JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SM-JIN-13/2024 Y SM-JIN-138/2024 ACUMULADO

IMPUGNANTES: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

RESPONSABLE: 12 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL INE EN NUEVO LEÓN, CON SEDE EN BENITO JUÁREZ

TERCERO INTERESADO: MORENA

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: ANA CECILIA LOBATO TAPIA

COLABORARON: BERTHA EDITH GARCÍA AGUILERA Y GUILLERMO REYNA PÉREZ GÜEMES

Monterrey, Nuevo León, 18 julio de 2024.

Sentencia de la Sala Monterrey, respecto a la elección de la diputación federal con sede en Benito Juárez, Nuevo León (distrito 12), en la que se i) confirman los resultados del acta de cómputo distrital, porque en 39 casillas no se acreditó la nulidad de la votación por su recepción por personas distintas a las legalmente autorizadas, ii) confirma la entrega de la constancia de mayoría en favor de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, al no cambiar de fórmula ganadora y, en consecuencia, iii) confirma la validez de la elección.

Glosario

Antecedentes[1]

I. Hechos contextuales y origen de la presente controversia

1. El 7 de junio, el Consejo Distrital concluyó el cómputo de la elección de diputaciones por los principios de mayoría relativa y, en la misma fecha, entregó constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por PVEM, PT y Morena[2], al obtener la mayoría de los votos.

2. Inconformes, el 10 de junio, el PAN y el PRD a través de sus respectivos representantes ante el Consejo Distrital promovieron sendos juicios de inconformidad.

Metodología general de análisis para un estudio integral de la controversia

Para el examen lógico de la impugnación, en primer lugar, se analizará la procedencia del juicio de inconformidad.

En segundo lugar, en el contexto de lo alegado, se analizará la acreditación o no de las causas de nulidad de la votación en casilla planteadas por el partido impugnante.

Competencia, acumulación y requisitos de los juicios y procedencia, tercero interesado, precisión del acto impugnado

Competencia

Esta Sala Regional es competente para resolver el presente asunto, porque se trata de juicios de inconformidad promovidos por partidos políticos, contra los resultados de la elección de la diputación federal del distrito 12 en Nuevo León, entidad federativa que se ubica dentro de la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral sobre la cual este tribunal ejerce jurisdicción[3].

Acumulación

Del estudio de las demandas se advierte que existe identidad en la autoridad señalada como responsable y en el acto impugnado, por lo que, a efecto de evitar la posibilidad de emitir sentencias contradictorias, resulta conveniente la acumulación el juicio SM-JIN-138/2024, al SM-JIN-13/2024[4], y agregar copia certificada de los puntos resolutivos a los expedientes acumulados[5].

Procedencia del juicio de inconformidad

Esta Sala Monterrey considera que las demandas reúnen los requisitos previstos en la Ley de Medios de Impugnación en atención a las siguientes consideraciones.

1. Forma. Las demandas cumplen con el requisito de forma porque en los escritos, consta la denominación de los partidos políticos impugnantes, nombre y firma de quien promueve en su representación; identifican el acto impugnado, la autoridad que lo emitió; mencionan los hechos en que basa su impugnación, los agravios causados y la normativa electoral o preceptos legales presuntamente violados.

2. Oportunidad. Las demandas son oportunas, porque los juicios se promovieron dentro del plazo legal de 4 días, ya que el cómputo distrital concluyó el 7 de junio, y las demandas se presentaron el 10 del mismo mes[6].

3.1. Legitimación. Se cumple, porque los impugnantes son partidos políticos nacionales.

3.2 La personería o representación se satisface, porque las personas que presentan el juicio a nombre de los referidos institutos políticos son las representantes de dichos partidos, ante la autoridad electoral responsable, como lo reconoce el órgano electoral en su informe[7].

4. Interés jurídico. Lo tienen los partidos impugnantes porque participaron en la elección de la diputación federal y cuestionan el resultado del cómputo de la votación de diversas casillas en dicha elección.

5. Elección que se impugna. Los Partidos identifican la elección de diputación federal del distrito 12 en Nuevo León, por el principio de mr.

6. Mención del acta impugnada. El partido impugnante señala que es el acta de cómputo distrital.

7. Mención individualizada de las casillas que solicitan sean anuladas. Los impugnantes las identifican, mismas que se presentan en el cuadro inicial de estudio.

Parte tercera interesada

I. Se tiene a Morena compareciendo como tercero interesado en el juicio SM-JIN-138/2024, conforme a los siguientes razonamientos:

a) Forma. El escrito se presentó ante el Instituto Local, se precisa el nombre y firma de quien suscribe, y contiene las manifestaciones que estimó pertinentes.

b) Oportunidad. El escrito es oportuno, pues el plazo de setenta y dos horas, establecido por el artículo 17, párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios, para la publicitación correspondiente inició a las 14 horas del 11 de junio y concluyó a la misma hora del 14 siguiente[8], y el escrito se recibió el 13 de junio, a las 16:32 horas.[9]

c) Legitimación e interés. Se cumple con esta exigencia, derivado de un derecho incompatible con el que pretenden los partidos actores, al formar parte de la Coalición que obtuvo el mayor número de votos en la elección de diputaciones federales que se controvierte, y cuya fórmula de candidaturas que postuló resultó electa.

d) Personería. Héctor Hugo Rodríguez Chaires comparece en su calidad de representante de Morena, personalidad que reconoce la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado[10].

II. Causales de improcedencia alegadas por la tercería interesada

El tercero interesado señala que la demanda es extemporánea.

No tiene la razón, porque en el apartado precedente se demostró su oportunidad, y no alega alguna razón concreta que desvirtué los hechos en se sustenta esa conclusión.

De igual forma, el impugnante alega que se impugna más de una elección.

Tampoco tiene razón, porque de la lectura integral de la demanda, se observa que el PRD únicamente pretende impugnar la elección de diputaciones federales.

En ese sentido, se puntualiza que tampoco tiene razón, en cuanto a que debió impugnarse el cómputo estatal, pues lo realmente reclamado es el distrital.

Cuestión previa

Es preciso señalar que, en el caso de deficiencias y omisiones en la expresión de agravios, se tomarán en cuenta los deducidos claramente de los hechos expuestos, en ejercicio de la facultad que la ley confiere a esta Sala Regional para suplir tales deficiencias[11].

Sin embargo, quien promueve un medio de defensa, necesariamente, debe exponer los hechos en que basa su impugnación y los agravios que causa a su esfera de derechos, porque si bien, en el juicio de inconformidad este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a suplir la deficiencia en la expresión de los agravios, de ninguna manera se traduce en sustituirse al impugnante, y formular el juzgador argumentos y realizar un examen oficioso de los actos o resoluciones combatidos que se tilden de ilegales.

Por tanto, en atención a que el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente la demanda para determinar con exactitud la intención del promovente, esta Sala Regional considera necesario precisar los actos impugnados[12].

En el caso, el partido impugnante señala como acto impugnado en su demanda, los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva, respecto de la elección de diputaciones federales en el 12 Distrito Electoral en Nuevo León.

Lo anterior, con independencia de que el PRD, en alguna parte de su escrito de demanda, refiera que las irregularidades alegadas corresponden a las elecciones de Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales, porque, se advierte que lo expone a fin de contextualizar sus alegaciones para intentar demostrar las irregularidades generalizadas, sin embargo, evidentemente, la elección expresamente impugnada es la de diputación federal de mr, concretamente en el 12 Distrito Electoral en Nuevo León.

De manera que la presente controversia se centrará en el análisis de dicha elección.

Estudio de la causa de nulidad de la votación recibida en casilla

Apartado preliminar. Universo de casillas impugnadas

El universo de casillas impugnadas por el PAN es de 39 casillas, todas al considerar que la votación se recibió por personas distintas a las autorizadas (enseguida se desglosará el total de las casillas impugnadas): 

Por su parte el universo de casillas impugnadas por el PRD es de 86 casillas, al considerar que la votación se recibió por personas distintas a las autorizadas y 3 porque se dejó votar a personas sin contar con credencial de elector (enseguida se desglosará el total de las casillas impugnadas):

Apartado I. Decisión general

Esta Sala Monterrey considera que, respecto a la elección de la diputación federal del distrito 12, con sede en Benito Juárez, Nuevo León, debe: a) confirmarse los resultados del acta de cómputo distrital, porque en 88 casillas no se acreditó la nulidad de la votación por su recepción por personas distintas a las legalmente autorizadas, b) confirmarse la entrega de la constancia de mayoría en favor de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, al no cambiar de fórmula ganadora, y c) confirmarse la validez de la elección, al no acreditarse la causal d .

Apartado II. Desarrollo y justificación de la decisión

Tema i. Recepción de la votación por personas u órganos distintos a los legalmente autorizados

1. Criterio jurídico para analizar la causal de nulidad

Una de las causales de nulidad, consiste en que la votación la reciban personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, con el fin de proteger la legalidad, certeza e imparcialidad en la captación y contabilización de los sufragios (artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios de Impugnación).

Los trabajos en una casilla electoral son realizados por la ciudadanía que no se dedica profesionalmente a esas labores, por ende, con frecuencia se cometen errores, o que no se observe exactamente lo dispuesto por la ley. Sin embargo, para anular una votación, se requiere que la irregularidad respectiva sea grave y determinante, de tal magnitud que ponga en duda la autenticidad de los resultados.

En principio, de acuerdo con la Ley General de Instituciones, al día de la jornada comicial existen personas ciudadanas que han sido previamente insaculadas y capacitadas por la autoridad, para que actúen como funcionariado de las mesas directivas de casilla, desempeñando labores específicas[13].

Las personas originalmente designadas no siempre se presentan a desempeñar tales labores y, por tanto, la ley prevé un procedimiento de sustitución de las y los ausentes cuando la casilla no se instale oportunamente[14].

Por tanto, si bien la Ley General de Instituciones prevé una serie de formalidades para la integración de las mesas directivas de casilla, este Tribunal ha sostenido que no procede la nulidad de la votación, en los casos siguientes:

- Cuando se omite asentar en el acta de jornada electoral la causa que motivó la sustitución de funcionariado de casilla, pues tal deficiencia no implica que se hayan violado las reglas de integración de la mesa receptora, ya que esto únicamente se acreditaría a través de los elementos de prueba que así lo demostraran o de las manifestaciones expresas en ese sentido que se obtuvieran del resto de la documentación generada[15].

- Cuando las personas ciudadanas originalmente designadas intercambien sus puestos, desempeñando funciones distintas a las que inicialmente les fueron encomendadas[16].

- Cuando las ausencias del funcionariado propietarios son cubiertas por los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley; ello, porque en tales casos la votación habría sido recibida por personas que fueron debidamente insaculadas, designadas y capacitadas por el consejo distrital respectivo[17].

- Cuando la votación es recibida por personas que, si bien no fueron originalmente designadas para esa tarea, están inscritas en el listado nominal de la sección correspondiente a esa casilla.

- Cuando faltan las firmas del funcionariado en alguna de las actas, pues la ausencia de rúbricas no implica necesariamente que las personas hayan estado ausentes, sino que debe analizarse el resto del material probatorio para arribar a una conclusión de tal naturaleza; tal como se explica enseguida.

Para verificar qué individuos actuaron como integrantes de la mesa receptora, es necesario examinar los rubros en que se asientan los cargos, nombres y firmas del funcionariado, mismos que aparecen en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, en las secciones de “instalación de casilla”, “cierre de la votación” y “escrutinio o cómputo”; o bien, de los datos que se obtienen de las hojas de incidentes o de la constancia de clausura.

Este Tribunal ha considerado que basta con que se encuentre firmado cualquiera de esos apartados para concluir que sí estuvieron presentes el funcionariado actuante[18].

Ello es así, pues tales documentos deben considerarse como un todo que incluye subdivisiones de las diferentes etapas de la jornada electoral, por lo que la ausencia de firma en alguno de los referidos rubros se podría deber a una simple omisión del funcionariado que, por sí sola, no puede dar lugar a la nulidad de la votación recibida en casilla, máxime si en los demás apartados de la propia acta o en otras constancias levantadas en casilla, aparece el nombre y la firma de dicha persona.

Incluso, tratándose del acta de escrutinio y cómputo, se ha señalado que la ausencia de las firmas de todo el funcionariado que integran la casilla no priva de eficacia la votación, siempre y cuando existan otros documentos que se encuentren rubricados, pues a través de ellos se evita la presunción humana (de ausencia) que pudiera derivarse con motivo de la falta de firmas[19], como, por ejemplo:

- Cuando los nombres del funcionariado se apuntaron en los documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos; toda vez que ello supone un error del secretario, quien es el encargado de llenar las actas; además de que es usual que las personas con más de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos.[20]

- Cuando la mesa directiva no cuente con la totalidad de sus integrantes, siempre y cuando pueda considerarse que, atendiendo a los principios de división del trabajo, de jerarquización y de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no se afectó de manera grave el desarrollo de las tareas de recepción, escrutinio y cómputo de la votación. Bajo este criterio, se ha estimado que en una mesa directiva integrada por cuatro ciudadanos (un presidente, un secretario y dos escrutadores) o por seis (un presidente, dos secretarios y tres escrutadores), la ausencia de uno de ellos[21] o de todos los escrutadores[22] no genera la nulidad de la votación recibida.

- Cuando la mesa directiva de una casilla especial se conforme de personas inscritas en secciones diferentes, pues así lo prevé el artículo 258, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones. Lo anterior tiene razón en que si su función es permitir sufragar a los ciudadanos que se encuentran en tránsito en el país y operan las mismas reglas de integración para el funcionariado de casilla, como lo es seleccionar voluntarios de la fila, es razonable que puedan participar personas inscritas en secciones diversas.

Con base en lo anterior, solamente deberá anularse la votación recibida en casilla, cuando se presente alguna de las hipótesis siguientes:

- Que se acredite que una persona actuó como funcionariado de la mesa receptora sin pertenecer a la sección electoral de la casilla respectiva[23], en contravención a lo dispuesto en el artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones.

- Que el número de integrantes ausentes de la mesa directiva implicara, dadas las circunstancias particulares del caso, multiplicar excesivamente las funciones del resto del funcionariado, a tal grado que ocasionara una merma en la eficiencia de su desempeño y de la vigilancia que corresponde a sus labores.

- Que con motivo de una sustitución, se habilita a personas representantes de partidos o candidatos independientes[24].

2. Caso concretamente revisado

El PAN alega que en las 88 casillas impugnadas las mesas directivas no se conformaron de acuerdo con la ley, pues algunas personas que ocuparon los distintos cargos no son las previamente autorizadas por la autoridad administrativa electoral, aunado a que no se encuentran en la lista nominal de la casilla o sección correspondiente.

3. Valoración

3.1 Funcionarias o funcionarios de casilla que conformaron las mesas directivas de casilla al ser designadas por el INE [se encuentran en el encarte].