Monterrey, Nuevo León, a cuatro de agosto de dos mil quince.

Sentencia definitiva que decreta la nulidad de la elección de diputados federales de mayoría relativa correspondiente al 01 distrito electoral federal en el estado de Aguascalientes, con sede en Jesús María, y revoca la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Revolucionario Institucional, pues se acredito que la intervención del gobernador de la citada entidad federativa, constituyó una violación sustancial, generalizada y determinante para los comicios respectivos.

GLOSARIO

1. ANTECEDENTES DEL CASO

1.1. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince tuvo lugar la elección de diputados por ambos principios, para integrar la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.

1.2. Cómputo Distrital. En sesión que inició el diez de junio y concluyó el once siguiente, el Consejo Distrital efectuó el cómputo de la elección de diputados federales en Jesus Maria, Aguascalientes, en el que la fórmula postulada por el PRI obtuvo el triunfo, al tener la mayor votación (32, 168 votos) [1].

Asimismo, el Consejo Distrital declaró la validez de la elección y expidió la constancia de mayoría correspondiente a la fórmula ganadora

1.3. Juicio de inconformidad. Contra lo anterior, el quince de junio, el PAN promovió juicio de inconformidad ante el Consejo Distrital, en el que solicita la nulidad de votación recibida en casilla, así como la nulidad de elección.

2. COMPETENCIA

Esta sala regional es competente para resolver el presente asunto, en virtud de que se impugnan los resultados del Cómputo Distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, actos relacionado con la elección de diputados federales de mayoría relativa en el 01 distrito electoral federal en Aguascalientes, con cabecera en Jesús María.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 195, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 53, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA

Esta sala regional estima que se cumplen los requisitos de procedibilidad previstos de manera general para todos los medios de impugnación en los artículos 8, 9, así como los específicos del juicio de inconformidad que establecen los diversos numerales 52, párrafo 1, y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, como se evidencia a continuación.

3.1. Forma. El juicio se presentó por escrito ante la autoridad señalada como responsable, consta la denominación del partido actor, así como el nombre y firma de quien promueve en su representación, se identifica el acto impugnado, se mencionan hechos y agravios, así como los artículos supuestamente violados.

3.2. Oportunidad. El medio de impugnación fue promovido dentro del plazo legal de cuatro días, pues el Cómputo Distrital concluyó el once de junio del año en curso, y la demanda fue presentada el quince posterior.

3.3. Legitimación. En la especie se cumple, dado que el juicio de inconformidad fue promovido por un partido político, conforme a lo previsto en el artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

3.4. Personería. Se tiene por satisfecho el requisito de la personería de Ma. Leticia Ramírez Alba, quien promueve como representante propietaria del PAN ante el Consejo Distrital, lo cual es reconocido por la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado.

3.5. Elección que se impugna e individualización del acta de cómputo distrital. Se satisface tal circunstancia en ambos casos, ya que el partido actor señala que impugna la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como el cómputo realizado por el Consejo Distrital.

3.6. Individualización de las casillas y la causal que se invoque para cada una. El partido actor solicita se declare la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, invocando las causales que para tal efecto considera actualizadas, así como las razones para ello.

Ahora bien, esta sala regional estima que no es dable atender el planteamiento invocado por el PRI, relativo a que debe declararse improcedente el juicio de inconformidad en razón que las casillas impugnadas fueron objeto de recuento en el Consejo Distrital por lo que, afirma, “no hay causa objetiva de anulación de las 65 casillas que solicita en [el punto] petitorio cuarto [de la demanda]”. Lo anterior, toda vez que la determinación respecto a si debe anularse o no la votación recibida en los centros de recepción de sufragios objetados no es una cuestión referida a la procedencia del juicio, sino que constituye precisamente el estudio de fondo de la controversia planteada.

4. ESTUDIO DE FONDO

4.1. Planteamiento del caso

El PAN solicita la nulidad de la votación en diversas casillas, haciendo valer las causales previstas en el artículo 75, incisos a), d), e), f), g), i) y k), de la Ley de Medios[2], al señalar, esencialmente las siguientes irregularidades:

      La instalación de los centros de votación se hizo en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital;

      La votación se recibió en fecha distinta, puesto que las casillas fueron instaladas antes de la hora legalmente establecida, o el cierre y clausura de las mismas aconteció en horarios no permitidos por la ley;

      Error o dolo en la computación de los votos, por la existencia de errores o inconsistencias en las actas respectivas;

      Indebida integración de las mesas directivas de casilla, pues la votación la recibieron personas u órganos distintos a los autorizados para ello;

      Se ejerció violencia o presión sobre los electores, por la presencia de servidores públicos “en las inmediaciones de las casillas”, así como otra serie de irregularidades que identifica como “compra de votos”, “acarreo de votantes”, así como presencia de militantes priistas en diversas casillas con la intención de coaccionar el voto de los electores a través de lo que denomina “marea roja”;

También señala que acontecieron una serie de irregularidades el día de la jornada electoral que, en su opinión, actualizan causales de nulidad de elección, como la participación indebida del gobernador del estado de Aguascalientes y funcionarios públicos en el distrito, condicionamiento de entrega de programas sociales a cambio de que se votara por el PRI, acceso inequitativo a medios de comunicación y compra de votos.

Además señala que el PRI realizó una campaña ilegal de “propaganda negra” para denigrar y calumniar al candidato del PAN Asimismo, refiere que el candidato ganador de la elección rebasó el tope de gastos de campaña fijado por el Consejo General, al haber realizado gastos que no fueron informados ni fiscalizados por la autoridad electoral, los que sumados a las erogaciones que ejerció hasta por la cantidad equivalente al tope de gastos de campaña conlleva que deba anularse la elección al actualizarse la causal prevista en el artículo 41, base VI, de la Constitución Federal[3].

Finalmente, aduce la existencia de irregularidades en la sesión de cómputo distrital, al considerar que de manera indebida el Consejo Distrital atendió la petición planteada por el propio PAN, de realizar el recuento de votos de la totalidad de las casillas, sin previamente haber agotado el procedimiento previsto legalmente para desarrollar el Cómputo Distrital.

Al respecto, esta sala regional estima que el análisis de las irregularidades invocadas tendrá que hacerse atendiendo a la causal de nulidad de votación recibida en casilla o hipótesis de invalidez de elección que al efecto resulte aplicable, aun cuando el actor estime que se actualiza una diversa. Lo anterior, toda vez que este órgano jurisdiccional tiene la obligación de resolver los asuntos que se sometan a su potestad, tomando en consideración los preceptos legales que resulten aplicables al caso concreto, cuando las partes hayan omitido citarlos o lo hayan hecho de manera equivocada, según lo prevé el numeral 23, párrafo 3, de la Ley de Medios.

Una vez expuestos los motivos de disenso, esta autoridad considera pertinente atender el planteamiento de nulidad de la elección referente a la indebida participación del gobernador del estado de Aguascalientes y funcionarios públicos en el distrito el día de la jornada electoral, pues su estudio es preferente, dado a que se estima que le asiste la razón al justiciable y el análisis de esta inconformidad le reporta el mayor beneficio en tanto atiende el núcleo de la irregularidad[4].

5.3. Causas de nulidad de la elección

De conformidad con el artículo 78 de la Ley de Medios, para configurar la causa de nulidad genérica de la elección es preciso que se acredite:

a.     La existencia de violaciones plenamente acreditadas;

b.     Que estas sean sustanciales;

c.     Que estas se hayan cometido de manera generalizada;

d.     Que hayan tenido verificativo durante la jornada electoral o que sus efectos se hayan actualizado el día de la elección;

e.     Que las violaciones sustanciales se hayan cometido en el ámbito territorial en el que se realizó la elección respectiva;

f.       Que sean determinantes[5].

Una vez sentado lo anterior, a continuación se analizan el planteamiento del partido actor.

5.3.1. Indebida intervención del gobernador de Aguascalientes en el proceso electoral el día de la jornada

El PAN señala, en el punto décimo primero de la demanda, que el día de la jornada electoral se presentaron diversas irregularidades graves, sustanciales y de forma generalizada, tendentes a generar presión y coacción sobre los electores. Entre dichas anomalías, señala lo que considera hechos relacionados con “la violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, debido a la participación del gobernador del estado de Aguascalientes […] el día de la jornada electoral […] utilizando un vehículo oficial para el traslado de funcionarios públicos y candidatos del PRI”.

La presunta violación a los principios de imparcialidad y equidad, el PAN la sustenta sobre la base de que en un autobús del gobierno estatal se trasladaron tanto el gobernador de la entidad como diversos funcionarios públicos, acompañados de los candidatos del PRI.

En efecto, el partido actor señala, por una parte, que se ejerció presión sobre el electorado, por parte del gobernador estatal, a través del “recorrido” que realizó el día de la jornada electoral acompañado de funcionarios públicos y de los candidatos del PRI, “utilizando un vehículo propiedad del gobierno del estado, lo que implica […] el uso o desvío de recursos públicos por parte del gobernador”, así como la generación de presión sobre los electores.

Cabe señalar que el accionante manifiesta que estas conductas tuvieron lugar en las secciones 338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 y 354[6].

En ese orden de ideas, lo procedente es verificar si tal conducta actualiza los elementos de la causal de nulidad de la elección en estudio.

5.3.1.1. Conductas acreditadas

5.3.1.1.1. Cuestión previa: carga probatoria

Si bien de conformidad con el artículo 15, párrafo 1, de la Ley de Medios la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos,  también lo es que por virtud de del artículo 17 Constitucional todos los juzgadores tienen el deber de resolver los asuntos que se someten a su consideración buscando cerrar la brecha entre la verdad jurídica y la fáctica.

En ese sentido, el deber de proveer una justicia completa faculta a los jueces para averiguar la verdad en tanto sea conducente para el conocimiento de los hechos cuestionados y siempre que no lesionen el derecho de las partes, procurando su igualdad.

Tal potestad reviste especial relevancia tratándose de litigios de interés público, como lo son los vinculados a los procesos electorales, donde lo que se debate es la definición de las autoridades y los puestos de elección popular. En esos casos, la posibilidad de allegarse de elementos para determinar la validez de los comicios constituye una atribución que resulta crucial como instrumento para hacer respetar la voluntad popular y para proteger de los principios dispuestos para garantizarla, en una sociedad democrática.

En el presente caso, no puede sostenerse que el actor tenga una carga probatoria de una magnitud que impida a este órgano jurisdiccional apreciar otros elementos, no señalados por el enjuiciante, que permitan tener un conocimiento más fidedigno de los sucesos que rodean las violaciones reclamadas, toda vez que:

‎‎a) Los hechos ilícitos se atribuyen a un personaje público, en este caso el gobernador constitucional del estado de Aguascalientes.

b) El asunto a resolver presenta un alto grado de relevancia pública, pues consiste en determinar si a causa de las anomalías alegadas debe anularse o no una elección de un representante popular.

c) La información de la cual esta sala regional se allegará de manera adicional a la que obra en autos, está al alcance del público en general, constituyendo lo que generalmente se conoce como hecho notorio, pues aparece publicada en sitios de internet oficiales o bien destinados a informar a la ciudadanía sobre acontecimientos relevantes de los asuntos públicos de su entidad, tales como: portales de sitios de noticias, la página oficial del Gobierno del Estado de Aguascalientes, la cuenta de Twitter del mandatario estatal y de Radio y Televisión de Aguascalientes.

Bajo este contexto, se estima que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como un órgano al cual la Constitución Federal le ha encomendado la resolución de las impugnaciones presentadas sobre los comicios por los que la ciudadanía elige a sus representantes, no puede ceñirse únicamente a la información allegada por las partes, a grado tal que se encuentre impedida incluso para consultar información pública en internet.

5.3.1.1.2. Análisis probatorio

Como se adelantó, la afirmación de hecho que el PAN busca probar es la referente a que el día de la jornada electoral, en el distrito 01 de Aguascalientes (elemento temporal), el gobernador de ese estado (elemento personal), acompañó a los candidatos a diputados federales en esa territorialidad —entre estos al candidato aquí cuestionado Gregorio Zamarripa Delgado— y a otros servidores públicos, a diversos centros de votación, trasladándose en un autobús del gobierno de esa entidad, a efecto de generar un efecto electoral favorable para dichos contendientes, con lo cual se separó del deber de neutralidad e imparcialidad que recaía en su investidura y, en consecuencia, afectó la equidad, legalidad y certeza de los comicios (elemento subjetivo).

Para acreditar tal aserto acompañó dos videos, así como diversas imágenes que inserta en la demanda y que son extraídas del contenido de esas grabaciones.

Cabe resaltar que si bien es cierto conforme a la jurisprudencia 4/2014[7], las pruebas técnicas (como los videos) por sí solas son insuficientes para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen —en atención a que dada su naturaleza son fáciles de confeccionar y modificar, existiendo dificultad para detectar si fueron objeto de falsificación o alteración—, lo cierto es que tal consideración no puede ser aplicable a aquellas probanzas técnicas que retratan hechos notorios, esto es, sucesos que fueron objeto de deliberación pública o bien fueron reportados por los medios de comunicación, de manera que el contexto de los acontecimientos permita corroborar la veracidad de aquello que se retrata en un video; circunstancia que además es congruente con la facultad legal del juzgador de otorgar valor probatorio pleno a un medio de convicción, a partir de la verdad conocida, así como las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, de conformidad con el artículo 16, párrafos 1 y 3, de la Ley de Medios.

Así, un hecho notorio lo constituye cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse una decisión judicial y puede ser invocado de oficio por el órgano resolutor[8].

En el caso concreto, en primer término es un hecho notorio[9] que el día siete de junio de dos mil quince el gobernador el estado de Aguascalientes tenía programado acudir a sufragar a las diez de la mañana en la casilla ubicada en la calle Galeana esquina con Epifanio Silva, en la Colonia Obraje, según se deprende de su agenda publicada en la dirección electrónica: http://a-gobags.blogspot.mx/2015/06/agenda-del-gobernador-domingo-7-de.html

A partir de tal información, es posible conocer que el referido funcionario sufragaba en la casilla 198 B del distrito 03 de Aguascalientes, pues existe coincidencia entre este domicilio señalado en la citada agenda y la información que se obtiene en el sistema del INE denominado “ubica tu casilla” disponible en http://ubicatucasilla.ine.mx/ lo cual también constituye un hecho notorio.

Enseguida se muestra la imagen relativa a la ubicación de la citada mesa receptora de sufragios:

De los elementos anteriores es posible desprender que, para el día siete de junio, la agenda del gobernador comprendía un desayuno con amigos y vecinos de la colonia Obraje, y posteriormente, alrededor de las diez de la mañana, asistir a votar en la casilla 198 B del distrito 03 de Aguascalientes, con cabecera en Aguascalientes, ubicada en la calle Galeana Sur, Colonia Obraje.

Luego, el video aportado por el PAN, denominado “Comitiva Gober 1”, nos permite conocer que el funcionario en mención también acudió a los centros de votación ubicados en la sección 413 del distrito electoral 01 en Aguascalientes, con sede en Jesús María, es decir, a casillas diversas a aquellas en donde emitiría su voto, ubicadas incluso en un distrito diverso al en que le corresponde para efectos electorales:

En efecto, entre otros elementos, en la citada prueba técnica se observa que los sucesos que retrata tienen lugar en el exterior de una institución educativa, cuyo nombre se aprecia a la entrada de la misma, entre los segundos 00:18 a 00:28 del video, a saber: Colegio Nuevos Horizontes, ubicada en “Prolongación Zaragoza #302, El Llano, Jesús María, Aguascalientes”, según se aprecia de la página electrónica de dicha institución educativa, ubicado (http://www.horizontes.edu.mx/), que es coincidente con el domicilio señalado en el encarte respectivo[10] para las casillas 413-B, 413-C1, 413-C2, 413-C3, 413-C4, 413-C5, 413-C6, 413-C7, en Jesus María.

En el video —que tiene lugar a las afueras de una casilla del distrito 01 de Aguascalientes— también se muestran a otros funcionarios públicos o candidatos, todos personas que pueden considerarse como figuras públicas. En efecto, aparece:

a) Jesus Ríos de Alba, candidato a diputado federal por el distrito electoral 03 en Aguascalientes[11] (minuto 2:25 del video):

b) Mario Luis Ramos Rocha[12], Secretario de Comunicación del Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes (segundo 00:36):

c) Senador del PRI, Miguel Romo Medina[13]:

d) Candidato del PRI al 01 distrito electoral en Aguascalientes, Gregorio Zamarripa:

e) Así como personal del canal de televisión del gobierno del estado “Aguascalientes TV”:

En efecto se muestra a una persona con micrófono y grabadora, portando una camiseta con el logo de dicho canal, cuyo emblema coincide con el que aparece en la página oficial del gobierno de Aguascalientes:

Asimismo, el citado video “Comitiva Gober 1”, también se muestra un autobús, que tiene estampado el escudo del Gobierno del Estado, la dirección electrónica de su portal oficial (www.aguascalientes.gob.mx), el lema “Progreso para todos” y la leyenda “Gobierno de Aguascalientes”.

Enseguida, se muestra que dicho vehículo se estaciona, y a lo lejos comienzan a descender diversas personas que se dirigen al inmueble cercano de la persona que toma la grabación:

Se observa que una de ellas, quien porta lentes obscuros y un saco gris, se trata del Gobernador del Estado de Aguascalientes, cuya identidad es un hecho notorio, por tratarse de un individuo de relevancia pública, máxime que en el propio video se alude a que se trata de ese funcionario.

El gobernador se dirige al individuo que toma el video y le dice: “¿Cuál es tu problema?, ¿Por qué me estás filmando?”; a lo cual se le responde “Estoy filmando la actuación de la jornada electoral, tiene alguna situación, soy representante del Partido Acción Nacional, no sé si cause algún problema que yo esté grabando la situación […] te tengo grabado, yo a ninguna persona estoy agrediendo”, el gobernador responde: “yo no estoy haciendo absolutamente nada fuera de lo normal, entonces no tienes porqué filmarme”.

Se aprecia a varias personas rodeando a quien realiza la videograbación, traen celulares en la mano, cámaras fotográficas o tabletas electrónicas. Se escucha la voz de la persona que realiza la grabación del video, quien señala: “Soy un ciudadano responsable, muchas gracias por atendernos”. Se escucha después una voz en que pregunta: “¿Y qué hace al gobernador ser irresponsable, qué lo hace responsable? Les vamos a ganar mañana”. Quien realiza la videograbación contesta: “Ninguna, simplemente es grabar la situación señores, gracias por atendernos y darnos la importancia, gracias. No, no se preocupen, en eso estamos, gracias. Aquí atendiendo la jornada electoral. Todo en orden señor”. En ese instante, se termina la grabación.

Tal suceso (que se muestra en el video que obra en el expediente) fue del conocimiento público y reportado por diversos medios de comunicación, entre los que enseguida se destacan:

        Metropolitano Online (Por: Lizeth López Velarde Ramírez), con nota de siete de junio: “Se molesta gobernador de Ags al ser grabado acompañando a candidatos priístas a casillas”[14], donde se hace una reseña del evento antes narrado e incluso se difunde el mismo video que obra en autos.

        La Jornada Aguascalientes (Por: Carlos Alonso López), con la nota de ocho de junio: “Pasea el gobernador a los candidatos del Revolucionario Institucional en vehículo oficial”[15], donde se refiere: “…Aguilera, Ríos y Zamarripa pasaron al autobús del gobernador luego de que éste votara. Enseguida hicieron lo propio en las casillas 41 básica, 47 contigua y 413 contigua, respectivamente…”.

        Proceso (por: redacción), con nota del siete de junio: “Gobernador de Aguascalientes lleva a su gabinete a votar en autobús”[16], en la cual se refiere: “Al llegar al Distrito electoral I, al que acudió para acompañar al candidato del PRI, Gregorio Zamarripa, el gobernador fue grabado en video por un ciudadano que se identificó como militante panista, lo que provocó el malestar de Lozano de la Torre y el jefe de prensa del PRI en Aguascalientes, Mario Luis Ramos Rocha, quien insultó al ciudadano”.

        Excélsior (por: redacción), con nota del siete de junio: “Gobernador encara a Militante”[17], en la que se refiere: “A través de redes sociales muestran el momento en que el gobernador del estado de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre enfrenta a un representante del Partido Acción Nacional al momento en que graba su llegada a una casilla electoral a bordo de un vehículo oficial junto con los candidatos de su partido”.

        Línea directa (por: El Univesal), con nota del primero de julio: “Verbena popular para el voto del gobernador”[18].

        Página 24 (por: Liliana Ramírez Macías), con nota de ocho de junio: “Pierde el PRI los Tres Distritos Electorales”[19], en el que se relatan los siguientes hechos relativos al día de la jornada electoral:

A las 8:30 de la mañana, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Francisco Guel Saldívar, ofreció una rueda de prensa junto a los tres candidatos de dicha fuerza política: Gregorio Zamarripa, María de los Ángeles Aguilera y José de Jesús Ríos Alba, donde se dieron a conocer los pormenores del inicio de la jornada electoral, al tiempo que exhortaba a los ciudadanos a acudir a emitir su voto, indicando que en el tricolor “estamos contentos, estamos satisfechos con el trabajo que hicieron nuestros candidatos”.

Posterior a esta rueda de prensa, la dirigencia del PRI acompañó a los tres candidatos a votar, en primera instancia sufragó la candidata del Distrito Dos, María de los Ángeles Aguilera, esto a las 10:30 de la mañana en el salón Búngalo, ubicado en la calle Emiliano Zapata, en el fraccionamiento Trojes de Alonso. Después tocó el turno a José de Jesús Ríos Alba, candidato al Tercer Distrito, quien votó en la Escuela de la Ciudad de Aguascalientes, ubicada en prolongación Zaragoza, en el fraccionamiento Jardines de la Concepción. Por último, a las 11 de la mañana, acudió a votar el candidato por el Primer Distrito, Gregorio Zamarripa, esto en el Colegio Nuevos Horizontes, ubicado en prolongación Zaragoza, en el municipio de Jesús María.  Los tres candidatos del tricolor fueron acompañados por el gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre, por su esposa, la presidenta del DIF Estatal, Blanca Rivera Río de Lozano, por la procuradora federal del consumidor, Lorena Martínez Rodríguez, así como por el senador de la República, Miguel Romo Medina.

Cabe señalar que al momento en que Gregorio Zamarripa acudió a emitir su voto, varias personas que se identificaron como miembros del Partido Acción Nacional (PAN) comenzaron a grabar con sus celulares el momento en que el candidato del Primer Distrito arribaba a sufragar acompañado por toda una comitiva, encabezada por el gobernador, además de que se trasladaban en el camión oficial del Gobierno del Estado. Al percatarse que eran filmados por estos panistas, fue el gobernador Carlos Lozano quien salió a dar la cara y cuestionó a los jóvenes el por qué los grababan, a lo que un miembro del albiceleste –que no quiso dar su nombre por temor a represalias– le respondió que no podía realizar actos proselitistas, pues al acompañar a los candidatos en un vehículo oficial estaba incitando a la ciudadanía a votar por el PRI. Dichos señalamientos causaron la molestia de Lozano de la Torre, quien dijo estar en su derecho de hacerse presente en los lugares que le apeteciera y de apoyar a los candidatos de su partido. Cuando el gobernador se retiró, fue el candidato al Tercer Distrito, José de Jesús Ríos Alba, quien trató de apaciguar la situación.

(Énfasis añadido)

En tal sentido, las notas periodísticas anteriores permiten reconstruir un contexto que constituye un hecho notorio, circunstancia que permite dar plena credibilidad a la video grabación que obra en el expediente, generando en el juzgador más que un indicio de los sucesos relatados en la demanda.

En efecto, todas las notas periodísticas son coincidentes en establecer que el día de la jornada electoral, el gobernador acudió a diversas mesas receptoras de sufragios acompañado de servidores públicos, así como de los candidatos de los distintos distritos que compiten en los comicios que se revisan[20].

Por tanto, se tiene que cuando menos puede tenerse por debidamente probado lo siguiente:

1.     Que el gobernador del estado Aguascalientes acudió a una casilla de la sección electoral 413 diversa a la de la sección en la que el sufraga, y estuvo acompañado por los candidatos de los distritos 01, 02 y 03 de la citada entidad federativa, un senador de la república, el director de comunicación del PRI en el Estado y personal del canal de televisión de dicho gobierno.

2.     Que dicha sección no es en la que puede sufragar.

3.     Que arribó en un autobús del gobierno del Estado.

Asimismo, se constata que en la misma fecha el gobernador promocionó el voto en favor del PRI, pues publicó las fotos del momento en que marcó su boleta.

En efecto al ingresar a la página oficial del gobierno de Aguascalientes: http://www.aguascalientes.gob.mx/, se promociona el twitter del gobernador, tal como se muestra enseguida:

Al ingresar al vínculo correspondiente, es posible acceder a las imágenes que se muestran en la cuenta de dicho funcionario, siendo las relativas al día siete de junio la siguiente:

Si bien es cierto, este tribunal ha establecido que la información que se difunde a través de redes sociales como Facebook o Twitter no constituye propaganda electoral, pues a través de esos medios no es posible que se dé una difusión automática de los datos —atendiendo a que involucra la intención de allegarse de la información, según lo plasmado líneas arriba—[21], también ha sostenido que un mensaje en dichas redes puede constituir propaganda si se vincula a otros elementos propagandísticos, de modo que sea posible advertir que tuvo una difusión inducida de manera activa[22].

De tal suerte, si la cuenta de Twitter del gobernador se promociona a través de la página oficial del gobierno del estado de Aguascalientes, es claro que los menajes que emite el citado funcionario a través de la aludida red social son objeto de una promoción por medio del portal del gobierno, que es uno de los instrumentos con que la administración pública de esa entidad federativa cuenta para ponerse en contacto con la ciudadanía. Esto es, en la página del gobierno del estado se reproducen todos los mensajes que el gobernador emite a través de la red social en comento.

Luego, de la citada cuenta de Twitter, también se muestra que el gobernador acompaño a votar a los tres candidatos del PRI a los cargos de diputados federales por los distritos 01, 02 y 03 en Aguascalientes:

Las conductas antes descritas, que se tiene por debidamente acreditadas constituyen una situación que además de implicar una trasgresión a la neutralidad y un uso parcial de recursos, implica otorgar una ventaja mediática a los postulantes del PRI, situación que trastoca de manera grave los principios que rigen el proceso electoral, tal como se justifica en el apartado siguiente.

5.3.1.2. Violaciones sustanciales

En concepto de esta sala regional, las irregularidades cometidas por el gobernador del estado de Aguascalientes tienen un carácter sustancial, pues vulnera los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, tutelados por el artículo 134, séptimo párrafo, de la Constitución Federal.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido[23] que en el párrafo séptimo del citado artículo 134 subyace una regla tendente a garantizar la imparcialidad de los procesos electorales, al prohibir a los servidores públicos el uso de recursos públicos a efecto de influir en las preferencias electorales. Así, dicho precepto constitucional tutela los principios de equidad e imparcialidad en la contienda, a fin de que los servidores públicos no realicen actividades que –atendiendo a la naturaleza de su función– puedan influir en los procesos electorales o en la voluntad de la ciudadanía.

Ahora, para tener por acreditada una violación al numeral 134 constitucional, el servidor público cuestionado en su actuar debe haber usado de forma indebida recursos públicos que pudieran favorecer a un determinado candidato o partido político dentro del proceso.

No debe perderse de vista que entre los objetivos que se persiguieron con la modificación del referido artículo 134, consistió precisamente en imponer la obligación de los servidores públicos para conducirse con neutralidad, tal como se aprecia en la exposición de motivos de una de las iniciativas:

…se establece la obligación de todo servidor público de aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La norma permitirá establecer en la ley más y mejores controles para tal propósito, así como las sanciones aplicables a quienes la violen. Por otra parte, el segundo párrafo tiene como propósito poner fin a la indebida práctica de que servidores públicos utilicen la propaganda oficial, cualquiera que sea el medio para su difusión, pagada con recursos públicos o utilizando los tiempos de que el Estado dispone en radio y televisión, para la promoción personal. Para ello, se establece que esa propaganda no podrá incluir nombres, imágenes voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. En el tercer párrafo se establece la base para la determinación de las sanciones a quienes infrinjan las normas antes señaladas.

[…]

Del dictamen correspondiente se observa con claridad que el Constituyente consideró de la mayor importancia para el modelo de competencia electoral en México que el hecho de detentar un cargo público no debe ser un medio que vulnere la equidad de la competencia electoral; por desgracia, la intención del legislador ha sido rebasada por las circunstancias reales, por esa situación es que se pretende retomar el propósito original, a través de la presente iniciativa.[24]

En ese orden de ideas, la misma Sala Superior ha considerado que el análisis de conductas que puedan suponer una vulneración al principio de imparcialidad en el servicio público requiere un escrutinio mayor de las autoridades a fin de evitar supuestos de fraude a la ley o a la misma Constitución Federal, con base en el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y asociación de los servidores públicos.

Cabe referir que la vigencia plena del principio de imparcialidad o neutralidad cobra particular relevancia en el marco de los procesos electorales, dado que su violación puede causar una afectación irreparable a los bienes jurídicos que las autoridades electorales deben tutelar, a saber, el principio de equidad que debe regir la competencia electoral y el ejercicio efectivo del derecho al voto libre, intrínsecamente relacionados.

Asimismo, hay que considerar que como el día de la jornada electoral existe una prohibición absoluta de realizar actos proselitistas, reviste mayor gravedad que los hechos analizados hayan tenido lugar precisamente en esa fecha.

Además, el gobernador de una entidad federativa, no solo por tratarse de un servidor público, sino por su grado de influencia y de cobertura mediática, tiene un especial deber de cuidado respecto de observar una conducta neutral y respetuosa de las reglas electorales.

En el presente caso, se considera que el gobernador de Aguascalientes no actuó con la neutralidad que exige la Constitución Federal, pues utilizó un vehículo oficial para trasladarse junto con otros funcionarios públicos, para acompañar a los candidatos a diputados federales del PRI en los tres distritos del estado de Aguascalientes, cuestión que, de acuerdo a las máximas de la experiencia y a la sana crítica, atiende a actuación de naturaleza política y con fines proselitistas.

Cabe resaltar, que el autobús empleado para efectuar tal recorrido de apoyo a los candidatos priístas, es el utilizado por el mandatario estatal en sus giras oficiales de trabajo y cuenta con diversos elementos visuales que promocionan la labor del Gobierno del Estado y propician su identificación por parte de la ciudadanía, tal como se aprecia en algunas imágenes obtenidas de su cuenta de Twitter:

Por tanto, se tiene debidamente acreditada la violación al párrafo séptimo del citado artículo 134, pues no existe justificación alguna para que un autobús oficial destinado para trasladar al gobernador en sus giras de trabajo, sea utilizado para transportarlo por todo el estado, el día de la jornada electoral, para que manifieste su respaldo a los candidatos de su partido en el momento en que estos emitan su voto.

Al respecto, la Sala Superior[25] de este tribunal ha definido a los actos de proselitismo como todas aquellas actividades que se realizan con la finalidad de obtener una opinión favorable, un partidario o un voto en una contienda electoral. De la anterior definición, se hace patente que lo que el gobernador buscaba, junta a su comitiva, era desplegar actividades para mostrar unidad y fuerza y, en ese sentido, obtener un voto en la contienda electoral. Pues de lo contrario no se explica la razón por la cual se desplazó en distintas secciones con diversos funcionarios y candidatos, tal y como se advierte del video referido así como de las notas aludidas.

Ahora, por razón de tratarse del titular del ejecutivo local, es evidente que se vio afectado el ambiente de neutralidad que debió haber acontecido en el día de la jornada electoral de mayor forma que si se hubiese tratado de ciudadanos sin investidura pública alguna e, incluso, de algún otro funcionario de menor jerarquía por el solo hecho del poder fáctico y material que el gobernador detenta frente a los electores de Aguascalientes.

Por tanto, los principios rectores de imparcialidad y equidad se vieron afectados por la sola presencia de tal funcionario cuestión que se encuentra acreditada a través del vídeo descrito.

En apoyo a lo anterior, cabe recalcar que en términos dotar de eficacia a lo señalado en los artículos 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal; 449, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 7 y 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se ha entendido que constituye una afectación al principio de imparcialidad[26], entre otros supuestos, cuando un gobernador utiliza medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político-electorales para promover o influir de cualquier forma en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato, candidato o a la abstención.

En suma, se considera que las violaciones en comento son sustanciales, pues se afectó el principio de neutralidad en el ejercicio público, con detrimento a la equidad de la contienda electoral, por parte del funcionario de más alto rango en la entidad en cita.

5.3.1.3. Violaciones generalizadas

A partir de las violaciones acreditadas, es factible concluir que tuvieron un impacto generalizado en la elección, conforme a lo siguiente.

En primer lugar, debe tenerse en consideración que la presencia del mandatario estatal en casillas distintas a la en que le correspondía votar, no fue un hecho aislado o espontáneo.

Por el contrario, se aprecia que se trató de un evento previamente organizado, pues implicaba un recorrido en los tres distritos federales que se ubican dentro de la entidad, junto con diversos funcionarios públicos y que exigía una coordinación con los tres candidatos a diputados federales postulados por el PRI, para acompañarlos a ejercer su voto en el momento preciso que así lo realizaran.

Bajo esas condiciones, por lo que respecta a lo acontecido estrictamente en el distrito impugnado, en principio únicamente se podría tener por demostrado que el gobernador estuvo presente en las casillas de la sección en la que tiene su domicilio el candidato del PRI.

Sin embargo, dada la investidura del funcionario público de que se trata y la difusión que él mismo, su gobierno, así como diversos medios de comunicación dieron a tal suceso durante el día de la jornada, no es factible apreciar ese evento como aislado y limitar su impacto únicamente a las personas que pudieron presenciarlo de manera directa.

En efecto, el que un mandatario estatal organice un recorrido, cuya logística consista en acompañar a votar, a bordo de un autobús oficial, a los candidatos que su partido postuló en los tres distritos federales ubicados dentro del territorio que gobierna, con el fin de manifestarles su respaldo, sin duda constituye un acontecimiento que impacta en todo el estado, pues genera un especial interés en la ciudadanía y en la prensa en general, máxime que el medio de transporte utilizado es fácilmente perceptible como aquel que suele emplear el mandatario.

Tan es así, que tal como se expuso anteriormente, la prensa local difundió el mismo día de la jornada dichos actos proselitistas, lo cual de suyo provoca que su impacto no se haya limitado a las personas que lo presenciaron en los centros de votación visitados.

Además, el hecho de que esos acontecimientos hayan sido difundidos a la ciudadanía en general fue incluso provocado directamente por el propio Gobierno del Estado, pues en su página de internet oficial –la cual constituye un importante vínculo de comunicación con la ciudadanía– publica todos los mensajes que el mandatario emite a través de su cuenta de Twitter, y es el caso que, como se mencionó anteriormente, el gobernador publicó el día de la jornada mensajes de evidente apoyo al partido al que pertenece, concretamente los siguientes:

1)     Uno a las 8:46 horas, en el cual dio a conocer que acudió a emitir su voto (tal como lo había anticipado en su agenda pública mostrada en internet para el conocimiento de la ciudadanía), llegando incluso a publicar el sentido de su voto, a través de una foto en la que se observa una boleta marcada a favor del candidato a gobernador postulado por dicho partido, en la cual se aprecia claramente el logotipo del PRI.

2)     Otro a las 9:14 horas, en la cual hizo del conocimiento público que se encontraba acompañando a los candidatos del PRI a diputados federales de los tres distritos ubicados dentro de dicha entidad, para que ejercieran su voto. Aquí cabe resaltar que incluso etiquetó las cuentas de Twitter de dichos contendientes, lo cual facilita que a través de un clic, las personas que vean el mensaje puedan acceder directamente a todos los mensajes emitidos por dichos candidatos en esa red social. Además de lo anterior, mostró una foto en la que se aprecia a diversos ciudadanos, entre ellos el gobernador y los citados candidatos, señalando su dedo pulgar derecho ante la cámara.

Con independencia de la difusión que de que lo anterior fue difundido en la propia página oficial de internet del Gobierno del Estado, cabe mencionar que la cuenta de Twitter del gobernador cuenta con 38,422 seguidores, aunado a que los dos mensajes anteriores fueron publicados (a través de la opción conocida como retweet) por la cuenta @rytanoticias, correspondiente a “Radio y Televisión de Aguascalientes”, perteneciente al Gobierno del Estado, tal como se aprecia enseguida:

A partir de lo anterior, es indudable que el impacto que tuvo el recorrido proselitista del gobernador no se circunscribió únicamente al lugar en que se grabó el video aportado por el actor, pues, se insiste, fue ampliamente difundido el día de la jornada en la prensa local, en las cuentas de twitter del gobernador, en la de Radio y Televisión de Aguascalientes, además de la página oficial de internet del Gobierno del Estado.

5.3.1.4. Que las violaciones hayan tenido verificativo durante la jornada electoral o que sus efectos se hayan actualizado el día de la elección

Este elemento se tiene por acreditado, de conformidad con lo dicho en el apartado 5.3.1.1.

5.3.1.5. Que las violaciones sustanciales se hayan cometido en el ámbito territorial en el que se realizó la elección respectiva

También se tiene por acreditado que el evento denunciado tuvo lugar en el distrito 01 en Aguascalientes, según lo narrado en la sección 5.3.1.1 de este fallo.

5.3.1.6. Que la afectación sea determinante

De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral[27], una violación puede ser considerada determinante en, al menos, dos sentidos. En uno de ellos, cuando es posible advertir una incidencia o un nexo causal, directo e inmediato, entre las violaciones denunciadas y el resultado de la jornada electoral. En el otro, que la afectación causada es de tal entidad que impide considerar que el resultado de una elección pueda reconocerse como válido, al faltar uno o más de los presupuestos o requisitos que el ordenamiento aplicable prevé para que se produzcan los efectos jurídicos pretendidos con la elección. En cualquiera de ambos sentidos, lo que se procura con este elemento es que faltas que no afecten sustancialmente el principio de certeza en el ejercicio del voto personal, libre y secreto, así como su resultado, pongan en peligro la válida participación de la colectividad que intervino en la jornada electoral.

Ahora bien, se considera que la presencia injustificada del Gobernador y otros representes populares en accesos de los centros de votación el día de la jornada electoral, así como el uso de recursos públicos y el empleo del tiempo de un funcionario público del rango de un gobernador de manera parcial, trastoca los principios de imparcialidad y equidad que deben imperar en el proceso comicial, pues los conductas que despliega tal servidor, frente a la ciudadanía, la opinión pública o los medios de comunicación, generan en su localidad un tipo de influencia mayor al de cualquier otro ciudadano, dada la relevancia y poder que dichos individuos tienen dentro de su comunidad, ya sea porque tienen a su disposición diversas facultades de mando o imperio, o incluso por tener una audiencia mucho más receptiva a tener presentes sus declaraciones y opiniones.

Evidentemente, el empleo de recursos públicos con fines proselitistas implica también afectación en el principio de equidad en la contienda, el cual tiende a asegurar un equilibrio entre contendientes, garantizándoles potencialmente las mismas oportunidades de triunfo.

En tal sentido, se afecta la equidad en la medida que un funcionario utiliza los recursos públicos a su disposición para mostrar su respaldo a las candidatos de un partido, situación que constituye un trato ilegal y diferenciando en sujetos que se ubican en los mismos supuestos legales.

Además, tal como se dijo en el apartado anterior, la irregularidad denunciada tuvo un impacto generalizado en todo el estado de Aguascalientes, dada la difusión que se le dio por parte de la prensa, por el Gobierno del Estado e incluso por el propio mandatario estatal, de ahí que no sea factible afirmar que solo pudo haber afectado a la votación recibida en las casillas ubicadas en el lugar donde se presentaron los acontecimientos.

Así las cosas, dada la naturaleza en que se cometieron y difundieron las anomalías referidas, si bien resulta materialmente imposible definir el número de votos que pudiesen haber resultado afectados, esta sala regional considera que tales violaciones sí resultaron determinantes para el resultado de los comicios, tomando en cuenta que la diferencia que existió entre el primer y segundo lugar de la elección fue de tan solo 436 votos.

Por tanto, toda vez que el actor alcanzó su pretensión, deviene innecesario el estudio del resto de los disensos propuestos.

6. EFECTOS DEL FALLO

Por virtud de lo antes expuesto, resulta precedente:

6.1. Declarar la nulidad de la elección de diputados federales de mayoría relativa correspondiente al 01 distrito electoral federal en el estado de Aguascalientes, con sede en Jesús María.

6.2. En consecuencia, revocar la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Revolucionario Institucional.

6.3. Luego, ordenar al Consejo General de INE que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 y 24 de la LEGIPE, emita la convocatoria correspondiente para la celebración de elección extraordinaria respectiva  en la demarcación de referencia.

6.4. Dar vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a efecto de que, en su caso, inicie procedimiento sancionador en contra del Gobernador del Estado de Aguascalientes, por violación al acuerdo INE/CG66/2015[28].

6.5. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a que hubiera cumplimentado este fallo, informe de ello a esta sala regional, apercibido que en caso de incumplir lo ordenado dentro de los plazos fijados, se le aplicará el medio de apremio que corresponda, en términos de lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Medios.

7. RESOLUTIVOS

PRMERO. Se decreta la nulidad de la elección de diputados federales de mayoría relativa correspondiente al 01 distrito electoral federal en el estado de Aguascalientes, con sede en Jesús María.

SEGUNDO. En consecuencia, se revocan la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Revolucionario Institucional.

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que proceda en términos de lo dispuesto en el apartado de efectos de esta sentencia.

CUARTO. Dese vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a efecto de que, en su caso, inicie procedimiento sancionador en contra del Gobernador del Estado de Aguascalientes.

NOTIFÍQUESE: personalmente al Partido Acción Nacional, actor, y al Partido Revolucionario Institucional, tercero interesado, anexando copia simple de esta sentencia, en ambos casos; por oficio, al Consejo General y a la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, ambos del Instituto Nacional Electoral, adjuntándoles copia certificada de esta sentencia; por correo electrónico, al 01 Consejo Distrital del referido Instituto en Jesús María, Aguascalientes, y a la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con copia certificada de este fallo; y, por estrados, de conformidad con lo previsto por los artículos 9, párrafo 4, 26, 27, 28 y 29, párrafos 1, 3, inciso c), 60 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 102, 103, 106, 107, 108 y 110 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 2/2012 de la Sala Superior, de dieciséis de julio de dos mil doce, relativo a la notificación por correo electrónico a la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de las sentencias dictadas en los juicios de inconformidad y recursos de reconsideración.

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida por la responsable.

Así lo resolvió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, por mayoría de votos de los magistrados que la integran, con el voto en contra del magistrado Marco Antonio Zavala Arredondo; ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

VOTO PARTÍCULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO EN LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE INCONFORMIDAD IDENTIFICADO CON LA CLAVE SM-JIN-35/201.

Con el continuo reconocimiento al profesionalismo que caracteriza el desempeño de mis compañeros magistrados Yairsinio David García Ortiz y Reyes Rodríguez Mondragón, me permito en esta ocasión formular el presente voto particular, y apartarme del criterio adoptado en la resolución del presente asunto, con fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 34 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi voto lo sustento en la propuesta íntegra que sometí a la consideración de este Pleno, la cual se planteó en los términos siguientes:

[…]

Sentencia definitiva que: a) declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 450 Contigua 1, correspondiente al 01 distrito electoral federal en el estado de Aguascalientes, al acreditarse la indebida integración de la mesa directiva de casilla; en consecuencia, b) modifica los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de diputados federales de mayoría relativa del citado distrito, y c) confirma, en lo que fue materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Revolucionario Institucional, toda vez que la anulación de la votación no trae como consecuencia un cambio de ganador, ni se acreditaron las causales de nulidad de elección hechas valer.

GLOSARIO

1. ANTECEDENTES DEL CASO

1.1. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince se celebró la elección de diputados por ambos principios, para integrar la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.

1.2. Cómputo Distrital. En sesión que inició el diez de junio y concluyó el once siguiente, el Consejo Distrital efectuó el cómputo de la elección de diputados federales, en el que la fórmula postulada por el PRI obtuvo el triunfo, al tener la mayor votación (32, 168 votos).[29]

Asimismo, el Consejo Distrital declaró la validez de la elección y expidió la constancia de mayoría correspondiente a la fórmula ganadora

1.3. Juicio de inconformidad. Contra lo anterior, el quince de junio, el PAN promovió juicio de inconformidad ante el Consejo Distrital, en el que solicita la nulidad de votación recibida en casilla, así como la nulidad de elección.

2. COMPETENCIA

Esta sala regional es competente para resolver el presente asunto, en virtud de que se impugnan los resultados del Cómputo Distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, actos relacionado con la elección de diputados federales de mayoría relativa en el 01 distrito electoral federal en Aguascalientes, con cabecera en Jesús María.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 195, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 53, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA

Esta sala regional estima que se cumplen los requisitos de procedibilidad previstos de manera general para todos los medios de impugnación en los artículos 8, 9, así como los específicos del juicio de inconformidad que establecen los diversos numerales 52, párrafo 1, y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, como se evidencia a continuación.

a) Forma. El juicio se presentó por escrito ante la autoridad señalada como responsable, consta la denominación del partido actor, así como el nombre y firma de quien promueve en su representación, se identifica el acto impugnado, se mencionan hechos y agravios, así como los artículos supuestamente violados.

b) Oportunidad. El medio de impugnación fue promovido dentro del plazo legal de cuatro días, pues el Cómputo Distrital concluyó el once de junio del año en curso, y la demanda fue presentada el quince posterior.

c) Legitimación. En la especie se cumple, dado que el juicio de inconformidad fue promovido por un partido político, conforme a lo previsto en el artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

d) Personería. Se tiene por satisfecho el requisito de la personería de Ma. Leticia Ramírez Alba, quien promueve como representante propietaria del PAN ante el Consejo Distrital, lo cual es reconocido por la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado.

e) Elección que se impugna e individualización del acta de cómputo distrital. Se satisface tal circunstancia en ambos casos, ya que el partido actor señala que impugna la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como el cómputo realizado por el Consejo Distrital.

f) Individualización de las casillas y la causal que se invoque para cada una. El partido actor solicita se declare la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, invocando las causales que para tal efecto considera actualizadas, así como las razones para ello.

Ahora bien, esta sala regional estima que no es dable atender el planteamiento invocado por el PRI, relativo a que debe declararse improcedente el juicio de inconformidad en razón que las casillas impugnadas fueron objeto de recuento en el Consejo Distrital por lo que, afirma, “no hay causa objetiva de anulación de las 65 casillas que solicita en [el punto] petitorio cuarto [de la demanda]”. Lo anterior, toda vez que la determinación respecto a si debe anularse o no la votación recibida en los centros de recepción de sufragios objetados no es una cuestión referida a la procedencia del juicio, sino que constituye precisamente el estudio de fondo de la controversia planteada.

4. ESTUDIO DE FONDO.

4.1. Planteamiento del caso.

El PAN solicita la nulidad de la votación en diversas casillas, haciendo valer las causales previstas en el artículo 75, incisos a), d), e), f), g), i) y k), de la Ley de Medios,[30] al señalar, esencialmente las siguientes irregularidades:

       La instalación de los centros de votación se hizo en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital;

       La votación se recibió en fecha distinta, puesto que las casillas fueron instaladas antes de la hora legalmente establecida, o el cierre y clausura de las mismas aconteció en horarios no permitidos por la ley;

       Error o dolo en la computación de los votos, por la existencia de errores o inconsistencias en las actas respectivas;

       Indebida integración de las mesas directivas de casilla, pues la votación la recibieron personas u órganos distintos a los autorizados para ello;

       Se ejerció violencia o presión sobre los electores, por la presencia de servidores públicos “en las inmediaciones de las casillas”, así como otra serie de irregularidades que identifica como “compra de votos”, “acarreo de votantes”, así como presencia de militantes priistas en diversas casillas con la intención de coaccionar el voto de los electores a través de lo que denomina “marea roja”;

También señala que acontecieron una serie de irregularidades el día de la jornada electoral que, en su opinión, actualizan causales de nulidad de elección, como la participación indebida del gobernador del estado de Aguascalientes y funcionarios públicos en el distrito, condicionamiento de entrega de programas sociales a cambio de que se votara por el PRI, acceso inequitativo a medios de comunicación y compra de votos.

Además señala que el PRI realizó una campaña ilegal de “propaganda negra” para denigrar y calumniar al candidato del PAN Asimismo, refiere que el candidato ganador de la elección rebasó el tope de gastos de campaña fijado por el Consejo General, al haber realizado gastos que no fueron informados ni fiscalizados por la autoridad electoral, los que sumados a las erogaciones que ejerció hasta por la cantidad equivalente al tope de gastos de campaña conlleva que deba anularse la elección al actualizarse la causal prevista en el artículo 41, base VI, de la Constitución Federal.[31]

Finalmente, aduce la existencia de irregularidades en la sesión de cómputo distrital, al considerar que de manera indebida el Consejo Distrital atendió la petición planteada por el propio PAN, de realizar el recuento de votos de la totalidad de las casillas, sin previamente haber agotado el procedimiento previsto legalmente para desarrollar el Cómputo Distrital.

Al respecto, esta sala regional estima que el análisis de las irregularidades invocadas tendrá que hacerse atendiendo a la causal de nulidad de votación recibida en casilla o hipótesis de invalidez de elección que al efecto resulte aplicable, aun cuando el actor estime que se actualiza una diversa. Lo anterior, toda vez que este órgano jurisdiccional tiene la obligación de resolver los asuntos que se sometan a su potestad, tomando en consideración los preceptos legales que resulten aplicables al caso concreto, cuando las partes hayan omitido citarlos o lo hayan hecho de manera equivocada, según lo prevé el numeral 23, párrafo 3, de la Ley de Medios.

Por tanto, el problema jurídico estriba, en un primer momento, en verificar si se actualiza la indebida realización del procedimiento del Cómputo Distrital, al ser un aspecto que debe decidirse previamente al pronunciamiento sobre las causales de nulidad de votación recibida en casilla invocadas, ya que ello implica que de forma necesaria se obtenga la definición del número total y sentido de los sufragios recibidos en las mesas directivas.

En segundo lugar, se estima pertinente estudiar las causales de nulidad que al efecto señala el PAN, las que se analizarán en el orden previsto en el artículo 75 de la Ley de Medios, con el propósito de determinar si debe decretarse la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas y, por ende, realizar la modificación del Cómputo Distrital.

Se realiza primero el estudio de las causales de nulidad de votación porque el partido actor plantea que de anularse la votación en las casillas cuya nulidad de votación pretende habría un cambio de ganador, extremo que, de llegar a alcanzarse, condicionaría el análisis de las causales de nulidad de elección, en la medida en que están sustentadas sobre la base de que las irregularidades que acontecieron que permitieron al PRI obtener el triunfo. Por ende, sólo hasta definir el resultado de los motivos de inconformidad relativos a nulidades de votación, se efectuaría el estudio de las causales de nulidad de elección, pues, se insiste, la definición de los elementos normativos de las causales invocadas, particularmente el atinente a la determinancia, tendría que realizarse desde una nueva perspectiva.

4.2. Fue apegado a derecho que el Consejo Distrital haya efectuado el recuento total de votos.

No asiste razón al PAN cuando afirma que el recuento total de votos que efectuó el Consejo Distrital fue indebido porque no se sujetó al procedimiento legalmente establecido para ello, al omitir su realización en conformidad con el orden o prelación de las actividades previstas en el artículo 311 de la LEGIPE. En concreto, se arguye que se debieron acatar primero todas las actividades contemplada en los incisos correspondientes al párrafo 1 del precepto invocado, para estar en aptitud de realizar el recuento total de votos si se daban los supuestos para ello.

Sustenta su inconformidad en el hecho de que, previo al inicio de la sesión de cómputo distrital, dichos supuestos no se actualizaban por lo que, aunque existía la petición del propio PAN había presentado al Comité Distrital, el recuento total de votos debió haberse negado.

No asiste razón al PAN, puesto que, con fundamento en el párrafo 2 del citado numeral 311, en el caso, el recuento total de votos realizado por el Consejo Distrital se justificaba legalmente porque: a) derivado de los resultados preliminares publicados por el INE, existía indicio de que la diferencia entre el presunto ganador de la elección en el distrito y el que obtuvo el segundo lugar de votación era en un porcentaje menor al uno por ciento, y b) al inicio de la sesión hubo la petición del PAN para que se realizara el recuento total de votación.[32]

Una lectura completa del artículo 311 de la LEGIPE conduce a sostener que el supuesto de recuento total de las casillas previsto en el párrafo 2 no requiere la realización de todas las actividades contempladas en el párrafo 1 del propio precepto, pues de así entenderse, carecería de sentido o autonomía normativa la diversa hipótesis normativa establecida para la realización de un recuento total, consignada en el párrafo 3, que sí contempla, como referencia temporal o procedimental, un momento para verificar si la diferencia existente entre primer y segundo lugares surte el porcentaje legalmente exigido, a saber, al “término” del cómputo.

En ese sentido, si se dieron los supuestos que prevé el artículo 311, párrafo 2, de la LEGIPE, fue correcto que el Consejo Distrital tomara la determinación de realizar el recuento total. En abono de esta posición, debe señalarse que, con base en los lineamientos que el INE emitió para la realización de las sesiones de cómputos distritales,[33] la decisión de realizar el recuento total de votos fue analizada previamente por la indicada autoridad electoral un día anterior a la fecha de la sesión de cómputo, según se advierte del acta circunstanciada de la sesión celebrada por ese consejo, en la que estuvo presente la representante del PAN, donde el consejero presidente puso en conocimiento y a consideración del colegiado la realización del recuento total de votos, al señalar que en razón de los resultados que había arrojado el programa de resultados preliminares en el distrito, existía una diferencia entre el primero y segundo lugar inferior al uno por ciento, lo cual fue aprobado por el consejo, con la intervención de los representantes partidistas. En razón de ello, se tomaron los acuerdos para establecer los grupos de trabajo y los mecanismos para llevar a cabo el recuento.[34]

Asimismo, el día de la sesión, la propia representante del PAN solicitó por escrito la realización del recuento al estimar que se cumplían las hipótesis legales previstas en el precepto legal citado en el párrafo que antecede, y dicho documento fue leído por el consejero presidente el día de la sesión de cómputo y la petición planteada por el partido ahora actor fue aprobada por el Consejo Distrital. En ese sentido, con independencia que en el caso sí se actualizaron los supuestos para realizar el recuento total, debe decirse que el indicado partido político no puede alegar que el recuento total de votos no debió haber sido realizado, toda vez que fue dicho partido quien presentó la solicitud correspondiente para ello.

4.3. Nulidad de votación recibida en casilla.

4.3.1. Instalación de las mesas directivas de casilla en lugar distinto.

El PAN afirma que debe anularse la votación respecto de las casillas 344 B1, 344 C1, 350 C2, 351 C1, 389 B1, 391 C1, 427 C1, 429 C2, 461 B, 462 B1, 474 B1, 474 C1, 476 B1, 476 C1, 476 C4, 477 B1 y 485 B1, al considerar que se instalaron en lugar distinto al designado por el Consejo Distrital.

En términos de lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el consejo distrital respectivo;[35] y,

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello.

Para que se acredite el primer supuesto normativo de la causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora pruebe que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el Consejo Distrital.

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista en el citado artículo 276 de la LEGIPE, valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.

Así, la votación recibida en casilla se declarará nula cuando se actualicen los dos supuestos normativos que integran la causal en estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado que las irregularidades aducidas no fueron determinantes para el resultado de la votación y que no se generó incertidumbre en los electores respecto al lugar en que debían ejercer su voto, ni con ello se afectó el principio de certeza tutelado por la causal en estudio.

Previo al análisis relativo a esta causal, debe indicarse que el PAN argumenta que si las casillas que impugna se instalaron en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital, por consecuencia, el escrutinio y cómputo se realizó en lugar distinto, lo que también actualizaría la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios.

El PAN parte de la premisa errónea que, al haberse instalado las casillas en lugar distinto al designado por el Consejo Distrital, ello conlleva que el escrutinio y cómputo también se realizó en lugar distinto.

Lo erróneo de dicha premisa estriba en que el partido actor no advierte que la causal de nulidad relativa a la instalación de la casilla en lugar distinto es diversa a la relativa a la realización del escrutinio y cómputo en lugar no autorizado, pues los supuestos que tutelan ambas causales son diferentes.

En efecto, mientras la causal de nulidad por instalarse la casilla en lugar distinto al designado por el Consejo Distrital protege que la votación sea recibida en la sección correspondiente a la casilla, en el lugar que al efecto se indica en el encarte, a efecto de que los partidos políticos y sus representantes, así como los ciudadanos de esa sección conozcan el lugar en que emitirán su voto, la causal contenida en el artículo 75, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios tutela que el escrutinio y cómputo se realice en el lugar en que operó la casilla desde su instalación y hasta el cierre de la votación, a efecto de que las operaciones a que se refieren los artículos 287 a 295 de la LEGIPE se realicen de forma continua una vez cerrada la votación de la casilla, procurando así condiciones de certeza en la definición de los resultados.

Por tanto, esta sala regional estima innecesario realizar el análisis atinente a la causal relativa a realización de escrutinio y cómputo en lugar distinto, puesto que, se insiste, la actualización de esa causa invalidante de la votación recibida en casilla la supedita a la actualización de una diversa causal (instalar la casilla en lugar distinto), cuestión que, como se dijo, es distinta a la causal que se analiza.

4.3.1.1. Las casillas se instalaron en el lugar designado por el Consejo Distrital.

El PAN hace valer como irregularidad que las casillas 391 C1, 427 C1, 429 C2, 462 B1, 474 B1, 476 B1, 476 C1, 476 C4, 477 B1 y 485 B1 se instalaron en lugar distinto. No obstante, en oposición a lo que afirma, los referidos centros de votación se ubicaron en el lugar que al efecto determinó el Consejo Distrital, según se razona enseguida.

Al efecto, esta sala regional considera que, si bien en las respectivas actas de jornada electoral o de escrutinio y cómputo correspondiente a las casillas 391 C1, 427 C1, 429 C2, 462 B1, 474 B1, 476 B1, 476 C1, 476 C4, 477 B1 y 485 B1 no se asentó el domicilio en los mismos términos que se describen en el encarte, tal circunstancia no implica que se haya instalado en lugar distinto, pues la dirección asentada en dichos documentos coincide, esencialmente, con la precisada en el encarte, sin que el hecho de que en el acta de jornada o, en su caso, de escrutinio y cómputo, se haya omitido precisar todas las especificidades que se contienen en el encarte, implique que se haya instalado en lugar distinto, pues existe coincidencia sustancial en ambos documentos (encarte y actas de jornada).[36]

En abono de lo anterior, debe también considerarse que, conforme con las reglas de la experiencia y de la sana crítica a que se refiere el artículo 16, párrafo 1, de la Ley de Medios, surge la convicción de que, ocasionalmente los integrantes de la mesa directiva de casilla, al anotar en las actas respectivas omiten asentar los datos precisos publicados por el Consejo Distrital y, normalmente, la anotación relativa la refieren con los datos más relevantes del lugar físico de ubicación de la casilla.

Para mayor claridad, se inserta una tabla comparativa entre los datos asentados en el encarte, así como en el acta de jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo, que revelan la coincidencia de los datos asentados en los documentos utilizados el día de la jornada electoral.

Como puede advertirse, es claro que no aconteció el cambio de ubicación de instalación de los centros de votación, máxime que en las respectivas actas de jornada electoral como en las hojas de incidentes levantadas en cada casilla no existen incidentes que den cuenta de un posible cambio de domicilio de instalación de las casillas, ni el PAN aporta elementos probatorios para acreditar su afirmación del cambio de ubicación de las casillas.

Efectivamente, en el acta de jornada electoral existe un apartado correspondiente para asentar si hubo cambio de lugar de instalación de la casilla, sin que en el caso de los referidos centros de votación se haya realizado anotación alguna al respecto. Además, en la respectiva hoja de incidentes, documento en el que se asientan las irregularidades que acontecen durante la instalación de la casilla o durante la jornada electoral, tampoco se hizo señalamiento alguno relacionado con tal aspecto, ni existe medio probatorio alguno del cual se pudiere advertir que los representantes partidistas hayan realizado manifestación u objeción alguna relacionada con la presunta ubicación de la casilla en lugar distinto.

En este contexto, la fuerte presunción generada por la ausencia de incidentes o protestas partidistas relacionadas con la instalación de la casilla no se desvirtuó por la incorrección o inexactitud de los datos de identificación del lugar en que este hecho aconteció.

4.3.1.1.2. La ausencia de datos y la discrepancia en los domicilios asentados en el acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo respecto del encarte, son insuficientes para determinar que las casillas se instalaron en lugar distinto al precisado por el Consejo Distrital.

En relación a las casillas 344 B1, 344 C1, 350 C2, 351 C1, 389 B1, 461 B1 y 474 C1, enseguida se inserta una tabla, en la que se señala la casilla impugnada, así como los datos relativos al domicilio precisado en el encarte, y el asentado en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo.

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, existen discrepancias en cuanto al asentamiento relativo al domicilio de ubicación de las casillas, o bien, en su caso[37], la ausencia de inscripción de los datos relativos al lugar de la instalación del centro receptor, empero, tales circunstancias no son suficientes para que se decrete la nulidad de la votación, según se considera enseguida.

Por lo que respecta a las casillas 344 B y 344 C1, si bien en el encarte de ambos centros de votación se indicó que serían instaladas en “Escuela Primaria Emiliano Zapata, calle Molinos sin número, Molinos, Asientos, Aguascalientes, 20730, entre Calle Naranjo y Emiliano Zapata”, y en las actas de jornada electoral y las de escrutinio y cómputo se asentó como lugar de instalación “Calle Principal s/n Molinos Asientos”, tal circunstancia no implica que se hayan instalado en lugar distinto, puesto que existe la presunción, salvo prueba en contrario, que las mismas se instalaron en el lugar indicado en el encarte.

En el caso, la presunción de instalación en el lugar designado se sustenta en el hecho de que, si ambas casillas corresponden a la misma sección, en las actas de jornada electoral y en las de escrutinio y cómputo se asentó el mismo domicilio, tomando en cuenta que ambas son casillas no urbanas,[38] que cada una contó con sus respectivos funcionarios para recibir la votación y, por ende, las actas levantadas en las casillas fueron llenadas respectivamente por diferentes personas, el hecho de que se haya asentado el mismo domicilio permite concluir, sin que exista prueba en contrario, que se instalaron en el lugar designado por el Consejo Distrital.

Al efecto, debe señalarse que ha sido criterio reiterado por este Tribunal Electoral que existen lugares en que un mismo domicilio puede ser conocido o denominado de diversas maneras por sus habitantes o designados a través de las referencias a lugares, edificios o características específicas donde se ubican y, como en el caso, al tratarse de casillas no urbanas, instaladas en comunidades, en las que, de acuerdo con las máximas de la experiencia y la sana crítica, en ese tipo de pueblos en que generalmente existen pocas calles, la mayoría de los habitantes las conocen no solo con el nombre oficial, sino que las identifican como “calle principal”, “calle de arriba”, “calle de abajo”, “calle ancha”, etcétera, como acontece en el caso. Aunado a ello, en las indicadas actas no existe señalado incidente alguno del cual pueda advertirse que los referidos centros de votación se instalaron en lugar distinto.

Ahora bien, por lo que respecta a la casilla 461 B1, ubicada en el municipio de Tepezalá, Aguascalientes, ciertamente no coincide el número señalado en el encarte respecto del asentado en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo levantadas en el centro de votación. Por un lado en el encarte se señala como lugar de ubicación: “Escuela Secundaria General #26 Licenciado José Vasconcelos, Jesús María Rodríguez #162, Centro, Tepezalá, Aguascalientes, 20602, entre carretera Tepezalá -Asientos y Calle J. Jesús Esparza Reyes”. En tanto en las indicadas actas de jornada y de escrutinio y cómputo se asentó J. María Rodríguez 126. Empero tal discrepancia en el número no se explica, de manera única y exclusiva, a partir de que efectivamente haya existido un cambio en el lugar de la instalación, pues igualmente pudo deberse a un error en el asentamiento del dato al invertir alguna de los tres componentes de la cifra.

Incluso esta explicación (la relativa a un error en la redacción del documento) resulta consistente con la ausencia de incidentes relacionados con la instalación en el acta de la jornada electoral y en la hoja de incidentes.[39]

Consecuentemente, la discordancia aducida, por sí sola, no puede acarrear la nulidad de la votación, al no existir incidente señalado en tales actas, ni el actor ofrece medio probatorio alguno que evidencie, de manera fehaciente, que la casilla se instaló en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital.

Por su parte, la casilla 350 C2, según el encarte, debía instalarse en la “Escuela Primaria calle Francisco I. Madero sin número, El Tule, Asientos, Aguascalientes, 20700, Escuela de la comunidad”. En las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo sólo se asentó “El Tule”, sin especificar los demás datos que se contienen en el encarte. Esta circunstancia resulta insuficiente para que se decrete la nulidad de la votación recibida en esa casilla, pues el hecho de que se haya señalado como lugar de instalación sólo el nombre de la comunidad no significa que se haya instalado en lugar distinto, puesto que no hay incidentes relacionados con el posible cambio de lugar de la casilla ni el PAN aporta medio de prueba alguna que confirme que se haya cambiado de lugar.

A su vez, que en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo de la casilla 474 C1 se haya asentado, como lugar de instalación de la casilla, “domicilio conocido”, si bien constituye una irregularidad, al no coincidir con el domicilio asentado en el encarte, de acuerdo con las máximas de la experiencia y la sana crítica, en comunidades pequeñas generalmente las calles no tienen nombre o, aun teniéndolo, la mayoría de los habitantes señalan “domicilio conocido” para referirse al lugar en el que viven o para describir el domicilio en que se encuentran sus principales centros de reunión, como las escuelas.

De tal suerte que, si se tiene en cuenta que como en el caso, en la comunidad de La Concepción, San Francisco de los Romo, Aguascalientes se instalaron dos casillas,[40] y conforme al encarte, ambas debían ubicarse en la escuela primaria Agustín Melgar, ubicada en calle Vicente Guerrero sin número, en la indicada población, existe la presunción, salvo prueba en contrario, que tanto la casilla básica, como la contigua se instalaron en el mismo lugar. La circunstancia que en el centro de votación que se analiza sólo se asentó como lugar de instalación “domicilio conocido”, ello no puede ser causa para considerar que se instaló en lugar distinto y, por tanto, no procede decretar la nulidad de votación recibida, pues el actor fue omiso en probar que la casilla se instaló en lugar distinto, no obstante que sobre él recaía la carga de la prueba.[41]

Por lo que hace a la casilla 351 C1, como lo señala el PAN, en el acta de jornada electoral no se asentó el lugar de instalación de la misma y, en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo, sólo se indicó el municipio (Asientos) y, en lugar de precisar el domicilio de la instalación, se asentó “7:30”. Ahora bien, dichas irregularidades por sí solas no son suficientes para decretar la nulidad de votación en ella recibida, sino que debe acreditarse plenamente que, sin causa justificada, se cambió del lugar que fue fijado por el Consejo Distrital y que ese cambio desorientó a los electores y, con esa confusión, no estuvieron en aptitud de sufragar al no tener certeza del lugar donde emitirían sus votos.

Todos estos extremos no pueden tenerse por demostrados plenamente sólo por la discordancia de algunos datos consignados en el acta de jornada electoral o, como aquí sucede, por la omisión de asentar la información correspondiente. Como ha tenido la oportunidad de considerar en Sala Superior de este tribunal, “la irregularidad consistente en la omisión de precisar en el acta el lugar de instalación de la casilla, no produce, por sí sola, la nulidad de la votación recibida en la casilla, ya que solo se trata de la omisión de una formalidad ad probationem, la cual no afecta la sustancia de la recepción de la votación y, por tanto, no es indispensable para la validez del acto”.[42]

Aunado a ello, debe señalarse que la votación fue recibida por los funcionarios legalmente facultados para ello por el Consejo Distrital, lo que genera la presunción, salvo prueba en contrario, que la casilla se instaló en el lugar señalado y la votación se recibió válidamente, puesto que ni en el apartado del acta de jornada electoral ni en las hojas de incidentes se realizó anotación de que haya acontecido un cambio de lugar de instalación de la casilla, ni existe evidencia que los representantes partidistas hayan señalado la circunstancia de que haya habido cambio de ubicación de la casilla. Tampoco existen medios de prueba que permitan considerar, al menos indiciariamente, que la casilla se instaló en lugar distinto sin causa justificada, pues el partido actor no aporta medio de prueba alguna para acreditarlo, pues si afirma que la casilla se instaló en lugar distinto, debe probar esa afirmación, lo que no hizo y ni en autos existen elementos para concluir eso.

En abundancia de razones, con independencia de que no ha quedado demostrado que los centros de votación comprendidos en este apartado, se instalaron en un lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital, conviene agregar que tampoco está evidenciada vulneración alguna al principio de certeza, eventualmente derivada de una documentación en el electorado del lugar en que debía emitir su sufragio.

Para sustentar esta afirmación, se tiene en cuenta el parámetro aceptado por la Sala Superior de este tribunal, para quien debe acudirse a “la muestra más representativa de la participación del electorado en una elección, dentro de un ámbito territorial determinado”.[43] En casos análogos, se ha establecido que ese “parámetro idóneo […] es el porcentaje de votación recibida a nivel distrital de la elección impugnada, toda vez que un distrito uninominal estadísticamente es el ámbito territorial que puede aportar una información más apegada a la realidad acerca de la participación de los votantes en las casillas que lo integran”.[44]

Sobre esta base, se tiene conocimiento que, en la decisión impugnada, la participación ciudadana se ubicó en el 38.908%, pues de acuerdo con el acta de cómputo distrital la votación total excedió a 107,066 votos, en tanto que el número de ciudadanos comprendidos en el listado nominal de electores empleado en estos comicios fue de 275,171.[45] Por su parte, los porcentajes de votación relativos a las casillas en estudio, es el siguiente:[46]

Como evidencia la tabla que antecede, en todos los centros de votación el porcentaje de participación ciudadana de las casillas controvertidas es superior al del porcentaje alcanzado a nivel distrital (la mayor participación en estos centros de acopio de votos, respecto del total en el distrito, fluctúa entre 3.668 puntos porcentuales en el supuesto de participación más baja, hasta los 11.791 puntos porcentuales, en el caso de mayor afluencia de votantes). Se acredita pues, una asistencia importante de electores superior al porcentaje de votación en el distrito, en lo cual se desvanece cualquier escenario de desorientación en el electorado.

Por las razones expuestas, deben desestimarse los planteamientos de invalidez atinentes.

4.4. Recibir la votación en fecha distinta.

El PAN argumenta que las casillas 344 B1, 350 C2, 389 C1, 391 C1, 421 B1, 443 B1, 444 B1, 470 B1, 473 C4, 474 B, 475 B1, 477 B, 478 C6, 482 B1, 482 C1, 482 C2, 486 B1, 486 C1 y 486 C2, se instalaron en horas distintas a las legalmente establecidas o su cierre y/o clausura aconteció en horarios que no corresponden al fijado para ello en la ley, circunstancia que, en su concepto, constituyen irregularidades graves que actualizan la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso k). Empero, en realidad, tales supuestos encuadran en la causal prevista en el inciso d) de dicho precepto, relativa a recibir la votación en fecha distinta a la indicada legalmente.

Para declarar la nulidad de la votación recibida en casillas con base en la causal contenida en el numeral 75, párrafo 1, inciso d), de la Ley de Medios, es necesario acreditar que se recibió la votación en día u hora distintos de los establecidos para la jornada electoral y que dicha irregularidad sea determinante para el resultado de la votación.[47]

Esta causal tiene como efecto tutelar la certeza y seguridad jurídica que debe existir en relación con la recepción de la votación y, como finalidad, el permitir la presencia de funcionarios y representantes de partidos que puedan estar vigilantes de que todos los actos se lleven a cabo con apego a la norma.

Sin embargo, por el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados,[48] este tribunal electoral ha considerado que el simple hecho de iniciar y/o concluir la instalación de la casilla de manera anticipada o tardía al periodo que abarca de las ocho a las dieciocho horas del primer domingo de junio del año de la elección ordinaria,[49] es un hecho que por sí solo no actualiza la causal de nulidad aquí analizada, pues si bien la LEGIPE prevé una serie de formalidades para la instalación y clausura de la casilla, para declarar la nulidad de la votación de los centros de votación con base en esta causal, tal irregularidad debe acreditarse plenamente y que ello sea determinante para el resultado de la votación.

4.4.1. En las casillas no se recibió la votación antes de las ocho de la mañana.

El actor señala que en las casillas 391 C1,[50] 474 B1,[51] 475 B1,[52] 477 B1,[53] 482 C2[54] y 486 B[55] se comenzó a recibir la votación antes de la hora legalmente establecida para ello, pues su apertura aconteció antes de las ocho de la mañana, lo que implicó que durante un tiempo no permitido se emitieron sufragios de manera indebida. Asimismo, considera que en algunas de estas casillas no se asentó la hora de instalación o la hora en que se empezó a recibir la votación lo que, en su opinión, se constituye como irregularidades que generan la nulidad de la votación en ellas recibidas.

No asiste razón al PAN, toda vez que, el solo hecho de que en las actas de la jornada electoral se haya asentado como hora de apertura de la casilla una hora anterior a las ocho de la mañana, no significa que la votación se comenzó a recibir antes de esa hora. Se afirma lo anterior porque, en primer lugar, debe señalarse que, en algunos casos, el actor refiere la hora de instalación como si esa fuere la hora de apertura de la votación; en segundo lugar, quienes integran las mesas directivas de casilla son ciudadanos, que, sin bien reciben una capacitación previa, ello no implica que ante la multiplicidad de tareas que deben realizarse de manera previa a la apertura de la casilla para recibir la votación, como son las relativas a la instalación de la casilla y, acorde con las máximas de la experiencia, puede acontecer que al momento de asentar en el acta la hora en que se abre la casilla, asientan la hora correspondiente a la instalación de la misma, lo cual no significa que la votación se haya comenzado a recibir antes de las ocho de la mañana.

En el caso, en las actas de jornada electoral y en las hojas de incidentes de las casillas, no existe incidente alguno relacionado con los aspectos impugnados, por lo que, como se dijo, el solo asentamiento erróneo de la hora de apertura de la casilla no conlleva que la votación se haya recibido antes de las ocho de la mañana del día de la jornada electoral, cuestión que, en todo caso, correspondía probar al partido actor, carga probatoria que le impone el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios.

4.4.1.1. La apertura de las casillas después de las ocho de la mañana no necesariamente genera la nulidad de la votación en ellas recibida.

Por otra parte, el PAN solicita que se declare la nulidad de votación recibida en las casillas 344 B1,[56] 389 C1,[57] 421 B1,[58] 443 B1,[59] 444 B1[60] y 473 C4,[61] pues de manera indebida y, sin existir justificación para ello, fueron abiertas para recibir la votación de los electores después de las ocho de la mañana, lo que generó que se impidiera el voto a diversos ciudadanos. Sobre el particular, debe señalarse que la circunstancia de la apertura tardía de las casillas, por sí sola, no puede tener como consecuencia la nulidad de la votación recibida en ellas, puesto que la propia ley prevé que, ante la presencia de circunstancias que impidan que la votación se comience a recibir con posterioridad a la hora establecida, se justifica la tardanza en la apertura de casillas, atendiendo a los propios acontecimientos que se generan cuando no acuden todos los funcionarios designados, lo que justifica que, cuando ello no implique irregularidades graves que se acrediten plenamente, la apertura tardía y no haya incidentes que impidan que se realice con normalidad la recepción de los sufragios.

En este sentido, el actor no demuestra que la apertura tardía de la recepción de la votación (el retraso fluctúa entre doce y treinta y siete minutos en estas casillas) haya tenido como propósito exclusivo o fundamental, impedir el ejercicio del sufragio.

4.4.1.2. No puede decretarse la nulidad de votación por el sólo hecho de que se omita anotar la hora de instalación de una casilla.

Por lo que respecta a las casillas 350 C2 y 482 C1, en que el PAN como irregularidad que la primera no tiene hora de apertura, mientras que en la segunda sólo aduce “Hora distinta”, debe señalarse que si únicamente se asentó la hora de instalación (7:30 en la primera, y 8:13 en la segunda), tampoco puede decretarse la nulidad de votación, puesto que, el hecho de que, en el caso de la primera no se asentó la hora de apertura de la casilla, puede presumirse válidamente que si la instalación comenzó a las siete horas con treinta minutos, tomando en cuenta las acciones necesarias para ello, puede afirmarse que la votación se comenzó a recibir a las ocho de la mañana, salvo prueba en contrario, lo que el actor no desvirtúa.

Por lo que hace a la segunda de las casillas mencionadas, sí se asentó como hora de instalación las ocho horas con trece minutos, por lo que puede concluirse que la votación se recibió a partir de ese momentos o, aun en el caso de que efectivamente haya sido instalada a esa hora, ello no implica que sea una irregularidad de tal magnitud como para anular la votación recibida en ella, máxime que ni en el acta de la jornada electoral ni en la hoja de incidentes hubo asentamiento de que hubiere acontecido un incidente relacionado con la apertura de casilla para recibir la votación, como tampoco el PAN aporta medios de prueba para acreditar que se haya dado la apertura tardía de la misma.

4.4.1.3. La omisión de asentar hora de clausura de la casilla no implica que deba anularse la votación.

En cuanto a las casillas 470 B1,[62] 474 B1,[63] 478 C6,[64] 486 C1 y 486 C2, en que el PAN aduce como irregularidad que en las constancias de clausura no se contenga la hora en que aconteció dicha clausura, tal circunstancia no puede considerarse un motivo para decretar la nulidad de la votación en ellas recibidas, puesto que si bien la clausura de la casilla implica que todas las actividades relacionadas con instalación y apertura de casillas, la recepción y cierre de la votación, escrutinio y cómputo de votos, así como las actividades realizadas para conformar el paquete electoral para su traslado al Consejo Distrital, al haberse efectuado, implica que la ausencia de la hora en que esos trabajos concluyeron no pueden constituir una irregularidad que trascienda al resultado de la elección, cuando todos esos actos se realizaron con normalidad y sin que al respecto se haya asentado incidente alguno o se hayan realizado manifestaciones u objeciones por parte de los representantes partidistas sobre ese particular.

Además, en las actas de jornada electoral, en el apartado correspondiente se asentó como hora de conclusión de recepción de la votación las dieciocho horas, sin que se haya presentado incidente alguno, como tampoco se anotó incidencia en el acta de escrutinio y cómputo. Si bien en la casilla 486 C1 no se anotó el horario en que fue cerrada la votación,[65] en la constancia de clausura se asentó que fue clausurada a las dieciocho horas, circunstancia que, en todo caso estaría referida al cierre de votación, sin que ello traiga como consecuencia la nulidad de la votación, pues ante el cúmulo de documentos que se llenan en la casilla, pudo deberse a un descuido o a una equivocación en su asentamiento, aunado que no se asentó incidente alguno al respecto en la hoja de incidentes ni existe evidencia que los representantes partidistas hayan hecho manifestación u objeción alguna al respecto.

En lo que respecta a la casilla 391 C1, en la que el PAN aduce que “del acta de la jornada electoral no se desprende la hora en la que se cerró la votación”, debe señalarse que, si bien se acredita esa irregularidad invocada por el partido actor, ello no significa que la recepción de la votación se haya prolongado indefinidamente, ya que no existe incidente relacionado con tal circunstancia ni el partido actor aporta medio probatorio alguno para acreditarlo, ni existe escrito de incidente al respecto que el día de la jornada electoral su representante o algún otro representante partidista haya señalado alguna irregularidad sobre el particular, ni tampoco hay elementos que permitan advertir que después de las dieciocho horas se siguió recibiendo sufragios.

Por lo que hace a la casilla 482 B1, en que se aduce que es inverosímil que haya sido clausurada a las seis de la tarde y que la recepción de votación se haya dejado de recibir a esa misma hora, no es dable acoger la pretensión de anularla, puesto que el asentamiento en la constancia de clausura tan sólo implica que quien la llenó, por equivocación asentó la misma hora de cierre de casilla, cuestión que, se insiste, no constituye una irregularidad de tal entidad como para realizar la invalidez de la votación.

Aunado a ello, sobre la irregularidad que se invoca, no se advierte que en las actas de jornada electoral o en las hojas de incidentes se haya asentado alguna irregularidad relacionado con la ausencia de asentamiento de cierre de votación o falta de señalamiento de hora de clausura de la casilla, ni de autos se advierte la existencia de medio probatorio alguno que permita inferir que el cierre de la votación o la clausura de la casilla se realizó contraviniendo la normatividad aplicable.

4.5. Recepción de la votación por personas u órganos no autorizados para ello.

Las mesas directivas de casillas son órganos electorales integrados por ciudadanos –previamente capacitados, insaculados y designados por la autoridad electoral–, facultados para hacer respetar la libre y efectiva emisión de los sufragios, recibir la votación y garantizar su secrecía durante la jornada electoral correspondiente a la sección electoral que comprende su domicilio. A su vez, compete a los funcionarios de la mesa realizar el escrutinio y cómputo de la votación recibida en la casilla y asegurar su autenticidad.[66]

Para el debido funcionamiento de las mesas directivas de casilla, la propia normativa contempla el procedimiento que deberá observarse a efecto de realizar las sustituciones necesarias, en caso de ausencia de algunos de los ciudadanos previamente insaculados por la autoridad comicial, el cual dispone, entre otras posibilidades:

a)      la actuación de los funcionarios suplentes,

b)      el corrimiento de funciones entre los integrantes previamente insaculados por la autoridad electoral e incluso,

c)       que integren la mesa ciudadanos que, aun sin haber sido designados por la autoridad electoral, cuente con credencial para votar y se encuentren inscritos en la lista nominal de la sección correspondiente.[67]

En caso de que existan irregularidades respecto de los ciudadanos que integraron la mesa, la Ley de Medios contempla como una de las causas de nulidad de la votación recibida en la casilla, el que la votación haya sido recibida por personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, siempre que las deficiencias sean graves y determinantes, es decir, resulten de tal magnitud que se genere duda fundada respecto de la observancia de los principios de legalidad, certeza e imparcialidad en la recepción y cómputo de los sufragios.[68]

De esta manera, si bien la LEGIPE prevé una serie de actuaciones que se deberán llevar a cabo ante la ausencia de alguno de los integrantes de la mesa, este tribunal ha sostenido ciertas directrices relativas a las anomalías que pueden presentarse en la integración de los centros de votación, como las siguientes:

-          No son motivos para anular la votación el intercambio de funciones entre los ciudadanos originalmente designados, o que las ausencias de los funcionarios propietarios sean cubiertas por los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley, pues en todo caso los sufragios fueron recibidos por personas designadas por la autoridad electoral.[69]

-          La falta de firma en alguna de las actas de algún funcionario de la mesa, no implica necesariamente su ausencia, sino que debe analizarse en su integridad el material probatorio.[70]

-          La participación de ciudadanos no designados por la autoridad electoral no implica que la votación haya sido recibida por personas no autorizadas, siempre que la sustitución haya obedecido a la ausencia de alguno de los ciudadanos originalmente designados,[71] que los ciudadanos sustitutos cuenten con credencial para votar, formen parte del listado nominal correspondiente,[72] y que los sustitutos no hayan fungido como representantes de partidos o candidatos alguno.[73]

-          Solo procederá la nulidad de la votación cuando se acredite que la mesa de casilla actúo con ausencia de alguno(s) de sus integrantes y, dadas las particularidades del caso, tal circunstancia haya implicado la multiplicidad excesiva de las funciones para el resto de los funcionarios a grado tal, que se haya generado una merma en la eficiencia del desempeño de sus funciones.[74]

Consecuentemente, en oposición a lo pretendido por el PAN en la formulación de su planteamiento, la mera inobservancia de alguna regla procedimental contemplada para la sustitución de los funcionarios designados o la falta de asentamiento en el acta circunstanciada o en la hoja de incidente de las circunstancias que motivaron la sustitución, no constituyen, por sí mismas, causas invalidantes de la votación, en tanto no pongan en entredicho un bien o valor trascendente para la validez en la emisión del sufragio, pues debe privilegiarse la recepción de la votación válidamente emitida.[75]

Bajo estas directrices se realizará el estudio de las irregularidades reclamadas por el PAN respecto de la indebida integración en las casillas que refiere en su demanda de juicio de inconformidad.

En el caso, el PAN afirma que en diversas casillas se recibió la votación por personas distintas a las legalmente autorizadas para ello, puesto que fungieron como funcionarios personas que no fueron designadas o que no se encuentran en el listado nominal correspondiente a la sección electoral, por lo que, en su concepto, se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, que señala que la votación recibida en una casilla será nula cuando quienes la reciban sean personas u órganos distintos a los facultados para ello.

4.5.1. La falta de firma de los funcionarios de casilla no implica necesariamente que hayan estado ausentes.

Previo al análisis de las irregularidades invocadas, debe señalarse que la falta de firma por parte de algún funcionario de casilla en alguna de las actas no implica necesariamente que haya estado ausente, sino que debe analizarse el resto del material probatorio para arribar a una conclusión de tal naturaleza,[76] a efecto de que el sufragio de los ciudadanos no se vea invalidado por cuestiones irrelevantes.

En primer lugar, esta sala regional estima que no trascienden a la nulidad de la votación recibida las presuntas irregularidades invocadas en las casillas 350 C2, 391 C1, 476 B1, 476 C1, 482 B1, 482 C1 y 482 C3, puesto que, como se indicó, la falta de firma de los funcionarios de casilla no implica necesariamente que hayan estado ausentes, como en el caso sucede.

Al efecto debe señalarse que el hecho de que un funcionario de casilla haya omitido suscribir alguna de las actas que se levantan el día de la jornada electoral puede deberse a diversas circunstancias, como puede ser, entre otras, que ante el llenado de diversos documentos se haya omitido firmar alguno de ellos, sin que ello pueda acarrear la anulación de los sufragios recibidos, cuando no haya incidentes asentados en las hojas respectivas en relación con la posible ausencia de dichos funcionarios u otros medios de prueba de los cuales pueda advertirse, de manera fehaciente, que los funcionarios que omitieron firmar no estuvieron al momento de la instalación de la casilla, su apertura, en la recepción del voto o al momento de realizar el escrutinio y cómputo.

Además, en el caso, salvo en las casillas 391 C1, 476 B1 y 482 B1, en que faltan las respectivas firmas de algunos funcionarios en algún apartado del acta de la jornada electoral, en el resto de casillas que se impugnan puede advertirse de los apartados correspondientes de las respectivas actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes y constancias de clausura, que todos los funcionarios suscribieron tales documentos, sin que haya faltado alguno de ellos por estampar su rúbrica.[77] Por tanto, las irregularidades invocadas por el PAN resultan insuficientes para que se decrete la nulidad de la votación, en virtud de la fuerte presunción de regularidad en el funcionamiento de las tareas de la mesa directiva que genera la ausencia de incidentes o manifestaciones de protesta por parte de los representantes partidistas.

Si bien en el acta de jornada electoral de la casilla 391 C1, no se estamparon las firmas de los funcionarios de casilla, sí existe el nombre de ellos, los cuales son los mismos que se contienen en el acta de escrutinio y cómputo, en la hoja de incidentes y en la constancia de clausura, en las cuales además de los nombres también se estampó la firma de todos los funcionarios en todos esos documentos es decir, la omisión de firmas tan sólo se dio en el acta de la jornada electoral pues sólo se anotaron los nombres, lo que no es motivo para anular la votación recibida en ese centro de votación, pues solo se evidencia un error en la confección del documento, mas no la ausencia alegada.

La falta de firma del presidente de la casilla 476 B1 en el apartado de cierre de la votación no conlleva la nulidad de la votación en la misma puesto que en el apartado correspondiente a la instalación, como en las actas de escrutinio y cómputo, en la hoja de incidentes y en la constancia de clausura también obran las firmas de todos los funcionarios incluido el presidente, lo que evidencia que no estuvieron ausentes.

La circunstancia de que en el acta de jornada electoral de la casilla 482 B1 sólo aparezcan los nombres de los funcionarios de casilla sin que se advierta su firma, pues únicamente se contiene la relativa a la secretaria no puede conllevar la nulidad de la votación, puesto que en las demás actas levantadas en la casilla (acta de escrutinio y cómputo, hoja de incidentes y constancia de clausura) se contienen tanto los nombres como las rúbricas de todos y cada uno de los integrantes de la casilla.

4.5.1.2. La votación se recibió por las personas facultadas.

No asiste la razón al promovente respecto a las casillas 344 B, 389 C1, 391 B1, 421 B, 443 B, 444 B, 473 C4, 474 B, 475 B, 477 B, 482 C2 y 486 C1, puesto que los funcionarios que recibieron la votación el día de la jornada electoral fueron las personas designadas por el Consejo Distrital.

En efecto, como se aprecia del encarte, las listas de sustitución de funcionarios designados, así como del acta de la jornada electoral correspondiente a cada una de las casillas,[78] las mesas directivas se integraron con los funcionarios que fueron designados, sin que en ellas hubiese habido alguna persona que no estuviere facultada para ello.

En ese sentido, es evidente que si quienes recibieron la votación en las indicadas casillas son de las personas que fueron insaculadas, capacitadas y designadas por el Consejo Distrital, con independencia que en algunos casos no se hiciera el corrimiento de cargos previsto en la ley, dichos lugares fueron ocupados por las personas autorizadas por dicha autoridad, por lo que la recepción de sufragios se considera válida y, por tanto, no procede la nulidad pretendida por el PAN.

Si bien en la casilla 421 B1 fungió como primera escrutadora la ciudadana Karla Alejandra Gallegos Lucio, quien no fue designada como funcionaria en dicha casilla, tal circunstancia no puede implicar la nulidad de la votación recibida, puesto que dicha persona fue designada como segunda suplente en la casilla 421 C1,[79] es decir, en un centro de votación perteneciente a la misma sección, por lo que válidamente estaba en aptitud de desempeñar el cargo en cualquiera de las casillas correspondientes a dicha sección, como en el caso, la indicada casilla 421 B1.

Ahora bien, tampoco pasa desapercibido que en la casilla 477 B1 existe discrepancia en el orden de los apellidos de la persona que fungió como segundo escrutador, pues mientras que en el encarte se indica que el funcionario designado para ocupar el cargo de primer suplente es Ramiro Bocanegra Macías, en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo se asentó que quien fungió como segundo escrutador fue Ramiro Macías Bocanegra,[80] lo que pudiera llevar a considerar que se trata de dos personas distintas; sin embargo, esta sala regional estima que la diferencia en el orden de los apellidos pudo haberse debido a que quien asentó los nombres de los funcionarios de casilla en las actas correspondientes se equivocó y varió su orden.

Se afirma lo anterior porque, según se advierte de las actas de la jornada electoral, la constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral, de la hoja de incidentes y del acta de escrutinio y cómputo el llenado lo realizó una sola persona, pues es el mismo tipo de escritura (la misma letra); aunado a ello, de las firmas asentadas por el segundo escrutador en los indicados documentos, se puede apreciar que como rúbrica se asentó “R Boc”, lo que genera la presunción, salvo prueba en contrario, que quien fungió como segundo escrutador fue Ramiro Bocanegra Macías, persona que fue designada por el Consejo Distrital y que el asentamiento de su nombre en las actas se debió a un error por parte de quien llenó las actas. Además, en el acta de la jornada electoral (apartado de la instalación de casilla se escribió que “no hubo ningún incidente”) y en las actas de escrutinio y cómputo, así como en la hoja de incidentes, no se asentó nada respecto a sustitución de funcionarios de casilla. Por tanto, no procede decretar la nulidad de votación recibida en la casilla en estudio.

Finalmente, si bien en la casilla 486 C1 se asentó como incidente que se ausentó el presidente, pues en el acta correspondiente se escribió como incidencia “5:25 abandono de la mesa directiva de casilla por parte de la presidencia” y “7:30 Regres[ó] nuevamente por la presidenta de casilla”, lo que podría ser considerado como una indebida integración de la casilla en un determinado tiempo de la recepción de la votación, que de alguna manera afectó el desarrollo normal de la casilla, no puede darse el efecto invalidante que pretende el PAN.

Se afirma lo anterior, pues válidamente puede presumirse, sin que haya prueba en contrario, que las labores fueron realizadas por los demás funcionarios de la casilla y esa ausencia fue temporal y, por sí sola, es insuficiente para anular la votación recibida. Además, razonable y físicamente resulta factible y plausible que, mediante una actividad coordinada y armónica, los tres restantes miembros de dicho órgano electoral hayan podido suplir las funciones, con eficiencia y eficacia, y que no se hayan presentado imponderables, circunstancias que permitieran afirmar lo contrario.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en el caso no se expone la razón o motivos de la ausencia temporal, lo que, como se dijo, no puede acarrear la nulidad, pues dicha ausencia, incluso, pudo haber sido considerada razonable por los presentes, dado que ni los funcionarios de casilla como tampoco los representantes partidistas señalaron algún incidente o protesta por esa ausencia del presidente.[81]

4.5.1.3. La sustitución de un funcionario en la casilla 450 C1 se realizó con una persona que no se encuentra en el listado nominal.

Asiste razón al PAN por lo que respecta a la casillas 450 C1, en la que, en sustitución del segundo escrutador que fue designado fungió la ciudadana María de los Ángeles Armendariz, toda vez que dicha funcionaria de casilla no aparece en el encarte publicado por el Consejo Distrital, ni se encuentra en el listado nominal de la sección respectiva, por lo que la sustitución y su participación como funcionario de casilla en la jornada electoral no se encuentra apegada a derecho, al violar lo dispuesto en el artículo 274, párrafo 1, inciso d), de la LEGIPE, cuestión que conlleva a decretar la nulidad de la votación recibida en esa casilla.

En efecto, en la mencionada casilla fue designada como segunda escrutadora la ciudadana Sandra Abisai López Herrera, quien no se presentó a ejercer sus funciones el día de la jornada electoral. Ante la ausencia, fue nombrada para ejercer esas funciones la ciudadana María de los Ángeles Armendariz, persona que no se encuentra en el listado nominal de la sección 450 C1, según se puede advertir de dicho documento,[82] mismo que fue requerido por el magistrado instructor mediante acuerdo del cinco de julio del presente año, de cuyo análisis se advierte que la persona indicada no aparece en el mismo.

En ese sentido, al no encontrarse en el listado nominal correspondiente a la sección y no existir probanza alguna de la cual pueda evidenciarse que pertenece a la misma, la casilla se integró indebidamente con una funcionaria no autorizada para ello, por lo que procede la anulación de la votación recibida en ese centro de recepción de sufragios, sin que la falta de incidencias, es decir, falta de descripción de incidentes o que los representantes partidistas hayan firmado sin protesta sea suficiente para afirmar que la votación se recibió en la casilla en las condiciones que legalmente se ordena.

4.6. Error o dolo en la computación de los votos.

La causal de nulidad prevista en el artículo 75, del párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, exige para su actualización, en primer término, que se acredite el dolo o error en el cómputo de la votación por inconsistencias relativas a los rubros del acta de escrutinio y cómputo en los que se reflejan los “votos” emitidos durante la jornada electoral.[83] Lo anterior pues ordinariamente, el número de electores que acude a sufragar en una casilla debe guardar coincidencia con los votos emitidos en ésta –reflejados en el resultado respectivo–, y con el número de votos depositados y extraídos de la urna.[84]

4.6.1. Casillas cuyas inconsistencias en la votación están referidas a excedentes o faltantes de boletas.

Esta sala regional estima pertinente precisar que no se hará pronunciamiento respecto de las casillas 389 C2, 391 C2, 423 C1, 429 B1, 429 C1, 465 B1, 467 C2, 471 B1, 473 C9, 474 C2, 483 C1, 485 B1 y 486 B1, toda vez que el planteamiento relativo a que se actualizan errores o inconsistencias toda vez que las irregularidades que se alegan están encaminadas respecto a la existencia de excedente o faltantes de boletas, cuestión que, al no estar referida a inconsistencias respecto de votos, no puede traer como consecuencia la nulidad de la votación recibida en tales centros de votación, al no afectar los sufragios emitidos en las mismas.

En efecto, respecto de las casillas 389 C2, 467 C1, 467 C2, 474 C1, 476 B, 476 C2, 476 C4, 477 C3, 480 B, 483 C1, 485 B, 486 B y 486 B, el PAN tan sólo refiere la existencia de presuntos errores relativos a la presunta discrepancia entre boletas recibidas respecto del número de los folios asentados en las respectivas actas de la jornada electoral, cuestiones que, evidentemente, no están referidas a votos, por lo que la inconsistencia no es apta, por si misma, para invalidar los votos recibidos.

En los mismos términos, en los centros de recepción de votación 344 C1, 391 C2, 425 C1, 429 B, 467 C1, 470 B, 476 C2, 477 C3, 481 C1, 482 C3, 483 C1, 485 B y 486 C1, las irregularidades invocadas están referidas a boletas faltantes, cuestión que, se insiste, no están relacionadas con presuntas inconsistencias en rubros fundamentales relativos a votos.

Por su parte, en las casillas 429 C2, 465 B, 473 C9, 474 C1, 477 B, 481 C1, 482 C3 y 486 B, se afirma que hubo excedentes o sobrantes de boletas, lo que en opinión del PAN constituyen irregularidades que no permiten establecer la certeza en la votación. No obstante, las discrepancias aludidas no pueden ocasionar la nulidad de la votación recibida, puesto que están referidas tan sólo a la presunta existencia de boletas sobrantes, lo que no afecta, en todo caso, los rubros fundamentales referidos a votos, por lo que no puede atenderse la petición de nulidad que hace valer el indicado partido político.

En efecto, los errores aducidos en la demanda se refieren a rubros como el relativo a boletas recibidas antes de la instalación de la casilla, o a sobrantes que fueron inutilizadas, así como a posibles discrepancias entre alguno de los rubros fundamentales y el resultante de la suma de los rubros relativos a boletas, por lo que dichas inconsistencias, por sí mismas, no se consideran suficientes para actualizar la causa de nulidad, pues la irregularidad advertida no necesariamente tiene repercusión en votación indebidamente computada, sino exclusivamente en un posible error en el cómputo de boletas.

Por tanto, si la confirmación legal de esta causa de nulidad exige que el error o el dolo esté referido necesariamente en la votación, las inconsistencias alegadas, encontradas en las boletas no son aptas para actualizar este supuesto de invalidez.

4.6.1.1. El error o dolo en la computación de los votos no necesariamente puede generar la nulidad de votación recibida en casilla.

Ahora bien, en relación con las casillas 344 C1, 345 C2, 351 C1, 465 B1, 467 C1, 470 B1, 471 B, 474 C1, 477 B1, 480 C2 y 486 C1, en que el actor aduce error o dolo en la computación de los votos, y pretende acreditar la causal de nulidad prevista en el artículo 75, del párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, que exige para su actualización, en primer término, que se acredite el error o dolo en el cómputo de la votación por inconsistencias relativas a los rubros del acta de escrutinio y cómputo en los que se reflejan los “votos” emitidos durante la jornada electoral.[85]

Previo al estudio atinente, cabe precisar que, como lo reconoce el propio partido actor y según se advierte tanto del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital como de las respectivas actas de recuento realizado por los grupos de trabajo que fueron conformados en la mencionada sesión, tales centros de votación fueron objeto de recuento.

Ahora bien, a efecto de ilustrar la posible existencia de los errores invocados, así como, en su caso, si tales inconsistencias son determinantes para declarar la nulidad de votación recibido en tales centros de votación, se inserta la siguiente tabla, en la que se especifica, con datos obtenidos de las actas de la jornada electoral (columna 1 de total de boletas recibidas), de escrutinio y cómputo (columnas 2 y 3, de total de ciudadanos que votaron y total de votos extraídos de las urnas, respectivamente), como de las constancias individuales de recuento (columnas 4 y 5 de total de votación y boletas sobrantes), para obtener la posible inconsistencia (columna 6, de diferencia entre columnas 2, 3 y 4), para contrastar la posible existencia de errores con la diferencia existente entre el primero y el segundo lugar de la votación en esas casillas (columna 7), a efecto de establecer si los posibles errores o inconsistencias son determinantes para el resultado de la votación (columna 8), precisando las observaciones pertinentes en la columna 10.

No puede acogerse la nulidad de la votación recibida en las la casilla 470 B, 477 B1 y 480 C2, pues no existe el error invocado por el PAN. De la revisión del cuadro que antecede se puede advertir que existe coincidencia plena en los tres rubros fundamentales, así como en los rubros auxiliares relativos a boletas.

Como se advierte tanto del acta de escrutinio y cómputo,[86] así como de la constancia individual de recuento (acta de recuento),[87] de la casilla 470 B, la votación asentada en los tres rubros fundamentales referidos a sufragios son coincidentes entre sí, al tener anotada en ellos la cifra de doscientos setenta votos. Incluso, según se advierte de dichos documentos y del acta de la jornada electoral de la casilla,[88] en los rubros auxiliares también se contienen datos que concuerdan entre sí, y si de las boletas recibidas (seiscientas setenta y dos) se restan las boletas sobrantes asentadas en el acta de recuento (cuatrocientas dos) arroja como resultado doscientos setenta (dato de los rubros fundamentales)

Por su parte, en el centro de votación número 477 B1, tanto en el acta de escrutinio y cómputo,[89] como en la constancia individual de recuento,[90] se asentó la cantidad de doscientos cuarenta y ocho votos en los tres rubros fundamentales, por lo que, al existir coincidencia en los apartados correspondientes a sufragios, no puede actualizarse la irregularidad invocada por el PAN. Si bien al realizar la suma de boletas sobrantes y el dato de los tres rubros fundamentales (doscientos cuarenta y ocho) se arroja como resultado doscientos sesenta y nueve, que no coincide con el dato de seiscientos sesenta y siete boletas recibidas que se asentó en el acta de la jornada electoral,[91] tal discrepancia se debe a que al momento de contar las boletas recibidas “se contaron dos boletas menos”, según se asentó en el apartado correspondiente a incidentes en el acta de escrutinio y cómputo. Por tanto, al existir la referida coincidencia en los datos, no puede atenderse la petición de nulidad planteada.

Por lo que respecta a la casilla 480 C2, tampoco existe el error invocado por el partido actor, puesto que también existe coincidencia en el dato asentado, tanto en el acta de escrutinio y cómputo[92] como en la constancia individual,[93] en los referidos rubros relativos a sufragios, en los que se asentó la cifra de doscientos sesenta y ocho votos, como en los rubros auxiliares referidos a boletas.

Ahora bien, por lo que hace a las siete casillas restantes, es decir, las indicadas con los números 344 C1, 345 C2, 351 C1, 465 B1, 467 C1, 471 B1, 474 C1 y 486 C1, tampoco puede concederse la nulidad de votación peticionada.

Lo anterior, porque si bien es cierto que en ellas existen diferencias o discrepancias numéricas entre los rubros relativos al total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, boletas depositadas en la urna y de resultados de la votación, la máxima diferencia entre tales rubros, es menor a la diferencia de los votos obtenidos por los partidos políticos que ocupan el primero y segundo lugares de la votación en cada caso, por lo que el error no resulta determinante para el resultado de la votación y, en consecuencia, no se actualiza el segundo elemento para acreditar la causal de nulidad en estudio.[94]

En relación con la casilla 344 C1, si bien existe una discrepancia de un voto entre el rubro de votos extraídos de las urnas y el correspondiente al total de votación recibida, en los que se asentó la cifra de doscientos ochenta y cinco votos, respecto de la cifra de doscientos ochenta y seis votos asentado en el rubro total de ciudadanos que votaron, tal discrepancia, por sí sola no puede tener el efecto invalidante que le atribuye el PAN.

En efecto, el análisis del acta de escrutinio y cómputo,[95] así como de la constancia individual de recuento,[96] permite advertir que los datos asentados en ellas son coincidentes entre sí, con la única discrepancia que se ha señalado, la cual puede explicarse por una causa diversa al error en la computación de los sufragios, como lo sería que un elector se llevara consigo la boleta. No obstante, en todo caso, tal discrepancia de un voto es menor a la diferencia de votos existente entre el primero y el segundo lugar de votación en la casilla, que es de cuatro sufragios, por lo que la inconsistencia no resulta determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla en estudio.

Por lo que hace a la casilla 345 C2, en la que existe una diferencia de un voto entre la columna total de ciudadanos que votaron respecto de las columnas de votos extraídos de las urnas y total de votación, no puede decretarse la nulidad de la misma, en razón de que tal inconsistencia no resulta suficiente para acoger tal pretensión.

La discrepancia se explica, si se advierte que en el apartado de incidentes del acta de escrutinio y cómputo[97] se asentó que, por equivocación, una persona que no pertenecía a la sección votó en esta casilla. Lo anterior evidencia porqué existe coincidencia entre las columnas 2 y 3 y la discrepancia de un voto de más en el apartado de total de personas que votaron, puesto que dicha persona emitió su voto en la casilla 345 contigua 2, que no le correspondía. Además, tal inconsistencia de un voto es menor a los veinte votos de diferencia existente entre el primer lugar de la votación y el segundo, según se puede advertir de la referida acta de escrutinio y cómputo de la casilla.

Tratándose de la casilla 351 C1, en la que el PAN alude la existencia de errores relativos a rubros fundamentales y auxiliares, si bien existe una diferencia de ocho votos entre el total de ciudadanos que votaron y votos extraídos de la una (trescientos treinta y nueve) respecto de los relativos a total de votación (trescientos treinta y uno en constancia de recuentos), que permite corroborar la discrepancia alegada, tal circunstancia no puede conllevar la nulidad de la votación recibida en este centro receptor de sufragios. Lo anterior, puesto que tales diferencias no son determinantes para el resultado de la votación obtenida en esa casilla, puesto que la inconsistencia es menor a la diferencia obtenida por el partido político que obtuvo el primer lugar respecto del segundo. Ello es así, pues la inconsistencia es de ocho votos, cantidad menor a los cuarenta y seis votos que corresponden a la diferencia entre Nueva Alianza, que obtuvo el primer lugar con ciento treinta y dos votos, respecto del PRI, que obtuvo el segundo lugar con ochenta y seis votos.

Si bien el apartado relativo a boletas recibidas se encuentra en blanco,[98] este dato se obtiene de sumar el relativo a personas que votaron (trescientos treinta y nueve) a las boletas sobrantes (trescientos cincuenta y nueve), lo que da un total de setecientos doce boletas.

En ese sentido, no puede acogerse la pretensión de nulidad de votación recibida en la referida casilla.

Por lo que respecta a la casilla 465 B, en el acta de recuento individual de votos[99] se asentó “0” (cero) en los respectivos apartados a votos nulos y candidatos no registrados, que si bien constituye una inconsistencia que representa una irregularidad, ello no implica que la misma pueda acarrear la nulidad de la votación.

Lo anterior es así, pues si bien en el acta de escrutinio y cómputo[100] se asentó en los tres rubros fundamentales la cifra de doscientos ochenta y seis votos, mientras que en la constancia individual de recuento se anotó el dato de doscientos setenta y cinco, tal inconsistencia obedece al hecho de que en esta última documental no se anotaron los votos nulos que sí se asentaron en el acta de escrutinio y cómputo, ni un voto para candidatos no registrados, circunstancia que, por sí sola, no puede considerarse como irregularidad que trascienda al resultado de la votación, pues los datos asentados en el acta de recuento y en el acta de escrutinio y cómputo, en lo relativo a la votación a cada partido político coinciden plenamente, con excepción del PRI, a quien se le anotó un voto más, que probablemente fue retomado de algún voto nulo.

En segundo lugar, la otra parte de irregularidades que se invocan respecto de esta casilla están referidas a los rubros auxiliares de boletas, lo que, como se ha indicó en el apartado 4.6.1., no impacta en la votación recibida en la casilla, por lo que no puede atenderse el planteamiento. La circunstancia de que no exista coincidencia en el apartado de boletas sobrantes que se asentó en el acta de recuento (trescientos ochenta y cuatro votos) con el asentado en dicho apartado del acta de escrutinio y cómputo (doscientos ochenta y cuatro), constituye una discrepancia que pudo deberse a un error de asentamiento en el llenado de la referida constancia de recuento, pero al tratarse de datos referidos a boletas, no puede ser motivo para declarar la nulidad de la votación.

Por lo que respecta a la casilla 467 C1, no se acredita la causal de nulidad pretendida. En primer lugar, debe señalarse que en el acta de escrutinio y cómputo[101] se asentó, en los tres rubros fundamentales, la cifra de doscientos sesenta y nueve votos, mientras que en la constancia individual de recuento se anotó el dato de doscientos sesenta, lo que implica una diferencia de nueve votos. No obstante, tal inconsistencia obedece al hecho de que en la referida constancia individual no se anotaron los votos nulos ni de candidatos no registrados, que sí se asentaron en el acta de escrutinio y cómputo. Esta circunstancia, por sí sola, no puede considerarse como irregularidad que trascienda al resultado de la votación, pues los datos tanto en el acta de escrutinio y cómputo como en el acta individual de recuento son los mismos datos de votación recibida por los partidos políticos, y el total de votos que debe contabilizarse en ambos documentos es la cifra de doscientos sesenta y nueve, por lo que la inconsistencia es subsanable y no puede ser causa de la nulidad que pretende el PAN.

Además de ello, dicha inconsistencia de nueve sufragios, en todo caso, resulta ser menor a la diferencia de votos existente entre el primero y segundo lugar en ese centro de votación, que es de setenta y tres sufragios, por lo que no resulta determinante para acarrear la nulidad de votación invocada.

Tocante a la casilla 471-B1, en el acta de escrutinio y cómputos se asentó, en el rubro de ciudadanos que votaron, la cifra de doscientos diecisiete votos, mientras que en los rubros correspondientes a votos extraídos de la urna y total de votación se asentó doscientos doce votos, mismo dato, este último, que también se anotó en el acta individual de recuento,[102] lo que evidencia una discrepancia de cinco votos. No obstante, tal inconsistencia tiene su razón de ser en el hecho de que en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo se precisa el incidente respecto a que se duplicó el asentamiento de los votos de los representantes (5 votos). En ese sentido, si la cantidad anotada en personas que votaron reflejó dos veces los votos de los representantes partidistas, es evidente que esa cifra debe ser descontada en dicho rubro, lo que conlleva que la inconsistencia referida sea subsanada y, por ende, los datos en los tres rubros fundamentales sería coincidentes. Aunado a ello, la sustracción de la cantidad de boletas sobrantes ( trescientos treinta y cuatro) a la cifra de boletas recibida (quinientos cuarenta y seis) arroja el resultado de doscientos doce votos que representa el total de votación recibida en la casilla. Por tanto, como puede advertirse, al poder ser subsanadas las inconsistencias referidas, no puede anularse la votación recibida en la casilla en estudio.

En relación a la casilla 474 C1, el PAN afirma que hubo excedentes y/o sobrantes de boletas, lo que en su opinión constituyen irregularidades que no permiten establecer la certeza en la votación. No obstante, las discrepancias aludidas no pueden ocasionar la nulidad de la votación recibida, puesto que están referidas tan sólo a la presunta existencia de boletas sobrantes, lo que no afecta, en todo caso, los rubros fundamentales referidos a votos, por lo que no puede atenderse la petición de nulidad que hace valer el indicado partido político, pues la irregularidad advertida no necesariamente tiene repercusión en votación indebidamente computada, sino exclusivamente en un posible error en el cómputo de boletas. Ahora bien, las demás incongruencias que refiere el actor, al estar señaladas respecto a boletas, no afectan, como ya se dijo, el resultado de la votación.

No pasa inadvertido que en el dato relativo a total de votación asentado en la constancia individual de recuento[103] de la casilla se anotó un total de doscientos ochenta y dos votos, que discrepa de los doscientos ochenta y cinco que se asentaron en el acta de escrutinio y cómputo;[104] empero, tal discrepancia no es suficiente para alcanzar el efecto invalidante, en razón de que la misma representa tan sólo tres votos que es sumamente menor a la diferencia existente entre el primero y el segundo lugar de votación obtenida en la casilla que es la cantidad de ciento quince votos,[105] por lo que no resulta acreditado el elemento de la determinancia exigido por la causal de nulidad en estudio. Por su parte, tampoco resultan atendibles las alegaciones respecto a la discrepancia en los rubros auxiliares, puesto que, al estar referidos a boletas, no trascienden al resultado de la votación.

Finalmente, en relación con la casilla 486 C1, en la que existe una discrepancia de nueve votos entre la columna de total de personas que votaron respecto de la columna votación total, y la relativa a boletas extraídas de la urna se encuentra en blanco, no puede acogerse la pretensión de nulidad solicitada.

Sin que exista prueba en contrario de ello, puede presumirse válidamente que la discrepancia existente entre los datos asentados en la respectiva acta de escrutinio y cómputo levantada en las casillas pudo deberse al hecho de que en ella se hayan adicionado, de manera incorrecta o indebida, a los votos relativos a ciudadanos que votaron conforme al listado nominal, cuatro votos de representantes partidistas después de haberse asentado el dato relativo a la votación obtenida (trescientos cinco).

Se afirma lo anterior, puesto que si el resultado de la votación en dicha acta fue de trescientos cinco votos, que es un dato similar a la cifra de ciudadanos que votaron, pero sufragaron cuatro representantes, el asentamiento incorrecto es el dato relativo a ciudadanos que votaron (que debió haber sido trescientos uno) los que adicionados a los cuatro de representantes da un total de trescientos cinco, que coincide con el dato de total de votación. La discrepancia entre el dato asentado en el acta de escrutinio y cómputo y el acta individual de recuento obedece a que en esta última documental no se asentaron los datos relativos a votos nulos.

Además, si bien se actualiza la inconsistencia referida, la misma no resulta determinante para el resultado de la votación en ella obtenida, al ser esos nueve votos una cantidad inferior a la diferencia de treinta y uno votos existente entre el primer lugar de votación respecto del segundo en dicha casilla (treinta y uno votos).

Ahora bien, la discrepancia en rubros auxiliares de boletas, como se ha indicado, no pueden trascender al resultado de la votación.

Aunado a todo lo anterior, es preciso señalar que en las casillas que se han analizado, el total de votación anotado tanto en las respectivas actas de escrutinio y cómputo, como los asentados en el acta individual de recuento de cada una de las casilla son coincidentes, como se aprecia en la siguiente tabla.

Si bien existe una diferencia de ocho votos en la casilla 351 C1, así como una diferencia de cinco votos en la casilla 486 C1, lo que permite corroborar las discrepancias alegadas, tal circunstancia no puede conllevar la nulidad de la votación recibida en estos centros receptores de sufragios. Lo anterior, puesto que tales diferencias no son determinantes para el resultado de la votación obtenida en esas casillas. [106] Lo mismo acontece en las casillas 465 B y 467 C1,[107] en las que las inconsistencias referidas son menores también a las correspondientes diferencias entre el primer lugar y el segundo lugar en votación en tales centros de votación.

 4.7. Permitir a ciudadanos votar sin credencial de elector

La hipótesis de nulidad de la votación en casilla prevista por el numeral 75, párrafo 1, inciso g), de la Ley de Medios se actualiza cuando concurren los elementos siguientes:

a)      Se acredita que se permitió sufragar a una o varias personas que no exhibieron su credencial de elector o cuyo nombre no estaba en el listado nominal correspondiente.

b)      Que tales ciudadanos no se ubican en alguno de los supuestos de excepción que permiten ejercer el derecho de sufragio sin credencial o sin aparecer en la lista de electores respectiva.

Tales casos extraordinarios se refieren a los sujetos siguientes: (i) los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes acreditados ante la mesa directiva de casilla, quienes al desempeñar tal función el día de la jornada se les permite votar en la mesa receptora a la que fueron asignados[108]; (ii) los ciudadanos que acuden a casillas especiales,[109] al encontrarse transitoriamente fuera de su sección, distrito o entidad,[110] y (iii) los que exhiban una identificación y copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia favorable del juicio ciudadano que ellos promovieron.[111]

c)      Que de existir irregularidad, sea determinante para el resultado de la votación recibida en casilla.

En efecto, debe demostrarse fehacientemente que el vicio ocurrido en la casilla fue decisivo para el resultado de la votación ahí generada, y que de no haber ocurrido, el resultado pudo haber sido distinto. Este elemento se acredita cuando el número de personas que sufragaron irregularmente es igual o mayor a la diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar.

También puede actualizarse la citada determinancia cuando sin haber demostrado el número exacto de personas que sufragaron de manera irregular, queden probadas en autos circunstancias de tiempo, modo y lugar que acrediten que un gran número de personas votaron sin derecho a ello y por tanto, se afectó el valor que tutela esta causal[112].

Cabe referir que el supuesto de nulidad en estudio persigue la tutela del principio de certeza, pues se busca que la voluntad popular de una determinada sección electoral se construya exclusivamente a partir de los votos de los ciudadanos efectivamente registrados en esa territorialidad, y que justifican contar con el documento comprobatorio correspondiente (credencial de elector).

En el caso, el PAN afirma que en las casillas 345 C2, 388 C1, 389 C2, 391 B1, 391 C1, 444 B1, 467 C2, 473 C4, 474 B1, 474 C1, 476 C2, 478 C6, 478 C7, 480 C2, 482 B1, 482 C1 y 485 B1 se permitió a ciudadanos que no se encontraban en la lista nominal, así como a otros que acudieron a sufragar con “credencial no vigente”.

4.7.1. Haber permitido votar a ciudadanos que no aparecen en el listado nominal no resulta determinante para anular la votación.

Si bien se encuentra acreditado que en las casillas 345 C2, 382 C1, 388 C1, 389 C2, 391 C1, 444 B1, 474 C1, 476 C2, 478 C6, 478 C7, 480 C2, 482 B1 y 482 C1, se permitió votar a uno o dos ciudadanos sin estar incluidos en las listas nominales respectivas, según se asentó en las correspondientes actas de jornada electoral y/o en las hojas de incidentes, tal circunstancia por sí sola resulta insuficiente para que se anule la votación recibida en esos centros de votación.

Esto es así, puesto que la irregularidad no resulta determinante para el resultado de la elección en cada una de ellas, puesto que, al revisar los resultados asentados en las correspondientes constancias individuales de recuento (que en virtud del recuento total sustituyen a las actas de escrutinio y cómputo levantadas en las casillas) la diferencia existente entre el primer lugar en la votación de cada casilla es superior al número de ciudadanos que votaron de manera irregular en cada una de ellas,[113] como se evidencia en el siguiente esquema:

Como puede advertirse, aun cuando se acreditaron las irregularidades invocadas, en ningún caso resultan ser determinantes para el resultado de la votación obtenida en cada una de las casillas, puesto que resulta menor el número de ciudadanos a los que indebidamente se permitió sufragar sin estar autorizados para ello respecto de la diferencia existente entre el partido que obtuvo la mayor votación y el segundo lugar. Por tanto, no puede decretarse la nulidad de la votación solicitada.

4.7.1.1. No se encuentra acreditado que se haya permitido votar a ciudadanos sin estar en el listado nominal.

Ahora bien, en cuanto a las casillas 391 B1, 467 C2 y 473 C4, en las respectivas hojas de incidentes se asentó que acudieron personas (una o dos) a votar con credencial no vigente; sin embargo, esa circunstancia, por sí sola, no es suficiente para considerar que se les permitió votar, porque tal hecho no fue asentado en dichas hojas, lo que no permite determinar si ejercieron indebidamente el voto o no, puesto que tales documentos constituyen el instrumento en el cual se asientan los hechos integradores de aquél; es decir, es un objeto creado y utilizado como medio demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar la valoración de este tipo de elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo expresamente consignado, por lo que, en su valoración no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo expresamente consignado en dichas constancias.[114] Además, no existen evidencias que corroboren que efectivamente se les permitió votar, ni el partido actor ofrece medio de prueba alguno para acreditarlo.

Aun en el caso que se considerara que se les dejó votar a tales ciudadanos en las referidas casillas, al sólo tratarse de dos personas en la casilla 391 B (donde la diferencia entre primero y segundo lugar fue de cincuenta y uno votos), dos ciudadanos en la casilla 467 C2 (en la que la diferencia entre primero y segundo lugar fue de ciento nueve sufragios), un ciudadano en la casilla 473 C4 (donde la diferencia fue de cincuenta y tres votos entre el primero y segundo lugar), al no ser determinante para el resultado en cada uno de los centros de votación, la irregularidad invocada no puede servir de base para anular la respectiva votación.

Tampoco puede anularse la votación recibida en la casilla 485 B1, en la que el PAN señala como irregularidad que “1 ciudadano que no apareció en LN”, pues en la hoja de incidentes de la casilla se asentó expresamente “”[a las] 1:29 pm a una persona no se le permitió votar por no aparecer en lista nominal”, es decir, que si bien un ciudadano acudió a pretender votar, no se le permitió ejercer su derecho porque no apareció en la lista nominal, lo que evidencia que no sufragó en la casilla pues, en todo caso, los funcionarios de la mesa directiva tenían causa justificada para no permitirle votar, como al efecto aconteció.

Finalmente, si bien el PAN solicita la nulidad de la votación recibida en la casilla 474 B1, señala únicamente “12 personas con credencial vencida”, lo que no significa que esos doce ciudadanos hayan ejercido sufragio en tal centro de votación, puesto que ni del acta de la jornada electoral como tampoco de la hoja de incidentes respectiva se advierte anotación alguna que permita concluir que se les haya dado oportunidad de emitir su voto. No obstante, aun en caso de que ello haya acontecido, la irregularidad no resultaría determinante para modificar el ganador de la elección, puesto que la diferencia entre el partido que obtuvo el mayor número de votos en la casilla respecto del que alcanzó el segundo lugar es de ciento catorce votos, es decir, un número superior a los doce ciudadanos que, en su caso, se les haya permitido votar de manera irregular.

En ese sentido, aun aceptando que a los ciudadanos que se indica en cada una de las casillas se les haya permitido votar y considerar que acontecieron tales irregularidades, las mismas no serían determinantes para decretar la nulidad de votación en esos centros receptores de sufragios, como se ilustra enseguida:

Así, aun cuando se asumiera que la irregularidad invocada pudiese haber acreditado, lo que no sucede, tal circunstancia no resulta determinante para el resultado de la votación obtenida en cada una de esas casillas, por lo que no puede acogerse la pretensión de nulidad.

4.8. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores

En conformidad con lo previsto en el artículo 75 párrafo 1, inciso i), de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los tres elementos siguientes: a) que exista violencia física o presión;[115] b) que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; y, c) que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

En cuanto al primer elemento, debe existir violencia física o presión. Al respecto, debe señalarse que los actos públicos realizados al momento de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los electores para producir una preferencia hacia un determinado partido político, coalición, candidato, o para abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se traducen como formas de presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio.

El segundo elemento, requiere que la violencia física o presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores.

En cuanto al tercero, es necesario que el demandante demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de los hechos generadores de tal causal de nulidad y si los mismos fueron determinantes en el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate.[116]

4.8.1. Irregularidades invocadas por el PAN.

En el caso, el PAN señala los siguientes hechos que considera encuadran en la causal de nulidad de votación en estudio:

1.       En la sección 347 se ejerció coacción del voto por parte del alcalde municipal de Asientos, Aguascalientes.

2.       Existencia de militantes y simpatizantes del [PRI] en las inmediaciones de las casillas correspondientes a las secciones 404, 443, 444, 450, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477 y 478, ubicadas en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes (“marea roja”), así como presunta utilización de programas sociales para presionar y coaccionar a los electores para votar a favor del PRI.

3.       Compra de votos, acarreo de votantes y retención de credenciales para votar, por parte de representantes y simpatizantes del PRI en las casillas 349 C1 y 349 C2, de la comunidad de Villa Juárez, Asientos, Aguascalientes.

4.       Acarreo de votantes, por parte de un militante del PRI en las inmediaciones de las casillas correspondientes a la sección 391 (casillas 391 B y 391 C1) del municipio de Cosío, Aguascalientes, así como inducción al voto a favor de ese partido, pues en la camioneta en que se transportaba dicho ciudadano se encontraba adherida una calcomanía con propaganda del candidato de ese partido.

4.8.1.1. No se demuestra la presunta coacción del voto por parte del alcalde municipal de Asientos, Aguascalientes.

El PAN señala que el alcalde de Asientos, Aguascalientes, ejerció presión sobre los electores para que votara por Nueva Alianza. Al efecto refiere que dicho funcionario, quien es militante del citado partido, “hizo presencia en las casillas de dicho municipio, captándosele mediante evidencias fotográficas, en la ubicada en la comunidad de Lázaro Cárdenas, particularmente en la sección 347, […] persuadiendo a los votantes para de […] votaran por el partido político al que pertenece, […] situación que se ve reflejada en cada una de las cuatro urnas que fueron ubicadas en dicha sección”. Asimismo, afirma que “se identificó a dicho funcionario público entregando dinero a las personas”.

Para ello ofrece, como único medio de prueba, dos fotografías que inserta en la demanda. En las imágenes únicamente se advierte a una persona del sexo masculino, quien se aprecia, en una de ellas, de costado volteando hacia un lado, en un lugar del cual no se advierten si es un patio de una escuela o una plaza pública y, en otra, se ve a la misma persona conversando con una mujer, sin que de dichas probanzas pueda advertirse ni siquiera de manera indiciaria la entrega de dinero a otras personas, ni la coacción o presión sobre alguien para que emita sufragio en favor de partido político alguno, ni mucho menos se advierte que el lugar en que fue tomada la fotografía sea un domicilio en donde se haya instalado algún centro de votación, como lo refiere el partido actor.

Aunado a ello, no existe incidente registrado por parte de los funcionarios de las respectivas mesas directivas de casilla relacionados con la presunta presencia del indicado funcionario municipal, ni el PAN ofrece otros medios de prueba con las cuales acredite sus afirmaciones, pues omitió ofrecer otros medios de prueba para ello, por lo que no puede acogerse su pretensión de que se anule la votación en las casillas instaladas en la sección 347 en el distrito 1.

4.8.1.2. “Marea roja” y presunta utilización de programas sociales para presionar y coaccionar a los electores para votar a favor del PRI, son irregularidades que no están acreditadas.

Señala el PAN que en el municipio de San Francisco de los Romo, militantes y simpatizantes del PRI (lo que “deduce” porque esas personas vestían de rojo) estuvieron “rondando las inmediaciones de las casillas, incluso introduciéndose a ellas para inducir al voto”. Al respecto, considera que tales personas realizaron diversas acciones, como la llamada “marea roja”.

Asimismo, afirma que un funcionario municipal de la indicada demarcación daba instrucciones a dos personas del sexo femenino acerca del llenado de unos formatos que corresponden a un programa social de dotación de calentadores solares, de la secretaría del medio ambiente del gobierno del estado de Aguascalientes, de lo que deduce que existió coacción del voto, pues se condicionaba la entrega de tales calentadores a cambio de que se sufragara en favor de dicho instituto político.

Tales acciones, según aduce, se dieron en las secciones 404, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477 y 478, ubicadas en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, en las que militantes y simpatizantes del PRI estuvieron rondando en las inmediaciones de las casillas ubicadas en tales secciones para inducir al voto en favor de ese partido. Afirma que en una videograbación que ofrece como prueba se advierte a un funcionario municipal dando instrucciones a personas vestidas de rojo acerca del llenado de formatos relativos a un programa social implementado por la secretaría del medio ambiente del gobierno estatal, para condicionar la entrega de calentadores sociales a cambio del voto para el PRI.

Sin embargo, de los medios de prueba allegados por el recurrente al sumario no puede advertirse, siquiera indiciariamente, tales irregularidades, lo que genera que no se encuentren demostradas ya que, en estricto sentido, no puede derivarse de ellos que hayan existido la presión sobre los electores de las secciones señaladas, pues las pruebas no son aptas para establecer ni el número de electores que pudieron haber sido beneficiados con la aplicación y difusión del programa social al que aluden, como tampoco que efectivamente el día de la jornada electoral se haya realizado esa labor de afiliación con la finalidad de beneficiar al PRI.

En efecto, con la prueba técnica ofertada, la que tiene valor probatorio indiciario de lo que en ella se observa, pero las imágenes que en ella se advierten no son suficientes para acreditar que el día de la jornada electoral presuntos militantes priístas realizaron las acciones indebidas que alega, pues de ellas únicamente se puede advertir a diversas personas, a una de las cuales se le llama por su nombre; sin embargo, dicha probanza no es apta para acreditar que esa persona sea un funcionario municipal, ni que coordinaba a un grupo de militantes priístas.

En las imágenes se advierte tan sólo una persona del sexo masculino, sin que pueda corroborarse que daba indicaciones a las otras personas que aparecen en la imagen acerca del llenado de los formatos para registrar a personas que serían beneficiados con la entrega de calentadores solares. Así, del video tan sólo puede advertirse una toma en la que se ve a un ciudadano a quien el narrador del video le llama “Juanito”, quien conversa con dos mujeres que traen documentos en las manos, sin que sea factible advertir indicio alguno respecto a la presión sobre los electores para que se afiliaran para ser beneficiados con el referido programa social, como tampoco de tal probanza puede deducirse cuál sea la forma en que se está presionando a los electores.

Ahora bien, de las notas periodísticas de fechas anteriores a la jornada electoral, que el PAN aporta como prueba, señalando los vínculos a las páginas de internet en las cuales se publicaron, tan sólo se deduce el indicio que en las fechas referidas[117] en ellas se da cuenta, por parte del redactor de las notas, que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el congreso local de Aguascalientes denunció que durante el período de campaña se estaba prometiendo a la población la entrega de calentadores solares a cambio de que los beneficiarios se afiliaran al PRI. Sin embargo, tales probanzas no son aptas para acreditar la realización de la presión con la promesa de que los electores serán beneficiados con la entrega de calentadores solares.

En sí mismas consideradas, estas notas son reflejo de las tareas informativas desempeñadas por tres medios de comunicación, producto del ejercicio de la libertad de profesión, expresión de ideas, así como de escribir y publicar escritos, en términos de los artículos 5, 6 y 7, de la Constitución Federal. En ese sentido, las notas periodísticas sólo pueden generar indicios que deben ser necesariamente adminiculados con otros elementos de convicción.[118]

En las relatadas circunstancias, si las notas periodísticas aportadas sólo evidencian el ejercicio de la labor informativa, mediante el cual se da cuenta de las manifestaciones expresadas por un grupo parlamentario, aunque las tres notas sean coincidentes en su contenido, porque tan sólo informan la realización de la entrevista o conferencia de prensa, no pueden servir de base para decretar la nulidad de la votación que se pretende.

Aun cuando se aceptara que la conducta que atribuye el PAN a militantes del PRI pudiera ser considerada como una irregularidad, la misma no puede ser suficiente para acreditar que fue dirigida de manera especial a los habitantes que sufragan en la demarcación territorial del distrito cuya elección se cuestiona, con la firme intención de generar presión en los electores que presuntamente serían beneficiados para que emitieran su voto a favor de los candidatos del PRI, pues los medios de prueba aportados, se insiste, no tienen el alcance probatorio que les pretende otorgar el PAN, al ser insuficientes para acreditar la presión sobre los electores o sobre los integrantes de las mesas directivas de casilla como para considerar que se actualiza la nulidad de votación pretendida por el partido actor.

Además, con tales pruebas no se encuentra acreditado tampoco, ni siquiera de manera indiciaria, cómo “la marea roja” realizó las acciones de presión sobre los electores, ni tampoco el PAN justifica con medio probatorio alguno que se hayan desarrollado esas actividades que describe. Además, en las respectivas hojas de incidentes de las casillas indicadas no se advierte la existencia de incidente alguno relacionado con la presunta realización de acciones tendentes a coaccionar el voto de los ciudadanos que acudían a votar en esos centros de recepción de sufragios, ni tampoco la existencia de manifestaciones al respecto por parte de los representantes partidistas que estuvieron en las casillas, por lo que las irregularidades invocadas no se encuentran acreditadas y, por tanto, no pueden ser motivo para que se anule la votación recibida en esos centros de votación.[119]

4.8.1.3. No se actualiza la irregularidad relativa al presunto acarreo de votantes como tampoco la inducción al voto a favor del PRI.

Argumenta el PAN que el día de la jornada electoral se detectó a “un vehículo marca Nissan color blanco, […] que pertenece al ayuntamiento del municipio de Cossío […] acarreando personas a la casilla 391, tanto básica como contiguas, de lo que se infiere dicha acción fue con la única finalidad de inducir al voto a diversas personas […] a favor [del] [PRI]”. Asimismo, señala que “se presume que durante el transcurso de la jornada [un militante priísta] estuvo realizando la compra de votos, y no en una sola ocasión”, además que el vehículo en que esta última persona se trasladaba (camioneta “Cherokee”) tenía una calcomanía con propaganda del candidato del PRI, de lo que se puede “apreciar” que dicho partido “estuvo realizando propaganda” fuera del período permitido por la ley.

No asiste razón al PAN, toda vez que, si bien en su demanda hace la descripción de las irregularidades que invoca, señalando circunstancias de tiempo y lugar, lo que sustenta en dos videos, en los cuales se ven únicamente los vehículos que relata, sin que se adviertan las actividades que denuncia.[120] Sin embargo, es omiso en acreditar que el vehículo en que presuntamente se acarreaba a los votantes para que fueran a votar a la casilla que indica, sea propiedad del ayuntamiento de Cosío, Aguascalientes, ni tampoco a cuántos electores se trasladó a votar, ni mucho menos que la finalidad de ese presunto acarreo era que los electores ejercieran su voto en favor de un determinado partido político, puesto que las referidas pruebas técnicas no son aptas para ello ni al efecto aporta otras probanzas con las cuales corroborar las indicadas acciones y la propiedad del vehículo que indica en la demanda.

Con las referidas pruebas tampoco acredita que una persona que presuntamente conducía una camioneta tipo “Cherokee” haya estado realizando acciones de compra de voto, que dicha persona fuera militante priísta, ni la forma en que presuntamente se realizaba la acción indebida de compra de votos, pues en el video respectivo tan sólo se advierte una camioneta de las características que describe, lo que resulta insuficiente para evidenciar el acarreo de electores. Además, en las respectivas actas de jornada electoral o las hojas de incidentes de las casillas 391 B y 391 C1 no se asentó circunstancia alguna relacionada con las conductas que refiere el PAN,[121] lo que torna inatendible la solicitud de anulación de los votos recibidos en los indicados centros de votación.

Por lo que hace a la presunta exposición de propaganda electoral porque el indicado vehículo traía en uno de sus vidrios laterales una calcomanía del PRI, debe señalarse que ese tipo de cuestiones, por sí solas, no constituyen una irregularidad. Efectivamente de acuerdo con las máximas de la experiencia y la sana crítica, contempladas en el artículo 16, párrafo 1, de la Ley de Medios, esas calcas pequeñas adheridas en vehículos particulares, generalmente son utilizadas para promover a un candidato durante la campaña electoral y suelen permanecer pegadas en los automóviles o en algunos otros lugares con posterioridad a la jornada electoral. En este contexto, su permanencia en el espacio en que fueron colocadas no infringe disposición alguna, por lo que no puede considerársele una irregularidad, máxime si el tamaño de la calcomanía es pequeño, lo que permite concluir que no pueden tener el alcance que le pretende otorgar el PAN.

4.8.1.4. No se acredita la compra de votos, acarreo de votantes y retención de credenciales para votar, por parte de representantes y simpatizantes del PRI en las casillas 349 C1 y 349 C2, de la comunidad de Villa Juárez, Asientos, Aguascalientes.

Señala el partido actor que en las indicadas casillas “se detectó la indebida retención de credenciales de votar, con la finalidad de inhibir el voto en la elección 2015 […] en el ámbito territorial correspondiente a la sección 349, casillas contigua una y contigua 2, del municipio de Asientos, en la localidad de Villa Juárez, así como el acarreo de votantes desde el domicilio [de una representante partidista] hasta la ubicación donde se encontraba[n] la[s] casilla[s]”.

No puede acogerse la pretensión de nulidad que solicita el PAN, puesto que las irregularidades que invoca no las sustenta en medio de convicción alguno, ya que se concreta a señalar la presunta compra de votos, acarreo de votantes y retención de credenciales de elector, sin que aporte pruebas, sino que sustenta sus afirmaciones, “bajo protesta de decir verdad”, en el hecho de que dicha información le “fue proporcionada por testigos presenciales de los hechos”, cuestión que, al no estar corroborada con pruebas de las cuales se advierta fehacientemente la existencia de las irregularidades ni los referidos testimonios, resulta ser un motivo suficiente para desestimar la solicitud de nulidad.

4.8.2. Causal genérica de nulidad de votación

4.8.2.1. Existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

Conforme al artículo 75, párrafo 1, inciso k), para la actualización del supuesto de nulidad ahí previsto se requiere, indefectiblemente, la conjunción de los elementos que se detallan a continuación.

1. Existir irregularidades graves, es decir, actos contrarios a la ley que produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación, generando incertidumbre en su realización;

2. Que dichas irregularidades queden plenamente acreditadas;

3. Que su reparación no fuese factible durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, lo cual implica que dichas irregularidades trasciendan en el resultado de la votación;

4. Que la certeza de la votación esté contradicha, comprometiendo la transparencia de la jornada y de la votación recibida en casilla, originándose con ello desconfianza en los resultados asentados en las respectivas actas de escrutinio y cómputo; y,

5. Que la afectación resulte determinante para el resultado de la votación, provocando una variación tal que sea suficiente para revertirlo, atendiendo el criterio cuantitativo o cualitativo, según corresponda a la naturaleza de la irregularidad plenamente acreditada.

Así, la llamada causal genérica de nulidad de votación, en virtud de sus características especiales, es independiente de la materialización de cualquiera de las enlistadas en los incisos a) al j), del invocado precepto, pues debe tratarse de irregularidades no tuteladas por las causales específicas.[122]

4.8.2.1.1. No se acredita el manejo indebido de las boletas por parte de representantes partidistas.

En el caso, el PAN refiere que en la casilla 482 C3, en la hoja de incidentes se asentó que “los representantes del PRI, PRD y PT accedieron en diferentes horas a las boletas con número de folio 007301 al 007400, lo cual es ilegal ya que la responsabilidad de las boletas recae sólo en la mesa directiva de la casilla, en concreto al presidente y no co[n]sta que éstas hubieren sido devueltas a dicho funcionario o qu[é] pasó con las mismas, lo cual se puede presumir hubo una anomalía o fueron utilizadas para la violación conseguida por los partidos que tuvieron dichas boletas en su poder”.

No puede acogerse la nulidad de votación que pretende el partido actor, puesto que, si bien se asentaron en la hoja respectiva los incidentes que menciona, existe la presunción, sin que exista prueba en contrario de ello, que dicho asentamiento está referido al derecho que ejercieron los partidos políticos para contar las boletas, puesto que los incidentes se anotaron en la hora en que sucedieron (08:10, 08:15 y 08:20). Lo anterior permite advertir que los representantes partidistas rubricaron o sellaron las boletas de manera alternada y consecutiva, durante cinco minutos cada uno de ellos, según se asentó en la hoja de incidentes la circunstancia de que representantes partidistas realizaron tal acción, precisando el número de folios que cada representante revisó o contó, indicando la hora.

Dicha presunción se ve robustecida con el hecho de que en el apartado correspondiente a la hora de apertura de la casilla, contenido en el acta de la jornada electoral, se asentó que la votación se comenzó a recibir a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos del día de la jornada, mientras que los incidentes fueron en las horas que se han precisado, es decir, con anterioridad a la apertura del centro de votación.

En ese sentido, contrario a lo que afirma el PAN, no se demuestra el manejo indebido de boletas por parte de los representantes partidistas, sino que el incidente asentado en la hoja correspondiente está referido únicamente al procedimiento de rúbrica o sello del total de boletas entregadas a la mesa directiva de casilla, en términos de lo previsto en el artículo 273, párrafo 3, de la LEGIPE.[123] Si bien dicho precepto establece que, si existe una solicitud al respecto, se hará un sorteo para determinar el representante que rubricará y/o sellará las boletas, es decir, que dicha labor sólo podrá hacerse por uno de los representantes, tal circunstancia, en el caso, no puede servir de base para declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla.

4.8.2.1.2. El presidente de casilla es el responsable de hacer la entrega del paquete electoral al Consejo Distrital.

El PAN afirma que en la referida constancia de clausura de la casilla 486 B no se asentó qué funcionario era el encargado de entregar el paquete en el Consejo Distrital, cuestión que, en su concepto, genera la nulidad de la votación recibida en dicha casilla.

Tal planteamiento no puede acogerse, porque la omisión de asentar en dicha constancia al funcionario que haría la entrega, únicamente revela la falta de consignación de un dato, pero no una diversa circunstancia, como sería la entrega por una forma no autorizada por la ley.

Al respecto, el artículo 298 de la LEGIPE establece que concluidas por los funcionarios de la mesa directiva de casilla las operaciones establecidas en los artículos anteriores, que el secretario levantará constancia de la hora de clausura de la casilla y el nombre de los funcionarios y representantes que harán la entrega del paquete que contenga los expedientes y que la constancia será firmada por los funcionarios de la casilla y los representantes de los partidos y de candidatos independientes que desearen hacerlo.

Por su parte, el artículo 299 dispone que una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al consejo distrital que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos ahí establecidos, contados a partir de la hora de clausura.

En ese sentido, la omisión de consignar el nombre de funcionario designado para la entrega del paquete no revela el incumplimiento de lo previsto en el artículo 299 citado. En todo caso, si el PAN sostuviera que fue una persona no autorizada quien llevó el paquete electoral, a él correspondía la carga demostrativa de acreditarlo fehacientemente, extremo que no acontece. De hecho, en relación con esta casilla no se aduce siquiera que hayan existido alteraciones en el paquete electoral recibido.

Por tanto, la señalada omisión no puede acarrear la nulidad de la votación recibida en la mencionada casilla.

4.8.3. La nulidad de votación de la casilla 450 C1 no es determinante para que exista cambio de ganador en la elección.

Si bien ha procedido la anulación de la votación recibida en la casilla 450 C1, lo que implica que se realice la modificación del cómputo distrital correspondiente, ello no conlleva que exista un cambio de ganador, pues al deducir de dicho cómputo la votación anulada, no existe un cambio de ganador, según se evidencia en la siguiente tabla:

Como puede verse, restando la votación anulada a los resultados asentados en el acta de cómputo distrital, el PRI sigue manteniendo el primer lugar. En ese sentido, procede realizar el análisis de las causales de nulidad de elección invocadas por el PAN, sobre la base de que el PRI obtuvo el triunfo conforme los resultados obtenidos en las casillas instaladas en el distrito.

4.9. Nulidad de elección.

El partido actor pretende la invalidez de los comicios por violación a preceptos constitucionales, al considerar que el candidato del PRI realizó la erogación de cantidades que exceden el tope de gastos de campaña fijado por el INE.

Asimismo, realiza planteamientos que, en aplicación de la suplencia del derecho autorizada por el artículo 23, apartado 3, de indicada normativa, deben más bien entenderse, en última instancia, como alegatos mediante los cuales se pretende la nulidad de la elección a partir de la actualización de la causal genérica de elección prevista en el artículo 78 de la propia ley, dado que no se precisan circunstancias acontecidas en ciertas y determinadas mesas receptoras de la votación, sino que se plantea un fenómeno que, se dice, ha ocurrido de manera uniforme y general en la demarcación que comprende el distrito, lo que asemejaría la argumentación a los elementos configurativos de esta causa de invalidez.

4.9.1. Nulidad de elección por rebase de tope de gastos de campaña.

No puede acogerse la pretensión del PAN, relativa a la actualización de la causal de nulidad de elección respecto al rebase de tope de gastos de campaña fijados por el INE, como se considera enseguida.

El artículo 41, base VI, inciso a), de la Constitución Federal, dispone que la ley establecerá un sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas, y determinantes en los casos, entre otros, en que se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado. El párrafo cuarto de dicha base dispone que tales violaciones deben ser acreditadas de forma objetiva y material, así como que las violaciones se presumirán como determinantes cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al cinco por ciento.

La exigencia de que las violaciones se encuentren acreditadas de forma objetiva y material está referida a que los hechos en los que se sustente deben estar plenamente acreditados, es decir, que a partir de las pruebas se llegue a la convicción de que las violaciones o irregularidades efectivamente sucedieron, que su acreditación no se sustente en meras apreciaciones subjetivas, sino en bases que permitan determinar plenamente la actualización de la irregularidad.

En relación con el carácter determinante de la violación, el párrafo cuarto de la base constitucional citada y el artículo 78 bis, párrafo 2, de la Ley de Medios establecen que se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia obtenida entre el primero y segundo lugar de la elección sea menor al cinco por ciento. En caso contrario, es decir, cuando el porcentaje sea mayor, corresponderá en todo caso a quien haga valer la causa de invalidez, argumentar y probar la trascendencia del rebase de tope de gastos de campaña en los resultados de los comicios.

Ahora bien, debe señalarse que la violación al límite a las erogaciones de los partidos políticos y sus candidatos en una campaña electoral representa una conducta ilícita que puede atentar contra los principios rectores sustanciales de toda elección democrática, pues puede dar lugar a la afectación de la equidad en la contienda, lo que acorde con lo previsto en el artículo 78 Bis, párrafo 1, en relación con el 78, ambos de la Ley de Medios, que otorgan a las salas de este tribunal electoral la facultad de declarar la nulidad de una elección cuando se excedan los topes de gastos de campaña en un cinco por ciento del monto autorizado, siempre que dichas violaciones se acrediten de manera material y objetiva.

Para tener por acreditada la referida causal de nulidad también resulta necesario que quien la invoque realice la exposición de los hechos que se consideren violatorios de las disposiciones que regulan el límite a las erogaciones que pueden hacer los partidos políticos y candidatos durante el desarrollo de una campaña, y que se aporten las pruebas que estimen pertinentes para lograr la comprobación plena de los hechos base de la acción.

En efecto, la referida causal de nulidad exige que la violación aducida deba estar demostrada de manera material y objetiva, es decir, que efectivamente exista una contravención a la normatividad electoral aplicable, por lo que corresponde, a quien la hace valer, el deber de argumentar y demostrar, mediante la expresión de conceptos de agravio sustentados en hechos, en normas jurídicas infringidas, así como en el ofrecimiento y aportación de pruebas encaminadas a acreditar que la violación existe y es determinante (supuesto previsto en el artículo 41, base VI, de la Constitución Federal, que establece, como ya se dijo, que se presume que una violación es determinante cuando la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es menor a cinco por ciento), aunque este último elemento también puede evidenciarse a partir del análisis del juzgador, una vez acreditada la irregularidad.[124]

En ese sentido, si las salas de este tribunal tienen dentro de su ámbito de atribuciones la de resolver los medios de impugnación previstos en la Ley de Medios que sean sometidos a su consideración[125] y, tratándose del juicio de inconformidad, puede decretar la nulidad de una elección porque se rebasen los topes de gastos de campaña, es indudable que tiene facultades para examinar todos los medios de prueba que al efecto se aporten por los promoventes de dicho medio de defensa, así como de aquellas probanzas que estime pertinentes para resolver que se allegue mediante diligencias para mejor proveer. No obstante, para tener por demostrada una irregularidad relacionada con el rebase de tope de gastos de campaña, debe haber evidencia con valor probatorio pleno de tales hechos, que permitan al resolutor del medio de impugnación llegar a la convicción no sólo de la existencia de la violación a una disposición, sino también respecto a su trascendencia en el resultado de la elección.

Ahora bien, el Dictamen Consolidado que al efecto emite la Unidad de Fiscalización es una prueba que detenta esa característica, toda vez que su emisión, que se encuentra sujeta a fases de cumplimiento irrestricto puesto que en la fiscalización del origen y gasto de los partidos políticos y los candidatos deben atenderse cuestiones técnicas que precisan de un conocimiento especializado, el respeto de los plazos legales y las formalidades esenciales del procedimiento de fiscalización y está supeditada a la conclusión de la revisión contable de los informes de gastos de campaña que realiza la Unidad de Fiscalización, el que una vez que es aprobado por el Consejo General constituye la prueba idónea porque arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña. En síntesis, el Dictamen Consolidado es el documento apto para tener por demostrada la irregularidad relacionada con el rebase de tope de gastos de campaña, que permite al resolutor del medio de impugnación llegar a la convicción no sólo de la existencia de la violación a una disposición, sino también respecto a su trascendencia en el resultado de la elección.[126]

En el caso, el PAN señala que se violan, en su perjuicio, los principios de legalidad y equidad en la contienda, al afirmar que Gregorio Zamarripa Delgado, candidato del PRI a diputado federal en el 01 distrito electoral federal, rebasó el tope de gastos de campaña establecido por el INE mediante el acuerdo INE/CG02/2015.[127]

4.9.1.1. Metodología para el estudio de la causal de nulidad.

Con base en las estimaciones realizadas en la demanda, el PAN asegura que los gastos que fueron realizados en exceso por el candidato del PRI, ascienden a la cantidad de $778,752.00 (setecientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta y dos pesos), y como el tope de gastos de campaña se fijó por el INE en la cantidad de $1´260,038.34 (Un millón doscientos sesenta mil treinta y ocho pesos con treinta y cuatro centavos), estima que dicho candidato gastó un total de $2´038,790.34 (dos millones treinta y ocho mil setecientos noventa pesos con treinta y cuatro centavos), lo que, en su concepto, rebasa en un 60% (sesenta por ciento) el referido tope de gastos de campaña.

Para sustentar su dicho, realiza una serie de estimaciones de gastos, con base en las “evidencias” fotográficas que al efecto inserta en la demanda y que aduce son de cuatro eventos masivos, aunado a la difusión de propaganda electoral en bardas, lonas, espectaculares y “siluetas”.

Esta sala regional estima pertinente realizar el estudio respectivo de la siguiente manera:

a) en un primer apartado se realizará el contraste de los supuestos gastos a que alude el PAN con aquéllos que sí fueron reportados en los informes correspondientes, es decir, los gastos que fueron considerados por la Unidad de Fiscalización;

b) si los gastos precisados en la demanda fueron de los fiscalizados por la autoridad, deberá determinarse si con las pruebas aportadas por el partido actor se acredita fehacientemente que los conceptos de bienes o servicios alegados corresponden en un número o cantidad mayor, esto es, si las erogaciones reportadas son incorrectas desapegadas de la realidad o a los criterios conforme los cuales debieron ser calificados;

c) de no encontrarse consideradas en el Dictamen Consolidado esas erogaciones planteadas por el PAN, se deberá establecer si los gastos que precisa el partido actor están plenamente demostrados, pues sólo arribando a esta conclusión se podría proceder a asignar esos gastos no reportados; y

d) Finalmente, en un apartado posterior, se realizaría la asignación de costos de aquellas erogaciones no reportadas o indebidamente informadas y, en función del resultado, entonces concluir si se acredita la causal de nulidad por rebase de tope de gastos de campaña.

4.9.1.1.2. Gastos en propaganda en vía pública cuyos montos fueron reportados y, por ende, fiscalizados.

Dentro de los gastos a que alude el PAN, en el Dictamen Consolidado se encuentran fiscalizados los relativos a un acto denominado cierre de campaña, así como la existencia de bardas con propaganda del candidato del PRI (con las excepciones que posteriormente se indicarán).

a)      Acto relativo al “Cierre de campaña del candidato Goyo Zamarripa”, realizado el treinta y uno de mayo de dos mil quince, mismo que, acorde a lo informado a esta sala regional por el titular de la Unidad de Fiscalización, al dar contestación al requerimiento que el magistrado instructor le formuló el dieciséis de julio del presente año, tuvo una erogación por la cantidad de $35,478.60 (treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y ocho pesos con sesenta centavos).[128]

En ese sentido, contrario a lo que afirma el PAN, dicho evento fue fiscalizado por la Unidad de Fiscalización y, al respecto, se consideró que el monto erogado fue por la cantidad señalada en el referido oficio, que es una documental pública expedida por un funcionario electoral en el ejercicio de sus funciones y la cual tiene valor probatorio pleno para establecer el monto que fue considerado como erogación para ese evento. Por tanto, salvo prueba en contrario, la referida probanza constituye un elemento apto para acreditar el monto erogado por la realización del evento del cierre de campaña a que alude el PAN, pues su emisión está sustentado en el Dictamen Consolidado que, como se indicó en párrafos precedentes, es la prueba idónea para establecer de manera cierta los montos erogados por los partidos políticos y sus candidatos en las campañas electorales.

Por tanto, no asiste razón al PAN respecto a la estimación que realiza en relación con las erogaciones por la cantidad de $479,290.00 (cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos noventa pesos), en la realización del referido cierre de campaña, puesto que dicha estimación no se encuentra soportada en medio de prueba alguna, sino únicamente en la afirmación del partido actor y la inserción de una imagen en la demanda, que al ser una prueba técnica, conforme a lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 3, de la Ley de Medios, tiene valor probatorio de indicio de lo que en ellas se contiene, pero es insuficiente para acreditar las erogaciones que el PAN afirma. Además, no existen en autos otros elementos de prueba de los cuales puedan inferirse, así sea indiciariamente, que no fue correcto el gasto que a dicho evento se le asignó en el Dictamen Consolidado.

Ello es así, puesto que si la causal de nulidad de elección que se invoca requiere como elementos para su acreditación, entre otros, que las violaciones se encuentren acreditadas de forma objetiva y material, implica que quien la hace valer, tiene el deber no sólo de argumentar sino también demostrar que la violación existe, lo que en el caso no acontece.

En efecto, el PAN no logra acreditar que el monto que refiere en su demanda fue el que realmente se erogó en el citado cierre de campaña en Calvillo, Aguascalientes, pues no ofrece medios de prueba aptos para acreditar que el evento de cierre de campaña realizado por el candidato del PRI en el distrito 01 de Aguascalientes tuvo el costo que el partido actor estima en la demanda. En ese sentido, si en el Dictamen Consolidado se considera que el gasto erogado por el PRI, por el evento que se analiza, fue la cantidad de $35,478.60 (treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y ocho pesos con sesenta centavos), sin que el PAN haya demostrado la existencia de gastos que no se reportaron respecto de ese evento, se desestima tal alegación.

b)      Propaganda en bardas.

El partido actor señala que el candidato Gregorio Zamarripa Delgado pagó por la utilización de unas bardas para colocar propaganda electoral, mismas que después borró, con el objeto de que la autoridad electoral no advirtiera que dichas bardas habían sido ocupadas, y con ello no se le atribuyera rebase de tope de gastos de campaña, para lo cual ofrece como pruebas:

a)      un acta levantada ante fedatario público en que se da fe hechos de la existencia de bardas con propaganda del PRI, ubicadas en diversos lugares del distrito 01 en Aguascalientes, que contiene fotografías y mapas de geolocalización de los domicilios en que se ubican esas bardas; y

b)      un listado que señala ser de las sesenta y dos bardas detectadas en los dos recorridos o monitoreos realizados por el INE, así como de “19 elementos no fiscalizados ante ese instituto”, en los que precisa los posibles costos que implicó la pinta de esas bardas, con los anexos respectivos de las fotografías de los lugares en que supuestamente se encontraban.

Es preciso señalar que en el apartado correspondiente del Dictamen Consolidado[129] se precisó que se realizaron “las gestiones necesarias para llevar a cabo el monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública durante el periodo de campaña, con el objeto de obtener datos que permiti[eran] conocer la cantidad, las características y ubicación de los anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, tendentes a obtener el voto o promover a los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular”. Como resultado del citado monitoreo, se indicó que:

Al efectuar la compulsa correspondiente, se observó que algunos anuncios espectaculares, mantas y bardas que implicaron un beneficio a las campañas de Diputados Federales postulados por su partido, no fueron reportados en los Informes de Campaña correspondientes. Los casos en comento se detallan en el Anexo 3 […].

En el anexo correspondiente,[130] respecto del candidato del PRI en el distrito 01 de Aguascalientes no existe observación alguna en el referido rubro, lo que implica que, salvo prueba en contrario, en dicha demarcación no existió propaganda electoral en vía pública que no haya sido reportada por el PRI.

Ahora bien, tomando en consideración que el PAN señala en la demanda la existencia de propaganda en bardas, espectaculares y siluetas que señala no fueron reportadas por el PRI, con base en lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, así como las características de toda la propaganda señalada en la demanda, se requirió a la Unidad de Fiscalización,[131] informara: i) si dicha propaganda fue reportada en los informes de gastos del PRI en el 01 distrito electoral en Aguascalientes; ii) en qué concepto o conceptos encuadraría esta propaganda; y ii) el costo unitario que correspondería si la referida propaganda fuera considerada como un gasto no reportado, esto es, el valor más alto de la matriz de precios correspondiente.

Al dar contestación al requerimiento de dieciséis de julio, el titular de la referida unidad señaló que el candidato del PRI en el indicado distrito reportó gastos en propaganda en bardas por un monto total de $185,600.00 (ciento ochenta y cinco mil seiscientos pesos),[132] anexando la documentación relativa a dicho gasto, de la cual se advierte la existencia de noventa y tres bardas reportadas.[133]

Por su parte, de la respuesta dada en cumplimiento al proveído de veintisiete de julio, el titular de la Unidad de Fiscalización señaló, en relación con las bardas referidas en el acta notarial aportada por el PAN, que cuarenta y seis de ellas, relativas a propaganda con la leyenda “Hechos que convencen”, no habían sido reportadas, mientras que de las restantes ocho bardas,[134] relativas al candidato “Goyo Zamarripa”, las mismas fueron reportadas, con excepción de las identificadas con los números 53 y 54 en el indicado instrumento notarial.[135]

La referida propaganda, que se encuentra en el “anexo S” de la demanda,[136] es la siguiente:

En el mismo sentido, en cuanto a la propaganda detallada en el listado que el PAN identifica como “Anexo T”, el titular de la mencionada unidad técnica manifestó que “fue reportada en el informe de campaña del candidato postulado por el [PRI] en el distrito 01 de Aguascalientes, con excepción de [cinco] bardas identificadas en la columna ´N´ de dicho anexo, con los numerales 63, 64, 71, 72 y 81”. Al efecto precisa las bardas, espectaculares y demás propaganda mencionada por el PAN, incluyendo la referencia a la documentación soporte del gasto para aquella que fue reportada e indica el concepto bajo el cual se realizó el registro respectivo. [137]

El listado de la propaganda electoral en vía pública que afirma el referido funcionario electoral que sí fue reportada (de las bardas, lonas, espectaculares y siluetas precisadas en el “Anexo S” de la demanda),[138] es el siguiente:

En ese sentido, con independencia del estudio que se hará en el apartado respectivo sobre la propaganda que se indica no fue reportada, queda acreditado que, para la Unidad de Fiscalización, Gregorio Zamarripa Delgado realizó el reporte de toda la propaganda en vía pública que utilizó en su campaña, entre ella la que indica el PAN en su demanda, por lo que la misma fue fiscalizada e incluida en el monto de gastos de campaña que determinó dicho órgano técnico que había sido erogado.

4.9.1.1.2.1 Propaganda en vía pública que no fue reportada en los informes de campaña, pero tampoco puede ser contabilizada para efectos de determinar si hubo rebase de tope de gastos de campaña.

4.9.1.1.2.2 Propaganda considerada como institucional o genérica.

En primer lugar, debe precisarse que si bien el PRI no reportó como gastos de campaña cuarenta y seis bardas de cuya existencia dio fe un notario público,[139] tal circunstancia se explica porque las mismas están referidas a propaganda institucional (logotipo del PRI y la frase “Hechos que convencen”), la cual no puede ser susceptible de contabilizarse para el candidato, al tratarse de propaganda que no contiene una propuesta de campaña o alusión a candidato alguno.

Sobre el particular, el artículo 76, de la Ley General de Partidos Políticos precisa lo que debe entenderse como gastos de campaña, al establecer que se entienden como gastos de campaña, entre otros, cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de algún candidato o de un partido político en el periodo que transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral.

Por su parte, el artículo 29 del Reglamento de Fiscalización señala que los gastos susceptibles de ser prorrateados son los genéricos, conjuntos o personalizados, que tienen como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales por parte de los partidos políticos, coaliciones o candidatos a cargos de elección popular. Dicha disposición se reitera en los Lineamientos que deberán observar los partidos políticos, coaliciones y candidatos, así como la Unidad de Fiscalización respecto de la identificación de la campaña beneficiada y del prorrateo del gasto genérico, conjunto o personalizado.[140]

En ese sentido, si la propaganda denunciada tiene carácter institucional, al no tener como finalidad la promoción de candidaturas, en ella no se solicita el voto a favor del partido o el candidato, ni incluye de manera expresa mensajes alusivos al proceso electoral, no puede ser considerada como propaganda del candidato, ni está alegado ni demostrado que la frase constituya lema de campaña.

Ahora bien, aun en caso de que se considerara como propaganda que pudiera ser objeto de prorrateo, en el caso no se tiene acreditado que la misma haya sido colocada en la etapa de campaña electoral, pues el acta levantada por el fedatario público, si bien al ser una documental pública que tiene valor probatorio pleno, en términos del artículo 16, párrafo 2, de la Ley de Medios, en el caso tan sólo genera certeza que el trece de junio de dos mil trece, el notario público, a petición de una persona, acudió a dar fe de la existencia de diversas bardas ubicadas en lugares pertenecientes a diversas comunidades que presuntamente corresponden al distrito uno, en las que hace constar la existencia de diversas bardas que contienen pintada la referida propaganda y que al efecto levantó un acta en la que se contiene, como anexo varias fotografías y mapas de geolocalización de los domicilios en que se ubicaban esas bardas, anexos que únicamente permiten establecer la evidencia fotográfica de lo asentado en el acta notarial.

No obstante, con la referida fe notarial no se acreditaría la irregularidad invocada, es decir, el rebase de topes de gastos de campaña, puesto que, se insiste, tan solo es apta para evidenciar la existencia de tales bardas, pero no la temporalidad en que fueron pintadas, para con ello poder determinar su contabilización a los gastos erogados por el candidato, como tampoco los costos que las mismas representan.

4.9.1.1.2.3. Bardas no reportadas cuya existencia no se encuentra debidamente probada

Lo mismo acontece con las bardas identificadas con los números 63,[141] 64,[142] 71,[143] 72[144] y 81[145] del listado aportado por el PAN, toda vez que, aunque no fueron reportadas en el informe correspondiente presentado por el PRI, el partido actor se limita a hacer el señalamiento de que son bardas “no monitoreadas, no fiscalizadas y no notariadas”. Para acreditarlo sólo ofrece el indicado listado, así como las fotografías y mapas de geolocalización de las mismas, elementos convictivos insuficientes para demostrar fehacientemente su existencia y, por ende, el ejercicio de recursos para su realización. Por un lado, pues se trata de un documento confeccionado por el propio partido actor y, por el otro, de una imagen que, en el mejor de los casos, constituye una prueba técnica que, por la facilidad con que puede ser manipulada o alterada, cabe tener como indicio leve, atento a lo previsto en los artículos 16, numeral 3, en relación con el 14, numeral 6, de la Ley de Medios.

Con independencia de lo expuesto, debe también mencionarse que la barda indicada como 64, en el listado correspondiente, contiene propaganda institucional del PRI, por lo que, además, como se dijo en párrafos precedentes, no puede contabilizarse como un gasto de campaña del candidato.

4.9.1.1.2.4 No se acredita la realización de los diversos eventos y “gastos varios” referidos en la demanda del PAN.

El PAN pretende acreditar el rebase de gastos de campaña por el presunto gasto excesivo respecto de los siguientes eventos:

a)      El evento de “arranque de campaña”, realizado en el municipio de Calvillo, el doce de abril de dos mil quince, en donde dice se erogó la cantidad de $108, 500.00 (ciento ocho mil quinientos pesos).

b)      Evento que el PAN denomina “La liga de comunidades agrarias y sindicatos campesinos del estado de Aguascalientes”, celebrada el cuatro de mayo de dos mil quince, en el que refiere erogaciones por la cantidad de $32, 950.00 (treinta y dos mil novecientos cincuenta pesos).

c)       Un “encuentro de estructuras Distrito 01”, realizado el dieciséis de mayo de dos mil quince, en el que el actor estima gastos por $16, 925.00 (dieciséis mil novecientos veinticinco pesos).

d)      Acto relativo al “Cierre de campaña del candidato Goyo Zamarripa”, realizado el treinta y uno de mayo de dos mil quince, en el que estima que los gastos realizados fueron por la cantidad de $479,290.00 (cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos noventa pesos).

También relaciona con el rebase de gastos de campaña, un concepto de “gastos varios”, por diversas cantidades, los que identifica mediante inserciones de fotografías en la demanda, respecto de las cuales precisa diversos actos no identificados (en los que indica gastos que refiere en tablas insertas en la parte inferior de las fotografías etiquetadas como “evidencias”), que son:

i)                    “Evidencia 1” (dos fotografías), que relaciona con gastos de una lona, carpas y mesas con sillas y mantel, que afirma representan un gasto total de $15, 932.00 (quince mil novecientos treinta y dos pesos).

ii)                   “Evidencia 2”, (una fotografía), de la cual el PAN deduce el gasto en materiales como pancartas, playeras y renta del lugar donde se desarrolla un evento, erogación que en su opinión asciende a $10, 625.00 (diez mil seiscientos veinticinco pesos).

iii)                  “Evidencia 3” (una fotografía), de cuyo contenido advierte que se erogó la cantidad de $920.00 (novecientos veinte pesos), por el pago de dos lonas.

iv)                 “Evidencia 4” (una fotografía), de la que deduce que se rentaron equipo de cine y videos, lonas, sillas y el lugar en que se desarrolló el evento, con base en lo cual el actor aduce se erogó la cantidad de $13,790.00 (trece mil pesos).

v)                   “Evidencia 5” (una fotografía). Al respecto señala que para la realización del evento que en la fotografía se aprecia, se ejercieron gastos por $12,350.00 (doce mil trescientos cincuenta pesos) en lonas, camisas, playeras, entre otras cosas.

vi)                 “Evidencia 6” (una fotografía), en la que, a su consideración, se advierten gastos en objetos como playeras, platillos, mesas con sillas y mantel, entre otros, lo que significó un gasto total de $35,225.00 treinta y cinco mil doscientos veinticinco pesos), por parte del candidato ganador.

vii)                “Evidencia 7” (una fotografía), con base en la cual estima que se acreditan gastos en mesas con sillas y mantel, platillos, sonido, etcétera, por la cantidad de $26,900.00 (veintiséis mil novecientos pesos).

viii)              “Evidencia 8”. Al respecto, el actor señala que en la fotografía que inserta en su demanda se advierten gastos en mesas con sillas y manteles, platillos, pago de renta del lugar y sonido, estimados $25,975.00 (pesos en dicho evento.

Sobre el particular, la Unidad de Fiscalización, al dar cumplimiento al requerimiento que le fue formulado mediante proveído de dieciséis de julio,[146] informa que no fueron reportados esos gastos. Consecuentemente, para estar en condiciones de atribuir los gastos reclamados tendrían que acreditarse fehacientemente que los bienes y servicios involucrados fueron empleados por el PRI. Empero, esto no acontece.

En efecto, para acreditar esos gastos, el PAN tan sólo allega fotografías mediante las cuales pretende probar, no sólo la existencia de ciertos eventos, sino también los costos de materiales u objetos que presumiblemente se utilizaron en dichos actos, sin que se especifiquen los criterios objetivos sobre los cuales se determinan los parámetros de los precios asignados a los bienes o servicios presuntamente utilizados ni los mecanismos para asignar el valor de ellos para fijar los gastos presuntamente erogados.

Evidentemente, semejantes medios de prueba resultan insuficientes para probar las erogaciones, toda vez que las fotografías tan solo permiten inferir un indicio muy leve de lo que ahí se representa gráficamente, sin que existan otros elementos que pudieran concluir: a) que los eventos que refiere el PAN realmente acontecieron; b) que los mismos se realizaron durante la campaña electoral; y c) los posibles gastos de los materiales presuntamente utilizados y los costos de cada uno, como lo pretende el partido actor.

Lo anterior, pues no existen otros medios de prueba con los cuales pueda generarse, así sea indiciariamente, la actualización de tales hechos. En conformidad con el artículo 14, párrafo 6, de la Ley de Medios, para alcanzar un valor probatorio suficiente para acreditar los hechos que se invocan, esas pruebas técnicas deben acompañarse de especificaciones tales como lo que se pretende acreditar, identificación de personas, lugares y circunstancias de modo y tiempo en las que se reproducen las pruebas, para que así alcancen mayor fuerza convictiva. Es decir, deben existir otros elementos que obren en el expediente, aunado a las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, para que se genere convicción sobre la veracidad de los hechos que se afirman, en conformidad con el artículo 16, párrafo 3, de la Ley de Medios, lo que en el caso no acontece.

4.9.1.1.3. El costo de la propaganda no reportada no es suficiente para que se exceda el tope de gastos de campaña, lo que implica que Gregorio Zamarripa Delgado no excedió el límite de erogaciones fijado por el INE.

Mediante acuerdo de cinco de julio del año en curso, el magistrado instructor requirió al Secretario Ejecutivo del Consejo General para que una vez que fuera aprobado el Dictamen Consolidado,[147] así como su respectiva resolución,[148] sobre los gastos de campaña erogados por los candidatos del PRI –en el caso en el 01 distrito electoral en Aguascalientes–, remitiera dicha documentación.

Del análisis tanto del Dictamen Consolidado como de la indicada resolución,[149] es factible advertir que el tope de gastos de campaña para la elección de diputados federales fue de $1,260,038.34.[150] Asimismo, en dicho documento se precisa que los egresos del candidato del PRI en el 01 distrito electoral federal de Aguascalientes fueron por la cantidad de $917,536.56 (novecientos diecisiete mil quinientos treinta y seis pesos con cincuenta y seis centavos), es decir, una cantidad inferior al fijado como tope de gastos de campaña.

Por tanto, el PRI y su candidato no rebasaron el tope de gastos de campaña. No obstante lo anterior, en el presente juicio de inconformidad se acreditó plenamente la existencia de dos bardas con propaganda electoral que no fueron reportadas por dicho partido ni consideradas por la autoridad fiscalizadora por haber constatado su existencia a través de los medios de verificación de que dispuso y, por ende, no se encuentra incluida en el mencionado Dictamen Consolidado.

4.9.1.1.3.1. Las erogaciones por gastos no reportados no son suficientes para que se rebase el tope de gastos de campaña.

Así, toda vez que se ha acreditado material y objetivamente la existencia de dos bardas con propaganda electoral no incluida en el Dictamen Consolidado, procede que esta sala regional estime el costo de la propaganda no reportada a fin de analizar de manera integral el planteamiento de nulidad del PAN. Lo anterior tiene sustento en una lectura sistemática y funcional de los artículos 1º, párrafo tercero;[151] 17, párrafo segundo;[152] 41, párrafo tercero, fracción VI;[153] y 99, párrafo cuarto, fracción I, de la Constitución Federal,[154] pues el mandato constitucional consistente en impartir una justicia pronta, completa e imparcial se traduce, entre otras cosas, en que al resolver los medios de impugnación de su competencia las salas del tribunal electoral deberán tomar las medidas necesarias a fin de que se tomen en consideración todas aquellas violaciones que se encuentren material y objetivamente acreditadas, a fin de determinar si se actualiza o no una de las causales de nulidad a las que hace referencia el texto constitucional.

Por tanto, esta sala regional se encuentra obligada a tomar todas las medidas necesarias a fin de determinar si con la inclusión de los gastos generados con dicha propaganda se podría actualizar la causal de nulidad contemplada en el artículo 41, base VI, inciso a), de la Constitución Federal.

Con lo anterior, esta sala regional en modo alguno sustituye las labores de fiscalización a cargo de los órganos del INE, pues el análisis que se desarrolla tiene como objeto la resolución del presente medio de impugnación y, en específico, el análisis de la causal de nulidad consistente en el rebase del tope de gastos de campaña por más de un cinco por cierto.

En efecto, cabe reiterar que el procedimiento para el control y supervisión de los ingresos y egresos de los partidos políticos, entre los que se encuentra el relativo a los gastos de campaña, constituye una atribución que corresponde exclusivamente al INE –a través de la Unidad de Fiscalización y el Consejo General– por lo que las conclusiones a las que se llegue en la presente sentencia en modo alguno vinculan a los órganos de la autoridad electoral administrativa.

Dado que el pronunciamiento de esta sala regional se limita –como se ha señalado reiteradamente– al análisis del planteamiento de nulidad hecho valer por el PAN, para efectos de fiscalización lo que procede es que se de vista a la Unidad de Fiscalización con copia certificada de esta sentencia, para que ésta determine lo que en Derecho corresponda.

En razón de lo anterior, el pasado veintisiete de julio se requirió a la Unidad de Fiscalización para que informara: a) si dentro de los gastos reportados en la campaña de Gregorio Zamarripa Delgado, candidato a diputado federal postulado por el PRI en el distrito 01 en Aguascalientes, se incluyeron la bardas que, según refiere el PAN en la demanda, no fueron monitoreadas ni fiscalizadas;[155] b) en qué concepto o conceptos encuadraría esta propaganda; y c) el costo unitario que correspondería si la referida propaganda fuera considerada como un gasto no reportado, esto es, el valor más alto de la matriz de precios correspondiente.

En respuesta a dicho requerimiento, el Titular de la Unidad de Fiscalización respondió precisando la propaganda en vía pública que fue reportada, así como la que no fue incluida en el informe de gastos del PRI, entre la que se encuentran dos bardas,[156] cuya existencia se encuentra acreditada.[157]

En razón de que en el referido instrumento notarial no se precisan las dimensiones de las bardas y, a fin de contar con mayores elementos para la resolución del presente asunto, mediante proveído de veintinueve de julio se requirió al consejero presidente del Consejo Distrital, para que, procediera a a realizar la ubicación y medición de las referidas bardas con propaganda del indicado candidato, debiendo precisar: i) ubicación exacta, ii) medidas, y iii) tomara fotografías en que se aprecien, en su caso, las características de la referida propaganda.

Para la contestación a dicho requerimiento, el indicado funcionario electoral realizó las acciones necesarias y remitió las constancias solicitadas,[158] de las que se advierte que las bardas en mención se ubican en “Carretera a Paso Blanco número 901 esquina con calle Francisco Villa “Granja Lubys”, localidad Vista Hermosa, entre la comunidad Tetepates y Granja Miravalle, municipio de Jesús María, Aguascalientes”. Por su parte, acorde con lo informado por el mencionado consejero electoral distrital, las dimensiones de las indicadas bardas son: “barda norte” de veinticinco metros lineales, y barda sur de diecinueve metros lineales, y ambas con una altura de tres metros.

Con base en tales medidas, para efecto de determinar el monto erogado por dicha propaganda en bardas, se tiene que hacer la multiplicación respectiva, para, con base en el resultado, determinar el total de metros cuadrados de cada una de ellas, para después establecer el monto erogado, acorde al precio más alto determinado por la Unidad de Fiscalización para ese tipo de propaganda con base en la matriz de precios para la propaganda en bardas,[159] que es de $32.48 (treinta y dos pesos con cuarenta y ocho centavos) por metro cuadrado.

A efecto de esquematizar lo anterior, se inserta la siguiente tabla:

Como puede advertirse, el monto total que, conforme al Reglamento de Fiscalización. podría asignarse por la confección de la propaganda en las dos bardas no reportadas, el PRI y su candidato es la cantidad de $4,287.33 (cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos con treinta y tres centavos), lo que adicionado a los $917,536.56 (novecientos diecisiete mil quinientos treinta y seis pesos con cincuenta y seis centavos) precisados como gastos de campaña en el Dictamen Consolidado, da un total de $921,823.92 novecientos veintiún mil ochocientos veintitrés pesos con noventa y dos centavos), cantidad que es inferior al tope de gastos de campaña, según se evidencia en el siguiente esquema:

En consecuencia, en oposición a lo afirmado por el PAN, no se encuentra demostrado que Gregorio Zamarripa Delgado excedió el límite de gastos de campaña establecido por el Consejo General, pues únicamente se acreditaría la cantidad de $921,823.92 (novecientos veintiún mil ochocientos veintitrés pesos con noventa y dos centavos), es decir, un monto inferior al establecido como tope de gastos de campaña.

Ahora bien, el hecho de que en esta sentencia se realice la asignación de gastos no reportados al monto determinado en el Dictamen Consolidado, no implica la modificación de dicha determinación, puesto que en el caso sólo se está realizando el estudio relativo a la causal de nulidad de elección planteada por el PAN, cuestión diversa a la actividad fiscalizadora que realiza la autoridad electoral administrativa a través de la Unidad de Fiscalización.

4.9.2. Causal genérica de nulidad de elección.

El supuesto normativo que regula la causa de nulidad que se ha estimado aplicable, contenido en el artículo 78 de la Ley de Medios,[160] requiere para su actualización que se hubieren cometido violaciones:

         Sustanciales.

         En forma generalizada.

         En la jornada electoral.

         En el distrito o entidad de que se trate.

         Plenamente acreditadas.

         Determinantes para el resultado de la elección.

En lo que interesa destacar, las irregularidades invalidantes tienen que haberse presentado de forma generalizada, esto es, no es suficiente alguna irregularidad aislada, sino que es menester estar en presencia de violaciones que tengan mayor repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, con el fin de que, en virtud de las irregularidades cometidas, cuyos efectos dañaran uno o varios elementos sustanciales de la elección,[161] se traduzcan en una merma importante de dichos elementos, que den lugar a considerar que el mismo no se cumplió y, por ende, que la elección está viciada.

Lo anterior se encuentra estrechamente ligado a la exigencia de que las violaciones sean determinantes para el resultado de la elección, pues en la medida en que las violaciones afecten de manera importante sus elementos sustanciales.

Conforme la jurisprudencia sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral,[162] una violación puede ser considerada determinante en, al menos, dos sentidos. En uno de ellos, cuando es posible advertir una incidencia o un nexo causal, directo e inmediato, entre las violaciones denunciadas y el resultado de la jornada electoral. En el otro, que la afectación causada es de tal entidad que impide considerar que el resultado de una elección pueda reconocerse como válido, al faltar uno o más de los presupuestos o requisitos que el ordenamiento aplicable prevé para que se produzcan los efectos jurídicos pretendidos con la elección. En cualquiera de ambos sentidos, lo que se procura con este elemento es que faltas que no afecten sustancialmente el principio de certeza en el ejercicio del voto personal, libre y secreto, así como su resultado, pongan en peligro la válida participación de la colectividad que intervino en la jornada electoral.

En este contexto, con la reserva que debe tenerse a exigir irremediablemente un nexo causal entre la violación y el resultado,[163] puede decirse que las violaciones sustanciales advertidas deben ser de la suficiente gravedad que, además de impedir asegurar la certeza y validez de los resultados, sean trascedentes respecto de las diferencias existentes entre los contendientes que ocuparon los primeros lugares, pues la presencia de tales violaciones pudiera explicar la posición de los candidatos participantes. Esto es, en la medida en que las violaciones afecten de manera importante los elementos sustanciales de unos comicios,[164] ello conducirá a establecer la probabilidad de que tales irregularidades determinaron la diferencia de votos entre el partido que obtuvo el primero y lugar, respecto del segundo, y de que se cuestione la legitimidad de los comicios y del candidato ganador.

4.9.2.1. Irregularidades en que se sustenta la nulidad de elección.

Para acreditar la nulidad de elección en estudio, el PAN señala que acontecieron una serie de irregularidades el día de la jornada electoral que, en su opinión, conducen a declarar la nulidad de la elección. Tales hechos los resume en los siguientes:

         La presunta campaña negra contra el candidato del PAN;

         “Utilización de los logotipos del [PRI] en la celebración del baile organizado por el gobierno del estado [por] el día del maestro”;

         Compra de votos por militantes y simpatizantes del PRI en el municipio de Villa Juárez, Asientos, Aguascalientes;

         Indebida intervención del gobernador de Aguascalientes el día de la jornada electoral, acompañado de funcionarios públicos y de los candidatos del PRI;

         Inequidad en el acceso a los medios de comunicación; e

         Irregularidades en el cómputo distrital, al realizarse el recuento total de votos sin actualizarse los supuestos legales para ello.

4.9.2.1.1. No se demuestra la “propaganda “negra” en contra de Gerardo Federico Salas Díaz.

En el hecho décimo, numeral 10, de la demanda, el PAN plantea, como causa invalidante de la elección, la difusión de lo que denomina “propaganda negra”, previamente al inicio de la campaña, durante la misma e, incluso, en el periodo de veda y la propia jornada electoral. El promovente sostiene que con dicha difusión se mermó la credibilidad y confianza de su candidato, Gerardo Federico Salas Díaz, pues se le calificó como corrupto y mentiroso, entre otras expresiones denigrantes y calumniosas.

Para la configuración de esta actividad de difusión, tildada de ilegal, se refieren tres conductas o conjunto de conductas que pueden sintetizarse de la siguiente manera:

         En el mes de mayo, durante una conferencia de prensa, el candidato del PRI, Gregorio Zamarripa Delgado, amenazó con vincular a miembros del PAN por supuestos nexos con la delincuencia organizada.

         La distribución de panfletos, volantes y “diversas imágenes”, con contenido denigratorio y calumnioso en contra del candidato del PAN. Se afirma que algunos de estos volantes y panfletos fueron distribuidos en propia mano en los municipios de Pabellón, Rincón de Romos, Asientos y San Francisco de los Romo, durante toda la campaña, el plazo de veda electoral y la mayor parte de la jornada electoral. Así mismo, se argumenta que esta propaganda es la causa por la cual en los municipios referidos el PAN obtuvo una votación menor a la obtenida por este partido en el proceso electoral de 2012, en una proporción suficiente como para considerarla determinante en los resultados de la elección, en virtud de la diferencia existente entre el primer y segundo lugares.

         También durante la campaña electoral, el periodo de veda y la jornada electoral (e incluso con posterioridad), estuvieron activas tres páginas de Internet, en las cuales se publicaron constantemente imágenes “infamantes” del candidato panista, además de que no “abonaron a un trato de equidad al proceso electoral”. Como base de la pretensión de invalidez, se afirma que estas páginas son administradas por simpatizantes del PRI.

Enseguida se analiza si las conductas referidas se encuentran suficientemente acreditadas y, de ser así, si con ellas se configura un reproche jurídico susceptible de configurar una irregularidad que admita ser considerada para evaluar la validez de los comicios.

4.9.2.1.1.1. La presunta denuncia en contra de panistas no calumnia al candidato Gerardo Federico Salas Díaz, ni configura, en sí misma, conducta ilícita.

En relación a este tema, el partido promovente se limita a mencionar la publicación de una nota periodística en el diario La Jornada Aguascalientes, de doce de mayo de dos mil quince, así como la referencia al mismo hecho en la programación de la “radiotelevisora” BITV Aguascalientes, el día siguiente, en los programas “Buenos Días Aguascalientes” y “Buenas Tardes Aguascalientes”. El diario se anuncia como documental privada y se indica el título de la nota, así como la página en la cual se publicó.[165] Por su parte, de la “radiotelevisora” se transcribe lo supuestamente manifestado, durante los programas, por el locutor de los programas, Ricardo Obed Ruiz, y el candidato del PRI, Gregorio Zamarripa Delgado.[166] Así mismo, es precisado que se solicitó, a la Junta Local del INE en Aguascalientes, el monitoreo respectivo.

Adicionalmente, dentro del conjunto de pruebas aportadas por el PAN, se encuentran relacionadas, con este punto, tres impresiones de notas informativas y una relativa a una columna, aparentemente publicadas en diversos medios informativos de Internet.[167]

Este caudal probatorio debe ser valorado conforme las reglas contempladas en el artículo 16 de la Ley de Medios, así como de la jurisprudencia 38/2002, emitida por la Sala Superior.[168] De acuerdo a estos lineamientos, las notas periodísticas sólo arrojan indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias.

Así, las notas provienen de distintos medios de comunicación. En tres casos se indica al autor de la nota o de la columna y, el restante, parece estar atribuido a la redacción de Noticiags. Además, en varios aspectos la información proporcionada o, en el caso de la columna, comentada, guardan coincidencia sustancial, sin que exista constancia de que por parte del PRI o de su candidato a la diputación se haya presentado un desmentido o aclaración de las informaciones difundidas. De igual forma, la referencia periodística presuntamente transmitida a través de BITV Aguascalientes, conforme la transcripción aportada, guarda similitud con lo reportado en las notas. Conforme este análisis y de las coincidencias informativas apreciadas, puede derivarse un indicio muy fuerte consistente en que el once de mayo, el candidato priísta Gregorio Zamarripa Delgado ofreció una conferencia de prensa, en la cual se destacaron los siguientes aspectos:

         El candidato priísta anunció que se encontraba integrando una denuncia contra “miembros del PAN”, por supuestos vínculos con la delincuencia organizada, la cual se presentaría ante la Procuraduría General de la República.[169]

         Para la preparación de esa denuncia, el candidato se encontraba a la espera de informes provenientes de la DEA y la SEIDO.

         A pregunta sobre quiénes se encontraban realizando esas supuestas conductas ilícitas, Zamarripa Delgado expresó que no podía hacer señalamientos, pues eso correspondía definirlo a la autoridad. De hecho, puntualizó que únicamente denunciaría el modus operandi, pero que no haría alguna imputación.

         Se le preguntó expresamente si en la denuncia se realizarían imputaciones contra el candidato del PAN, lo cual rechazó Zamarripa Delgado, pues afirmó que sería contra el PAN “y personajes que se han identificado”.[170]

         Aparentemente, las actividades supuestamente delictivas estarían relacionadas con “movimientos” encaminados a “penetrar” las “estructuras” del PRI y a preparar las del PAN para la jornada electoral.

         Gregorio Zamarripa Delgado alegó que el PAN desató una campaña de descrédito mediático en su contra, en la cual se le acusa de violencia doméstica.

Como se ve, en dichas notas tan sólo se recogen, por los redactores de las mismas, las expresiones que Gregorio Zamarripa realizó en una conferencia de prensa, en la que manifestó que estaba esperando unos informes de la “DEA y la SEIDO” para presentar una denuncia penal porque, supuestamente, el PAN se encontraba vinculado con la delincuencia organizada. No obstante, del contenido de las referidas notas no se advierte que se haya hecho alusión alguna, de manera específica, al candidato del PAN en el 01 distrito de Aguascalientes. Incluso, cuando fue cuestionado sobre si en la denuncia se involucraría al candidato panista, Zamarripa Delgado rechazó efectuar una imputación sobre él o alguna otra persona en particular.

De tal suerte, con las notas periodísticas no se acredita la presunta campaña negra contra su candidato a diputado federal a que alude el PAN, puesto que, conforme lo constatado, no se formuló algún reproche o imputación específica a Gerardo Federico Salas Díaz,[171] extremo indispensable para configurar la calumnia sobre personas prohibida por la Constitución Federal.

En efecto, el artículo 41, Base III, Apartado C, de la Constitución Federal prohíbe que, en la propaganda política o electoral difundida por los partidos y candidatos, se difundan expresiones que calumnien a las personas. Sobre este particular, la Sala Superior de este tribunal ha sostenido que se incumple con este mandato constitucional a través de propaganda impresa, discursos, promocionales en medios o cualquier elemento de difusión de ideas, dado que, “lo esencial es acreditar que a través de esos medios se afectó la honra de un sujeto”.[172] En específico, se acredita la calumnia proscrita en el ámbito político-electoral cuando se conjugan los siguientes elementos:[173]