[1] Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 176, fracción IV, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 83, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la Ley de Medios.

[2] Hechos relevantes que se advierten de las constancias de autos y afirmaciones realizadas por las partes.

[3] En adelante, todas las fechas se referirán al año 2021.

[4] De conformidad con los Estatutos del PRI:

Artículo 212. En los casos de candidatos y candidatas a puestos de elección popular, por el principio de representación proporcional, la persona titular de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional presentará a la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional, la propuesta del listado de candidaturas propietarias y suplentes para su respectiva sanción. Al listado se acompañará el expediente de cada uno de las y los aspirantes para la valoración de los criterios establecidos en el artículo 213 de estos Estatutos.

[5] El 15 de junio, se recibió el medio de impugnación en esta Sala y, el mismo día, el Magistrado Presidente ordenó integrar el expediente del juicio ciudadano SM-JDC-612/2021 y, por turno, lo remitió a la ponencia a su cargo. En su oportunidad, el Magistrado instructor radicó el expediente.

[6] En efecto, de la demanda se advierte lo siguiente: […]siendo imposible ya nombrar nuevos candidatos conforme a los Estatutos del PRI, por lo menos se revoque el ilegal e inconstitucional registro de la ciudadana potosina Ruth Noemí Tiscareño Agoitia como candidata a diputada local de nuestro Estado de Guanajuato, por ser la única de la lista que no cumple con los requisitos de elegibilidad.

[7] Artículo 9. [..]

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno. [..]

[8] Artículo 10.

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos: […]

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley;[…]

[9] Jurisprudencia 7/2002 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto.

[10] Similar criterio fue sustentado por la Sala Superior al resolver el juicio SUP-JDC-471/2012, en el que determinó, en lo que interesa: En el caso concreto, el actor carece de interés jurídico, ya que pretende se revoque la designación de Alfredo Rivadeneyra Hernández, como candidato a diputado federal por el principio de representación proporcional por parte del Partido Acción Nacional, debido  a que, a su decir, existieron anomalías en la jornada electoral suficientes para invalidar la elección.

La falta de interés jurídico del actor radica en que no demuestra una afectación a su derecho político de ser votado, toda vez que la designación de Alfredo Rivadeneyra Hernández fue resultado del ejercicio de una facultad estatutaria conferida al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, para realizar la designación de hasta tres propuestas de candidatos, por cada una de las circunscripciones plurinominales, cuando el actor participó en un proceso de elección mediante convocatoria diverso al de designación que se encuentra regulado en los Estatutos del partido. […]

En ese sentido, al no haber sido considerado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, para integrar alguno de los tres primeros lugares de la lista correspondiente a la quinta circunscripción, en la cual se encuentra el Estado de México, resulta incuestionable que no existe derecho político que restituirle como aspirante a ser considerado candidato a diputado federal por el principio de representación proporcional por el Partido Acción Nacional.

Por lo anterior es que se acredita la causal de sobreseimiento establecida en los artículos 10, numeral 1, inciso b) y 11, numeral 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

[11] De conformidad con la jurisprudencia 15/2000, de rubro y texto: PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES.- La interpretación sistemática de las disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y especialmente los principios rectores en la materia electoral federal consignados medularmente en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hacen patente que los partidos políticos nacionales están facultados para deducir las acciones colectivas, de grupo o tuitivas de intereses difusos que sean necesarias para impugnar cualquier acto de la etapa de preparación de los procesos electorales, por las siguientes razones: Para la consecución de los valores de la democracia representativa, se requiere la elección de los gobernantes mediante el ejercicio del sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía. Para hacer posible el ejercicio del derecho activo y pasivo del voto con esas calidades, se hace indispensable la organización de los procesos electorales, cuya primera etapa es, precisamente, la preparación de las condiciones necesarias para hacer realidad dicho objetivo. Si los actos preparatorios son de carácter instrumental respecto al ejercicio del derecho al sufragio que se lleva a cabo en la jornada electoral, es indudable que las deficiencias, irregularidades o desviaciones de tales actos preparatorios, afectan el interés de cada uno de los ciudadanos que pueden votar en los comicios que posteriormente se deben celebrar. Sin embargo, la ley no confiere a los ciudadanos ninguna acción jurisdiccional para la defensa de ese interés, ni en forma individual ni en conjunto con otros ciudadanos, sino que sólo les otorga acción respecto de algunas violaciones directas al citado derecho político, y ni siquiera les permite invocar en estos casos como agravios las violaciones cometidas durante el proceso electoral, como causantes de la conculcación directa del derecho político, ya que tiene establecido que los actos preparatorios se convierten en definitivos e inimpugnables al término de esa etapa del proceso electoral. Las circunstancias apuntadas ubican a los intereses de los ciudadanos en los actos de preparación del proceso electoral en condición igual a los que la doctrina contemporánea y algunas leyes denominan intereses colectivos, de grupo o difusos, que tienen como características definitorias corresponder a todos y cada uno de los integrantes de comunidades de personas indeterminadas, comunidades que crecen y disminuyen constantemente, carecen de organización, de representación común y de unidad en sus acciones, y respecto de cuyos intereses colectivos, de grupo o difusos, se han venido diseñando acciones jurisdiccionales con el mismo nombre, pero dotadas de cualidades acordes con su finalidad y naturaleza, y por tanto, diferentes a las de las acciones tradicionales construidas para la tutela directa de derechos subjetivos claramente establecidos y acotados, acciones individuales que se conceden solamente a los sujetos que se puedan ver afectados directa e individualmente por determinados actos. En consecuencia, en procesos jurisdiccionales nuevos, como los de la jurisdicción electoral, se deben considerar acogidos estos tipos de acciones, cuando se produzcan actos que afecten los derechos de una comunidad que tenga las características apuntadas, y que sin embargo no se confieran acciones personales y directas a sus integrantes para combatir tales actos, siempre y cuando la ley dé las bases generales indispensables para su ejercicio, y no contenga normas o principios que las obstaculicen. En la legislación electoral federal mexicana, no existen esos posibles obstáculos, porque sólo exige que los actores tengan un interés jurídico, como se advierte, por ejemplo, en el artículo 40, apartado 1, inciso b) de la primera ley citada, pero no se requiere que este interés derive de un derecho subjetivo o que el promovente resienta un perjuicio personal y directo en su acervo puramente individual, para promover los medios de impugnación válidamente. Para este efecto, los partidos políticos son los entes jurídicos idóneos para deducir las acciones colectivas descritas, porque tal actividad encaja perfectamente dentro de los fines constitucionales de éstos, en cuanto entidades de interés público, creadas, entre otras cosas, para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, en cuyos procesos se deben observar invariablemente los principios de constitucionalidad y legalidad, mismos a quienes se confiere la legitimación preponderante para hacer valer los medios de impugnación en esta materia, según se ve en los artículos 13, apartado 1, inciso a); 35, apartados 2 y 3; 45, apartado 1, incisos a) y b), fracción I; 54, apartado 1, inciso a); 65, apartado 1, y 88, apartado 1, todos de la citada ley de medios de impugnación.

[12]  En similares términos se pronunció esta Sala Monterrey al resolver el juicio SM-JDC-613/2018, en el que determinó: [...] En el presente asunto, el actor controvierte la determinación del Tribunal local por medio de la cual sobreseyó en el juicio local JDC-082/2018, por medio del cual impugnó el Acuerdo del Consejo Nacional de Elecciones sobre el proceso interno de selección de candidatos/as a diputados por el principio de representación proporcional del Estado de Nuevo León, para el proceso electoral 2017-2018, en virtud de la extemporaneidad de la presentación de la demanda.

Al respecto, señaló que dicho acuerdo no fue publicado en los estrados físicos ni electrónicos, y le fue notificado hasta el diez de junio, por lo que dicho órgano jurisdiccional debió razonar el fondo del asunto; en consecuencia, su pretensión consiste en que esta Sala Regional revoque la determinación de sobreseimiento en el juicio decretada por el Tribunal local así como dejar sin efectos el Acuerdo sobre el proceso interno de selección de candidatos/as a diputados por el principio de representación proporcional del Estado de Nuevo León, para el proceso electoral 2017-2018.

En este orden de ideas, la resolución reclamada, atendiendo a la pretensión del actor realizada desde la instancia local, en el sentido de que se realice la asignación de candidaturas conforme a las reglas establecidas en la convocatoria y en los Estatutos de MORENA, constituyen un acto consumado de modo irreparable, en virtud de que los cargos cuya designación impugna fueron objeto de la jornada electoral que inició y concluyó el día primero de julio, por ende, ya no es posible restituir algún derecho al actor, pues aun cuando le asistiera la razón no se podrían retrotraer sus efectos, lo que se pone de manifiesto porque el medio de impugnación promovido en esta vía, fue presentado ante esta Sala Regional, hasta el dos de julio, es decir, al día siguiente de la jornada electoral.

En consecuencia, al resultar improcedente el medio de impugnación interpuesto por el actor, en virtud de que a la fecha ya se llevó a cabo la jornada electoral el uno de julio pasado, lo conducente es desechar de plano el presente juicio.