JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SM-JDC-615/2021

ACTORA: SANDRA PAOLA GONZÁLEZ CASTAÑEDA

RESPONSABLE: 12 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN NUEVO LEÓN

TERCEROS INTERESADOS: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y OTRO

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

MAGISTRADA ENCARGADA DEL ENGROSE: CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO

SECRETARIO: CELEDONIO FLORES CEACA

COLABORÓ: ALLAN FERNANDO GARCÍA ZARAGOZA Y EDÉN ALEJANDRO AQUINO GARCÍA

Monterrey, Nuevo León, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

Sentencia definitiva que: a) declara la nulidad de la votación recibida en once (11) casillas que se precisan en el apartado correspondiente porque se acreditó que las personas funcionarias que actuaron en mesas directivas, en algunos casos no fueron designadas por el Consejo Distrital y tampoco se encuentran en el listado nominal de la sección electoral respectiva, y en otros, se acreditó que eran representantes de partidos políticos; b) modifica los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales de mayoría relativa correspondiente al 12 Distrito Electoral Federal con sede en Benito Juárez, Nuevo León; y al no haber cambio de fórmula ganadora, c) confirma, en lo que fue materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y la constancia de mayoría respectiva.

Glosario

1. ANTECEDENTES[1]

1.1. El PRI obtuvo la mayoría de votos. El diez de junio el Consejo Distrital concluyó el cómputo de la elección de diputaciones por los principios de MR y RP, y entregó la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postulada por el PRI.

1.2. Juicio ciudadano federal [SM-JDC-615/2021]. El catorce de junio, la promovente presentó la demanda de este juicio ante el Consejo Distrital.

1.3. Terceros interesados. El diecisiete de junio, el PRI y José Luis Garza Ochoa comparecieron con ese carácter al presente juicio.

1.4. Trámite y sustanciación o instrucción ante la Sala. El 16 de junio, la Sala Monterrey recibió el presente asunto, y el Magistrado Presidente ordenó integrar el expediente y, por turno, lo remitió a la ponencia a su cargo. En su oportunidad, lo radicó, admitió y, al no existir trámite pendiente por realizar, cerró instrucción.

1.5. Engrose. En sesión pública de esta fecha, el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno por la Magistratura Ponente fue rechazado por mayoría de votos, por lo que se instruyó el engrose conforme al turno establecido para ese efecto.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente asunto, porque se trata de un juicio ciudadano promovido por una candidata contra los resultados de la elección de diputaciones federales de MR correspondiente al 12 Consejo Distrital del INE en el Estado de Nuevo León, entidad federativa que forma parte de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción[2].

3. PROCEDENCIA

Esta Sala Monterrey considera que la demanda reúne los requisitos previstos en la Ley de Medios de Impugnación en atención a las siguientes consideraciones:

a) Forma. Cumple con el requisito porque la demanda se presentó por escrito ante la autoridad señalada como responsable, tiene el nombre y firma de quien promueve; identifica el acto que impugna, la autoridad que lo emitió; menciona los hechos en que basa su impugnación, los agravios y los preceptos legales presuntamente violados.

b) Oportunidad. El juicio se promovió de manera oportuna, esto es dentro del plazo legal de cuatro días, porque el cómputo distrital concluyó el diez de junio, y la demanda se presentó el catorce siguiente.

c) Legitimación. La impugnante está legitimada al tratarse de una ciudadana que acude por sí misma, y hace valer presuntas violaciones a su derecho a ser votada, en virtud de que controvierte los resultados de la elección de diputaciones del distrito 12 federal en Nuevo León.

d) Interés jurídico. La actora cumple con este requisito porque participó como candidata de la Coalición en la elección de la diputación federal en la que cuestiona el resultado y la validez de la votación recibida en diversas casillas.

e) Elección que se impugna. La promovente impugna la elección de diputación federal por el principio de MR.

f) Mención individualizada del acta de cómputo distrital impugnada. La actora precisa que los resultados que controvierten son los del acta de escrutinio y cómputo distrital del 12 Consejo Distrital, con sede en Benito Juárez, Nuevo León.

g) Mención individualizada de las casillas que solicita sean anuladas.  Se menciona las casillas en las cuales, en su concepto, se actualizan diversas causales de nulidad de votación recibida.

4. ESTUDIO DE FONDO

      Universo de casillas impugnadas

La actora expresa como agravios que se debe anular la votación recibida en diversas casillas, porque se actualizan las causales previstas en el artículo 75, párrafo 1, de la Ley de Medios de Impugnación, que se listan enseguida:

4.1. Causal d), recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.

      Marco normativo

El artículo 75, párrafo 1, inciso d), de la Ley de Medios de Impugnación, establece que la votación recibida en casilla será nula cuando:

a)     La votación se reciba en una fecha u hora distinta a la señalada para la celebración de la elección.

b)     La irregularidad sea determinante[3].

Sobre este tema, debe recordarse que la LGIPE[4] establece que el electorado solamente puede votar en el horario comprendido entre las ocho y las dieciocho horas del día de la elección, pudiendo extenderse exclusivamente si a las dieciocho horas aún se encuentran electores formados para votar, en cuyo caso la votación se cerrará una vez que esas personas hayan votado.

Entonces, para que se acredite el primer elemento de la causal en estudio, debe acreditarse que la votación fue recibida fuera –antes o después– de la fecha u hora legalmente permitida.

Por lo que hace al segundo elemento, debe demostrarse, además, que la irregularidad fue determinante para el resultado obtenido en la casilla.

La Sala Superior[5] ha sostenido que cuando la votación empiece a recibirse antes de las ocho horas, ello no provocará su nulidad, si se contó con la presencia de los representantes de los partidos políticos contendientes en la elección, porque de esta forma no habrían sido privados de la oportunidad de vigilar y verificar que se cumplan los requisitos materiales y procedimentales de la instalación –por ejemplo, constatar el armado de las urnas, que éstas estaban vacías y que se colocaron a la vista de todas las personas–.

Cuando la votación se reciba después de la hora permitida, tampoco se anulará si el número de electores que depositaron su voto de manera extemporánea es menor a la diferencia de votos que exista entre las candidaturas que ocuparon el primer y segundo lugar en la casilla[6].

4.1.1. Los agravios son ineficaces para actualizar la causal de nulidad prevista en el inciso d), del artículo 75, de la Ley de Medios de Impugnación

La impugnante invoca como causal de nulidad en diecinueve (19) casillas, la recepción de votación en fecha u hora distinta a la señalada para la celebración de la elección, prevista en el inciso d) del artículo 75, párrafo 1, de la Ley de Medios de Impugnación; su agravio se dirige a evidenciar el presunto impedimento para ejercer el voto derivado de su instalación tardía, dado que, en su percepción, el retraso injustificado implicó que un gran número de personas no pudieran ejercer su derecho a votar.

A juicio de esta Sala Regional, no asiste razón a la impugnante, toda vez que en algunos casos no demostró el supuesto retraso y, en otros, no probó que la votación se recibiera en fecha distinta a la establecida ni tampoco que la demora en la apertura de las casillas se debiera a una causa injustificada, como se muestra a continuación:

A. No se acredita que, en las casillas impugnadas, el inicio de la recepción de votación se hubiese realizado en una fecha distinta a la jornada electoral

En primer lugar, en las diecinueve (19) casillas cuya nulidad de la votación recibida solicita, no se advierte que el inicio de la recepción de votación se realizara fuera de la fecha u hora legalmente permitida y, si bien en algunos casos se refieren que se presentaron incidentes, ello ocurrió en su instalación ocasionando únicamente retraso en el inicio de su recepción, justificándose la instalación tardía.

B. Casillas donde la votación comenzó a recibirse después de la hora prevista legalmente, sin embargo, no hay incidentes que acrediten que fue por causa injustificada

En las siguientes diez (10) casillas, se advierte que en las actas de jornada electoral se anotó que la recepción de la votación inició después de las ocho horas, sin embargo, no existen elementos para presumir que dicha circunstancia ocurrió por alguna causa distinta a las complicaciones y retrasos que ordinariamente se presentan, como producto de la inexperiencia de los ciudadanos que realizan las labores conducentes, pues no se advierte algún incidente relacionado con la instalación y, en todas las actas firman de conformidad los representantes partidistas presentes.

Por lo tanto, tampoco se actualiza la causal de nulidad como señalan los impugnantes.

C. En las actas de jornada se asentaron incidentes que justifican el retraso en la recepción de la votación

En seis (6) casillas, de las actas de jornada electoral que obran en el expediente, se desprende que las y los funcionarios de casilla refirieron que se presentaron diversos incidentes en su instalación, que pudieron ocasionar el retraso en el inicio de la votación; sin embargo, tales incidentes justifican la instalación tardía, además de que ningún representante partidista hizo valer protesta alguna, por lo que no es procedente anular la votación recibida:

d. No se acredita la apertura tardía o la existencia de una causa injustificada, porque no obraban actas de jornada en los paquetes electorales y el impugnante no aporta material probatorio adicional

Respecto de tres (3) casillas, en autos no obran pruebas que corroboren las afirmaciones del actor, toda vez que la autoridad responsable informó que las actas de jornada correspondientes a los centros de votación en estudio no obran en el paquete electoral, por tanto, no es posible verificar la hora de instalación de la casilla o el momento en que se comenzó a captar la votación.

Para acreditar la hipótesis normativa de la causal de nulidad de votación que se analiza, deben acontecer circunstancias que no resulten válidas para que a los electores se les impida sufragar, sin que se desprenda de los documentos de las casillas, ni de otro que provenga de la autoridad o de las partes que genere convicción, situaciones que ameriten considerar que existió alguna razón derivada de la ley o de hechos de caso fortuito o fuerza mayor, que justifiquen tal restricción.

Además, debe demostrarse fehacientemente el número de personas a quienes se restringió votar, o bien, que aun cuando no se pueda saber con certeza el número exacto se demuestre que con dicha circunstancia se vulneraron de manera grave los principios tutelados por esta causal de nulidad.

Aunado a lo anterior, ha sido criterio de la Sala Superior que no toda demora o retraso en la apertura de las casillas, por sí misma, constituye una irregularidad que actualice la causal de nulidad que se analiza.

Esto es, la apertura tardía de una casilla no necesariamente debe interpretarse como una irregularidad cuya consecuencia sea que se impidió el ejercicio del derecho al voto, pues tal circunstancia puede deberse a diversas circunstancias ajenas a la voluntad de los funcionarios de casilla.

En ese sentido, debe confirmarse la votación recibida en las casillas mencionadas en este apartado, porque, la impugnante parte de la premisa de que la simple apertura con posterioridad a las 8:00 ocho horas, actualiza por si sola la causal de nulidad, máxime que no aportó prueba alguna que desvirtúe.

4.2. Causal e), recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la ley

      Marco normativo

El artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios de Impugnación contempla que la votación será nula cuando la reciban personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, con el fin de proteger la legalidad, certeza e imparcialidad en la captación y contabilización de los sufragios.

Los trabajos en una casilla electoral son llevados a cabo por personas ciudadanas que no se dedican profesionalmente a esas labores, por ende, con frecuencia se cometen errores, o no se observa exactamente lo dispuesto por la ley. Sin embargo, para anular la votación se requiere que la irregularidad respectiva sea grave y determinante, de tal magnitud que ponga en duda la autenticidad de los resultados.

En principio, de acuerdo con la LGIPE, al día de la jornada comicial existen personas que han sido previamente insaculadas y capacitadas por la autoridad administrativa electoral, para que actúen como funcionarias de las mesas directivas de casilla, desempeñando labores específicas[7].

Las y los ciudadanos originalmente designados no siempre se presentan a desempeñar tales labores y, por tanto, la ley prevé un procedimiento de sustitución de los ausentes cuando la casilla no se haya instalado oportunamente[8].

Por tanto, si bien la LGIPE prevé una serie de formalidades para la integración de las mesas directivas de casilla, este Tribunal Electoral ha sostenido que no procede la nulidad de la votación, en los casos siguientes:

- Cuando se omite asentar en el acta de jornada electoral la causa que motivó la sustitución de las y los funcionarios de casilla, pues tal deficiencia no implica que se hayan violado las reglas de integración de la mesa receptora, ya que esto únicamente se acreditaría a través de los elementos de prueba que así lo demostraran o de las manifestaciones expresas en ese sentido que se obtuvieran del resto de la documentación generada[9].

- Cuando las personas originalmente designadas intercambien sus puestos, desempeñando funciones distintas a las que inicialmente les fueron encomendadas[10].

- Cuando las ausencias de las personas funcionarias propietarias son cubiertas por los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley; ello, porque en tales casos la votación habría sido recibida por personas que fueron debidamente insaculadas, designadas y capacitadas por el consejo distrital respectivo[11].

- Cuando la votación es recibida por personas que, si bien no fueron originalmente designadas para esa tarea, están inscritas en el listado nominal de la sección correspondiente a esa casilla.

- Cuando faltan las firmas de funcionarios en alguna de las actas, pues la ausencia de rúbricas no implica necesariamente que las personas hayan estado ausentes, sino que debe analizarse el resto del material probatorio para arribar a una conclusión de tal naturaleza; tal como se explica enseguida.

Para verificar qué personas actuaron como integrantes de la mesa receptora de votos, es necesario examinar los rubros en que se asientan los cargos, nombres y firmas de las y los funcionarios, mismos que aparecen en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, en las secciones de “instalación de casilla”, “cierre de la votación” y “escrutinio o cómputo”; o bien, de los datos que se obtienen de las hojas de incidentes o de la constancia de clausura.

Este Tribunal Electoral ha considerado que basta con que se encuentre firmado cualquiera de esos apartados para concluir que sí estuvieron presentes los funcionarios actuantes.[12]

Ello es así, pues tales documentos deben considerarse como un todo que incluye subdivisiones de las diferentes etapas de la jornada electoral, por lo que la ausencia de firma en alguno de los referidos rubros se podría deber a una simple omisión de la persona funcionaria que, por sí sola, no puede dar lugar a la nulidad de la votación recibida en casilla, máxime si en los demás apartados de la propia acta o en otras constancias levantadas en casilla, aparece el nombre y la firma de dicha persona.

Incluso, tratándose del acta de escrutinio y cómputo, se ha señalado que la ausencia de las firmas de todas las y los funcionarios que integran la casilla no priva de eficacia la votación, siempre y cuando existan otros documentos que se encuentren rubricados, pues a través de ellos se evita la presunción humana (de ausencia) que pudiera derivarse con motivo de la falta de firmas[13], por ejemplo:

- Cuando los nombres de las y los funcionarios se apuntaron en los documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos; toda vez que ello supone un error del o de la secretaria, quien se encarga de llenar las actas; además de que es usual que las personas con más de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos.[14]

- Cuando la mesa directiva no cuente con la totalidad de sus integrantes, siempre y cuando pueda considerarse que, atendiendo a los principios de división del trabajo, de jerarquización y de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no se afectó de manera grave el desarrollo de las tareas de recepción, escrutinio y cómputo de la votación. Bajo este criterio, se ha estimado que en una mesa directiva integrada por cuatro personas ciudadanas (un presidente, un secretario y dos escrutadores) o por seis (un presidente, dos secretarios y tres escrutadores), la ausencia de uno de ellos[15] o de todos los escrutadores[16] no genera la nulidad de la votación recibida.

- Cuando la mesa directiva de una casilla especial se conforme con personas inscritas en secciones diferentes, pues así lo prevé el artículo 258, párrafo 3, de la LGIPE. Lo anterior tiene razón en que si su función es permitir sufragar a la ciudadanía que se encuentra en tránsito en el país, entonces operan las mismas reglas de integración para los funcionarios de casilla, como lo es seleccionar voluntarios de la fila, es razonable que puedan participar personas inscritas en secciones diversas.

Con base en lo anterior, solamente deberá anularse la votación recibida en casilla, cuando se presente alguna de las hipótesis siguientes:

- Que se acredite que una persona actuó como funcionario de la mesa receptora sin pertenecer a la sección electoral de la casilla respectiva[17], en contravención a lo dispuesto en el artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE.

- Que el número de integrantes ausentes de la mesa directiva haya implicado, dadas las circunstancias particulares del caso, multiplicar excesivamente las funciones del resto de las y los funcionarios, a tal grado que se haya ocasionado una merma en la eficiencia de su desempeño y la vigilancia que corresponde a sus labores.

-Que con motivo de una sustitución, se habilita a representantes de partidos o candidaturas independientes[18].

4.2.1. Casillas en las que el funcionariado impugnado sí está en la lista nominal de la sección electoral de la casilla respectiva

No le asiste razón a la actora respecto de trece (13) casillas que se identifican en el siguiente cuadro, porque las personas que señala que recibieron la votación de manera indebida en las mesas directivas sí están en la lista nominal de las secciones electorales de cada centro de votación impugnado, como se muestra a continuación:

4.2.2. Casillas en las que se acredita que el funcionariado impugnado no fue designado por el Consejo Distrital y tampoco está en la lista nominal de la sección electoral de la casilla respectiva

En cuatro (4) casillas, el agravio es fundado porque diversas personas funcionarias recibieron la votación sin ser designadas por el Consejo Distrital y no están en las listas nominales de la sección electoral donde actuaron, por lo que se debe anular la votación recibida de los centros de votación que se listan enseguida:

4.2.3. Casillas en las que no se acredita que el funcionariado impugnado fuera representante de partidos políticos

En cinco (5) casillas, el agravio es infundado porque no se acredita que las personas funcionarias impugnadas estén en la Relación de las y los representantes de los Partidos Políticos/Candidaturas Independientes ante las mesas directivas de casillas remitida por el Consejo Distrital como representantes de partidos políticos:

4.2.4. Casilla en la que el funcionario impugnado está registrado como representante de partido político y no es determinante para el resultado de la votación[19]

En este supuesto está una (1) casilla:

La parte actora afirma que Reynaldo Pérez González actuó como funcionario en la casilla 2881 C2, y que al ser representante del PAN, se debe anular la votación recibida en ese centro de votación.

El agravio es ineficaz.

En principio, se tiene acreditado que dicha persona fungió como integrante de mesa directiva de casilla y está incluida en la Relación de las y los representantes de los Partidos Políticos/Candidaturas Independientes ante las mesas directivas de casillas remitido por el Consejo Distrital como representante del PAN.

Si bien este funcionario estaba acreditado como representante partidista en una sección distinta a aquella donde actuó cierto es que el artículo 274, párrafo 3, de la LGIPE prevé que las sustituciones de quienes actúen como funcionarias de casilla no pueden recaer en representantes de partidos políticos o de candidaturas independientes[20].

La restricción en cuestión busca que las mesas directivas de casilla se integren con ciudadanas y ciudadanos que estén libres de vínculos con partidos o instituciones políticas, a fin de prevenir alguna forma de transgresión a los principios de certeza, independencia e imparcialidad, rectores de la función electoral, con motivo del desempeño de las actividades que les corresponden durante las diversas etapas que se desarrollan durante la jornada electoral.

Respecto a este punto, el criterio que sustenta esta Sala es en el sentido de que la sola participación de representantes partidistas como funcionariado de casilla no genera, por sí, la nulidad de la votación; sino que deberá analizarse adicionalmente al carácter determinante de la irregularidad[21], esto es, se debe constatar si el partido político al cual representó obtuvo o no el primer lugar en ese centro de votación.

En el caso que se analiza, de la constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la casilla 2881 C2, se tienen los resultados de la votación de los dos primeros lugares, como se muestra a continuación:

Como se advierte, aun cuando el representante del PAN se desempeñó como funcionario en mesa directiva, el elemento determinante de la violación no está acreditado, pues en dicha casilla fue un partido político distinto el que obtuvo el primer lugar.

En estas circunstancias, desde la óptica de esta Sala Regional, si bien estamos frente a una irregularidad, esta no es trascendente al desarrollo de la votación y al resultado del escrutinio y cómputo; por tanto, no procede anular la votación recibida en la casilla 2881 C2.

4.2.5. Casillas en las que se acredita que las personas funcionarias impugnadas fueron representantes del partido político que obtuvo el triunfo en los centros de votación donde actuaron

En siete (7) casillas el agravio es fundado porque se acreditó que personas actuaron como funcionarias de las mesas directivas siendo representantes del PRI y en los centros de votación impugnados dicho partido obtuvo el triunfo, lo cual también acredita la determinancia en el resultado de la votación; de ahí que lo procedente sea anular la votación de las siguientes casillas:

4.3. Causal f), existir error o dolo en la computación de la votación

En términos de lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios de Impugnación, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos siguientes:

a)     Dolo o error en la computación de los votos.

b)     La irregularidad sea determinante.

Respecto al primer elemento, se requiere que se acredite el dolo o error en el cómputo de la votación por inconsistencias relativas a los rubros del acta de escrutinio y cómputo que reflejan los votos emitidos durante la jornada electoral. Lo anterior pues, ordinariamente, el número de electores que acude a sufragar en una casilla debe coincidir con los votos emitidos ahí -reflejados en el resultado respectivo- y con el número de votos extraídos de la urna.

Para esta causal, es necesario distinguir entre los siguientes términos:

a)     Rubros fundamentales. son los que reflejan los votos que fueron ejercidos:

i.     Total de ciudadanos(as) que votaron conforme a la lista nominal: incluye las personas que votaron y que se encontraban en la lista nominal de electores de la casilla, o bien que presentaron una sentencia de este tribunal que les permitió sufragar, también incluye a las y los representantes de partidos políticos o candidaturas independientes que votaron en la casilla sin estar en el referido listado nominal.

ii.     Votos de la elección sacados de la urna: son los votos que se sacan de la urna por las y los funcionarios de casilla –al final de la recepción de la votación–, en presencia de las representaciones partidistas.

iii.     Total de la votación: es la suma de los votos obtenidos por todas las opciones políticas contendientes, los votos nulos y por candidaturas no registradas.

b)     Rubros accesorios. Son los que consignan otro tipo de información, entre ellos: boletas recibidas por las y los funcionarios de casilla antes de la instalación y boletas sobrantes e inutilizadas al final de la jornada.

De acuerdo con los criterios sostenidos por este Tribunal Electoral[22], para que la autoridad jurisdiccional pueda pronunciarse sobre la existencia de esta causal, es necesario que se identifiquen los rubros fundamentales[23] en los que se afirma existen discrepancias, en segundo orden, que a través de su confronta, el error en el cómputo de la votación se haga evidente.

Así, por ejemplo, las discrepancias entre el número de personas que votaron conforme a la lista nominal con cualquiera de los otros datos fundamentales, cuando alguno de éstos, o los dos, resulte mayor que la primera, se considera generalmente error grave, porque permite presumir que el escrutinio y cómputo no se llevó a cabo con transparencia y certeza.

Por el contrario, si el número de ciudadanos que votó conforme a la lista nominal es mayor que los otros dos datos fundamentales: boletas extraídas de la urna y votación total emitida, esto encuentra explicación al ser posible que en el desarrollo de la jornada electoral, algunos electores pueden asistir al centro de votación, registrarse en la casilla, recibir su boleta y luego retirarse con ella o destruirla sin depositarla, de tal manera que el indicio sobre posibles irregularidades en el escrutinio resulta realmente insignificante[24].

También, cuando un solo dato esencial de las actas de escrutinio y cómputo se aparte de los demás, y éstos encuentren plena coincidencia y armonía sustancial entrelazados de distintas maneras, aunado a la inexistencia de manifestaciones o elementos demostrativos de que el escrutinio y cómputo enfrentó situaciones que pudieran poner en duda su desarrollo pacífico y normal, se debe considerar válido, lógica y jurídicamente, calificar la discordancia como producto de un error en la anotación y no en el acto electoral[25].

Adicionalmente, Sala Superior y esta Sala Regional hemos considerado que la falta de armonía entre algún rubro fundamental y uno accesorio es insuficiente para actualizar la causal de nulidad en estudio[26].

En esta línea interpretativa igualmente se ha sostenido que los datos consistentes en boletas recibidas y boletas sobrantes, así como la diferencia que resulte entre ambas […] son intrascendentes para acreditar la existencia del error o dolo, esto porque para tener por actualizada la causal de nulidad invocada, es necesario que el error esté en alguno de los rubros fundamentales del acta de escrutinio y cómputo.

Ahora bien, para considerar que la irregularidad demostrada es determinante –segundo elemento indispensable para acreditar la causal en comento–, se requiere se presente alguno de los escenarios siguientes:

a)     Cuando se determine que la votación computada de manera irregular resulta igual o mayor a la diferencia de votos obtenidos por las candidaturas que ocuparon el primer y segundo lugar, o bien

b)     Cuando en las actas de escrutinio y cómputo se adviertan alteraciones evidentes o no sean legibles los datos asentados, de manera que no puedan ser inferidos o subsanados por las cantidades anotadas en el resto de la documentación de la casilla o de algún otro documento que obre en el expediente.

Asimismo, esta Sala ha sostenido como criterio que cuando se solicite la nulidad de los resultados de una casilla objeto de recuento, alegando falta de coincidencia entre las cifras de votos emitidos según el acta de escrutinio y cómputo original y algún otro rubro fundamental [como el de personas que votaron o boletas extraídas de la urna], el planteamiento resulta ineficaz[27]..

Lo anterior, toda vez que el rubro destacado en primer orden se obtiene de la labor que realizan las y los funcionarios de casilla, una vez que efectúan la sumatoria de los votos obtenidos por cada fuerza política, candidaturas no registradas y los calificados como nulos.

De acuerdo con la LGIPE[28], cuando se actualizan ciertos supuestos, los consejos distritales deben realizar de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de los votos obtenidos en la casilla. Esto implica que, siguiendo diversas formalidades y ante la presencia de representantes partidistas, la autoridad administrativa volverá a contabilizar la totalidad de los votos que se encontraban dentro de la urna y determinará cuántos obtuvo cada fuerza política o candidatura no registrada, así como el número de sufragios que calificó como nulos.

Los resultados obtenidos en esta diligencia se deben asentar en un acta destinada para ese fin; de manera que, las cifras de votos contabilizados asentados inicialmente en el acta de escrutinio y cómputo original –elaborada por las y los funcionarios de casilla el día de la jornada– queda sin efecto y son sustituidas con los números consignados en la nueva acta levantada con motivo del recuento en sede administrativa, la cual, desde luego, es susceptible de impugnarse por vicios propios.

4.3.1. Es ineficaz el planteamiento de nulidad de votación por la causal f), porque la actora afirma que la diferencia entre rubros fundamentales la obtiene de las actas de escrutinio y cómputo, sin embargo, las casillas impugnadas fueron objeto de recuento

La actora afirma que en el acta de escrutinio y cómputo existen inconsistencias entre los rubros fundamentales votos extraídos de la urna, total de personas que votaron y resultados de la votación, respecto de las setenta y seis (76) casillas impugnadas por esta causal f), relacionadas al principio de esta ejecutoria.

El planteamiento es ineficaz, porque dichas casillas fueron objeto de recuento en el Consejo Distrital[29], y los resultados obtenidos en esta diligencia se asentaron en un acta destinada para ese fin, denominada constancia individual de resultados electorales de punto de recuento para las diputaciones federales.

Conforme al marco normativo expuesto, cuando se solicita la nulidad de los resultados de una casilla que fue objeto de recuento, alegando la falta de coincidencia entre las cifras de votos emitidos según el acta de escrutinio y cómputo original y algún otro rubro fundamental [como el de personas que votaron o boletas extraídas de la urna], como ocurre en la especie, el agravio resulta ineficaz, pues una de las cifras cuya comparación se propone ha quedado superada, al haber sido legalmente sustituida con motivo del nuevo escrutinio y cómputo realizado por la autoridad administrativa electoral y consignado en un documento diverso.

Si bien del examen integral de la demanda se advierte que la promovente indica que las casillas fueron recomputadas y subsiste error, expresamente señalan que éste se hace depender de los rubros fundamentales de las actas de escrutinio y cómputo; en su escrito especifica que los datos extraídos de las correspondientes actas de escrutinio y cómputo, y de los que se aprecian los datos erróneos, alteraciones u omisiones que, por sus características, resultan determinantes para el resultado de la votación y cuya fuente (actas de escrutinio y cómputo y, en su caso, las respectivas hojas de incidentes), acorde a su naturaleza de documentales públicas, merecen pleno valor probatorio…

En la medida del agravio hecho valer, se tiene que la candidata actora no controvierte, por vicios propios, los resultados del recuento realizado en sede administrativa, antes bien, su pretensión es que esta Sala acuda a las actas de escrutinio y cómputo original para emprender el estudio de la causal de nulidad y verifique la existencia de discrepancias o falta de coincidencia entre las cifras que, en un primer momento, en ellas se asentaron, entre las cuales se incluye el rubro votos emitidos superado con la actuación del Consejo Distrital.

De ahí que no proceda declarar la nulidad de votación en los términos solicitados.

5. EFECTOS

5.1. Se debe anular la votación recibida en once (11) casillas al haberse acreditado la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios de Impugnación:

A continuación, se señala la cantidad de votos por partido y Coalición que se anulan[30]:

5.2. Recomposición del cómputo de la elección de diputaciones federales de mayoría relativa

Atento a la votación anulada, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa correspondiente al 12 distrito electoral federal en el Estado de Nuevo León, para quedar en los términos siguientes:

Ahora, en términos de lo previsto en el numeral 311, párrafo 1, inciso c), de la LGIPE, los sufragios emitidos a favor de dos o más partidos coaligados se distribuirán igualitariamente entre los partidos que integran la Coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación:

Una vez distribuidos los votos que corresponden a cada partido político integrante de la coalición, procede sumar la votación de cada partido en lo individual:

Al haberse distribuido los votos que corresponden a cada partido político integrante de la coalición, procede sumarlos para integrar la votación final de cada partido en lo individual:

Enseguida, se presenta la distribución final de la votación por partido político:

Finalmente, habiéndose hecho la recomposición de la votación, tenemos que los votos válidos obtenidos por cada candidatura postulada son los siguientes:

Así, tomando en cuenta la votación anulada y la correspondiente modificación de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de mayoría relativa, se advierte que no generan cambio en la fórmula de candidaturas que obtuvo el mayor número de votos, en consecuencia, procede confirmar el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, y la declaratoria de validez de la elección.

La presente recomposición del cómputo distrital de mayoría relativa de la elección impugnada sustituye para todos los efectos legales, el realizado originalmente por el Consejo Distrital.

6. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se modifican, en lo que fue materia de impugnación, los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, realizados por el 12 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, con sede en Benito Juárez, Nuevo León.

SEGUNDO. Se confirman la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la fórmula postulada por el Partido Revolucionario Institucional.

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida por la responsable.

Notifíquese.

Así lo resolvieron por mayoría de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho y el Magistrado Yairsinio David García Ortiz, con el voto diferenciado del Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO DIFERENCIADO, PARTICULAR O EN CONTRA QUE EMITE EL MAGISTRADO ERNESTO CAMACHO OCHOA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SM-JDC-615/2021, PORQUE CONSIDERO QUE LOS TRIBUNALES ELECTORALES TIENEN EL DEBER DE ESTUDIAR LA CAUSA DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA POR ERROR Y DOLO EN EL CÓMPUTO, CUANDO SE ALEGUE QUE LOS ERRORES SUBSISTIERON DESPUÉS DEL RECUENTO[33].

Apartado preliminar. Hechos contextuales y materia de la controversia

1. El PRI obtuvo la mayoría de los votos. El 10 de junio, el Consejo Distrital concluyó el cómputo de la elección de diputaciones por los principios de mr y rp, y, en la misma fecha, entregó constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postulada por dicho partido.

2. Juicio federal. Inconforme, el 14 de junio, la entonces candidata de la Coalición conformada por el PVEM, Morena y el PT, a diputada federal de mayoría relativa por el 12 distrito federal con sede en Benito Juárez, Nuevo León, promovió juicio ciudadano.

3. Pretensiones y planteamientos. La impugnante controvierte el cómputo y la validez de la elección de la diputación federal por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 12 Distrito Electoral Federal en Nuevo León, con sede en Benito Juárez y, en consecuencia, la declaración de validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postulada por el PRI.

En esencia, la impugnante pretende la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, entre otras causas, por existir error o dolo en el cómputo de la votación, porque considera que, aun después de que fueron objeto de recuento subsiste la causal del error, esto es, las discordancias entre los rubros fundamentales y el del recuento.

Apartado A. Decisión de la Sala Monterrey

En esta Sala Monterrey se calificó de ineficaz lo alegado en cuanto a la causal de nulidad de la votación recibida en casilla por existir error o dolo en su cómputo.

Para ello, la mayoría de las magistraturas, Claudia Valle Aguilasocho y Yairsinio David García Ortiz, consideraron que la cantidad de uno de los rubros fundamentales (votación total emitida) era la señalada en el acta de escrutinio y cómputo levantada en casilla, y que ésta fue superada, al haber sido legalmente sustituida con motivo del nuevo escrutinio y cómputo realizado por la autoridad electoral, aunado a que, los impugnantes no controvierten, por vicios propios, los resultados del referido recuento.

Apartado B. Sentido del voto diferenciado

Al respecto, me aparto de las consideraciones expresadas por las magistraturas, Claudia Valle Aguilasocho y Yairsinio David García Ortiz, porque, desde mi perspectiva, los tribunales electorales tienen el deber de estudiar la causa de nulidad de la votación recibida en casilla, cuando se cuestione, por vicios propios, la subsistencia de errores aritméticos derivados del resultado del recuento, y en el caso, sí existen elementos para analizar dicha causal.

Apartado C. Consideraciones del voto diferenciado

Como indiqué, para el suscrito, en este tipo de asuntos, los Tribunales tienen el deber de estudiar la causa de nulidad de la votación recibida en casilla, cuando se cuestiones, por vicios propios, la subsistencia de errores aritméticos derivados del resultado del nuevo escrutinio y cómputo. Y por esa razón me aparto de la visión mayoritaria.

1.1. Marco o criterio jurisprudencial sobre el análisis de los agravios

La jurisprudencia, ciertamente, ha establecido que cuando el promovente manifiesta sus agravios para cuestionar un acto o resolución con el propósito que los órganos de justicia puedan revisarla de fondo, no tiene el deber de exponerlos bajo una formalidad específica, y para tenerlos por expresados sólo se requiere la mención clara de los hechos concretos que le causan perjuicio, causa de pedir o un principio de agravio[34].

Incluso, con la precisión de que no hace falta que los demandantes o impugnantes mencionen los preceptos o normas que consideren aplicables, conforme al principio jurídico que dispone, para las partes sólo deben proporcionar los hechos y al juzgador conocer el derecho, por lo que la identificación de los preceptos aplicables a los hechos no implica suplir los agravios.

Sin embargo, el deber de expresar al menos los hechos (aun cuando sea sin mayor formalismo), lógicamente, requiere como presupuesto fundamental, que esos hechos o agravios identifiquen con precisión la parte específica que causa perjuicio y la razones por las cuales en su concepto es así, por lo menos, a través de una afirmación de hechos mínimos pero concretos para cuestionar o confrontar las consideraciones del acto impugnado o decisión emitida en una instancia previa.

Esto es, en términos generales, para revisar si un impugnante tiene o no razón, aun cuando sólo se requieren hechos que identifiquen la consideración o decisión concretamente cuestionada y las razones por las que consideran que esto es así, sin una formalidad específica, lo expresado en sus agravios debe ser suficientes para cuestionar el sustento o fundamento de la decisión que impugnan.

De otra manera, dichas consideraciones quedarían firmes y sustentarían el sentido de lo decidido, con independencia de lo que pudiera resolverse en relación con diversas consideraciones, dando lugar a la ineficacia de los planteamientos.

Ello, porque asumir una visión en la que, argumentando la suplencia de los agravios[35], el juzgador pudiera arrogarse una autoridad absoluta para revisar en cualquier recurso o juicio, oficiosamente o al margen de los agravios, los actos o decisiones de instancia previa, ubicaría al Tribunal en un papel intervencionista, previsto sólo para los procesos o acciones judiciales en los que sí existe una autorización legal o expresa en la jurisprudencia, para que el juez asuma la revisión directa de un asunto y deje de lado su función de administrar justicia con equilibrio procesal para las partes.

De ahí que, la suplencia sólo debe implicar la autorización para integrar o subsanar imperfecciones y únicamente sobre conceptos de violación o agravios, pero no para autorizar un análisis oficioso o revisión directa del acto o resolución impugnada, al margen de los motivos de inconformidad.

1.2. Criterio sobre los elementos mínimos para analizar las causales de nulidad de la votación recibida en casilla

En los juicios en los que se alegue la nulidad de la votación recibida en casilla, el impugnante debe precisar las casillas en las que solicita que la votación se anule y la causa de nulidad que considere se acredita, exponiendo, desde luego, los hechos en los que se sustenta, pues no basta que se mencione de manera vaga, general e imprecisa, que el día de la elección existieron irregularidades en las casillas.

Lo anterior, porque el impugnante tiene el deber de mencionar los hechos para que el juzgador identifique su pretensión concreta, y que la autoridad responsable y los terceros interesados también expongan y prueben lo que a su derecho convenga, ante lo cual, los juzgadores tendrían el deber de estudiar las causales de nulidad conforme a los hechos narrados de manera clara y precisa, a fin de determinar si se acredita o no la nulidad de la votación alegada[36].