Monterrey, Nuevo León, a diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro.

Sentencia definitiva que confirma la emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el juicio TESLP/JDC/86/2024 que, a su vez, confirmó la asignación de regidurías de representación proporcional realizada por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad federativa respecto del Ayuntamiento de Aquismón, al determinarse que los agravios formulados ante esta Sala Regional resultan ineficaces, porque el Tribunal responsable dio respuesta a los planteamientos de inconstitucionalidad en que se basó la demanda de la actora y señaló que, aun cuando se inaplicara la normativa que solicitó en la instancia previa, no podría alcanzar su pretensión de que se le asignara la quinta regiduría de representación proporcional en tanto que, siguiendo el orden del procedimiento, ésta se hubiera otorgado por resto mayor al Partido Verde Ecologista de México y no a ella como candidata propietaria de la tercera fórmula postulada por MORENA. Conclusión argumentativa que no es controvertida por la actora, quien expone conceptos de agravio novedosos para perfeccionar su medio de impugnación local, los cuales no son aptos para revocar el acto controvertido, por no haberse hecho valer ante el Tribunal estatal para su valoración.

GLOSARIO

1.     ANTECEDENTES DEL CASO

1.1.           Publicación de candidaturas. El primero de mayo[1], se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí las planillas de mayoría relativa y de representación proporcional de los Ayuntamientos, en la cual se incluyó a Teresa Trejo Moreno –ahora actora– y a Norma Alicia Martínez Reyes, como propietaria y suplente, respectivamente, de la tercera regiduría de representación proporcional postuladas por MORENA para el Ayuntamiento de Aquismón[2].

1.2.           Jornada electoral. El dos de junio se celebró la jornada electoral para renovar a quienes integrarían los Ayuntamientos de San Luis Potosí, entre ellos, el correspondiente a Aquismón.

1.3.           Cómputo municipal. El cinco de junio, el Comité Municipal celebró sesión especial de cómputo municipal, en la que se declaró la validez de la elección y entregó constancia de mayoría y validez a la planilla postulada por el PVEM.

La votación desglosada por partidos políticos fue la siguiente[3]:

1.4.           Asignación de regidurías. El nueve de junio, el Consejo General realizó la asignación de regidurías de representación proporcional del Ayuntamiento, para lo cual consideró que, a fin de no controvertir las disposiciones legales que regulan tal asignación, el Ayuntamiento debía integrarse con cuatro de las cinco regidurías posibles de asignar por ese principio, las cuales correspondieron dos al PVEM y dos a MORENA[4].

1.5.           Juicio ciudadano local [TESLP/JDC/86/2024]. Inconforme, el trece de junio, la actora interpuso juicio ciudadano al estimar que la asignación fue incorrecta pues debían inaplicarse por inconstitucionales diversas normas que la regulan, a fin de asignar la quinta regiduría a MORENA, en concreto, a su persona como candidata propietaria a tercera regidora de representación proporcional de ese partido político[5].

1.6.           Tercería interesada en instancia local. El diecisiete de junio, René Conrado Bruc Guerrero compareció como tercero interesado en el juicio local, carácter que se le reconoció en esa instancia el uno de julio[6].

1.7.           Sentencia impugnada. El diez de julio, el Tribunal local confirmó el Acuerdo de asignación[7].

1.8.           Juicio federal. Contra ello, el quince de julio, la actora promovió el juicio que se resuelve.

1.9.           Tercería interesada. El dieciocho de julio, René Conrado Bruc Guerrero presentó escrito a fin de comparecer como tercería.

2.     COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente asunto, porque se trata de un juicio ciudadano en el cual se controvierte una sentencia del Tribunal local que decidió sobre la asignación de regidurías del Ayuntamiento de Aquismón, San Luis Potosí; entidad federativa que se ubica en la segunda circunscripción electoral plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 176, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, numeral 1, 80, numeral 1, inciso f), y 83, numeral 1, inciso b), de la Ley de Medios.

3.     TERCERO INTERESADO

El escrito presentado por René Conrado Bruc Guerrero para comparecer como tercero interesado no cumple el requisito establecido en el artículo 12, numeral 1, inciso c)[8], de la Ley de Medios; por tanto, se tiene por no presentado.

Ello porque, aun cuando se observa que en la instancia previa el citado ciudadano compareció y se ostentó como representante del PVEM ante la Comisión Municipal, cierto es que el carácter de tercería se le reconoció personalmente[9], de modo que, como ciudadano, no se observa que cuente con un un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende la actora de este juicio federal, pues la confirmación del acto impugnado no preservaría un beneficio en su esfera de derechos, de la misma manera que la modificación o revocación de la decisión cuestionada no le ocasionaría algún perjuicio.

Además de que, en todo caso, en autos no se observa que se encuentre acreditada la representación del PVEM que hace valer.

4.     PROCEDENCIA

El juicio reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, 9, numeral 1, 13, numeral 1, inciso b), 79, numeral 1, y 80, numeral 1, inciso f), de la Ley de Medios, conforme lo razonado en el respectivo auto de admisión.

5.     ESTUDIO DE FONDO

5.1.           Materia de la controversia

5.1.1.    Origen

El dos de junio se llevó a cabo la elección de quienes integrarán el Ayuntamiento, en la cual resultó ganadora la planilla postulada por el PVEM.

En su momento, el Consejo General realizó la asignación de las regidurías de representación proporcional a fin de completar la conformación del cabildo.

Para ello tomó en consideración, entre otras cuestiones, que la normativa aplicable establece que: a) el Ayuntamiento se conforma con una Presidencia Municipal, una regiduría y una sindicatura, ambas de mayoría relativa, y hasta cinco regidurías de representación proporcional –artículo 13, fracción III, de la Ley Orgánica municipal[10]–; b) los partidos políticos y candidaturas independientes que tienen derecho a participar en la asignación son quienes hayan obtenido al menos el 2% de la votación emitida –artículo 402, tercer párrafo, fracción I, de la Ley Electoral estatal[11]–; y que c) ningún partido político o candidatura independiente tiene derecho a que se le asigne más del 50% de regidurías de representación proporcional y, en el supuesto de que el número de las regidurías permitidas por ese principio sea impar, se atenderá al número par inferior para calcular el citado porcentaje –artículo 402, tercer párrafo, fracciones VII y VIII, de la Ley Electoral estatal[12].

Así, advirtió que los únicos partidos políticos que superaron el umbral del 2% de la votación emitida fueron el PVEM (55.10%) y MORENA (36.99%); asimismo que, a cada uno, correspondieron dos regidurías de representación proporcional asignadas en la fase de cociente natural.

En ese sentido, aun cuando no se había agotado la siguiente fase de resto mayor, estimó que no podía asignar una quinta regiduría[13] pues, de otorgársele una más al PVEM o MORENA (para tener tres) se contravendría la norma que señala que ningún partido político tiene derecho a que se le asignen más del 50% de regidurías de representación proporcional (en el caso el límite serían dos), en tanto que tampoco podía asignarse la quinta regiduría a otra opción política porque ninguna superó el 2% de la votación exigida para tener derecho a asignación (el Partido Acción Nacional obtuvo el 0.97%, el Partido Revolucionario Institucional el 0.80%, el Partido del Trabajo el 1.06% y el Partido Movimiento Laboralista San Luis Potosí el 0.23%).

De ahí que el Consejo General consideró que, si la norma prevé la asignación de hasta cinco regidurías de representación proporcional, lo razonable era que el Ayuntamiento se integrara únicamente con cuatro, a fin de no contravenir ninguna disposición legal. De manera que el Ayuntamiento quedó conformado en total con siete personas.

Para mayor claridad, a continuación se muestran las operaciones realizadas por el Consejo General y la integración definitiva del órgano municipal[14].

Inconforme, la actora, en su carácter de candidata propietaria a la tercera regiduría de representación proporcional postulada por MORENA promovió juicio de la ciudadanía local con la pretensión de que se asignara la quinta regiduría a ese partido político y a ella en lo particular.

Para sustentar lo anterior, solicitó la inaplicación del artículo 402, fracción VII, de la Ley Electoral estatal (que dispone que ningún partido político o candidatura independiente tendrá derecho a que se le asigne más del 50% de regidurías de representación proporcional); del artículo 11, numerales 5 y 7, de los Lineamientos[15] (que establece los ajustes que deben realizarse si se rebasa el citado límite de sobrerrepresentación o tolerancia legal[16]) y la porción “y hasta” cinco regidurías de representación proporcional prevista en el artículo 13 de la Ley Orgánica municipal.

Ello al considerar, fundamentalmente, que establecen una limitación sobre la cantidad de regidurías de representación proporcional que no está prevista en la Constitución General o en la Constitución estatal, pues si bien los Estados tienen libertad para regular el principio de representación proporcional, ésta no es absoluta y deben tomar en cuenta la necesidad de que los partidos minoritarios tengan representación suficiente a fin de reflejar una verdadera representatividad de acuerdo con su porcentaje de votación.

Argumentó que el Consejo General omitió realizar una interpretación amplia de la norma –en términos de lo establecido en el artículo 1° de la Constitución General en relación con los mandatos relativos a la representación proporcional previstos en los artículos 40 y 115, fracción XI, de la citada Constitución– que dejó de atender el contexto y realidad política del municipio, donde sólo dos fuerzas políticas alcanzaron el porcentaje necesario para la asignación, pues la aplicación tajante de la norma transgredió los principios constitucionales de representatividad, democracia efectiva y representación proporcional, cuando debió verse que, en términos de la Jurisprudencia P./J. 36/2018 (10a.) de la Suprema Corte[17], el sistema representativo municipal no perdiera operatividad y existiera una relación de proporcionalidad entre la votación y quienes integran el Ayuntamiento, para que el electorado quedara fielmente reflejado.

La actora también sostuvo que, el no haber asignado la quinta regiduría de representación proporcional a MORENA, como primera minoría, afectaba la dinámica democrática en la toma de decisiones en el Ayuntamiento.

Ello, porque algunas determinaciones requieren de su aprobación por dos terceras partes, entre otras, aquellas que afectan el patrimonio inmobiliario del municipio (lo que apoyó en el artículo 114, fracción II, inciso b), de la Constitución estatal). De modo que si, en términos de lo decidido por el Consejo General, el Ayuntamiento se conforma por siete integrantes, entonces esa votación se alcanza con cinco personas, cuando se aprobaron, precisamente, cinco munícipes del PVEM y dos de MORENA. En cambio, si se otorgara la quinta regiduría a MORENA existirían ocho integrantes y la mayoría de dos terceras partes se alcanzaría con seis votos, lo que implicaría la conciliación o suma de voluntades de la fuerza ganadora y de la primera minoría para aprobar esas decisiones.

Por tanto, solicitó se inaplicaran las normas que estimó inconstitucionales para que se le asignara la quinta regiduría.

5.1.2.    Sentencia impugnada

El Tribunal local confirmó, en la materia de controversia, el Acuerdo de asignación.

Al respecto, sostuvo que, precisamente como señalaba la actora, no existe en la Constitución General un límite de asignación de regidurías de representación proporcional para conformar los ayuntamientos porque el propio marco constitucional facultó a las legislaturas de los Estados establecer las reglas para la integración de los ayuntamientos.

Libertad de configuración legislativa que, explicó, ha sido reconocida por la Suprema Corte en el sentido de que, si bien los Estados tienen la obligación de incluir en sus ordenamientos jurídicos los principios de mayoría relativa y representación proporcional para la elección de personas legisladoras e integrantes de los ayuntamientos, cierto es que tienen libertad en cuanto a sus delimitaciones, mecanismos de funcionamiento, fórmulas de asignación, entre otros aspectos, siempre y cuando no hagan ineficaz el propio sistema o se afecte el acceso a partidos políticos que, en atención a su porcentaje de votación, reflejen una verdadera representatividad.

En ese contexto, la Ley Orgánica municipal determinó que el Ayuntamiento se integraría con una Presidencia Municipal, una regiduría y una sindicatura, ambas de mayoría relativa, y hasta cinco regidurías de representación proporcional, respecto de lo cual se debía entender la preposición hasta como tope máximo (al igual que sucede para otros ayuntamientos en el Estado que se conforman con hasta catorce o hasta once regidurías[18]).

Además de que ese cuerpo normativo remitía a la Ley Electoral estatal para regular el proceso de asignación, la cual delimitó el alcance de la representación proporcional a no más del 50% de regidurías por ese principio para un mismo partido político.

A partir de ello, el Tribunal local señaló que de la normativa local se desprendían límites de sobre y subrepresentación para la integración de ayuntamientos, conforme a los cuales se exigía a los partidos políticos alcanzar cuando menos el 2% de la votación emitida para poder acceder a la asignación, a la vez que se impedía la asignación de más del 50% de regidurías para una opción política, como se ha destacado.

Así, estimó que el procedimiento de asignación es constitucional y, por tanto, innecesaria la inaplicación de las normas que lo regulan, al ser conforme a la libertad de configuración legislativa otorgada y suficiente para respetar y proteger a las minorías, al pluralismo político y alcanzar una adecuada representación del electorado, satisfaciendo adicionalmente las bases generales del principio de representación proporcional establecidas en la jurisprudencia P./J. 69/98[19], al cumplir con los siguientes parámetros:

        Las reglas para la asignación de regidurías conforme a los resultados de la votación.

        Un porcentaje mínimo de la votación municipal para la asignación de regidurías de representación proporcional.

        La asignación es independiente y adicional a los cargos de mayoría relativa (presidencia, sindicatura y regiduría de mayoría) que hubiesen obtenido los partidos o candidaturas independientes de acuerdo con su votación.

        El orden de asignación de las regidurías, empezando por el mecanismo de cociente natural (números enteros) y siguiendo por resto mayor (fracción) en caso de existir lugares pendientes de asignar; empezando de la fracción aritmética mayor hacia la fracción aritmética menor.

        El tope máximo de regidurías por ambos principios que puede alcanzar un partido.

El Tribunal local sostuvo que acceder a la pretensión de la actora implicaría que cualquiera de los partidos PVEM o MORENA obtuvieran más del 50% de regidurías, asignando un porcentaje de ediles que desnaturalizaría la razón de la representación proporcional.

Asimismo, resaltó que la actora partía de la premisa incorrecta de que a MORENA le correspondería la tercera regiduría, cuando, de la normativa atendible se tiene que, una vez realizada la distribución por cociente natural, de existir regidurías pendientes de asignar, debe atenderse al resto mayor - remanente más alto de los restos de votación-, en cuya posición podía identificarse al PVEM por tener un resto de 4,985 votos, frente a la votación restante de MORENA, que sólo era de 42 votos.

Por lo que, incluso si fuera viable inaplicar la normativa como lo pidió[20], no conduciría a alcanzar su pretensión de ser la persona a la que pudiera asignarse la quinta regiduría, porque ésta correspondería a una candidatura propuesta por el PVEM.

Finalmente, el Tribunal local sostuvo que también como infundado que la integración con siete personas afectara la dinámica de toma de decisiones, pues tanto con esa conformación como con ocho personas, las dos terceras partes de la votación correspondería a cinco votos.

5.1.3.    Planteamiento ante esta Sala

Inconforme, la actora hace valer como agravios, esencialmente, que:

        La sentencia impugnada es inconstitucional e inconvencional porque sus pretensiones y los artículos que combatió debieron interpretarse conforme al principio pro persona; al no haberse hecho así, con la decisión que impugna se dejó de garantizar en su favor un recurso efectivo y el derecho a la jurisdicción.

        El Tribunal local incurrió en falta de exhaustividad e incongruencia externa e interna, cuando de forma incorrecta sostuvo que las dos terceras partes, tanto de siete como de ocho integrantes, corresponde a cinco votos, toda vez que las dos terceras partes de siete son 4.66, en tanto que de ocho es 5.33, por lo que, al no poder fraccionar a una persona, corresponderían a cinco y seis personas, respectivamente.

Con esta interpretación y asignándole la quinta regiduría expresa se activaría plenamente el control democrático, pues al partido mayoritario le faltaría un voto para lograr la mayoría calificada.

        Indebidamente prevaleció la omisión de analizar de fondo el objetivo de su pretensión al dejar de estudiar el contexto de la norma y situación específica del caso, optándose por una interpretación gramatical y aplicación literal de la norma que complica el cumplimiento del objeto, funcionamiento y operatividad del principio de representación proporcional y su derecho a ser elegida regidora.

Esto, porque si sólo el PVEM y MORENA superaron la barrera legal del 2% de la votación emitida con un 55.10% y 36.99%, respectivamente, ello implica que, en su orden, lograron una votación efectiva de 59.83% y 40.15%, pero la pluralidad al interior del órgano se manifestó en 71.42% para el PVEM y 28.57% para MORENA.

        Tanto el Tribunal local como el Consejo General erróneamente sostuvieron que la norma es constitucional porque se puede aplicar(sic), dejando de observar que sólo garantiza un elemento de la representación proporcional, que es la asignación, en tanto que deja sin efecto la representación. A la vez que no materializa el derecho constitucional a ser votado porque permite una conformación del Ayuntamiento con menos integrantes.

        Las normas que la actora pide se inapliquen se diseñaron para proteger a la minoría y frenar la sobre representación de la mayoría ganadora, pero en este caso existió un efecto contrario y se profundizó la sobre representación y nulificó la representatividad de la minoría. Lo cual se habría advertido de hacerse un examen sistemático y funcional de la norma, incluso, observando que la regla carece de la cualidad de ser abstracta para adaptarse de forma general a una amplia gama de posibilidades o a todos los casos hipotéticos.

        Inaplicar las normas que solicitó, a fin de que se otorgue la quinta regiduría a MORENA, daría como resultado garantizar el objetivo de la representación proporcional y su derecho a ser votada, en particular porque tendría por efecto que: a) en el Ayuntamiento sólo participaran los partidos que superaron la barrera legal del 2%; b) existiera una representación más cercana a la real, en específico, al porcentaje de votación efectiva o, incluso, a la votación total; c) se evitara el alto grado de sobrerrepresentación del partido ganador; y d) se garantizara en forma efectiva el derecho de participación de la minoría, evitando los efectos extremos sobre la voluntad popular y materializando el equilibrio de fuerzas y control democrático en la toma de decisiones que requieren mayoría calificada.

        El Tribunal local incurrió en la misma omisión que el Consejo General al dejar de advertir que el diseño de la norma que limita la asignación de no más de 50% de regidurías de representación proporcional constituye en la práctica una barrera legal que se impone con la finalidad de limitar o contener los efectos de la sobrerrepresentación, por lo que es particularmente aplicable a las mayorías, no a un diseño normativo impuesto a las minorías para corregir una subrepresentación. De manera que su aplicación en el caso profundizó la sobrerrepresentación en el Ayuntamiento, en perjuicio de la minoría política a la que pertenece, su derecho a ser electa como regidora y la operatividad del control democrático de las decisiones vía mayoría calificada.

        De confirmar la sentencia impugnada y, con ello, el Acuerdo de asignación: a) se atentaría contra la primera minoría en la conformación del órgano municipal; b) se impediría el fin y objeto de la representación proporcional como mecanismo regido por los principios democráticos; y c) se afectaría el derecho humano de la actora a ser elegida como quinta regidora del Ayuntamiento, al haber sido postulada en la tercera fórmula de MORENA.