[1] Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 195, fracción IV, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 83, párrafo 1, inciso b), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

[2] Con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

[3] Véase acuerdo de admisión.

[4] Artículo 9. [..]

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno. [..]

Artículo 10

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos: […]

d) Cuando no se hayan agotado las instancias previas establecidas por las leyes, federales o locales, o por las normas internas de los partidos políticos, según corresponda, para combatir los actos o resoluciones electorales o las determinaciones de estos últimos, en virtud de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado, salvo que se considere que los actos o resoluciones del partido político violen derechos político-electorales o los órganos partidistas competentes no estuvieren integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso.

[6] Jurisprudencia 1/2004 de rubro: ACTOS PROCEDIMENTALES EN EL CONTENCIOSO ELECTORAL. SÓLO PUEDEN SER COMBATIDOS EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, A TRAVÉS DE LA IMPUGNACIÓN A LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO.- Los actos que conforman los procedimientos contencioso-electorales, sólo pueden ser combatidos como violaciones procesales, a través de las impugnaciones a la sentencia definitiva o la última resolución que, según sea el caso, se emita en el medio impugnativo de que se trate, pues de otra forma, no puede considerarse que el acto de referencia reúna el requisito de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, referente a que haya adquirido definitividad y firmeza. Para arribar a la anterior conclusión, se toma en cuenta que la exigencia contenida en el artículo 86, apartado 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde establece como requisito de procedencia, no sólo que se agoten, oportuna y formalmente, las instancias previas establecidas por las leyes para combatir el acto reclamado, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos; de lo que se advierte la existencia de dos ópticas concurrentes en el concepto de definitividad: la primera, relativa a una definitividad formal, consiste en que el contenido del acto o resolución que se impugne no pueda sufrir variación alguna a través de la emisión de un nuevo acto o resolución que lo modifique, revoque o nulifique, y la segunda, enfocada hacia una definitividad sustancial o material, dada con referencia a los efectos jurídicos o materiales que pueda surtir el acto o resolución de que se trate en el acervo sustantivo de quien haga valer el juicio de revisión constitucional electoral. Esta distinción cobra singular importancia, si se toma en cuenta que en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, y en los procesos jurisdiccionales, se pueden distinguir dos tipos de actos: a) los de carácter preparatorio, cuya única misión consiste en proporcionar elementos para tomar y apoyar la decisión que en su momento se emita, y b) el acto decisorio, donde se asume la determinación que corresponda, es decir, el pronunciamiento sobre el objeto de la controversia o posiciones en litigio. También existen las llamadas formas anormales de conclusión, cuando la autoridad resolutora considera que no existen los elementos necesarios para resolver el fondo de la cuestión planteada. Ahora bien, los actos preparatorios adquieren la definitividad formal desde el momento en que ya no exista posibilidad de su modificación, anulación o reforma, a través de un medio de defensa legal o del ejercicio de una facultad oficiosa por alguna autoridad prevista jurídicamente; empero, si bien se pueden considerar definitivos y firmes desde el punto de vista formal, sus efectos se limitan a ser intraprocesales, pues no producen de una manera directa e inmediata una afectación a derechos sustantivos, y la producción de sus efectos definitivos, desde la óptica sustancial, opera hasta que son empleados por la autoridad resolutora o dejan de serlo, en la emisión de la resolución final correspondiente, sea ésta sobre el fondo del asunto, o que le ponga fin al juicio sin proveer sobre ese fondo sustancial; por lo que es con este tipo de resoluciones que los actos preparatorios alcanzan su definitividad tanto formal como material, pues son estas resoluciones las que realmente vienen a incidir sobre la esfera jurídica del gobernado, al decidirse en ellas el fondo de la materia litigiosa. En las condiciones apuntadas, si la sola emisión de actos preparatorios, únicamente surte efectos inmediatos al interior del procedimiento al que pertenecen, y estos efectos no producen realmente una afectación en el acervo sustancial del inconforme con ellos, no reúnen el requisito de definitividad en sus dos aspectos, sino hasta que adquieren influencia decisiva en la resolución final que se dicte; pero como tal definitividad se actualiza ya en el contenido de la última determinación del proceso, entonces ya no resulta admisible reclamar la actuación puramente procesal como acto destacado en el juicio de revisión constitucional electoral, sino exclusivamente cabe la alegación de sus irregularidades en concepto de agravio, con la finalidad de que se revoque, modifique o nulifique el acto de voluntad principal conclusivo de la secuencia procedimental, que es el único reclamable directamente. Consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=1/2004&tpoBusqueda=S&sWord=1/2004.

[7] El actor ofreció las siguientes pruebas:

5. DOCUMENTAL. Consiste en el informe en vía de regreso, en el cual, el PRI Aguascalientes informára previa requisión de la Sala Regional del TEPJF, los pormenores en los que se llevó a cabo, y ofrecerá la copia debidamente certificada de la versión estenegrádica y el Acta correspondiente a la Cuarta Sesión Extraoridinaria de la Comisión Política Permanente, celebrada el viernes 19 de marzo y sábado 20 de marzo de 2021, a través de la plataforma digital zoom. Ésta documental se encuentra, en un tanto en versión original, en los archivos que hacen los expedientes de las autoridades electorales comento.

6. PRUEBA TÉCNICA. Consiste en el informe de vía de regreso, en el cual, el PRI Aguascalientes informará previa requisición de la Sala Regional del TEPJF, los pormenores en los que se llevó a cabo, y ofrecerá el video que debió ser grabado mediante la plataforma digital zoom, durante el desahogo de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente, celebrada el viernes 19 y sábado 20 de marzo de 2021.

7. DOCUMENTAL. Consiste en el informe en vía de regreso, en el cual, el PRI en Aguascalientes informará y/o proporcionará previa requisición de la Sala Regional del TEPJF, la información necesaria a fin de que se pudiera hacer un análisis integral de la forma en cómo se hicieron las postulaciones tanto en las fórmulas reservadas para las cuotas a favor de personas con discapacidad, por el principio de representación proporcional, así como las posiciones reservadas para hombres en la lista ahora impugnada.

[8] Hechos relevantes que se advierten de las constancias de autos y afirmaciones realizadas por las partes.

[9] Todas las fechas corresponde a 2021, salvo precisión en contrario.

[10] La actora presentó juicio ciudadano via per saltum ante esta Sala Regional, sin embargo, ésta se rencauzó a la Comisión de Justicia, al considerarse que no existían razones para el salto de instancia y debía satisfacer el principio de definitividad (SM-JDC-164/2021).

[11] El actor presentó juicio ciudadano via per saltum ante esta Sala Regional, sin embargo, ésta se rencauzó al Tribunal local, al considerarse que no existían razones para el salto de instancia y debía satisfacer el principio de definitividad (SM-JDC-211/2021).

[12] Sentencia TEEA-JDC-101/2021 de 15 de abril.

[13] Conforme con la demanda presentada el 20 de abril. En su oportunidad, el Magistrado instructor radicó el expediente, admitió la demanda y, al no existir trámite pendiente por realizar, cerró la instrucción.

[14] Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. […]

Asimismo, resulta aplicable la Jurisprudencia 43/2002, de Sala Superior, de rubro y texto: PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[15] Véase la Jurisprudencia 4/2000, de Sala Superior, de rubro y texto: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

[16] Véase la Jurisprudencia 12/2001 de rubro y texto: EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.- Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.

[17] El actor hizo valer los siguientes agravios:

i. [...] ME CAUSA AGRAVIO LA SENTENCIA AHORA IMPUGANDA, porque la autoridad responsable debió agotar cuidadosamente todos y cada uno de los planteamientos formulados en mi escrito de demanda, era preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos contenidos en mis agravios. Pero la responsable omitió realizar este ejercicio en la resolución que se combate. [...] En el presente caso. LA AUTORIDAD PARTIDARIA DEJA DE ESTUDIAR MIS AGRAVIOS Y DEMERITA MIS PRETENSIONES, basándose en el insostenible argumento de que el partido político no tiene un procedimiento definido para seleccionar a sus candidatos por el principio de representación proporcional, y que al hacerlos justificando indebidamente, un exhaustivo estudio individualizado de los perfiles, sin señalar los criterios, requisitos y elementos necesarios con los cuales se allegan a la determinación. [...]

ii. [...] La responsable, ES OMISA AL DEFINIR Y ESTUDIAR QUE, el suscrito fui el único militante el PRI Aguascalientes. en solicitar ser postulado en la lista de candidatos a diputados locales por el principio de representación popular, ES OMISA TAMBIÉN AL ESTUDIAR Y SEÑALAR, que dicha petición lo hice en mi carácter de hombre con discapacidad, que fue la única petición de sus militantes en pedir el beneficio de la cuota de discapacidad. [...] LA FALTA DE RESPUESTA FUNDADA Y MOTIVADA A MI PETICION DE SER POSTULADO, en la posición 4 o el primer espacio reservado para hombre, en mi carácter de cuota para discapacidad, dando así cumplimiento cualitativo al Acuerdo CG-A-26/2021 del OPLE Aguascalientes, VIOLENTA MI DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y MATERIAL QUE ME GARANTICEN EL EFECTIVO ACCESO AL CARGO PÚBLICO FRENTE A OTRO HOMBRE CONVENCIONAL, de la cual, la autoridad responsable es omisa de posicionarse en el acto ahora impugnado. [...] ME CAUSA AGRAVIO LA INDEBIDA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUNGA, porque la validación que hace la Autoridad responsable, a la determinación de la lista de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional, RESULTÓ SER OMISA Y CARENTE DE RESPUESTA a mi petición de ser postulado como el primer hombre en la lista. La fata de respuesta a mi petición, indebidamente convalidada por la responsable convierte en un acto pleno y determinado de discriminación hacia mi persona y a mi aspiración de ser postulado. Lo anterior, porque en mi carácter de ciudadano y militante del PRI, hice valer mi derecho constitucional de petición para en consecuencia poder ejercer en plenitud mi derecho político-electoral de ser votado, a través de una postulación cierta y determinada, que lo es la posición número 4 o el primer lugar reservado para hombre. [...] Lo anterior me generó un estado de Indefensión, de falta de certeza jurídica y seguridad jurídica de trato sucesivo [...]

iii. […] LA LISTA DE CANDIDATOS a diputados locales por el principio de representación proporcional del PRI, RESULTA SER EL MEDIO IDÓNEO PARA GARANTIZAR LA IGUAL SUSTANTIVA entre las personas convencionales y las personas con discapacidad, a efecto de garantizar el acceso efectivo al poder público mediante los partidos políticos, POR LO QUE ES OPLE DE AGUASCALIENTES, LA AUTORIDAD ELECTORAL QUE DEBIÓ MATERIALIZAR en el acto ahora impugnado, mediante mecanismo de paridad flexible ante categorías sospechosas, EL DEBER REFORZADO de hacer efectiva la participación política de todas las personas en igualdad real de oportunidades en atención a la Tesis XXVII/2016. [...] Las autoridades responsables, al configurar y aprobar la lista de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional, ahora impugnada, FUE OMISA EN PROCURAR UNA IGUALDAD SUSTANTIVA entre hombres convencionales y hombres con discapacidad, en el ejercicio de los derechos humanos, en relación con factores que trascienden en cuanto a las desventajas culturales y estructurales por razón de discapacidad. [...] La Presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI Aguascalientes y la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del PRI Aguascalientes, FUERON OMISAS, en su carácter de autoridades electorales de cumplir su deber reforzado de hacer efectiva la participación política de todas las personas en igualdad real de oportunidades, evitando patrones socioculturales, prejuicios, estereotipos y prácticas consuetudinarias de cualquier otra índole basadas en la Idea de prevalencia de uno de los sexos sobre el otro [...]

iv. [...] En primer término, NO GENERAN LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES AFIRMATIVAS A MI FAVOR, como hombre con discapacidad, que me generen un estado de igualdad sustantiva y material, frente a hombres convenciones. En segundo término, la autoridad responsable, es omisa de generar una condición de Igualdad sustantiva y material a mi favor como persona con discapacidad, a efecto de implementar medidas para revertir esa situación de desigualdad. [...] Los partidos políticos, en términos del artículo 41, párrafo tercero, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son entidades de interés público, que tiene como fines esenciales hacer posible la participación de la ciudadanía en la vida política, así como el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, además que dichos principios deben observarlos en la postulación de sus candidaturas y es su obligación garantizare cuidado de dichos principios. En tal orden de ideas, CON LA OMISION DEL PRl AGUASCALIENTES, de hacer ejercicio de maximización de los derechos de las personas con discapacidad, de Implementar acciones reforzadas para hacer valer dichos derechos, o de implementar un ejercicio de paridad flexible ante categorías sospechosas, DE NINGUNA MANERA SE OTORGA, MODIFICA O ELIMINA DERECHOS U OBLIGACIONES DE HACER, DE NO HACER O DE DAR A CARGO DEL PRl AGUASCALIENTES [...] el procedimiento de selección de personas para la integración de fórmulas o listas de candidaturas, lo anterior, DÉ HACERSE EN ARMONÍA con la implementación de acciones afirmativas, ejercicio de paridad flexible ante categorías sospechosas o la Implementación de acciones reforzadas que maximicen los derechos de las personas con discapacidad [...] EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD ELECTORAL, EL PRI AGUASCALIENTES TUVO EL TIEMPO NECESARIO para estar en posibilidad de realizar los ajustes necesarios, de ejecutar las acciones afirmativas necesarias, aplicar las acciones reforzadas que maximizaran mis derechos como persona con discapacidad y así modificar los criterios o la configuración de la lista ahora impugnada. [...] resulta ser una obligación del PRI Aguascalientes como

autoridad electoral, que, debió hacerse cargo de velar por que se cumplan efectivamente las acciones afirmativas PARA DESMONTAR LA SITUACIÓN ESTRUCTURAL, que existe en los hombres con discapacidad frente a los hombres convencionales o sin discapacidad. [...] los hombres que formamos parte de los grupos en situación de vulnerabilidad

y los que deberíamos recibir medidas afirmativas, las cuales fueron omitidas por PRI Aguascalientes, en su carácter de autoridad responsable y electoral, hemos sido excluidos históricamente por los propios hombres, por lo que, la implementación de acciones afirmativas y acciones reforzadas favorece a que los hombres convencionales y los hombres con discapacidad, seamos considerados en igualdad de condiciones [...]

v. [...] la autoridad responsable debió valorar los medios de prueba que señalé en mi escrito, como base para resolver sobre la procedencia de mis pretensiones. Pero la responsable omitió realizar este ejercicio en la resolución que se combate. [...] LA RESPONSABLE NO HACE UN DESAHOGO, TAMPOCO UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR ESTA PARTE ACTORA, relativas a la indebida fundamentación y nula motivación de las autoridades partidarias del PRI. [...]

[18] Al respecto, el Tribunal de Aguascalientes determinó:

i. De tal suerte, que como puede advertirse de la anterior herramienta, la autoridad responsable agrupó los agravios, y los atendió de manera exhaustiva. Esto en el entendido que su examen en conjunto o separado, no causa lesión, de acuerdo a la jurisprudencia 4/2000.

En consecuencia, ante la exhaustividad acreditada de la resolución impugnada, son infundados los agravios vertidos por el actor.

ii. Lo anterior se considera debidamente valorado por la autoridad responsable, dado que, si bien no existió respuesta escrita de la solicitud realizada por el promovente, de su postulación a la diputación local por el principio de representación proporcional en la posición 4, lo cierto es que, al haberse otorgado su registro, implícitamente se atendió la referida solicitud.

Esto es así, dado que no necesariamente la solicitud por parte del demandante a postularse a alguna candidatura, deviene obligatoriamente su registro, mucho menos por alguna posición específica, en el entendido que esto depende del ejercicio de la libre autodeterminación y autoorganización del partido en cuestión, así como del desarrollo se sus planes y estrategias políticas, como más adelante se precisará.

Por ello, deviene infundado el agravio analizado.

iii. Por ende, este Tribunal considera que, contrariamente a lo argumentado por el promovente, fue correcta la determinación de la autoridad responsable, en el sentido de que la postulación de éste, fue amparado bajo el derecho de autoorganización del partido, así como los principios democráticos;  atendiendo a las particularidades que reviste el mecanismo para la conformación y sanción de listados; siendo que la debida aplicación de principios y la observancia de acciones afirmativas son aspectos independientes a la validez del tipo de procedimiento y el modo en que se sostiene su fundamentación y motivación.

[…]

Por ello, contrario a lo que argumenta el promovente, no existe alguna normativa que imponga la obligación al PRI y/o a sus órganos, de incluir a una persona con discapacidad en determinado lugar de la lista de representación proporcional, puesto que como se estudiará más adelante, los mandamientos judiciales obligan estrictamente a la postulación de una fórmula perteneciente a un grupo vulnerable, en alguna de las posiciones de la lista, no así en alguna de manera específica.

iv. Por lo que, contrario a lo aducido por el promovente, el PRI ya aplicó las acciones afirmativas, consistentes en el cumplimiento de la cuota exigida tanto por este Tribunal Electoral, como por la Sala Regional Monterrey, y por el Acuerdo CG-A-26/21, emitido por el Consejo General del IEE.

[…]

De lo anterior, es evidente que no existió ni existe una disposición que obligue a los partidos políticos, a postular en alguna posición cierta y determinada, perfiles pertenecientes a algún grupo en situación de vulnerabilidad, sino que, por el contrario, les instruye a colmar la cuota, con una fórmula de candidaturas en alguna posición de manera indistinta.

v. No pasa inadvertido que la autoridad responsable, omite hacer una valoración de las pruebas señaladas con el numeral 11, 12, 15, 16 y 17, no obstante, a ningún fin práctico llevaría requerirlas, dadas las consideraciones vertidas en la presente sentencia, pues estas pruebas se encuentran encaminadas a acreditar las razones por las cuales se determinó la posición número 7 para el quejoso, siendo que, como ya se estudió, esta decisión se encuentra dentro de la facultad discrecional del partido, por lo que este agravio en específico, se considera fundado pero inoperante.

[19] En el acuerdo CG-A-26/2021, el Instituto local estableció que “los partidos políticos deberán postular cuando menos una fórmula de candidaturas integradas por personas de la comunidad LGBTIQ+ o que presentan alguna discapacidad, indistintamente, en cualquiera de las seis posiciones (6) que componen la lista por el principio de representación proporcional, siempre que se respeten las reglas de paridad vertical y alternancia electiva establecidas en el acuerdo CG-A-36/2020”.

[20]Jurisprudencia 3/2000, del TEPJF, de rubro y contenido: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio (Jurisprudencia 3/2020).

[21] En ese sentido la Sala Superior al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-279/2018, ha considerado que resulta suficiente aducir argumentos genéricos o imprecisos, que no combaten las consideraciones medulares de la autoridad responsable para desestimar los conceptos de agravio sostenidos en la instancia previa.

     En el caso, como se anticipó, los planteamientos son inoperantes, porque el actor se limita a reiterar las consideraciones vertidas en la instancia primigenia, sin controvertir las consideraciones que sustentan la resolución impugnada, y los únicos planteamientos diversos, son dogmáticos o novedosos.

Esto es, la inoperancia de los agravios identificados como Primero, Segundo y Tercero de la demanda de juicio ciudadano radica en que, lejos de combatir las consideraciones de la resolución impugnada, el actor se limita a repetir los planteamientos identificados como Primero, Segundo y Tercero, expuestos ante la Junta General al interponer el recurso de inconformidad primigenio.

Así, la junta General expuso una serie de razones, conforme a las cuales desvirtuó los argumentos expuestos por el actor el recurso de inconformidad. […] .

    Sin embargo, en el presente juicio ciudadano el actor se limita a repetir los argumentos expuestos ante la Junta General, sin aportar mayores razonamientos para evidenciar lo incorrecto de la resolución ahora controvertida, lo que se pone de relieve en el anexo de la presente sentencia, en la que se comparan los agravios primero, segundo y tercero de las demandas de recurso de inconformidad y del presente juicio ciudadano.

[22]                          Demanda ante el Tribunal Local                                                                      Demanda ante la SRM

[23] Ello, en la jurisprudencia 6/2003 de la SCJN: “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus partes la resolución que se hubiese recurrido.”

Así como en la jurisprudencia 109/2009 de la SCJN: “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida.”

[24] Ello, en atención a al juicio SUP-JDC-285/2021 y los Lineamientos.

[25] Cuotas en favor se las personas que integran la comunidad LGBTIQ+ y las que presentan alguna discapacidad para el proceso electoral concurrente ordinario 2020-2021

[…]

D. POSTULACIÓN BAJO EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS. Los partidos políticos deberán postular cuando menos una fórmula de candidaturas integradas por dos por personas de la comunidad LGBTIQ+ o que presentan alguna discapacidad, indistintamente, en cualquiera de las seis posiciones (6) que componen la lista por el principio de representación proporcional, siempre que se respeten las reglas de paridad vertical, alternancia y alternancia electiva establecidas en el acuerdo CG-A-36/2020.