JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SM-JDC-349/2020 Y ACUMULADO

IMPUGNANTES: CYNTHIA CATALINA GONZÁLEZ GARCÍA Y ANA ISABEL GARCÍA CALDERÓN

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

TERCERA INTERESADA: PRESIDENTA DEL COLECTIVO “JUNTOS POR EL CAMINO DE LA DIVERSIDAD”

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIA: NANCY ELIZABETH RODRÍGUEZ FLORES

COLABORARON: HERIBERTO URIEL MORELIA LEGARIA, ALMA LILIANA RAMÍREZ RAMOS E IRERI ANALÍ SANDOVAL PEREDA

Monterrey, Nuevo León, a 20 de noviembre de 2020.

Sentencia de la Sala Monterrey que confirma la del Tribunal de Aguascalientes, que revocó la respuesta del Consejo General a la consulta planteada y la convocatoria para integrar los Consejos Distritales y Municipales para el proceso electoral local 2020-2021, por considerar que debió incluirse una medida afirmativa en favor de los grupos vulnerables, porque esta Sala Monterrey comparte la decisión del Tribunal Local de implementar la acción afirmativa, ya que: i) el Secretario General en funciones de Magistrado sí estaba autorizado para conocer y resolver la controversia, ii) la medida implementada es válida, porque, al emitirse por una autoridad electoral, no estaba sujeta a que se emitiera 90 días antes del inicio del proceso electoral, y iii) la responsable estaba facultada para implementar la acción afirmativa, porque, al ejercer su facultad de revisión judicial, consideró, en el caso concreto, que era necesario implementar una cuota en favor de los grupos vulnerables para garantizar su derecho a integrar los Consejos Distritales y Municipales.

Glosario

Antecedentes

De las constancias de autos y afirmaciones hechas por las partes se advierten los siguientes hechos relevantes:

I. Hechos contextuales y origen de la controversia

1. Consulta sobre la implementación de medidas afirmativas en beneficio de la comunidad LGBTI+. El 26 de agosto de 2020[1], la Presidenta del colectivo “Juntos por el camino de la diversidad”, consultó al Instituto Local sobre la implementación de medidas para la participación del grupo LGBTI+ en la integración de los Consejos Distritales y Municipales, al cual pertenece.

2. Respuesta preliminar a la consulta. El 10 de septiembre, el Presidente del Instituto Local, de manera preliminar, informó que se llevaron a cabo diversos talleres, conferencias, conversatorios y paneles realizados con integrantes de la comunidad LGBTI+ y especialistas en el tema, a fin de fomentar la inclusión del referido grupo en la comunidad del estado de Aguascalientes[2].

3. Respuesta completa a la consulta. El 6 de octubre, el Consejo General, luego de una impugnación[3], contestó, entre otras cuestiones, que no era posible establecer una cuota específica para personas no binarias en la integración de los Consejos Distritales y Municipales[4].

4. Convocatoria para integrar los Consejos Distritales y Municipales. El 1 de noviembre, el Instituto Local convocó a la ciudadanía de Aguascalientes interesada en participar en el proceso de selección para integrar los Consejos Distritales y Municipales.

II. Juicio ciudadano local contra la respuesta del Instituto Local

1. Demanda. Inconforme con la repuesta del Consejo General, el 9 de octubre, la asociación LGBTI+ presentó juicio ciudadano local, esencialmente, porque desde su perspectiva, el órgano administrativo electoral: i) omitió implementar acciones afirmativas para la integración de los Consejos Distritales y Municipales, en beneficio de los grupos históricamente vulnerados, ii) niega la implementación de una cuota específica para personas no binarias, iii) se limita la libre auto adscripción, al negar la inclusión en los formatos de registro, un apartado relativo a la identificación sexo-genérica, esto es, que se establezca hombre, mujer y no binario y, finalmente iv) no ha cumplido con su obligación de incorporar acciones para crear condiciones jurídicas y materiales, a fin de evitar la exclusión o marginación de la sociedad hacia la comunidad LGBTI+.

2. Sentencia impugnada. El 3 de noviembre, el Tribunal de Aguascalientes revocó la respuesta del Consejo General y la convocatoria para integrar los Consejos Distritales y Municipales, al considerar, esencialmente, que: i) el Consejo General debió implementar medidas afirmativas en favor de grupos en situación de vulnerabilidad como LGBTI+, adultos mayores, indígenas y personas con alguna discapacidad[5] y, por ende, ii) también debía emitir una nueva convocatoria en la que determinara una cuota del 10% para los referidos grupos en conjunto, y iii) habilitar en el formato de inscripción un apartado en el que se indique el grupo al que pertenecen[6] (TEEA-JDC-18/2020).

III. Juicios ciudadanos ante esta Sala Monterrey

1. Juicios ciudadanos. Inconformes, el 7 de noviembre, Cynthia Catalina González García y Ana Isabel García Calderón, aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales, presentaron juicios ciudadanos en los que plantean, esencialmente, que: i) el Secretario General en funciones de Magistrado estaba impedido para conocer y resolver el asunto[7], en todo caso, ii) la nueva convocatoria debió emitirse 90 días antes del inicio del proceso electoral[8] y, en el fondo, iii) el Tribunal de Aguascalientes se extralimitó, por diversas razones, al implementar una cuota en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad[9].

2. Tercera interesada. El 10 de noviembre, Salma Lúevano Luna, representante del colectivo “Juntos por el camino de la diversidad” presentó escrito de tercera interesada en los presentes juicios.

3. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado instructor radicó el expediente, admitió las demandas y, al no existir trámite pendiente por realizar, declaró cerrada la instrucción.

Competencia, acumulación y procedencia

1. Competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer los presentes juicios ciudadanos promovidos contra una sentencia del Tribunal Local en la que revocó la respuesta del Consejo General, por la omisión de implementar medidas afirmativas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad y la convocatoria para integrar los Consejos Distritales y Municipales para el proceso electoral local 2020-2021, en Aguascalientes, entidad federativa ubicada en la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que este órgano colegiado ejerce jurisdicción[10].

2. Acumulación. Del estudio de las demandas se advierte que las impugnantes controvierten la misma sentencia y formulan planteamientos similares. Por ende, para facilitar el análisis del asunto, se considera procedente acumular el expediente SM-JDC-350/2020 al SM-JDC-349/2020 y agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado[11].

3. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos de los acuerdos de admisión[12].

4. Tercera interesada. Se le reconoce tal carácter a la representante del colectivo “Juntos por el camino de la diversidad”[13].

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Definición de la materia de controversia

1. Hechos contextuales y origen de la presente controversia. La asociación “Juntos por el camino de la diversidad” consultó al Instituto Local sobre la implementación de medidas para la participación del grupo LGBTI+ en la integración de los Consejos Distritales y Municipales y, el Consejo General, luego de una impugnación, contestó, entre otras cuestiones, que no era posible establecer una cuota específica para personas no binarias en la integración de los Consejos Distritales y Municipales y, posteriormente, emitió la convocatoria para el proceso de integración de los referidos órganos.

2. Sentencia impugnada. En la decisión impugnada, el Tribunal de Aguascalientes revocó la respuesta del Consejo General y la convocatoria para integrar los Consejos Distritales y Municipales porque, en su concepto, esencialmente, el Consejo General sí debió considerar la emisión de medidas afirmativas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad como LGBTI+, adultos mayores, indígenas y personas con alguna discapacidad y, por ende, también debía emitir una nueva convocatoria en la que determinara una cuota del 10% para los referidos grupos en conjunto y, en el formato de inscripción, habilitar un apartado en el que se indique el grupo al que pertenecen.

3. Pretensión y planteamientos. Las actoras, aspirantes a integrar algún Consejo Distrital y Municipal, pretenden que esta Sala Monterrey revoque la sentencia del Tribunal de Aguascalientes que anuló la convocatoria original y ordenó la emisión de una nueva, en la que se fijó una cuota del 10% para los grupos en situación de vulnerabilidad porque, en su concepto: i) la decisión no debió emitirse con la participación del Secretario General en funciones de Magistrado, ya que estaba impedido para conocer el asunto y, en todo caso, ii) la nueva convocatoria debió emitirse 90 días antes del inicio del proceso electoral o bien, en el fondo, iii) el Tribunal de Aguascalientes no debió invadir la autonomía del Instituto Local, al implementar una cuota en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.

4. Cuestiones a resolver. Por tanto, los temas a resolver son: i. ¿El Secretario General en funciones de Magistrado debió excusarse para conocer el asunto?, ii. ¿Es válida la nueva convocatoria en virtud de la fecha de su emisión? y iii. ¿El Tribunal de Aguascalientes se extralimitó e invadió la autonomía del Instituto Local al implementar una cuota en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad y establecer cómo deben integrarse los Consejos Distritales y Municipales?

Apartado I. Decisión general

Esta Sala Monterrey considera que se debe confirmar la sentencia del Tribunal de Aguascalientes, que revocó la respuesta del Consejo General a la consulta planteada y la convocatoria original para integrar los Consejos Distritales y Municipales, para determinar que sí debía emitirse una medida afirmativa a favor de grupos vulnerables y, por tanto, una convocatoria que así lo determinara; porque esta Sala Monterrey comparte la decisión del Tribunal Local debido a que: i) el Secretario General en funciones de Magistrado sí estaba autorizado para conocer y resolver la controversia, ii) el Instituto Local, dada la naturaleza de la medida, no estaba sujeto a emitirla a los 90 días antes del inicio del proceso electoral, y iii) la responsable sí estaba facultada para implementar la acción afirmativa porque, al ejercer su facultad de revisión judicial, consideró, en el caso concreto, que era necesario una cuota en favor de los grupos vulnerables para garantizar su derecho a integrar los Consejos Distritales y Municipales.

Apartado II. Desarrollo o justificación de las decisiones

Tema i. El Secretario General en funciones de Magistrado estaba autorizado legalmente para conocer la controversia sometida a consideración del Tribunal Local

1. Marco normativo respecto los impedimentos y excusas para conocer y resolver un asunto

La Constitución General establece el derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales, que deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial (artículo 17, párrafo segundo).

De manera que, el juzgador sólo está autorizado para conocer de un asunto, cuando su imparcialidad en sus resoluciones esté plenamente garantizada, especialmente, porque es condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia.

Las magistraturas electorales deben conocer de todos los asuntos que se sometan a su consideración, con excepción de aquellos en los que se tenga un impedimento, esto es, en los que se acredite, entre otras cuestiones, que existe una relación estrecha con alguna de las partes, un interés personal o que haya presentado la demanda el propio juzgador, su cónyuge o sus parientes que afecte su imparcialidad para resolver el asunto (artículos 112 y 113, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[14]).

Por su parte, la normativa interna del Tribunal Local remite a las causas de impedimento señaladas en la referida Ley General y establece que las partes pueden hacerlas valer, para lo cual deberán respaldar su dicho con las pruebas suficientes para acreditar el impedimento (artículo 26, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes[15]).

En ese sentido, las magistraturas electorales tienen el deber de abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando se acredite, con pruebas suficientes, que existe una relación de amistad con alguna de las partes, un interés personal en el asunto o cualquier otra de las casusas establecidas en la normativa[16].

2. Caso concreto

Las actoras manifiestan que el Secretario General en funciones de Magistrado del Tribunal de Aguascalientes estaba impedido para conocer y resolver el juicio local porque, en su concepto: a) tiene relación de amistad y de apoyo con la Presidenta de la asociación que presentó el juicio, b) también promovió un juicio ciudadano ante la Sala Superior, contra la convocatoria para ocupar los cargos de Magistrada o Magistrado de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, porque no se incluyó a la comunidad LGBTI+ y, c) en una entrevista en YouTube, se auto adscribió como persona no binario.

3. Valoración

Esta Sala Monterrey considera que los planeamientos de las impugnantes son ineficaces, porque de las pruebas aportadas no se acredita su dicho, con relación a que el Secretario General en funciones de Magistrado tenga una relación de amistad o un interés personal, sin que sea suficiente su simple afirmación.

En efecto, como se indicó, la normativa establece que las magistraturas tienen impedimento para conocer y resolver un asunto cuando se acredite, entre otras cuestiones, que existe una relación estrecha con alguna de las partes o un interés personal, cuestión que puede ser planteada por cualquiera de los involucrados.

En ese sentido, las impugnantes pueden hacer valer alguna de las causas establecidas en la Ley, a fin de que la magistratura se excuse de conocer el asunto, por ubicarse en alguno de esos supuestos, pero es necesario que se demuestre esa afirmación.

Por tanto, en el presente caso, las inconformes señalan que el Secretario General en funciones de Magistrado estaba impedido por tener una relación de amistad con la Presidenta del colectivo impugnante y tener un interés personal en el asunto, sin embargo, no aportan algún elemento de prueba que acredite su dicho.

Lo anterior, porque pretenden sostener su afirmación en una entrevista donde se auto adscribe como persona no binaria, y en el hecho de que promovió un juicio ciudadano ante Sala Superior, contra la convocatoria para ocupar los cargos de Magistrada o Magistrado de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, porque no se incluyó a la comunidad LGBTI+, además la sola presentación de ese medio de impugnación no supone que haya influido en el ánimo de su decisión.

Sin que obste que, las impugnantes pretenden sostener su afirmación en una entrevista difundida en YouTube, en la que el Secretario General en funciones de Magistrado se auto adscribe como persona no binaria, pues de dicho elemento únicamente se advierte que comparte la ideología con los grupos LGBTI+, lo cual es insuficiente para demostrar un interés directo y personal en el asunto, ni mucho menos una relación de amistad con la Presidenta del colectivo impugnante que le impida conocer el asunto que se presentó para su conocimiento.

Aunado a que, como se indicó, cuando se plantea el presunto impedimento de un magistrado para conocer un asunto, es necesario que se acredite el interés personal y el vínculo de amistad estrecha que dice tener con la Presidenta del colectivo LGBTI+, para estar en posibilidad de determinar si esa cuestión influye en la imparcialidad del juzgador.

En ese sentido, es ineficaz el planteamiento de las impugnantes, toda vez que no aportaron prueba idónea y suficiente que acredite el supuesto impedimento del Secretario General en funciones de Magistrado, para conocer el asunto.

Adicionalmente, esta Sala Regional considera que las actores parten de una premisa falsa al considerar que el Secretario General en funciones de Magistrado, utilizó en su favor la instancia jurisdiccional para emitir una decisión unilateral para beneficiarse, porque pierden de vista que el Tribunal de Aguascalientes es un órgano colegiado (integrado por 3 magistraturas) y la decisión se aprobó por unanimidad de votos, de manera que, las 2 magistraturas tenían la posibilidad de votar en contra y rechazar la propuesta de sentencia presentada.

De ahí que no se acredite que el Secretario General en funciones de Magistrado utilizó la instancia jurisdiccional de la que forma parte temporalmente, para emitir una determinación que le favoreciera a sus intereses propios.

Tema ii. La medida implementada es válida, porque, al emitirse por una autoridad electoral, no estaba sujeta a que se emitiera 90 días antes del inicio del proceso electoral

1. Marco normativo que rige la emisión o modificación de leyes, reglamentos o lineamientos en los procesos electorales

El principio de certeza electoral exige que, de manera previa al inicio del proceso electoral, la ciudadanía, institutos políticos, autoridades electorales y, en general, todos los que participen en el procedimiento electoral conozcan con claridad y seguridad las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento.

En ese sentido, las leyes electorales deben promulgarse y publicarse en un plazo de 90 días previos al inicio del proceso electoral (artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución General[17]).

Ello, sin perjuicio, de que las autoridades electorales administrativas, en el ejercicio de sus atribuciones, pueden emitir acuerdos, lineamientos o cualquier otra medida en materia electoral, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el riesgo de que el Estado Mexicano incurriera en responsabilidad internacional, sin que opere la regla de los 90 días[18].

2. Caso concreto

Las impugnantes afirman que el Tribunal de Aguascalientes no debió implementar nuevas reglas y criterios sobre la forma en que el Instituto Local debe integrar los Consejos Distritales y Municipales, porque no lo hizo por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral en el que pretenden aplicarse.

3. Valoración

Esta Sala Regional considera que las impugnantes no tienen razón, porque, contrario a lo alegado, las acciones afirmativas ordenadas por el el Tribunal Local al Instituto Local, en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, no son normas reglamentarias de las que debían promulgarse y publicarse, por lo menos, 90 días antes de que inicie el proceso electoral.

Lo anterior, porque, como ya se dijo, las autoridades electorales administrativas, en el ejercicio de sus atribuciones, pueden implementar medidas que garanticen el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con independencia de que se emitan con 90 días antes del inicio del proceso electoral, porque esa regla opera para promulgación y publicación de leyes.

Aunado a que la acción afirmativa es de carácter temporal y sólo regula la participación de los grupos vulnerables para integrar los Consejos Distritales y Municipales en el próximo proceso electoral y no supone una modificación trascendental[19].  

Máxime que se emitieron con el propósito de revertir escenarios de desigualdad histórica que enfrentan ciertos grupos vulnerables en el ejercicio de sus derechos, a fin de garantizarles el acceso, en un plano de igualdad sustancial a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales.

Tema iii. El Tribunal Local estaba facultado para implementar la acción afirmativa, porque, al ejercer su facultad de revisión judicial, consideró, en el caso concreto, que era necesario implementar una cuota en favor de los grupos vulnerables para garantizar su derecho a integrar los Consejos Distritales y Municipales

1.1. Las actoras señalan que el Tribunal de Aguascalientes se extralimitó e invadió la autonomía del Instituto Local al modificar su decisión, sobre la implementación de una cuota en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad y establecer cómo deben integrarse los Consejos Distritales y Municipales.

Esta Sala Monterrey considera que las impugnantes no tienen razón, porque el Tribunal Local, al determinar una cuota en favor de grupos vulnerables, lo hizo en ejercicio de su facultad de revisión judicial de los actos y resoluciones emitidos por el Consejo General[20].

En efecto, el Tribunal Local, al analizar la controversia, concluyó que no se incluía expresamente el diseño de medidas afirmativas o cuotas en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, con lo que incumplía con su deber de hacer realidad o dotar de efectividad a los derechos de esos grupos reconocidos en los tratados internacionales[21].

En ese sentido, el Tribunal de Aguascalientes consideró válidamente que podía pronunciarse respecto a la atribución del Instituto Local para implementar la acción afirmativa, porque, al ejercer su facultad de revisión judicial, consideró, en el caso concreto, que era necesario implementar una cuota en favor de los grupos vulnerables para garantizar su derecho a integrar los Consejos Distritales y Municipales.

Asimismo, concretamente, la determinación de implementar una cuota es congruente con el deber constitucional y convencional de todas las autoridades, incluidas las electorales, de adoptar medidas necesarias para garantizar la igualdad sustantiva y estructural, así como la no discriminación de las personas que conformen algún grupo de los que históricamente han sido vulnerados.

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que el principio de igualdad, en su dimensión material, constituye un elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y razonables[22], de ahí que, las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos sociales en situación de vulnerabilidad tienen sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad material[23].

En ese contexto, el Tribunal de Aguascalientes, como instancia revisora de la actuación del Consejo General, consideró viable y necesaria la implementación de medidas afirmativas materializadas en una cuota en favor de personas en situación de vulnerabilidad, con lo cual, desde su perspectiva, se cumple el deber de realizar todas las acciones para garantizar la igualdad y no discriminación.

Ahora bien, es preciso señalar que la Sala Superior ha desarrollado y dotado de contenido normativo los principios de igualdad jurídica entre hombres y mujeres, paridad de género, acciones afirmativas en materia indígena y de identidad de género auto percibida por las personas, entre otras, de las personas transgénero como un grupo vulnerable[24].

Por lo que, en el caso particular, los grupos en situación de vulnerabilidad en el Estado de Aguascalientes deben ser sujetos de una protección reforzada a fin de generar las condiciones necesarias para que puedan ejercer de forma plena y en condiciones de igualdad, sus derechos político-electorales, como el de formar parte de los órganos electorales[25].

De manera que, tal como lo consideró el Tribunal Local, la medida que se implementa no es contraria ni vulnera el principio de paridad de género, pues ambas pueden coexistir a partir de que comparten el objetivo de eliminar cualquier discriminación o exclusión estructural y son para optimizar la inclusión de grupos que se han visto en situación de desventaja, adicionalmente, esa medida no afecta desproporcionada o irrazonablemente el referido principio.

Lo anterior, es acorde a los principios constitucionales y convencionales, pues el Tribunal de Aguascalientes debe hacer efectivo el ejercicio de la libertad e igualdad de las personas que se encuentren en alguno de los grupos considerados en situación de vulnerabilidad, a fin de maximizar su derecho a integrar órganos electorales.

1.2. Las actoras tampoco tienen razón al afirmar que el Tribunal de Aguascalientes no tenía facultades para crear un casillero con el término no binario.

Lo anterior, porque contrario a lo que sostienen, el Tribunal de Aguascalientes sí cuenta con facultades para regular específicamente el tema, porque la inclusión de un casillero con el termino no binario en los formatos utilizados por el Instituto Local es la forma de materializar el derecho de la identidad sexual y libertad de auto adscripción de género, dentro de los procesos para integrar órganos electorales.

2. Por otro lado, las actoras no tienen razón al señalar que el Tribunal Local, al implementar las acciones afirmativas, sólo debió considerar al grupo LGBTI+, y no a los otros grupos considerados en situación de vulnerabilidad.

Lo anterior, porque conforme a la doctrina judicial desarrollada en la materia, existen sentencias como en el caso, en las que sus efectos no se limitan a las partes que acudieron a juicio, sin que ello signifique que se hacen extensivos a la generalidad de la población, sino que sólo trascienden a una persona o un grupo de personas, pero en razón de la calidad que tienen[26].

De ahí que, contrario a lo que señalan las impugnantes, la determinación no debe restringirse al grupo LGBTI+, porque si bien la controversia inició por la impugnación del referido grupo, lo cierto es que el Tribunal Local, en su facultad de revisión, analizó la respuesta del Consejo General y la convocatoria emitida por lo que, ante la negativa y omisión de incluir una medida que garantizara el derecho de los grupos vulnerables, determinó la viabilidad de implementarla.

En ese sentido, esta Sala Monterrey coincide con la determinación del Tribunal de Aguascalientes de incluir a otros grupos en situación de vulnerabilidad como los adultos mayores, indígenas y personas con alguna discapacidad, porque como se indicó, aunque la sentencia tiene efectos entre las partes, ello no se opone a los efectos vinculantes hacia otros grupos que reúnan las mismas circunstancias o se encuentren en esa situación de vulnerabilidad.

3. Tampoco tienen razón las impugnantes al señalar que el Tribunal Local no debió fijar un porcentaje específico como cuota para los referidos grupos en situación de vulnerabilidad (10%), sino dejarlo a consideración del Instituto Local para que, conforme los criterios del INE, de la Sala Superior y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realice la elección justa y equilibradamente.

Lo anterior, porque el Tribunal Local, como ya se dijo, tiene facultades para emitir acciones afirmativas y, en ejercicio de su potestad discrecional, consideró que ese porcentaje resultaba idóneo para garantizar el efectivo acceso de los grupos vulnerables para ocupar alguno de los cargos de los referidos consejos.

Sin que las inconformes argumenten o refieran algún elemento que desvirtúe los razonamientos del Tribunal Local, pues únicamente se limitan a señalar que el porcentaje es indebido.

3.1. Asimismo, no les asiste la razón a las impugnantes cuando afirman que la cuota del 10% de los cargos para acceder a los Consejos Distritales y Municipales otorgada por el Tribunal de Aguascalientes para grupos vulnerables, infringe el principio de paridad reconocido en la Constitución General a favor de las mujeres, al disminuir al 45% el porcentaje total de derechos obtenidos en la norma fundamental (50%).  

Lo anterior, puesto que, si bien el Tribunal local estableció que la paridad debía garantizarse respecto del 90% restante, las actoras parten de la premisa inexacta de que esto implica que la paridad ahora deba verse a partir de dividir dicho porcentaje, y de alguna manera entender que las mujeres solo puedan aspirar a ocupar hasta un 45% de los cargos convocados.

Esa definición en principio no está dada en tales términos, y en segundo orden, en las controversias o asuntos como el que se analiza, cierto es que, la paridad, como principio constitucional, no debe ser reducida o limitada por la válida inclusión de grupos sociales discriminados o invisibilizados, como es el caso de las personas que no se asumen binarias, quienes en el caso particular, solicitaron ser parte integrante de un órgano electoral como son los Consejos Distritales y Municipales, logrando la implementación de una acción afirmativa que se traduce en la posibilidad de que ocupen hasta el 10% de los cargos totales a que se refiere la convocatoria. Acción afirmativa viable como parte de un mecanismo de reconocimiento e inclusión, reclamo que desde luego es legítimo.

En casos como el que se presenta a conocimiento de esta Sala, la igualdad entre las personas, como derecho fundamental, frente al impulso de grupos sociales en situación de desventaja, vía acciones afirmativas o cuotas, cuya dimensión es temporal, y tiene por objetivo precisamente revertir una situación de desventaja, da la posibilitad de romper desigualdades estructurales, las cuales están basadas en lo que se ha denominado categorías sospechosas, que no es otra cosa que la identificación del origen de la discriminación o trato diferenciado injustificado, a partir de criterios diversos, entre ellos como aquí se presenta, a partir de considerar en el plano del derecho a la identidad sexual, como existente y legítimamente reconocible, el derecho a una identidad neutra, a no identificarse como hombre o como mujer, con independencia de la identidad sexogenérica dada al nacer.

Identidad que para efectos del derecho al acceso a cargos públicos o de conformación de órganos electorales, se ha solicitado sea reconocida, en esta medida, fuera de la categorización de géneros femenino o masculino, o de la autoidentificación sexo-genérica de ser hombre o ser mujer, garantizándose su presencia en el órgano mediante la definición de una cuota o porcentaje de hasta un diez por ciento de los cargos convocados.

Sobre el tema propuesto en el agravio que se atiende, sostenemos en consonancia con la interpretación de la Sala Superior, la posibilidad justificada de activación de medidas afirmativas, como detonantes eficientes contra la desigualdad y la discriminación activa o pasiva, de la que han sido objeto distintos grupos sociales.

Para garantizar su inclusión eficaz, para garantizar su visibilización y respeto y principalmente para garantizar que ejerzan plenamente los derechos de que son titulares, sin discriminación y sin limitaciones resultantes o derivadas de su sexo, de su género, de su identidad o preferencia sexual, de su condición de discapacidad, de su religión, de su pertenencia étnica, o de su edad.

En criterio de esta Sala Regional una visión armónica de la inclusión, en el caso que se analiza, de la pluralidad, y de la protección de derechos fundamentales de grupos sociales en situación de desventaja, mayoritarios o minoritarios, no debe reducir la dimensión que tiene la paridad como principio constitucional.

Ese entendimiento, que da materia al agravio, por parte de los operadores jurídicos vaciarían de contenido la reforma que la instaló, y por ello debería ser la última ratio o última opción a la que pudieran los operadores jurídicos acudir. 

Suponer como sugiere el agravio, que la inclusión de una medida afirmativa que busca la inclusión de los diversos grupos sociales que efectivamente pueden estar excluidos, invisibilizados o en situación de desventaja, no lleva a reducir el derecho de las mujeres a ocupar al menos el 50% de los espacios en el orden de los órganos electorales.

La paridad, como principio constitucional ve a un propósito amplio, legítimo y distinto incluso al de la acción afirmativa adoptada, ve a superar de manera sustantiva, en los hechos, una subrepresentación histórica de un grupo social mayoritario, las mujeres. Debiendo quedar incluidas dentro del concepto mujeres, no solo un tipo de mujeres, sino a todas las que, adscribiéndose como mujeres, o identificándose con su asignación sexogenérica, como mujeres, puedan enmarcarse en distintas categorías de mujeres: mujeres jóvenes, adultas, mujeres indígenas, mujeres rurales o mujeres con discapacidad.

Frente al reconocimiento en el contexto de grupo social mayoritario subrepresentado de las mujeres, es que se gestó un avance en el reconocimiento de sus derechos fundamentales y en la posibilidad de su ejercicio pleno, que no debe ser revertido, ni verse como incompatible, frente a la necesaria inclusión de otros grupos sociales en desventaja, invisibilizados o no representados.

En síntesis, la paridad es y debe entenderse armónicamente con la inclusión, sin resentir la primera un detrimento, de ahí que el agravio planteado, se afirma que parte de una premisa o posibilidad de interpretación inexacta y contraria a la dimensión de la paridad, y de la inclusión vía acciones afirmativas, toda vez que la acción afirmativa instalada no justifica en modo alguno reducir la posibilidad de las mujeres de acceder al menos al 50% de los cargos a que se convocan.

4. De igual modo, es ineficaz el planteamiento de las impugnantes al señalar que el Tribunal Local, para sustentar su decisión, no debió tomar en cuenta el escrito de amigos de la corte (amicus curiae), porque no verificó la persona que presentó el escrito no formaba parte del colectivo LGBTI+.

Lo anterior, porque, con independencia de lo exacto de dicha decisión, el Tribunal Local no sustentó su determinación bajo los argumentos sostenidos en el escrito de amigos de la corte (amicus curiae), pues, como se ha evidenciado a lo largo de presente resolución, el Tribunal de Aguascalientes, al resolver la controversia, expuso distintos razonamientos lógico-jurídicos para sustentar su determinación.

Además, conforme a la doctrina judicial en materia electoral, la intervención de la figura de los amigos de la corte no es vinculante para la autoridad jurisdiccional al momento de emitir la sentencia que en derecho corresponda.

5. Finalmente, es ineficaz la solicitud de la tercera interesada de que se inicie un procedimiento sancionador contra las impugnantes porque, a su parecer, la demanda presentada ante esta Sala Monterrey contiene un supuesto discurso de odio en su contra.

Lo anterior, porque la finalidad de la comparecencia de los terceros interesados es evidenciar un derecho incompatible con el que pretenden los impugnantes, y la solicitud de iniciar un procedimiento sancionador por las manifestaciones contenidas en un escrito de demanda, no se ubica en ese supuesto, sin embargo, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y ante la autoridad que considere correspondiente.

Resuelve

PRIMERO. Se acumula el juicio ciudadano SM-JDC-350/2020 al diverso SM-JDC-349/2020. Glósese copia certificada en los términos precisados.

SEGUNDO. Se confirma la resolución impugnada del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.

En su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos concluidos y, en su caso, devuélvase la documentación remitida por la responsable.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.