Monterrey, Nuevo León, a dieciocho de septiembre de dos mil quince.

Sentencia definitiva que modifica la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado Querétaro dentro del recurso de apelación TEEQ-RAP-76/2015, al determinarse que en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional debió respetarse el orden de prelación de la lista de candidaturas registradas por Morena, por no presentarse una subrepresentación de mujeres en la integración final del ayuntamiento, que justificara la adopción de una medida reparadora.

GLOSARIO

1. ANTECEDENTES DEL CASO

1.1. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince se llevó a cabo la jornada electoral para elegir, entre otros cargos, a los integrantes de los ayuntamientos de Querétaro.

1.2. Cómputo Distrital. El diez de junio, el Consejo Distrital realizó el cómputo de la elección del ayuntamiento de Corregidora; asimismo declaró válida la elección y otorgó la constancia de validez y mayoría a la planilla postulada por el PAN.

Los resultados de dicho cómputo fueron los siguientes:[1]

*Candidatura Independiente “Propuesta Ciudadana”

Derivado de ello, procedió a la asignación de regidurías de representación proporcional a los partidos políticos con derecho a ello, asignando dos al PRI, dos a Morena y una a la candidatura independiente “Propuesta Ciudadana”.

Asimismo, el Consejo Distrital expidió las respectivas constancias de asignación de regidurías. Así, el ayuntamiento quedó integrado con siete mujeres y siete hombres, pues la planilla de mayoría relativa quedó integrada por cinco mujeres y cuatro hombres, en tanto que por representación proporcional se asignaron dos regidurías mujeres y tres a hombres, como se ilustra en el siguiente cuadro:

1.3. Recurso de apelación. El trece de junio siguiente, el PRI interpuso recurso de apelación contra la referida asignación de regidores de representación proporcional ante el Consejo Distrital.

1.4. Resolución impugnada. El veintiséis de agosto del presente año, el Tribunal Responsable resolvió el referido medio de impugnación, en el sentido de modificar la asignación de regidurías realizada por el Consejo Distrital. Dicha asignación quedó de la siguiente manera: tres al PRI, una a Morena y una a la candidatura independiente “Propuesta Ciudadana”.

Asimismo, determinó dejar sin efectos la constancia de asignación a favor de María Guadalupe Rueda Zamora y Alicia Rivera García, propietaria y suplente, respectivamente, quienes se encontraban en la primera fórmula de la lista de Morena. La integración de las regidurías por el principio de representación proporcional quedó en los siguientes términos:

2. COMPETENCIA

Esta sala regional es competente para conocer el presente asunto, toda vez que se controvierte una determinación emitida por el Tribunal Responsable relacionada con la elección para renovar los integrantes del ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, entidad federativa que se ubica dentro de la circunscripción plurinominal en la que esta sala ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 186, fracción III, incisos b) y c), 195, fracciones III y IV, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 83, párrafo 1, inciso b), fracción II, 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

3. ACUMULACIÓN

En estos juicios existe identidad en la pretensión (revocar la sentencia impugnada), autoridad responsable y acto reclamado. Por tanto, atendiendo al principio de economía procesal y con el fin de evitar la emisión de sentencias contradictorias, lo conducente es decretar la acumulación de los expedientes SM-JRC-298/2015 y SM-JDC-603/2015, al diverso SM-JDC-602/2015, por ser éste el primero en recibirse y registrarse en esta sala regional, debiendo glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los expedientes acumulados.

Esta determinación encuentra apoyo en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios, y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD

Previo al análisis de dichos requisitos, es menester abordar la manifestación invocada por la tercera interesada en el juicio de revisión constitucional electoral, pues en su concepto el juicio promovido por Morena es improcedente en términos de los “artículos 3, [párrafo] 2, inciso d), 10, inciso b), y 19, [inciso] b)” de la Ley de Medios.

Tal planteamiento resulta ineficaz, en virtud de que solo menciona los artículos que considera violados, sin que se advierta de su escrito de comparecencia cuál sería la improcedencia que a su juicio se actualiza, es decir, no expone argumentos que motiven la improcedencia.

Por el contrario, se encuentran satisfechos los requisitos generales así como los especiales de procedibilidad previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 79, 86 y 88, de la referida Ley de Medios, como enseguida se razona.

4.1. Definitividad y firmeza. Se cumple este presupuesto, ya que en la legislación electoral local no existe algún medio de impugnación para modificar o revocar la sentencia controvertida.

4.2. Oportunidad. Todos los juicios fueron promovidos dentro del plazo legal de cuatro días, como se precisa a continuación.

El juicio de Morena se promovió oportunamente, ya que la determinación controvertida se emitió el veintiséis de agosto de este año y notificada a dicho partido político el veintinueve de agosto,[2] en tanto que la demanda se presentó el uno de septiembre, esto es, dentro de los cuatro días siguientes.[3]

El juicio ciudadano de María Guadalupe Rueda Zamora fue presentado de manera oportuna, ya que en su demanda la actora reconoce que tuvo conocimiento de la resolución el veintinueve de agosto del presente año,[4] y la demanda se presentó el uno de septiembre del año en curso.[5]

La demanda de Alicia Rivera García se promovió dentro del plazo legal de cuatro días, si bien de su escrito de referencia no se advierte que mencione alguna fecha en que tuvo conocimiento de la sentencia combatida, debe tenerse como tal la de presentación de la demanda,[6] esto es, el propio uno de septiembre del presente año.[7]

4.3. Forma. Se cumple esta exigencia, toda vez que las demandas se presentaron por escrito ante el Tribunal Responsable. En ellas consta el nombre del partido político y de las ciudadanas actoras, las firmas de estos y de quien acude en representación del partido. Asimismo, se identifica el acto impugnado, se mencionan hechos y agravios, además de los artículos supuestamente violados.

4.4. Legitimación y personería. Quienes promueven están legitimados. Por un lado, los juicios ciudadanos lo promueven, precisamente, ciudadanas por sí mismas y en forma individual, en su carácter de candidatas a regidoras por el principio de representación proporcional, además de que hacen valer la presunta violación a sus derechos político-electorales de ser votadas. Por su parte, el juicio de revisión constitucional electoral lo hace valer un partido político, a través de su representante legítima, cuya personería se encuentra acreditada en autos.

En efecto, la personería de Sara Adela Ibáñez Saldaña, quien promueve en representación de Morena, se encuentra acreditada, pues el Tribunal Responsable le reconoce tal carácter, además de ser la misma persona que presentó el escrito de tercero interesado en el medio de impugnación local.[8]

4.5. Interés jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que las ciudadanas actoras, en su carácter de candidatas a la primera regiduría por el principio de representación proporcional postulada por Morena, controvierten la sentencia emitida por el Tribunal Responsable, pues al modificar las asignaciones de regidores para integrar el ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, dejó sin efectos la constancia que las acreditaba como regidoras electas por el referido principio. Por su parte, el partido Morena pretende que subsista el acuerdo administrativo de asignación a través del cual se les distribuyeron regidurías por dicho principio, pues se le había otorgado dos regidores, además de que plantea que indebidamente se modificó su lista de candidaturas.

4.6. Violación a preceptos constitucionales. Se acredita esta exigencia, porque en la demanda del juicio de revisión constitucional electoral se alega la violación a los artículos 16 y 41 de la Constitución Federal.[9]

4.7. Violación determinante. Se satisface este requisito, ya que de resultar procedentes los agravios expuestos por el partido promovente, podría revocarse la sentencia impugnada y, en su caso, modificarse o revocarse la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional para la integración del ayuntamiento de Corregidora, Querétaro.

4.8. Factibilidad de la reparación solicitada. Tal requisito se cumple en razón de que la resolución reclamada se vincula con la asignación de regidores por el principio de representación proporcional para el ayuntamiento de Corregidora, y la toma de posesión de tales funcionarios se llevará a cabo el uno de octubre próximo.[10]

5. ESTUDIO DE FONDO

5.1. Planteamiento del caso.

En la instancia local, el PRI alegó que la fórmula de asignación de regidurías prevista en el artículo 160 de la Ley Electoral Local se aplicó de forma errónea, pues de acuerdo a su votación recibida le correspondían tres y no solo dos regidurías.

Lo anterior, al señalar que el Consejo Distrital dio el mismo valor a los votos (15,440) recibidos por el PRI frente a los votos (2,742) de Morena, ya que se les asignó de forma igualitaria dos espacios de representación proporcional, lo cual genera una subrepresentación en perjuicio del PRI y una sobrerrepresentación de Morena.[11]

Al respecto, el Tribunal Responsable determinó que el Consejo Distrital no desarrolló correctamente la fórmula de asignación de regidurías, ya que en la segunda ronda asignó las dos regidurías pendientes, cuando debió haber sido solo una, en términos de las fracciones II y III del artículo 160 de la Ley Electoral Local.

Como consecuencia de esta conclusión, el Tribunal Responsable desarrolló la fórmula de asignación a partir de las fracciones II, III y IV del referido numeral, concluyendo que las dos regidurías le correspondían al PRI. Así, obtuvo como resultado final de tres regidurías para el PRI, una para Morena y otra para la candidatura independiente “Propuesta Ciudadana”.

Asimismo, consideró necesario atender el principio de paridad de género, al sostener que la planilla ganadora se integraba por cinco mujeres y cuatro hombres, por lo que era necesario, al otorgar las cinco regidurías de representación proporcional, designar dos mujeres y tres hombres, a fin de que el ayuntamiento quedara integrado paritariamente, es decir, por siete del género femenino y siete del género masculino.

De esta manera, el Tribunal Responsable modificó el orden de las listas registradas para alcanzar este resultado en la integración final.

Inconformes con dicho fallo, los actores plantean, en esencia, los siguientes alegatos:

a)                 La asignación realizada por el Consejo Distrital fue acorde a lo previsto en el artículo 160 de la Ley Electoral Local, pues las dos regidurías restantes se asignaron conforme a la fracción II, párrafo segundo.[12]

b)                 La responsable viola lo dispuesto por los artículos 159 y 160 de la Ley Electoral Local, al emitir un criterio anticonstitucional en perjuicio de Morena, ya que no se acogió al procedimiento de asignación de regidores de representación proporcional.[13]

c)                  Existe una sobrerrepresentación del PRI, por lo que debe corregirse la forma de aplicar la “fórmula aritmética”.[14]

d)                 No fundamenta ni motiva por qué debe modificarse la lista de Morena, ni por qué se debe afectar al partido de menor votación.[15]

e)                 Viola el derecho de autodeterminación de los partidos políticos, ya que no se respetó el orden propuesto en la lista de representación proporcional.[16]

f)                    La responsable aplicó de manera inexacta la fórmula de asignación de regidurías, pues no respetó el orden de prelación que ocupan las candidaturas en las listas registradas.[17]

g)                 La responsable violó el principio de certeza al desconocer los criterios establecidos en el Acuerdo de Paridad y en la resolución del juicio ciudadano SM-JDC-287/2015 y acumulados.[18]

h)                 La resolución viola derechos adquiridos, en virtud de que el Consejo Distrital ya había otorgado la constancia de asignación como regidoras de representación proporcional.[19]

i)                    Se violó el derecho de audiencia, ya que no se dio oportunidad para defender sus intereses.[20]

j)                    La resolución impugnada es contradictoria, ya que se dice que debe modificarse la lista del partido político con menor votación, sin embargo, no le aplica dicho criterio a la candidatura independiente “Propuesta Ciudadana”, que tiene menor votación.[21]

k)                  Las reglas aplicadas son novedosas, ya que no fueron aprobadas antes del registro de las listas de candidatos.[22]

De los agravios expuestos, en primer lugar se analizara los señalados en los incisos a), b) y c), que están referidos a la indebida aplicación de la fórmula de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. En segundo lugar se estudiarán de forma conjunta, por su estrecha vinculación, los agravios señalados en los incisos d), e), f), g), e i), pues giran en torno a que en la asignación de regidurías no se respetó el orden de la lista propuesto por Morena. Por último, de ser necesario, se analizarán el restos de los agravios.

5.2. El Tribunal Responsable aplicó correctamente la fórmula de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.

El partido Morena señala, en esencia, que el Tribunal Responsable realizó una interpretación incorrecta de la fórmula de asignación de regidurías de representación proporcional, prevista en el artículo 160 de la Ley Electoral Local.

Lo anterior, al sostener que la asignación realizada por el Consejo Distrital estaba apegada a Derecho, ya que de acuerdo a la fracción I del artículo 160 de la referida ley electoral sustantiva, dicha autoridad administrativa asignó, de las cinco regidurías, una a todos aquellos que alcanzaron el tres por ciento de la votación emitida válida, es decir, al PRI, Morena y a la candidatura independiente “Propuesta Ciudadana”. Por su parte, las dos regidurías restantes son el resultado de aplicar la fracción II del referido numeral, “en concreto a su párrafo segundo”, que resultó en una al PRI y una a Morena.

Además, agrega que existe una sobrerrepresentación del PRI, por lo que debe corregirse la manera de aplicar la “fórmula aritmética”.

Ahora bien, esta sala estima que el Tribunal Responsable sí aplicó correctamente la fórmula de asignación de regidurías por el referido principio, contrario a como lo realizó el Consejo Distrital, pues de acuerdo a la fracción III del mencionado artículo, en la segunda, y subsecuente ronda de asignación, debe asignarse solo una regiduría y no las dos restantes de manera directa.

Efectivamente, de acuerdo al artículo 160 de la Ley Electoral Local, las regidurías de representación proporcional deben asignarse de acuerdo a las siguientes fases: la primera asignación es por el tres por ciento de la votación emitida válida; la segunda asignación es por porcentaje de asignación mayor; y, la tercera (y, en su caso, subsecuentes) asignación por porcentaje mayor, una vez que se hubieren deducido el porcentaje de votación efectiva del partido beneficiado en la asignación precedente.[23]

Tales fases fueron tomadas en cuenta por el Tribunal Responsable, tal como se evidencia de la sentencia impugnada.

      Primera asignación.

Cabe señalar que si bien la responsable consideró que la primera asignación estuvo correcta, adujo que dicha asignación se había realizado con los resultados de la votación antes del recuento jurisdiccional, por lo que estimó necesario realizar la citada asignación conforme a los resultados de dicho recuento,[24] los cuales son:

Ahora bien, de dicho resultados se obtienen los porcentajes de votación emitida válida,[25] los cuales son los siguientes:

Como se advierte, tal como lo determinó el Consejo Distrital y validó el Tribunal Responsable, los que tienen derecho a una regiduría por haber alcanzado el tres por ciento de la votación emitida válida –descartando al PAN que obtuvo la mayoría relativa–, son el PRI, Morena y la candidatura independiente “Propuesta Ciudadana”, en conformidad con la fracción I, del artículo 160 de la Ley Electoral Local.

      Segunda asignación.

La inconformidad de Morena se origina en esta segunda asignación, al señalar que en términos de la fracción II, de la Ley Electoral Local debe asignarse las regidurías pendientes; sin embargo, tal apreciación es incorrecta, ya que dicha fracción se refiere solamente a quienes podrán participar en las siguientes asignaciones, es decir, los que hayan alcanzado el tres por ciento de la votación emitida válida y no hayan obtenido el triunfo de mayoría relativa.

Por su parte, el párrafo segundo, de dicha fracción, está relacionado con la fracción I, para hacer frente a determinados casos, esto es, cuando existan más partidos políticos o candidatos independientes que hayan alcanzado el tres por ciento de la votación emitida válida, y que las regidurías por repartir sean en menor cantidad, por lo que, al darse este supuesto, la asignación tendría que hacerse tomando en cuenta el mayor porcentaje de votación emitida válida en forma decreciente.

Ahora bien, se coincide con el Tribunal Responsable en que el Consejo Distrital no tomó en cuenta que en la segunda ronda de asignación solamente podía asignarse una regiduría y no las dos que quedaban pendientes, en términos de la fracción III, del mencionado artículo.

En efecto, dicha fracción establece que se asignará una regiduría al que obtenga el porcentaje de asignación mayor. Para ello es necesario dividir el porcentaje de la votación efectiva[26] entre el número de regidurías que hayan sido asignadas más uno, en el caso concreto, sería entre cuatro, ya que fueron asignadas tres por el tres por ciento de la votación.

Esta operación evidencia que el PRI obtuvo el porcentaje de asignación mayor, por lo que le corresponde una regiduría de las dos pendientes por asignar. De esta manera, quedaría una regiduría pendiente de asignación.

      Tercera asignación.

También se coincide con el Tribunal Responsable que la regiduría pendiente debe asignarse de acuerdo a lo previsto en la fracción IV, del artículo 160 de la Ley Electoral Local, conforme a los pasos siguientes:

i. Primero se debe determinar un nuevo porcentaje de asignación a la fuerza política a la que se haya asignado una regiduría por la fracción III. Para ello, se debe restar al porcentaje de votación efectiva su propio porcentaje de asignación, que en el caso, aplica al PRI.

ii. En segundo lugar, se debe dividir el nuevo porcentaje de asignación y el porcentaje de asignación de aquellos partidos políticos o candidatos independientes que no les correspondió la regiduría anterior entre número de regidores asignados más uno, es decir, entre cinco, ya que han sido asignadas cuatro regidurías.

De ahí que, atendiendo a lo previsto en el segundo párrafo de la fracción IV in fine del artículo 160 de la Ley Electoral Local, le corresponde la última regiduría al PRI al tener el porcentaje mayor de asignación.

Como resultado del procedimiento de asignación de regidurías de representación proporcional, se obtuvo que al PRI le corresponden tres, a Morena una y a la candidatura independiente “Propuesta Ciudadana” una regiduría.

Así, se constata que el Tribunal Responsable actuó, al asignar las cinco regidurías de representación proporcional, conforme lo establecido en el artículo 160 de la Ley Electoral Local.

Por otra parte, tampoco asiste razón a Morena cuando afirma que el PRI quedó sobrerrepresentado, ya que no existe base constitucional o legal para aplicar dicha regla en la asignación de regidores de representación proporcional, pues de los artículos 115, párrafo primero, fracciones I y VIII,  y 116, párrafo primero, fracción IV, inciso a), de la Constitución Federal, se advierte que las legislaturas tienen la libertad de regular respecto a la elección de los integrantes de los ayuntamientos, en los cuales deberá preverse la representación proporcional, sin que se desprenda bases a seguir para realizar la designación de regidurías.[27] Por lo que, en esa libertad de regular al respecto, el legislador queretano estableció las reglas para la asignación de regidores de representación proporcional, sin que se estableciera como limitante para tener derecho a regidurías un tope máximo de representación por dicho principio. En suma, el procedimiento de asignación de regidurías es acorde al diseño normativo creado por el legislador local.

En efecto, del artículo 35 de la Constitución Política estatal, no se advierte alguna regla al respecto, pues solo dispone que los municipios serán gobernados por ayuntamientos integrados por un presidente municipal, un número de regidores que determine la ley, y hasta tres síndicos. Por su parte, el artículo 19 de la Ley Electoral Local, se específica que los ayuntamientos se integraran por un presidente municipal, dos síndicos y por regidores de mayoría relativa y de representación proporcional.

En el diverso numeral 159, se establece que el partido o la fórmula de candidatos independientes pueden participar en la asignación por dicho principio, cuando hayan registrado fórmula de candidatos para integrar el ayuntamiento en las elecciones respectivas; no haya alcanzado el triunfo por mayoría relativa en la misma elección; y hayan alcanzado por lo menos el tres por ciento de la votación emitida en el municipio correspondiente, además de que los candidatos de la fórmula que hubiere obtenido el triunfo de mayoría se encontraren registrados en la lista de regidores por representación proporcional, no podrán ser considerados para dicha asignación.

Además, como ha quedado evidenciado, del artículo 160 de la Ley Electoral Local, se establece el procedimiento de asignación, sin que se prevea que los partidos políticos o candidatos independientes se encuentren limitados para obtener un determinado número de regidurías de las que correspondan a un ayuntamiento.

Como se advierte, no existe base constitucional ni legal para que se límite a los partidos políticos o candidatos independientes a obtener un número determinado de regidores por el principio de representación proporcional.

Con independencia de las consideraciones precedentes, no se advierte cómo el PRI, que obtuvo el 24.5005 por ciento de la votación emitida válida, se encuentre sobrerrepresentado en el número de regidurías que le correspondieron, que han sido tres, si las otras dos regidurías fueron atribuidas a fuerzas políticas que, en su conjunto, obtuvieron el 8.6906 por ciento de la votación emitida válida.

5.3 El Tribunal Responsable debió respetar el orden de prelación que ocupaban las candidaturas de la lista registrada por Morena.

Tanto el partido político Morena como las ciudadanas María Guadalupe Rueda Zamora y Alicia Rivera García plantean, en esencia, que el Tribunal Responsable violó el derecho de autodeterminación de dicho partido político, ya que no respetó el orden propuesto en la lista de regidurías de representación proporcional.

Lo anterior, al estimar que la responsable, sin fundamentar y motivar, modificó la lista de candidatos a regidores registrada por Morena, pues en todo caso debió modificar la lista del PRI, a fin de garantizar la paridad de género.

María Guadalupe Rueda Zamora menciona que la responsable primero debió utilizar el criterio normativo y solo si fuera insuficiente para garantizar la paridad de género recurrir a las medidas reparadoras.

Por su parte, Alicia Rivera García alega que el Tribunal Responsable violó el principio de certeza, al dejar de aplicar los criterios establecidos en el Acuerdo de Paridad y en la sentencia SM-JDC-287/2015 y acumulados, en la que se establece que debe respetarse “el orden de preferencia y prelación”.

Esta sala regional considera que les asiste la razón, según se expone enseguida.

De acuerdo al marco constitucional local[28] y legal,[29] los partidos políticos están obligados establecer reglas a fin de garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular, tanto en propietarios como en suplentes, para la integración del Congreso del Estado de Querétaro y en las fórmulas de los ayuntamientos.

Además, las listas de candidatos a regidurías por el principio de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista.

Asimismo, la Ley Electoral Local prevé que en las fórmulas de ayuntamientos el porcentaje de candidatos para cada uno de los géneros será de cincuenta por ciento cuando de la suma total de síndicos, regidores y presidente municipal resulte un número par y, cuando resultare un número impar, será de hasta el sesenta por ciento para un mismo género.

Por otra parte, el pasado nueve de abril del año en curso, el Consejo General del Instituto Local, en cumplimiento a la sentencia SM-JDC-287/2015 y acumulados,[30] emitió acuerdo a través del cual se establecieron, entre otras cuestiones, medidas en materia de paridad de género con relación a la integración o asignación de las regidurías, a fin de que la composición final de los ayuntamientos exista un equilibrio entre hombres y mujeres, tales como:[31]

         Teniendo como referencia los resultados obtenidos en la elección correspondiente se comenzará con el ejercicio de asignación de regidurías en el orden de prelación que ocupen las candidaturas de las listas registradas, siempre que ese orden garantice la paridad en la integración del ayuntamiento.

         En caso de que el orden de la lista del partido no garantice el cumplimiento del principio de paridad, se asignará la regiduría al candidato o candidata que se ubique en la siguiente posición de la lista, y en caso de que corresponda otro regidor al partido deberá asignarse a un integrante de sexo distinto al que primeramente le fue asignado.

De lo anterior, se advierte que tales medidas deberán implementarse en caso de que al haberse asignado regidurías conforme el orden de prelación de las listas de candidaturas de representación proporcional, se observe que la mujer está subrepresentada, entonces la autoridad administrativa electoral debe aplicar la regla de alternancia para garantizar la paridad de género.

Cabe señalar que al respetar en un primer momento el orden de asignación propuesto por los partidos políticos se cumple el objetivo de armonizar el principio de igualdad sustantiva y equidad de género con el de autoorganización de los partidos políticos, y se incide en menor medida en este último derecho.[32]

En ese sentido, aplicar tales medidas reparadoras en forma distinta para la que fueron diseñadas, se traduciría en un obstáculo para las mujeres, ya que implicaría que no pudieran superar la barrera del cincuenta por ciento de representación en los órganos políticos, incluso cuando la voluntad de los partidos políticos fuese postular más mujeres que hombres, lo cual sería contrario a la finalidad de las acciones afirmativas, esto es, impulsar la participación política del mayor número de mujeres posible.

En el caso concreto, se tiene que el ayuntamiento de Corregidora del estado de  Querétaro, se integra por un total de catorce cargos por ambos principios,[33] es decir, nueve de mayoría relativa y cinco de representación proporcional. Por lo tanto, la paridad de género en la integración se garantiza, por lo menos, con igual número de mujeres y de hombres, esto es, con siete del género femenino y siete del género masculino.[34]

Ahora bien, la planilla ganadora en el referido municipio fue la postulada por el PAN, integrada de la siguiente manera:

De lo anterior, se evidencia que la planilla de mayoría relativa se integra con cinco mujeres y cuatro hombres.

Ahora bien, al desarrollar nuevamente la fórmula de asignación de regidurías de representación proporcional,[35] el Tribunal Responsable determinó que de las cinco regidurías debían asignarse tres al PRI, una a Morena y una a la candidatura independiente “Propuesta Ciudadana”.

Asimismo, consideró que al haber en mayoría relativa cinco mujeres y cuatro hombres, era necesario asignar las regidurías a dos mujeres y tres hombres para que el ayuntamiento quedara integrado en forma paritaria. Tal asignación se realizó bajo los siguientes argumentos:

      En la primera ronda, siguiendo el orden de las listas se consiguen los dos espacios para el género femenino, pues tanto el PRI como Morena, tiene en primer lugar de sus listas mujeres, mientras que la candidatura independiente aporta uno del género masculino.

      En la segunda ronda, se asigna otro lugar al hombre coincidente con el segundo lugar de la lista del PRI.

      En la tercer ronda, se asigna otro regiduría al PRI, pero quien aparece en el tercer lugar de su lista es mujer, por lo que, al ser la primera minoría no es dable afectar el orden de su lista, sino al de Morena que obtuvo menos votos, de ahí que debe ajustarse el orden de su lista.

      Si bien la candidatura independiente “Propuesta Ciudadana” obtuvo menos votos que Morena, no es posible ajustar el orden de prelación de su lista, debido a que la única regiduría que le correspondió le tocó al género masculino.

En efecto, a fin de que el ayuntamiento se integrara con siete mujeres y siete hombres, el Tribunal Responsable determinó modificar la lista del partido Morena, al otorgar las regidurías a los candidatos registrados en segundo lugar de la lista, por ser del género masculino y así lograr la paridad del ayuntamiento de Corregidora.

La referida asignación quedó de la forma siguiente:

De esta manera, el Tribunal Responsable concluyó que se cumplía con la paridad de género, al quedar integrado el ayuntamiento de Corregidora con siete mujeres y siete hombres.

Lo aquí relatado hace patente que el Tribunal Responsable inobservó los criterios establecidos en el Acuerdo de Paridad, ya que debió verificar en primer lugar si conforme al orden de prelación de las listas se actualizaba una subrepresentación de mujeres, escenario que habilitaría el proceder con las medidas reparadoras.

Sin embargo, la responsable se avocó a alterar el orden de las listas, en el caso de Morena, a fin de garantizar la paridad de género en la integración del ayuntamiento de Corregidora, sin tomar en cuenta que con dicha medida perjudicaba el género femenino cuya discriminación motivó la propia acción afirmativa. 

En efecto, ha sido criterio de esta sala regional que tales medidas se deben aplicar únicamente en caso de que al haberse asignado las regidurías en el orden propuesto por los partidos políticos, se observe que el género femenino está subrepresentado, ya sea porque el hombre se encuentre sobrerrepresentado en el ayuntamiento, o bien, porque la asignación de regidurías a favor de un partido político no se haya realizado paritariamente.[36]

El Tribunal Responsable debió advertir que el ayuntamiento de Corregidora quedaría integrado con ocho mujeres y seis hombres, es decir, el género femenino no se encontraba subrepresentado en la integración final del ayuntamiento y, por lo tanto, era innecesario modificar el orden establecido por los partidos en ejercicio de su autodeterminación, pues genera un efecto contrario al pretendido a través de las acciones afirmativas, ya que impide al género femenino acceder a los cargos de elección popular, como el caso de Morena.

En consecuencia, esta sala regional considera que en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional en Corregidora, debió respetarse el orden de prelación de la lista que registró Morena.

En razón de lo expuesto, resulta innecesario el estudio de los alegatos restantes, en virtud de que las ciudadanas actoras alcanzaron su pretensión.

6. EFECTOS

Como resultado de lo anterior:

a) Se modifica la sentencia impugnada en lo referente a la asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional, al determinarse que debió respetarse el orden de prelación de la lista que registró Morena;

b) En vía de consecuencia, se dejan sin efectos los actos que hayan derivado de la referida sentencia.

c) Derivado de lo anterior, la nueva asignación de regidurías por el principio de representación proporcional del ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, queda de la siguiente forma:

d) Se ordena al Consejo Distrital que otorgue las constancias de regiduría de representación proporcional para integrar el ayuntamiento de Corregidora, a favor de la fórmula integrada por María Guadalupe Rueda Zamora y Alicia Rivera García, propietaria y suplente, respectivamente, postuladas por Morena.

Una vez cumplido lo anterior, el Consejo Distrital deberá informarlo a esta sala regional en un plazo de veinticuatro horas y remitir original o copia certificada de las constancias atinentes, con el apercibimiento que de no cumplir con lo indicado, se le impondrá a los integrantes del Consejo Distrital alguno de los medios de apremio previstos en el artículo 32, párrafo 1 de la Ley de Medios.

7. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los expedientes SM-JRC-298/2015 y SM-JDC-603/2015, al diverso SM-JDC-602/2015, por ser éste el primero en recibirse y registrarse en esta sala regional, debiendo glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se modifica la resolución impugnada en los términos del apartado 6 de la presente sentencia. En consecuencia, se dejan sin efectos los actos que hayan derivado de la referida resolución local.

TERCERO. Se realiza la nueva asignación de regidurías por el principio de representación proporcional del ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, para quedar en los términos precisados en el apartado 6, inciso c), de la sentencia.

CUARTO. Se ordena al Consejo Distrital VII del Instituto Electoral del Estado de Querétaro que lleve a cabo las medidas necesarias para cumplir con lo ordenado en esta sentencia.

NOTIFÍQUESE. En su oportunidad, archívense los presentes expedientes como asuntos concluidos y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida por la responsable.

Así lo resolvieron por unanimidad los magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, ante la secretaria general de acuerdos, quien autoriza y da fe.