JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTES: SM-JDC-321/2021 Y ACUMULADOS
IMPUGNANTES: HUMBERTO SALAS VILLALPANDO Y OTROS
RESPONSABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA
SECRETARIADO: GERARDO MAGADÁN BARRAGÁN Y NANCY ELIZABETH RODRÍGEZ FLORES
Monterrey, Nuevo León, a 5 de mayo de 2021.
Índice
Competencia, procedencia y acumulación
Apartado preliminar. Definición de la materia de controversia
Apartado II. Desarrollo y justificación de la decisión
Glosario
Acto impugnado: | Acuerdo ACG-IEEZ-060/VIII/2021 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el ocho de abril de dos mil veintiuno. |
Consejo General: | Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacateca. |
Coalición Parcial: | Colocación “Va por Zacatecas”, integrada por los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. |
Lineamientos: | Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos políticos y coaliciones. |
PRD: | Partido de la Revolución Democrática. |
Impugnantes: | Javier Reyes Rodríguez, Javier Mireles Mauricio, David de Lira Chávez, Ricardo Gutiérrez Chávez, Eleazar Ortiz Pérez y Humberto Salas Castro. |
Instituto Local: | Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. |
MR: | Mayoría relativa. |
Representación proporcional. | |
Sala Superior: | Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. |
Tribunal de Zacatecas/Tribunal Local: | Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. |
Competencia, procedencia y acumulación
1. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para resolver el presente asunto, por tratarse de un juicio promovido contra una sentencia del Tribunal Local, que confirmó el acuerdo del Instituto Local en el que, derivado del cumplimiento del PRD al requerimiento para que cumpliera con la paridad horizontal, se aprobaron las sustituciones de candidaturas en diversos ayuntamientos de Zacatecas; entidad federativa ubicada en la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que este órgano colegiado ejerce jurisdicción[1].
2. Acumulación. Del estudio de las demandas se advierte que existe identidad en la autoridad señalada como responsable y en el acto impugnado, por lo que los medios de impugnación guardan conexidad. Por tanto, a fin de evitar el riesgo de que se emitan sentencias contradictorias, procede acumular los expedientes del SM-JDC-322/2021 al SM-JDC-326/2021 y SM-JDC-333/2021, al diverso SM-JDC-321/2021, por ser el primero en recibirse; y agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado[2].
3. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos de los respectivos acuerdos de admisión[3].
Antecedentes[4]
I. Hechos contextuales y origen de la presente controversia
1. El 7 de septiembre de 2020, inició el proceso electoral ordinario en Zacatecas, para renovar, entre otros, a los Ayuntamientos de esa entidad.
2. El 10 de febrero de 2021[5], el Consejo General aprobó modificaciones y adiciones a diversas disposiciones de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos políticos y coaliciones para garantizar la inclusión de las mujeres en el registro de candidaturas[6].
3. El 28 de febrero, el Consejo General aprobó los criterios presentados por el PRD para garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas[7].
4. En el periodo del 26 de febrero al 12 de marzo, el PRD registró sus candidaturas a los Ayuntamientos por el principio de MR, pero el 2 de abril, el instituto Local lo requirió para que cumpliera con la paridad de género[8], lo cual hizo en los Ayuntamientos de Vetagrande[9], Villa González Ortega[10] Mezquital del Oro[11], sustituyendo a los actuales impugnantes por mujeres[12] y, con base en lo anterior, el 5 de abril, se tuvo por cumplida la paridad de género solicitada[13].
II. Instancia local
En desacuerdo, el 12 de abril, los candidatos sustituidos, impugnaron el acuerdo, esencialmente, porque, en su concepto: a. La sustitución de candidaturas se realizó con base a una interpretación a una porción normativa de los Lineamientos, contraria a la Constitución[14], pues, a su manera de ver, el Instituto Local hizo una segmentación de niveles de competitividad para los ayuntamientos, sobre la base de 2 segmentos, cada uno dividido en 29 municipios para fijar 2 niveles de competitividad (alto y bajo), en términos del artículo 32, numeral 4, fracción I, inciso a), letra i) de los Lineamientos[15], en los que, en el primero obliga a registrar 15 planillas encabezadas por mujeres como presidentas municipales, y las 14 restantes para los hombres, lo que según los impugnantes, implica que en los municipios con mayores posibilidades de ganar sean ocupados por mujeres, lo que consideran contrario a la Constitución, al otorgar a las mujeres un 51.724% y a los hombres un 48.275%, alejándose del principio constitucional de paridad de 50%-50%, por lo que, solicitaron la inaplicación de la frase “en los veintinueve municipios” de los Lineamientos. b. Refieren que la interpretación para atender el principio de paridad debió ser bajo la participación del PRD en lo individual y en coalición, ya que, en su concepto, el territorio tenía que dividirse en 2 segmentos, el primero con rango de competitividad alto, dividido en 30 municipios, distribuidos en 15 presidencias para mujeres y 15 para hombres, el segundo segmento, de 28 municipios, con rango de competitividad bajo, con distribución de 14 presidencias de género femenino y 14 del género masculino, lo cual sería la medida con una verdadera distribución paritaria (50%-50%), finalmente, alegan c. La indebida designación directa de candidaturas, al no derivar de algún proceso electivo interno partidista o diverso procedimiento de sustitución[16], sino de una arbitrariedad del partido por hacerlo de forma unilateral.
El Tribunal de Zacatecas se pronunció en los términos que se precisan al inicio del apartado siguiente, el cual constituye la determinación impugnada en el actual juicio.
Estudio de fondo
Apartado preliminar. Definición de la materia de controversia
a. En la sentencia impugnada[17], el Tribunal de Zacatecas confirmó el acuerdo impugnado, al estimar, fundamentalmente que: a. En cuanto a la inaplicación solicitada, en concreto, la frase “en los veintinueve municipios” establecida en el artículo 32, numeral 4, fracción I, inciso a) letra i) de los Lineamientos, contrario a lo que sostenían los impugnantes, es constitucionalmente válida[18], porque constituye una medida progresiva acorde con el artículo 41, fracción I de la Constitución que no limita el contenido del derecho de paridad de género[19], además de que la determinación impugnada fue un acto de autoridad que formó parte de diversos requerimientos hechos al PRD para que cumpliera con su deber de postular candidaturas a diversos ayuntamientos de Zacatecas conforme a los lineamientos sobre paridad de género[20] en el que las sustituciones se hicieron en ejercicio de su facultad de autodeterminación para cumplir con la paridad de género[21] finalmente, d. El Tribunal local consideró que el Consejo General no tenía por qué determinar qué aspirantes tenían mejor derecho para ser postulados en dichas candidaturas (incluidas las candidaturas que se postulaban en elección consecutiva), pues sólo le correspondía verificar si el partido político cumplía con el principio de paridad horizontal en términos de la legislación local, de ahí que no debiera realizar alguna motivación ni fundamentación sobre la ponderación de las postulaciones realizadas[22].
b. Pretensión y planteamientos[23]. Ante esta Sala los impugnantes pretenden que se revoque la sentencia del Tribunal Local, bajo el alegato sustancial de que: a. El Tribunal Local no realizó debidamente el ejercicio de control constitucional solicitado, ya que omitió analizar si el “criterio territorial” tenía la finalidad de incluir mecanismos que garantizaran la paridad en la postulación de candidaturas entre hombres y mujeres[24] b. Tampoco valoró todos los planteamientos y documentales puestos a su consideración a fin de revocar la resolución impugnada[25] ni se pronunció sobre la falta de la documentación necesaria para la declaración de procedencia del registro de las candidaturas[26], ya que los registró en diversas candidaturas que no han aceptado[27] c. Indebidamente consideró que carecía de interés jurídico para oponerse a la segmentación establecida por el Consejo General[28], incluso se sostuvo la legalidad del acto controvertido sin atender todos sus planteamientos[29], incluidos aquellos que se relacionaban con el mejor derecho de algunas candidaturas en ejercicio del derecho a la postulación por la vía de elección consecutiva.
c. Cuestiones a resolver: A partir de los agravios expuestos ¿Si los impugnantes enfrentan o deben quedar firmes las consideraciones que sustentan la determinación del Tribunal Local, en cuanto a la validez de la sustitución de candidaturas del PRD con motivo del ajuste realizado para cumplir con su deber en temas de paridad horizontal de género en la postulación de candidaturas en los Ayuntamientos?
Apartado I. Decisión general
Esta Sala Monterrey considera que debe confirmarse la resolución del Tribunal de Zacatecas que confirmó el acuerdo del Instituto Local en el que, derivado de los requerimientos realizados al PRD y de los ajustes realizados, aprobó la sustitución de candidaturas en diversos ayuntamientos para cumplir con el principio de paridad horizontal, en los que, entre otros, sustituyó a los impugnantes en sus anteriores candidaturas a las presidencias municipales de en los Ayuntamientos de Vetagrande, Villa González Ortega y Mezquital del Oro; porque esta Sala considera que las razones dadas por el Tribunal Local para sustentar el sentido de la determinación impugnada deben quedar firmes, debido a que los inconformes no cuestionan debidamente lo expuesto por la responsable para confirmar el acuerdo reclamado en dicha instancia, quien consideró correcta la aprobación de los registros cuestionados, porque el partido ejerció su derecho de autodeterminación a fin de cumplir con la paridad de género en la postulación de candidaturas para la elección de Ayuntamientos por los principios de MR.
Apartado II. Desarrollo y justificación de la decisión
1. Marco o criterio jurisprudencial sobre el análisis de los agravios
Lo anterior, porque, ciertamente, la jurisprudencia ha establecido que, cuando el promovente expone sus agravios, no está obligado a manifestarlos bajo una formalidad específica, porque para tenerlos por expresados sólo se requiere la mención clara de la causa de pedir o un principio de agravio.
Sin embargo, esto lógicamente implica, como presupuesto fundamental, que con ello se confronte, al menos, a través de una afirmación de hecho mínima, lo considerado en el acto impugnado o la instancia previa.
Ello, porque, cuando se presenta una impugnación, el promovente tiene el deber mínimo de confrontar y cuestionar lo determinado en la resolución intermedia, combatiendo las consideraciones que la sustentan.
Incluso, en los supuestos en los que es procedente la suplencia, en ningún caso puede faltar a los inconformes, la precisión de lo que consideran les agravia y la razón concreta del porqué estiman que le causa una vulneración.
Por ende, evidentemente, en términos generales, los argumentos deben cuestionar las consideraciones que sustentan el sentido de la determinación impugnada, pues de otra manera, dichas consideraciones quedarían firmes y sustentarían el sentido de lo decidido, con independencia de lo que pudiera resolverse en relación con diversas consideraciones, dando lugar a la ineficacia de los planteamientos.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado en cuanto a que los agravios resultan inatendibles, cuando éstos reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda ante la instancia local, casi de manera literal, sin combatir las consideraciones de la sentencia que se impugna[30].
Por tanto, en términos generales, los argumentos tampoco deben limitarse a reiterar los planteamientos expresados en la demanda local, sin controvertir las consideraciones medulares de la autoridad responsable para desestimar los conceptos de agravio sostenidos en la instancia previa, al menos, con alguna imputación, y la repetición o el abundamiento en las razones expuestas en la primera instancia, que no combatan las consideraciones de la resolución impugnada, originan la ineficacia o inoperancia[31].
2. Caso concretamente cuestionado
Como se anticipó, el Tribunal de Zacatecas confirmó el acuerdo del Instituto Local en que se aprobó la sustitución de candidaturas, derivado de los ajustes realizados por el PRD para cumplir con el principio de paridad horizontal, en los que, entre otros, sustituyó a los impugnantes de sus anteriores designaciones como candidatos a las presidencias municipales de en los Ayuntamientos de Vetagrande[32], Villa González Ortega[33] Mezquital del Oro[34].
3. Valoración
3.1. Los impugnantes pretenden que esta Sala Regional revoque la sentencia del Tribunal Local, esencialmente, porque en su consideración: a. El Tribunal Local no realizó debidamente el ejercicio de control constitucional solicitado, ya que omitió analizar si el “criterio territorial” tenía la finalidad de incluir mecanismos que garantizaran la paridad en la postulación de candidaturas entre hombres y mujeres b. Tampoco valoró todos los planteamientos y documentales puestos a su consideración a fin de revocar la resolución impugnada ni se pronunció sobre la falta de la documentación necesaria para la declaración de procedencia del registro de las candidaturas, ya que los registró en diversas candidaturas que no han aceptado c. Indebidamente consideró que carecía de interés jurídico para oponerse a la segmentación establecida por el Consejo General, incluso se sostuvo la legalidad del acto controvertido sin atender todos sus planteamientos, incluidos aquellos que se relacionaban con el mejor derecho de algunas candidaturas en ejercicio del derecho a la postulación por la vía de elección consecutiva.
Esta Sala Monterrey considera ineficaces los planteamientos de los inconformes, porque no cuestionan debidamente las consideraciones que sustentan el sentido de la determinación impugnada.
Lo anterior, porque las consideraciones a partir de las cuales la responsable determinó confirmar el acuerdo impugnado son en el sentido de que la frase “en los veintinueve municipios” contenida en el artículo 32, numeral 4, fracción I, inciso a) letra i) de los Lineamientos, y que el Instituto Local tomó como base para requerir al PRD a fin de que hiciera ajustes a sus postulaciones, es constitucionalmente válida, pues deriva del mandato constitucional, legal y convencional, así como de deberes específicos adquiridos por los partidos políticos, conforme a la legislación local y los Lineamientos en materia de paridad de género.
Además de que las sustituciones concretamente cuestionadas, derivaron, precisamente, del incumplimiento del PRD de postular candidaturas con apego a los lineamientos en materia de paridad de género, aunado a que dicho instituto político se había comprometido expresamente a cumplir con sus postulaciones en ese sentido.
De manera que, el Tribunal Local, fundamentalmente, confirmó los registros de las planillas del PRD para diversos ayuntamientos de MR en Zacatecas, porque se trataba de sustituciones requeridas a fin de que se cumplieran con la paridad de género establecida en los Lineamientos para el registro de las candidaturas.
En efecto, como se indicó los impugnantes no cuestionan o enfrentan de manera directa o concreta lo señalado por la responsable, respecto a la constitucionalidad de la frase cuestionada, desde luego, frente a la argumentación del Tribunal Local para sustentar su decisión, concretamente en cuanto a que la sustitución de candidaturas resultó del incumplimiento del PRD al principio de paridad horizontal y, en atención a los ajustes solicitados en ejercicio de su derecho de autodeterminación, sobre todo, a que el nuevo registro y anulación de sus candidaturas fue a consecuencia de la observancia a la paridad de género.
En cambio, se limitan a incorporar nuevos argumentos que, a su parecer, debieron ser considerados por la responsable, al indicar que en la instancia local no supo establecer el estudio correctamente que el Tribunal de Zacatecas no tuvo la capacidad de ejercer su función como Tribunal de Control Constitucional para llevar a cabo el análisis adecuado y correcto de las dos disposiciones que solicitó fueran revisadas y determinar si existía o no contradicción, en la porción normativa que tildé contraria a la ley suprema nacional[35]..
Aunado a que tampoco basta que señalen diverso análisis que, en su concepto, es el adecuado para llegar a la conclusión de que los Lineamientos son inconstitucionales, porque con ello tampoco enfrentan las consideraciones esenciales del Tribunal Local[36], respecto a que los lineamientos son constitucionalmente válidos, pues evidentemente no combaten el sustento principal del Tribunal Local, en cuanto a que las sustituciones que afectaron sus postulaciones originales, fue consecuencia de que el PRD debía cumplir con un deber constitucional de garantizar la paridad de género en sus postulaciones a las presidencias municipales de Zacatecas.
Máxime, que el Tribunal Local también les indicó que el PRD participó en el proceso electoral local a través de la Coalición Parcial y del convenio y sus modificaciones y, con base en ello, postuló candidaturas mediante Coalición como en lo individual, en el cual se comprometió a tomar como criterio para garantizar la paridad de género, segmentos de mayor a menor porcentaje de votación, tomando como referencia el porcentaje de votación obtenido en el proceso electoral 2018[37].
En efecto, como lo señaló el Tribunal de Zacatecas, del considerando centésimo décimo, apartado 6, resolutivo segundo, del acuerdo en el que verificó los requisitos para la procedencia del registro de las planillas de MR para integrar los Ayuntamientos de los municipios del Estado de Zacatecas[38], se estableció que, además de tomarse como referencia el porcentaje de votación obtenido en el proceso electoral 2018, se presentarían segmentos de mayor a menor porcentaje de votación, en el primer segmento la Coalición postularía 11 mujeres y 11 hombres; en el segundo segmento postulará 10 mujeres y 11 hombres, sin embargo, el PRD en lo individual, en el primer segmento postularía 4 mujeres y 4 hombres; en el segundo segmento postulará 4 mujeres y 3 hombres[39].
No obstante, dicho partido solamente registró 11 planillas, de las cuales debía subsanar candidaturas en 9 ayuntamientos, para cumplir con la paridad horizontal, pues de las 9, en el primer segmento registró 1, encabezada por una mujer y 5, encabezadas por hombres; mientras que, en el segundo segmento, 1 fue encabezada por una mujer y 4 por hombres, por esa razón el Instituto local solicitó los ajustes para que se cumpliera con la paridad horizontal.
Al respecto se realizaron los ajustes y rectificaciones pertinentes, sin embargo, en dichos se sustituyeron las candidaturas de los impugnantes, como se muestra[40]:
Aunado a que el Tribunal Local señaló a los impugnantes que debían tomar en cuenta que el acuerdo impugnado fue un acto de autoridad que derivaba de requerimientos hechos al PRD por su evidente incumplimiento al principio de paridad.
En efecto, el Tribunal de Zacatecas les señaló que, el caso concreto, el derecho de elegir libremente las candidaturas y realizar las sustituciones, derivaba del deber para cumplir con el principio de paridad de género en las planillas de los Ayuntamientos (horizontal), el cual tiene como fin lograr la presencia paritaria de mujeres y hombres en los espacios donde se toman las decisiones públicas; es decir, es una forma de lograr la igualdad real y evitar la discriminación de las mujeres en la participación en la vida política del país; principio que el PRD debía observarse en la postulación de las candidaturas con el objeto de generar de manera efectiva, el acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en condiciones de igualdad más si habían realizado dos requerimientos, por lo que, la sustitución realizada de ninguna manera genera una afectación a los impugnantes[41].
Máxime que, en términos de la legislación local, las dirigencias estatales, o en su caso las coaliciones son los que tenían reconocidas las facultades legales para solicitar las sustituciones al Consejo General como ocurrió en el caso, que el PRD sustituyó libremente las postulaciones a los ayuntamientos para dar cumplimiento a las reglas de paridad conforme a la normativa electoral local y los Lineamientos.
3.2. Por otro lado, es ineficaz el planteamiento de los impugnantes relacionado con que, finalmente fueron inscritos en candidaturas que aún no han aceptado, porque, tal como sostuvo el Tribunal de Zacatecas, los nuevos registros de candidaturas, derivaron de una circunstancia extraordinaria, sin embargo, si consideran que existe una afectación a sus derechos políticos electorales, como lo aducen en sus demandas, pueden optar por no aceptar la candidatura, de conformidad con el artículo 153, fracción II de la Ley Electoral, por lo que es evidente que este planteamiento de los impugnantes son ineficaces, pues en todo caso, de asistirles la razón en dichos planteamientos, no obtendrían su pretensión final de que se les reincorpore en las candidaturas en que fueron sustituidos.
4.1 Los impugnantes también alegan que el Tribunal Local incurre en incongruencia, porque, por una parte, resolvió el fondo del asunto y, por el otro, estableció que carecían de interés jurídico para oponerse a la segmentación establecida por el Instituto Local y a la aceptación del PRD de cumplirla.
Es infundado, porque las consideraciones de la responsable no se sustentaron sobre la base de la falta de interés jurídico de los actores, sino bajo la consideración de que la disposición normativa cuestionada es acorde con el texto constitucional y no fue materia de controversia, por tanto, adquirió firmeza, de ahí que debía ser observada por el PRD para la verificación del principio de paridad horizontal.
En ese sentido, el Tribunal Local les indicó que, carecían de interés jurídico para oponerse a la segmentación establecida por el Instituto Local y a la aceptación del PRD de cumplirla, pues, en todo caso, el partido pudo oponerse al criterio impuesto en materia de paridad de género[42].
De ahí que también sea ineficaz el alegato referente a los criterios no se publicaron, en forma completa, en periódico oficial de Zacatecas, sino sólo un extracto, pues como se indicó, esa no fue la base sustancial de la decisión de la sentencia impugnada.
5.1 Finalmente, tampoco tienen razón Humberto Salas Castro, cuando alega que el Tribunal Local dejó de analizar los planteamientos respecto a la vulneración a su derecho a ser votado en la elección consecutiva, pues, a su modo de ver, la responsable englobó de manera genérica sus planteamientos respecto lo demás impugnantes y los estudió en conjunto, sin considerar que la verdadera intención de sus alegatos eran para evidenciar que tenía mejor condición por encima de la candidatura presidida por el género masculino.
En suma, alega que al no darle respuesta a la totalidad de sus planteamientos quedó en un estado de indefensión, además de que, en su concepto, la responsable sacó de contexto sus planteamientos con la intención de no analizar de manera frontal la indebida sustitución que realiza el PRD[43].
Es infundado, porque contrario a lo que afirma dicho impugnante, el Tribunal Local si se pronunció, en específico, sobre todos sus planteamientos, tanto los expuestos en la demanda que presentó en el formato similar a la de los demás impugnantes, como la diversa demanda en la que expresó planteamientos individualizados.
En efecto, en la demanda local el actor señaló lo siguiente:
a. Me afecta mi esfera de derechos los ajustes relacionados a la planilla que encabezo, dado que, por un lado, originalmente obtuve la postulación para la elección consecutiva por ese Municipio, el Consejo Municipal de Mezquital del Oro, válido el registro de la Candidatura como Presidente Municipal para dicho municipio por el PRD, mediante resolución de dicho Órgano Municipal Electoral de fecha 3 de abril de 2021.
b. Sin embargo, se advierte que efectivamente, el Partido ni el Instituto Electoral responsable, hiciera algún pronunciamiento relativo a que se tendría que valorar cuál de las planillas presentadas ( entre ellas Mezquital del Oro y de la Ojocaliente por ejemplo) deberían ser las ajustadas de acuerdo a las circunstancias específicas de cada una, pues en la especie, de inicio la planilla presentada por el PRD respecto del Municipio de Mezquital del Oro, no debió ser ajustada para cumplir con el principio constitucional de paridad, pues en el caso, la planilla presentada para el ayuntamiento de Ojocaliente, no solamente no fue elegida de acuerdo con la norma interna del Partido, que en sí mismo dicho aspecto, debió ser suficiente para que fuera la que se adecuara a dicha necesidad de paridad, más allá de no existir expectativa de derecho de planilla de Ojocaliente al no ser de elección consecutiva.
c. El Partido al que pertenezco indebidamente realiza ajustes sin justificación legal y realizar el cambio de mi persona, de Presidente a Síndico, para cumplir con el principio de paridad, esto de una manera arbitraria y sin darme noticia alguna incumpliendo con la obligación de ajustar con su conducta a los principios del Estado democrático, ni respetó los procedimientos internos que señalan.
d. Antes de agotar los ajustes con candidatura, el Partido debió cerciorarse y ponderar de manera razonable e idónea las candidaturas que se presentaron para establecer con puntualidad aquellas que no cumplen con todos los requisitos y calidades que la ley señala, así primero se debió agotar aquellas candidaturas que no tenían carácter de regulares, esto, al no provenir del proceso interno que el propio Partido estableció para darle coherencia a dicho proceso, y respetar el derecho político-electoral alcanzado al cumplir la norma interna.
e. Fue incorrecto el ajuste realizado por el Partido y avalado por la autoridad electoral, además cancelarme mi derecho a ser votado mediante la vertiente de elección consecutiva, refleja la indebida postulación de la candidatura de quien encabeza la planilla para el municipio de Ojocaliente, Zacatecas, dado que dicha candidatura no resulta idónea al no provenir del proceso interno llevado a cabo por el Partido.
f. Mi causa de pedir se centra en la confrontación de mi derecho optimizado frente a la candidatura de Ojocaliente que en esencia debió ser la que sufriera el ajuste, para dejar el espacio y cumplir con la paridad sin que de manera desproporcionada se me cancele dicha posibilidad por estar en condiciones de cumplimiento de las calidades que la ley exige.
g. Así, una vez que el partido ajusto las candidaturas en términos de lo anterior, es evidente que, al realizar el cambio en la planilla de Mezquital del Oro, mediante el cambio de mi persona de Presidente a Síndico Municipal, subiendo a la propuesta originalmente como Síndica a Presidenta, es evidente que me deja en estado de indefensión lesionando la seguridad jurídica de que ya gozaba.
h. Por tanto, el Partido y la Autoridad Electoral al no razonar dichas medidas cubiertas en su totalidad, con respecto a otras que pudieran materializar el principio de paridad sin cancelar mi derecho a la elección consecutiva, se vulnero frontalmente mi derecho humano de ser votado.
i. Tanto el Partido Político como la autoridad electoral debieron allegarse de elementos idóneos para ponderar si la determinación adoptada era justificada respecto de las posibilidades existentes para dar cumplimiento con la paridad y con la idoneidad del cambio o ajuste respecto de las candidaturas encabezadas por hombres en el segmento de mayor competitividad donde se encontraba mi candidatura y la del Municipio de Ojocaliente, esto es, una ponderación para arribar a una decisión con la información necesaria para establecer una parámetro adecuado, que no restrinja mis derechos ya analizados líneas arriba y que se encuentran en una posición de mayor consideración respecto de la candidatura de Ojocaliente.
j. Fui propuesto por el partido para buscar la elección consecutiva, y que de acuerdo con las normas del Partido interviene en la designación a través de la participación en el proceso interno del partido, culminando con la postulación por el partido a dicha reelección y siendo aprobado mi registro por el Consejo Municipal de Mezquital del Oro, es que dicha confianza legítima adquirida por los diversos pasos corresponde al Instituto revisar que las solicitudes de los partidos políticos cumplan con los requisitos previstos en la ley.
k. En este contexto, los partidos políticos no pueden, sin una causa justificada, mediante un acto que esté debidamente fundado y motivado afectar el derecho de sus militantes que participaron en un procedimiento interno de postulación, que en su momento fueron triunfadores y obtuvieron la candidatura respectiva al interior del instituto político.
l. En suma, la causa de pedir se dirige a reprochar el ajuste hecho a mi candidatura que cumplía con todas las calidades por sobre otra candidatura que no los cumplía y no fue afectada causando perjuicio mayor a mi candidatura.
En respuesta el Tribunal local le señaló que:
El Consejo General estaba impedido para solicitar información, allegarse de elementos o constancias a fin de determinar cuáles eran los perfiles idóneos para hacer las sustituciones, ni establecer en cuáles municipios se harían los cambios para el cumplimiento del principio, menos analizar quién de las personas tenían más derechos o si eran solo expectativas, como lo afirma Humberto Salas Castro.
Adicionalmente le dijo que, efectivamente el Instituto Local al aprobar las sustituciones, no tenía por qué determinar si, el aspirante a candidato a la presidencia de Mezquital del Oro tenía más derecho frente al candidato a presidente de Ojocaliente, o cualquier otro; ya que los artículos 41 Base I y 116 fracción IV inciso f) de la Constitución Federal, son claros en establecer que las autoridades electorales solamente pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen la Constitución y la ley.
En ese mismo sentido le señaló que los partidos políticos tienen la libertad de autodeterminación, y esto implica el derecho a crear y establecer sus propias normas; derechos y libertades en donde no pueden exigir invasiones por parte del árbitro de organizar procesos en la entidad.
Incluso, le explicó que, bajo esa lógica, el Consejo General aprobó la sustitución de candidaturas para verificar el cumplimiento del principio de paridad horizontal, en términos de la legislación electoral, así como en atención a los ajustes realizados por el PRD en ejercicio de su derecho de autodeterminación, quien tiene la facultad de decidir cuáles ajustes y sustitución de candidaturas realizaría para el cumplimiento al requerimiento formulado. De ahí que la autoridad no estaba obligada a realizar alguna motivación y fundamentación sobre la ponderación para la idoneidad de las postulaciones de candidaturas realizadas por el partido.
En ese sentido, esta Sala Monterrey considera que, como se indicó, contrario a lo que señala el actor, el Tribunal local sí atendió la totalidad de sus planteamientos relacionados con su alegada preferencia de su derecho a la elección consecutiva.
Porque, como se indicó, lo alegado ante la instancia local consistía en que, previo a las sustituciones, el PRD debió hacer un ejercicio de ponderación de derechos entre el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas y el derecho a la elección consecutiva de la parte actora, de manera que, como resultado de tal ponderación se les permitiera participar para ser postulados de nueva cuenta sin perjuicio de que el género femenino pudiese encabezar las candidaturas a presidencias municipales en otros municipios competitivos.
Sin embargo, como pudo observarse, el Tribunal de Zacatecas le contestó, en esencia, que, si bien las medidas solicitadas a dicho instituto político incidieron en la posibilidad de la parte actora de ser postulado nuevamente en la candidatura a la presidencia municipal que actualmente gobierna, lo cierto es que el PRD en ejercicio de su derecho de autodeterminación, eligió cumplir los requerimientos solicitados y garantizar el principio de paridad de género.
En efecto, la controversia planteada por Humberto Salas Castro se centró, esencialmente, sobre su indebida exclusión para contender nuevamente para el cargo de presidente municipal de Mezquital del Oro, Zacatecas, a partir de señalar que su postulación tenía mejor derecho, porque contendía en elección consecutiva, en comparación con otras planillas (Planilla de Ojocaliente).
Ello, bajo el alegato sustancial, de que el PRD cambió el orden y lo sustituyó de la planilla correspondiente al Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, sin que le notificaran los ajustes y respetaran su derecho como militante, dado que, en su concepto, se podía cumplir con el principio constitucional de paridad y al mismo tiempo respetar su derecho a la elección consecutiva, sin embargo, se prefirió la postulación de la planilla de Ojocaliente, que se encuentra dentro del mismo segmento, no obstante que no fue electa dentro del proceso interno del PRD.
Sin embargo, como se indicó, contrario a sus afirmaciones ante esta Sala, la responsable sí contestó a dichos planteamientos, pues en la sentencia el Tribunal Local expuso las razones y fundamentos por los cuales consideró que no tenía razón el impugnante en sus alegaciones, concretamente, al señalarle que, la sustitución en cuestión, derivó, del deber del PRD de cumplir con la paridad de género en sus postulaciones, lo que hizo en pleno ejercicio de su derecho de autodeterminación, lo cual otorga facultades al partido para pronunciarse sobre los mejores perfiles para ejercer el cargo y decidir quienes tienen mayores probabilidades de asegurarle el triunfo en la contienda, sin que pueda decirse que, quien pretenda participar bajo la figura de elección consecutiva o haya participado en un proceso de selección interna, tenga más derechos, frente a otras personas[44].
Además, la mayoría de los planteamientos que el referido impugnante presenta ante esta instancia constitucional, realmente constituyen una repetición, esencialmente, similar de los agravios que hizo valer ante la instancia local, sobre lo cual se pronunció el Tribunal de Zacatecas.
En efecto, en la demanda que dio origen a la impugnación local, el impugnante expresó, en esencia, los mismos agravios que, como ya se indicó, el Tribunal contestó y ante esta Sala no los controvierte.
En todo caso, no tendría razón en sus alegaciones, porque, con base en la doctrina judicial sustentada por el máximo Tribunal en la materia, tratándose de medidas o decisiones orientadas a garantizar otro principio constitucional, como lo es la paridad de género, por regla general, las mismas deben tenerse por justificadas en las consideraciones relativas al desplazamiento de la posibilidad de otras candidaturas[45].
En efecto, la Sala Superior ha señalado que la postulación de las candidaturas, cuando las condiciones fácticas que rodean el caso así lo exijan para la satisfacción del principio de paridad de género, debe hacerse respetando dicho principio, por lo que, a través de los juicios de razonabilidad respectivos, debe armonizarse con la posibilidad de ejercer el derecho a ser votado en la modalidad de elección consecutiva, hasta en tanto, se generen las condiciones necesarias para que tanto mujeres y hombres integren los órganos de representación política lo más cercano a la paridad[46].
En suma, en cuanto al tema en concreto, la Sala Superior ha sostenido que el hecho de haber obtenido el triunfo en una elección constitucional municipal y, por tanto, existir la posibilidad jurídica de ser reelecto, no produce que esa modalidad opere en automático, puesto que, como ya se explicó, tal posibilidad debe ser armonizada en cada caso concreto, entre otros, con los principios de auto organización y paridad de género, lo primero, porque también deben tomarse en cuenta las estrategias electorales que tiendan a ganar elecciones, y, lo segundo, porque constituye una obligación constitucional de los partidos o coaliciones, respetar, promover y garantizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en la postulación y acceso al cargo[47].
En ese sentido, lo procedente es confirmar la sentencia impugnada.
Por lo expuesto y fundado se:
Resuelve
Primero. Se acumulan los expedientes SM-JDC-321/2021, SM-JDC-322/2021, SM-JDC-323/2021, SM-JDC-324/2021, SM-JDC-325/2021, SM-JDC-326/2021 y SM-JDC-333/2021, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del juicio acumulado.
Segundo. Se confirma la sentencia impugnada.
En su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos concluidos y, en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.
Notifíquese conforme a Derecho.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.