JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SM-JDC-1015/2021

IMPUGNANTE: ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia 

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIOS: SERGIO CARLOS ROBLES GUTIÉRREZ Y RUBÉN ARTURO MARROQUÍN MITRE

Monterrey, Nuevo León, a 8 de diciembre de 2021.

Sentencia de la Sala Regional Monterrey que confirma la resolución del Tribunal de Querétaro que declaró improcedente el juicio ciudadano presentado por el actor contra el acuerdo del Ayuntamiento de Corregidora, de esa entidad, que aprobó la integración de comisiones permanentes edilicias, al considerar que no se relaciona con el derecho electoral, sino con la organización interna de la administración municipal.

Lo anterior, porque este órgano constitucional considera que, efectivamente, la integración de las comisiones del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, se encuentra directamente relacionado con la organización interna del gobierno municipal y, por ende, no son tutelables en el ámbito electoral.

Glosario

Competencia y procedencia

I. Competencia. Esta Sala Regional es competente para resolver el presente asunto, por tratarse de un juicio ciudadano promovido contra una sentencia del Tribunal Local que declaró la improcedencia del medio de impugnación por el que el inconforme controvirtió la aprobación de la integración de las comisiones permanentes edilicias del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, entidad federativa que forma parte de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción[1].

II. Referencia sobre los requisitos procesales. Esta Sala Regional los tiene satisfechos en los términos expuestos en el acuerdo de admisión y aprobados en la presente sentencia[2].

Antecedentes[3]

I. Hechos contextuales que dieron origen a la controversia

El 4 de octubre de 2021[4], el Ayuntamiento aprobó la integración de comisiones. El actor, en su carácter de regidor de representación proporcional por el Partido Revolucionario Institucional, integró las comisiones de: a. Servicio Civil de Carrera, y b. Derechos Humanos.

II. Instancia local

Inconforme, el 8 de octubre, el regidor, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, presentó juicio ciudadano ante el Tribunal de Querétaro, esencialmente, porque, en su concepto, se vulneró su derecho político electoral de ser votado, en la vertiente de acceso al cargo, pues afirmó que fue inequitativo el reparto las comisiones permanentes del Ayuntamiento, aunado a que no se tomó en cuenta su participación al momento de la toma de decisiones respecto de la integración de dichas comisiones.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. Sentencia impugnada[5]. El Tribunal de Querétaro desechó el juicio ciudadano presentado por el impugnante, al considerar que la aprobación de la integración de comisiones edilicias es un acto administrativo relativo a la organización interna de las funciones del municipio, que escapa de la materia electoral y, por ende, de su competencia.

2. Pretensión y planteamientos[6]. El impugnante pretende que esta Sala Monterrey revoque la sentencia del Tribunal de Querétaro, bajo el argumento central de que fue incorrecto que la responsable desechara su demanda por falta de competencia, porque, desde su perspectiva, dicho órgano jurisdiccional no sólo debe intervenir en controversias electorales, sino también en las que se planteen derechos políticos, por lo que debió hacer un estudio integral de la demanda y realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad de diversos artículos del Reglamento Interior del Ayuntamiento que prevén la integración de comisiones del órgano municipal, ante el supuesto reparto inequitativo de éstas[7].

3. Cuestión a resolver. Consiste en determinar si ¿el Tribunal de Querétaro se apegó a la línea jurisprudencial de este Tribunal Electoral, al determinar que la aprobación de la integración de comisiones permanentes edilicias del Ayuntamiento corresponde a la organización administrativa del municipio?

Apartado I. Decisión

Esta Sala Monterrey considera que debe confirmarse la sentencia del Tribunal de Querétaro que declaró improcedente el juicio ciudadano presentado por el actor contra la aprobación de la integración de comisiones edilicias del Ayuntamiento porque, conforme a la doctrina judicial sustentada sobre el tema, basada en los principios generales vinculantes establecidos por la Sala Superior en la jurisprudencia de rubro: AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS RELATIVOS A SU ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, y los criterios que la han concretizado en diversos precedentes orientadores, las controversias vinculadas con la integración de las comisiones del Ayuntamiento deben entenderse referidas al ámbito de organización interna del gobierno municipal y, por ende, no tutelables en el ámbito electoral.

Esto, precisamente, porque se trata de aspectos de orden operativo y administrativo interno del cuerpo deliberativo, similar al parlamentario del Ayuntamiento, que no afectan la manera en la que un regidor o regidora finalmente puede votar las decisiones emitidas por la autoridad municipal.

Apartado II. Desarrollo o justificación de la decisión

1. Marco normativo de la integración o remoción del cargo

La Sala Superior ha sostenido que los actos relativos a la organización de los Ayuntamientos que no constituyan obstáculo para el ejercicio del cargo no son tutelables mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ya que son actos estrictamente relacionados con la autoorganización de la autoridad administrativa municipal, por lo que la materia no se relaciona con el ámbito electoral.

En concreto, como señaló el Tribunal de Querétaro, la Sala Superior ha sustentado que los actos relativos a la organización de los ayuntamientos no son impugnables en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano[8].

En uno de los precedentes que dieron origen al citado criterio jurisprudencial, la Sala Superior consideró improcedente el planteamiento del Síndico Municipal, relativo a que la administración municipal del Ayuntamiento de Rayón, Chiapas, y el Congreso de ese Estado, lo excluyeron de su deber de firmar diversa documentación correspondiente a la cuenta pública, ello, al establecer que el acto reclamado no podía ser analizado por la vía electoral, por tratarse de un acto estrictamente administrativo celebrado entre dos autoridades de diferentes niveles de gobierno y en cumplimiento a la obligación legal de rendir cuentas, lo que no incidía de manera material o formal en el ámbito electoral[9].

Los otros dos precedentes fueron desechados por la Sala Superior, porque consideró que los temas materia de las controversias no eran tutelables en la vía electoral[10], básicamente, porque 2 regidoras del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, planteaban la vulneración de su derecho a ser votadas, en su vertiente de ocupar y ejercer el cargo de regidoras, al no ser nombradas por los miembros del citado órgano municipal, para integrar el Comité de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles; sin embargo, para la superioridad, estos hechos constituían un acto estrictamente vinculado con la vida orgánica del Ayuntamiento, que no es tutelable en la vía electoral.

En ese sentido, es evidente que los actos relacionados única y exclusivamente con la forma o alcances del ejercicio de la función pública municipal no son tutelables por el derecho electoral, porque inciden, únicamente, en el ámbito de la organización y vida interna del ayuntamiento.

Hasta aquí, es evidente que, para la doctrina judicial sustentada por la Sala Superior, la falta de acuerdo o el rechazo para que una persona integre una comisión no forma parte del ámbito electoral, por la razón de que son cuestiones referidas al ámbito de organización interna del gobierno municipal.

Sin embargo, la Sala Superior también ha sostenido que se debe desechar el medio de impugnación cuando se controvierte un acuerdo relacionado con la exclusión de una persona que ya formaba parte de una comisión, o la reasignación de comisiones de la administración pública municipal.

Lo anterior, precisamente, porque ese acto también se relaciona con el desarrollo de actividades de organización de la autoridad administrativa del municipio[11], porque se trata de aspectos de orden operativo y administrativo interno del cuerpo deliberativo, similar al parlamentario del ayuntamiento, que no afectan la manera en la que un regidor finalmente puede votar las decisiones emitidas por la autoridad municipal.

Así, los actos realizados por la autoridad municipal en ejercicio de sus facultades legales, tales como la integración, reasignación o modificación de las comisiones municipales, no pueden ser objeto de control mediante un juicio ciudadano en la vía electoral, porque no guardan relación con el derecho político-electoral sino con la vida orgánica y funcionamiento del ayuntamiento[12].

Aunado a que, bajo ese contexto, también sirve como criterio orientador la jurisprudencia de rubro: COMISIONES LEGISLATIVAS. SU INTEGRACIÓN SE REGULA POR EL DERECHO PARLAMENTARIO[13], en la que la Sala Superior estableció que la integración de las comisiones legislativas es un acto que incide exclusivamente en el ámbito parlamentario administrativo, por estar relacionada con el funcionamiento y desahogo de las actividades internas de los Congresos, no viola los derechos político-electorales del ciudadano en las modalidades de acceso y ejercicio del cargo ni en el de participación en la vida política del país.

En suma, en el sistema jurídico mexicano, las controversias vinculadas con la integración de las comisiones del ayuntamiento, no sólo en lo que se refiere a las pretensiones para conformar originalmente o integrarse a una comisión ya conformada, sino también cuando se reclama la exclusión de alguna, actualmente, de acuerdo con la línea jurisprudencial que ha establecido la Sala Superior, deben entenderse referidas al ámbito de organización interna del gobierno municipal y, por ende, no tutelables en el ámbito electoral.

2. Caso concreto

En el caso, el inconforme planteó ante el Tribunal de Querétaro la vulneración de su derecho a ser votado en la vertiente del desempeño del cargo como regidor, porque el Ayuntamiento, a través de una sesión de cabildo, determinó la conformación de las comisiones permanentes edilicias, sin considerar su participación al momento de la toma de decisiones. Además, también señaló la supuesta inconstitucionalidad de diversos artículos del Reglamento Interior del Ayuntamiento[14].

Al respecto, el Tribunal Local declaró improcedente el juicio del actor, porque consideró que no se relacionaba con la posible vulneración de un derecho político-electoral, sino que se circunscribía a un planteamiento relacionado con el ámbito de la organización interna del Ayuntamiento, conforme la jurisprudencia de la Sala Superior. En cuanto a la posible inconstitucionalidad del artículo del Reglamento Interior del Ayuntamiento, la responsable precisó que el análisis de dicho planteamiento corría la misma suerte de la controversia central, en cuanto a que la supuesta inconstitucional de los preceptos normativos estaban vinculados con cuestiones del ámbito de la organización interna del Ayuntamiento.

Frente a ello, el impugnante señala ante esta Sala Monterrey, básicamente, que fue incorrecto que el Tribunal Local desechara su demanda, porque el juicio ciudadano sí es procedente cuando se impugnan actos que constituyen un obstáculo para el ejercicio del cargo, por lo que debió analizar el fondo del asunto, aunado a que la responsable debió realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad de los artículos del Reglamento Interior del Ayuntamiento[15], ante el supuesto reparto inequitativo de las comisiones.

3. Valoración de esta Sala

3.1. Esta Sala Monterrey considera que debe confirmarse la sentencia del Tribunal de Querétaro, porque, contrariamente a lo que afirma el actor, de acuerdo con la línea jurisprudencial de Sala Superior, la conformación de las comisiones del Ayuntamiento es un tema vinculado con la organización interna de ese órgano municipal, por lo que no es un tema tutelable por el derecho electoral.

En efecto, para este órgano jurisdiccional, tal como lo determinó la responsable, la aprobación de la integración de las comisiones edilicias no es susceptible de ser analizado en un juicio ciudadano, porque no incide material o formalmente en el ámbito electoral, sino que constituye un acto estrictamente vinculado con la vida orgánica del Ayuntamiento.

Esto, porque como se adelantó, de la lectura integral de los criterios de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, se advierten asuntos en los que se ha excluido o removido a algún integrante de una comisión y la Sala Superior ha sostenido que son temas no tutelables por la materia electoral.

Así, se concluye que, cuando se habla de la integración de las comisiones, no sólo se refiere a la admisión o modificación en su conformación, sino también a la exclusión de alguna de ellas.

En ese sentido, si el inconforme se queja de que fue inequitativo el reparto las comisiones permanentes del Ayuntamiento y que no se tomó en cuenta su participación al momento de la toma de decisiones respecto de la integración de dichas comisiones, fue correcto que la responsable estableciera que eso se encuentra vinculado al ámbito municipal y no al electoral.

Lo anterior, porque, como se estableció, es criterio de esta Sala Monterrey[16], y conforme con la línea jurisprudencial de la Sala Superior, que la aprobación de la integración de las comisiones edilicias no es un aspecto tutelable dentro del ámbito electoral.

En ese sentido, contrariamente a lo afirmado por el impugnante, esta Sala Monterrey considera que la responsable actuó dentro del marco normativo de la referida jurisprudencia de rubro: AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS RELATIVOS A SU ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, porque si bien expresamente no refiere a casos de integración de comisiones, en una lectura integral de la línea jurisprudencial puede advertirse que los actos materia de controversia están vinculados al ámbito de la organización interna del Ayuntamiento, no tutelables dentro del ámbito electoral.

Además, cabe precisar que esta Sala Monterrey, en el juicio ciudadano SM-JDC-978/2021, en el que el ahora inconforme también fue el promovente, se analizó un tema relacionado con actos relativos a la organización interna del Ayuntamiento y, de igual modo, se concluyó que tales aspectos no son impugnables en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ya que no corresponden al ámbito de competencia en la materia electoral[17].

3.2. Por otro lado, es ineficaz el alegato del impugnante en el que indica que el Tribunal de Querétaro omitió realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad del artículo 32 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, por lo que solicita que sea esta Sala quien realice dicha acción.

Esto, porque de la sentencia controvertida se advierte que la responsable señaló que no era posible el análisis de dicho planteamiento derivado de que corría la misma suerte que la del medio de impugnación local (desechamiento por falta de competencia, al no ser materia electoral), pues la procedencia del juicio era una cuestión de orden público y estudio preferente, de ahí que este órgano colegiado tampoco pueda realizar tal pronunciamiento.

3.2.1. Del mismo modo, es ineficaz, por novedoso, el argumento del impugnante en el que menciona que la responsable no se pronunció sobre el estudio constitucional y convencional ex officio respecto de la porción normativa del artículo 31 del Reglamento Interior del Ayuntamiento.

Ello, porque dicho planteamiento no fue materia de controversia ante el Tribunal Local, por lo que el agravio no puede ser objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala, al referirse a aspectos diversos a los que la responsable se pronunció, aunado a que, en todo caso, dichos planteamientos están vinculados con la organización interna del ayuntamiento, cuestiones que, como se estableció, no corresponden a la materia electoral.

3.3. Asimismo, no tiene razón el inconforme cuando refiere que este órgano constitucional debe establecer el reconocimiento del principio pro persona en su favor y suplir la deficiencia de la queja, para que finalmente se analice el fondo del asunto.

Lo anterior, porque el sólo hecho de solicitar la aplicación de ese criterio al decidir una controversia, no implica, por sí mismo, que las cuestiones planteadas al órgano jurisdiccional deban ser resueltas conforme a las pretensiones planteadas, o a favor de los intereses de las partes, como lo pretende el actor, ni mucho menos alterando o contradiciendo las reglas procesales de competencia, so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca[18].

3.4. Finalmente, no pasa desapercibido que el actor, en su demanda, refiere que el 6 de octubre solicitó copia certificada del acuerdo que aprobó la integración de las comisiones permanentes del Ayuntamiento.

Sin embargo, es de destacarse que dicho señalamiento debe desestimarse, porque no es un agravio, sino que es una repetición de la demanda que presentó el impugnante ante en la instancia local[19].

Además, de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que el Ayuntamiento expidió copia certificada de lo requerido, e incluso una de las personas autorizadas por el inconforme recibió dicha documentación, es decir, se advierte que el órgano municipal entregó lo solicitado y que esas constancias fueron recibidas.

En ese sentido, es evidente que el Ayuntamiento atendió la solicitud del inconforme y, ante esta Sala Regional, el impugnante no plantea agravio, pues sólo reitera lo que refirió en su demanda local, sin expresar o controvertir alguna consideración del Tribunal Local, de ahí que deba desestimarse dicho señalamiento.

Por lo expuesto y fundado se

Resuelve

ÚNICO. Se confirma la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación original remitida por la responsable.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.