JUICIO ELECTORAL

EXPEDIENTE: SM-JE-225/2021

IMPUGNANTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: MAGIN FERNANDO HINOJOSA OCHOA Y RUBÉN ARTURO MARROQUÍN MITRE

Monterrey, Nuevo León, a 14 de julio de 2021.

Sentencia de la Sala Monterrey que confirma la del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en la que determinó la inexistencia de las infracciones de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, atribuidas al presidente municipal de San Pedro Garza García, en su calidad de entonces candidato al mismo cargo, por la vía de reelección, Miguel Treviño de Hoyos, al considerar que las publicaciones difundidas en redes sociales, donde presuntamente se hizo alusión al programa de vacunación contra el coronavirus (COVID-19), en cuanto a la promoción personalizada, no se advertía algún elemento que exaltara su imagen, o bien que el denunciado se apropiara del referido programa, aunado a que no estaban relacionadas con informes, logros de gobierno, beneficios o compromisos cumplidos; y de igual modo, consideró que no se acreditó el uso indebido de recursos públicos, pues no se demostró que se hubieran utilizado o autorizado recursos materiales, humanos o financieros que estuvieran a su disposición para la difusión de las referidas publicaciones; porque este órgano constitucional considera que, en atención a los planteamientos expuestos por el impugnante, debe quedar firma la determinación del Tribual Local, pues: i.  contrario a lo referido por el inconforme, el referido órgano jurisdiccional sí analizó si el denunciado, derivado de las publicaciones en redes sociales, se apropió de la campaña de vacunación; ii. aunado que, en la sentencia controvertida, para determinar la inexistencia de las infracciones, el tribunal responsable, además de considerar el medio a través del cual se difundieron las publicaciones denunciadas, analizó el contenido de las publicaciones y su alcance en el proceso electoral y, sobre esa base, determinó que no se actualizaban las infracciones denunciadas; iii. además, en todo caso, el impugnante parte de la idea errónea al estimar que la acreditación de los hechos trae consigo la acreditación de la infracción, pues es necesario establecer o analizar, en principio, la existencia del hecho y, posteriormente, a partir de ello, si se actualiza la hipótesis normativa de una infracción.

Glosario

Competencia y procedencia

1. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para conocer y resolver el presente juicio electoral promovido contra una resolución del Tribunal Local que determinó la inexistencia de las infracciones atribuidas al entonces candidato independiente y presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, entidad federativa ubicada en la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción[1].

2. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos del acuerdo de admisión[2].

Antecedentes[3]

I. Hechos contextuales y origen de la controversia

1. El 29 de abril, el PAN denunció al presidente municipal de San Pedro Garza García, en su calidad de candidato al mismo cargo, por la vía de reelección, Miguel Treviño de Hoyos, por la realización de diversas publicaciones que podrían constituir el uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada por parte del denunciado. Las publicaciones fueron las siguientes:

3. El 3 de junio, el Instituto Electoral Local remitió el expediente al Tribunal Local, quien el 24 siguiente se pronunció en los términos que se precisan al inicio del apartado siguiente, el cual constituye la determinación impugnada en este juicio.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. En la resolución impugnada[4], el Tribunal Local determinó la inexistencia de las infracciones de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, atribuidas al presidente municipal de San Pedro Garza García, en la calidad de entonces candidato al mismo cargo, por la vía de reelección, Miguel Treviño de Hoyos, al considerar que las publicaciones difundidas en redes sociales, donde presuntamente se hizo alusión al programa de vacunación contra el coronavirus (COVID-19), en cuanto a la promoción personalizada, no se advertía algún elemento que exaltara su imagen, o bien que el denunciado se apropiara del referido programa, aunado a que no estaban relacionadas con informes, logros de gobierno, beneficios o compromisos cumplidos; y de igual modo, consideró que no se acreditó el uso indebido de recursos públicos, pues no se demostró que se hubieran utilizado o autorizado recursos materiales, humanos o financieros que estuvieran a su disposición para la difusión de las referidas publicaciones

2. Pretensión y planteamientos[5]. El PAN pretende que se revoque la sentencia impugnada, y se declare la existencia de las infracciones denunciadas, bajo la consideración de que el Tribunal Local: i) no analizó la presunta apropiación del denunciado de la campaña de vacunación contra el COVID-19, en el municipio de San Pedro Garza García, ii) sólo analizó el medio a través del cual se difundieron las publicaciones denunciadas, sin que analizara su contenido y alcance en el proceso electoral, iii) además de que la responsable tardó en resolver el procedimiento sancionador instaurando contra el denunciado.

3. Cuestión a resolver. Determinar, a partir de los planteamientos expuestos por el impugnante, en el contexto en el que se desarrolló la cadena impugnativa, si ¿fue apegado a Derecho que el Tribunal Local determinara la inexistencia de las infracciones, sobre la base de que el órgano de jurisdiccional, en cuento a las publicaciones denuncias, analizó supuesta apropiación del programa de vacunación contra el coronavirus (COVID-19)? y ¿el Tribunal Local analizó las publicaciones del denunciado en relación a la presunta apropiación del programa de vacunación?

Apartado I. Decisión

Esta Sala Regional considera que debe confirmarse la del Tribunal de Nuevo León, en la que determinó la inexistencia de las infracciones de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, atribuidas al presidente municipal de San Pedro Garza García, en la calidad de entonces candidato al mismo cargo, por la vía de reelección, Miguel Treviño de Hoyos, al considerar que las publicaciones difundidas en redes sociales, donde presuntamente se hizo alusión al programa de vacunación contra el coronavirus (COVID-19), en cuanto a la promoción personalizada, no se advertía algún elemento que exaltara su imagen, o bien que el denunciado se apropiara del referido programa, aunado a que no estaban relacionadas con informes, logros de gobierno, beneficios o compromisos cumplidos; y de igual modo, consideró que no se acreditó el uso indebido de recursos públicos, pues no se demostró que se hubieran utilizado o autorizado recursos materiales, humanos o financieros que estuvieran a su disposición para la difusión de las referidas publicaciones; porque este órgano constitucional considera que, en atención a los planteamientos expuestos por el impugnante, debe quedar firma la determinación del Tribual Local, pues: i.  contrario a lo referido por el inconforme, el referido órgano jurisdiccional sí analizó si el denunciado, derivado de las publicaciones en redes sociales, se apropió de la campaña de vacunación; ii. aunado que, en la sentencia controvertida, para determinar la inexistencia de las infracciones, el tribunal responsable, además de considerar el medio a través del cual se difundieron las publicaciones denunciadas, analizó el contenido de las publicaciones y su alcance en el proceso electoral y, sobre esa base, determinó que no se actualizaban las infracciones denunciadas; iii. además, en todo caso, el impugnante parte de la idea errónea al estimar que la acreditación de los hechos trae consigo la acreditación de la infracción, pues es necesario establecer o analizar, en principio, la existencia del hecho y, posteriormente, a partir de ello, si se actualiza la hipótesis normativa de una infracción.

Apartado II. Desarrollo o justificación de la decisión

1.1 Marco normativo del deber de analizar integralmente todos los hechos o circunstancias del asunto

Las autoridades electorales y órganos partidistas, administrativos y/o jurisdiccionales, tienen el deber de pronunciarse en sus determinaciones o resoluciones, sobre todos los hechos o circunstancias que les son planteadas, con independencia de la manera en la que se atiendan o se resuelvan, para cumplir con el deber de administrar justicia completa, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[6].

Por ello, las autoridades jurisdiccionales deben analizar todos los elementos necesarios para estar en aptitud de emitir una determinación, a fin de atender la pretensión del impugnante o denunciante, con independencia de que esta se haga de manera directa, específica, individual o incluso genérica, pero en todo con la mención de que será atendida.

Con la precisión de que, especialmente, en el caso de los órganos que atienden por primera vez la controversia tienen el deber de pronunciarse sobre todas las pretensiones y planteamientos sometidos a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, así como valorar los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones[7], por más que estimen que basta el análisis de algunos de ellos para sustentar una decisión desestimatoria.

1.2. Marco o criterio jurisprudencial sobre el análisis de los agravios

La jurisprudencia, ciertamente, ha establecido que cuando el promovente manifiesta sus agravios para cuestionar un acto o resolución con el propósito que los órganos de justicia puedan revisarla de fondo, no tiene el deber de exponerlos bajo una formalidad específica, y para tenerlos por expresados sólo se requiere la mención clara de los hechos concretos que le causan perjuicio causa de pedir o un principio de agravio[8].

Incluso, con la precisión de que no hace falta que los demandantes o impugnantes mencionen los preceptos o normas que consideren aplicables, conforme al principio jurídico que dispone, para las partes sólo deben proporcionar los hechos y al juzgador conocer el derecho, por lo que la identificación de los preceptos aplicables a los hechos no implica suplir los agravios.

Sin embargo, el deber de expresar al menos los hechos (aun cuando sea sin mayor formalismo), lógicamente, requiere como presupuesto fundamental, que esos hechos o agravios identifiquen con precisión la parte específica que causa perjuicio y la razones por las cuales en su concepto es así, por lo menos, a través de una afirmación de hechos mínimos pero concretos para cuestionar o confrontar las consideraciones del acto impugnado o decisión emitida en una instancia previa.

Esto es, en términos generales, para revisar si un impugnante tiene o no razón, aun cuando sólo se requieren hechos que identifiquen la consideración o decisión concretamente cuestionada y las razones por las que consideran que esto es así, sin una formalidad específica, lo expresado en sus agravios debe ser suficientes para cuestionar el sustento o fundamento de la decisión que impugnan.

De otra manera, dichas consideraciones quedarían firmes y sustentarían el sentido de lo decidido, con independencia de lo que pudiera resolverse en relación con diversas determinaciones, dando lugar a la ineficacia de los planteamientos.

De ahí que, la suplencia sólo debe implicar la autorización para integrar o subsanar imperfecciones y únicamente sobre conceptos de violación o agravios, pero no para autorizar un análisis oficioso o revisión directa del acto o resolución impugnada, al margen de los motivos de inconformidad.

2. Denuncia, resolución y agravios concretamente revisados respecto al tema de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos

La controversia deriva de la denuncia presentada por el PAN contra el presidente municipal de San Pedro Garza García, en su calidad de candidato al mismo cargo, por la vía de reelección, Miguel Treviño de Hoyos, por la realización de diversas publicaciones que se difundieron a través de las redes sociales twitter e Instagram, las cuales, a su consideración, pudieron haber constituido el uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada por parte del denunciado.

El 8 de mayo, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó la improcedencia de la medida cautelar solicitada por el PAN[9].

Lo anterior, porque la autoridad consideró que, del análisis de las publicaciones denunciadas, no se demostraba, bajo la apariencia del buen derecho, que el denunciado se posicionara en su calidad de presidente municipal y el entonces candidato que buscaba su reelección[10].

Posteriormente, el 24 de junio, Tribunal Local determinó la inexistencia de las infracciones de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, atribuidas al presidente municipal de San Pedro Garza García, en su calidad de entonces candidato al mismo cargo, por la vía de reelección, Miguel Treviño de Hoyos.

Lo anterior, al considerar que las publicaciones difundidas en redes sociales, donde presuntamente se hizo alusión al programa de vacunación contra el coronavirus (COVID-19), en cuanto a la promoción personalizada, no se advertía algún elemento que exaltara su imagen, o bien que el denunciado se apropiara del referido programa, aunado a que no estaban relacionadas con informes, logros de gobierno, beneficios o compromisos cumplidos.

Además, de igual modo, consideró que no se acreditó el uso indebido de recursos públicos, pues no se demostró que se hubieran utilizado o autorizado recursos materiales, humanos o financieros que estuvieran a su disposición para la difusión de las referidas publicaciones.

Frente a ello, ante esta instancia federal, el impugnante pretende que se revoque la sentencia impugnada, y se determine la existencia de las infracciones denunciadas, bajo la consideración de que el Tribunal Local: i) no analizó la presunta apropiación del denunciado de la campaña de vacunación contra el COVID-19, en el municipio de San Pedro Garza García, ii) sólo analizó el medio a través del cual se difundieron las publicaciones denunciadas, sin que analizara su contenido y alcance en el proceso electoral, iii) además de que la responsable tardó en resolver el procedimiento sancionador instaurando contra el denunciado, iv) valoró incorrectamente las pruebas, y v) dejo de observar la intención de las publicaciones.

3. Valoración

3.1 Esta Sala Monterrey considera que, contrario a lo referido por el impugnante, el Tribunal Local sí analizó si el denunciado, derivado de las publicaciones en redes sociales, se apropió de la campaña de vacunación contra el coronavirus (COVID-19), en el municipio de San Pedro Garza García, y concluyó que el denunciado no se apropió de dicho programa.

En efecto, el Tribunal Local, después de analizar todas las publicaciones denunciadas, determinó que de las expresiones realizadas en éstas no se advertía que el denunciado haga propio el programa social de vacunación actual de COVID-19, sobre la base de que el denunciado sólo hace referencia a la llegada de la vacuna y alusiones al fin de la pandemia, pues, a consideración del Tribunal responsable, dichas expresiones son propias del Denunciado relativas a un acontecimiento que en este momento sucede y es del interés público de toda la población, relacionadas con una contingencia de salud que actualmente se vive no sólo en el país, sino en el mundo[11].

De igual modo, el Tribunal Local consideró que la imagen del denunciado y el texto de la publicación no implicaban un posicionamiento indebido, habida cuenta que, por una parte, actualmente es presidente municipal de San Pedro Garza García; y, por otra, también es candidato independiente para reelegirse a dicho cargo; sin que se advierta que en dicha publicación haya utilizado propaganda gubernamental con promoción personalizada con fines electorales[12].

En esas condiciones, el Tribunal Local consideró que, contrario a lo planteado en la denuncia, no se desprendían elementos para considerar que las publicaciones denunciadas transgredieran los principios de neutralidad gubernamental, imparcialidad, uso de recursos públicos y equidad en la contienda electoral.

De tal modo, esta Sala Monterrey considera que, contrario a lo señalado por el impugnante, el Tribunal Local sí analizó la supuesta apropiación del programa de vacunación por parte del denunciado y, en concreto, concluyó correctamente que en las publicaciones difundidas en redes sociales, no se advertían elementos para afirmar que el denunciado se apropió del referido programa de vacunación, sin que el impugnante controvierta dichas consideraciones, pues, solamente se limita a referir que la responsable debió valorar la apropiación del programa de vacunación y no realizó ese análisis por lo que se refiere al uso indebido de recursos públicos.

3.2 En relación al tema anterior, el impugnante también refiere que el Tribunal Local, para determinar la inexistencia de la infracción consistente en el uso indebido de recursos públicos, partió de una premisa incorrecta, consistente en que el objeto o alcance de la denuncia se limitaba exclusivamente en determinar si se demostró o no el uso de recursos públicos en las publicaciones denunciadas, cuando lo que debió hacer era analizar la apropiación indebida de la campaña de vacunación.

Esta Sala Monterrey considera que el impugnante no tiene razón, porque, si bien es cierto que el Tribunal Local analizó si en las publicaciones denunciadas se usaron recursos públicos, también lo es que el tribunal responsable, como se estableció en el apartado anterior, analizó la supuesta apropiación del programa, y determinó que de las publicaciones no se advertían que el denunciado se apropiara del referido programa de vacunación.

En efecto, el Tribunal Local estableció, respecto a la infracción del supuesto uso indebido de recursos públicos, en relación con las publicaciones sobre la campaña de vacunación, no acreditaban que el denunciado hubiese utilizado recursos del municipio a través de la información de la campaña de vacunación de COVID-19[13].

Además, el Tribunal señaló que no se acreditó que el Denunciado haya autorizado o utilizado indebidamente recursos … que tuviera a su disposición como presidente municipal … con el objeto de realizar las publicaciones denunciadas en las redes sociales.

También señaló que no actualizó la entrega o promesa de entregar recursos públicos a cambio de votar o no votar por alguna candidatura; ni amenazó de no entregar recursos provenientes de programas públicos o no realizar obras de esa naturaleza, ni de suspender la entrega de recursos provenientes de programas públicos o entregar, permitir o tolerar la entrega de bienes o servicios.

Asimismo, el Tribunal responsable consideró que los mensajes contenidos en las publicaciones analizadas no contienen alguna orden, autorización o permiso de utilizar recursos humanos, materiales o financieros para promover a influir en el voto a favor o en contra de alguno de los contendientes de la elección, ni comisiona a personal a cargo del Denunciado para la realización de actividades electorales en donde se autorice a que se ausenten de sus labores para esos fines, y tampoco se ejerce coacción a servidoras y servidores públicos para que representen a algún partido político.

Además, por otro lado, el tribunal responsable, como se estableció en el apartado anterior, analizó la supuesta apropiación del programa, y determinó que de las publicaciones no se advertían que el denunciado se apropiara del referido programa de vacunación.

En ese sentido, el impugnante no tiene razón porque el Tribunal Local, para determinar la inexistencia del uso indebido de recursos públicos, no solamente limitó su estudio al supuesto uso de recursos para difundir o realizar las publicaciones en redes sociales, pues también se pronunció en cuanto al los alcances de éstas, en relación a la supuesta apropiación del denunciado al referido programa de vacunación.

Además, no existió una sobreexposición del denunciado, porque el impugnante pierde de vista que los elementos que refiere no actualizarían el elemento objetivo de la promoción, cuestión que la responsable señaló y que no se controvierte frontalmente.

3.3 Por otro lado, tampoco tiene razón el impugnante al señalar que el Tribunal de Nuevo León, sólo analizó el medio a través del cual se difundieron las publicaciones denunciadas para determinar la inexistencia de las infracciones, sin que el órgano jurisdiccional analizara el contenido de las publicaciones y su alcance.

Lo anterior es así, porque en la sentencia controvertida, para determinar la inexistencia de las infracciones, se advierte que el tribunal responsable, además de considerar el medio a través del cual se difundieron las publicaciones denunciadas, analizó el contenido las publicaciones difundidas y su alcance y, sobre esa base, determinó que no se actualizaban el uso indebido de recursos públicos y/o la promoción personalizada.

En efecto, en primer lugar, el Tribunal Local estableció cuál era el contenido de cada una de las publicaciones, así como las circunstancias de modo tiempo y lugar en las que se difundieron.

Posteriormente, examinó su contenido de forma individual y, con base en los elementos de cada una, expuso los argumentos y consideraciones para determinar si se actualizaban o no las infracciones denunciadas, lo anterior, tomando en cuenta la calidad o el doble carácter del denunciado (presidente municipal y candidato en reelección).

De igual modo, estudió de forma conjunta las publicaciones, y determinó que no se acreditó el elemento objetivo de la promoción personalizada, porque el contenido de las publicaciones no llamaba a exaltar las cualidades, logros de gobierno, o que sirvieran para establecer un posicionamiento del denunciado ante la ciudadanía.

Subsecuentemente, determinó que no se acreditaba el uso indebido de recursos públicos, porque no se demostró que el denunciado utilizara o autorizara la utilización de bienes, servicios, recursos humanos o materiales que tuviera a su disposición como presidente municipal, para así realizar las publicaciones denunciadas.

De igual modo, determinó que las manifestaciones relacionadas con la vacunación de COVID-19, eran propias del denunciado, en relación con el contexto de la pandemia que actualmente se vive, sin que ello llevara a demostrar la adjudicación del programa de vacunación como propio del denunciado.

Después señaló que las publicaciones no posicionaban al denunciado en relación con el ayuntamiento que preside y representa, aunado a que tampoco se advertía algún elemento relacionado con su calidad de candidato en reelección[14].

En atención a lo expuesto, esta Sala Monterey considera que el impugnante no tiene razón al señalar que el Tribunal de Nuevo León sólo analizó el medio a través del cual se difundieron las publicaciones denunciadas para determinar la inexistencia de las infracciones, sin embargo, evidentemente, en atención a lo expuestos, contrario a lo señalado por el inconforme, se advierte que el tribunal responsable analizó el contenido de las publicaciones en cuestión y su alcance, y determinó que éstas no actualizaban el uso indebido de recursos públicos y/o la promoción personalizada.

3.4 Además, en todo caso, el impugnante parte de la idea errónea de que la acreditación de los hechos trae consigo la acreditación de la infracción, y sobre esa base, considera que el Tribunal responsable, al determinar la existencia de las publicaciones, pero la inexistencia de las infracciones, realizó un estudio indebido de las denuncias de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.

Ante lo cual, evidentemente, el impugnante no tiene razón, porque la acreditación de un hecho o hechos, por sí mismos, no actualizan una posible infracción, sino que es necesario establecer o analizar, en principio, la existencia del hecho y, posteriormente, a partir de ello, si se actualiza o ubica en la hipótesis normativa de una infracción.

3.5 Por otro lado, es ineficaz el planteamiento del impugnante en el que señala que el Tribunal Local, en atención al doble carácter del denunciado (presidente municipal y candidato en reelección), debió analizar el caso dese [sic] una óptica más estricta o robustecida, sobre la base de que en la legislación de Nuevo León no establece el deber de los presidentes municipales de separarse de su cargo cuando pretendan reelegirse.

La calificativa del planteamiento obedece a que el Tribunal responsable, en cuanto al doble carácter del denunciado (presidente municipal y candidato en reelección), emitió diversas consideraciones, en las que señaló expresamente que: a) en la legislación de Nuevo León no se establece el deber o supuesto de separación del cargo, b) reconoció que el sujeto denunciado se ubicó en el referido supuesto, y c) en atención a esas consideraciones, concluyó que en las publicaciones en redes sociales, el denunciado, en su doble carácter como presidente municipal y candidato en reelección, no se apropió del programa de vacunación; sin embargo, el impugnante no controvierte dichas consideraciones, pues solamente se limita a referir que el Tribunal Local debió analizar el caso dese [sic] una óptica más estricta o robustecida, sin establecer, ciertamente, que fue lo incorrecto de la determinación del órgano responsable, por lo que sus alegatos son ineficaces.

En efecto, el Tribunal Local, en cuanto al tema, reconoció que en la legislación de Nuevo León no se establece el deber o supuesto de que los presidentes municipales deben separarse de su cargo cuando pretendan reelegirse.

En relación con ello, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la convalidado la posibilidad legal de que un presidente municipal, regidor o síndico puedan permanecer en su cargo y realizar campaña en consecución de su reelección, y añadió que la circunstancia de que algún funcionario exprese dentro del contexto respectivo manifestaciones alusivas a su aspiración electoral, en forma alguna implica alguna infracción[15].

Posteriormente, agregó que, si bien la publicación de Twitter se difundió por parte del denunciado tanto en su calidad de candidato y presidente municipal… en ella únicamente se nombra el municipio por el que contiende”[16].

De igual modo, señaló que la imagen del denunciado y el texto de la publicación no implicaban un posicionamiento indebido, habida cuenta que, por una parte, actualmente es presidente municipal de San Pedro Garza García; y, por otra, también es candidato independiente para reelegirse a dicho cargo; sin que se advierta que en dicha publicación haya utilizado propaganda gubernamental con promoción personalizada con fines electorales[17].

En ese sentido, esta Sala Monterrey considera que el Tribunal Local se pronunció en cuanto al doble carácter del denunciado (presidente municipal y candidato en reelección), sin embargo, el impugnante no controvierte dichas consideraciones, pues se limita a referir que el Tribunal Local debió analizar el caso dese [sic] una óptica más estricta o robustecida.

Sin establecer, ciertamente, que fue lo incorrecto de la determinación del órgano responsable, por lo que sus alegatos son ineficaces.

3.6 Ahora bien, en cuanto al tema precedente (doble carácter de presidente municipal y candidato en reelección), cabe precisar que la Sala Superior ha determinado que puede considerarse como un riesgo el hecho de que los candidatos a un puesto de elección popular no se separen del cargo que ostentan, sin embargo, dicha cuestión está a consideración de los órganos legislativos de cada entidad, en atención a su ejercicio de libertad configurativa.

Ahora bien, el hecho de que en la legislación local no se regule dicha separación, no significa que los servidores que pretendan reelegirse, puedan actuar al margen de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, sino que, el legislador optó por otro mecanismo distinto a la separación, lo que implica un mayor deber de cuidado en los actos que desplieguen los servidores públicos que no se separen, así como de las autoridades electorales en la revisión de que sus conductas sean apegadas a la normativa electoral[18].

En ese sentido, las autoridades electorales tienen del deber de analizar, en el ámbito de sus atribuciones, los hechos denunciados, para determinar, a partir de la acreditación de éstos, la posible existencia de alguna infracción, para que los recursos públicos que tengan a su disposición los denunciados, no sean utilizados para posicionarse indebida y ventajosamente frente a los demás contendientes.

Lo que implica que las autoridades deban tener un mayor cuidado en el análisis de hechos presumiblemente infractores, esto porque no es lo mismo revisar las conductas de los candidatos que no se encuentran ejerciendo un cargo de elección popular, a los actos de quienes no se separaron de sus cargos.

Lo anterior, con el propósito de proteger los principios de imparcialidad, neutralidad y la equidad en la contienda.

Ahora bien, en el caso en cuestión, a partir de las consideraciones expuestas por el Tribunal de Nuevo León, frente a los planteamientos del impugnante, esta Sala Monterrey considera que el presidente municipal de San Pedro Garza García, en su calidad de entonces candidato al mismo cargo, por la vía de reelección, Miguel Treviño de Hoyos, no utilizó su posición como presidente municipal para posicionarse indebida frente al electorado, o bien, ventajosamente frente a los demás contendientes.

3.7 Por otro lado, es ineficaz lo alegado en cuanto a que la responsable no resolvió el procedimiento especial sancionador dentro del término establecido en el reglamento interno del propio órgano jurisdiccional.

Lo anterior, porque la supuesta dilación en resolver no conlleva la ilegalidad de la sentencia impugnada, ni tampoco impide el acceso a la justicia, toda vez que el Tribunal Local ya resolvió el procedimiento sancionador.

Esto, especialmente, porque el actual juicio, tiene la finalidad de resolver sobre la posible reparación a un derecho y lo alegado, en el caso en análisis, no tiene incidencia en los derechos sustantivos que se afirman vulnerados de haberse en su caso, dejado de atender los plazos de trámite y decisión.

3.8 Por otra parte, resulta ineficaz el argumento relativo a que existe un pronunciamiento de la Sala Superior, donde se le impuso a Morena una sanción por hacer suya la campaña de vacunación contra el COVID-19 del gobierno federal[19].

Lo anterior, porque el pronunciamiento de la Sala Superior no resulta vinculante u obligatorio al caso concreto, y las particularidades de dicho asunto con el presente son diversas; pues en aquel un partido político fue el sujeto infractor y como partido político hizo referencia a que la distribución y aplicación de la vacuna contra el coronavirus se realizó por sus propios medios, en decir, como partido político se apropió del programa de vacunación; sin embargo, en el actual juicio se trata de un candidato en reelección, en donde no se acreditó supuesta apropiación de un programa social.

3.9 Ahora, también es ineficaz el argumento del impugnante relativo a que el Tribunal local no realizó un análisis conjunto de las pruebas del caso.

Lo anterior, porque el impugnante no precisa que pruebas son las que presuntamente la responsable dejó de analizar de manera conjunta, sino que se limita a señalar la presunta omisión de forma genérica.

Aunado a ello, el impugnante pierde de vista que el Tribunal de Nuevo León sí analizó las publicaciones denunciadas por el partido impugnante.

En ese sentido, lo procedente es confirmar la resolución impugnada.

Resuelve

Único. Se confirma la sentencia impugnada.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos en funciones, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.