JUICIOS ELECTORALES

EXPEDIENTES: SM-JE-297/2021 Y ACUMULADO

IMPUGNANTES: MORENA Y OTRO

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: SIGRID LUCIA MARÍA GUTIÉRREZ ANGULO Y GERARDO MAGADÁN BARRAGÁN

COLABORARON: DAVID ALEJANDRO GARZA SALAZAR Y LORENA ZAMORA ANGULO

Monterrey, Nuevo León, a 30 de septiembre de 2021.

Sentencia de la Sala Monterrey que confirma la resolución del Tribunal de Querétaro, que sancionó al candidato denunciado con $44,810 y a Morena por $89,620, al declarar: i. la inaplicación del artículo 232, último párrafo, de la Ley Electoral Local, ii. la acreditación de entrega de dádivas, en la modalidad de entrega de servicios, atribuida ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, y iii. la acreditación de la culpa in vigilando de Morena, por incumplir su deber de cuidado, respecto de las acciones de su entonces candidato, porque este órgano constitucional considera que: i. es correcta la determinación de inaplicar el artículo 232, último párrafo, de la Ley Electoral Local porque, como ya lo determinó esta Sala Monterrey, se considera correcto por ser contrario a las bases constitucionales, ii. el personal de la Oficialía Electoral posee fe pública, por lo que el acta que se levantó y en la que constan los hechos es prueba plena para acreditar la infracción de entrega de dádivas y iii. contrario a lo que aduce el impugnante, el Tribunal Local sí justificó la imposición de la sanción al entonces candidato y al partido político, por lo que la sanción no resulta excesiva y desproporcionada.

Glosario

Competencia y procedencia

1. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para conocer y resolver el presente juicio electoral promovido contra una resolución del Tribunal Local que declaró existente la infracción de vulneración a las normas de propaganda electoral por la entrega de dádivas en la modalidad de servicios médicos, atribuida ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, así como al partido por faltar al deber de cuidado, en Querétaro, entidad federativa ubicada en la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción[1].

2. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos del acuerdo de admisión[2].

Antecedentes[3]

I. Hechos contextuales y origen de la controversia

1. El 7 de mayo[4], Ana Valadez denunció ante el Instituto local la infracción de vulneración a propaganda electoral por la entrega de dádivas, en la modalidad de servicios médicos atribuida al entonces candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Querétaro, Querétaro, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, así como a Morena, derivado del recorrido que realizó por una colonia de la localidad, en el que ofreció servicios médicos, en el marco de la pandemia, lo cual certificó la Dirección Ejecutiva, en la misma fecha[5], en los términos siguientes:

2. El 31 de mayo, una vez sustanciado el procedimiento sancionador, el Instituto local remitió el expediente al Tribunal Local.

II. Primera resolución local

El 17 de junio, el Tribunal de Querétaro declaró existente la vulneración a las normas de propaganda electoral por la entrega de dádivas en modalidad de servicios, específicamente servicios médicos, atribuida ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, así como a Morena por faltar a su deber de cuidado.

III. Primer juicio federal

1. Inconformes con lo anterior, Morena y su entonces candidato promovieron sendos juicios ante esta Sala, en los que esencialmente alegaron que, el Tribunal local no contaba con las pruebas suficientes para tener por acreditada la conducta, por lo que realizó una indebida valoración del material probatorio, aunado a que no se valoraron las objeciones realizadas en su respuesta a la denuncia.

2. El 14 de julio, esta Sala revocó la resolución controvertida al considerar que, si bien el Tribunal Local tiene atribuciones para resolver los procedimientos especiales sancionadores, en el caso concreto, previo a resolver el fondo del asunto y fincar responsabilidades por infracciones cometidas dentro del proceso electoral, debía pronunciarse respecto a lo establecido en la normativa local en cuanto a lo establecido en el artículo 232, último párrafo de la Ley Electoral Local.

En consecuencia, se ordenó al Tribunal Local que, en plenitud de jurisdicción, considerando lo previsto en la Ley Electoral Local, emitiera una nueva determinación en la que se pronunciara sobre la prescripción.

IV. Resolución en cumplimiento

En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala, el Tribunal de Querétaro se pronunció en los términos que se precisan al inicio del apartado siguiente, el cual constituye la determinación impugnada en este juicio.

Acumulación

Se advierte que los promoventes controvierten la misma resolución emitida por la misma autoridad responsable, por tanto, atendiendo al principio de economía procesal y con el fin de evitar el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias, procede decretar la acumulación del juicio SM-JE-303/2021 al diverso SM-JE-297/2021, por ser este el primero en recibirse y registrarse en esta Sala Monterrey, debiéndose agregar copia certificada de los puntos resolutivos del presente fallo a los autos del expediente acumulado.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. En la resolución impugnada[6], el Tribunal de Querétaro declaró: i. la inaplicación del artículo 232, último párrafo, de la Ley Electoral Local y ii. la acreditación de entrega de dádivas en la modalidad de entrega de servicios, atribuida ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, y iii. en consecuencia, la acreditación de la culpa in vigilando de Morena, por incumplir su deber de cuidado, respecto de las acciones de su candidato, por lo que, iv. sancionó al candidato denunciado con $44,810.00 y a Morena por $89,620.

2. Pretensión y planteamientos[7]. Los impugnantes pretenden que se revoque la resolución controvertida y, a su vez, la multa impuesta, porque, a su consideración: i. el Tribunal Local incorrectamente determinó inaplicar el artículo 232, último párrafo, de la Ley Electoral Local, al no justificar por qué la norma no cumple con su presunción de constitucionalidad, ii. las imágenes contenidas en el Acta de la Oficialía Electoral no acreditan la infracción de vulneración a propaganda electoral por la entrega de dádivas en la modalidad de servicios de médicos, en consecuencia, se viola su principio de inocencia al no existir pruebas que demuestren la infracción y iii. la autoridad responsable no señaló los requisitos previstos en el artículo 223 de la Ley Electoral Local, para individualizar las sanciones, ni estableció por qué impuso una sanción superior a la amonestación.

3. Cuestiones a resolver. Determinar: i.  ¿Es apegado a Derecho que el Tribunal Local haya inaplicado la norma que establecía la prescripción de la facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones cometidas dentro del proceso electoral?, ii. ¿Las imágenes acreditan la infracción de vulneración a propaganda electoral por la entrega de dádivas, en la modalidad de servicios de médicos? iii. ¿Si la autoridad responsable señaló los requisitos previstos en el artículo 223 de la Ley Electoral Local, para individualizar las sanciones y si estableció por qué impuso una sanción superior a la amonestación, resultando en una sanción excesiva y desproporcionada?

Apartado I. Decisiones

Esta Sala Monterrey considera que debe confirmarse la resolución del Tribunal de Querétaro, que sancionó al candidato denunciado con $44,810 y a Morena por $89,620, al declarar: i. la inaplicación del artículo 232, último párrafo, de la Ley Electoral Local, ii. la acreditación de entrega de dádivas, en la modalidad de entrega de servicios, atribuida ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, y iii. la acreditación de la culpa in vigilando de Morena, por incumplir su deber de cuidado, respecto de las acciones de su entonces candidato, porque este órgano constitucional considera que: i. es correcta la determinación de inaplicar el artículo 232, último párrafo, de la Ley Electoral Local porque, como ya lo determinó esta Sala Monterrey, se considera correcto por ser contrario a las bases constitucionales, ii. el personal de la Oficialía Electoral posee fe pública, por lo que el acta que se levantó y en la que constan los hechos es prueba plena para acreditar la infracción de entrega de dádivas y iii. contrario a lo que aduce el impugnante, el Tribunal Local sí justificó la imposición de la sanción al entonces candidato y al partido político, por lo que la sanción no resulta excesiva y desproporcionada.

Apartado II. Desarrollo o justificación de las decisiones

Tema I. Inaplicación del artículo 232 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro.

1. Fuerza normativa de los criterios emitidos por un tribunal de revisión

En el sistema jurídico electoral mexicano, los órganos y tribunales electorales deben operar, por mandato de lo dispuesto por la Constitución General, bajo un sistema de revisión de las decisiones, para garantizar que finalmente todos los actos se apeguen a los principios de constitucionalidad y legalidad (artículo 41, 99 y 116 Constitucionales).

Dicho sistema opera bajo un modelo de instancias ordinarias administrativas y jurisdiccionales, o bien, extraordinarias de naturaleza judicial, delineadas o funcionales bajo un modelo de recursos o juicios (Ley General del Sistema de Medios de Impugnación).

Por ello, las sentencias o decisiones definitivas o con las que finalizan o resuelven dichos juicios o recursos deben ser cumplidas, porque, al revisarse lo determinado en una instancia previa, por disposición misma y expresa del modelo, puede ser modificado o revocado (cuando hace referencia a los efectos de cada recurso o juicio, modificar o revocar),  y con ello cambiarse lo decido en una instancia previa, o bien, vincularse al tribunal u órgano revisado para actúe bajos ciertos parámetros para cumplir con una sentencia, sin que esto implique una afectación a los principios de independencia de cada órgano administrativo o jurisdiccional (así como de sus integrantes).

Dichas condiciones deben cumplirse, por mandato directo del derecho a la tutela judicial efectiva, en el que se establece tanto el derecho de acceso a la justicia como el deber de los tribunales de otorgarla (artículo 17 de la Constitución General), hasta el punto en el que las sentencias deben cumplirse, como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación[8].

En atención a ello, cuando un punto de hecho o derecho es objeto de análisis y de un pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Monterrey, los órganos jurisdiccionales o administrativos, como el Instituto Nacional Electoral, tiene el deber de acatar las decisiones, como garantía última la vigencia de un Estado de Derecho.

Aunado a que, bajo la misma lógica, cuando un aspecto ha sido definido por esta Sala Monterrey (sin haber sido objeto de modificación), y se emite una determinación en cumplimiento, por parte de algún tribunal o instituto electoral, los planteamientos que las partes presentan en una nueva demanda o recurso no implican una nueva oportunidad para revertir un criterio ya definido de manera firme.

Por ende, en caso de que algunas de las partes aleguen, en un segundo recurso de apelación en la misma secuela procesal o cadena impugnativa, aspectos que han sido objeto de pronunciamiento en una primera determinación, evidentemente, deberán declararse ineficaces, ante la imposibilidad de estudiar el tema nuevamente, con independencia de su formulación.

De otra manera, se atentaría contra los principios de seguridad jurídica y en específico contra aspectos que ya fueron objeto de juicio.

2. Planteamiento, resolución y agravios concretamente revisados

El asunto en controversia deriva de la denuncia presentada ante el Instituto Local, que dio origen al procedimiento especial sancionador en contra ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, en el cual el Tribunal de Querétaro determinó inaplicar el artículo 232 de la Ley Electoral Local que determinaba la prescripción de su facultad para fincar responsabilidades por infracciones cometidas dentro del proceso electoral al declararse la validez de la elección donde participó el denunciado.

Ante esta Sala Monterrey, el impugnante señala que el Tribunal Local incorrectamente inaplicó dicho artículo, pues únicamente se limitó a los principios supuestamente contrarios a la regularidad constitucional, sin señalar cómo el mismo violenta los principios constitucionales, ni especificar la razón por la que se determina inconstitucional dicha norma.

3. Valoración

3.1. No tiene razón el impugnante porque, como se adelantó, esta Sala Monterrey considera que es correcta la determinación del Tribunal Local de inaplicar el artículo 232, último párrafo, de la Ley Electoral Local, porque está sustentada en el criterio sostenido por esta Sala Monterrey.

Lo anterior, independientemente de lo que señala el impugnante, respecto a que el Tribunal Local se limitó a enumerar los principios supuestamente contrarios a la regularidad constitucional sin combatir la presunción de legalidad de la norma inaplicada porque, como se dijo, esta Sala Monterrey se pronunció respecto a la constitucionalidad del artículo de mérito y concluyó que dicha norma es contraria a la regularidad constitucional, en concreto, al mandato constitucional de existencia y subsistencia efectiva y real de los procedimientos y potestad de sancionar las conductas posiblemente infractoras de los principios constitucionales que protegen las elecciones auténticas, entre ellas el de imparcialidad (artículo 134 Constitución General) y equidad en la contienda (previsto en el artículo 41 de la Constitución General), además de afectar el estándar de certeza jurídica de la potestad sancionadora y las excepciones válidas que esta pueda tener[9].

Lo anterior, porque dicha norma, materialmente, priva de efectos y, por ende, resulta contraria a las normas constitucionales que mandatan el establecimiento de procedimientos sancionadores para garantizar los principios que protegen la existencia de elecciones libres, equitativas y, por tanto, auténticas, así como el principio de racionalidad y certeza jurídica de la facultad sancionadora y sus excepciones como la prescripción, concretamente, al establecer la extinción categórica, indiscriminada y genérica de los procedimientos y la potestad sancionadora, con base en un elemento o fecha ajeno al tiempo transcurrido desde que tuvo lugar el hecho perseguido en cuestión, lo cual, de manera evidente, muestra su inconstitucionalidad y, ante ello, como correctamente lo determinó el Tribunal Local, se imponía inaplicarla.

En ese orden de ideas, al estimarse que la inaplicación del precepto es una facultad ejercida válida y justificadamente por el Tribunal Local, en criterio de esta Sala Monterrey, no podría considerarse que el control de constitucionalidad que se realizó sea incorrecto o contario a los principios de legalidad, certeza y seguridad, como aduce el impugnante.

3.2. Por otra parte, tampoco le asiste la razón al candidato denunciado cuando señala que esta Sala Monterrey revocó la sentencia inicial (SM-JE-224/2021 y acumulado), con la finalidad de que se valorara la existencia de la causal de improcedencia por prescripción, ya que existía una resolución previa que constituía cosa juzgada (TEEQ-PES-3/2021)

Esto, porque, contrario a lo afirmado por el impugnante, no se actualiza la cosa juzgada, pues el procedimiento que se revisa en la actual sentencia (TEEQ-PES-54/2021) y el señalado por el impugnante (TEEQ-PES-3/2021) son distintos, al valorar hechos diferentes.

Ello, pues en el procedimiento TEEQ-PES-3/2021, el Tribunal Local sobreseyó la denuncia contra el candidato por la infracción de actos anticipados de campaña por la colocación de espectaculares con la imagen del candidato, con las frases “CONSTRUYENDO LIBERTAD Y SALUD FINANCIERA, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia,” “LOS PROBLEMAS FINANCIEROS NO SE SOLUCIONAN SOLOS. FINANZAS EN TU IDIOMA” y diversas publicaciones en redes sociales con la imagen del candidato denunciado, su nombre y con frases como ¿Uso de pirotecnia? “En fechas especiales con precaución”, “NUNCA, hay otras formas de festejar”, “¡Héroes por México! No es momento de fiestas, ni reuniones, seamos responsables con nuestro país. Este mes patrio ¡quédate en casa!”, “¿Crecimiento? Sí, pero también ausencia de políticas públicas. Nuestro estado ya está listo para la #CuartaAlternancia. Aquí mi entrevista en Plaza de Armas Querétaro.”, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, 1. Me gustan los animales y le voy a los Pumas, 2. Estudié derecho en la UAQ, 3. Aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Querétaro en 2009, 4. ¡Soy un Queretano orgulloso de mi estado y su gente!”, así como en medios de comunicación con el título “Critican colocación de espectaculares” y “Liderea PAN simpatía e intención de voto en Ciudad de Querétaro”, “Gilberto Herrera Ruiz y ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, al frente de Querétaro 2021” “Revista digital City Life “La Presidencia Municipal de Querétaro ¿su razón para regresar a la política? ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, Un queretano preparado para Gobernar” “Medio digital “plaza de armas”, al considerar que prescribió su facultad como órgano jurisdiccional para fincar responsabilidades por infracciones a la normativa electoral.

De ahí que, los hechos denunciados en el procedimiento especial sancionador que señala el impugnante, son distintos al de la denuncia que dio origen al presente medio de impugnación, pues los hechos denunciados son respecto a la entrega de dádivas, en la modalidad de entrega de servicios médicos, atribuidos ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia,

Por lo que, contrario a lo que señala el entonces candidato, el hecho de que él haya sido denunciado en un diverso procedimiento y el mismo se haya sobreseído no genera, por sí mismo, que los demás procedimientos iniciados en su contra corran con la misma suerte, pues para contemplar la existencia de la cosa juzgada refleja, es necesario que se actualicen, entre otros: i. Que los objetos de los dos pleitos estén vinculados o exista cierta relación entre ambos, ii. Que las partes del segundo proceso hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero y iii. Que en ambos procesos se presente un mismo hecho o situación que constituya un elemento trascendente para sustentar el sentido de la decisión del litigio, lo cual, en el caso concreto, como ya se señaló, no acontece.

Tema II. Acreditación de la infracción de entrega de dádivas por parte de la candidata denunciado y por culpa in vigilando de Morena

1. Marco normativo respecto de las Facultades de la Oficialía Electoral

En el estado de Querétaro el procedimiento especial sancionador se compone de dos etapas, es decir, se trata de un modelo híbrido o mixto que involucra a dos autoridades en un mismo procedimiento, una administrativa, el Instituto Local, en cuanto autoridad sustanciadora, y otra jurisdiccional, el Tribunal Local como autoridad resolutora, que actúan en coordinación para la instrucción y resolución del proceso.

En un sentido similar, la legislación de Querétaro autoriza, en el ejercicio de la función de la Oficialía Electoral, entre otros, a la Dirección Ejecutiva, a petición de los órganos del Instituto, hacer constar hechos que influyan o afecten la organización del proceso electoral [artículo 63 de la Ley de Medios Local[10]].

En efecto, la Oficialía Electoral tiene por objeto dar fe pública para: 1) constatar dentro y fuera del proceso electoral, actos o hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral, 2) evitar, a través de la certificación, que se pierdan o alteren los indicios o elementos relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la legislación electoral, 3) recabar, en su caso, elementos probatorios dentro de los procedimientos sancionadores tramitados y sustanciados por la Dirección, y 4) certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las atribuciones propias de la Oficialía [artículo 3 del Reglamento de la Oficialía Electoral[11]].

En el caso, el funcionario del Instituto puede realizar diligencias, en la que certifique la publicación en redes sociales de videos o imágenes que, por su cantidad, contenido o dimensión impliquen una gran diversidad de información.

Al respecto, el funcionariado referirá la existencia de la publicación y realizará una descripción general de lo observado, además, sólo podrá dar fe de los actos o hechos que puedan ser percibidos por los sentidos y no se podrán emitir conclusiones ni juicios de valor acerca de los mismos [artículo 21 del citado Reglamento[12]].

2. Resolución impugnada y agravios concretamente revisados

El Tribunal de Querétaro acreditó el hecho consistente en que el candidato denunciado y su equipo de trabajo ofertaron un servicio médico, además, que dicho candidato utilizó elementos alusivos a su persona, lema y eslogan de campaña, de conformidad con el acta AOEPS/170/2021 levantada por la Oficialía Electoral, en consecuencia, la autoridad responsable acreditó la infracción de vulneración a propaganda electoral por la entrega de dádivas en la modalidad de servicios de médicos, prevista el artículo 92 de la legislación local[13].

El impugnante refiere que las imágenes no acreditan la infracción de vulneración a propaganda electoral por la entrega de dádivas en la modalidad de servicios de médicos, en consecuencia, se viola su principio de inocencia al no existir pruebas que demuestren la infracción.

3. Valoración

3.1. Esta Sala Monterrey considera que no les asiste la razón a los impugnantes y debe quedar firme la conclusión de la autoridad responsable, dado que sí se acreditó el hecho consistente en que el entonces candidato denunciado y su equipo de trabajo hicieron entrega de servicios médicos en la colonia Lomas de Casa Blanca, Querétaro, Querétaro, porque, como se señaló en el marco normativo, el personal de la Oficialía Electoral tiene fe pública, por lo que, el acta levantada por estos contiene información que se considera cierta, de ahí que, fue correcto que el Tribunal Local tomará en consideración la descripción general de lo observado por el funcionario, para concluir que se acreditó el hecho y por ende, la infracción de entrega de dádivas consistente en servicios médicos.

En efecto, en la audiencia de alegatos, la autoridad sustanciadora admitió las pruebas ofrecidas por la parte denunciante, entre otras, la documental pública consistente en el acta AOEPS/170/2021 de la Oficialía Electoral, en la que se certificó el contenido de la cuenta del candidato denunciado de las redes sociales Instagram y Facebook[14], además, en todo caso, se advierte que los denunciados no aportaron medio probatorio alguno para desvirtuar lo dicho por el entonces denunciante.

Posteriormente, en la resolución impugnada, el Tribunal Local consideró que la documental pública, consistente en el acta de la Oficialía Electoral, adquirió valor pleno, toda vez que fue desahogada, suscrita y certificada por funcionarios públicos del Instituto Local, de ahí que, la autoridad responsable considerara que de las fotografías aportadas por la denunciante y la referida acta tenían el alcance demostrativo suficiente para acreditar los hechos denunciados.

En consecuencia, el Tribunal Local acreditó la existencia de la entrega de dádivas consistente en servicio médico efectuada por el denunciado y su equipo de campa en la colonia Lomas de Casa Blanca, en Querétaro, dentro del proceso electoral 2020-2021, porque del Acta de la Oficialía Electoral, se constató la existencia de las publicaciones denunciadas, a partir de la certificación de contenido del apartado denominado “Equipo” y el apartado “Recorridos”, en los cuales se contienen las publicaciones denunciadas, de las que se desprende la presencia del entonces candidato denunciado y su equipo de trabajo en la colonia Lomas de Casa Blanca de Querétaro, Querétaro la semana anterior al día 7 de mayo, esto es durante el desarrollo del proceso electoral 2020-2021 y dentro del periodo de campaña[15].

Una vez acreditados los hechos denunciados, la responsable consideró que era necesario valorar si los denunciados actualizaron la infracción de entrega de dádivas prevista en el artículo 92 de la Ley Electoral local.

En consecuencia, consideró que aun cuando el candidato denunciado negó los hechos, al considerar que eran falsos, ya que no estaban demostrados y carecían de circunstancias de modo, tiempo y lugar; lo cierto era que los hechos quedaron plenamente demostrados, además que en la denuncia sí señalaron las circunstancias citadas, pues se precisó la fecha de conocimiento (29 de abril de 2021), el lugar de la comisión de los hechos (calle 13, de la colonia Lomas de Casa Blanca, en el ayuntamiento de Querétaro) y en relación de modo señala que se presentaron servicios de salud a los ciudadanos, de ahí que, la denunciante cumplió con su carga de la prueba para demostrar los hechos, pues ofreció las imágenes analizadas y solicitó al Instituto Local que realizara el Acta correspondiente, para certificar dichas imágenes.

De ahí que el Tribunal Local concluyera que sí se acreditó una infracción a la normativa electoral, porque el candidato denunciado y su equipo de campaña sí realizaron la entrega de un servicio médico en la Colonia Lomas de Casa Blanca, Querétaro, pues su equipo portaba un chaleco con la frase “Médico” y el eslogan “VAMOS POR ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia,” y “QUERÉTARO PUEDE MAS”, haciendo un llamado al voto a favor del candidato en cuestión y que el mismo candidato refirió que se encontraba realizando dichos recurridos en su red social Instagram, en el proceso electoral 2020-2021, en el que participó como ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, [16].

Asimismo, se acreditó la infracción por culpa in vigilando atribuida a Morena, al haber faltado a su deber de vigilar la conducta de su candidato.

De lo anterior, esta Sala considera que fue correcto que el Tribunal Local, previa valoración de todos los medios probatorios, acreditara que el candidato denunciado y su equipo de trabajo hicieron entrega de servicios médicos en la Colonia Lomas de Casa Blanca, Querétaro, Querétaro, porque se configuraron los hechos en el acta levantada por la Oficialía Electoral, sobre la cuales, se determinó la infracción de vulneración a propaganda electoral por la entrega de dádivas en la modalidad de servicios de médicos.

Ello, porque, como se señaló en el marco normativo, el acta que levantó el personal de la Oficialía Electoral tiene fe pública para constatar el hecho denunciado, de ahí que, fue correcto que el Tribunal Local tomará en consideración la descripción general de lo observado por el funcionario, para concluir que se acreditó el hecho y, por ende, la infracción de entrega de dádivas.

3.1.1. En consecuencia, el Tribunal Local contó con los elementos de convicción necesarios para acreditar los hechos denunciados y por ende, la infracción, pues aunque no existe la frase textual “ATENCIÓN MÉDICA”, lo cierto es que existe la imagen del candidato denunciado y su equipo con chalecos con la frase “MÉDICO”, realizando la entrega de un servicio médico.

3.2. Sin que sea suficiente que el candidato denunciado aduzca que no se acredita una entrega de un servicio médico, porque negó lisa y llamamiento haber prestado un servicio de salud a personas con motivo de eventos de campaña […] no hay prueba que a contrario demuestre llanamente, invitación o convocatoria para gozar de servicios de salud en mi campaña, y menos aún que se haya establecido, a diferenciad el criterio que cita el Tribunal Local (SUP-RAP-323/2021).

Esto, porque los hechos denunciados se acreditaron con las publicaciones en el perfil del candidato denunciado, corroboradas en el acta de la oficialía electoral, sin que fuera materia de controversia o análisis si existió de forma previa una invitación previa.

3.3. Ahora bien, el candidato denunciado tenía el deber de aportar los medios probatorios necesarios para desvirtuar las pruebas aportadas por el denunciante, lo cual no aconteció, pues al ser emplazado al procedimiento especial sancionador, Morena y su candidato omitieron presentar elementos probatorios en la audiencia de pruebas y alegatos, tal como se corrobora tanto en el acta correspondiente, como en la sentencia impugnada[17].

Por el contrario, el denunciante sí cumplió con su carga procesal de aportar las pruebas necesarias para acreditar los hechos denunciados, dado que los procedimientos especiales sancionadores se rigen por el principio dispositivo, es decir, el denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar las pruebas que respalden y sustenten su denuncia[18]; y adicionalmente, la autoridad sustanciadora realizó diligencias de mejor proveer para corroborar los hechos denunciados, tal como se constatan el acta de la oficialía electoral en cuestión.

3.4. En ese sentido, es ineficaz el agravio del candidato respecto a que el Tribunal Local omitió valorar su contestación a la denuncia, respecto a que negó los hechos denunciados, refiriendo que eran falsos o estaban descontextualizados, porque, como se refirió previamente, el denunciante no aportó prueba alguna para controvertir las diversas presentadas por la parte denunciada, tal como lo precisó la responsable en la sentencia impugnada.

3.5. Finalmente, es ineficaz el agravio, en el que candidato denunciado refiere que se vulneró su derecho de presunción de inocencia, porque se limita a señalar que las pruebas que obran no acreditan los hechos denunciados, sin controvertir las consideraciones de la resolución impugnada.

Tema III. Individualización de la sanción

1. Marco normativo sobre la individualización de la sanción

Las autoridades resolutoras cuentan con un margen de discrecionalidad para individualizar las sanciones que consideren correspondientes a la infracción y responsabilidad cometida por los infractores, sin embargo, la toma de su decisión no puede emitirse de forma arbitraria y debe contener las consideraciones que lo funden y motiven adecuadamente.

Al respecto, la normativa local establece que, una vez acreditada la existencia de una infracción y su responsabilidad, el Tribunal Local debe tomar en cuenta las circunstancias que rodean la infracción con los siguientes parámetros [artículo 223 de la Ley de Medios Local[19]]:

I. La gravedad de la responsabilidad.

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor.

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución.

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

2. Resolución impugnada y agravios concretamente revisados

En la sentencia impugnada, el Tribunal de Querétaro multó al, ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, con $44,810 y a Morena con $89,620 por faltar a su deber de cuidado, consistente en vigilar la conducta realizada por su entonces candidato, por la entrega de dádivas al ofrecer servicios médicos.

Al respecto, los impugnantes refieren que, al individualizarse la sanción: a) el Tribunal Local únicamente se limitó a realizar manifestaciones respecto a cada una de las fracciones del artículo 223 de la Ley Electoral Local, sin señalar el por qué o cómo cada uno de los elementos a los cuales hace referencia acreditan una razón suficiente para imponer una sanción superior a la mínima, b) la sanción es excesiva y desproporcionada al tratarse de una conducta que ni siquiera fue acreditada y c) la sanción es incongruente, dado que el análisis específico no puede referirse a temas genéricos que dan a entender que la conducta se perpetró en varias ocasiones a lo largo de un proceso electoral.

3. Valoración

3.1 Esta Sala Monterrey considera que no tienen razón los impugnantes porque la calificación de la falta tiende a la importancia de la norma transgredida, los efectos que dicha situación produce, el tipo de infracción, la comisión intencional o culposa de la falta y la singularidad o pluralidad de las faltas.

Al respecto, el Tribunal Local, previo a imponer la sanción correspondiente, realizó un análisis de la importancia de la norma transgredida, los efectos que produce la violación, el tipo de infracción y la comisión intencional y la singularidad de las faltas cuál fue el bien jurídico tutelado con la finalidad de conocer los alcances y efectos de la entrega de dádivas, consistente en servicios médicos, en el período de campaña.

En efecto, el Tribunal Local estableció que el bien jurídico tutelado era el principio de equidad en la contienda electoral, respecto al modo, señaló que la conducta se realizó a través de la entrega de dádivas en la modalidad de entrega de servicio médico y que se acreditó que se realizó durante el proceso electoral (tiempo) en el municipio de Querétaro (lugar).

Por lo que, contrario a lo que señalan los impugnantes, el Tribunal Local sí desarrolló las razones por las cuales consideró la falta como grave ordinaria: i. vulneró el bien jurídico tutelado (equidad en la contienda electoral) y que la misma constituía una prohibición expresa contenida en la Ley Electoral Local, ii. que dicha conducta se realizó a través del entonces candidato durante el proceso electoral, iii. que otorgaron como dádiva el servicio médico, iv. asimismo, que estos hechos se consideran coacción al voto de conformidad con la Ley Electoral Local, v. que no existían elementos que acreditaran que el entonces candidato haya obtenido algún beneficio y, vi. que el entonces candidato no era reincidente.

Además, sí señaló el por qué era adecuada la sanción pecuniaria pues en atención al grado de afectación al bien jurídico tutelado, la conducta desplegada por el entonces candidato, las circunstancias particulares del caso, así como la finalidad de las sanciones, entre ellas, la de disuadir la posible comisión de faltas similares era procedente imponer la sanción consistente en multa[20], sin que los impugnantes controviertan frontalmente las razones dadas por el Tribunal Local.

3.2 Por otra parte, no tienen razón los impugnantes respecto a que el Tribunal Local no señaló si con capacidad económica se refiere a ingresos, sin tomar en consideración que las condiciones socioeconómicas de cualquier persona implican algo más amplio que un ingreso o asignación de recursos, porque la capacidad económica se analizó con los ingresos que reportó el impugnante y el presupuesto asignado al partido, sin que los egresos de los ciudadanos sea un elemento que se deba tomar en consideración, además respecto a la capacidad económica del partido, el Tribunal Local valoró la misma y determinó que, de acuerdo con el financiamiento proporcionado para actividades ordinarias, consistente en $637,905, dicha sanción era acorde a los recursos con los cuales cuenta.

Por otra parte, en cuanto a la capacidad económica del entonces candidato el Tribunal Local tomó en cuenta que sus ingresos eran de $1,595,191, por así desprenderse de su Declaración Anual del Ejercicio Fiscal y le impuso una multa de $44,810, es decir, la información de los ingresos del impugnante en la que basó su respuesta la autoridad responsable fue directamente proporcionada por el entonces candidato denunciado.

Además, en todo caso la cuantía de la multa no depende sólo de la capacidad económica de los sancionados, sino de un ejercicio de racionalidad por parte de la autoridad jurisdiccional y de la valoración conjunta de todos los elementos objetivos y subjetivos de la infracción.

3.3 Finalmente, es ineficaz el agravio respecto a que la sanción es excesiva y desproporcionada, pues dicho planteamiento lo hace depender de la no acreditación de la infracción denunciada, como se indicó, fue desestimado.

En ese sentido, lo procedente es confirmar la sentencia impugnada.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

Primero. Se acumula el expediente SM-JE-303/2021 al diverso SM-JE-297/2021; glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del juicio acumulado.

Segundo. Se confirma la resolución impugnada.

En su oportunidad, archívese los expedientes como asuntos concluidos; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.