JUICIO ELECTORAL

EXPEDIENTE: SM-JE-107/2021

IMPUGNANTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: SIGRID LUCIA MARÍA GUTIÉRREZ ANGULO Y RAFAEL GERARDO RAMOS CÓRDOVA

COLABORÓ: DAVID ALEJANDRO GARZA SALAZAR

Monterrey, Nuevo León, a 19 mayo de 2021.

Sentencia de la Sala Monterrey que confirma la del Tribunal de Nuevo León, en la que se declararon inexistentes las infracciones de propaganda calumniosa por la pinta en una barda, y actos anticipados de campaña por la pinta en una diversa; porque esta Sala considera que: i) respecto a ambas infracciones, que no tiene razón el impugnante en cuanto a que la autoridad sustanciadora o el Tribunal Local tenía el deber de realizar o requerir, respectivamente, bajo su facultad para mejor proveer, las diligencias que actualmente el impugnante estima necesarias, porque el denunciante tiene la carga de aportar las pruebas necesarias para acreditar los hechos denunciados, y ii) tampoco le asiste la razón al impugnante sobre falta de valoración conjunta de las pruebas, así como la supuesta valoración incorrecta del acta notarial ofrecida para acreditar el hecho que actualiza la infracción de actos anticipados.

Glosario

Competencia y procedencia

1. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para conocer y resolver el presente juicio electoral promovido contra una sentencia del Tribunal Local, en la que se declaró inexistentes las infracciones de propaganda calumniosa, así como la de actos anticipados de campaña por la pinta de 2 bardas, relacionadas con el actual proceso electoral para la renovación del ayuntamiento del municipio de Guadalupe, Nuevo León, entidad federativa ubicada en la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción[1].

2. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos del acuerdo de admisión[2].

Antecedentes[3]

I. Hechos contextuales y origen de la controversia

1. El 5 de marzo, inició la etapa de campaña para la elección de ayuntamientos en Nuevo León.

2. El 7 de marzo de 2021, el PRI denunció ante la CEE a Alfonso Robledo y al PAN, por la pinta de 2 bardas por la presunta comisión de: i. propaganda calumniosa por la pinta de la barda con el mensaje “LA TERCERA ES LA VENCIDA” y “NO ESTA NO NOS LA ROBAN” con el logo visible de PAN y ii. actos anticipados de campaña por la barda con el texto “PONC” y “ROBLEDO”.

Asimismo, solicitó que se dictaran las medidas cautelares correspondientes, con la finalidad que se dejaran de difundir los mensajes en dichas bardas.

3. El 10 de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias de la CEE declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por la denunciante.

4. El 19 de abril, la CEE, después de instruir el procedimiento sancionador, lo remitió al Tribunal de Nuevo León a fin de que resolviera lo correspondiente.

El Tribunal de Nuevo León se pronunció en los términos que se precisan en el aparatado siguiente:

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. En la resolución impugnada[4], el Tribunal de Nuevo León declaró inexistentes las infracciones atribuidas al candidato a presidente municipal en Guadalupe, Nuevo León, Alfonso Robledo y, en la modalidad de culpa in vigilando, al PAN, porque: i. la supuesta propaganda calumniosa, por la pinta de la barda, es propaganda genérica del PAN que no hace referencia a alguna precandidatura o persona en específico, y ii. los actos anticipados de campaña por la pinta de una diversa barda, tampoco se actualizaban, porque las pruebas fueron insuficientes para acreditar que la pinta de la barda hacía referencia al candidato a presidente municipal del PAN de Guadalupe, Alfonso Robledo.

2. Pretensión y planteamientos[5]. El impugnante pretende que se revoque la resolución impugnada, para el efecto de que se determine que sí se acreditan las infracciones, debido a que: i. Durante el procedimiento y en la resolución, respecto a ambas infracciones, la autoridad sustanciadora y el Tribunal Local omitieron realizar y requerir diligencias que, actualmente, el impugnante estima necesarias para acreditar la infracción, y ii. Que dejó de valorar las pruebas, y en relación a la infracción de actos anticipados de campaña no consideró que el acta notarial ofrecida acreditaba la existencia del hecho infractor.

3. Las cuestiones a resolver. Determinar: i) respecto de ambas infracciones ¿si la autoridad sustanciadora o el Tribunal Local tenían el deber de realizar o requerir las diligencias que actualmente el impugnante estima necesarias?, y ¿si lo alegado enfrenta lo considerado por el Tribunal Local y, en su caso, si tienen la razón en el supuesto análisis incorrecto de la prueba?

Apartado I. Decisión

Esta Sala Monterrey considera que debe confirmarse la resolución del Tribunal de Nuevo León que declaró inexistentes las infracciones de propaganda calumniosa y actos anticipados de campaña por la pinta de 2 bardas; porque este órgano constitucional considera: i) respecto a ambas infracciones, que no tiene razón el impugnante en cuanto a que la autoridad sustanciadora o el Tribunal local tenía el deber de realizar o requerir, respectivamente, bajo su facultad para mejor proveer, las diligencias que actualmente el impugnante estima necesarias, porque el denunciante tiene la carga de aportar las pruebas necesarias para acreditar los hechos denunciados, y ii) tampoco le asiste la razón al impugnante sobre falta de valoración conjunta de las pruebas, así como la supuesta valoración incorrecta del acta notarial ofrecida para acreditar el hecho que actualiza la infracción de actos anticipados.

Apartado II. Desarrollo o justificación de las decisiones

i) Diligencias durante el procedimiento de investigación.

1.1. Carga de la prueba en el procedimiento sancionador.

En el ámbito electoral, en términos generales, existen diversos tipos de procedimientos sancionadores, entre otros, ordinarios y especiales, así como especiales por violencia política de género.

En los procedimientos sancionadores especiales el denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar las pruebas que respalden y sustenten su denuncia[6], porque dichos procedimientos se rigen conforme al principio dispositivo.

De manera que, conforme a dicho principio, el sujeto que inicie este tipo de procedimientos tiene que ofrecer, preparar y exhibir los elementos de prueba con que cuente o, en su caso, mencionar los que se habrán de requerir, cuando no esté en aptitud legal de recabarlos por sí mismo.

Además, debe expresar con toda claridad los hechos y acreditar las razones por las que considera que se demostrarán sus afirmaciones.

Todo esto, con el objeto de que se generen los indicios suficientes con base en los cuales la autoridad electoral, de estimarlo procedente, inicie el procedimiento y determine la realización de otras diligencias en el marco de la investigación.

1.2.1. Criterio general sobre la posibilidad de desahogar diligencias para mejor proveer

El desahogo de providencias de mejor proveer es una atribución que las autoridades pueden ejercer para recabar oficiosamente pruebas en un procedimiento cuando las consideren necesarias para resolver un asunto. No constituye un deber o imposición para la autoridad, sino una potestad de la cual pueden o no hacer uso[7].

Ello, en el entendido que, atendiendo a la naturaleza del procedimiento especial sancionador, la potestad investigadora únicamente debe desplegarse si se presentaron pruebas que arrojen indicios suficientes respecto a la actualización de conductas que impliquen conductas ilícitas, de modo que la autoridad tome las medidas para allegarse de elementos adicionales para estar en aptitud de resolver de manera adecuada respecto a la conducta denunciada.

En ese sentido, aun cuando la autoridad administrativa electoral cuenta con la facultad investigadora para esclarecer los hechos materia de los procedimientos sancionadores, la invocación en cuanto a que debió ejercer su potestad para mejor proveer no la vincula, porque no constituye un derecho de las partes, ni entraña una obligación para la autoridad, precisamente, por tratarse sólo de una potestad de la cual puede la autoridad puede hacer uso cuando lo considere necesario (SUP-REP-150/2017)[8].

1.2.2. Desahogo de diligencias para mejor proveer en la legislación de Nuevo León.

En el Estado de Nuevo León el procedimiento especial sancionador se compone de dos etapas, es decir, se trata de un modelo híbrido o mixto que involucra a dos autoridades en un mismo procedimiento, una administrativa, el Instituto Local, en cuanto autoridad sustanciadora, y otra jurisdiccional, el Tribunal Local como autoridad resolutora, que actúan en coordinación para la instrucción y resolución del proceso.

En un sentido similar, la legislación de Nuevo León autoriza a la Dirección Jurídica de la Instituto Local para allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo durante los procedimientos sancionadores (artículo 368 de la Ley Electoral de Nuevo León[9]).

A la vez que, también se reconoce al Tribunal local la facultad de realizar diligencias para mejor proveer, cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así como violación a las reglas de esa Ley (artículo 375, párrafo segundo, fracción II, de la Ley Electoral de Nuevo León[10]).

Lo anterior, evidentemente, bajo una lógica potestativa, pues dicha legislación también establece que las pruebas de los procedimientos sancionadores deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de acreditar con ellas y las razones por las cuales estima que demostrarán sus afirmaciones (artículo 360, párrafo segundo de la Ley Electoral de Nuevo León[11]).

2. Resolución impugnada y agravios concretamente revisados

2.1. En relación a la supuesta propaganda calumniosa

El PRI denunció al candidato a presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León Alfonso Robledo y al PAN, por culpa in vigilando, por la presunta comisión de propaganda calumniosa, por la pinta de la siguiente barda:

En la sentencia impugnada, el Tribunal de Nuevo León declaró que era inexistente la propaganda calumniosa por la pinta de la barda, porque es propaganda genérica del PAN que no hace referencia a alguna precandidatura o persona en específico.

2.2. Respecto de los actos anticipados de campaña

El PRI denunció al candidato a presidente municipal de Guadalupe, Alfonso Robledo y al PAN, por culpa in vigilando, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, por la pinta de la siguiente barda:

El Tribunal de Nuevo León, en la resolución impugnada, declaró inexistentes la infracción de actos anticipados de campaña por la pinta de una diversa barda, tampoco se actualizaban porque las pruebas fueron insuficientes para acreditar que la pinta de la barda hacía referencia al candidato a presidente municipal del PAN de Guadalupe, Alfonso Robledo, ante lo cual no se acredita el elemento personal.

3. Valoración

3.1. Esta Sala Monterrey considera que no tiene razón el actor en cuanto a que la autoridad sustanciadora y el Tribunal Local omitieron realizar y requerir diligencias, porque debieron entrevistar a los propietarios de los inmuebles.

3.1.1. En primer lugar, porque, conforme al marco normativo citado, el denunciante tenía la carga de aportar los indicios o pruebas necesarias para acreditar los hechos denunciados, toda vez que el procedimiento especial sancionador se rige preponderantemente por el principio dispositivo, como correctamente se consideró en la resolución.

Sin embargo, se advierte que en la denuncia presentada ante la instancia local, el PRI sólo exhibió el acta notarial con fotografías de pintas en bardas en cuestión, pero sin solicitar a la autoridad sancionadora realizara alguna diligencia adicional[12].

3.1.2. Asimismo, si bien el Instituto y el Tribunal Local pueden allegarse de mayores pruebas u ordenar diligencias para mejor proveer, como se indicó, dicha facultad es potestativa, y la orden de realización o su no ejercicio, no pueden ser consideradas ilegales.

3.1.3. Además, en el caso, el Instituto Local sí realizó diligencias para mejor proveer, no solicitadas por el denunciante ahora impugnante, al ordenar a su personal realizar las diligencias de inspección o verificación en las ubicaciones de la pinta de las bardas y recabar la información correspondiente.

Incluso, en una de ellas logró una entrevista con la dueña del inmueble de la barda en la que supuestamente se actualizó la infracción de propaganda calumniosa [13], y respecto a la diversa barda, relacionada con los supuestos actos anticipados de campaña, si bien constató únicamente una barda blanca, finalmente, determinó que con el acta notarial y las fotografía exhibidas en la denuncia, tenía por acreditada la pinta con el texto “PONCHO ROBLEDO”.

De ahí que, esta Sala considere ineficaz lo alegado sobre la falta de las diligencias para mejor proveer que, actualmente, considera necesarias el impugnante.

3.2. Asimismo, no tiene razón el impugnante en cuanto a la falta de valoración del acta notarial ofrecida para acreditar el hecho que actualiza la infracción de actos anticipados, así como respecto a la supuesta falta de valoración conjunta de las pruebas.

Ello, en primer lugar, porque la autoridad responsable sí valoró el acta notarial mencionada, primero, respecto de la pinta de la barda con el texto “LA TERCERA ES LA VENCIDA” y “EN ESTA NO… NOS LA ROBAN”, la cual supuestamente acreditaba propaganda calumniosa, y al respecto, incluso, tuvo por acreditada la existencia de la barda con el logo del PAN y en relación con la pinta de barda con la cual se buscó tener por acreditados los actos anticipados de campaña.

Sin embargo, consideró que era insuficiente para acreditar que la pinta en la barda denunciada con frase “PONC” y abajo “ROBLEDO” actualizara la infracción, pues ello no demostró que tuviera la finalidad de conocer si algún candidatura, precandidatura o partido político había solicitado la pinta, o incluso, si la frase iba a hacer referencia a alguno de ellos[14]”.

Asimismo, en contra de lo que sostiene el impugnante, el Tribunal Local sí valoró las pruebas aportadas por el denunciante y las recabadas por el Instituto Local de forma conjunta, pues a partir de ello se tuvo por acreditada la existencia de una de las bardas en la ubicación denunciada, así como el contenido de la misma, sin embargo, una cuestión distinta es que dichas probanzas se consideraran insuficientes para acreditar las infracciones denunciadas.

Máxime que, el actor omite controvertir eficazmente las consideraciones dadas por el Tribunal Local, pues se limita a señalar que, en su concepto, sí era posible advertir que, al momento de la denuncia existían los hechos denunciados y que se acreditaban las infracciones, además, que la autoridad administrativa debió realizar otras diligencias, como entrevistas con los habitantes del lugar para acreditar la irregularidad, lo cual se desestimó en apartados precedentes.

3.3. Finalmente, son ineficaces los agravios del PRI respecto a que el Tribunal local omitió estudiar todos sus planteamientos respecto de ambas infracciones.

Ello, porque el actor omite señalar de forma concreta cuales hechos dejó de estudiar el Tribunal local, sino que de forma genérica menciona que no estudió la totalidad de sus planteamientos, lo cual impide a este órgano jurisdiccional examinar la supuesta vulneración aducida.

En ese sentido, lo procedente es confirmar la sentencia impugnada.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

Único. Se confirma la sentencia impugnada.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

Notifíquese, como en Derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.