JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SM-JE-1/2025

PARTE ACTORA: JUANA JÉSSICA RAMÍREZ ORTEGA

RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: GERARDO ALBERTO CENTENO ALVARADO Y ANA CECILIA LOBATO TAPIA

Monterrey, Nuevo León, a 23 de enero de 2025.

Sentencia de la Sala Monterrey que confirma la resolución de la Unidad Técnica en la que, con relación a la queja presentada por la actora contra diversas personas servidoras públicas del INE, determinó: i) declararse incompetente para conocer de la queja porque consideró que la calidad de las parte imposibilitaba su sustanciación, ya que se trataba de personas servidoras públicas del INE que, además, pertenecían al Servicio Profesional Electoral, incluso, estimó que el asunto no se relacionaba o tenía incidencia en el ámbito electoral, y ii) remitir el escrito y sus anexos a la Dirección Jurídica para que, a través de su Dirección de Asuntos de Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral, se pronunciara sobre la denuncia y determinara el cauce legal correspondiente.

Lo anterior, porque este órgano jurisdiccional considera que fue correcto que la Unidad Técnica determinara no conocer sobre el asunto ya que, ciertamente, atendiendo a la calidad de las partes y la naturaleza de los hechos denunciados, corresponde a la Dirección Jurídica atenderlo vía procedimiento laboral sancionador.

Glosario

Competencia y procedencia

1. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para conocer y resolver el presente juicio, por tratarse de un medio de impugnación presentado contra la determinación de la Unidad Técnica por la que se declaró incompetente para conocer de la queja contra diversas personas servidoras públicas del INE, por impedir el ejercicio del cargo de la impugnante como Vocal Ejecutiva de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en Tamazunchale, San Luis Potosí, entidad federativa que forma parte de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que este órgano colegiado ejerce jurisdicción[1]. Además de que así lo estableció la Sala Superior[2].

2. Referencia sobre los requisitos procesales. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos siguientes:

2.1. Cumple con el requisito de forma, porque la demanda tiene el nombre y firma electrónica de quien promueve, identifica la resolución que se controvierte, la autoridad que la emitió, menciona los hechos en que basa su impugnación, los agravios causados y los preceptos legales presuntamente violados.

2.2. Se satisface el requisito de definitividad, porque no hay medio de impugnación que deba agotarse previo a esta instancia jurisdiccional.

2.3. El juicio se promovió de manera oportuna, dentro del plazo legal de 4 días, porque el acto impugnado se emitió el 5 de noviembre de 2024[3], se notificó a la promovente el día siguiente[4] y la demanda se presentó el 12 del mismo mes[5].

2.4. La promovente está legitimada porque se trata de una ciudadana que acude por sí misma y hace valer presuntas violaciones a sus derechos político–electorales. 

2.5. Cuenta con interés jurídico, porque impugna una resolución emitida en un procedimiento en el que fue parte y considera adversa a sus intereses.

Antecedentes[6]

I. Hechos contextuales y origen de la controversia

1. El 4 de noviembre, la actora presentó queja contra diversos servidores públicos adscritos a la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí y de la 07 Junta Local Ejecutiva con sede en Tamazunchale, al considerar que se han realizado acciones con el objeto de limitar el ejercicio efectivo a sus derechos político-electorales, al igual que el menoscabo al ejercicio de sus atribuciones inherentes al cargo, lo cual debía calificarse como VPG.

2. El 5 de noviembre, la Unidad Técnica emitió el acuerdo por el que se declaró incompetente para conocer de la denuncia, por las siguientes razones: i) atendiendo a la calidad de las partes -servidoras públicas adscritas al INE y pertenecientes al Servicio Profesional Electoral-, imposibilita que dicha autoridad pueda sustanciar la denuncia y ii) la VPG se actualiza cuando se relacione directamente o tenga incidencia en el ámbito electoral, cuestión que, en el caso, no acontece. Por lo anterior, remitió el escrito y sus anexos a la Dirección Jurídica.

3. Inconforme, el 12 de noviembre, la actora presentó medio de impugnación ante Sala Superior, bajo la consideración sustancial de que la Unidad Técnica debió conocer el fondo de su denuncia.

4. El 5 de diciembre, Sala Superior[7] determinó que esta Sala Monterrey es el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver el medio de impugnación porque la controversia versa sobre la posible comisión de actos de VPG desplegados por trabajadores de órganos desconcentrados del INE, adscritos a la Junta Local de San Luis Potosí y la Junta Distrital 07, con sede en Tamazunchale, en el referido estado, cuestión que solamente tiene impacto en la entidad federativa, ámbito geográfico en donde la Sala Regional ejerce jurisdicción.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. Resolución impugnada[8]. La Unidad Técnica, con relación a la queja presentada por la promovente, contra diversas personas servidoras públicas del INE, determinó: i) declararse incompetente para conocer de la queja porque consideró que la calidad de las partes imposibilitaba su sustanciación, ya que se trataban de personas servidoras públicas del INE que, además, pertenecían al Servicio Profesional Electoral, incluso, estimó que el asunto no se relacionaba o tenía incidencia en el ámbito electoral, y ii) remitir el escrito y sus anexos a la Dirección Jurídica para que, a través de su Dirección de Asuntos de Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral, se pronunciara sobre la denuncia y determinara el cauce legal correspondiente.

2. Pretensión y planteamientos[9]. La actora pretende que esta Sala Monterrey revoque la resolución impugnada porque, desde su perspectiva, la Unidad Técnica no justificó las razones para determinar su incompetencia y, dejó de considerar que los hechos motivo de su denuncia están relacionados con el ejercicio de su cargo como Vocal Ejecutiva, lo cual debió llevar a la autoridad responsable a realizar un estudio sobre la posible acreditación de VPG en su contra pues, desde la perspectiva de la impugnante, el estudio que pueda realizar la Dirección Jurídica es de una naturaleza diferente a la que fue denunciada.

3. Cuestión a resolver. Determinar si fue correcto que la Unidad Técnica determinara que era incompetente y remitiera el asunto a la Dirección Jurídica para su conocimiento.

Apartado I. Decisión

Esta Sala Monterrey considera que debe confirmarse la resolución de la Unidad Técnica en la que, con relación a la queja presentada por la actora contra diversas personas servidoras públicas del INE, determinó: i) declararse incompetente para conocer de la queja porque consideró que la calidad de las parte imposibilitaba su sustanciación, ya que se trataba de personas servidoras públicas del INE que, además, pertenecían al Servicio Profesional Electoral, incluso, estimó que el asunto no se relacionaba o tenía incidencia en el ámbito electoral, y ii) remitir el escrito y sus anexos a la Dirección Jurídica para que, a través de su Dirección de Asuntos de Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral, se pronunciara sobre la denuncia y determinara el cauce legal correspondiente.

Lo anterior, porque este órgano jurisdiccional considera que fue correcto que la Unidad Técnica determinara no conocer sobre el asunto ya que, ciertamente, atendiendo a la calidad de las partes y la naturaleza de los hechos denunciados, corresponde a la Dirección Jurídica atenderlo vía procedimiento laboral sancionador.

Apartado II. Desarrollo o justificación de la decisión

1. Ámbitos de protección ante hechos o actos que pueden constituir violencia de género

1.1. Igualdad y no discriminación

En México, el derecho a la igualdad está garantizado a nivel constitucional, pues el artículo 1° establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en el propio ordenamiento y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones previstas (artículos 1, párrafo 5 y 4, párrafo 1, de la Constitución General[10]).

En ese sentido, dicho artículo prevé que está prohibida toda discriminación motivada por una serie de categorías sospechosas, como son el género o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En ese orden de ideas, se encuentra prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades (artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación[11]).

1.2. Ámbitos de protección

Las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley (artículo 1, párrafo 3, de la Constitución General [12]). 

De manera que, en atención a la materia, contexto u origen de la controversia o acto discriminatorio, este podrá ser conocido por distintas autoridades, como podrían ser penales, civiles, administrativas o electorales.

Sin que, el hecho de que una autoridad no sea competente implique que los hechos denunciados queden impunes pues, como se indicó, las autoridades conocerán la controversia siempre y cuando estén facultadas para ello conforme a la materia de que se trate.

1.2.1 Vía penal

En el caso del ámbito penal, el Código Penal Federal establece que los jueces en esa materia pueden conocer de las denuncias por la presunta comisión del delito de discriminación. Se entiende que una persona o autoridad comete ese delito cuando por razones de género: i) niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho, ii) niegue o restrinja derechos laborales, iii) niegue o restrinja derechos educativos (Artículo 149 Ter[13]).

Asimismo, en San Luis Potosí, los jueces en materia penal conocerán de las denuncias contra las personas o autoridades que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas (artículo 186 del Código Penal de San Luis Potosí[14]).

1.2.2 Vía civil

En el caso del ámbito civil, el Código Civil Federal prevé que los jueces en esa materia conocerán de las demandas que se presenten cuando una persona considere que fue afectada en sus emociones, apegos, creencias, decoro, honor, reputación, relaciones íntimas o aspectos físicos, o bien, en el concepto que de sí misma tienen los demás (artículo 1916[15]).

En el mismo sentido, en San Luis Potosí, los juzgadores conocerán de las demandas que se presenten por el daño moral, entendido como la afectación que una persona sufra en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás (artículo 1752 del Código Civil del Estado de San Luis Potosí).

1.2.3 Cause administrativo

Ahora bien, en el cause administrativo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es el órgano encargado de conocer de las quejas presentadas por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, y en sus determinaciones puede imponer medidas administrativas y de reparación (artículo 43 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación[16]).

Esto es, si se presenta una queja, por ejemplo, cuando  se impida a una persona, por motivos de género, el acceso o la permanencia a la educación pública o privada, así como a becas e incentivos en los centros educativos; o se establecen diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales y si una vez finalizada la investigación, el consejo comprueba que los actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias señalarán las medidas administrativas y de reparación (Artículos 9 y 79 de Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación[17]).

1.2.4 Vía constitucional en materia de derechos humanos

Incluso, los jueces y tribunales federales en materia de amparo están facultados para conocer de demandas en contra de actos u omisiones de la autoridad que vulneren los derechos humanos, dentro de los que se encuentra el de igualdad y no discriminación (artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo[18]).

Por ejemplo, se podría presentar un amparo contra la negación de algún servicio de salud que tuviera como sustento algún estereotipo de género que menoscabe el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.

1.2.5 Ámbito constitucional en materia electoral

Ahora bien, en el ámbito electoral, la Constitución General creó un órgano jurisdiccional y una autoridad administrativa, a fin de garantizar la independencia, autonomía e integridad en las elecciones por las que se renuevan a los poderes del Estado (artículo 41[19]).

En ese sentido, en la materia electoral existen 2 ámbitos de competencia, el jurisdiccional, que recae en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el administrativo, que es atendido por el INE.

Al respecto, el Tribunal Electoral es el competente para conocer de los medios de defensa que se hagan valer en contra de, entre otras cuestiones, actos u omisiones que afecten los derechos político-electorales de la ciudadanía y, entre otros supuestos, impliquen una afectación a alguna de las categorías sospechosas establecidas en la Constitución General (artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución General[20]).

1.3. Escenarios para analizar quejas o controversias en las que se denuncian actos discriminatorios relacionados con el ámbito electoral

En efecto, cuando se presentan denuncias o quejas en las que se denuncian actos de violencia de género, las autoridades electorales, principalmente, deben tener presente que el sistema jurídico mexicano establece diversas vías para el análisis y conocimiento de tales hechos, que atienden al tipo de derechos posiblemente afectados, de manera que: a) cuando se vulnere algún derecho político-electoral, como el de ser votado o a integrar un órgano electoral, las controversias deben ser revisadas por los Tribunales Electorales (naturaleza electoral), b) cuando surja una controversias entre trabajadores del INE, o miembros del SPEN, las quejas serán resueltas por la Dirección Jurídica, a través de un procedimiento laboral sancionador (naturaleza laboral-electoral), y c) tratándose de controversias que se susciten al interior de los órganos electorales entre prestadores de servicios profesionales, los conflictos deben atender a lo pactado en el contrato de prestación de servicios (naturaleza civil).

1.3.1 Derecho a ser votado o a integrar un órgano (controversias que deben revisar los Tribunales Electorales)

En efecto, conforme con la Ley de Medios de Impugnación, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es el procedente para controvertir actos y resoluciones que la ciudadanía considere que, indebidamente, afectan su derecho para integrar las autoridades electorales (artículo 79, numeral 2[21]).

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que el derecho de la ciudadanía a ser nombrado para cualquier empleo o comisión incluye aquellos relacionados con el acceso a la función electoral, es decir, tutela que la ciudadanía pueda acceder a formar parte como integrante de los órganos de máxima dirección o desconcentrados, de las autoridades administrativas o jurisdiccionales electorales estatales, conforme con la jurisprudencia 11/2010 de rubro: INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES. ALCANCES DEL CONCEPTO PARA SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL[22]).

Para garantizar plenamente el derecho de integración de las autoridades electorales, debe protegerse el pleno ejercicio de la función inherente al cargo de sus integrantes.

Esto es, el derecho a integrar un órgano electoral no se limita a poder formar parte de este, sino que implica también el derecho a ejercer las funciones inherentes al cargo.

Lo anterior, porque cualquier acto u omisión que incida, ya sea de forma directa o indirecta, en el ejercicio de la función electoral, podría trascender en la conformación del órgano jurisdiccional.

De manera que, el derecho a integrar autoridades electorales, como todo derecho humano, debe contar con las protecciones jurídicas necesarias para garantizar su libre y efectivo ejercicio.

Por ello, todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, están llamadas a respetar, proteger y garantizar el ejercicio del derecho ciudadano a desempeñar la función electoral, acorde con lo señalado en el tercer párrafo, del artículo 1 de la Constitución General.

En ese sentido, todo acto que impida u obstaculice el ejercicio de ese derecho debe ser investigado, sancionado y reparado, de conformidad con las normas aplicables y el ámbito competencial de cada autoridad.

Bajo ese contexto, es válido concluir que los asuntos que involucren la posible vulneración de algún derecho relacionado con la integración de una autoridad electoral local o con efectos en una entidad federativa, que no sean materia laboral e involucren un cargo distinto a los establecidos en la referida jurisprudencia (cargos de máxima dirección), deben revisarse en el ámbito electoral.

Es decir, los cargos de máxima dirección están tutelados en el derecho político-electoral a formar parte de las autoridades electorales, sin embargo, los cargos distintos a ellos no se encuentran inmersos en el ámbito de protección de ningún derecho político electoral.

Conforme a lo expuesto, en los asuntos en los que se denuncien conductas que pudieran constituir una obstaculización al ejercicio de un derecho político-electoral, como el de integrar un órgano electoral y la posible VPG, la competencia de las autoridades electorales no se actualiza en automático.

Lo anterior, porque las autoridades electorales deben analizar la naturaleza y características específicas de las conductas alegadas, a fin de: 1. Identificar la calidad de la persona denunciante y de la persona denunciada, así como 2. V

Verificar si el asunto se vincula con la afectación a un derecho político-electoral o, por excepción, cuando la supuesta infracción y violencia se dé en el ejercicio del derecho a integrar un órgano de máxima dirección electoral, lo que incluye el desarrollo de funciones.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que un presupuesto fundamental para determinar la competencia de las autoridades electorales cuando se denuncie VPG, consiste en determinar si lo alegado involucra una posible afectación a alguno de los derechos político-electorales de las personas.

Incluso, la Sala Superior al resolver sobre la denuncia presentada por una Senadora en contra un empresario de televisión, determinó que el asunto no pertenecía al ámbito electoral, porque no involucraba una posible afectación a los derechos políticos de la denunciante[23].

Para ello, entre otras consideraciones, el máximo Tribunal Electoral determinó que, aunque las expresiones denunciadas contienen elementos de los que pudiera advertirse un lenguaje asociado con la violencia simbólica y psicológica, no existían bases objetivas para estimar que los mensajes inciden en algún derecho político-electoral de la parte quejosa, a pesar de que pudieran considerase ofensivas, chocantes, desagradables o groseras.

Por tanto, si la temática que abordan los mensajes denunciados no incide en el ejercicio del cargo público o de partido que desempeña la parte quejosa, entonces, los órganos del INE carecen de competencia para admitir la queja y, como consecuencia, para pronunciarse en torno a las medidas cautelares solicitadas.

Asimismo, es importante destacar que, para tal efecto, la doctrina judicial ha considerado fundamental analizar que la posible afectación a los derechos de participación política tiene que valorarse en relación a la posible víctima, pero no así, de la persona denunciada[24].

Para ello se ha considerado necesario verificar la afectación a los derechos de la parte denunciante, y sólo se actualiza la competencia de la autoridad electoral cuando se afecta un derecho político-electoral y, por excepción, cuando la aducida violencia se dé en el desarrollo de funciones y afecte el ejercicio del derecho a integrar un órgano electoral[25].

De manera que, de conformidad con la línea jurisprudencial de la Sala Superior, las autoridades electorales solo tienen competencia, en principio, para conocer de aquellas conductas presuntamente constitutivas de violencia política en razón de género, cuando éstas se relacionen directamente con la materia electoral, lo cual debe definirse en cada caso concreto, a partir de circunstancias particulares y analizando el tipo de derechos de participación política que podrían verse afectados[26].

Por tanto, la competencia de las autoridades electorales no se actualiza en automático por la calidad de la persona denunciante y menos aún por la calidad de la persona denunciada, ya que se debe verificar la afectación a los derechos de la parte denunciante y solo se actualiza la competencia de la autoridad electoral cuando se afecta un derecho político-electoral[27].

En suma, cuando una persona que ejerce un cargo de elección popular, como puede ser una diputación, una presidencia municipal, sindicaturas, regidurías, o que integre un órgano de máxima dirección de las autoridades administrativas o jurisdiccionales electorales, esto es, en calidad de magistraturas o consejerías, y dicha persona alegue la supuesta afectación a su derecho del ejercicio de su cargo, o el desarrollo de sus funciones, así como VPG, o bien, una afectación relacionada con alguna de las categorías sospechosas reconocidas en la Constitución General, el caso es revisable en el ámbito electoral.

Lo anterior, al tratarse de un asunto vinculado con la posible afectación al derecho político-electoral de ejercicio del cargo de elección popular, con el derecho para integrar las autoridades electorales, el cual incluye lo relacionado con la función electoral, así como la posible afectación o menoscabo de un derecho humano vinculado con alguna de las categorías sospechosas reconocidas.

Esto es, en el ámbito electoral, las autoridades electorales pueden revisar los asuntos que se les presenten, cuando: i. Los denunciantes se encuentren en el ejercicio de un derecho político-electoral, de ser votados en su vertiente del desempeño del cargo, o bien, en el ejercicio del derecho a integrar un órgano de máxima dirección electoral, y ii. La supuesta conducta infractora denunciada esté directamente vinculada con la probable obstaculización de un derecho político-electoral, así como a un derecho fundamental en relación con alguna de las categorías sospechosas de la Constitución General.

Esto puede darse, por ejemplo, cuando una consejera electoral refiera que uno de sus compañeros del Consejo le impide el uso de la voz en alguna de las sesiones, o bien, que en alguna sesión emita expresiones en su contra con estereotipos de género, la hostigue o acose con contenido sexual, o la discrimine por ubicarse en alguna de las categorías sospechosas, lo cual tendrías que ser tutelable por la materia electoral.

1.3.2 Laborales sancionadores del INE (que dan lugar a procedimientos sancionadores)

En este escenario, el INE es competente para conocer, entre otras cuestiones, de conductas de sus personas trabajadoras que impliquen una vulneración de alguna de las categorías sospechosas establecidas constitucionalmente, por ejemplo, cuando un miembro del SPEN realice conductas de discriminación por razones de raza, sexo o religión en contra de otro miembro.

Específicamente, los estatutos prevén los procedimientos laborales sancionadores y de conciliación, para dirimir controversias, entre ellas, las relacionadas con hostigamiento y/o acoso sexual o laboral, del personal del SPEN y de la Rama Administrativa del INE (artículo 278 del Estatuto[28]).

El procedimiento laboral sancionador tiene por objeto determinar posibles conductas y, en su caso, la imposición de sanciones a las personas denunciadas cuando se incumplan las obligaciones y se acrediten prohibiciones a su cargo o infrinjan las normas previstas en la Constitución General, la Ley, el Estatuto, reglamentos, acuerdos, convenios, circulares, lineamientos y demás normativa que emitan los órganos competentes del INE (artículo 307 del Estatuto y artículo 35 de los Lineamientos para regular el procedimiento de conciliación de conflictos laborales, el laboral sancionador y el recurso de inconformidad[29]).

Las partes en el procedimiento laboral sancionador son la persona denunciada y, en su caso, la persona presuntamente agraviada (artículo 308 del Estatuto[30]).

Todas las quejas que se reciban en cualquier órgano del INE, relacionadas con hostigamiento y/o acoso sexual o laboral, serán remitidas a la Dirección Jurídica, quien, entre otras cuestiones, es el competente para instruir el procedimiento laboral sancionador (artículo 291 del Estatuto[31]).

Por su parte, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva es la competente para resolver el asunto y, en su caso, ejecutar la sanción (artículo 312 del Estatuto[32]).

En suma, cuando se trate de una controversia en la que las partes involucradas sean personas del SPEN o de la Rama Administrativa del INE, como los directores de área o los titulares de las unidades técnicas, esto es, que tengan el carácter de trabajadores de dicho instituto, y denuncien presuntos actos de violencia de género, hostigamiento y/o acoso sexual y laboral en menoscabo de alguna categoría sospechosa, deberá ser revisado a través del procedimiento de conciliación o laboral sancionador, según corresponda, conforme a lo establecido en el propio Estatuto.

Lo anterior, porque no está relacionado directamente con la afectación a un derecho político-electoral tutelable en el ámbito electoral, aunado a que se trata de personas trabajadoras del INE que pertenecen al SPEN o a alguna de las ramas administrativas de dicho órgano, y no ocupan un cargo de los de máxima dirección en el INE.

Ese supuesto podría ser revisado a través del procedimiento establecido en el Estatuto, el cual será instruido por la Dirección Jurídica y resuelto por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, quien, en su caso, ejecutará las sanciones que pudieran imponerse, en atención a los hechos que se aleguen, como puede ser una afectación al desempeño de su función, la VPG con un impacto a alguna de las categorías sospechosas de discriminación, entre otras, por razón de género, de sexo, de la condición racial, o por alguna discapacidad.

1.3.3 Escenario para las controversias al interior de los órganos electorales por personas que no ejercen un derecho político ni son trabajadores del INE (que no deben ser conocidos por órganos del INE ni por tribunales electorales)

Para determinar la competencia para conocer y resolver sobre conductas que se presenten entre personas que no son trabajadores de la autoridad electoral, sino, por ejemplo, prestadores de servicios profesionales y se alega la actualización de conductas de discriminación, se debe tener presente el marco normativo sobre conductas relacionadas con hostigamiento y/o acoso sexual realizadas por, entre otros, prestadores de servicios profesionales del INE, al igual que sus conductas, se regirán conforme lo previsto en el contrato de prestación de servicios (artículo 278, párrafo tercero, del Estatuto[33]).

En ese sentido, si un prestador de servicios profesionales comete las probables conductas relacionadas con hostigamiento y/o acoso sexual, el asunto deberá ser resuelto, luego de que la Dirección Jurídica emita y remita una opinión especializada a las oficinas o áreas en donde dichas personas desarrollen sus actividades, a efecto de que se aplique la cláusula prevista y se dé por terminada la relación con el INE (artículo 298 del Estatuto[34]).

En suma, si la queja es planteada por una persona que sólo tiene una relación contractual con el INE, pero ésta es de naturaleza civil o por honorarios, como puede ser un prestador de servicios profesionales, un capacitador o un supervisor electoral, y hasta en tanto no se modifique esa relación, dicha controversia se regirá por lo pactado por las partes en el contrato de prestación de servicios.

Lo anterior, porque no está relacionado directamente con la afectación a un derecho político-electoral tutelable en el ámbito electoral, aunado a que no se ubica en alguno de los supuestos de ocupar un cargo de máxima dirección del órgano electoral, tampoco se trata de una persona que forme parte del SPEN o de alguna de las ramas administrativas, sino de trabajadores que prestan su servicio bajo contrato de naturaleza civil o por honorarios que deben sujetarse a las cláusulas establecidas en sus contratos.

Por tanto, las quejas o denuncias relacionadas con la posible afectación en su ámbito de trabajo, o la vulneración a un derecho fundamental relacionado con alguna de las categorías sospechosas de la constitución, -como discriminación, violencia de género o acoso- debe regirse conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios y, en cualquier caso, la sanción prevista para las conductas relacionadas con hostigamiento y/o acoso sexual se sancionarán con la terminación de la relación contractual con el INE.

2. Caso concreto

La controversia tiene su origen en la queja que presentó la actora contra diversas personas funcionarias del INE y pertenecientes al SPEN en el Estado de San Luis Potosí, por considerar que han realizado acciones con el objeto de menoscabar sus derechos políticos-electorales, además de vulnerar acciones inherentes a su cargo, lo cual, desde su perspectiva, actualiza la VPG en su contra.

Al respecto, la Unidad Técnica determinó, por una parte, declararse incompetente para conocer de la queja porque consideró que la calidad de las parte imposibilitaba su sustanciación, ya que se trataba de personas servidoras públicas del INE que, además, pertenecían al Servicio Profesional Electoral, incluso, estimó que el asunto no se relacionaba o tenía incidencia en el ámbito  electoral y, por otra parte, remitir el escrito y sus anexos a la Dirección Jurídica para que, a través de su Dirección de Asuntos de Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral, se pronunciara sobre la denuncia y determinara el cauce legal correspondiente.

Frente a ello, ante esta instancia federal, la actora expone, en esencia, que la Unidad Técnica no justificó las razones para determinar su incompetencia y que dejó de considerar que los hechos motivo de su denuncia están relacionados con el ejercicio de su cargo como Vocal Ejecutiva, lo cual debió llevar a la autoridad responsable a realizar un estudio sobre la posible acreditación de VPG en su contra pues, desde la perspectiva de la impugnante, el estudio que pueda realizar la Dirección Jurídica es de una naturaleza diferente a la que fue denunciada.

3. Valoración

3.1. Esta Sala Monterrey considera que no tiene razón la actora respecto a que la Unidad Técnica no justificó las razones para determinar su incompetencia, pues, contrario a lo expuesto por la promovente, la autoridad responsable sí expuso la normativa que respaldaba su decisión y desarrolló los argumentos para considerar que los hechos denunciados no podían ser conocidos a través de un procedimiento electoral sancionador por VPG.

En efecto, en el acuerdo combatido la Unidad Técnica consideró que no tenía competencia para conocer de las conductas denunciadas a partir de una lectura armónica de la normatividad relativa a la VPG[35], así como de los precedentes que la Sala Superior ha emitido al respecto, sustancialmente, la responsable expuso que únicamente contaba con facultades para instruir aquellos asuntos que se relacionen directamente o tengan una incidencia en el ámbito electoral.

Al respecto, consideró que no se actualizaba ninguna de las hipótesis perfiladas por Sala Superior, puesto que: i) la denunciante no ocupa un cargo de elección popular; ii) el derecho violentado no es de naturaleza político-electoral; y, iii) la denunciante no forma parte del órgano de máxima dirección de un organismo público local electoral.

En suma, la Unidad Técnica sí expuso la normativa y razones que respaldaron su decisión de declararse incompetente para conocer de la denuncia presentada por la actora pues su decisión estuvo respaldada en que únicamente tiene facultades para instruir aquellos asuntos sobre VPG que sí tengan una vinculación electoral, razón por la cual, remitió el asunto a la Dirección Jurídica para que fuera ésta última la que determinara el cause que debía darse a la queja.

3.2. Ahora bien, tampoco tiene razón la actora respecto a que la Unidad Técnica debió conocer el fondo de la queja porque, ciertamente, atendiendo a la calidad de las partes y la naturaleza de los hechos denunciados, corresponde a la Dirección Jurídica atenderlo vía procedimiento laboral sancionador.

En efecto, la denunciante es una trabajadora del INE que se desempeñaba como Vocal Ejecutiva de una Junta Distrital, esto es, la actora no se encuentra desempeñando un derecho político-electoral, puesto que su puesto no proviene de una elección popular y tampoco encuadra en el supuesto de excepción de ser el órgano máximo de dirección de un organismo público local electoral.

Por otra parte, la naturaleza de los hechos denunciados se vincula con una serie de actos que, desde la perspectiva de la actora, tienen por objeto impedir que desempeñe correctamente su cargo como Vocal Ejecutiva, de ahí que, ese derecho no esté vinculado con alguna de las modalidades del voto activo o pasivo.

Por tal razón, fue correcto que la Unidad Técnica determinara no conocer sobre la denuncia pues no se actualizó ninguno de los supuestos para sostener que se trata de un asunto de materia político-electoral, considerando ajustado a derecho que se remitiera el asunto a la Dirección Jurídica.

Ahora bien, lo anterior no implica que los hechos denunciados por la promovente deban quedar sin atenderse pues, como se ha desarrollado en el marco normativo, existe un amplio diseño normativo para la protección de los derechos fundamentales tratándose de violencia de género, de ahí que, lo relevante es que la Unidad Técnica puso en conocimiento del órgano competente para poder atender su solicitud de dictado de medidas cautelares, así como instruir el procedimiento laboral sancionador correspondiente.

Destacando que, incluso en aquellos casos que involucren la existencia de conductas que pudieran ser consideradas como acoso laboral, la autoridad tiene obligación de aplicar un estándar de debida diligencia para investigar y analizar los hechos denunciados y juzgar con perspectiva de género[36].

Por tanto, esta Sala Monterrey comunica a la promovente que la decisión de no instaurar, a partir de los hechos denunciados, un procedimiento electoral sancionador por VPG, no implica que su pretensión no pueda ser alcanzada o que se vea desnaturalizada sólo porque ahora deba estar en conocimiento de la Dirección Jurídica pues, como se explicó anteriormente, el procedimiento sancionador por VPG únicamente está previsto para aquellos casos en los que exista una posible afectación a un derecho político-electoral tutelable en el ámbito electoral, mientras que, las controversias entre personas trabajadoras del INE que pertenecen al SPEN o a alguna de las ramas administrativas de dicho órgano, y no ocupan un cargo de los de máxima dirección en el INE, deberán sustanciarse a través de un procedimiento laboral sancionador, en el cual, la promovente tiene a salvo sus derechos para inconformarse, de acuerdo con la normativa estatutaria, sobre cualquier aspecto o actuación que estime contrario a derecho.

3.3. Finalmente, son ineficaces los planteamientos respecto a que la Unidad Técnica debió dar vista al Órgano Interno de Control o a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales pues la potestad de poner en conocimiento de otras autoridades es una facultad discrecional que se realiza de manera libre y conforme al juicio de dicha autoridad, a partir de una valoración de los hechos que son de su conocimiento[37], siendo lo jurídicamente relevante que, en el presente asunto, se remitió el asunto a la Dirección Jurídica, la cual es la autoridad competente, en razón de la naturaleza de los hechos denunciados, para conocer de la queja presentada por la actora.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

Único. Se confirma la resolución impugnada.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación remitida por la responsable.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.