Monterrey, Nuevo León, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.

Sentencia definitiva que modifica, para los efectos precisados en este fallo, la emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, en el procedimiento especial sancionador TRIJEZ-PES-002/2021, porque si bien correctamente (a) tuvo por acreditada la publicación realizada en Facebook por el regidor denunciado, así como la petición creada en la plataforma CHANGE.ORG por una ciudadana y firmada por la síndica municipal denunciada; (b) consideró que es inexistente la violencia política en razón de género atribuida al regidor y la síndica municipal, al advertirse que sus manifestaciones se encuadran en los límites permitidos de la libertad de expresión, por ser realizadas en el marco de un debate público sobre un tema de interés general, respecto de una funcionaria pública que tiene un umbral de tolerancia mayor a la crítica y sin utilizar indebidamente elementos de género en sus expresiones; (c) concluyó que no es responsabilidad de los denunciados lo publicado por terceras personas en Facebook; lo cierto es que el Tribunal local no debió limitarse a afirmar genéricamente que tales expresiones podrían enmarcarse en la libertad de expresión, sino que ante el estándar reforzado de debida diligencia que rige los asuntos en que se alega violencia política en razón de género, por una parte, al existir incertidumbre sobre si respecto de una de esas terceras personas se trata o no de la ciudadana denunciada, el Tribunal responsable debió ordenar la investigación correspondiente para esclarecer los hechos; y por otra, al advertirse la posible responsabilidad de sujetos diversos a los denunciados en la comisión de la infracción, debió de dar vista al Instituto Electoral local para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara si correspondía o no iniciar los procedimientos respectivos.

GLOSARIO

1.     ANTECEDENTES DEL CASO

1.1.           Juicio ciudadano local [TRIJEZ-JDC-002/2021]. El dos de enero de dos mil veintiuno[1], la Regidora Nancy Harletl Flores Sánchez, del Ayuntamiento, promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal local[2], al considerar que diversos integrantes Ayuntamiento ejercieron en su contra VPG durante las sesiones de cabildo treinta y seis y treinta y siete[3].

1.2.           Vista. El cuatro de enero, el Tribunal local declaró improcedentes las medidas cautelares entonces solicitadas y, a su vez, dio vista al IEEZ para que investigara la posible comisión de VPG en contra de la regidora, por un lado, ejercida por Ruth Calderón Babún, síndica municipal, así como la ciudadana Gabriela Contreras Terrazas, con motivo de la solicitud que realizaron en CHANGE.ORG con el fin de que renunciara a su cargo.

Por otro, cometida por Juan Manuel Solís Caldera, regidor del Ayuntamiento, mediante una publicación en Facebook que, en consideración de la Regidora, promueve el odio y rechazo hacia su persona e incita a la violencia en su contra, pues a partir de sus comentarios se desencadenaron actos y comentarios violentos y despectivos en su perjuicio[4].

1.3.           Sentencia impugnada [TRIJEZ-PES-002/2021]. Luego de que el IEEZ instruyó el procedimiento especial sancionador correspondiente[5] y remitió el expediente al Tribunal local[6], el veinticuatro de abril se dictó sentencia en el sentido de considerar inexistente la VPG atribuida a la Síndica Municipal, al Regidor y a la Ciudadana.

1.4.            Juicio federal. Inconforme, el veintiocho de abril, la Regidora promovió el medio de impugnación en que se actúa.

2.     COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente asunto, porque se trata de un juicio electoral en el que se controvierte una sentencia dictada por el Tribunal local vinculada con un procedimiento especial sancionador en el que se denunció VPG en contra de una regidora que integra el Ayuntamiento de Zacatecas, en esa entidad federativa, la cual se ubica en la segunda circunscripción electoral plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 195, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en atención a lo previsto en los Lineamientos Generales para la Identificación e Integración de Expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[7].

3.     ESTUDIO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA

El presente juicio reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 13, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, conforme a lo razonado en el auto de admisión correspondiente[8].

4.     ESTUDIO DE FONDO

4.1.      Materia de la controversia

4.1.1.    Origen

El Tribunal local dio vista al IEEZ con actos posiblemente constitutivos de VPG en contra de la actora, que advirtió de los hechos narrados en la demanda del juicio restitutorio que ella promovió ante la autoridad jurisdiccional.

En específico, respecto a que el veinticuatro de mayo de dos mil veinte, el Regidor realizó una publicación en Facebook en la cual, en perspectiva de la Regidora, se promovía el odio y rechazo hacia su persona e incitaba a la ciudadanía a ejercer violencia en su contra. Lo cual consideró así, porque, sostuvo, a partir de esa publicación se desencadenaron actos y comentarios violentos y despectivos hacia ella.

Esta publicación fue objeto de certificación por parte del personal de la Oficialía Electoral del IEEZ[9], en los términos siguientes:

Asimismo, la vista que dio el Tribunal local al IEEZ fue para el efecto de que investigara lo denunciado por la actora, en el sentido de que la Síndica Municipal y la Ciudadana ejercieron VPG en su contra derivado de que exigieron en la red social CHANGE.ORG, sin causa o motivo, que la Regidora renunciara a su cargo electivo. Lo cual promovieron entre la ciudadanía para que firmara la petición.

Además, se señaló que a través de esa plataforma la Síndica Municipal y la Ciudadana solicitaron aportaciones económicas para continuar la recaudación de firmas y lograr la renuncia.

La petición correspondiente también fue objeto de certificación por personal de la Oficialía Electoral del IEEZ[10], conforme a lo siguiente:

Es importante señalar que la Regidora acompañó a su escrito inicial noventa y dos capturas de pantalla identificadas consecutivamente, entre las cuales se encuentran, entre otras, las publicaciones anteriores, así como la siguiente, relacionada con la presunta firma de la Síndica Municipal en favor de la petición difundida en CHANGE.ORG[11].

4.1.2.    Sentencia impugnada

El Tribunal local declaró inexistente la VPG atribuida a la Síndica Municipal, al Regidor y a la Ciudadana.

En relación con la publicación realizada en Facebook por el Regidor, la tuvo por acreditada pero consideró que las manifestaciones estaban amparadas en la libertad de expresión, pues exponían una opinión de desacuerdo sobre el actuar de la Regidora, al considerar que su conducta era un ejemplo de lo que no se debía hacer durante la contingencia sanitaria, dado que vulneró las medidas básicas de prevención y puso en riesgo a las personas. Además de que no se trató de críticas para menoscabar sus derechos político-electorales o su condición de mujer.

En cuanto a que la publicación que realizó el Regidor incentivó y promovió el odio y rechazo hacia a su persona, sostuvo que la Regidora no describió los hechos y circunstancias de modo, tiempo y lugar que pretendía demostrar con las “pruebas técnicas” consistentes en noventa y dos capturas de pantalla y que sólo representaban indicios. Aun así, refirió que, suponiendo sin conceder la veracidad de los comentarios de diversos ciudadanos en Facebook, los mismos no podrían ser responsabilidad de los denunciados, pues lo expresado por los ciudadanos podía ampararse en la libertad de expresión.

Asimismo, expuso que la tolerancia del servidor público se separa a la tolerancia de un particular, por lo que la Regidora debía entender su amplio margen a las críticas, opiniones y calificativos al llevar a cabo el ejercicio de sus funciones.

Por lo que hace a la petición realizada en la página de CHANGE.ORG, el Tribunal local la tuvo por acreditada pero igualmente consideró que se amparaba en la libertad de expresión y pensamiento. Razonó que formular una petición es una cuestión de interés social que tiene los mismos efectos que la opinión de la ciudadanía respecto de un tema de interés general, pues cualquier persona tiene derecho a discutir las actividades de los servidores públicos. Además de que la petición en esa plataforma no vincula a ninguna autoridad y tampoco tenía “tintes de género”(sic).

Sobre el hecho de que la Síndica Municipal firmó la petición, el Tribunal local expuso que tal acción también se amparó en la libertad de expresión, al realizarse como parte del derecho que se tiene a opinar respecto de un tema de interés social, sin que ello trastocara los derechos político-electorales de la Regidora.

Asimismo, expuso que para la destitución de una regiduría existe un trámite que debe seguirse ante el Congreso, por lo que la destitución de que se quejaba la Regidora no podía ser concretada con la petición formulada en CHANGE.ORG

Por último, expuso las razones por las cuales consideró que los hechos denunciados no constituían VPG al no reunirse los elementos constitutivos de la infracción (previstos en la jurisprudencia 21/2018[12]).

4.1.3.    Planteamiento ante esta Sala

Inconforme, la Regidora hace valer como agravios, en esencia, que:

1.     El Tribunal local indebidamente avaló que dejara de certificarse en la página de CHANGE.ORG la publicación de la petición de renuncia; que no tomó en consideración que existió una aceptación implícita de la Síndica Municipal y la Ciudadana en cuanto a los hechos vinculados con esa petición; y que dejó de atenderse que en estos casos corresponde a los denunciados desvirtuar la existencia de los hechos en que se basa la infracción.

2.     El Tribunal local realizó un estudio parcial de los hechos denunciados y con falta de perspectiva de género al considerar que los comentarios de diversos ciudadanos en Facebook no son responsabilidad de los denunciados y concluir que podrían estar amparados en la libertad de expresión, cuando lo cierto es que existen expresiones que la hacen sentir agraviada y humillada (“la rugidora”, “patética”, “calladita se ve menos fellita”, “esta mensa”, “regidora bandamax” y “simio”) que indebidamente el Tribunal local considera que debe tolerar por ser una servidora pública con un amplio margen a las críticas.

3.     El Tribunal local indebidamente tuvo por no actualizada la VPG y analizó incorrectamente los elementos constitutivos de la infracción. Para sostener su argumento, expone por qué son incorrectas las consideraciones que de ellos dio el Tribunal local y hace especial énfasis a que en el caso existe una violencia simbólica en su contra, así como que la solicitud de renuncia sí intenta menoscabar y anular el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos político-electorales como regidora.

4.1.4.    Cuestión a resolver

En el caso, esta Sala Regional debe analizar:

1.     Si en el caso se consideró acreditada la publicación en Facebook del Regidor, la creación de la petición por la Ciudadana, así como su contenido y firma por la Síndica Municipal.

2.     Si son correctas las conclusiones del Tribunal local en cuanto a que, por una parte, las publicaciones de terceros no son responsabilidad de los denunciados y, por otra, que tales publicaciones de diversas personas se enmarcan en la libertad de expresión.

3.     Si fue correcto que el Tribunal local considerara que no se acreditó VPG en contra de la actora.

4.2.      Decisión

La resolución impugnada debe modificarse, para los efectos que se señalan en el apartado correspondiente, porque:

1.     El Tribunal local sí tuvo por demostrados los hechos denunciados consistentes en la publicación en Facebook del Regidor, la creación de la petición por la Ciudadana, así como su contenido y firma por la Síndica Municipal.

2.     Analizados los agravios de la actora desde una perspectiva de género, se considera que si bien fue correcto considerar que no era responsabilidad de los denunciados lo publicado por terceras personas en Facebook, lo cierto es que el Tribunal local no debió limitarse a afirmar genéricamente que tales expresiones podrían enmarcarse en la libertad de expresión.

Ante el estándar reforzado de debida diligencia que rige los asuntos en que se alega VPG, por una parte, al existir incertidumbre sobre si respecto de una de esas terceras personas se trataba o no de la Ciudadana denunciada, el Tribunal local debió ordenar la investigación correspondiente para esclarecer los hechos; y por otra, al advertirse la posible responsabilidad de sujetos diversos a los denunciados en la comisión de VPG, debió de dar vista al IEEZ para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara si correspondía o no iniciar los procedimientos respectivos.

3.     Sin pronunciarse sobre la acreditación de la infracción atribuida a la Ciudadana en tanto que, respecto de ella se ordena reponer el procedimiento para agotar la investigación correspondiente, se estima correcto que el Tribunal local considerara inexistente la VPG respecto del Regidor y la Síndica Municipal al no actualizarse todos los elementos constitutivos de la infracción.

Ello, porque se trata de una crítica (realizada por el Regidor) o rechazo (advertido de la firma a la petición de renuncia por la Síndica Municipal) a las acciones de la Regidora, que encuentran cabida en la libertad de expresión en el marco de un debate público sobre un tema de interés general, como es el presunto desacatamiento de las medidas sanitarias durante la contingencia, por una funcionaria pública que, por esa calidad, sujeta su actuación al escrutinio de la ciudadanía y tiene un umbral de tolerancia a la crítica más amplio; tomando en cuenta que no se realizaron expresiones basadas en elementos de género, es decir, dirigidas la Regidora por ser mujer, que tuvieran un impacto diferenciado en ella o le afectan desproporcionadamente en su condición de mujer.

Aunado a que la sola firma en CHANGE.ORG de una petición de renuncia de una funcionaria pública, no puede considerarse, por sí, atentatorio de su derecho a ejercer el cargo, pues si bien refleja un reclamo o desacuerdo en el ejercicio de la función, es una manifestación de ideas amparada en la libertad de expresión que no implica una acción de Derecho y tampoco de hecho que materialmente pueda llegar a menoscabar el desempeño del cargo electivo que ostenta la Regidora.

4.3.      Justificación de la decisión

4.3.1.    Marco normativo

         Violencia política contra las mujeres en razón de género

El siete de junio de dos mil diecisiete, el legislador zacatecano publicó en el Periódico Oficial del Gobierno de Zacatecas una reforma a la Ley Electoral en materia de VPG.

La cual definió como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Precisó que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

A la vez, dispuso que puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la LGAMVLV y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares[13].

Asimismo, determinó que constituían infracciones, entre otros sujetos, de la ciudadanía y de las autoridades o servidores públicos, ejercer VPG[14].

Por su parte, a nivel nacional, el trece de abril de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la LGAMVLV, la LGIPE, la Ley de Medios, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de VPG.

En términos generales, la reforma legal se encargó de conceptualizar el término VPG; estableció un catálogo de conductas que podrían actualizarla; la distribución de competencias, atribuciones y obligaciones que cada autoridad en su respetivo ámbito debe implementar y, finalmente, de aquellas sanciones que podría conllevar el infringir la norma en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas.

Con relación a la LGAMVLV y la LGIPE, en lo que interesa, definieron la VPG en términos idénticos a la legislación zacatecana[15] y también dispusieron que podrían ser sujetos responsables de cometerla la ciudadanía, las autoridades, servidoras y servidores públicos[16].

         Deber de juzgar con perspectiva de género y analizar todos los hechos denunciados

Esta Sala Regional ha sustentado que el juzgar con perspectiva de género conlleva el impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desigualdad en la cual históricamente se han encontrado las mujeres –que no necesariamente está presente en cada caso– como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debían asumir, como un corolario inevitable de su sexo[17].

Al respecto, la Suprema Corte ha sostenido que todo órgano jurisdiccional electoral debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual tiene que implementarse un método, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.

En ese sentido, ha razonado que, quien ostenta el papel de juzgador debe tener en consideración, entre otros elementos, que en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, deberá ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones[18].

Sala Superior también ha sustentado que la valoración de las pruebas en casos de VPG debe realizarse con perspectiva de género, sin trasladar a las víctimas la responsabilidad de aportar lo necesario para probar los hechos, a fin de impedir una interpretación estereotipada de las pruebas y de dictar resoluciones carentes de consideraciones de género, pues ello obstaculiza, por un lado, el acceso de las mujeres víctimas a la justicia y, por otro, la visión libre de estigmas respecto de las mujeres que se atreven a denunciar.

En tal sentido, ha razonado que el principio de carga de la prueba respecto de que “quien afirma está obligado a probar”, debe ponderarse de otra manera en casos de discriminación, por lo que, para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato, la carga de la prueba debe recaer en la parte demandada, cuando se aporten indicios de la existencia de esa discriminación.

Así, Sala Superior ha considerado por un lado, que dado que en los casos de VPG se encuentra involucrado un acto de discriminación, opera la figura de la reversión de la carga de la prueba y la persona demandada o victimaria es la que tendrá que desvirtuar de manera fehaciente la inexistencia de los hechos en los que se base la infracción. Por otro, que el dicho de la víctima cobra especial preponderancia pues ello permite agotar todas las líneas de investigación posibles que conduzcan al esclarecimiento de los hechos denunciados[19].

A su vez, Sala Superior ha establecido que cuando se alegue VPG, al tratarse de un problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso[20].

         El derecho a la libertad de expresión en el contexto de un debate político y la VPG

Sala Superior ha sostenido que el ejercicio del derecho a la libertad e información –previsto en los artículos 6 de la Constitución General y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos– ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática.

Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales[21].

Por su parte, la Suprema Corte ha señalado que su bien es cierto que cualquier individuo que participe en un debate público de interés general debe abstenerse de exceder ciertos límites, como el respeto a la reputación y a los derechos de terceros, también lo es que está permitido recurrir a cierta dosis de exageración, incluso de provocación, es decir, puede ser un tanto desmedido en sus declaraciones, pues es precisamente en las expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o disgustar donde la libertad de expresión resulta más valiosa.

Así, el Alto Tribunal ha considerado que no todas las críticas que supuestamente agravien a una persona, grupo, o incluso a la sociedad o al Estado pueden ser descalificadas y objeto de responsabilidad legal, pues aunque constitucionalmente no se reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, tampoco se vedan expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aun cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales, sino simbólicas[22].

Ahora, si bien es cierto, por cuestiones históricas y estructurales la participación de las mujeres ha sido obstaculizada y se ha dado en menor número que la de los hombres –razón por la que fue indispensable, por ejemplo, instaurar las cuotas y la paridad en la postulación de candidaturas– ello no necesariamente se traduce en que los dichos en contra de quienes ejercen o aspiran a ocupar un cargo de elección popular constituyan violencia y vulneren alguno de sus derechos a la participación política.

Afirmar lo contrario, podría subestimar a las mujeres y colocarlas en una situación de victimización, negándoles, a priori, su capacidad para participar en los debates y discusiones inherentes a las contiendas electorales, en las cuales se suele usar un lenguaje fuerte, vehemente y cáustico, tutelado por la libertad de expresión. En efecto, partir de la base de que los señalamientos y afirmaciones respecto a las candidatas y servidoras públicas implican violencia, es desconocer su dignidad, capacidad y autonomía para debatir y responder abierta y directamente tales señalamientos.

Ello no supone justificar cualquier discurso o expresión en contra de las mujeres que participan en política o desconocer que en ciertos casos algunas afirmaciones tienen un impacto diferenciado cuando se dirigen a mujeres por reproducir estereotipos o generar efectos de exclusión injustificada del debate público, pues ello debe valorarse en cada caso y atendiendo a sus circunstancias y al contexto de desigualdad estructural, reconociendo que por lo general, el lenguaje político se inscribe en una cultura dominada por pautas de conducta que tienden a invisibilizar a las mujeres sobre la base de estereotipos de género.

Sobre este aspecto, Sala Superior ha determinado que, para acreditar la existencia de VPG dentro de un debate político, se debe analizar si las expresiones u omisiones reúnen los siguientes elementos[23]:

        Libertad de expresión en redes sociales, en el contexto de un debate político, de frente a la VPG

En cuanto a la libertad de expresión ejercida en redes sociales, Sala Superior ha determinado[24] que éstas son un medio que posibilitan el ejercicio democrático y expansivo de la libertad de expresión, por lo que cualquier medida que pueda afectarla, debe estar orientada a garantizar la libre interacción entre las personas usuarias ya que si bien el internet facilita el acceso a las personas, esto propicia un debate amplio y robusto en el que las personas intercambian ideas y opiniones –positivas o negativas– de manera ágil, fluida y libre, generando un mayor involucramiento del electorado en temas relacionados con la contienda electoral[25].

A la par ha sostenido que, en el contexto del debate político, el sólo hecho de que la ciudadanía publique su punto de vista en redes sociales sobre el desempeño o propuestas de un partido político, sus candidaturas o su plataforma ideológica, es un hecho que goza de una presunción de espontaneidad, propia de las redes sociales, por lo que debe ser ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información[26].

No obstante, esta Sala ha sostenido que el hecho de que en una red social se permita el flujo de ideas y opiniones, en forma alguna impide que se analice si las ahí expuestas constituyen VPG[27].

En el párrafo 52, del Informe de la “Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias acerca de la violencia en línea contra las mujeres y las niñas desde la perspectiva de los derechos humanos”, señala que si bien, la libertad de expresión está garantizada en los espacios digitales, este derecho no es absoluto e incluso, que los comentarios, ideas o expresiones que se puedan difundir en el internet por su carácter hostil pueden concebirse incluso como conductas criminales[28] pero, en todo caso, le corresponde a las autoridades encargadas del conocimiento de dichos actos formular su análisis y en su caso determinar sí configura una infracción a la ley.

4.3.2.    Determinación de esta Sala

4.     El Tribunal local sí tuvo por demostrados los hechos denunciados consistentes en la publicación en Facebook del Regidor, la creación de la petición por la Ciudadana, así como su contenido y firma por la Síndica Municipal

La actora considera incorrecta la sentencia impugnada porque, en su concepto, en los escritos por los cuales la Síndica Municipal y la Ciudadana dieron contestación a los requerimientos formulados por el IEEZ, se advierte una aceptación implícita en relación con los hechos vinculados con la petición de renuncia realizada en CHANGE.ORG, por lo que no existe duda de que cometieron tal acción en su contra. Sobre todo cuando refieren que, de haberlo hecho, estarían haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión.

Además, se queja de que existió una motivación parcial en la sentencia para no realizar adecuadamente la certificación de la petición en CHANGE.ORG. Ello, porque el Tribunal local hizo referencia a que fue imposible para la Coordinación certificar su contenido, al obtener la leyenda ¡Mil disculpas! No hemos podido encontrar la página solicitada; cuando lo cierto es que incluso al momento de presentar su demanda federal aún permanecía publicada la petición en la plataforma. Considera que con ello, deja de analizarse su situación en razón de género, con lo cual el IEEZ, el Tribunal local y esta Sala Regional(sic) la revictimizan. 

La actora también refiere que en el caso no se atendió a la reversión de la carga de la prueba, conforme a la cual, la persona demandada o victimaria es quien debe desvirtuar de manera fehaciente la existencia de los hechos en que se basa la infracción.

Esta Sala Regional considera que deben desestimarse los agravios.

En primer lugar, es de señalar que la actora parte de una premisa inexacta, en cuanto a la certificación de la petición difundida en CHANGE.ORG, porque cuando el Tribunal local refirió que a la Coordinación le fue imposible realizar la certificación correspondiente, no se refirió a la petición difundida por ese medio, sino a una diversa liga electrónica de ese portal ofrecida como prueba por los denunciados[29]. Situación que subsanó el propio Tribunal local al realizar directamente la certificación correspondiente[30].

En cuanto a la petición que se publicó en la citada plataforma, de autos se advierte que personal de la Oficialía Electoral del IEEZ hizo la certificación que correspondió[31], la cual valoró el Tribunal local y, precisamente a partir de ello y la aceptación implícita que sobre la misma hizo la Ciudadana, le atribuyó valor probatorio pleno. De ahí que refiriera que en el caso se encontraba acreditaba la petición realizada por la Ciudadana en la plataforma CHANGE.ORG, por la que solicitó la renuncia de la actora a su cargo como regidora.

Por lo que hace a la firma de la Síndica Municipal respecto de la petición que inició la Ciudadana en CHANGE.ORG, si bien el Tribunal local consideró que la captura de pantalla número 5 aportada por la denunciante[32] constituía un indicio, lo cierto es que al realizar el estudio de la infracción atribuida a esa funcionaria sí consideró acreditado el hecho, al sostener que la Síndica Municipal firmó la petición aludida.

En ese sentido, es claro que tanto la creación de la petición por la Ciudadana, su contenido y firma por la Síndica Municipal se tuvieron por acreditados, en contraste con lo que refiere la actora. En consecuencia, también se debe desestimar lo alegado en cuanto a que se le revictimizó, al hacer depender su argumento de la no acreditación de los hechos, lo cual se constató que no fue así.

Por otro lado, debe señalarse que el Tribunal local también tuvo por acreditado el comentario realizado por el Regidor en la red social Facebook, a partir de la certificación realizada por personal de la Oficialía Electoral del IEEZ[33] y lo manifestado por el propio Regidor en su escrito de alegatos, en el sentido de que aceptó haber expresado su desacuerdo con la actividad que realizó la Regidora, al considerar que puso en grave peligro la salud de las y los zacatecanos[34].

A partir de lo considerado hasta ahora, es impreciso lo referido por la actora en cuanto a que indebidamente dejó de atenderse la reversión de la carga de la prueba en el sentido de que correspondía a los denunciados desvirtuar fehacientemente la existencia de los hechos imputados. Ello, porque ha quedo demostrado que sí se tuvieron por acreditados, cuestión distinta es la valoración que de los mismos realizó el Tribunal local para tener por no actualizada la infracción.

4.3.2.2.                     Si bien fue correcto que el Tribunal local considerara que no era responsabilidad de los denunciados lo publicado por terceras personas en Facebook, lo cierto es que no debió limitarse a afirmar genéricamente que tales expresiones podrían enmarcarse en la libertad de expresión

La actora considera, en términos generales, que aun cuando los asuntos de VPG implican un análisis integral y pormenorizado de los hechos, con perspectiva de género, ello no se atendió al estudiar su caso pues existieron expresiones ofensivas que el Tribunal local omitió juzgar de manera correcta; además de que no garantizó estándares mínimos para que las mujeres accedan a una vida libre de violencia y discriminación.

Aunado a que para resolver sobre la acreditación de VPG debe tomarse en cuenta la reversión de la carga de la prueba, que el denunciado tiene que desvirtuar fehacientemente la existencia de los hechos en que se basa la infracción y que el dicho de la víctima cobra especial preponderancia, debido a que permite agotar todas las líneas de investigación posibles que conduzcan al esclarecimiento de los hechos.

De forma particular, expone que en la sentencia se realizó un estudio parcial y con falta de perspectiva de género al concluir que, suponiendo sin conceder, fueran veraces los comentarios de diversos ciudadanos en Facebook, no podrían ser responsabilidad de los denunciados, pues lo manifestado podría estar amparado en la libertad de expresión. Considera que ello es indebido, porque fueron los denunciados quienes promovieron, incentivaron y motivaron los comentarios hacia su persona con palabras tales como “¿Me das una mano compartiendo y firmando esta petición?”.

Asimismo, expone que el Tribunal local incorrectamente considera que los hechos están amparados en la libertad de expresión y pensamiento, lo cual hace que se sienta agraviada, atacada, menospreciada, humillada y hecha menos(sic) por el simple hecho de ser mujer. Dado que, como se advierte de autos, en Facebook la mencionan como “la rugidora”, “calladita se ve menos fellita”, “esta mensa”, “regidora bandamax” y “simio”. 

En su perspectiva, el Tribunal local la violenta cuando refiere que, por ser servidora pública “debe entender su amplio margen a las críticas”. Pues ello en realidad implica que debe entender que la gente se refiera a ella como “simio”, “mensa”, “rugidora” y “patética”; es decir, que la trate de manera peyorativa por el simple hecho de ser mujer ostentando un cargo.

Considera que en el caso existen claros actos de VPG que indebidamente se “escudan” en la libertad de expresión para agredirla públicamente como servidora pública.

Esta Sala Regional considera que, a partir de la causa de pedir y estudiados los agravios con perspectiva de género, asiste parcialmente la razón a la actora[35].

Como se adelantó en el marco jurídico, todo órgano jurisdiccional electoral debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual tiene que implementarse un método, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.

En ese sentido, la Suprema Corte ha razonado que, quien ostenta el papel de juzgador debe tener en consideración, entre otros elementos, que en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, deberá ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones[36].

A su vez, Sala Superior ha establecido que cuando se alegue VPG, al tratarse de un problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso[37].

En el caso, al dictar el acto impugnado, el Tribunal local consideró que la publicación hecha por el Regidor en Facebook era una opinión libre de quien la divulgó, pues al hacer referencia a que no estaba de acuerdo con que la Regidora repartiera despensas junto con su hermano en plena contingencia sanitaria, generada por el virus COVID-19, no atentó contra su persona, su condición de mujer y tampoco realizó críticas para menoscabar o anular sus derechos político-electorales.

Enseguida, atendió lo alegado por la Regidora en cuanto a que la publicación incentivó y promovió el odio y rechazo hacia su persona, desencadenando actos y comentarios violentos y despectivos por parte de la ciudadanía.

El Tribunal local refirió que si bien la Regidora ofreció “pruebas técnicas”(sic) consistentes en noventa y dos capturas de pantalla, lo cierto es que no describió los hechos y circunstancias de modo, tiempo y lugar que pretendía demostrar, por lo tanto, sólo constituían indicios[38].

Aun así, el citado Tribunal expuso que, suponiendo sin conceder la veracidad de los comentarios de los diversos ciudadanos en Facebook, los mismos no podrán ser responsabilidad de los denunciados.

Lo consideró así, por estimar que lo expresado por tales ciudadanos podría estar amparado en la libertad de expresión, pues debía recordarse que el hecho de que la ciudadanía publique su punto de vista en redes sociales sobre el desempeño de un servidor público, como en el caso ocurrió, goza de una presunción de ser un acto de espontaneidad. Sobre todo tomando en cuenta que Sala Superior estableció que las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión[39].

El Tribunal local también refirió que la tolerancia de un servidor público se separa de la tolerancia de un particular al ejercer su cargo, por lo cual la Regidora debía entender su amplio margen a las críticas, opiniones y calificativos al llevar a cabo el ejercicio de sus funciones, sobre todo cuando se realizan actividades que desembocan en temas sensibles que normalmente causan reacción en la ciudadanía.

A la vez, refirió que las expresiones, críticas severas, provocativas, chocantes, que puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadoras o causar algún tipo de molestia, ofensa o disgusto, no deben de ser considerados un comportamiento abusivo por parte de los usuarios de las redes, sino libertad de expresión y pensamiento que las leyes permiten y regulan.

En ese contexto, concluyó que los hechos encuadraban en la libertad de expresión y pensamiento ejercida en redes sociales, pues, refirió, no se advertía de los elementos que fueron ofrecidos y debidamente analizados en lo individual y en su conjunto, que se tratara de VPG, en tanto que el único objetivo fue emitir una opinión e intercambiar información sobre el actuar de la Regidora.

Como se adelantó, esta Sala Regional considera que asiste parcialmente razón a la Regidora en sus motivos de inconformidad juzgados con perspectiva de género, pues aun cuando es correcta la conclusión del Tribunal local en cuanto a que no es responsabilidad de los denunciados lo publicado por terceras personas en Facebook, lo cierto es que no debió limitarse a afirmar genéricamente que tales expresiones se enmarcaban en la libertad de expresión, pues al actuar de esa manera, como lo refiere la actora, realizó un estudio parcial y con falta de perspectiva de género. De manera que, ante el conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de VPG debió dar vista al IEEZ para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo procedente y, en su caso, iniciara los procedimientos sancionadores que correspondieran.

Ahora, como se refirió en el marco jurídico, en términos de lo señalado en los artículos 5, fracción III, inciso jj), de la Ley Electoral, 20 Bis de la LGAMVLV y 3, numeral 1, inciso k) de la LGIPE, la VPG puede ser cometida tanto por agentes estatales o por particulares, entre otros sujetos.

En ese sentido, aun cuando con motivo de las publicaciones realizadas por los denunciados diversas personas hubieran aprovechado la ocasión para difundir otras publicaciones que la Regidora considera constitutivas de VPG en su contra, su contenido no puede considerarse responsabilidad de los denunciados, pues conforme a la legislación aplicable la ciudadanía que las expresó puede ser responsable de esa infracción.

No se inadvierte que los citados numerales también prevén que la VPG se actualice ante la tolerancia de acciones u omisiones que, basadas en elementos de género, tengan por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres.

Al respecto, se ha considerado que se incurre en esta modalidad de VPG cuando existen diversas particularidades que denotan la existencia de relaciones de supra a subordinación y la persona que ejerce la autoridad, por el contexto particular en que sucede, tiene el deber de no tolerar ese actuar o inacción y tampoco participar en ellas; supuestos que en el caso no se actualizan[40].

Sobre todo que en ese asunto las expresiones sancionadas no se realizaron en internet –como sí ocurre en el particular– medio respecto del cual la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las responsabilidades ulteriores solamente deben ser impuestas a los autores de la expresión en Internet, es decir, a quienes son directamente responsables de la expresión ofensiva[41].

De ahí que, al margen de que, como lo refiere la actora, en el caso de la petición de CHANGE.ORG, pudieran existir invitaciones a firmar la petición, ello no implica que se incitara a realizar otro tipo de comentarios a la Regidora y, menos, que pueda responsabilizarse a los denunciados por lo que eventualmente se expresó en las publicaciones.

Por estas razones es que esta Sala Regional comparte la conclusión del Tribunal local en cuanto a que los comentarios de diversos ciudadanos en Facebook no podrían ser responsabilidad de los denunciados.

En cambio, no comparte la diversa conclusión en el sentido de que tales comentarios se encuentran amparados en la libertad de expresión.

En primer lugar, como se apreció de la relatoría de la sentencia, el Tribunal local no analizó en sí el contenido de las expresiones que se advierten en las capturas de pantalla que aportó la Regidora[42], sino que se limitó a sostener, fundamentalmente, que eran lícitas por haberse realizado en redes sociales, gozar de una presunción de espontaneidad, dirigirse a una servidora pública que cuenta con un margen de tolerancia más amplio a las críticas, quien debe entender esa situación, pues, refirió, las críticas severas, provocativas, chocantes, que puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadoras o causar algún tipo de molestia, ofensa o disgusto, no deben de ser considerados un comportamiento abusivo por los usuarios de las redes, sino libertad de expresión y pensamiento que las leyes permiten y regulan.

Al respecto, como quedó expuesto en el marco jurídico, es cierto que las redes sociales son un medio que posibilitan el ejercicio democrático y expansivo de la libertad de expresión, por lo que cualquier medida que pueda afectarla, debe estar orientada a garantizar la libre interacción entre las personas usuarias[43].

También que en el contexto del debate político, el sólo hecho de que la ciudadanía publique su punto de vista en redes sociales sobre el desempeño o propuestas de un partido político, sus candidaturas o su plataforma ideológica –o funcionarios públicos– es un hecho que goza de una presunción de espontaneidad, propia de las redes sociales, por lo que debe ser ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información[44].

No obstante, la Suprema Corte ha concluido que la libertad de expresión y derecho de acceso a la información en redes sociales no protegen el comportamiento abusivo de los usuarios[45].

Por su parte, esta Sala ha sostenido que el hecho de que en una red social se permita el flujo de ideas y opiniones, en forma alguna impide que se analice si las ahí expuestas constituyen VPG, pues aun cuando la libertad de expresión está garantizada en los espacios digitales, este derecho no es absoluto por lo que corresponde a las autoridades encargadas del conocimiento de dichos actos formular su análisis y en su caso determinar si configura una infracción a la ley[46].

Por tanto, por regla general, no resulta válido concluir (como lo hizo el Tribunal local) que expresiones en redes sociales se amparan en la libertad de expresión sin analizar expresamente su contenido.

Ahora, en el caso, la actora se queja de las expresiones “la rugidora”, “patética”, “calladita se ve menos fellita”, “esta mensa”, “regidora bandamax” y “simio”, las cuales refiere que se dirigen hacia ella de manera peyorativa, por el simple hecho de ser una mujer ostentando un cargo.

De manera preliminar, a partir del indicio que generan las noventa y dos capturas de pantalla aportadas por la Regidora en su denuncia, se aprecia que esas manifestaciones podrían haberse realizado por los siguientes usuarios:

         Daniel Halliwell: Pepe Flores la pobre rugidora hacía viscos al leer las cartulinas jajaja[47]

         Gaby Terrazas: Pepe Flores si lo vi patética la mujer !! Aparte a otra persona le contestó esto[48]

         Gaby Terrazas: Daniel Halliwell es la regidora de Bandamax!! [dos emoticones][49]

         Gaby Terrazas: Pepe Flores claro y que la sancionen por mensa… Calladita se ve menos fellita!![50]

         Pepe Flores: Unos simios, caray![51]

         Roxana R. Felix: Pinchiii gobierno ridiculo haciendo haciendo homenajes póstumos, pero poniendo el hoy no circula, cerrando todo pero dejando a este hediondo hacer su ridículo rodeado de más hediondos [dos emoticones] ya que abran galerías, que regresen los gimnasios, que abran los bares y antros, que vivamos los que vayamos a vivir y otros ya nos muramos. Muy Ching… multando si abren negocios, muy ching… quitando vehículos y le permiten a este simio esto, Gobierno que no tiene ni 3 gramos de autoridad ni de [emoticón] !! [tres emoticones] para eso me gustaba[52]

         Daniel Halliwell: Pepe Flores no alcance a tomarle captura amigo, pero ed babosita la rugidora yo la conoci de cerca en tiempos de lady trump y es brava para tirar chingadasos[53]

         Maryzol B Herández: [Inserta una imagen en la que se lee:] -Entiende para ayudar a la gente no es necesario armar un escándalo -Simio hacer cabalgata para que todo el mundo vea que ayudo y hacer publicidad gratis. COVID no existir![54]

Como se aprecia, los comentarios se atribuyen a quienes se identifican como Daniel Halliwell, Gaby Terrazas, Pepe Flores, Roxana R. Felix, y Maryzol B Herández.

Respecto de la usuaria Gaby Terrazas, de la revisión de las constancias que obran en autos, esta Sala Regional no tiene certeza sobre si corresponde o no a la ciudadana denunciada, de nombre Gabriela Contreras Terrazas. Ello, porque la diversa publicación de la petición de renuncia realizada en CHANGE.ORG, que se certificó por el Instituto Electoral y respecto de la cual en la instancia previa quedó acreditada la autoría de Gabriela Contreras Terrazas (denunciada), fue emitida por la diversa usuaria Gabriela Terrazas -no Gaby Terrazas[55].

En ese sentido, dado que juzgar con perspectiva de género implica agotar todas las líneas de investigación posibles que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, y ante el señalamiento expreso en la denuncia de que existían actos en la red social Facebook violentos y despectivos hacia su persona, resulta necesario reponer el procedimiento respecto de la ciudadana Gabriela Contreras Terrazas, a efecto de que, conforme a un deber reforzado de debida diligencia, el Instituto Electoral realice las actuaciones de investigación necesarias para indagar los hechos partiendo del principio inquisitivo que rige este tipo de asuntos[56] y determine si la usuaria Gaby Terrazas, corresponde a la ciudadana Gabriela Contreras Terrazas.

Lo anterior, resulta necesario, sobre todo, porque tratándose de asuntos que involucran VPG, esta Sala ha considerado que se requiere un primer nivel de análisis, respecto al estudio individualizado de las conductas que se someten a consideración para determinar su naturaleza y características específicas propias y con ello obtener su peso determinado en el contexto de los hechos; y, posteriormente, un segundo nivel de análisis respecto de la contextualización de los actos cuando existe multiplicidad de ellos. Esto, con la finalidad necesaria de examinar si en su conjunto aportan mayores elementos o una visión distinta del contexto para determinar la existencia, en su caso, de hechos que pudieran considerarse constitutivos de VPG[57].

Por lo que, únicamente teniendo certeza sobre la identidad de la persona que realizó las manifestaciones y analizados los hechos en un mismo procedimiento, es que podría realizarse el estudio en los términos señalados para estar en aptitud de considerar si se actualiza o no la infracción; o bien, descartarse la necesidad de realizar un análisis en estos términos, una vez verificado que corresponden a conductas atribuibles a una diversa persona.

Por otro lado, ya se refirió que la responsabilidad del contenido de las publicaciones recae en sus autores, por lo que, a fin de juzgar con perspectiva de género y atender integralmente la denuncia, como se impone en casos de VPG, se insiste, ante la propia noticia expuesta en la denuncia en cuanto a que en la red social Facebook existían comentarios violentos y despectivos hacia su persona, y al advertirse la posible responsabilidad de sujetos diversos a los denunciados en la comisión de VPG (en el caso, respecto de las publicaciones presuntamente realizadas por Daniel Halliwell, Pepe Flores, Roxana R. Felix, y Maryzol B Herández), el Tribunal local debió dar vista al IEEZ a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo procedente y, en su caso, iniciara los procedimientos sancionadores que correspondieran[58].

Lo cual, además, es acorde con el deber constitucional que tienen todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos[59], incluido el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Pues como lo ha referido Sala Superior, el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos[60].

Asimismo es acorde con el hecho de que las vistas, según lo ha considerado esta Sala Regional, obedecen al principio general de Derecho, consistente en que si algún funcionario público o autoridad tiene conocimiento de la posible transgresión a alguna de las normas de orden público, debe llevar a cabo actos tendentes a su inhibición para evitar la consumación o continuidad de un acto contrario a la ley, para lo cual debe hacer del conocimiento de la autoridad que se juzgue competente para que actúe conforme a sus atribuciones, en términos de lo establecido en el artículo 128 de la Constitución General, en el sentido de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen[61].

Por estas razones es que se considera que, atendida su inconformidad con perspectiva de género, asiste razón a la actora en cuanto a que las publicaciones realizadas por terceros en Facebook no pueden considerarse, al menos en este momento, amparadas en la libertad de expresión, por lo que procede modificar la sentencia impugnada, para los efectos que se precisan en el apartado correspondiente.

Finalmente, se desestima lo alegado por la actora en relación con que el Tribunal local la violentó porque, considera, al referir en su sentencia que “debe entender su amplio margen a las críticas” implica también tolerar las expresiones “la rugidora”, “patética”, “calladita se ve menos fellita”, “esta mensa”, “regidora bandamax” y “simio”.

Lo anterior, porque, como quedó evidenciado, el Tribunal local no analizó frontalmente esas expresiones y, por tanto, tampoco podría considerarse que, al referir que la Regidora debe entender su amplio margen a las críticas, hacía referencia expresa a que debe soportar esas manifestaciones en particular.

4.3.2.3.                     Fue correcto que el Tribunal local considerara inexistente la VPG respecto del Regidor y la Síndica Municipal al no actualizarse todos los elementos constitutivos de la infracción y, por el contrario, advertirse que sus manifestaciones se encuadran en los límites permitidos de la libertad de expresión, al ser realizadas en el marco de un debate público sobre un tema de interés general, respecto de una funcionaria pública que tiene un umbral de tolerancia mayor a la crítica,  sin utilizar indebidamente elementos de género en sus expresiones

La actora se queja de que el Tribunal local indebidamente tuvo por no actualizada la VPG y que analizó incorrectamente los elementos constitutivos de la infracción (previstos en la jurisprudencia 21/2018[62]).

En cuanto al primer elemento[63], la promovente refiere que el Tribunal local indebidamente consideró que por el hecho de que ostenta un cargo público no se pueden violentar sus derechos políticos en razón de género.

Respecto al segundo elemento[64], expone que aun cuando el Tribunal local admitió que los hechos fueron perpetrados por dos compañeros agentes del estado y una particular no protegió su esfera jurídica y sus derechos como mujer en ejercicio de un cargo.

Por lo que hace al tercer elemento[65], la Regidora afirma que sí se cometió violencia simbólica al incentivar y promover ataques hacia su persona con comentarios peyorativos, tales como “mensa”, “rugidora”, “simio”, entre otras. Las cuales obran en autos y fueron cometidas por agentes del Estado.  Lo cual, agrega, generó violencia psicológica en contra de su persona, al menoscabar su integridad como mujer.

Sobre este aspecto, la actora también expone que sufrió VPG de carácter simbólico que la afectó psicológicamente, porque los insultos perpetrados en la publicación de CHANGE.ORG aún se encuentran en la plataforma, es decir, que aún existen los insultos motivados por las acciones de las denunciadas, con lo cual se le revictimiza.

En relación con el cuarto elemento[66], la actora refiere que con la solicitud en CHANGE.ORG se intentó menoscabar y anular el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos políticos al tener como punto medular la invitación a que renunciara como regidora.

Respecto del quinto elemento[67], la promovente expuso que los comentarios expuestos en las publicaciones sí se fundaron en elementos de género al referirle “hay que seguir atacándola”, “mensa”, “simio”, “calladita se ve menos fellita”, “babosita” y un sinnúmero de comentarios peyorativos hacia su persona. En su opinión, todos y cada uno de los comentarios vertidos en las publicaciones en Facebook derivados de la petición en CHANGE.ORG son críticas basadas en estereotipos o circunstancias que comparan al género femenino con el masculino, generando discriminación, ya que al humillarla con comentarios como “mensa”, “rugidora”, “regidora bandamax”, “patética”, están haciendo una diferencia notable entre las capacidades del género masculino con el femenino.

De este modo, la Regidora considera que, en el caso, las conductas denunciadas sí encuadran en los tipos previstos para la VPG, pues los denunciados la agreden y ofenden por el simple hecho de ser mujer, incluso, refiriéndose a su aspecto físico. Ello, en contra de sus derechos político-electorales como regidora, pues la intentan destituir por medios electrónicos, para lo cual solicitan firmas y piden dinero.

Asimismo, la actora expone el Tribunal local actuó de manera parcial y la revictimizó, al permitir que la Síndica Municipal y la Ciudadana refirieran que, de haber realizado la petición de firmas en CHANGE.ORG estarían haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión, así como una crítica a las actividades irresponsables de una servidora pública. En su opinión, al hacer tal referencia en la sentencia permite que las denunciadas la señalen como una servidora pública irresponsable.

A la par, la Regidora refiere que el Tribunal local indebidamente concluyó que la petición realizada en CHANGE.ORG se encuentra amparada en la libertad de expresión y pensamiento. Considera que esa argumentación, más allá del agravio hacia su persona, peligrosamente puede generar una serie de actos reiterados en detrimento de cualquier persona al considerar que podrían estar al amparo de la libertad de expresión, manifestaciones como “vamos a quemarlas”, “vamos a matarlas”, “vamos a golpearlas”. Por lo cual considera que el Tribunal local nuevamente vulnera sus derechos como ciudadana y, sobre todo, como mujer, en razón de género.

La actora también se queja de que se vulneró el artículo 1° de la Constitución General, porque el Tribunal local buscó “defender a la denunciada, como si se interesara más en la inocencia que en la culpabilidad”.

Esta Sala Regional considera que deben desestimarse los agravios.

A. En primer lugar, en atención al sentido de la presente ejecutoria, deben considerarse ineficaces los planteamientos dirigidos a controvertir en sí misma la petición realizada por la Ciudadana en CHANGE.ORG, porque respecto de ella se repondrá el procedimiento correspondiente.

No obstante, por su trascendencia, en cuanto a un alegato vinculado a ese tema, importa precisar que la libertad de expresión no protege todo tipo de frases (por ejemplo, las hipotéticamente referidas por la actora, como “vamos a quemarlas”, “vamos a matarlas” y “vamos a golpearlas”), pues el ejercicio de la libertad de expresión e información no es absoluto y encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación[68].

Particularmente, en los artículos 3, 6 y 130 de la Constitución General se prevén de manera expresa los límites a ese derecho, tales como, ataques a la moral pública y a los derechos de terceros, a la provocación de delitos o a la perturbación del orden público.

Señalado lo anterior, debe referirse que los motivos de disenso que se analizarán en este apartado serán en los aspectos dirigidos a manifestar la inconformidad de la Regidora con la publicación realizada por el Regidor en Facebook y la firma de la Síndica Municipal a la petición de renuncia lanzada en CHANGE.ORG, para lo cual a continuación se recuerda su contenido: