Monterrey, Nuevo León a veintisiete de agosto de dos mil dieciocho.

Sentencia definitiva que: a) revoca la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León en los expedientes JI-257/2018 y acumulados, mediante la cual realizó la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional para integrar el Congreso del Estado;

b) En vía de consecuencia, deja sin efectos el acuerdo CEE/CG/210/2018 del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, emitido en cumplimiento a la mencionada resolución;

c) Deja sin efectos las constancias emitidas en cumplimiento a la sentencia revocada;

d) Modifica los cómputos de la elección de diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional, para quedar en los términos del presente fallo, los cuales sustituyen a los emitidos por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León;

e) En plenitud de jurisdicción, asigna las diputaciones de representación proporcional, y ordena a la referida comisión que expida y entregue las constancias de asignación correspondientes.

f) Desecha de plano la demanda del expediente SM-JDC-729/2018.

GLOSARIO

1. ANTECEDENTES DEL CASO

Las fechas citadas se refieren a dos mil dieciocho, salvo que se precise otro año.

1.1. Jornada electoral. El uno de julio se llevó a cabo la jornada electoral en Nuevo León para elegir, entre otros cargos, diputaciones locales por ambos principios.

1.2. Cómputo total. El diez de julio, la Comisión Estatal Electoral concluyó la sesión de cómputo total de la elección de diputaciones al Congreso Local, declaró la validez de la elección, y entregó constancias de mayoría y validez.

1.3. Asignación de diputaciones. El diez de julio, por acuerdo CEE/CG/207/2018, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral realizó la distribución y asignación de curules por el principio de representación proporcional.

1.4. Juicios locales. Para controvertir el citado acuerdo, se presentaron los siguientes medios de impugnación.

1.5. Sentencia impugnada [JI-257/2018 y acumulados]. El diez de agosto, el Tribunal Local resolvió los citados juicios en el sentido de revocar el acuerdo impugnado y, en plenitud de jurisdicción, realizó la asignación de diputaciones de representación proporcional.

1.6. Acuerdo CEE/CG/210/2018, emitido en cumplimiento a la sentencia impugnada. El trece de agosto, la Comisión Estatal Electoral emitió el acuerdo CEE/CG/210/2018, en cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Local, en las cuales se ordenó llevar a cabo la recomposición de los resultados electorales de la elección de diputaciones locales, así como la distribución y asignación de curules de representación proporcional.

1.7. Juicios federales y terceros interesados. En desacuerdo con la sentencia local, el catorce de agosto se promovieron diversos juicios ciudadanos y de revisión constitucional electoral, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los medios de defensa, al tratarse de juicios que controvierten una sentencia del Tribunal Local relacionada con la asignación de diputaciones de representación proporcional para integrar el Congreso Local; por tanto, se surte la competencia material y territorial de este órgano jurisdiccional.

Lo anterior con fundamento en los artículos 83, párrafo 1, inciso b), fracción II y 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

3. ACUMULACIÓN

Del análisis de las demandas se advierte que los actores controvierten la misma resolución, emitida por el Tribunal Local, de ahí que exista conexidad en la causa, al relacionarse con la asignación de diputaciones de representación proporcional de la citada entidad.

Por tanto, los medios de impugnación deben resolverse conjuntamente, a fin de evitar el riesgo de que se dicten de sentencias contradictorias sobre la misma controversia.

En consecuencia, procede acumular los expedientes SM-JDC-725/2018, SM-JDC-726/2018, SM-JDC-727/2018, SM-JDC-728/2018, SM-JDC-729/2018, SM-JDC-730/2018, SM-JDC-731/2018, SM-JDC-732/2018, SM-JRC-244/2018, SM-JRC-248/2018, SM-JRC-250/2018, SM-JRC-252/2018, SM-JRC-253/2018, SM-JRC-255/2018 y SM-JRC-256/2018, al diverso SM-JDC-721/2018, por ser el primero en recibirse y registrarse en esta Sala, debiendo agregarse copia certificada de los resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. DESECHAMIENTO [SM-JDC-729/2018].

Esta Sala Regional considera que el medio de impugnación resulta improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9, párrafo 3 de la Ley de Medios.

En criterio de este Tribunal Electoral, por regla general, el derecho a impugnar se agota cuando los promoventes, después de la presentación de una demanda que da origen a un medio de impugnación electoral, intentan controvertir el mismo acto reclamado contra la misma autoridad, a través de un nuevo o segundo escrito, pues en ese caso precluye su derecho con la primera demanda y, en consecuencia, se encuentra impedido legalmente para promover un segundo medio[1].

Dicho criterio deriva de la jurisprudencia 33/2015, de rubro: DERECHO A IMPUGNAR ACTOS ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO, en la cual se establece que […] la recepción por primera vez de un escrito en que se haga valer un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente desechamiento de las recibidas posteriormente […].

Se precisa que esta regla general admite excepciones, respecto de las cuales la Sala Superior ha sustentado que para que se dé el supuesto a que se refiere la jurisprudencia en cita, es necesario que las demandas sean sustancialmente similares, pues en esos casos se evidencia claramente que el sujeto legitimado agotó su derecho con el primer escrito de demanda[2].

Lo anterior, pues si bien con la presentación de un medio de impugnación, de manera ordinaria, se extingue una etapa procesal, cierto es que cuando las demandas en las que se pretende controvertir un mismo acto de autoridad son diferentes en cuanto a contenido y son presentadas dentro del plazo legal previsto para ello, es viable su estudio, con lo que se potencia el acceso a la justicia, dado los breves plazos que caracterizan la materia electoral, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional[3].

En el caso, Marcela Guadalupe Dueñas Valadez presentó en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, un primer escrito de demanda el catorce de agosto, contra la sentencia del Tribunal Local emitida en los expedientes JI-257/2018 y acumulados, tal como se advierte del sello de recepción de dicho escrito, la demanda dio origen al juicio ciudadano SM-JDC-721/2018.

Al día siguiente, esto es el quince de agosto, se recibió otra demanda a nombre de la ciudadana de mérito, presentada ante el Tribunal Local a fin de controvertir la misma sentencia local, con la cual esta Sala integró el expediente SM-JDC-729/2018; en el caso, es de precisar que esta segunda demanda contiene idénticos agravios a la del expediente SM-JDC-721/2018, de ahí que es evidente que la actora agotó su derecho de acción con la presentación de la primera de sus demandas.

En consecuencia, la demanda del expediente SM-JDC-729/2018 debe desecharse de plano.

5. TERCERA INTERESADA

El diecisiete de agosto, Karina Marlen Barrón Perales, en su carácter de candidata a diputada local postulada por Movimiento Ciudadano, presentó escritos ante esta Sala y ante el Tribunal Local, con el fin de comparecer como tercera interesada en diversos juicios ciudadanos y de revisión constitucional electoral acumulados en la presente sentencia[4].

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, párrafos 1, inciso b), y 4, de la Ley de Medios, no ha lugar a tener como tercera interesada a Karina Marlen Barrón Perales, por ser extemporánea la presentación del escrito por el cual comparece a los juicios de revisión constitucional electoral SM-JRC-244/2018 y SM-JRC-248/2018, promovidos por el Partido Verde y el PAN, respectivamente.

En efecto, el citado artículo prevé que los medios de impugnación deberán ser publicitados durante el plazo de setenta y dos horas a partir de su presentación, y que, dentro de dicho lapso deberán comparecer por escrito quienes consideren tener la calidad de terceros interesados.

En el caso, está acreditado en autos[5] que la publicitación de la demanda del juicio SM-JRC-244/2018, fue de las 15:45 horas del catorce de agosto a las 15:45 horas del diecisiete siguiente, y del juicio SM-JRC-248/2018, de las 17:00 horas del catorce de agosto a las 17:00 horas del diecisiete de ese mes; en tanto que el escrito por el que la ciudadana pretende comparecer se presentó el diecisiete de agosto, pero a las 17:37 horas ante esta Sala Regional; de ahí que su presentación, en ambos juicios, sea extemporánea.

6. PROCEDENCIA

Se cumplen los requisitos generales, así como los especiales previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 79, 80, 86 y 88, de la Ley de Medios, de los juicios acumulados en la presente sentencia:

A.      Requisitos generales.

a) Forma. Las demandas se presentaron por escrito, se precisan los nombres y firmas de los y las ciudadanos actores, los partidos políticos actores, los nombres y firmas de quienes promueven en su representación, la resolución que controvierten; se menciona hechos, agravios y las disposiciones constitucionales presuntamente no atendidas.

b) Oportunidad. Las demandas se presentaron dentro del plazo legal de cuatro días, toda vez que la resolución impugnada se notificó a los actores el diez de agosto de este año[6], y los juicios se promovieron el catorce de agosto siguiente[7].

c) Definitividad. La sentencia reclamada es definitiva y firme, porque en la legislación electoral del estado de Nuevo León no existe otro medio de impugnación que deba agotarse previo a la promoción de los presentes juicios.

d) Legitimación. El Partido Verde, PAN, PT, MORENA, Movimiento Ciudadano y el PES están legitimados por tratarse de partidos políticos nacionales con registro en el estado de Nuevo León.

Por otra parte, Marcela Guadalupe Dueñas Valadez, María Guadalupe Rodríguez Martínez, Verónica Llanes Sauceda, Edgar Salvatierra Bachur, Juan Carlos Leal Segovia, Emilio Cárdenas Montfort, Horacio Jonatán Tijerina Hernández y Ana Melisa Peña Villagómez están legitimados por tratarse de ciudadanos que promueven por sí mismos, de forma individual y en su carácter de candidatos a diputados para integrar el Congreso Local, quienes aducen violaciones a sus derechos político-electorales de ser votados, pues pretenden se les asigne una diputación por el principio de representación proporcional.

e) Personería. Héctor Alfonso de la Garza Villarreal, representante del Partido Verde[8], Gilberto de Jesús Gómez Reyes, representante del PAN[9], Daniel Gamboa Villarreal, representante del PT[10], Roberto Benavides González, representante de MORENA[11], Horacio Jonatán Tijerina Hernández, representante de Movimiento Ciudadano[12] y Pablo Arturo Medina Sánchez, representante del PES[13], cuentan con la personería para promover los juicios de revisión constitucional respectivos, pues acuden a esta instancia con el carácter de representantes de los citados institutos políticos, ante la Comisión Estatal Electoral.

Por lo anterior, dada la calidad probada con la que promueven las y los actores, se desestima la causal de improcedencia hecha valer por el PRI, en la que menciona de manera genérica que en la especie no se cumple el requisito previsto en el artículo 88, párrafo 2, de la Ley de Medios, relativo a la legitimación y personería de los promoventes.

f) Interés jurídico. Se cumple este requisito, porque los actores controvierten una resolución dictada por el Tribunal Local, que modificó la asignación de diputaciones de representación proporcional realizada por la Comisión Estatal Electoral, lo que en su concepto es ilegal, pues estiman que el procedimiento de asignación realizado por el órgano jurisdiccional no se efectuó conforme a Derecho, por lo que pretenden que se aplique en la forma que plantean para que se les asignen diputaciones de representación proporcional.

B. Requisitos especiales relativos a los juicios de revisión constitucional electoral SM-JRC-244/2018, SM-JRC-248/2018, SM-JRC-250/2018,
SM-JRC-252/2018, SM-JRC-253/2018, SM-JRC-255/2018 y SM-JRC-256/2018.

a)       Violación a preceptos constitucionales. Se acredita este presupuesto, porque en las demandas se alega la vulneración a los artículos 1, 6, 7, 14, 16, 17, 35, 41, segundo párrafo, fracción IV, 116, fracciones II y IV y 133 de la Constitución Federal.

b) Violación determinante. Se considera satisfecho este requisito, debido a que los actores controvierten la sentencia por la cual el Tribunal Local, en plenitud de jurisdicción, modificó la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, y en caso de asistirles razón en sus planteamientos, podrían generar una modificación sustancial en el proceso electoral local, al hacer viable que puedan cambiar las personas que integrarán el Congreso Local.

c) Posibilidad jurídica y material de la reparación solicitada. La reparación es viable, ya que la litis versa sobre la asignación de diputaciones de representación proporcional y la toma de posesión de integrantes de la legislatura del Estado de Nuevo León será el treinta y uno de agosto de este año[14].

7. ESTUDIO DE FONDO

7.1. Planteamiento del caso

El diez de julio de este año, la Comisión Estatal Electoral realizó la asignación de diputaciones de representación proporcional para integrar el Congreso Local para el periodo constitucional 2018-2021.

Inconformes con ello, diversos partidos y candidaturas presentaron medios de impugnación locales.

El diez de agosto el Tribunal Local resolvió dichos juicios en el sentido de modificar la asignación de diputaciones de representación proporcional.

Contra la referida sentencia se presentaron los juicios federales relacionados previamente, cuyos agravios se analizarán agrupándolos, atendiendo a las temáticas jurídicas que se plantean en cada juicio, las que se identifican en el siguiente cuadro:

Considerando que el conjunto de temáticas a que aluden las inconformidades, sugieren violación al principio de legalidad, por una incorrecta motivación de la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, a cargo del Tribunal Local se impone en primer orden el examen de los conceptos de agravio desde esta perspectiva, en su caso, de resultar infundado el concepto de perjuicio se examinarán en su particularidad cada uno de los que se destacan en el cuadro que sintetiza lo alegado en cada una de las demandas.

7.2. La decisión controvertida, trastoca el principio de legalidad, al considerar la realización de la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional sin haber concluido la decisión de los medios de impugnación promovidos contra resultados de mayoría.

Es esencialmente fundado el agravio hecho valer por el Partido del Trabajo –SM-JRC-250/2018– Morena –SM-JRC-252/2018 y por la candidatura del PT –SM-JDC-725/2018– de indebida motivación de la decisión controvertida.

Es elocuente a la vulneración al principio de legalidad que enmarca la indebida motivación alegada respecto de la resolución controvertida, el hecho de que la autoridad jurisdiccional realizara el ejercicio de asignación de diputaciones de representación proporcional sin concluir el estudio y decisión de diversos juicios de inconformidad promovidos contra resultados obtenidos por mayoría relativa.

Para sustentar lo fundado del agravio relativo a la vulneración al principio de legalidad por el actuar indebido del Tribunal Local, esta Sala Regional advierte que en el apartado 5.6. de la sentencia impugnada realizó, en plenitud de jurisdicción, la reconfiguración de la distribución de las diputaciones de representación proporcional sin haber resuelto la totalidad de los medios de impugnación relacionados con las elecciones de diputaciones de mayoría relativa.

Lo anterior es de la mayor relevancia, puesto que con ello se impidió considerar la numeralia correcta y completa de votación válida para el ejercicio de asignación de curules por el principio de representación proporcional, dejándose de observar lo dispuesto por el artículo 9.6.4. de los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo del Proceso Electoral 2017-2018, en el cual se establece que: el cómputo de la elección de diputados por el principio de representación proporcional es la suma de la votación distrital de diputados de mayoría relativa más la votación consignada en las actas de representación proporcional de las casillas especiales; el citado artículo también señala que: una vez que concluya el Consejo General con el cómputo total de las elecciones de diputaciones locales asignará las diputaciones de representación proporcional tal como se señala en los artículos 263 al 267 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.

En la especie, es un hecho notorio para esta Sala que la sentencia impugnada se dictó el diez de agosto de este año, cuando aún había medios de impugnación relacionados con diputaciones de mayoría relativa que no había resuelto el Tribunal Local, de ahí que se afirme, no contaba con datos finales del cómputo de mayoría relativa para poder integrar el cómputo de representación proporcional, y con ello realizar en plenitud de jurisdicción la reconfiguración de asignaciones respectivas.

En efecto, también es un dato constatado por este órgano de revisión federal, que el trece y catorce de agosto la responsable resolvió medios de impugnación relacionados con resultados de mayoría relativa, en los que, incluso, anuló votación recibida en diversas casillas, como se observa de la información contenida en el siguiente cuadro:

Las sentencias que recayeron a estos juicios, así como la fecha de su emisión es información que conoce esta Sala Regional, al haberse requerido durante la instrucción de los presentes juicios[15]

En consecuencia, con base en ellos, para este cuerpo colegiado la reconfiguración de la asignación de diputaciones de representación proporcional realizada por el Tribunal Local fue indebida.

No se pasa por alto que, en la sentencia impugnada, específicamente en el punto 6.6. del apartado de efectos, el órgano local ordenó a la Comisión Estatal Electoral llevar a cabo la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional correspondiente a las candidaturas que no hubieren obtenido la victoria por mayoría relativa pero sí los mejores porcentajes de votación distrital de cada ente político, tomando en cuenta la reconfiguración que realizó, así como la nueva recomposición de la votación que derivara de los medios de impugnación resueltos por dicho tribunal.

A ese respecto, es importante exponer lo siguiente.

Como se indicó en el apartado 6.8. de la sentencia impugnada, se otorgó un plazo de setenta y dos horas a la Comisión Estatal Electoral para el cumplimiento de la decisión dictada, contado este a partir de su notificación.

La sentencia aquí impugnada se notificó a la Comisión Estatal Electoral el diez de agosto, y el acuerdo en cumplimiento se emitió el trece siguiente; cuando precisamente el trece y catorce de agosto, el Tribunal Local estaba resolviendo otros medios de impugnación relacionados con las elecciones de diputaciones de mayoría relativa, en los que como se anotó antes anuló votación recibida en casillas.

De ahí que sea evidente que el Tribunal Local decidió los medios de impugnación relacionados con la elección de diputaciones de representación proporcional y mandató completar el procedimiento de asignación sin que se tuvieran las cifras finales de resultados de mayoría relativa, sin estar en condiciones de que la autoridad administrativa electoral pudiera integrar el cómputo de representación proporcional [suma de la votación distrital de diputados de mayoría relativa más la votación consignada en las actas de representación proporcional de las casillas especiales], lo cual era indispensable para definir correctamente la representación de cada partido político en el órgano legislativo.

Ante esta circunstancia es evidente la ilegalidad del procedimiento de asignación de diputaciones por representación proporcional realizado a partir del mandato del Tribunal Local en la sentencia impugnada, de ahí que se imponga revocar dicha determinación como también los actos que en su observancia y cumplimiento se emitieron por la Comisión Estatal Electoral.

7.3 Análisis en plenitud de jurisdicción.

Considerando la fecha en que se dictó la decisión controvertida, y la que corresponde en el orden estatal para que quede integrada e inicie funciones la próxima legislatura, se impone, para garantizar el principio de certeza y de acceso a la justicia, que esta Sala asuma jurisdicción, atienda los agravios hechos valer ante el Tribunal Local y realice la asignación de diputaciones por el destacado principio en sustitución de las autoridades locales, a lo cual se procede con fundamento en el mandato constitucional contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, así como el 6 de la Ley de Medios.

7.4 Marco normativo y modelo de asignación de la representación proporcional de la legislación de Nuevo León.

1. El principio de representación proporcional

Este Tribunal Electoral ha sostenido respecto de los sistemas de representación proporcional en las entidades federativas[16], que la integración de las legislaturas locales debe ser vista como la formación de un todo, en el que una de las partes surge del sistema de representación proporcional, y la otra, por el sistema de mayoría relativa, sin que deba preponderar uno de estos principios sobre el otro.

Así, para que este sistema electoral mixto tenga aplicabilidad en las legislaciones de las entidades federativas, es necesario que el que se elija cumpla con ambos principios procurando cierto equilibrio, de manera que no se llegue al extremo de que uno de ellos sea predominante.

Además se ha sostenido, que no existe un modelo único para el sistema electoral regido por el principio de representación proporcional, cuyas características sean siempre las mismas, sino que, no obstante tener como valor común la tendencia a que los órganos de representación proporcional respondan a cierta correlación entre el número o porcentaje de los votos captados por los partidos políticos y la cantidad de escaños asignados a éstos, pueden existir variantes en los casos particulares, siempre que se mantenga la tendencia al equilibrio.

De esta manera se debe entender que las legislaturas estatales gozan de cierta libertad para establecer el sistema de representación proporcional que consideren oportuno, sin llegar al extremo de que el modelo elegido reduzca el principio y lo coloque en situación meramente simbólica o carente de importancia en la legislatura, o lo aparte de la proporcionalidad natural.

Igualmente, se ha sustentado que los principios de mayoría relativa y de representación proporcional son necesarios para la integración de las legislaturas de los Estados y, además, que el exceso en la sobrerrepresentación de alguno o varios partidos minimiza al principio de proporcionalidad.

La Sala Superior también ha reconocido[17], apoyada en criterios de la Suprema Corte[18] que, si se atiende a la finalidad esencial de pluralismo político que persigue el sistema democrático mexicano, y a las disposiciones de la Constitución Federal en las que se desarrolla ese principio, en los sistemas electorales locales se deben observar los siguientes principios:

      Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido político participe con candidatos a diputados por mayoría relativa en el número de distritos uninominales que la ley prevea.

      Establecer un porcentaje mínimo de la votación estatal para la asignación de diputaciones.

      La asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional será independiente y adicional a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido las candidaturas del partido político de acuerdo con su votación.

      Precisar el orden de asignación de las y los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes.

      El tope máximo de diputaciones por ambos principios que puede alcanzar un partido político debe ser igual al número de distritos electorales.

      Establecimiento de límites a la sub y sobrerrepresentación.

      Las reglas para la asignación de diputaciones conforme a los resultados de la votación.

      Respeto al principio de paridad.

También ha sustentado que el principio de representación proporcional tiende a garantizar, de manera efectiva, la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, es decir, atiende a la verdadera representación de la pluralidad política.

Así, se permite que las candidaturas de los partidos políticos minoritarios formen parte de la Legislatura de la entidad federativa que corresponda y que, al contar con un porcentaje significativo de votos, puedan tener representatividad en ella, acorde con la votación que cada uno haya logrado y en proporción al número de diputaciones a asignar de acuerdo con el principio de representación proporcional.

De esta manera, se aprecia que la base fundamental del principio de representación proporcional lo constituye la votación considerada como válida, que es la obtenida por los partidos y por los candidatos independientes, pues conforme a ella se deben asignar las curules que les correspondan, pues esta se refiere a la votación que la ciudadanía consideró otorgar a alguna de las opciones políticas que contendieron en la elección.

De ahí que toda fórmula y procedimiento de asignación debe estar fundada en la votación válida, evitándose disposiciones o interpretaciones que introduzcan elementos que vicien o distorsionen la relación votación-escaños.

2. Normatividad aplicable a las coaliciones

El artículo 145, párrafo tercero, de la Ley Electoral, dispone que, además de las candidaturas a diputados locales por el principio de mayoría relativa, cada partido político registrará una lista de dos fórmulas de candidaturas por la vía plurinominal.

Es decir, el sistema de registro de candidatos en el Estado prevé desde esa etapa que los partidos inscriban sus propias listas de candidatos y no establece la posibilidad de que esas listas se registren por coalición. Ello no podría tener otro fin que el de asignarles, en caso de que tuvieran derecho a ello por los porcentajes de votación obtenidos, las diputaciones de representación proporcional que les correspondan.

Respecto a las coaliciones, la Sala Superior ha determinado que son uniones transitorias de dos o más partidos políticos que tienen por objeto alcanzar fines comunes de corte electoral, formadas únicamente para contender por el principio de mayoría relativa, con independencia de la elección de que se trate[19].

También se precisa que el Pleno de la Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas, entre otros temas, determinó que en materia de coaliciones el régimen aplicable tanto a procesos federales como locales, por disposición constitucional, debe ser regulado por el Congreso de la Unión en la Ley de Partidos; consecuentemente, las entidades federativas no se encuentran facultadas, ni por la Constitución, ni por la Ley General, para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones.

El artículo 85, párrafo 2, de la citada ley establece que los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular las mismas candidaturas en las elecciones federales o locales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la propia ley.

El artículo 87, párrafo 2, de la ley en cita, señala que los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Es preciso destacar, que la propia ley refiere que las coaliciones se conformarán con el objeto de que los partidos políticos puedan participar en cualquiera de las elecciones mencionadas, solo por el principio de mayoría relativa; esto es, la ley faculta esta forma de participación electoral únicamente bajo el principio mencionado.

El artículo 87, párrafo 11, de la Ley de Partidos, establece que concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones, la coalición por la que se hayan postulado candidatos terminará automáticamente.

En los párrafos 12 y 13 de la referida disposición, se prevé que, independientemente, del tipo de elección, convenio y términos que adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esa ley.

Además, que invariablemente, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidaturas por el principio de representación proporcional.

Por tanto, con base en la Ley de Partidos la participación coaligada de partidos políticos sólo abarca candidaturas de mayoría relativa, la cual concluye con la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones, tomando en cuenta la obligación de cada partido de registrar listas propias de candidaturas de representación proporcional.

3. Normatividad aplicable a la representación proporcional

Conforme con el artículo 116, párrafo segundo, de la Constitución Federal, las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes.

Asimismo, se establece que, en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida (sobrerrepresentación).

Tal base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.

Tampoco deberá contar con una representación que sea igual a restar de su porcentaje de votación emitida, ocho puntos porcentuales (subrepresentación).

De esta manera, los elementos que integran la fórmula y el procedimiento de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, conforme a los preceptos invocados, son los siguientes:

a.        Integración del Congreso. 26 diputados de mayoría relativa votados en distritos uninominales, y hasta 16 de representación proporcional[20].

b.       Umbral mínimo o barrera legal. Para participar en la asignación se debe obtener por lo menos el 3% de la votación válida emitida, entendida como aquella que resulte de deducir de la votación total, los votos emitidos para candidatos no registrados y los votos nulos[21].

c.        Porcentaje mínimo. Se utiliza para las 2 primeras asignaciones, y se entiende como el 3% de la votación válida emitida[22].

d.       Votación para la asignación. Se utiliza la votación efectiva, que será el total de las votaciones obtenidas por los partidos con derecho a diputaciones de representación proporcional[23].

e.        Derecho a la asignación. Los partidos políticos que hayan obtenido el 3% de votación válida emitida, y no hubieren obtenido la totalidad de las diputaciones de mayoría relativa, tendrán derecho a participar en la asignación de diputaciones de representación proporcional[24].

f.          Fórmula electoral. Se trata de una fórmula de cociente electoral, que se aplica a los partidos políticos con derecho a la asignación, una vez asignadas aquellas diputaciones por porcentaje mínimo. Dicho cociente se entiende como el resultado de dividir la votación efectiva, menos los votos utilizados por efecto del Porcentaje Mínimo, entre el número de escaños que falten por repartir[25].

g.       Resto mayor. Se trata del remanente más alto después de haber participado en la distribución por cociente electoral[26].

h.       Restricciones legales. Del mismo modo, las normas aplicables en la materia señalan las restricciones que a continuación se enuncian.

 Límite máximo por ambos principios: 26 diputaciones[27].

 Límite máximo por el principio de representación proporcional: 14 diputaciones[28].

 Límite de sobrerrepresentación o tolerancia legal: ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura superior a la suma del porcentaje de su votación que hubiere recibido más 8 puntos porcentuales[29].

 Límite de subrepresentación: En la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al que hubiere recibido 8 ocho puntos porcentuales[30].

Por cuanto hace al procedimiento de asignación, la Ley Electoral Local establece el siguiente:

a.                      Asignación por porcentaje mínimo. Se distribuirán la primera y segunda curules a todo aquel partido cuya votación contenga una o dos veces dicho porcentaje[31].

b.                      Asignación por cociente electoral. Para las curules que queden por distribuir se empleará el cociente electoral, de manera que se asignarán tantas curules como número de veces contenga su votación restante a ese cociente electoral[32].

c.                      Resto mayor. Si después de aplicar el cociente electoral quedaren curules por repartir, éstas se asignarán por el resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restantes votos no utilizados[33].

d.                      Verificación de las restricciones legales. Desarrollado el procedimiento se debe verificar que los partidos políticos se ajusten a los límites máximos de diputados por ambos principios, de representación proporcional o de tolerancia legal, así como que ninguno quede subrepresentado en los términos antes señalados.

e.                      Aplicación de los límites. En caso de que algún partido político rebase alguna de las restricciones legales o bien quede subrepresentado, se le asignarán aquellas diputaciones a las que tenga derecho, y las restantes se asignarán a los otros partidos con derecho a la asignación, conforme con el procedimiento descrito, para lo cual se dejará de considerar la votación del partido político que alcanzó dicha restricción[34].

f.                        Asignación de candidaturas. Las diputaciones de representación proporcional que correspondan a cada partido político serán asignadas primero a las candidaturas registradas en la lista plurinominal de cada partido político y las posteriores a candidaturas registradas por el principio de mayoría relativa que, no habiendo obtenido el triunfo en su distrito, tuvieran mayor porcentaje de votos, en su distrito a favor de sus partidos. En caso de suplencia, la candidatura será asignada a la compañera o compañero de fórmula[35]. Las asignaciones iniciarán con los partidos que hayan obtenido la menor votación.

g.                      Aplicación paritaria de la fórmula. La asignación debe observar la alternancia de género y prelación para cada partido político del género menos favorecido en la asignación de diputaciones de mayoría relativa.

h.                      La prelación tiene como límite la paridad de género.

i. La paridad en el modelo legal del Estado deberá verificarse en cada asignación.

Por su parte, la Comisión Estatal Electoral emitió Lineamientos a fin de establecer los procedimientos necesarios para llevar a cabo la distribución y asignación de las diputaciones y regidurías de representación proporcional en los términos establecidos en la Constitución Federal, Constitución Local y la Ley Electoral[36].

El citado documento, contiene un apartado denominado De las reglas para la asignación compensatoria de curules de la elección de diputados, en el cual está el artículo 14 que señala que una vez realizadas las operaciones de distribución correspondientes a la determinación del cumplimiento de requisitos para la obtención de curules de mayoría relativa y representación proporcional, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 263, fracción II de la Ley Electoral y con base en la prelación determinada en el artículo 265 de la misma ley que prevé la asignación prioritaria de las candidaturas registradas en lista plurinominal, se seguirán las reglas siguientes:

a) La Comisión Estatal Electoral verificará los resultados de mayoría relativa en los distritos uninominales, a efecto de determinar el género que obtuvo el menor número de escaños de los veintiséis que se obtienen por esa vía.

b) Se procederá a establecer una prelación para la asignación por partidos políticos empezando por los que obtuvieron menor votación y así sucesivamente. Con base en esa prelación se procederá a asignar las curules plurinominales (listas) de los que hayan obtenido una vez el porcentaje mínimo, para ello se verificará el número de diferencia (brecha) que existe entre un género y otro en Mayoría Relativa.

Éste será el número de escaños que se otorgará, en una primera asignación al género menos favorecido, siempre y cuando haya suficientes curules obtenidas por ese porcentaje mínimo. Una vez agotados estos lugares y de existir más partidos que hayan obtenido dicho porcentaje, se asignarán con alternancia de género, empezando nuevamente por el género menos favorecido.

c) Las asignaciones para aquellos partidos que consigan una segunda vez el porcentaje mínimo se harán al género restante en la lista hasta agotar este método de asignación.

d) Para la asignación de las curules que corresponden a las y los candidatos que no habiendo obtenido mayoría relativa en su distrito, hubieren obtenido el mayor porcentaje de votos en su distrito a favor de sus partidos, se considerará una alternancia al interior de cada uno de los partidos políticos; en los casos de las coaliciones se iniciará con el género menos favorecido de la sumatoria de las curules plurinominales a las que hayan accedido los partidos políticos integrantes de la coalición.

7.5 Metodología de estudio atendiendo al principio de justicia completa.

Esta Sala Regional, al asumir jurisdicción y considerando que en el caso la decisión impugnada ha sido revocada por el hecho de que el Tribunal Local resolvió las impugnaciones relacionadas con la representación proporcional sin antes concluir la decisión de las que correspondían a los resultados de mayoría relativa de la propia elección, y que con motivo de su revocación quedó sin efectos, en la parte correspondiente, el diverso acuerdo CEE/CG/210/2018, de la Comisión Estatal Electoral, dictado en su cumplimiento, el cual constituía una segunda asignación de diputaciones de representación proporcional, procederemos en este fallo:

         En primer orden, a determinar el cómputo final de mayoría relativa.

         Para lo cual habrán de considerarse, además de los ajustes que realizó la Comisión Estatal Electoral con base en las casillas anuladas por el Tribunal Local a partir de las sentencias que dictó contra los cómputos respectivos, la votación correspondiente a las casillas modificadas por esta Sala con motivo de las sentencias dictadas en los medios de impugnación que fueron resueltos en esta propia fecha (6 casillas).

         En segundo orden, necesariamente tendremos que desarrollar la fórmula de asignación de representación proporcional, conforme al modelo derivado de la Ley aplicable, y definir la integración del Congreso Local.

         Hecho lo anterior, en forma excepcional, considerando la mayor importancia que tiene el brindar certeza en la definición legal de la conformación del congreso, a partir del resultado que este ejercicio arroje, y la actuación también excepcional que se torna necesaria, nos referimos a que sea una autoridad revisora federal, la que en sustitución de las autoridades locales, por la premura en la definición jurídica de la conformación de su Congreso, nos pronunciaremos en la medida en que resulte necesario sobre los cuestionamientos jurídicos contenidos en las demandas de juicios de inconformidad.

Pues lógicamente lo que en ellas se dijo, eran agravios dirigidos en aquel momento a controvertir el acuerdo CEE/CG/207/2018, de la Comisión Estatal Electoral.

Acuerdo que no procede sea examinado por esta instancia, porque como se argumentará a lo largo de esta ejecutoria, el cómputo de elección de mayoría y de representación ameritará ajuste a partir de la anulación de diversas casillas con motivo de los recursos que ante el Tribunal Local fueron decididos con posterioridad a su emisión y a los que a la postre derivaron de la decisión de los recursos que conoció contra esas decisiones esta Sala.

Lo que ocurre precisamente por el diseño de la Ley Electoral, pues a diferencia de las disposiciones que en el orden federal prevén que la asignación de representación proporcional de diputaciones al Congreso de la Unión tendrá lugar resuelto el último medio de impugnación contra resultados de mayoría relativa, en algunos estados, y es el caso de Nuevo León, la asignación de representación proporcional de diputaciones la perfila la Comisión Estatal Electoral antes de que esto pueda ocurrir, de ahí que siguiendo la propia lógica del orden legal estatal, el ejercicio de asignación que podríamos llamar inicial o primero, puede cambiar o ser modificado con motivo de los recursos correspondientes que se presenten contra los resultados de mayoría, de ahí que sea  necesario ajustar los valores base para finalmente desarrollar la fórmula.

En ese sentido, conforme a la metodología de examen anunciada, se determinará el cómputo total recompuesto de la elección de diputaciones de mayoría relativa.

8. Obtención del cómputo final de diputaciones de representación proporcional, de frente a las sentencias emitidas por el Tribunal Local y por esta Sala Regional, relacionadas con diputaciones de mayoría relativa.

8.1. Cómputo total recompuesto de la elección de diputaciones de mayoría relativa.

A fin de realizar la recomposición del cómputo total de la elección de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, es necesario identificar las cifras finales obtenidas, una vez restada la votación anulada por el Tribunal Local en setenta y dos casillas[37] y distribuidos los votos a los partidos políticos coaligados[38]. Se precisa que, del total de dichas casillas, cuarenta y una de ellas fueron anuladas mediante sentencias de diez de agosto previo a resolver el juicio de inconformidad promovido contra la asignación de diputaciones de representación proporcional, y las restantes treinta y uno, en sesiones de trece y catorce de agosto.

Al respecto, esta Sala Regional resolvió diez medios de impugnación relacionados con resultados de la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa en siete distritos electorales del Estado de Nuevo León, los cuales se enlistan a continuación:

Derivado de las modificaciones realizadas por este órgano jurisdiccional al resolver los juicios SM-JDC-755/2018 y SM-JRC-264/2018 acumulados, en los cuales se determinó que debía prevalecer la votación recibida en tres casillas correspondientes al 24 distrito electoral, así como la nulidad de la votación recibida en otras tres casillas correspondientes al 2 distrito electoral decretada por este órgano jurisdiccional al resolver los juicios SM-JRC-254/2018 y SM-JDC-767/2018, se tiene que, en atención a los ajustes efectuados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios, deben modificarse los resultados consignados en el acta de cómputo total de la elección de diputaciones al Congreso Local para quedar en los siguientes términos:

8.2. Recomposición del cómputo final de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional.

Toda vez que se ha modificado el resultado de la elección de diputaciones por mayoría relativa, procede ajustar el cómputo correspondiente a la elección por el principio de representación proporcional, el cual, en términos del artículo 9.6.4. de los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo del Proceso Electoral 2017-2018, se obtiene de la suma de la votación distrital de diputados de mayoría relativa más la votación consignada en las actas de representación proporcional de las casillas especiales.

Para realizar la recomposición de resultados, se tomará en cuenta el cómputo final de las casillas especiales de representación proporcional, en el cual la Comisión Estatal Electoral ya descontó la votación anulada por el Tribunal Local en las casillas 63 especial, 150 especial 2 y 150 especial 3[39]. Los resultados de la sumatoria correspondiente es la que se contiene en el siguiente cuadro:

9. Desarrollo de la fórmula de asignación de diputaciones de representación proporcional sobre las bases del presente fallo.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 46, párrafo segundo, de la Constitución Local, el Congreso Local se integrará por veintiséis diputaciones de mayoría relativa y dieciséis de representación proporcional.

Las diputaciones electas por el principio de mayoría relativa se distribuyeron de la forma siguiente:

9.1. Obtención la votación válida emitida, para determinar a los partidos políticos que participarán en la asignación.

El artículo 263, fracción I, de la Ley Electoral, señala tendrán derecho a participar en la asignación de diputaciones de representación proporcional los partidos políticos que obtengan por lo menos el tres por ciento [3%] de la votación válida emitida en el Estado y que no hubieren obtenido la totalidad de las diputaciones de mayoría relativa.

Dicho artículo dispone que se entiende por votación valida emitida la que resulte de deducir de la votación total –suma de votos depositados en las urnas-, los votos emitidos para candidatos no registrados y los votos nulos.

Como se precisó, para llevar a cabo el procedimiento de asignación de diputaciones de representación proporcional, los partidos políticos con derecho a ello deben participar en lo individual, en tanto que su representatividad en el órgano colegiado debe medirse por los votos que lograron según el cómputo correspondiente, una vez realizada la distribución de la votación entre los integrantes de la coalición.

Por tanto, para efectos de la asignación de diputaciones de representación proporcional, los partidos que integraron la Coalición [MORENA, PT y PES], participan en el procedimiento de manera individual.

Por otra parte, debe destacarse que, en su momento, la Comisión Estatal Electoral precisó que, ante la renuncia de una candidatura del Partido de la Revolución Democrática que no fue sustituida [en el 10 distrito electoral], esta se canceló, de ahí que determinó que por esta circunstancia la votación que obtuviera dicho partido sólo sería computada para efectos de sus prerrogativas[40]; es decir, no se consideraría para la asignación de diputaciones.

Como se dijo, en la asignación de diputaciones de representación proporcional se considera a los partidos políticos en lo individual, aun cuando participen en coalición; a la par se sostiene que a las candidaturas independientes no les corresponde diputaciones por este principio, conforme se razonará más adelante en esta sentencia.

Ahora, del listado anterior se obtiene que tres partidos políticos no alcanzaron el umbral mínimo del tres por ciento para tener derecho a la asignación–Partido de la Revolución Democrática, PES y RED–.

En consecuencia, en el procedimiento de asignación les corresponde participar solo a siete partidos políticos, a saber: PAN, PRI, PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Morena.

9.2. Límites en la asignación de diputaciones de representación proporcional.

Conforme al artículo 266, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley Electoral:

      A ningún partido político se le podrán asignar más de veintiséis diputaciones por ambos principios.

      A ningún partido se le podrán asignar más de catorce diputaciones por el principio de representación proporcional.

      Tampoco podrán contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación efectiva [sobrerrepresentación].

      En la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales [subrepresentación].

Al respecto, se destaca que la verificación de los límites de sub y sobrerrepresentación, conforme a los criterios de la Suprema Corte, es correcto que se realice tomando en cuenta la votación efectiva[41] [total de las votaciones obtenidas por los partidos con derecho a diputaciones de representación proporcional], al considerarse que, con independencia del nombre que le dé el legislador, se trata de una votación depurada que se obtiene al restar a la votación total los votos a favor de candidaturas no registradas, de candidaturas independientes, de partidos políticos que no obtuvieron el umbral mínimo, y votos nulos.

Ahora bien, por cuanto a esta votación depurada para efectos de comprobación de los referidos límites, la Sala Superior ha considerado que deben agregarse los votos de los partidos políticos o candidaturas independientes que hayan obtenido por lo menos una diputación por el principio de mayoría relativa, a efecto de no alterar la relación entre votos y curules de la legislatura.

Al respecto, véase la tesis XXIII/2016 de la Sala Superior, de rubro: REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARA EFECTOS DE DETERMINAR LOS LÍMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIÓN DEBE CONSIDERARSE LA VOTACIÓN DE LOS QUE HAYAN OBTENIDO UN TRIUNFO DE MAYORÍA.[42] Además, el precedente correspondiente al recurso de reconsideración SUP-REC-1273/2017, relacionado con la asignación de diputaciones en el Estado de Nayarit.

En cuanto a la sobre representación, conforme lo ha determinado la Sala Superior, la revisión de ese límite debe realizarse en cada una de las etapas de la asignación.

Por su parte, el estudio de la subrepresentación se efectuará, sólo al concluir el procedimiento, pues es en ese momento cuando se puede determinar que efectivamente algún partido político se encuentra fuera del límite constitucional y en consecuencia deberán realizarse las compensaciones respectivas y se realizarán, de ser necesarios, los ajustes respectivos[43].

Esto es, si en alguna de las rondas se advierte que algún o algunos de los partidos políticos se encuentran sobrerrepresentados, en ese momento se hará el ajuste necesario y, como consecuencia, dejará de participar en esa ronda y en las siguientes, permitiendo la asignación a otras opciones políticas con una representatividad ubicada dentro de los límites constitucionales.

Si al finalizar las etapas de distribución, se advierte que algún partido está subrepresentado en más de ocho puntos respecto de la votación efectiva, procederá hacer la compensación necesaria[44].

A continuación, se procede a determinar los límites de sobrerrepresentación en la distribución de curules por el principio de representación proporcional, con base en la votación efectiva, que corresponde a la suma de las votaciones obtenidas por los partidos con derecho a diputaciones de representación proporcional, de acuerdo con el artículo 265, párrafo cuarto de la Ley Electoral.

Ahora bien, como se expuso, en el caso la votación que no se tomará en cuenta para la asignación es la que se muestra enseguida:

Con base en la votación efectiva obtenida por cada partido político que participa en la asignación, procede obtener los límites de sobrerrepresentación en la distribución de curules.

Para ello, se considera que el órgano legislativo se integra con cuarenta y dos diputaciones, por tanto, el valor de representación de cada curul es de dos punto treinta y ocho por ciento [2.38%], el cual se obtiene al dividir 42 entre 100.

Como se advierte, ninguno de los partidos políticos que participarán en la asignación se encuentra sobrerrepresentado.

9.3. Ronda de asignación por Porcentaje Mínimo.

El artículo 265, segundo párrafo, dispone que por porcentaje mínimo se entiende el tres por ciento [3%] de la votación válida emitida; y el artículo 266, fracción I, ambos de la Ley Electoral, establece que, mediante porcentaje mínimo, se distribuirán la primera y segunda curul a todo aquel partido cuya votación contenga una o dos veces dicho porcentaje.

Por porcentaje mínimo se han distribuido once curules y restan cinco por asignar.

A fin de verificar en esta ronda el límite de sobrerrepresentación, se suman las diputaciones asignadas a las obtenidas por mayoría relativa:

De la información del cuadro anterior, se advierte que ningún partido político se encuentra sobrerrepresentado.

9.4. Ronda de asignación por Cociente Electoral.

Ahora bien, con fundamento en los artículos 265, párrafos segundo, tercero y cuarto y 266, fracción II, de la Ley Electoral, las cinco diputaciones que restan se asignarán por cociente electoral, el cual se obtiene al dividir la votación efectiva menos los votos utilizados por porcentaje mínimo, entre el número de curules que falten por repartir.

En principio, se obtienen los votos utilizados por cada partido político por porcentaje mínimo -62,054.19- para restarlos a la votación efectiva:

Con base en lo anterior, se obtiene el cociente electoral dividiendo el total de la votación efectiva restante, entre el número de curules que faltan por repartir.

Conforme con lo que antecede, se asignarán a cada partido político tantas diputaciones como el número de veces que contenga su votación restante en orden decreciente.

Por cociente electoral se asignaron tres diputaciones, por lo que, hasta el momento, se han distribuido catorce y restan dos.

En esta ronda también se procede a verificar el límite de sobrerrepresentación, para lo cual se suman las diputaciones asignadas en las dos rondas a las obtenidas por mayoría relativa:

De la información del cuadro anterior, no se advierte que algún partido político se encuentre sobrerrepresentado.

9.5. Ronda de asignación Resto Mayor.

El artículo 266, fracción III, de la Ley Electoral, establece que, si después de aplicar el cociente electoral quedaren curules por repartir, éstas se distribuirán por resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados; entendiendo al resto mayor como el remanente de votación más alto de cada partido, una vez deducida la votación utilizada en las rondas anteriores; por lo tanto, se procede a asignar las dos diputaciones restantes, reiterando que la asignación inicia en cada fase considerando al partido de menor votación en este caso del concepto de resto mayor.

Una vez realizado el procedimiento de asignación, la distribución de curules por partido político incluyendo las obtenidas por mayoría relativa, es la siguiente:

9.6. Revisión final de los límites de sobre y subrepresentación.

Finalmente, en esta última etapa es necesario nuevamente verificar la sobrerrepresentación, y al haber concluido las rondas de asignación, como se anticipó, deberá revisarse que ningún partido político se encuentre subrepresentado.

Ahora bien, conforme a los resultados mostrados, esta Sala advierte que el PRI se encuentra subrepresentado, en tanto que tiene cinco diputaciones en total, lo que equivale al 11.90% de representación en el Congreso Local, tomando en cuenta que cada curul equivale al 2.38%.

En ese sentido, tomando en cuenta que su porcentaje de votación válida emitida es de 21.52%, la subrepresentación es del 9.62%, esto es, supera o está por encima de los ocho puntos permitidos constitucionalmente.

En consecuencia, procede realizar un ajuste con el fin de cumplir lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, de la Constitución Federal, 46, párrafo tercero de la Constitución Local y 266, último párrafo de la Ley Electoral, en el sentido de que, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido, menos ocho puntos porcentuales.

En la especie, se advierte que la legislación de Nuevo León no establece la forma en que se deba hacer el ajuste en el caso de que un partido político se encuentre subrepresentado.

Al respecto, se toma en cuenta como precedente reciente la decisión dictada por la Sala Superior al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-1273/2017 y acumulados,[45] en la cual se determinó, en principio, que en los ajustes de asignación se deberá respetar aquellos lugares que de manera directa hayan alcanzado los partidos políticos por superar la barrera del 3% de la votación válida emitida.

Además, se consideró que restar escaños a los partidos con mayor sobrerrepresentación para otorgarlos al subrepresentado, es acorde con el principio de representación proporcional, porque se persigue con un criterio objetivo, la mayor aproximación posible entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños que obtienen los partidos políticos, lo cual, se sostiene favorece el pluralismo al que aspira la parte proporcional del sistema electoral.

Tomando en cuenta estos razonamientos, la Sala Superior determinó que para realizar los ajustes para compensar la subrepresentación, debe hacerse lo siguiente:

      Se evalúa la subrepresentación. Al respecto, si se determina que existen partidos que conforme al procedimiento de asignación están subrepresentados fuera de los limites constitucionalmente permitidos, se debe determinar el número de curules que les hacen falta para encontrarse en los límites de subrepresentación permitidos.

      Para eliminar la subrepresentación que excede los límites constitucionales se incidirá en los partidos con mayor sobrerrepresentación siempre y cuando dichos partidos no se ubiquen en ese supuesto por virtud de alguna diputación de asignación directa.

      En caso de que el supuesto anterior no sea posible, se hará con los partidos subrepresentados, siempre que el potencial ajuste [retirar una curul], no implique que quede subrepresentado fuera del límite constitucionalmente permitido. En esa medida, en principio se ajustaría al partido con menor índice de subrepresentación.

En este caso, únicamente tres partidos políticos tienen un porcentaje de representación por encima de su porcentaje de votación efectiva, los demás acusan subrepresentación y sólo el PRI es el que se ubica fuera de los límites permitidos, como se muestra en la siguiente gráfica:

Con base en lo anterior, atendiendo al criterio fijado por la Sala Superior, la compensación deberá hacerse restando una diputación al PAN, al ser el partido que, aun cuando se encuentra dentro del parámetro constitucional, es el que mayor porcentaje de sobrerrepresentación obtuvo con un 5.50%.

Conforme a lo expuesto, la distribución y porcentajes de representación queda de la siguiente forma.

10. Integración paritaria del Congreso del Estado de Nuevo León.

Esta Sala Regional, al resolver el expediente SM-JDC-283/2018 y su acumulado, en plenitud de jurisdicción se pronunció respecto de la legalidad de los Lineamientos, exclusivamente por lo que hace al supuesto vicio que había sido expuesto en un agravio que el Tribunal Local omitió analizar.

En efecto, al conocer de dichas impugnaciones, este órgano declaró fundado el agravio de falta de exhaustividad de la resolución local, debido a que la autoridad responsable no expresó por qué la regla de alternancia establecida en el artículo 14, inciso b), de los Lineamientos era suficiente para garantizar la paridad en la integración del Congreso.

Al respecto, en dicho asunto se razonó que la Comisión Estatal Electoral implementó en los Lineamientos, medidas para garantizar la paridad en la integración del Congreso, al introducir un criterio de constatación frente a la paridad como resultado, el cual impone en cada fase, ver cómo se va conformando el órgano en su conjunto, buscando que se integre en igual proporción de mujeres y hombres y, ante escenarios dispares o de mayor número de personas de un género, imponiendo ajustes con miras a un equilibrio entre ambos.

Como se observa, el pronunciamiento se limitó a establecer que los Lineamientos, en abstracto, sí garantizan la integración paritaria del órgano legislativo, pues establece diversas medidas que, incluso desde el inicio del procedimiento de asignación, se van aplicando para conseguir ese resultado paritario. Sin embargo, en aquel asunto no fue materia de litis –y por tanto no se abordaron en la sentencia– otros aspectos, como la incidencia que pudieran tener esas medidas en otros derechos o principios.

Es de destacar que, desde ese precedente esta Sala estableció expresamente que la aplicación de los Lineamientos habría, en su caso, tenerse en cuenta los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que motivaron las jurisprudencias 36/2015 y 11/2018, de rubros: REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA”[47] y “PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES[48], pues, según se sostuvo, será en la lógica de la esencia de estos criterios obligatorios como se atenderían esas disposiciones reglamentarias.

En la especie, como se muestra en el ejercicio que a continuación se presenta, es evidente que, si bien las reglas previstas en los Lineamientos garantizarían la paridad en la integración del Congreso de Nuevo León, su aplicación, en aras de una paridad numérica, se convierte en techo o límite frente a la igualdad sustantiva, fin último de la paridad, pues puede tener incidencia desproporcionada en el derecho de autodeterminación de los partidos políticos, en el principio democrático e incluso en el de representación.

10.1 Asignación conforme los lineamientos.

En principio, la integración del Congreso Local después de los resultados de mayoría relativa no es paritaria, pues se conforma con catorce hombres y doce mujeres, por lo cual debería realizarse el ajuste necesario en la primera fase de asignación de diputaciones.

Para ello, la asignación de las diputaciones iniciaría con los partidos que hayan obtenido la menor votación, tomando en cuenta el orden de las listas de candidaturas plurinominales registradas por cada partido político, así como las candidaturas de mayoría relativa con mayor porcentaje de votos en el distrito que contendieron y no ganaron.[49]

Así, correspondería a los partidos Nueva Alianza y PT la primera asignación por porcentaje mínimo y tomando en cuenta el ajuste por género.

Hasta esta fase, la integración del Congreso Local sería de catorce mujeres y catorce hombres, esto es, de manera paritaria debido al ajuste realizado.

Se continuaría con el procedimiento de distribución por porcentaje mínimo a los partidos que obtuvieron el 3% de la votación válida emitida, iniciando con el partido con menor votación.

Ahora bien, el siguiente paso sería asignar una curul a los partidos políticos que obtuvieron por lo menos el 6% de la votación válida emitida, en el entendido de que se haría la asignación con las candidaturas restantes de las listas plurinominales, conforme a lo siguiente:

Hasta esta fase, la integración del órgano legislativo sería de diecinueve mujeres y dieciocho hombres.

Por cuanto hace a la asignación por cociente electoral para la integración paritaria, la distribución debería iniciar con el género masculino, al ser el menos representado hasta la fase anterior, en el entendido que se inicia con el partido de menor votación.

Hasta esta fase, la integración sería de veinte mujeres y veinte hombres.

Los resultados de la asignación por resto mayor para la integración paritaria serían los siguientes:

Finalmente, dado que el PRI se encuentra subrepresentado, según se evidenció en el proceso de distribución de diputaciones, corresponde asignarle la última diputación que había sido otorgada al PAN.

De las cuarenta y dos diputaciones que integran el Congreso Local, una vez desarrollado el ejercicio conforme a los Lineamientos, se tiene que quedaría conformado por veintiún mujeres y veintiún hombres.

Para esta Sala Regional, dados los hechos que se presentan en el caso concreto, la aplicación exacta de las disposiciones reglamentarias trae consigo los siguientes inconvenientes:

        Se vulneraría el principio de autodeterminación de los partidos de manera preponderante, al no respetarse el orden de prelación de las listas de representación proporcional registradas por el PT y el Partido Verde. Cabe resaltar que, en el caso de estos partidos, el grado de intervención en el derecho de autodeterminación es total, pues modifica la única curul de representación proporcional a la que tuvieron derecho.

        Incidiría en la misma magnitud en el principio de pluralidad, ya que la asignación que inicia por porcentaje específico tiene como primordial finalidad tutelar este principio.

        Asimismo, trastocaría el principio democrático, pues alteraría el orden de prelación de los llamados mejores perdedores de las listas del PAN, ya que en la etapa de cociente electoral le correspondió una curul y, a pesar de que su mejor perdedor fue un hombre, se le asignó a una mujer, la cual se ubicaba en el tercer lugar de la lista de mejores perdedores.

Previo a exponer la solución que se adopta en el presente asunto, conviene tener en cuenta que, por regla general, en la asignación de cargos de representación proporcional deben respetarse dos aspectos fundamentales:

a)     El orden de prelación propuesto por los partidos en la lista de candidaturas registrada, es decir, el derecho de autodeterminación de los partidos y el de las personas que resultaron favorecidos con una mejor posición en la lista correspondiente.

b)     Aquellas candidaturas que, no habiendo ganado la elección de diputación de mayoría relativa, obtuvieron la mayor proporción de votos en comparación al resto de candidaturas postuladas por el mismo partido (lista de mejores perdedores), para conceder el valor que el legislador local le dio al principio democrático, representado a través del mandato popular expresado en las urnas.

Para este órgano jurisdiccional, debe tenerse en cuenta que la constatación de la paridad por fases, en efecto, garantiza la integración paritaria, pero a la par, lleva a escenarios como el que se describe, de ahí que, sin dejar de considerar el principio de paridad, el objeto y fin de su inclusión en el artículo 263, fracción II de la Ley Electoral, consolidar la paridad en la integración del Congreso, deba vérsele como principio y no como un criterio de constatación por fases, conforme se razona en seguida.

En primer lugar, debe advertirse que la finalidad de este tipo de mecanismos es hacer efectivo el derecho a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el acceso a los cargos electivos.

Así, es pertinente traer a cita que, originalmente, la paridad surgió, primero, como un mandato de postulación de candidaturas para propiciar que los partidos no excluyeran a las mujeres de ellas, y para que se sumaran en la protección de sus derechos de participación política.

Como sabemos, las cuotas de género y posteriormente la paridad en la fase de postulación, fueron medidas surgidas para compensar la discriminación histórica de las mujeres.

En el propósito a favor de la igualdad, las autoridades estatales como lo mandatan los convenios de derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es parte deben, de ser necesario, implementar acciones que garanticen una participación igualitaria en el acceso a los cargos de elección popular que beneficien al género históricamente discriminado.

Por este motivo, las disposiciones para garantizar la paridad de género contenidas en las leyes locales, como es el caso de las normas en cita, que ven a la integración del Congreso Local, deben ser aplicadas en la medida que privilegien la finalidad de la paridad, compensar el déficit de representación de las mujeres en este tipo de órganos.

Esta interpretación armoniza los derechos de igualdad y también de autodeterminación de los partidos políticos[51]; procura la eficacia de medidas encaminadas a asegurar que las mujeres accedan en condiciones de igualdad a la integración de los órganos de elección popular.

En ese orden de ideas, aplicar literalmente estas disposiciones, entender la paridad como criterio en cada fase y no como un principio que busca ser una acción reparadora, implicaría en perjuicio del género subrepresentado, que las mujeres no pudieran superar la barrera del cincuenta por ciento de representación en los órganos políticos, incluso cuando la voluntad de los partidos políticos fuese postular más mujeres que hombres, lo cual sería contrario a la finalidad, tanto de la paridad, como de las acciones afirmativas que la potencian; las que teniendo como meta la igualdad real, la llamada igualdad sustantiva, lleven a impulsar la participación política del mayor número de mujeres posible.

En otras palabras, la medida implementada buscando su beneficio representaría en la práctica un perjuicio, una limitante, al volver a la paridad vista como regla de integración, techo o límite de su presencia en los congresos, cuando ante la desigualdad real e histórica, la paridad debe ser piso o base no techo.[52]

En resumen, bajo esta concepción y conforme al sentido que impone la jurisprudencia 36/2015, como reiteradamente ha sostenido esta Sala Regional[53] la asignación de representación proporcional debe realizarse, en principio, respetando el orden de prelación propuesto por los partidos políticos en sus listas (en el presente caso también se debe tomar en consideración el orden de preferencia en que se ubiquen los denominados mejores perdedores) y, entonces, verificar si se logró la integración paritaria del órgano colegiado o si, por el contrario, es necesario aplicar alguna medida afirmativa.

Lo anterior, pues pudiera acontecer que al seguir el orden natural del procedimiento de asignación se obtuviera el mismo número de hombres y mujeres –o incluso más mujeres que hombres–, lo cual evidenciaría la falta de necesidad de aplicar ajustes que, persiguiendo el mismo fin, inciden en valores importantes como la autodeterminación de los partidos, los derechos adquiridos de quienes se encuentran en una posición preferente en las listas registradas y la expresión ciudadana en las urnas, representada en una votación más copiosa respecto a ciertas candidaturas que no alcanzaron el triunfo.

10.2 Asignación sin considerar la paridad en cada fase.

Para verificar si es necesario intervenir en el orden natural de la asignación, es pertinente mostrar de manera ilustrativa, un ejercicio en el que se respeta de manera total el orden de prelación de las listas de diputaciones plurinominales que registraron los partidos y el orden en que quedaron ubicados los candidatos no ganadores.

La integración paritaria conforme lo impone el artículo 263, fracción II, de la Ley Electoral, se advierte que las diputaciones obtenidas por mayoría relativa correspondieron a las siguientes candidaturas:

Ahora bien, la asignación de las diputaciones se realizaría conforme el orden de prelación contenido en las listas registradas por los partidos políticos, así como por las de candidaturas que no ganaron en sus distritos, pero obtuvieron los mejores porcentajes para su partido.

Para ello, la asignación de las diputaciones iniciaría con los partidos que hayan obtenido la menor votación, tomando en cuenta el orden de las listas de candidaturas plurinominales registradas por cada partido político, así como las candidaturas de mayoría relativa con mayor porcentaje de votos para su partido en el distrito en que contendieron y no ganaron.[54]