JUICIO ELECTORAL

EXPEDIENTE: SM-JE-288/2024

PARTE ACTORA: IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: NANCY ELIZABETH RODRÍGUEZ FLORES Y GERARDO ALBERTO CENTENO ALVARADO

COLABORÓ: JOSÉ ROBERTO HERRERA CANALES

Monterrey, Nuevo León, a 20 de diciembre de 2024.

Sentencia de la Sala Monterrey que confirma, en lo que fue materia de impugnación, la resolución del Tribunal de Nuevo León, en la que, entre otras cosas, multó con $5,428.50 a la entonces candidata a diputada local por el distrito 1 en Monterrey, postulada por la Coalición Fuerza y Corazón X Nuevo León, Ivonne Álvarez, por la difusión de propaganda electoral en su cuenta de Facebook, en la que aparecen menores de edad, sin cumplir con los Lineamientos.

Lo anterior, porque esta Sala Monterrey considera que: i) respecto a la acreditación del hecho, no fue objeto de controversia, ii) en cuanto a la acreditación de la infracción denunciada, tal como lo determinó la responsable, en la publicación cuestionada se advierte una persona menor de edad de manera visible e identificable, por lo que, con independencia de que su aparición sea incidental, esto no exime a la actora de difuminar el rostro del infante o del cumplimiento de los requisitos relacionados con el consentimiento de padres y madres o tutores, aunado a que, contrario a lo que alega la parte actora, el Tribunal Local basó su estudio y determinación a partir de las diligencias de inspección realizadas por el Instituto Local, mismas que, al ser documentales públicas, tienen valor probatorio pleno y, iii) en relación a la responsabilidad de dicha infracción y la multa que le fue impuesta a la entonces candidata, Ivonne Álvarez, no fueron controvertidas en el presente asunto.

Glosario

Competencia y procedencia

1. Competencia. Esta Sala Monterrey es formalmente competente para resolver el presente juicio, porque se controvierte una resolución del Tribunal Local que declaró, entre otras cuestiones, la existencia de la infracción consistente en la difusión de propaganda electoral en la que aparecen menores de edad, sin cumplir con los Lineamientos, atribuida a la entonces candidata a diputada local por el distrito 1, en Monterrey, Nuevo León, entidad federativa que forma parte de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que este órgano colegiado ejerce jurisdicción[1].

2. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos del acuerdo de admisión[2].

Antecedentes[3]

I. Hechos contextuales y origen de la controversia

1. El 9 de abril de 2024[4], la entonces candidata, Ivonne Álvarez, publicó diversas imágenes en su cuenta de Facebook, en las que, a decir de la responsable, se advierte la presencia de dicha candidata realizando un recorrido, en el que se observa una persona menor de edad, tal como se muestra a continuación:

2. El 13 de abril, MC presentó dos denuncias ante el Instituto Local contra Ivonne Álvarez, por la supuesta difusión de propaganda electoral en Facebook y en una cuenta diversa de nombre “Ester Portillo”, en la que aparece una persona menor de edad sin cumplir con lo establecido en los Lineamientos, así como de la coalición postulante, por la falta del deber de cuidado sobre su candidata.

3. En su momento, el Instituto Local sustanció y, posteriormente, remitió el expediente al Tribunal Local para su análisis y resolución.

4. El 22 de noviembre, el Tribunal Local declaró, entre otras cuestiones, existente la infracción consistente en la difusión de propaganda electoral en la que aparecen menores de edad, sin cumplir con los Lineamientos, atribuida a Ivonne Álvarez, la cual constituye la determinación impugnada en este juicio[5].

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. Acto impugnado. La resolución del Tribunal Local que, entre otras cuestiones, determinó la existencia de la difusión de propaganda electoral en la que aparecía un infante, sin cumplir con los Lineamientos, atribuida a la candidata a diputada local por el distrito 1, postulada por la Coalición Fuerza y Corazón X Nuevo León, Ivonne Álvarez, por tanto, la multó con $5,428.50.

2. Pretensión y planteamiento[6]. La parte actora pretende que esta Sala Monterrey revoque la resolución del Tribunal de Nuevo León porque, en su concepto, no debió acreditarse la infracción controvertida, toda vez que la aparición de la persona menor de edad en la publicación denunciada fue de manera incidental, aunado a que el infante no es plenamente identificable y el medio probatorio aportado por el denunciante resulta insuficiente para acreditar la infracción.

3. Cuestión a resolver. Determinar si, a partir de lo considerado por la responsable y los planteamientos de la parte actora: ¿fue correcto que el Tribunal Local tuviera por acreditada la infracción por la publicación de propaganda electoral en la que aparecen menores de edad, sin cumplir los Lineamientos?

Apartado I. Decisión

Esta Sala Monterrey considera que debe confirmarse, en lo que fue materia de impugnación, la resolución del Tribunal de Nuevo León, en la que, entre otras cosas, multó con $5,428.50 a la entonces candidata a diputada local por el distrito 1 en Monterrey, postulada por la Coalición Fuerza y Corazón X Nuevo León, Ivonne Álvarez, por la difusión de propaganda electoral en su cuenta de Facebook, en la que aparecen menores de edad, sin cumplir con los Lineamientos.

Lo anterior, porque esta Sala Monterrey considera que: i) respecto a la acreditación del hecho, no fue objeto de controversia, ii) en cuanto a la acreditación de la infracción denunciada, tal como lo determinó la responsable, en la publicación cuestionada se advierte una persona menor de edad de manera visible e identificable, por lo que, con independencia de que su aparición sea incidental, esto no exime a la actora de difuminar el rostro del infante o del cumplimiento de los requisitos relacionados con el consentimiento de padres y madres o tutores, aunado a que, contrario a lo que alega la parte actora, el Tribunal Local basó su estudio y determinación a partir de las diligencias de inspección realizadas por el Instituto Local, mismas que, al ser documentales públicas, tienen valor probatorio pleno y, iii) en relación a la responsabilidad de dicha infracción y la multa que le fue impuesta a la entonces candidata, Ivonne Álvarez, no fueron controvertidas en el presente asunto.

Apartado II. Desarrollo o justificación de la decisión

1.1 Marco normativo sobre el interés superior de la infancia

La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material[7].

El derecho a la propia imagen constituye uno de los derechos inherentes de la persona, que le permite disponer de su apariencia; considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana, porque puede reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que lo lesione[8].

Si bien, no es un derecho absoluto, tendría que justificarse su intromisión por un interés público, o bien, cuando se cuente con el consentimiento u autorización de la persona[9].

Estos límites sobre la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona, tratándose de personas infantes o adolescentes, exige una protección reforzada debido al interés superior de estas personas.

Ahora bien, la normativa establece que el interés superior de la infancia y adolescencia es un principio constitucional y convencional de interpretación que, ante la toma de una decisión que involucre a estas personas, debe evaluar y ponderar las posibles repercusiones en sus derechos y asegurar una protección plena (artículo 4 de la Constitución General[10] y artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes[11]).

Dicho principio exige la prevalencia de los derechos de las personas infantes o adolescentes frente a cualquier otro interés, por lo que, ante un conflicto, se debe ponderar por encima de cualquier otro ese derecho[12].

Así, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que la infancia tiene derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten (artículo 3[13]).

De modo que, cualquier medida o decisión pública que pueda postularlos, requiere adoptar medidas reforzadas o gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad[14].

Por eso, las autoridades del Estado deben garantizar y sancionar aquellas intromisiones arbitrarias e ilegales en la intimidad de la infancia y adolescencia, que atenten contra su honra, imagen y reputación.

Así, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera una violación a su intimidad, cualquier manejo directo de su imagen en los medios de comunicación con una concesión o medios impresos (artículo 77[15]).

Asimismo, dicha ley considera una vulneración a la intimidad de las personas infantes y adolescentes, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, bien porque menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o los ponga en riesgo.

Los Lineamientos obligan a que, en cualquier acto, mensaje o medio de difusión de propaganda político-electoral que involucre a personas infantes y adolescentes, ya sea de manera directa o incidental, debe existir el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad debe suplirlos.

Al igual, deben contar con las manifestaciones de las personas infantes o adolescentes sobre su opinión libre e informada respecto a la propaganda en la que participen.

En caso de que no se tenga esa documentación, independientemente si la aparición fue directa o incidental, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a las personas infantes o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad.[16]

Las referidas directrices tienen por objeto que este grupo poblacional no sea objeto de abusos o arbitrariedades en el uso de su imagen y siempre conozca los alcances de su aparición en los promocionales, lo que debe ser autorizado por quienes ejerzan la patria potestad o de sus representantes legales o, en su defecto, se difumine o haga irreconocible la imagen para proteger su dignidad y derechos.

1.2 Marco normativo sobre propaganda que debe revisarse en el ámbito político o electoral

En efecto, de acuerdo con la doctrina judicial del máximo Tribunal de la materia[17], en asuntos de materia político-electoral (que son los únicos en los cuales existe competencia del Tribunal Electoral para conocer), cuando en los actos o propaganda política o electoral aparecen personas infantes o adolescentes, se les debe garantizar su derecho a la imagen, intimidad y al honor.

Esto es, si en actos político o electorales se afectan los derechos de la infancia y adolescencia, los Tribunales Electorales pueden conocer de las controversias para verificar dicha afectación.

Supuesto que, lógicamente, tiene como requisito previo que, en el asunto de que se trate, la propaganda denunciada sea de tipo político-electoral.

De otra manera, sería como aceptar que un Tribunal Local pudiera analizar propaganda con infantes anunciando cualquier producto infantil (pañales, juguetes, etc.), desvinculado con propaganda política-electoral.

Todo esto, es un contexto, que es importante puntualizar, ya que la doctrina judicial del máximo Tribunal de la materia ha distinguido entre distintos tipos de propaganda, gubernamental, política o electoral, (aunque en ocasiones un acto pueda estar en más de un tipo de propaganda).

La propaganda gubernamental se refiere a mensajes de informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público[18].

La propaganda política consiste, esencialmente, en presentar la actividad de personas servidoras públicas o ciudadanas, con la difusión de ideología, principios, valores, o bien, los programas de un partido político, en general, para generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o bien, realizar una invitación a la ciudadanía a formar parte de este, con el objeto de promover la participación del pueblo en la vida democrática del país o incrementar el número de sus afiliados[19].

La propaganda electoral atiende a la presentación de una propuesta específica de campaña o plataforma electoral o bien, a aquellos que, en período próximo o concreto de campaña del proceso electoral respectiva, tienen como propósito presentar y promover, ante la ciudadanía, una candidatura o partido político para colocarlo en las preferencias electorales[20].

De ahí que, pueda concluirse que la propaganda en general (por ejemplo, la comercial), gubernamental, política y la electoral, no deben entenderse, necesariamente, con la misma finalidad y, en consecuencia, las autoridades electorales sólo tienen competencia para conocer de las posibles conductas infractoras cuando esas infracciones tengan consecuencias que incidan o puedan incidir en el ámbito político o electoral, por ejemplo, cuando impulsa una política pública o transciende a un proceso comicial.

2. Caso concreto

En el caso, el asunto se originó con las denuncias presentadas por MC contra la difusión de una publicación en la que se compartieron diversas imágenes en la cuenta de Facebook de la entonces candidata a diputada local por el distrito 1, postulada por la Coalición Fuerza y Corazón x Nuevo León, Ivonne Álvarez, así como en una diversa cuenta de dicha red social de nombre “Ester Portillo”, en las que alegó la indebida presencia de una persona menor de edad, lo que, a su consideración, contravino a las normas sobre la propaganda electoral.

En su oportunidad, el Tribunal de Nuevo León, en lo que interesa, multó con la cantidad de $5,428.50 a la entonces candidata a diputada local por el distrito 1, postulada por la Coalición Fuerza y Corazón x Nuevo León, Ivonne Álvarez, por la indebida difusión, en su cuenta de Facebook, de propaganda electoral en la que aparece una persona menor de edad, al considerar que la infracción resultaba grave por vulnerar los intereses superiores de los menores de edad.

Frente a ello, ante esta Sala Regional, Ivonne Álvarez señala que el Tribunal Local debió considerar que la aparición de la persona menor de edad en la publicación denunciada se debió a una situación incidental, aunado a que no tiene un papel protagónico en la misma, es decir, fue de manera espontánea y natural, por lo que, con su aparición, no se despliega una conducta ilícita y, por tanto, no existía una obligación para recabar los documentos que señalan Lineamientos, pues se encontraba dentro de una imposibilidad natural y jurídica para prevenir actos u hechos que escapan de su vista.

Además, alega que la persona que aparece en la imagen denunciada y que fue señalada como menor de edad, no es plenamente identificable, por tanto, no se advierte con certeza la aparición directa o incidental de niñas, niños o adolescentes, y en caso contrario, la temática expuesta a la ciudadanía en la publicación denunciada no incide en los derechos de la niñez, por lo que, en caso de tratarse de ser un menor, tuvo una participación pasiva.

Finalmente, alega que fue incorrecta la valoración del Tribunal Local respecto a las pruebas ofrecidas por el denunciante, consistentes en las imágenes y enlaces electrónicos que, bajo su perspectiva, no acreditan de manera alguna que la persona que aparece en la publicación denunciada, se trate de una menor de edad, mucho menos que con ello se vulneraran los Lineamientos, ya que, al ser pruebas técnicas, son imperfectas e insuficientes para acreditar de manera fehaciente los hechos que se alegan.

3. Valoración

3.1 Esta Sala Monterrey considera que no tiene razón la actora en cuanto a que la aparición de la persona menor de edad en la imagen denunciada fue de manera espontánea e incidental y, por tanto, se encontró en la imposibilidad natural y jurídica para prevenir actos u omisiones que escaparan de su vista, tal como lo señalan los Lineamientos.

Lo anterior, porque con independencia de que la persona menor de edad se encuentre en segundo plano, o bien, de manera incidental, como lo señala la actora, lo cierto es que el rostro es identificable y visible, sin que se presentara la debida documentación señalada en la normativa para su debida aparición, con lo cual incumplió lo establecido en los Lineamientos.

En efecto, los Lineamientos señalan que, en el supuesto de la aparición incidental de menores en actos políticos, de precampaña o campaña, se deberá recabar el consentimiento de quien guarde su tutela, así como la opinión informada del menor, de lo contrario, deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz, o cualquier otro dato que los haga identificables[21].

En ese sentido, aun cuando la aparición de los menores resulte incidental, existe un procedimiento a seguir para salvaguardar los intereses de los menores, por lo que resulta insuficiente señalar que la aparición espontánea exenta a la actora de cumplir con lo establecido en los Lineamientos.

3.2 Por otro lado, resulta ineficaz el agravio de la parte actora respecto a que la persona que aparece en la imagen denunciada y que fue señalada como menor de edad, no es plenamente identificable y, en consecuencia, no se advierte con certeza la aparición directa o incidental de niñas, niños o adolescentes y, en caso contrario, la temática expuesta a la ciudadanía en la publicación denunciada no incide en los derechos de la niñez, por lo que, en caso de tratarse de ser un menor, tuvo una participación pasiva.

Lo anterior porque si bien, la persona menor de edad aparece en un segundo plano en la imagen denunciada, lo cierto es que, como ya se mencionó, el rostro es identificable y visible, sin que presentara la documentación correspondiente ni difuminara su rostro como lo establecen los Lineamientos, con lo cual incumplió con las reglas de publicación donde aparece la persona menor de edad y, en consecuencia, con independencia de la participación activa o pasiva, dicha persona es reconocible, como correctamente lo determinó el Tribunal Local.

3.3 Finalmente, no tiene razón la parte actora respecto a que las pruebas ofrecidas por el denunciante consistentes en las imágenes y enlaces electrónicos que, bajo su perspectiva, no acreditan de manera alguna que se trate de un menor de edad el que aparece en la publicación denunciada, mucho menos que con ello se vulneraran los Lineamientos, ya que, al ser pruebas técnicas, son imperfectas e insuficientes para acreditar de manera fehaciente los hechos que se alegan.

Ello, porque la actora pierde de vista que el Tribunal Local tomó como base para su estudio las diligencias de inspección realizadas por la Dirección Jurídica del Instituto Local respecto a la liga electrónica aportada por el partido denunciante, en la cual se estableció el contenido de la misma y las imágenes cuestionadas, con lo cual tuvo por acreditada la existencia de la publicación denunciada, y que fue difundida a través de la cuenta de Facebook de la entonces candidata.

En efecto, ciertamente, el partido denunciante aportó un enlace e imágenes que, en su concepto, contenían la indebida aparición de menores en su publicación de propaganda electoral publicada en su cuenta oficial de Facebook, sin embargo, como se indicó, la parte actora pierde de vista que la autoridad responsable, a través de su Dirección Jurídica, levantó diligencias para dar fe de la existencia de la publicación denunciada, así como de su contenido, a la cual le otorgó valor probatorio pleno al tratarse de una documental pública.

De manera que, se advierte que el Tribunal Local basó su estudio y determinación a partir de las diligencias de inspección realizadas por el Instituto Local, mismas que, al ser documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, de ahí que no tenga razón la parte actora.

En ese sentido, al haberse desestimado los planteamientos del inconforme, lo procedente es confirmar la resolución impugnada.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

Único. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la resolución controvertida.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria General de Acuerdos en Funciones de Magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco, ante el Secretario General de Acuerdos en Funciones Gerardo Alberto Álvarez Pineda, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.