JUICIO GENERAL

EXPEDIENTE: SM-JG-37/2025

PARTE ACTORA: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: SIGRID LUCIA MARÍA GUTIÉRREZ ANGULO Y GERARDO ALBERTO CENTENO ALVARADO

COLABORÓ: DAVID ALEJANDRO GARZA SALAZAR

Monterrey, Nuevo León, a 7 de mayo de 2025.

Sentencia de la Sala Monterrey que revoca la resolución del Tribunal de Nuevo León que declaró la inexistencia de la infracción consistente en la difusión de propaganda electoral en la que aparecen menores de edad, sin cumplir con los Lineamientos, atribuida al entonces candidato de MC a diputado local, Baltazar Martínez, al estimar que no eran reconocibles, de manera nítida y sin ambigüedades, el rostro de las personas menores de edad en las imágenes denunciadas.

Lo anterior, porque este órgano jurisdiccional considera que, contrario a lo determinado por el Tribunal Local, de las imágenes denunciadas, contenidas en la carpeta de investigación del procedimiento sancionador, sí es posible advertir los rasgos fisionómicos de las personas menores de edad y, por tanto, se acredita el criterio de recognoscibilidad.

Glosario

Competencia y procedencia

1. Competencia. Esta Sala Regional es formalmente competente para conocer del presente juicio, porque se controvierte una resolución del Tribunal Local que declaró la inexistencia de la infracción consistente en la difusión de propaganda electoral en la que aparecen menores de edad, sin cumplir con los Lineamientos, atribuida al entonces candidato de MC a una diputación local en Nuevo León, entidad federativa que forma parte de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que este órgano colegiado ejerce jurisdicción[1].

2. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos expuestos en el acuerdo de admisión[2].

Antecedentes[3]

I. Hechos contextuales y origen de la controversia

1. El 4 de octubre de 2023, dio inicio el proceso electoral para renovar el Congreso del Estado de Nuevo León.

Al respecto, se estableció que el periodo de campañas se llevaría a cabo del 31 de marzo al 29 de mayo de 2024[4].

2. El 30 de marzo, el Instituto Local aprobó el registro de Baltazar Martínez, como candidato postulado por MC para una diputación local.

3. El 6 de abril, Baltazar Martínez publicó diversas fotografías en su perfil de Facebook, en las que, a decir del impugnante, se advierte la presencia de menores de edad, sin el rostro difuminado, a fin de hacerlo irreconocible.

II. Procedimientos especiales sancionadores

1. El 8 y 15 de abril, el PAN presentó denuncias contra Baltazar Martínez por la presunta difusión de propaganda electoral en la que aparecían menores de edad sin cumplir con los Lineamientos, derivado de la publicación en su perfil de Facebook referida en el numeral anterior, así como en contra MC por faltar a su deber de cuidado respecto al actuar de su candidatura.

2. El 9 y 16 de abril, la Dirección Jurídica admitió a trámite las denuncias[5], ordenando su acumulación el 26 siguiente.

3. Una vez concluido el trámite de los PES, el 3 de marzo de 2025, la Dirección Jurídica lo remitió al Tribunal Local para su resolución.

4. El 27 de marzo siguiente, el Tribunal de Nuevo León se pronunció en los términos que se precisan al inicio del apartado siguiente, lo cual constituye la determinación impugnada en el presente juicio.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. En la resolución impugnada[6], el Tribunal de Nuevo León declaró la inexistencia de la infracción atribuida al entonces candidato a diputado local, Baltazar Martínez, así como a MC, consistente en la difusión de propaganda electoral en la que aparecen menores de edad, sin cumplir con los Lineamientos, al estimar que no eran reconocibles, de manera nítida y sin ambigüedades, el rostro de las personas menores de edad en las imágenes denunciadas.

2. Pretensión y planteamientos. El impugnante pretende que esta Sala Monterrey revoque la resolución impugnada al considerar, esencialmente, que: i) el Tribunal Local desestimó la denuncia con base en un argumento subjetivo e insuficiente, al limitarse a señalar que los menores de edad no fueron identificables por la lejanía de la toma de las imágenes cuestionadas, asimismo refiere que debió realizarse un análisis técnico para determinar la identificabilidad y ii) se dejaron de estudiar y analizar hechos, argumentos, pruebas y diversas disposiciones legales, a efecto de acreditar la infracción denunciada, además, el hecho de que una magistrada haya votado en contra de la sentencia controvertida, evidencia la necesidad de un análisis más exhaustivo y reforzado, aunado a que, contrario a lo determinado, sí es posible advertir los rostros y rasgos fisionómicos de los referidos menores.

3. Cuestión a resolver. Determinar si, a partir de lo considerado por el Tribunal Local y los planteamientos de la parte actora: ¿fue correcto que la responsable concluyera la inexistencia de la infracción consistente en la difusión de propaganda política en la que aparecen menores de edad, sin cumplir con los Lineamientos, bajo el argumento de que, dado que las tomas de cámara son alejadas, los rostros de los referidos menores son irreconocibles?

Apartado I. Decisión

Esta Sala Monterrey considera que debe revocarse la resolución del Tribunal de Nuevo León que declaró la inexistencia de la infracción consistente en la difusión de propaganda electoral en la que aparecen menores de edad, sin cumplir con los Lineamientos, atribuida al entonces candidato de MC a diputado local, Baltazar Martínez, al estimar que no eran reconocibles, de manera nítida y sin ambigüedades, el rostro de las personas menores de edad en las imágenes denunciadas.

Lo anterior, porque este órgano jurisdiccional considera que, contrario a lo determinado por el Tribunal de Nuevo León, de las imágenes denunciadas, contenidas en la carpeta de investigación del procedimiento sancionador, sí es posible advertir los rasgos fisionómicos de las personas menores de edad y, por tanto, se acredita el criterio de recognoscibilidad.

Apartado II. Desarrollo o justificación de la decisión

1.1. Marco normativo sobre el interés superior de la infancia

La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material[7].

El derecho a la propia imagen constituye uno de los derechos inherentes de la persona, que le permite disponer de su apariencia; considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana, porque puede reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que lo lesione[8].

Si bien, no es un derecho absoluto, tendría que justificarse su intromisión por un interés público, o bien, cuando se cuente con el consentimiento u autorización de la persona[9].

Estos límites sobre la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona tratándose de personas infantes o adolescentes exige una protección reforzada debido al interés superior de estas personas.

Ahora bien, la Constitución General establece que el interés superior de la infancia y adolescencia es un principio constitucional y convencional de interpretación que, ante la toma de una decisión que involucre a éstas personas, debe evaluar y ponderar las posibles repercusiones en sus derechos y asegurar una protección plena (artículo 4 de la Constitución General[10] y artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes[11]).

Dicho principio exige la prevalencia de los derechos de las personas infantes o adolescentes frente a cualquier otro interés, por lo que ante un conflicto se debe ponderar por encima de cualquier otro ese derecho[12].

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que la infancia tiene derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten (artículo 3[13]).

De modo que, cualquier medida o decisión pública que pueda postularlos, requiere adoptar medidas reforzadas o gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad[14].

Por eso, las autoridades del Estado deben garantizar y sancionar aquellas intromisiones arbitrarias e ilegales en la intimidad de la infancia y adolescencia, que atenten contra su honra, imagen y reputación.

Así, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera una violación a su intimidad, cualquier manejo directo de su imagen en los medios de comunicación con una concesión o medios impresos (artículo 77[15]).

Asimismo, dicha ley considera una vulneración a la intimidad de las personas infantes y adolescentes, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, bien porque menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o los ponga en riesgo.

Los Lineamientos obligan a que, en cualquier acto, mensaje o medio de difusión de propaganda político-electoral que involucre a personas infantes y adolescentes, ya sea de manera directa o incidental, debe existir el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad debe suplirlos.

Al igual, deben contar con las manifestaciones de las personas infantes o adolescentes sobre su opinión libre e informada respecto a la propaganda en la que participen.

En caso de que no se tenga esa documentación, independientemente si la aparición fue directa o incidental, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a las personas infantes o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad.[16]

Las referidas directrices tienen por objeto que este grupo poblacional no sea objeto de abusos o arbitrariedades en el uso de su imagen y siempre conozca los alcances de su aparición en los promocionales, lo que debe ser autorizado por quienes ejerzan la patria potestad o de sus representantes legales o, en su defecto, se difumine o haga irreconocible la imagen para proteger su dignidad y derechos.

1.2. Marco normativo sobre propaganda que debe revisarse en el ámbito político o electoral

En efecto, de acuerdo con la doctrina judicial del máximo Tribunal de la materia[17], en asuntos de materia político-electoral (que son los únicos en los cuales existen competencia del Tribunal electoral para conocer), cuando en los actos o propaganda política o electoral aparecen menores de edad, se les debe garantizar su derecho a la imagen, intimidad y al honor.

Esto es, si en actos políticos o electorales se afectan los derechos de la niñez, los Tribunales Electorales pueden conocer de las controversias para verificar dicha afectación.

Supuesto que, lógicamente, tiene como requisito previo que en el asunto de que se trate, la propaganda denunciada sea de tipo político-electoral.

Todo esto, es un contexto, que es importante puntualizar, puesto que la doctrina judicial del máximo Tribunal de la materia ha distinguido entre distintos tipos de propaganda, gubernamental, política o electoral, (aunque en ocasiones un acto pueda estar en más de un tipo de propaganda).

La propaganda gubernamental se refiere a mensajes de informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público[18].

La propaganda política consiste, esencialmente, en presentar la actividad de un servidor o persona con la ciudadanía, con la difusión de ideología, principios, valores, o bien, los programas de un partido político, en general, para generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o bien, realizar una invitación a los ciudadanos a formar parte de este, con el objeto de promover la participación del pueblo en la vida democrática del país o incrementar el número de sus afiliados[19].

La propaganda electoral atiende a la presentación de una propuesta específica de campaña o plataforma electoral o bien, a aquellos que, en período próximo o concreto de campaña del proceso electoral respectiva, tienen como propósito presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o partido político para colocarlo en las preferencias electorales[20].

De ahí que, pueda concluirse que la propaganda en general, (por ejemplo, la comercial), gubernamental, política y la electoral, no deben entenderse, necesariamente, con la misma finalidad y, en consecuencia, las autoridades electorales sólo tienen competencia para conocer de las posibles conductas infractoras cuando esas infracciones tengan consecuencias que incidan o puedan incidir en el ámbito político o electoral, por ejemplo, cuando impulsa una política pública o transciende a un proceso comicial.  

2. Caso concreto

El asunto se originó con las denuncias interpuestas por el PAN contra el entonces candidato a diputado local de MC, Baltazar Martínez, por la presunta difusión de propaganda electoral en la que aparecían menores de edad, sin cumplir con los Lineamientos, derivado de la publicación de diversas imágenes en su perfil de Facebook, así como en contra del partido, por faltar a su deber de cuidado respecto del actuar de su candidatura.

En su oportunidad, el Tribunal de Nuevo León declaró la inexistencia de la referida infracción, al considerar que no se advertían los rasgos fisionómicos de las personas menores de edad en las imágenes denunciadas.

Frente a ello, el impugnante alega, en esencia, que fue indebido el actuar del Tribunal Local porque: i) la responsable desestimó la denuncia con base en un argumento subjetivo e insuficiente, al limitarse a señalar que los menores de edad no fueron identificables por la lejanía de la toma de las imágenes cuestionadas, asimismo, refiere que debió realizarse un análisis técnico para determinar la identificabilidad y ii) se dejaron de estudiar y analizar hechos, argumentos, pruebas, así como diversas disposiciones legales, a efecto de acreditar la infracción denunciada, además, el hecho de que una magistrada haya votado en contra de la sentencia controvertida, evidencia la necesidad de un análisis más exhaustivo y reforzado, aunado a que, contrario a lo determinado, sí es posible advertir los rostros y rasgos fisionómicos de los referidos menores.

3. Valoración

3.1. Al respecto, esta Sala Monterrey considera que tiene razón la parte actora porque, contrario a lo determinado por el Tribunal Local, del análisis de las imágenes denunciadas, las cuales se encuentran en el expediente, sí es posible advertir los rasgos fisionómicos de las personas menores de edad y, en consecuencia, sí resultan identificables.

En efecto, la responsable señaló que, al analizar las distintas imágenes denunciadas no se cumplió con el criterio de recognoscibilidad, en los términos establecidos por la Sala Superior pues, en la publicación referida por el partido impugnante, se observan cuatro tomas aéreas, sin que se aprecien de forma nítida y sin ambigüedades los rostros de las personas menores de edad y, en otra imagen, tampoco resultan identificables, ya que dichas personas se encuentran de perfil, por lo que su rostro no queda expuesto de forma frontal y directa, haciendo imposible el reconocerles.

Para llegar a dicha conclusión, el Tribunal Local analizó las imágenes contenidas en ambas denuncias, las cuales se ilustran a continuación:

Asimismo, el Tribunal de Nuevo León señaló que, a partir del análisis de las imágenes denunciadas, desde una perspectiva semejante al que realizarían los usuarios de redes sociales a quienes se dirigen los mensajes y sin emplear instrumentos o técnicas para ampliarla, lo procedente era concluir que las personas menores de edad no eran plenamente identificables, por lo que la infracción atribuida al entonces candidato resultaba inexistente.

Además, la responsable refirió que la identificación de dichos menores solo podría ser posible si se emplearan herramientas para aumentar el tamaño de la imagen, sin que ello implique distorsionarla, así como proceder a la edición y limpieza de la fotografía con algún software de diseño, modificando el brillo, el contraste, la saturación y el color, por lo que concluyó que no fue posible identificarlos en una reproducción ordinaria del video, tal como lo establece la Sala Superior.

Ahora bien, es preciso señalar que de las constancias que obran en autos, se advierte que, la Encargada de despacho de la Dirección Jurídica comisionó al personal del Instituto Local para realizar el almacenamiento en un disco compacto de las imágenes íntegras relacionadas con los hechos denunciados, tal y como fueron localizadas en la red social señalada por la parte denunciante[21].

Por lo que, la analista adscrita a la Dirección Jurídica levantó el acta correspondiente[22], a fin de dejar constancia de las imágenes íntegras materia del procedimiento sancionador, tal y como fueron localizadas en la red social señalada por el PAN, las cuales se adjuntan a continuación:

Nota: los círculos en color azul fueron insertados por el secretariado del presente proyecto de sentencia.

De lo anterior, se advierte que, contrario a lo decidido por el Tribunal Local, los rostros de las personas menores de edad son identificables, aunado a que se omitió analizar la imagen identificada con el número 5, en la cual, también es posible advertir el rostro de una persona menor de edad.

Además, contrario a lo concluido por el Tribunal de Nuevo León, el material denunciado se trató de la publicación de diversas imágenes y no de un video, por lo que no existía la necesidad de hacer una reproducción en velocidad ordinaria, sino que debió advertir que, al analizar las constancias que integran el expediente, es posible apreciar, de forma clara, el rostro de las personas menores de edad en las imágenes cuestionadas, por lo que el sujeto denunciado estuvo en posibilidad de difuminar o hacer irreconocibles a los referidos menores, previo a su difusión, tal como lo hizo en la imagen identificada con el número 3 del recuadro anterior.

Finalmente, dado que el PAN alcanzó su pretensión de revocar la resolución impugnada, resulta innecesario el análisis del resto de los planteamientos expuestos por el partido accionante, ya que obtuvo el mayor beneficio con el estudiado, en primer término, en el presente fallo.

Apartado III. Efectos

1. Se revoca la resolución controvertida.

2. Se ordena al Tribunal de Nuevo León emita una nueva determinación en la que analice la totalidad de las imágenes denunciadas descritas en la diligencia de 9 de diciembre de 2024 y resuelva conforme a Derecho corresponda.

Hecho lo anterior, deberá informar lo conducente a esta Sala Regional, inmediatamente a que emitan la determinación que se mandata, a través de la cuenta de correo institucional de esta Sala Regional: cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx; con la correspondiente firma electrónica, o bien, enviando las constancias atinentes por la vía más expedita.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

Único.  Se revoca la determinación impugnada, para los efectos precisados en el presente fallo.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho y el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.