JUICIO ELECTORAL

EXPEDIENTE: SM-JE-151/2024

PARTE ACTORA: HERIBERTO TREVIÑO CANTÚ

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: NANCY ELIZABETH RODRÍGUEZ FLORES Y GERARDO ALBERTO CENTENO ALVARADO

COLABORÓ: JOSÉ ROBERTO HERRERA CANALES

Monterrey, Nuevo León, a 13 de septiembre de 2024.

Sentencia de la Sala Monterrey que confirma la resolución del Tribunal de Nuevo León que sancionó al diputado local de la bancada del PRI, Heriberto Treviño, por la difusión en redes sociales de imágenes en las que aparecen menores de edad sin cumplir con los requisitos establecidos en los Lineamientos.

Lo anterior, porque esta Sala Monterrey considera que: i) debe quedar firme la acreditación del hecho, porque no fue objeto de controversia, ii) debe quedar firme la acreditación de la infracción por la difusión de imágenes de personas menores de edad en un video con propaganda electoral en Facebook, porque dicho video cuenta con las caracteristicas de propaganda electoral y en su contenido se observan menores, sin que se advierta la aportación de los documentos y requisitos para su difusión establecidos en los Lineamientos, iii) debe quedar firme la responsabilidad del candidato, porque tampoco fue objeto de impugnación y iv) debe quedar firme la multa impuesta al diputado, Heriberto Treviño, porque no fue controvertida en el presente asunto.

Glosario

Competencia y procedencia

1. Competencia. Esta Sala Monterrey es formalmente competente para resolver el presente juicio, porque se controvierte una resolución del Tribunal Local que declaró, entre otras cuestiones, la existencia de la infracción consistente en la difusión de propaganda electoral en la que aparecen menores de edad, por incumplir con los Lineamientos, atribuida a un diputado del H. Congreso del Estado de Nuevo León, entidad federativa que forma parte de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que este órgano colegiado ejerce jurisdicción[1].

2. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos del acuerdo de admisión[2].

Antecedentes[3]

I. Hechos contextuales y origen de la controversia

1. El 22 de enero de 2024[4], el diputado local de la bancada del PRI, Heriberto Treviño, publicó un video en su cuenta de Facebook en el que se observa el logotipo de su partido, así como diversos eventos partidistas en el municipio de Juarez, Nuevo León.

2. El 31 de enero, Francisco Torres presentó denuncia ante el Instituto Local contra Heriberto Treviño, el candidato del PRI a la presidencia municipal de Juarez, Nuevo León, Francisco Héctor Treviño Cantú, así como del partido postulante, por la publicación de Heriberto Treviño con la supuesta aparición de menores de edad sin que se cumpliera con lo establecido en los Lineamientos.

3. En su momento, el Instituto Local sustanció y, posteriormente, remitió el expediente al Tribunal Local para su análisis y resolución.

4. El 22 de agosto, el Tribunal Local declaró, entre otras cuestiones, existente la infraccion consistente en la contravención a las normas sobre propaganda política-electoral por la aparición de menores, atribuida a Heriberto Treviño, la cual constituye la determinación impugnada en este juicio [5].

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. Acto impugnado. La resolución del Tribunal Local que, entre otras cuestiones, determinó la existencia de la difusión de propaganda política en la que aparecían infantes, sin cumplir con los Lineamientos, atribuida al diputado local, Heriberto Treviño, por tanto, le impuso una multa de $7,780.50.

2. Pretensión y planteamiento[6]. La parte actora pretende que esta Sala Monterrey revoque la resolución del Tribunal de Nuevo León porque, en su concepto, no debió acreditarse la infracción controvertida, toda vez que la aparición de personas infantes en el video denunciado fue de manera incidental, aunado a que el video publicado no fue propaganda electoral.

3. Cuestión a resolver. Determinar si, a partir de lo considerado por la responsable y los planteamientos de la parte actora: ¿fue correcto que el Tribunal Local declarara que el video denunciado era propaganda política, por lo que, ante la aparición de personas infantes sin cumplir con los requisitos de los Lineamientos, se vulneraba el interés superior de la infancia?

Apartado I. Decisión

Esta Sala Monterrey considera que se debe confirmar la resolución del Tribunal de Nuevo León que sancionó al diputado local de la bancada del PRI, Heriberto Treviño, por la difusión en redes sociales de imágenes en las que aparecen menores de edad, sin cumplir con los requisitos establecidos en los Lineamientos.

Lo anterior, porque este órgano jurisdiccional considera que: i) debe quedar firme la acreditación del hecho, porque no fue objeto de controversia, ii) debe quedar firme la acreditación de la infracción por la difusión de imagénes de personas menores de edad en un video con propaganda electoral en Facebook, porque dicho video cuenta con las caracteristicas de propaganda electoral y en su contenido se observan menores, sin que se advierta la aportacion de los documentos y requisitos para su difusión establecidos en los Lineamientos, iii) debe quedar firme la responsabilidad del candidato, porque tampoco fue objeto de impugnación y iv) debe quedar firme la multa impuesta al diputado, Heriberto Treviño, porque no fue controvertida en el presente asunto.

Apartado II. Desarrollo o justificación de la decisión

1.1 Marco normativo sobre el interés superior de la infancia

La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material[7].

El derecho a la propia imagen constituye uno de los derechos inherentes de la persona, que le permite disponer de su apariencia; considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana, porque puede reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que lo lesione[8].

Si bien, no es un derecho absoluto tendría que justificarse su intromisión por un interés público, o bien, cuando se cuente con el consentimiento u autorización de la persona[9].

Estos límites sobre la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona tratándose de personas infantes o adolescentes exige una protección reforzada debido al interés superior de estas personas.

Ahora bien, la establece que el interés superior de la infancia y adolescencia es un principio constitucional y convencional de interpretación que, ante la toma de una decisión que involucre a éstas personas, debe evaluar y ponderar las posibles repercusiones en sus derechos y asegurar una protección plena (artículo 4 Constitución general[10] y artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes[11]).

Dicho principio exige la prevalencia de los derechos de las personas infantes o adolescentes frente a cualquier otro interés, por lo que ante un conflicto se debe ponderar por encima de cualquier otro ese derecho[12].

Así, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que la infancia tiene derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten (artículo 3[13]).

De modo que, cualquier medida o decisión pública que pueda postularlos, requiere adoptar medidas reforzadas o gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad[14].

Por eso, las autoridades del Estado deben garantizar y sancionar aquellas intromisiones arbitrarias e ilegales en la intimidad de la infancia y adolescencia, que atenten contra su honra, imagen y reputación.

Así, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera una violación a su intimidad, cualquier manejo directo de su imagen en los medios de comunicación con una concesión o medios impresos (artículo 77[15]).

Asimismo, dicha ley considera una vulneración a la intimidad de las personas infantes y adolescentes, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, bien porque menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o los ponga en riesgo.

Los Lineamientos obligan a que, en cualquier acto, mensaje o medio de difusión de propaganda político-electoral que involucre a personas infantes y adolescentes, ya sea de manera directa o incidental, debe existir el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad debe suplirlos.

Al igual, deben contar con las manifestaciones de las personas infantes o adolescentes sobre su opinión libre e informada respecto a la propaganda en la que participen.

En caso de que no se tenga esa documentación, independientemente si la aparición fue directa o incidental, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a las personas infantes o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad.[16]

Las referidas directrices tienen por objeto que este grupo poblacional no sea objeto de abusos o arbitrariedades en el uso de su imagen y siempre conozca los alcances de su aparición en los promocionales, lo que debe ser autorizado por quienes ejerzan la patria potestad o de sus representantes legales o, en su defecto, se difumine o haga irreconocible la imagen para proteger su dignidad y derechos.

1.2 Marco normativo sobre propaganda que debe revisarse en el ámbito político o electoral

En efecto, de acuerdo con la doctrina judicial del máximo Tribunal de la materia[17], en asuntos de materia político-electoral (que son los únicos en los cuales existe competencia del Tribunal Electoral para conocer), cuando en los actos o propaganda política o electoral aparecen personas infantes o adolescentes, se les debe garantizar su derecho a la imagen, intimidad y al honor.

Esto es, si en actos político o electorales se afectan los derechos de la infancia y adolescencia, los Tribunales Electorales pueden conocer de las controversias para verificar dicha afectación.

Supuesto que, lógicamente, tiene como requisito previo que, en el asunto de que se trate, la propaganda denunciada sea de tipo político-electoral.

De otra manera, sería como aceptar que un Tribunal Local pudiera analizar propaganda con infantes anunciando cualquier producto infantil (pañales, juguetes, etc.), desvinculado con propaganda política-electoral.

Todo esto, es un contexto, que es importante puntualizar, ya que la doctrina judicial del máximo Tribunal de la materia ha distinguido entre distintos tipos de propaganda, gubernamental, política o electoral, (aunque en ocasiones un acto pueda estar en más de un tipo de propaganda).

La propaganda gubernamental se refiere a mensajes de informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público[18].

La propaganda política consiste, esencialmente, en presentar la actividad de personas servidoras públicas o ciudadanas, con la difusión de ideología, principios, valores, o bien, los programas de un partido político, en general, para generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o bien, realizar una invitación a la ciudadanía a formar parte de este, con el objeto de promover la participación del pueblo en la vida democrática del país o incrementar el número de sus afiliados[19].

La propaganda electoral atiende a la presentación de una propuesta específica de campaña o plataforma electoral o bien, a aquellos que, en período próximo o concreto de campaña del proceso electoral respectiva, tienen como propósito presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o partido político para colocarlo en las preferencias electorales[20].

De ahí que, pueda concluirse que la propaganda en general (por ejemplo, la comercial), gubernamental, política y la electoral, no deben entenderse, necesariamente, con la misma finalidad y, en consecuencia, las autoridades electorales sólo tienen competencia para conocer de las posibles conductas infractoras cuando esas infracciones tengan consecuencias que incidan o puedan incidir en el ámbito político o electoral, por ejemplo, cuando impulsa una política pública o transciende a un proceso comicial.

2. Caso concreto

En el caso, el asunto se originó con la denuncia presentada por el C. Francisco Torres contra la publicación de un video en la cuenta de Facebook del diputado local integrante de la bancada del PRI, Heriberto Treviño, en la que, entre otras cosas, alegó la indebida presencia de menores de edad, lo que, a su consideración, contravino a las normas sobre la propaganda electoral.

En su oportunidad, el Tribunal de Nuevo León multó al diputado Heriberto Treviño con la cantidad de $7,780.50 por la indebida aparición de menores en su video de propaganda electoral publicado en su cuenta oficial de Facebook, al considerar que la infracción resultaba grave por vulnerar los intereses superiores de los menores de edad, aunado a que se acreditó que era reincidente y, además, no aportó los documentos fiscales requeridos para la individualización de la sanción.

Frente a ello, ante esta Sala Regional, Heriberto Treviño alega que el Tribunal Local debió considerar que la aparición de menores de edad en el video denunciado se debió a una situación incidental, pues fue material audiovisual que le fue enviado por terceros y no tuvo intervención en su edición y, por tanto, se encontró en la imposibilidad natural y jurídica para prevenir actos u omisiones que escaparan de su vista, aunado a que los Lineamientos permiten la aparición espontánea e incidental de menores en fotos y videos de actos políticos.

Además, señala que fue incorrecto que el Tribunal Local calificara como propaganda electoral la publicación denunciada por el simple hecho de que aparece el emblema del PRI pues, afirma que dicho video fue difundido exclusivamente con la intención de compartir diversos momentos con sus amistades de Facebook, sin que el denunciante aportara alguna prueba contundente del modo, tiempo y lugar en el que se realizaron los eventos que aparecen en el video y con los cuales se pueda tener como propaganda electoral.

3. Valoración

3.1 Esta Sala Monterrey considera que no tiene razón el actor en cuanto a que la aparición de las personas menores de edad en el video denunciado, fue de manera espontánea e incidental y, por tanto, se encontró en la imposibilidad natural y jurídica para prevenir actos u omisiones que escaparan de su vista, tal como lo señalan los Lineamientos.

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso, se trata de un video consistente en propaganda electoral en el que aparecen menores de edad, así que, con independencia de que estos se encuentren en segundo plano, o bien, de manera incidental, como lo señala el actor, lo cierto es que el rostro es identificable y visible, con lo cual incumplió con lo establecido en los Lineamientos.

En ese sentido, los Lineamientos señalan que, en el supuesto de la aparición incidental de menores en actos políticos, de precampaña o campaña, se deberá recabar el consentimiento de quien guarde su tutela, así como la opinión informada del menor, de lo contrario, deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz, o cualquier otro dato que los haga identificables[21].

Por tanto, aun cuando la aparición de los menores resulte incidental, existe un procedimiento a seguir para salvaguardar los intereses de los menores, por lo que resulta insuficiente señalar que la aparición espontánea exenta al actor de cumplir con lo establecido en los Lineamientos.

Ahora bien, la parte actora señala que, en diversos asuntos[22], Sala Superior ha determinado que no se actualiza la infracción en los supuestos donde la aparición de menores resulte incidental durante las transmisiones en vivo o en directo emitidas en redes sociales, con motivo de eventos de campaña donde hay paneos y barridos de cámara, es decir, donde se da seguimiento a la persona candidata durante su recorrido.

Sin embargo, este supuesto no se actualiza, porque tal y como lo mencionó la parte actora, en dichos precedentes se determinó que la condición para que dicha infracción no se actualice es, efectivamente, que la difusión de la imagen de menores sin que se cumpla con lo establecido en los Lineamientos, sea a través de una transmisión en vivo o en tiempo real, sin ser grabado o almacenado con anterioridad, lo que en el caso no ocurre.

3.2 Por otro lado, es ineficaz el agravio de la parte actora respecto que el Tribunal Local indebidamente acreditó que el video denunciado consistía en propaganda electoral por el hecho de contener un emblema del PRI, pues afirma que correspondía a la parte denunciante señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar para tener como propaganda electoral el video denunciado, ya que su intención era compartir diversos momentos con sus amigos de Facebook a través del referido material audiovisual.

Al respecto, los planteamientos del actor no cuestionan frontalmente las consideraciones del Tribunal de Nuevo León, por las que determinó que el video denunciado constituye propaganda política-electoral y que se vulneró el interés superior de la infancia, sino que se limita a señalar que su intención no era realizar una propaganda electoral y que correspondía a la parte denunciante el acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos que aparecen en el video para que, así, se considerara como propaganda electoral.

Ahora bien, la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León establece que la propaganda electoral consiste en el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden por cualquier medio los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes con el propósito de presentar ante los ciudadanos las candidaturas registradas, y que la finalidad de la propaganda electoral es propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que, para la elección en cuestión, hubieran registrado.

Como puede advertirse, la propaganda electoral tiene el propósito de exponer las propuestas de los partidos y las candidaturas ante la ciudadanía a efecto de desarrollar la discusión sobre las diversas opciones de propuestas, acorde con lo que cada partido y candidatura difunde durante el desarrollo del proceso electoral durante la etapa de campañas.

En ese sentido, se advierte que, en el caso, el video denunciado cumple con las características señaladas con antelación, porque se trata de eventos realizados en la campaña electoral del hermano del denunciado y candidato a la presidencia del municipio de Juarez, Nuevo León, postulado por el PRI, lo cual es suficiente para acreditar que, tal como lo señala el Tribunal Local, se trata de propaganda electoral.

En ese sentido, al haberse desestimado los planteamientos del inconforme, lo procedente es confirmar la resolución impugnada.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

Único. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la resolución controvertida.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.