Monterrey, Nuevo León, a cinco de octubre de dos mil veintiuno.

Sentencia definitiva que confirma, en la materia de controversia, la dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes en el juicio TEEA-JDC-127/2021 y acumulados en el que, entre otras cuestiones, modificó el acuerdo entonces impugnado a fin de considerar inelegible a la actora para ocupar la primera regiduría de representación proporcional del Ayuntamiento de Jesús María; porque: a) la accionante se queja de que ciertos promoventes en la instancia local no tenían interés jurídico para impugnar, que el Tribunal reconoció ese hecho y sustentó su decisión en que contaban con interés legítimo, lo cual no está combatido; b) la renuncia a la militancia antes de la mitad del mandato es requisito de elegibilidad para que una persona sea electa de manera consecutiva por un partido diverso al que originalmente la postuló y, por ende, sí era posible revisar su cumplimiento con motivo de la asignación de regidurías; y c) correctamente se consideró inelegible a la promovente, pues aun cuando el padrón de militantes del Instituto Nacional Electoral no prueba la afiliación, cierto es que la renuncia presentada por la accionante se desvirtuó al acreditarse la realización de actos partidistas con posterioridad a la presentación de la renuncia y después de la mitad de su mandato.

GLOSARIO

1.     ANTECEDENTES DEL CASO

1.1.           Jornada electoral. El seis de junio[1] se celebró la jornada electoral para renovar a quienes integran los Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes, entre ellos, el correspondiente a Jesús María.

1.2.           Cómputo municipal. El nueve de junio, el Consejo Municipal celebró sesión de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento, declaró la validez de la elección y entregó la constancia de mayoría y validez en favor de la planilla encabezada por José Antonio Arámbula López, postulada por la Coalición Por Aguascalientes[2].

1.3.           Acuerdo de Asignación.  El trece de junio, el Instituto Estatal asignó las regidurías de RP a cada uno de los ayuntamientos.

En el caso de Jesús María, de las cuatro regidurías a repartir, otorgó una a MORENA, una al Partido Revolucionario Institucional, una al Partido Encuentro Solidario y una a Fuerza por México[3], conforme a lo siguiente.

1.4.           Impugnaciones locales. Inconformes con las diversas determinaciones tomadas en el Acuerdo de Asignación, distintos partidos, candidaturas y ciudadanía en general, presentaron juicios y recursos estatales.

Entre ellos, cinco se dirigieron a controvertir la elegibilidad de Karla Arely Espinoza Esparza (actora) para ocupar la primera regiduría de RP. Como se observa:

En su oportunidad, promovente compareció como tercera interesada en cada uno de los medios de impugnación[9].

1.5.           Sentencia controvertida. El veintinueve de julio, el Tribunal local dictó sentencia en el juicio TEEA-JDC-127/2021 y acumulados[10], en la cual resolvió conjuntamente impugnaciones relacionados con los Ayuntamientos de Aguascalientes, Pabellón y Jesús María.

Determinó modificar el Acuerdo de asignación, entre otras cuestiones, al estimar que la actora no cumplió los requisitos constitucionales para reelegirse como regidora, porque no renunció a su militancia con la temporalidad exigida por la norma y fue registrada por un partido político distinto al que la postuló.

Por tanto, ordenó al Instituto estatal expedir la constancia de asignación como propietaria a quien fuera la suplente de la actora[11].

1.6.           Juicio federal. En desacuerdo, el tres de agosto la accionante promovió el juicio en que se actúa.

1.7.           Tercerías interesadas. El seis de agosto comparecieron al juicio Araceli Barrón Martínez, así como Enrique Humberto Azcona Ávila.

2.       COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente asunto, porque se trata de un juicio ciudadano en el cual se controvierte una sentencia del Tribunal local vinculada con la asignación de regidurías de un Ayuntamiento en Aguascalientes; entidad federativa que se ubica en la segunda circunscripción electoral plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 176, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso f), y 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

3.       PROCEDENCIA

El presente juicio reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 13, párrafo 1, inciso b), 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, conforme lo razonado en el respectivo auto de admisión.

4.       ESTUDIO DE FONDO

4.1.           Materia de la controversia

4.1.1.    Origen

En el proceso electoral local ordinario 2018-2019 en Aguascalientes, Karla Arely Espinoza Esparza resultó electa como regidora de RP en la posición 3, a fin de integrar el Ayuntamiento de Jesús María[12], del quince de octubre de dos mil diecinueve al catorce de octubre de dos mil veintiuno[13]. El partido político que la postuló fue el Partido Libre[14].

En el actual proceso electoral local 2020-2021, fue postulada por MORENA como candidata propietaria a la primera regiduría de RP del mismo ayuntamiento; lo cual aprobó el Instituto Electoral mediante la Resolución de registro dictada el treinta y uno de marzo[15].

Entre otras cuestiones, en esa determinación, por un lado, se advirtió que la actora buscaba contender vía reelección por un partido político diverso a aquél por el que “ganó”(sic) en el proceso anterior; y, por otro, se tuvo por acreditado que “renunció o perdió su militancia” desde el tres de agosto de dos mil veinte.

Esto, a partir de la renuncia de la promovente a la afiliación del Partido Libre, que hizo llegar al Instituto Electoral a través de la representante de MORENA[16].

En su oportunidad, se llevó a cabo la jornada electoral, realizó el cómputo municipal de la elección, declaró la validez de la elección del Ayuntamiento y se entregó la constancia de mayoría y validez a la planilla postulada por la Coalición Por Aguascalientes.

Posteriormente, el Instituto Electoral realizó la distribución de regidurías de RP para integrar el Ayuntamiento; la primera de ellas la otorgó a MORENA y la asignó a la promovente.

Inconformes con esa decisión, el PAN, dos ciudadanas y dos ciudadanos, presentaron medios de impugnación locales. Su pretensión era que se declarara inelegible a la actora, al considerar que: 1) no se separó de su cargo noventa días antes de la jornada electoral; así como que 2) no cumplía el requisito de haber renunciado al partido que originalmente la postuló, antes de la mitad de su mandato, para poder participar vía reelección por otro partido.

4.1.2.    Resolución impugnada

En su momento, el Tribunal local modificó el Acuerdo de asignación, entre otras cuestiones, al considerar que: 1) respecto a la separación de su cargo con una antelación de noventa días a la jornada electoral, con independencia de la fecha en que el Cabildo aprobó su solicitud de licencia, cierto es que la actora sí presentó tal licencia en el plazo que obliga la ley y, por tanto, bajo una perspectiva constitucional debía considerarse que cumplió el requisito de elegibilidad en cuestión.

2) Por lo que hace a los requisitos constitucionales para contender vía reelección, consideró que se trataba de requisitos de elegibilidad que pueden ser cuestionados en dos momentos, primero, ante la autoridad administrativa y, segundo, cuando se declara la validez de la elección y se entregan las constancias respectivas.

En el caso, estimó que no podían tenerse por cumplidos ya que la accionante no renunció a la militancia con la temporalidad exigida por la norma (a más tardar el catorce de octubre de dos mil veinte) y fue registrada por una fuerza política diferente a la que la postuló de forma primigenia. Fundamentalmente, por lo siguiente:

i.     El treinta de marzo, último día para cumplir los requisitos de registro de candidaturas, la representante de MORENA presentó escrito ante el Instituto Electoral, donde señaló que, para efecto de cumplir el requisito temporal para contender por reelección por otro partido político, presentaba una carta de renuncia a la militancia del Partido Libre firmada por la actora, fechada el tres de agosto de dos mil veinte, así como la copia de su credencial para votar con fotografía.

El Tribunal local señaló que esa renuncia obraba en copia simple y no se podía observar la fecha de recepción y tampoco la persona que la recibió, de modo que sólo generaba un indicio, el cual resultaba insuficiente para su pretensión, porque se desvirtuaba con otros elementos en autos.

ii.     Ello, porque existía un registro de afiliación vigente al Partido Libre (consultable en el padrón de militantes de partidos políticos locales del INE), que reportaba como fecha de afiliación el dieciséis de agosto de dos mil veinte; es decir, trece días después a la presunta solicitud de renuncia fechada el tres de agosto de dos mil veinte. Ese registro se ofreció mediante una liga certificada por notario público, por lo que tenía valor probatorio pleno.

iii.     Además, posterior al tres de agosto de dos mil veinte, la actora siguió participado activamente en actos internos del Partido Libre, como se advertía en su perfil oficial en la red social Facebook, en el cual se podían observar diversas publicaciones con ese contenido entre el seis de agosto y el veintisiete de octubre de dos mil veinte (asistencia a eventos partidistas, hacerse acompañar de su dirigencia, manifestar su pertenencia, portar vestimenta con el emblema del partido, emitir mensajes positivos y de aceptación al partido político); de manera que se desprendía que subsistía una militancia o afiliación efectiva con ese partido, incluso después de la mitad de su encargo.

 Lo anterior lo advirtió a partir de las fes de hechos presentadas por los promoventes, así como de las propias certificaciones que realizó el secretariado de estudio del Tribunal.

Para mayor claridad de los eventos, insertó la siguiente línea del tiempo:

En ese orden de ideas, concluyó que los hechos señalados en los numerales ii y iii anteriores (registro activo de la militancia y realización de actos partidistas) eran suficientes para desvirtuar la voluntad de haber renunciado al partido político y, por tanto, no era posible tener por cumplido el requisito en estudio pues, de lo contrario, se estaría pasando por alto un requisito establecido expresamente en el artículo 115 de la Constitución General (y no derivado de un ejercicio de interpretación extensiva) como una de las condiciones que se exigen para acceder a la elección consecutiva, en caso de ser postulado por un partido distinto.

Por ello, consideró inelegible a la actora para ocupar el cargo de primera regidora de RP del Ayuntamiento, modificó el Acuerdo de asignación, revocó la constancia de asignación expedida en su favor como propietaria y ordenó al Instituto Electoral que entregara la respectiva constancia en favor de su suplente.

4.1.3.    Planteamiento ante esta Sala

Inconforme, la accionante hace valer como agravios, en esencia, que:

         La ciudadanía actora carecía de interés jurídico para presentar los medios de impugnación.

         El Tribunal local confundió los requisitos de elegibilidad y de postulación. Esto, porque los requisitos de elegibilidad son cuestiones inherentes a la persona y deben estar previstos en ley de forma limitativa y taxativa, en tanto que, en el caso, no está contemplado. En realidad, el artículo 115 de la Constitución General, a partir de una interpretación pro persona, debe entenderse en el sentido de que la renuncia a la militancia es una condición de postulación y, por tanto, sólo revisable durante de la etapa de preparación de la elección.

         El Tribunal local no fue exhaustivo al estudiar el escrito de tercería interesada, pues omitió pronunciarse y desvirtuar las razones y criterios jurisprudenciales que invocó en relación con la definitividad de las actuaciones realizadas válidamente en la postulación y registro, durante la etapa de preparación de la elección.

         El Tribunal local transgredió el derecho a la seguridad jurídica, en su vertiente de confianza legítima, porque intempestivamente privó a la actora de tal confianza respecto a su derecho a participar en el proceso electoral. Esto, dado que el registro y postulación se aceptó por la autoridad electoral sin que se impugnara, hasta después de la jornada electoral, por lo que se generó la expectativa de acceder a la representación plurinominal. Además, no se actualiza una excepción para que opere el principio de confianza legítima, pues en el caso el único interés público que impera –en su favor– es dotar de efectividad los votos recibidos.

         La supuesta inelegibilidad viola los principios de tipicidad y taxatividad, pues no hay algún fundamento normativo (y tampoco se cita en la sentencia) que imponga clara y específicamente esa sanción como consecuencia del supuesto ilícito en que incurrió.

         Considerarla inelegible vulnera el principio de proporcionalidad de la pena(sic), debido a que es la sanción de máxima gravedad y trascendencia que se puede llegar a imponer. Tal consecuencia sólo se podría actualizar ante la afectación grave y sustantiva a un valor constitucional, lo que en el caso no acontece.

         El Tribunal local dejó de observar que la actora sí renunció en tiempo y forma a su militancia. Lo considera así, porque, entre las documentales que acompañó al escrito de tercería, presentó copia simple de la renuncia a su militancia, así como el acuse original de la renuncia que, al momento del procedimiento de postulación y registro, entregó a la autoridad electoral.

Con ello, refiere el Tribunal local debió advertir que la renuncia original obraba en poder del Instituto Electoral, como se estableció en la Resolución de registro en la que, incluso, calificó la validez de la renuncia (sin que ello se impugnara oportunamente); por tanto, es indebido que considerara que su renuncia sólo estaba amparada en una copia simple y tenía valor indiciario.

Además, el principio ontológico de la prueba operó en su favor porque, al estar el acuse original de la renuncia en poder de la autoridad electoral, lo ordinario es considerar que dejó de militar desde la fecha en que consta en el documento, el tres de agosto de dos mil veinte (fecha que se desprende del sello de recibido que obra en el margen inferior derecho del documento).

En todo caso, de estimarlo necesario, el Tribunal local debió considerar la carga dinámica de la prueba y requerir al Instituto Electoral que informara fehacientemente la temporalidad de la militancia.

         El Tribunal local indebidamente considera que su afiliación aparece en registros digitales pues, además de que la actora desconoce cuál es la razón por la que está en ellos de “forma indebida y apócrifa”, cierto es que no puede estar vinculada a los procedimientos del partido político para darla de baja una vez que renunció, en perjuicio de sus derechos.

         El Tribunal local no debió concluir que con las publicaciones digitales se desvirtuó el acto formal de renuncia a la militancia. La actora considera que el Tribunal local dejó de ver que las pruebas tienen naturaleza técnica, además de que hizo un análisis indebido, descontextualizado y selectivo, pues no es posible advertir con certeza las condiciones contextuales y temporalidad de los hechos que supuestamente refieren, lo que la deja en estado de indefensión respecto a cuál es la temporalidad exacta y al acto concreto de militancia partidista que se le pretendió imputar para descalificar su renuncia. Lo anterior, lo respalda en términos del análisis probatorio que realiza la Magistrada que formuló voto particular en la sentencia y hace propios esos argumentos.

         En este momento el Partido Libre ha perdido su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación, por lo que la relación de la actora con el instituto político ha dejado de tener relevancia jurídica.

4.1.4.    Cuestión a resolver

Con base en los agravios expuestos, esta Sala Regional debe determinar:

1)  Si la ciudadanía actora en la instancia previa tenía interés para controvertir la elegibilidad de la aquí promovente.

2)  Si fue apegado a Derecho que el Tribunal local considerara que la renuncia a la militancia antes de la mitad del mandato es un requisito de elegibilidad para que una persona sea electa vía reelección por un partido diverso al que originalmente la postuló y, por tanto, revisable al momento del registro y al calificar la elección y entregar las constancias correspondientes.

3)  De ser el caso, se deberá establecer si fue correcto o no que el Tribunal local concluyera que no se cumplió ese requisito y, por ende, declarara inelegible a la actora.

4.1.5.    Decisión

Procede confirmar la sentencia impugnada, en la materia de controversia, porque:

1)  Es ineficaz el agravio de la actora por el que se limita a señalar que la ciudadanía promovente en la instancia local no contaba con interés jurídico para impugnar, pues ello lo reconoció el Tribunal local y estableció que, en contraste, sí tenían interés legítimo para controvertir la elegibilidad de la actora, consideraciones que la accionante no combate.

2)  Fue apegado a Derecho que el Tribunal local concluyera que la renuncia a la militancia antes de la mitad del mandato es un requisito de elegibilidad para que una persona sea electa vía reelección por un partido diverso al que originalmente la postuló, pues es un aspecto inherente a la persona, constitucional y legalmente establecido como condición necesaria para ser electa consecutivamente. Por tanto, su cumplimiento es revisable al calificar la elección y entregar las constancias de asignación correspondientes.

3)  El Tribunal local correctamente consideró inelegible a la actora, pues aun cuando el padrón de militantes del INE no prueba la afiliación, cierto es que la renuncia de la accionante, incluso si se considerara que efectivamente la presentó desde el tres de agosto de dos mil veinte, se desvirtuó al acreditarse la participación en actos partidistas con posterioridad a su presentación y después de la mitad de su mandato.

4.2.      Justificación de la decisión

4.2.1.    Marco jurídico

4.2.1.1.                     Requisitos de elegibilidad como condición para el ejercicio de un cargo de elección popular.

Los requisitos de elegibilidad son las condiciones establecidas constitucional y legalmente que una persona debe cumplir para poder ocupar un cargo de elección popular[17]. Se refieren a cuestiones inherentes a los contendientes electorales e, incluso, son indispensables para el ejercicio del cargo[18].

La Constitución General reconoce en su artículo 35, fracción II, como uno de los derechos de la ciudadanía, el poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley[19].

Sala Superior ha señalado que el término calidades está condicionado a los aspectos intrínsecos del ciudadano y no así a cuestiones extrínsecas, así como que se refiere a las cualidades o perfil de una persona que vaya a ser nombrada en el empleo, cargo o comisión de que se trate, las cuales pueden ser: capacidad, aptitudes, preparación profesional, edad y demás circunstancias que pongan de relieve el perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia el cargo popular, o bien, el empleo o comisión que se le asigne.

También ha establecido que los derechos fundamentales de carácter político-electoral, entre otros, a ser votado, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, por lo que su interpretación no debe ser restrictiva, pero ello no implica que sean absolutos o ilimitados[20], sino que están sujetos a las regulaciones o limitaciones previstas constitucional y legalmente, las que no deben ser irrazonables, desproporcionadas o, de algún modo, violar el núcleo esencial del derecho[21].

En ese sentido, los requisitos de elegibilidad constituyen restricciones válidas y legítimas al sufragio pasivo y, por tanto, para ejercer el derecho a ser votado habrán de cumplirse los requisitos de elegibilidad y no ubicarse en los supuestos de inelegibilidad previstos en el marco jurídico[22].

4.2.1.2.                     Momentos para verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.

Sala Superior ha sostenido reiteradamente que el análisis de la elegibilidad de las candidaturas puede presentarse en dos momentos: el primero, cuando se lleva a cabo el registro de candidaturas ante la autoridad electoral; y el segundo, cuando se califica la elección. En este segundo caso pueden existir dos instancias: la primera, ante la autoridad electoral, y la segunda en forma definitiva e inatacable, ante la autoridad jurisdiccional.

Lo anterior es posible porque, al referirse la elegibilidad a cuestiones inherentes a la persona de los contendientes a ocupar el cargo para los cuales fueron propuestos e, incluso, indispensables para el ejercicio del mismo, no basta que en el momento en que se realice el registro de una candidatura para contender en un proceso electoral se haga la calificación, sino que también resulta trascendente el examen que de nueva cuenta efectúe la autoridad electoral al momento en que se realice el cómputo final, antes de proceder a realizar la declaración de validez y otorgamiento de constancia de mayoría y validez, de las cuestiones relativas a la elegibilidad de las candidaturas que hayan resultado triunfadoras en la contienda electoral.

Sólo de esa manera quedará garantizado que se cumplan los requisitos constitucionales y legales, para poder desempeñar los cargos para los que son postulados, situación cuya salvaguarda debe mantenerse como imperativo esencial[23].

En suma, el criterio actual de este Tribunal Electoral es que los requisitos de elegibilidad pueden ser revisados cuando se analiza el registro de la candidatura, y cuando se califica la elección; aun cuando esto no atienda a las mismas causas[24].

4.2.1.3.                     Régimen vigente que autoriza la elección consecutiva en determinados cargos y bajo ciertas condiciones, entre ellas, la renuncia o pérdida de militancia para la postulación por partido distinto al original, antes de la mitad del mandato.

La reelección es una posibilidad para el ejercicio del derecho a ser votado, pues permite a la ciudadana o ciudadano que ha sido electo para una función pública con renovación periódica que intente postularse de nuevo para el mismo cargo.

Esta modalidad no opera en automático, pues no supone que la persona necesariamente deba ser registrada para una candidatura al mismo puesto, sino que es indispensable que se cumplan las condiciones y requisitos previstos en la normativa constitucional y legal, en tanto, esta posibilidad debe armonizarse con otros principios y derechos constitucionales, como el de autoorganización de los partidos políticos, en el sentido de que se observen las disposiciones estatutarias y los procedimientos internos de selección de candidaturas[25].