Monterrey, Nuevo León; dieciocho de julio de dos mil doce.

VISTOS para resolver los autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano cuyos actores, autoridades responsables y claves de expedientes se precisan enseguida:

Aguascalientes

Guanajuato

Tamaulipas

Estos medios de impugnación se promovieron en contra de las negativas de reposición de credencial para votar emitidas por las respectivas juntas distritales.

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De las constancias que obran en los expedientes en que se actúa se desprende lo siguiente, con la aclaración de que las fechas señaladas corresponden a este año, salvo excepción expresamente señalada.

Negativas de reposición de credencial. Cabe destacar que en la mayoría de los casos en análisis las vocalías distritales del Registro Federal de Electores mencionadas omiten señalar el día en que denegaron las peticiones formuladas respectivamente por los hoy actores, pues solamente refieren que dichas determinaciones las transmitieron en forma verbal a los impugnantes y, en otros casos, se limitan a enviar la documentación atinente sin hacer algún pronunciamiento en relación al tema; ante ello, esta autoridad judicial estima que a pesar de que no lo señalen formalmente debe entenderse que las responsables negaron la solicitud correspondiente, pues el hecho de que coadyuvaron a llenar el formato de las demandas de juicio ciudadano y rindieron los informes circunstanciados en los que se aducen razones para defender su postura, supone que no accedieron a la petición de los hoy actores; en ese sentido, se entenderá que las fechas de tales decisiones coinciden con aquéllas en que se presentaron las reclamaciones en estudio, salvo mención que expresamente se haga al respecto.

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

1. Presentación. Inconformes con las determinaciones aludidas, los impetrantes promovieron, respectivamente, los mecanismos de defensa que nos ocupan, en las fechas antes precisadas.

2. Acumulación. Mediante acuerdo plenario dictado el seis de julio por esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se decretó la acumulación de las impugnaciones enunciadas en el cuadro anterior.

3. Admisión. En su oportunidad, se radicaron y admitieron a trámite los juicios de referencia.

4. Cierre de instrucción. Mediante proveído de dieciocho de este mes, se declaró cerrada la instrucción en los procesos aludidos, quedando listos para el dictado de la sentencia que ahora se pronuncia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con cabecera en la ciudad de Monterrey, Nuevo León es competente para conocer y resolver los presentes juicios, toda vez que la materia de los mismos la constituyen diversas negativas al documento exigido para sufragar, lo cual señalan los hoy actores les genera una violación al derecho a votar; además, las responsables son órganos administrativos electorales cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial de atribución asignado a esta Sala, pues se trata de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral que actúa por conducto de las respectivas Vocalías en diversos estados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI; 94, párrafo primero; y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184; 185; 186, fracción III, inciso c); 195, párrafo primero, fracción IV, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, párrafo 1; 80, párrafo 1, inciso a); y 83, párrafo 1 inciso b), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Precisión de la autoridad responsable. Si bien en los escritos mediante los que se promovieron los juicios de mérito se demandó, exclusivamente, a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, debe tenerse con el carácter de autoridad responsable a la referida Dirección, por conducto de las Vocalías del Registro Federal de Electores de las señaladas Juntas Distritales Ejecutivas, en términos de los artículos 128, párrafo 1, inciso e); y 171, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Además, en este caso, los ciudadanos presentaron sus solicitudes de reposición de credencial de elector directamente ante las Vocalías Distritales del Registro Federal de Electores y, consecuentemente, fueron dichos órganos quienes señalaron la imposibilidad de generar dicho documento.

En tales condiciones, en las respectivas demandas se identifican como autoridades responsables: 1) el órgano central encargado del registro de electores; y 2) las juntas en los distritos electorales correspondientes a sus domicilios —a través de las Vocalías respectivas del Registro Federal de Electores—, esto es, ambas se ubican en el supuesto del artículo 12, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, por ello, en su caso, los efectos de la presente sentencia deberán trascender y obligar a ambas autoridades.

Sirve de apoyo a lo antes razonado la jurisprudencia 30/2002, sustentada por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, de rubro: "DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. LOS VOCALES RESPECTIVOS SON CONSIDERADOS COMO RESPONSABLES DE LA NO EXPEDICIÓN DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, AUNQUE NO SE LES MENCIONE EN EL ESCRITO DE DEMANDA"[2].

TERCERO. Sobreseimiento. Del estudio de las constancias respectivas, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que no se demuestra la existencia de los actos reclamados, de ahí que se estime que se surte la hipótesis contemplada en el diverso 11, párrafo 1, inciso c), del ordenamiento procesal citado.

En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, incisos d) y e), de la ley adjetiva en cita, en el escrito de demanda por el que se promueva un medio de impugnación, deben señalarse el acto o resolución impugnado, así como los agravios que causen.

La citada disposición lleva implícito, como requisito de procedencia del medio de defensa, la necesidad de que el acto tildado de ilegal exista, o sea real, ya que de no ser así, resulta incuestionable que no habrá materia de análisis en el recurso o juicio de que se trate.

El sistema de medios de impugnación en materia electoral, ha adoptado como presupuesto para promoverlos, la existencia de una situación de hecho originada por un acto o resolución emitida por una autoridad electoral o un partido político que afecte alguna prerrogativa, cuya falta de satisfacción dará lugar a un fallo inhibitorio de absolución de la instancia, que en el sistema impugnativo electoral se traduce en la improcedencia del juicio o recurso presentado.

Lo anterior, parte de la sistematización de diversas disposiciones de la ley adjetiva de la materia, de las que es posible colegir, la condición de la existencia del acto que se combate.

En concordancia, el artículo 84 de la ley en cita, las sentencias que se emitan en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, tienen como efectos confirmar, revocar o modificar el acto o resolución impugnado y, en caso de ser procedente la acción ejercida, restituir al accionante en el uso y goce del derecho que le haya sido violado, lo que no sucederá ante la inexistencia del acto reclamado.

De ahí que, la existencia del acto o resolución, constituye un requisito de la acción, cuya falta de satisfacción da lugar a la improcedencia del mecanismo de defensa, ya que en ausencia del acto sobre el cual debe recaer la decisión, esta Sala no tendría materia que confirmar, modificar o revocar, y menos aún, derecho a restituir.

En el caso concreto, no se encuentra demostrado fehacientemente la existencia de los actos combatidos por los promoventes de los juicios que se señalan en el cuadro siguiente:

Guanajuato

En efecto, los hoy actores acuden a esta instancia jurisdiccional a incoar el juicio para la protección de los derechos político-electorales, alegando que se les negó su reposición de credencial de elector, a pesar de haber realizado todos los actos previstos en la ley para cumplir con los requisitos previstos para tal efecto.

Al respecto, los impetrantes afirman que aun habiendo cumplido con los requisitos no obtuvieron el documento electoral de mérito, sin embargo, de autos no se desprende constancia, o diligencia alguna que pueda confirmar lo señalado por los enjuiciantes, de ahí que se consideren inexistentes los actos impugnados.

En esa medida, incumplen con la obligación de demostrar las aseveraciones en que basan su reclamación, establecida en el artículo 15, párrafo 2, de la ley adjetiva en la materia.

Consecuentemente, al no estar acreditada la existencia de los actos lesivos del derecho político-electoral alegado, esta Sala se encuentra imposibilitada jurídicamente para realizar el estudio de fondo de tales asuntos, si se toma en consideración, que como se razonó en párrafos precedentes, constituye un elemento indispensable para el establecimiento de la relación jurídica procesal, la existencia de un acto o resolución que afecte la esfera jurídica de quien promueve un medio de impugnación.

Por consiguiente, al no estar acreditada la afectación actual de la que se duelen los accionantes, lo procedente es sobreseer en el juicio en atención a que las impugnaciones fueron previamente admitidas.

No obstante lo anterior, debe señalarse que la oportunidad de los promoventes de acudir a solicitar la reposición de la credencial para votar queda a salvo y podrán hacerla valer ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral correspondiente a su domicilio.

CUARTO. Procedencia. Del estudio de las constancias que obran en los expedientes que no se ubican en el supuesto descrito en el apartado anterior, no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia o sobreseimiento de las previstas por los artículos 10 y 11 de la ley procesal de la materia, por el contrario, se surten los requisitos de procedibilidad contemplados por los artículos 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso b); 79, párrafo 1; 80, párrafo 1, inciso a); y 81, de la ley de medios de impugnación en cita, como se muestra a continuación:

a) Forma. Las demandas de mérito se presentaron por escrito ante los órganos administrativos electorales a los cuales se les atribuye la negativa de generarles su credencial para votar, en ellas constan los nombres y firmas autógrafas de los promoventes, se identifican las resoluciones o actos controvertidos y a las autoridades responsables, se mencionan los hechos en que se basan las impugnaciones, los agravios que en concepto de los incoantes les causan los actos combatidos, así como los preceptos constitucionales y legales presuntamente violados.

b) Oportunidad. Se consideran promovidos en tiempo, en virtud de que las demandas se presentaron dentro de los cuatro días que les otorga la ley, según se muestra en el cuadro inserto al inicio de este fallo y en el numeral II, punto 4, del apartado de resultandos.

c) Legitimación e interés jurídico. El juicio es promovido por parte legítima, en tanto que es incoado por ciudadanos en defensa de sus propios derechos y sin representación alguna, aduciendo que se vulneran sus prerrogativas político-electorales.

Cuentan además con interés jurídico, toda vez que aducen la trasgresión a su derecho de votar, generada por la negativa de otorgarles sus credenciales de elector y, en caso de obtener un fallo favorable, esta Sala Regional cuenta con la posibilidad legal de restituirles el derecho que consideraron afectado.

d) Definitividad. Los juicios de mérito, reúnen tal requisito en virtud de que los impetrantes acudieron al módulo correspondiente a su domicilio, a fin de agotar la Solicitud de Expedición de Credencial para Votar, sin embargo, ante la cercanía temporal de la pasada jornada electoral, las autoridades responsables en algunos casos emitieron negativas de entrega de credencial de manera verbal, y en otros, de forma escrita, a su Solicitud de Expedición de Credencial, circunstancias que no pueden ser impugnadas en diversa instancia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 187, párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

QUINTO. Estudio de fondo. En relación a los juicios que no fueron objeto de sobreseimiento, se tiene en cuenta que los impetrantes estiman que se vulnera su derecho al voto en virtud de que consideran haber cumplido con todos los requisitos necesarios para obtener su credencial de elector; dicho planteamiento se considera fundado, como se plasma a continuación:

Los artículos 34, 35, fracción I y 41, párrafo segundo, base V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan a la letra lo siguiente:

Artículo 34.- Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 18 años, y

II. Tener un modo honesto de vivir.

Artículo 35.- Son prerrogativas del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares

Artículo 41.- […]

V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

De los preceptos anteriores, se advierte que podrán votar en las elecciones populares aquellos ciudadanos de la República, que teniendo la calidad de mexicanos hayan cumplido dieciocho años y tengan un modo honesto de vivir.

Además, que lo relativo a la organización de las elecciones, corresponde a un organismo autónomo y federal, es decir, al Instituto Federal Electoral, de ahí que la regulación a dichas cuestiones se encuentran en el Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales.

Ahora bien, en tal ordenamiento en los artículos 6, párrafo 1, 173, 174, 175, 176, 179, 180, párrafo 1, 181, 182, 183, 184, y 187, párrafos 1, inciso a) se contempla, entre diversos aspectos, lo siguiente:

i) Que además de cumplir con los requisitos que establece el artículo 34 de la Carta Magna, deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con la credencial para votar correspondiente, para sufragar en las elecciones.

ii) Que el Registro Federal Electoral se compone del catálogo general de electores -que es en el que se consigna la información de los ciudadanos mayores de dieciocho años recabada a través de una técnica censal-; y el padrón electoral  -en el cual se encuentran los datos de los ciudadanos consignados en el catálogo y los que de manera individual han presentado su solicitud-.

iii) Que una de las formas en la que se actualiza el Registro Federal de Electores es mediante la inscripción directa y personal de los ciudadanos.

iv) Que el Instituto Federal Electoral debe incluir a los ciudadanos en las secciones del Registro Federal de Electores y expedirles la credencial al cumplir con los requisitos necesarios para tal efecto.

v) Que la credencial para votar es el documento indispensable para ejercer el derecho al voto.

vi) Que anualmente se realizarán a partir del uno de octubre y hasta el quince de enero siguiente, una campaña intensa para convocar y orientar a la ciudadanía.

vii) Que los ciudadanos podrán realizar cambios al catálogo general, o en su caso, al padrón electoral, desde el día siguiente al de la elección, hasta el quince de enero del año de la elección federal ordinaria.

En este contexto, se advierte que el citado Instituto está obligado a convocar a la ciudadanía para que coadyuve en su formación y actualización, a través de la solicitud de inscripción al catálogo general de electores y al padrón electoral, lo cual podrá efectuarse, en las campañas anuales de actualización (a partir de octubre y hasta el quince de enero de cada año), o bien, en periodo distinto al de actualización, que inicia a partir del día siguiente al de la elección y finaliza hasta el quince de enero del año en que se celebren nuevamente elecciones, tratándose de la inscripción al catálogo y padrón electoral.

Asimismo, el artículo 183 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los ciudadanos podrán solicitar su inscripción tanto en el catálogo como en el padrón electoral en periodos distintos a los de actualización, desde el día siguiente al de la elección, hasta el quince de enero del año de la elección federal ordinaria.

Por otra parte, el numeral 200, párrafo 3 del mismo ordenamiento señala que podrán solicitar la reposición de su credencial para votar los ciudadanos que la hubieren extraviado, o hubiere sido robada o sufrido deterioro grave, hasta el último día de febrero.

En los presentes asuntos, los impetrantes acudieron personalmente a solicitar la reposición de su credencial para votar en los últimos días del mes de junio, por diversos motivos (robo y extravío), es decir, fuera de las fechas establecidas para realizar los trámites correspondientes, de ahí que la autoridad administrativa declaró improcedentes dichas peticiones, por considerar que no se encontraban dentro del plazo establecido para ello.

Ahora bien, cabe destacar que sus respectivas reclamaciones fueron recibidas en esta Sala Regional entre dos días antes de que se celebrara la jornada comicial y el propio día de la elección, en esa medida, dicha cercanía temporal provoca que resulte inalcanzable acoger la pretensión antes de la fecha de los comicios.

Esto es, mientras que este órgano judicial continuó con la sustanciación legal de los expedientes de referencia se celebró la jornada electoral del uno de julio, por tanto, al haber transcurrido esa fecha, ya no existe impedimento para considerar como procedentes los trámites respectivos, pues actualmente se cuenta con la posibilidad legal y material para que se dé trámite a sus peticiones de reposición de credencial para votar, tal como lo señala el artículo 183 antes precisado, que a la letra establece lo siguiente:

Artículo 183

1. Los ciudadanos podrán solicitar su incorporación en el catálogo general de electores, o en su caso, su inscripción en el padrón electoral, en periodos distintos a los de actualización a que se refiere el artículo anterior, desde el día siguiente al de la elección, hasta el día 15 de enero del año de la elección federal ordinaria.

(Énfasis añadido)

Con base en lo anterior, lo procedente es revocar las determinaciones emitidas y ordenar a las autoridades responsables que en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al en que sea notificada la presente sentencia, lleven a cabo la reposición de las credenciales para votar, según corresponda; bajo el entendido de que la autoridad electoral respectiva debe observar los lineamientos establecidos en su normativa a efecto de cerciorarse que no exista alguna causa adicional para negar la entrega de la credencial atinente.

Además, deberán notificarles personalmente a los actores, cuando se encuentren disponibles las credenciales de elector para la entrega oportuna, y una vez efectuado lo anterior, deberán informarlo por escrito a esta Sala Regional dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado, apercibidas que en caso de no realizar lo antes señalado se les aplicará la medida de apremio que se juzgue pertinente, de conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Finalmente, cabe mencionar que en el juicio SM-JDC-1604/2012 se observa que la responsable asevera en su informe circunstanciado que la promovente solicitó ante dicho ente electoral la expedición de su credencial para votar con sus “datos (personales o de domicilio) correctos”, lo que parece indicar que pretendió una modificación en la información de su registro en la base de datos del padrón electoral, sin embargo, tal indicio no se confirma con alguna otra constancia y tanto en la demanda como en las demás autos del expediente se advierte que la voluntad de la reclamante se refiere únicamente a la solicitud de reposición del instrumento electoral en comento; en todo caso, queda a salvo el derecho de la accionante para que realice las precisiones atinentes mediante el procedimiento y trámite que le indique la autoridad electoral correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se sobresee en los juicios indicados en el considerando cuarto del presente fallo.

SEGUNDO. En el resto de los juicios, se revocan las determinaciones impugnadas.

TERCERO. Se ordena a las responsables de las resoluciones revocadas que, dentro de los veinte días contados a partir del siguiente al en que sea notificada la presente sentencia, se lleve a cabo la reposición de la credencial para votar con fotografía de los demandantes; debiendo notificar personalmente a dichos ciudadanos, cuando se encuentre disponible el documento electoral en mención; lo anterior, bajo el entendido de que los respectivos órganos electorales deben observar los lineamientos establecidos en la normativa legal y reglamentaria aplicable, a efecto de cerciorarse que no exista alguna causa adicional para negar el movimiento solicitado.

CUARTO. Una vez realizado lo anterior, tendrán que informarlo por escrito a esta Sala Regional dentro de las veinticuatro horas siguientes a que hayan efectuado tales diligencias.

QUINTO. Se apercibe en lo individual a las autoridades responsables que en caso de incumplimiento al presente fallo, se les aplicará la medida de apremio que se juzgue pertinente, de conformidad con la ley de medios.

SEXTO. Glósese copia certificada de la presente sentencia a los expedientes acumulados.

NOTIFÍQUESE por correo certificado acompañado copia simple del presente fallo a los actores; por correo electrónico a las juntas distritales responsables que así lo hayan solicitado y al resto por oficio, a través de mensajería especializada, anexando copia certificada de la sentencia de mérito; y por estrados a los demás interesados. Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, párrafo 3; 29, párrafos 4 y 5; 84, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 117 y 118, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes a las autoridades responsables y archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Así lo resolvió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, por mayoría de votos de los Magistrados Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz, ponente en el presente asunto y Georgina Reyes Escalera, y el voto en contra de la Magistrada Beatriz Eugenia Galindo Centeno, firmando para todos los efectos legales en presencia de Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y DA FE.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

GUILLERMO SIERRA FUENTES

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA BEATRIZ EUGENIA GALINDO CENTENO EN EL PRESENTE JUICIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 193, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.  

Con la consideración que merecen mis compañeros Magistrados, disiento de los argumentos en que se sustenta la sentencia, por las razones que enseguida se mencionan.

La mayoría estima oportuno revocar las negativas verbales o las determinaciones de no entregar la credencial de elector a los accionantes, asumidas por las distintas Vocalías distritales ejecutivas, de la Dirección del Registro Federal de Electores, en virtud de que el periodo establecido para acceder al Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, ya había concluido e impedían generar el documento para ejercer el derecho al sufragio.

Si bien es cierto, en diversos juicios como los de la especie, recibidos con la oportunidad suficiente para que este Tribunal resolviera lo que en derecho correspondía, se determinó en varias sesiones públicas tutelar el derecho al voto activo que como violación se esgrimía en la pretensión y causa de pedir de la mayoría de los ciudadanos, pues la jornada electoral estaba próxima a celebrarse y ciertamente existía una latente posibilidad de afectación en su esfera jurídica.

En razón de ello, esta Sala electoral bajo una perspectiva garantista y además en acato a criterios jurisprudenciales de este Tribunal Electoral, consideró que en aquéllos casos de robo y extravío de la credencial para votar con fotografía - documento indispensable para el ejercicio del derecho al voto- no podría irrogarle  mayor perjuicio al titular, exigiéndole agotar en tiempo los plazos establecidos para solicitar la reposición de  tal documento.

Atendiendo a lo expuesto, esta Sala revocó las resoluciones emitidas por las vocalías responsables de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en los estados de la circunscripción, a fin de que generarán el documento atinente con posterioridad a la jornada, pero entregando oportunamente a los accionantes copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia, a fin de que con ella pudieran votar el día de la jornada electoral.

En ese estado de cosas, desde mi perspectiva, el perjuicio inminente de afectación al derecho de voto que tiene todo ciudadano y que propició que este Tribunal resolviera de manera garantista, ha desaparecido, pues tal derecho pudo haberse ejercido en las elecciones locales y federales llevadas a cabo el pasado uno de julio.

Desde mi concepto, insito, en estos momentos la vía jurisdiccional intentada ya no resulta idónea para proteger el derecho al voto que este Tribunal especializado debe tutelar, mediante una orden de expedición de credencial para votar con fotografía, pues tal circunstancia extraordinaria ha cambiado, y por ende, lo correcto es que los ciudadanos acudan a los cauces legales ordinarios para ello.

Máxime si se tiene en cuenta que desde el día siguiente al de la jornada electoral, es decir, a partir del dos de julio pasado, los actores pueden acudir validamente a las oficinas del Instituto Federal Electoral correspondiente a sus domicilios actuales, a realizar de manera legal y secuencial, el trámite conducente a fin de obtener su credencial para votar con fotografía.

Resulta importante acotar que con el dictado de una sentencia de desechamiento contraria a las pretensiones de los promoventes, no se está vulnerando en forma alguna su derecho político electoral a votar, pues aún cuando resultaren fundadas las alegaciones de los promoventes, no sería jurídica ni materialmente posible restituirles en el goce del derecho político electoral que dicen estimar violado, puesto que si su intención era contar con los elementos necesarios a efecto de poder emitir su sufragio el día de la jornada electoral, al haberse llevado a cabo ésta, es claro que ya no puede colmarse.

Es por ello que considero, al no cumplirse el requisito de procedibilidad previsto en la fracción IV, del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que el acto o resolución reclamado se ha consumado de un modo irreparable y, por ende los presentes juicios deben ser sobreseídos o desechados de plano según su estado procesal.

Por las razones expuestas, es que no comparto el sentido de la ejecutoria.

MAGISTRADA

BEATRIZ EUGENIA GALINDO CENTENO