JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SM-JDC-303/2021

IMPUGNANTE: ALICIA COLCHADO ARIZA

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: ANA CECILIA LOBATO TAPIA Y RAFAEL GERARDO RAMOS CÓRDOVA

COLABORÓ: GABRIELA EDITH ESQUIVEL HERNÁNDEZ

Monterrey, Nuevo León, a 5 de mayo de 2021.

Sentencia de la Sala Monterrey que confirma el acuerdo del Consejo General del INE, que aprobó el registro de candidaturas a diputaciones federales al Congreso de la Unión, entre otras, las presentadas por Morena y, en concreto, en cuanto a la impugnación del presente asunto, la de la candidatura a la diputación federal de MR, en el distrito V, en Querétaro; porque esta Sala Regional considera que el acuerdo de registro de candidaturas del INE debe quedar firme, debido a que la inconforme no cuestiona debidamente, por vicios propios, el acto de la autoridad administrativa electoral, pues sus agravios están encaminados a evidenciar supuestas irregularidades en el proceso de selección de candidaturas por parte de Morena y, en ese sentido, conforme a la doctrina judicial, dichos planteamientos debieron ser cuestionados ante la instancia de justicia partidista.

Glosario

Competencia y procedencia

1. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para resolver el presente asunto, por tratarse de un juicio ciudadano promovido contra el acuerdo del Consejo General del INE, que aprobó el registro de candidaturas a diputaciones federales al Congreso de la Unión, entre otras, las presentadas por Morena y, en concreto, en cuanto a la impugnación del presente asunto, la de la candidatura a la diputación federal de MR, en el distrito V, en Querétaro, entidad federativa ubicada en la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que este órgano colegiado ejerce jurisdicción[1].

2. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos expuestos en el acuerdo de admisión[2].

Antecedentes[3]

I. Proceso interno de selección de candidatos a Diputados Federales de Morena

1. El 23 de diciembre de 2020, Morena convocó al proceso de selección interno de candidaturas a diputaciones por el principio de MR para la jornada comicial federal ordinaria que tendrá verificativo el 6 de junio del año 2021.

2. El 6 de enero de 2021, Alicia Colchado solicitó su registró como aspirante a candidata a la diputación federal por MR del distrito V en Querétaro.

3. El Consejo General del INE se pronunció en los términos que se precisan al inicio del apartado siguiente, el cual constituye la determinación impugnada en el actual juicio.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. En el acuerdo impugnado[4], el Consejo General del INE, aprobó el registro de candidaturas a diputaciones federales al Congreso de la Unión, entre otras, las presentadas por Morena y, en concreto, en cuanto a la impugnación del presente asunto, la de la candidatura a la diputación federal de MR, en el distrito V, en Querétaro.

2. Pretensión y planteamientos[5]. La impugnante pretende que se revoque el acuerdo del Consejo General del INE y, en consecuencia, se le designe como candidata de Morena a diputada federal por el distrito V, en Querétaro, porque, desde su perspectiva, Morena, en su proceso interno de selección de candidaturas: i. no publicitó los resultados de las personas seleccionadas, ii. omitió hacer de su conocimiento el proceso de selección que se utilizaría para designarlos, y iii. respecto a la postulación paritaria, se pasa por alto que, no se tiene la certeza del número de aspirantes que presentaron solicitud para contender en el proceso interno del partido MORENA.

3. Cuestiones a resolver. A partir del acuerdo controvertido y los agravios expuestos, determinar si ¿fue correcto que el Consejo General declarara la procedencia del registro del candidato a la diputación federal del distrito V en Querétaro?

Apartado I. Decisión general

Esta Sala Monterrey considera que debe confirmarse el acuerdo del Consejo General del INE, que aprobó el registro de candidaturas a diputaciones federales al Congreso de la Unión, entre otras, las presentadas por Morena y, en concreto, en cuanto a la impugnación del presente asunto, la de la candidatura a la diputación federal de MR, en el distrito V, en Querétaro; porque esta Sala Regional considera que el acuerdo de registro de candidaturas del INE debe quedar firme, debido a que los inconformes no cuestionan debidamente, por vicios propios, el acto de la autoridad administrativa electoral, pues sus agravios están encaminados a evidenciar supuestas irregularidades en el proceso de selección de candidaturas por parte de Morena y, en ese sentido, conforme a la doctrina judicial, dichos planteamientos debieron ser cuestionados ante la instancia de justicia partidista.

Apartado II. Desarrollo y justificación de la decisión

1. Criterio para el análisis de agravios de los planteamientos contra los acuerdos de registro de las autoridades administrativas electorales

En la actualidad, la jurisprudencia ha determinado que el acto de autoridad administrativa electoral relacionado con el registro de candidatos, generalmente debe ser combatido por vicios propios del acto de autoridad, y no por cuestiones partidistas, a menos que por la conexidad indisoluble entre ellos, no sea posible escindir el análisis de las violaciones que se demandan de cada uno[6].

En efecto, en una primera etapa de la ley, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano resultaba improcedente contra actos de partidos políticos.

En una etapa posterior, bajo ese contexto legal, para avanzar en la defensa de los derechos políticos, se adoptó el criterio de que, cuando un ciudadano o militante de un partido alegaba la transgresión en su perjuicio de normas partidarias en un proceso interno de selección de candidatos y reclamaba destacadamente el acto de registro emitido por la autoridad administrativa electoral, era posible el análisis de tales vicios, porque era la única forma de restituir a quien se sintiera afectado en su esfera de derechos, al estimarse que el acto de registro estaba inducido por un error por parte del instituto político que lo solicitó.

Posteriormente, la doctrina judicial admitió la procedencia directa del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano contra actos de los partidos políticos y, congruente con ello, actualmente, se puede considerar que el sistema de defensa de los ciudadanos contra actos de los partidos, a través de la actuación de la autoridad electoral, opera de la siguiente manera:

a. En términos generales, cuando exista un acto partidista que perjudique a algún militante o ciudadano, éstos deben combatirlo directamente y no pretender enfrentarlo vía el registro ante la autoridad administrativa electoral.

b. Asimismo, por lo general, un acto de registro ante la autoridad electoral realizado por un partido político sólo podrá ser enfrentado cuando presente vicios propios, por violaciones directamente imputables a la autoridad, con la única excepción de que cuando existe una conexidad indisoluble entre el acto del partido y el de la autoridad, es impugnable el acto partidista a través del acuerdo de la autoridad.

En suma, debe entenderse que, por lo general, un acto de registro ante la autoridad electoral realizado por un partido político, como el de registrar modificaciones en la integración de sus órganos directivos, sólo podrá ser enfrentado cuando presente vicios propios, por violaciones directamente imputables a la autoridad administrativa electoral, y no por vicios partidistas, porque éstos deben reclamarse directamente a través del medio de impugnación correspondiente.

2. Caso concretamente analizado

El Consejo General del INE aprobó el registro de candidaturas a diputaciones federales al Congreso de la Unión, entre otras, las presentadas por Morena y, en concreto, en cuanto a la impugnación del presente asunto, la de la candidatura a la diputación federal de MR, en el distrito V, en Querétaro.

Frente a ello, la impugnante plantea que Morena en su proceso interno de selección de candidatos: i. no publicitó los resultados de las personas seleccionadas, ii. omitió hacer de su conocimiento el proceso de selección que se utilizaría para designarlos, y iii. respecto a la postulación paritaria, se pasa por alto que, no se tiene la certeza del número de aspirantes que presentaron solicitud para contender en el proceso interno del partido MORENA[7].

3. Valoración

3.1 Esta Sala Monterrey considera que los planteamientos de la impugnante son ineficaces, porque no reclama vicios propios del registro de candidatos, pues en realidad controvierte actos y omisiones del partido, que no pueden atribuirse al Consejo General del INE, quien solo es el encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y realizar los registros de los candidatos.

Ello, porque ante esta Sala Monterrey, controvierte que Morena en su proceso interno de selección de candidatos: i. no publicitó los resultados de las personas seleccionadas, ii. omitió hacer de su conocimiento el proceso de selección que se utilizaría para designarlos, y iii. respecto a la postulación paritaria, se pasa por alto que, no se tiene la certeza del número de aspirantes que presentaron solicitud para contender en el proceso interno del partido MORENA, y si bien en el último planteamiento alega una conducta de la autoridad responsable, la razón, nuevamente la vincula a los actos partidistas.

Esto es, en realidad, porque los motivos de queja son atribuidos a actos y omisiones partidistas, aunado a que, en el caso, no se afirma ni se actualiza alguna excepción relativa a que exista una vinculación indisoluble del acto partidista con el registro ante la autoridad administrativa electoral.

Mismos que deben ser reclamados en la instancia de justicia partidista, dado que, actualmente, el criterio judicial vigente es que los actos partidistas deben impugnarse a través de la instancia partidaria y por el medio correspondiente, criterio establecido en la jurisprudencia y no pretenderlos hacer valer hasta el registro.

En ese tenor, si bien, el Consejo General del INE tiene la obligación de verificar que el registro propuesto por los partidos políticos cumpla con los requisitos que dispone la normatividad, también lo es que, la autoridad administrativa electoral no tiene el deber jurídico de corroborar que la postulación de los partidos se ajuste a la normativa intrapartidista.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

Único. Se confirma el acuerdo impugnado.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

Notifíquese conforme a Derecho.

Así lo acordaron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.