado, para que tengan conocimiento sobre las irregularidades detectadas y puedan aportar, en un plazo de 36 horas, la documentación que estimen pertinente para subsanar las omisiones o irregularidades en su postulación.

Lo anterior, en el entendido que el Instituto Local, de acuerdo con sus atribuciones, debe asegurarse que se garantice el cumplimiento de las reglas de paridad y demás establecidas para las personas con discapacidad, personas indígenas, personas jóvenes y personas de la diversidad sexual, lo cual, de no observarse, será motivo de una prevención final a la Coalición para que, ajustado en el plazo previsto por la normativa, esté en posibilidad de sustituir aquellas postulaciones que estime conducentes.

3. En caso de que, derivado de las prevenciones realizadas: a) se presenten actas de nacimiento con temporalidad mayor a un año, el Consejo General deberá tomar en cuenta lo determinado por esta Sala Regional en cuanto que el requisito previsto por el artículo 47, fracción I, de los Lineamientos de registro, se considera excesivo, por no estar previsto en la Constitución General y Ley Electoral Local[28]; y b) no se presente la constancia de residencia prevista por el artículo 47, fracción II, de los Lineamientos de registro, el citado instituto tendrá que considerar que es criterio de este Tribunal Electoral que la constancia de residencia no es el único documento mediante el cual se puede acreditar la misma y que es necesario realizar una valoración integral del expediente para demostrar fehacientemente el cumplimiento o no del referido requisito de elegibilidad[29].

4. Se ordena a la coalición que, previo requerimiento del Instituto Local realice, dentro de las 36 horas que se señalan en el presente fallo, la postulación, correctamente para el efecto de que: a) postule a la totalidad de las personas electas en su proceso interno de selección de candidaturas, y b) entregue la documentación completa a la autoridad administrativa electoral.

5. Una vez cumplido el citado plazo, dentro de las 30 horas siguientes, el Instituto Local, con la información con que cuente, deberán emitir la resolución que en Derecho corresponda.

Hecho lo anterior, deberá informar lo conducente a esta Sala Regional, inmediatamente a que emitan la determinación que se mandata, a través de la cuenta de correo institucional de esta Sala Regional: cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx; con la correspondiente firma electrónica, o bien, enviando las constancias atinentes por la vía más expedita.

Con el apercibimiento que, de no dar cumplimiento a esta orden, se les podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 32 de la Ley de Medios.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

PRIMERO. Se acumula el expediente SM-JRC-66/2024 al SM-JDC-180/2024, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se revoca la determinación impugnada, para los efectos precisados en el presente fallo.

En su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos concluidos.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.