JUICIO GENERAL
EXPEDIENTE: SM-JG-34/2025
PARTE ACTORA: JORGE ELIUD BALDERAS FLORES
RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA
SECRETARIADO: GERARDO ALBERTO CENTENO ALVARADO Y ANA CECILIA LOBATO TAPIA
COLABORÓ: JOSÉ ROBERTO HERRERA CANALES
Monterrey, Nuevo León, a 18 de abril de 2025.
Lo anterior, porque este órgano jurisdiccional considera que: i) respecto a la acreditación del hecho, no fue objeto de controversia, ii) en cuanto a la acreditación de la infracción, contrario a lo que sostiene el actor, el Tribunal Local sí podía determinar si se vulneraba o no el interés superior de los menores de edad, porque tal como lo estableció la responsable, la publicación denunciada se trata de propaganda electoral, toda vez que se identifica a Jorge Balderas como candidato a diputado local por el distrito 26, postulado por ESO, aunado a ello, advirtió que se observó una menor de edad plenamente identificable, sin que ello fuera controvertido frontalmente por la parte actora, y iii) en relación a la responsabilidad de dicha infracción y la multa que le fue impuesta al candidato denunciado, no fueron controvertidas en el presente asunto.
Índice
Apartado preliminar. Materia de la controversia
Apartado II. Desarrollo o justificación de la decisión
1.1 Marco normativo sobre el interés superior de la infancia
1.2 Marco normativo sobre propaganda que debe revisarse en el ámbito político o electoral
Glosario
Actor/Jorge Balderas: | Entonces candidato del Partido Esperanza Social a la presidencia de Allende, Nuevo León, Jorge Eliud Balderas Flores. |
Constitución General: | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
ESO: | Partido Esperanza Social. |
Instituto Local: | Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. |
Lineamientos: | Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral. |
MC: | Movimiento Ciudadano. |
Tribunal de Nuevo León/ Local: | Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. |
Competencia y procedencia
1. Competencia. Esta Sala Monterrey es formalmente competente para resolver el presente juicio, porque se controvierte una resolución emitida por un Tribunal Local en un Procedimiento Especial Sancionador, que declaró la existencia de la infracción consistente en la difusión de propaganda electoral en la que aparecen menores de edad, sin cumplir con los Lineamientos, atribuida al entonces candidato a diputado local por el distrito 26, en Nuevo León, entidad federativa que forma parte de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que este órgano colegiado ejerce jurisdicción[1].
2. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos del acuerdo de admisión[2].
Antecedentes[3]
I. Hechos contextuales y origen de la controversia
1. El 2 de abril de 2024, Jorge Balderas publicó diversas imágenes en su cuenta de Facebook, en las que, a decir de la responsable, se advierte la presencia de dicha persona realizando un recorrido, en el que se observan menores de edad.
2. El 22 de abril siguiente, MC denunció, ante el Instituto Local, a Jorge Balderas, por la supuesta difusión de propaganda electoral en la que aparecen personas menores de edad, sin cumplir con lo establecido en los Lineamientos.
3. En su momento, el Instituto Local sustanció y, posteriormente, remitió el expediente al Tribunal Local para su análisis y resolución.
4. El 19 de marzo de 2025[4], el Tribunal Local determinó la existencia de la infracción consistente en la contravención a las normas sobre propaganda política-electoral por la aparición de menores de edad, sin cumplir los Lineamientos, atribuida al referido candidato.
II. Juicio Federal
1. El 26 de marzo, Jorge Balderas presentó medio de impugnación ante esta Sala Monterrey, a fin de controvertir la sentencia del Tribunal Local.
2. El 10 de abril, esta Sala Monterrey encauzó la demanda del actor al presente Juicio General[5].
Estudio de fondo
Apartado preliminar. Materia de la controversia
1. En la Sentencia impugnada[6], el Tribunal de Nuevo León, multó con $5,428.50 (50 UMAS) al entonces candidato a diputado local por el distrito 26, postulado por ESO, Jorge Balderas, por la difusión de propaganda electoral en su cuenta personal de Facebook, en la que aparecen menores de edad, sin cumplir con los Lineamientos.
2. Pretensión y planteamiento[7]. Jorge Balderas pretende que se revoque la sentencia impugnada y se declare la inexistencia de la falta consistente en la difusión de propaganda electoral en Facebook con imágenes de menores de edad sin cumplir los Lineamientos, al considerar, en esencia, que si bien aparece un menor de edad, tal difusión escapa de la jurisdicción electoral, porque de la publicación denunciada, no se advierte que tienda a posicionarlo frente a la ciudadana con fines políticos o electorales, ni es posible advertir su intención de obtener un beneficio para ocupar un cargo de elección popular, ni obtener votos o favorecer a alguna candidatura o al partido ESO, además, tampoco se observó algún logotipo, lema o frase que permitiera identificarlo como candidato en el proceso electoral en el que contendió.
3. Cuestión a resolver. Determinar si, a partir de las manifestaciones de la parte actora y de la responsable ¿fue correcto que el Tribunal Local acreditara la existencia de la falta consistente en la difusión en Facebook de propaganda electoral en la que aparecen imágenes de menores de edad sin cumplir los Lineamientos y, en consecuencia, la sanción impuesta?
Apartado I. Decisión
Lo anterior, porque este órgano jurisdiccional considera que: i) respecto a la acreditación del hecho, no fue objeto de controversia, ii) en cuanto a la acreditación de la infracción, contrario a lo que sostiene el actor, el Tribunal Local sí podía determinar si se vulneraba o no el interés superior de los menores de edad, porque tal como lo estableció la responsable, la publicación denunciada se trata de propaganda electoral, toda vez que se identifica a Jorge Balderas como candidato a diputado local por el distrito 26, postulado por ESO, aunado a ello, advirtió que se observó una menor de edad plenamente identificable, sin que ello fuera controvertido frontalmente por la parte actora, y iii) en relación a la responsabilidad de dicha infracción y la multa que le fue impuesta al candidato denunciado, no fueron controvertidas en el presente asunto.
Apartado II. Desarrollo o justificación de la decisión
1.1 Marco normativo sobre el interés superior de la infancia
La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material[8].
El derecho a la propia imagen constituye uno de los derechos inherentes de la persona, que le permite disponer de su apariencia; considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana, porque puede reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que lo lesione[9].
Si bien, no es un derecho absoluto, tendría que justificarse su intromisión por un interés público, o bien, cuando se cuente con el consentimiento u autorización de la persona[10].
Estos límites sobre la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona, tratándose de personas infantes o adolescentes, exige una protección reforzada debido al interés superior de estas personas.
Ahora bien, la normativa establece que el interés superior de la infancia y adolescencia es un principio constitucional y convencional de interpretación que, ante la toma de una decisión que involucre a estas personas, debe evaluar y ponderar las posibles repercusiones en sus derechos y asegurar una protección plena (artículo 4 de la Constitución General[11] y artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes[12]).
Dicho principio exige la prevalencia de los derechos de las personas infantes o adolescentes frente a cualquier otro interés, por lo que, ante un conflicto, se debe ponderar por encima de cualquier otro ese derecho[13].
Así, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que la infancia tiene derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten (artículo 3[14]).
De modo que, cualquier medida o decisión pública que pueda postularlos, requiere adoptar medidas reforzadas o gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad[15].
Por eso, las autoridades del Estado deben garantizar y sancionar aquellas intromisiones arbitrarias e ilegales en la intimidad de la infancia y adolescencia, que atenten contra su honra, imagen y reputación.
Así, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera una violación a su intimidad, cualquier manejo directo de su imagen en los medios de comunicación con una concesión o medios impresos (artículo 77[16]).
Asimismo, dicha ley considera una vulneración a la intimidad de las personas infantes y adolescentes, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, bien porque menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o los ponga en riesgo.
Los Lineamientos obligan a que, en cualquier acto, mensaje o medio de difusión de propaganda político-electoral que involucre a personas infantes y adolescentes, ya sea de manera directa o incidental, debe existir el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad debe suplirlos.
Al igual, deben contar con las manifestaciones de las personas infantes o adolescentes sobre su opinión libre e informada respecto a la propaganda en la que participen.
En caso de que no se tenga esa documentación, independientemente si la aparición fue directa o incidental, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a las personas infantes o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad[17].
Las referidas directrices tienen por objeto que este grupo poblacional no sea objeto de abusos o arbitrariedades en el uso de su imagen y siempre conozca los alcances de su aparición en los promocionales, lo que debe ser autorizado por quienes ejerzan la patria potestad o de sus representantes legales o, en su defecto, se difumine o haga irreconocible la imagen para proteger su dignidad y derechos.
1.2 Marco normativo sobre propaganda que debe revisarse en el ámbito político o electoral
En efecto, de acuerdo con la doctrina judicial del máximo Tribunal de la materia[18], en asuntos de materia político-electoral (que son los únicos en los cuales existe competencia del Tribunal Electoral para conocer), cuando en los actos o propaganda política o electoral aparecen personas infantes o adolescentes, se les debe garantizar su derecho a la imagen, intimidad y al honor.
Esto es, si en actos político o electorales se afectan los derechos de la infancia y adolescencia, los Tribunales Electorales pueden conocer de las controversias para verificar dicha afectación.
Supuesto que, lógicamente, tiene como requisito previo que, en el asunto de que se trate, la propaganda denunciada sea de tipo político-electoral.
De otra manera, sería como aceptar que un Tribunal Local pudiera analizar propaganda con infantes anunciando cualquier producto infantil (pañales, juguetes, etc.), desvinculado con propaganda política-electoral.
Todo esto, es un contexto, que es importante puntualizar, ya que la doctrina judicial del máximo Tribunal de la materia ha distinguido entre distintos tipos de propaganda, gubernamental, política o electoral, (aunque en ocasiones un acto pueda estar en más de un tipo de propaganda).
La propaganda gubernamental se refiere a mensajes de informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público[19].
La propaganda política consiste, esencialmente, en presentar la actividad de personas servidoras públicas o ciudadanas, con la difusión de ideología, principios, valores, o bien, los programas de un partido político, en general, para generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o bien, realizar una invitación a la ciudadanía a formar parte de este, con el objeto de promover la participación del pueblo en la vida democrática del país o incrementar el número de sus afiliados[20].
La propaganda electoral atiende a la presentación de una propuesta específica de campaña o plataforma electoral o bien, a aquellos que, en período próximo o concreto de campaña del proceso electoral respectivo, tienen como propósito presentar y promover, ante la ciudadanía, una candidatura o partido político para colocarlo en las preferencias electorales[21].
De ahí que, pueda concluirse que la propaganda en general (por ejemplo, la comercial), gubernamental, política y la electoral, no deben entenderse, necesariamente, con la misma finalidad y, en consecuencia, las autoridades electorales sólo tienen competencia para conocer de las posibles conductas infractoras cuando esas infracciones tengan consecuencias que incidan o puedan incidir en el ámbito político o electoral, por ejemplo, cuando impulsa una política pública o transciende a un proceso comicial.
2. Caso concreto
En el caso, el asunto se originó con la denuncia presentada por MC contra el entonces candidato a diputado local por el distrito 26, postulado por ESO, Jorge Balderas, por la difusión de propaganda electoral en su cuenta personal de Facebook, en la que aparecen menores de edad, sin cumplir con los Lineamientos.
En su oportunidad, el Tribunal de Nuevo León, en lo que interesa, multó con $5,428.50, al entonces candidato a diputado local por el distrito 26, postulado por ESO, Jorge Balderas, por la difusión de propaganda electoral en su cuenta personal de Facebook, en la que aparecen menores de edad, sin cumplir con los Lineamientos.
Además, alega que tampoco emitió alguna frase o expresión tendente a influir en las preferencias electorales, como lo sería el llamamiento en favor o en contra de un determinado partido político o candidatura, ni se realizaron expresiones positivas o negativas que orienten al electorado respecto de una determinada opción política, así como tampoco se observa algún logotipo, lema o frase que permitiera identificarlo como candidato en el proceso electoral en curso.
3. Valoración
3.1. Esta Sala Monterrey considera que no tiene razón la parte actora porque, contrario a lo que sostiene, el Tribunal Local sí podía determinar si se vulneraba o no el interés superior de los menores de edad porque, tal como concluyó la responsable, en la publicación denunciada se observa, en todo momento, el nombre del denunciado y la candidatura por la cual contiende, así como el municipio, tanto en la descripción de la publicación como en la propaganda utilitaria que es visible en las imágenes de la publicación y el logotipo de ESO, razones por las que concluyó que se trataba de propaganda electoral, aunado a ello, concluyó que en dicha imagen se desprende la aparición de una menor de edad, la cual, por la posición en la que se encuentra respecto a la cámara, hace posible al espectador identificar sus rasgos fisionómicos y, en consecuencia, su identidad, sin que ello fuera controvertido frontalmente por la parte actora.
En ese sentido, esta Sala Monterrey considera correcta la determinación del Tribunal de Nuevo León porque, como se mencionó en el marco normativo, la propaganda electoral atiende a la presentación de una propuesta específica de campaña o plataforma electoral o bien, a aquellos que, en período próximo o concreto de campaña del proceso electoral respectivo, tienen como propósito presentar y promover, ante la ciudadanía, una candidatura o partido político para colocarlo en las preferencias electorales, características que se cumplen en la publicación denunciada, tal como se muestra a continuación:
Además, en todo caso, el actor se limita a alegar que en la publicación denunciada no se observa algún logotipo, lema o frase que permitiera identificarlo como candidato en el proceso electoral en curso, sin controvertir las razones por las cuales el Tribunal Local determinó que se acreditaba la existencia de la infracción consistente en la difusión de propaganda electoral en la que aparecen menores de edad, sin cumplir con los Lineamientos, de ahí que no tenga razón.
Por lo expuesto y fundado se:
Resuelve
Único. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la resolución controvertida.
En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.
Notifíquese como en derecho corresponda.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.