Monterrey, Nuevo León, a veintitrés de febrero de dos mil quince.

Con fundamento en los artículos 33, fracción III; 35, párrafo segundo, y 78, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta sala regional ACUERDA:

I. El presente juicio es improcedente. Se advierte que el actor fue omiso en agotar un medio de defensa ordinario antes de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Conforme a las referidas disposiciones, el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación extraordinario, y ha sido criterio de este tribunal que sólo puede accionarse directamente en los casos en que el agotamiento previo de los instrumentos de tutela, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan implicar la merma considerable e inclusive la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias.[1]

En el caso concreto, el actor, en su carácter de precandidato del Partido Acción Nacional a presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León, controvierte la resolución de doce de febrero de dos mil quince, emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del referido partido político, dentro del expediente CJE/JIN/066/2015,[2] por medio de la cual se determinó confirmar el acuerdo de nueve de enero del presente año, emitido por el Comité Directivo Estatal en funciones de Comisión Permanente, mediante el que presentó la selección de ternas a la Comisión Permanente Nacional para la designación de candidatos en el proceso local dos mil catorce-dos mil quince.

Ante esta instancia el actor alega, fundamentalmente, la violación a sus derechos político electorales, por considerar que la determinación partidista carece de la debida fundamentación y motivación.

De lo dispuesto en los artículos 1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia de un sistema impugnativo integral –compuesto por medios federales y locales–, cuya finalidad es garantizar que los actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Al respecto, los artículos 44 y 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León prevén el deber de instaurar un sistema de medios de impugnación que garantice que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad, asimismo el mandato por parte del tribunal local de desahogar todos los recursos y resolver las controversias que se planteen en la materia.

De la misma forma, la ley local establece que el tribunal del referido estado es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral para resolver, con plenitud de jurisdicción, las controversias que se presenten durante el desarrollo de los procesos comiciales o los que surjan entre ellos,[3] a través de los medios impugnativos previstos en dicha ley.[4]

De la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, se concluye que existe la obligación para las autoridades electorales jurisdiccionales locales de garantizar, a través de algún medio impugnativo la protección de los derechos políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en la ley electoral local no exista de forma específica un instrumento de defensa para ello.

En ese sentido, si el tribunal electoral local está obligado a salvaguardar los derechos político-electorales de los ciudadanos dentro del marco de su jurisdicción, tiene el deber de instaurar un proceso dirigido a proteger dichos derechos de los que se alegue violación alguna, como acontece en el caso concreto.[5] Así lo ha interpretado el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, que mediante acuerdo plenario de diez de noviembre de dos mil catorce, adoptó las reglas para la tramitación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.[6]

En consecuencia, al incumplirse uno de los requisitos de procedencia, como lo es el agotar la instancia local y no alegarse por el promovente ni advertirse la configuración de un supuesto de excepción, se actualiza la causal invocada en un inicio, generando que el presente juicio ciudadano se decrete improcedente.

II. Reencauzamiento. A efecto de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en consideración el avance en el que se encuentra la fase preparatoria de la elección para la renovación de los ayuntamientos locales, inmersa en la etapa de registro de candidatos,[7] se reencauza la presente impugnación al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León[8] para que  instaure un proceso dirigido a proteger el derecho que se estima violado y, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se encuentre debidamente integrado el expediente, resuelva lo que en derecho corresponda, conforme a las disposiciones legales y lineamientos que ha adoptado.

Hecho lo anterior, deberá informar a esta Sala Regional del cumplimiento dado al presente acuerdo, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda.

Lo expuesto con antelación, no prejuzga sobre la procedencia del medio de impugnación, ya que corresponde al tribunal local determinar lo conducente, por ser el competente para tal efecto.[9]

Para instrumentar lo acordado, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional realice las diligencias pertinentes.

NOTIFÍQUESE.

Así lo acordaron por unanimidad de votos los magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.