Monterrey, Nuevo León, a dieciocho de julio de dos mil veinticuatro.

Sentencia definitiva que, por una parte a) tiene por no presentada la demanda presentada por el Partido Verde Ecologista de México que tuvo como consecuencia la integración del expediente SM-JIN-23/2024 ya que se desistió de su escrito, y por otra, b) declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 1324 B, porque se acreditó que la persona funcionaria que actuó en la mesa directiva no fue designada por el Consejo Distrital y tampoco se encuentra en el listado nominal de la sección electoral respectiva, c) modifica los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales de mayoría relativa correspondiente al 05 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón; y al no haber cambio de fórmula ganadora, d) confirma, en la materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia respectiva. Lo anterior, al considerarse que las irregularidades hechas valer por los partidos políticos actores no generan la nulidad de la votación recibida en el resto de las casillas impugnadas, ni la nulidad de la elección.

GLOSARIO

1.        ANTECEDENTES DEL CASO

Las fechas que se citan corresponden a dos mil veinticuatro, salvo precisión en contrario.

1.1. Jornada electoral. El dos de junio se llevó a cabo la elección federal para renovar a la Presidencia de la República, así como a las diputaciones y senadurías del Congreso de la Unión.

1.2. Cómputo distrital. El siete de junio, el Consejo Distrital concluyó el cómputo de la elección en el 05 Distrito Electoral Federal en Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón, declaró la validez de la elección y entregó constancia de mayoría y validez a la fórmula de la candidatura postulada por la Coalición Fuerza y Corazón por México[1].

Lo anterior, conforme a los resultados siguientes:

1.3. Juicios de inconformidad. Para cuestionar el cómputo y la declaración de validez, el PRD presentó demanda de juicio de inconformidad el nueve de junio; por su parte, el PVEM presentó un primer escrito de demanda el día once de junio a las quince horas con veinticinco minutos, posteriormente, ingreso su solicitud de desistimiento y presentó una nueva demanda a las veintidós horas.

1.4. Tercero interesado. El doce de junio, MORENA compareció como tercero interesado en el juicio promovido por el PRD.

1.5. Trámite ante la Sala Regional. Los juicios se recibieron en esta Sala, se les asignó el número de expediente que correspondió, asimismo, en atención a la solicitud de desistimiento presentada por la representación del PVEM se le dio vista para que ratificara ese escrito, acto que se llevó a cabo el dieciocho de junio.

Por lo que hace al resto de las demandas, se les dio el trámite que correspondió para la adecuada integración del expediente, se admitieron a trámite, y al no existir alguna diligencia pendiente de desahogo se ordenó cerrar la instrucción y poner los expedientes en estado de dictar sentencia.

2.        COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer los presentes juicios de inconformidad promovido contra los resultados consignados en las actas de cómputo distrital por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula ganadora, en la elección de diputaciones que integrarán el Congreso de la Unión por un distrito electoral del estado de Coahuila de Zaragoza, supuesto previsto expresamente para conocimiento y resolución de este órgano jurisdiccional.

Lo anterior encuentra sustento en los artículos 176, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 50, párrafo 1, inciso b) y 53, párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios.

3. ACUMULACIÓN

En el caso concreto, ya que en los escritos de demanda se advierte que la pretensión de los recurrentes es la de controvertir los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría realizadas por el Consejo Distrital, lo procedente es acumular los expedientes SM-JIN-23/2024 y SM-JIN-24/2024 al diverso SM-JIN-22/2024, por ser este el primero que se recibió en esta Sala Regional; por lo anterior, se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos a los expedientes acumulados.

Lo anterior, con fundamento los numerales 180, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley de Medios, y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. SE TIENE POR NO PRESENTADO EL ESCRITO QUE CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SM-JIN-23/2024

Como se refirió en el apartado de antecedentes, el once de junio el PVEM por conducto de su representación ante el Consejo Distrital presentó solicitud de desistimiento del escrito de demanda que presentó en esa fecha a las quince horas con veinticinco minutos,[2] petición que ingresó junto con una nueva demanda, por lo que ese escrito se integró al expediente SM-JIN-24/2023.

Con motivo de lo anterior, el catorce de junio se dio vista al PVEM para que por conducto de su representación ratificara la solicitud de desistimiento, requerimiento que se desahogó el dieciocho de junio.

En este entendido, esta Sala Regional determina que debe tenerse por no presentado el escrito de demanda, ya que no se dictó auto de admisión, existió la solicitud expresa de desistimiento por parte de la representación acreditada por el PVEM ante la autoridad señalada como responsable y esta fue ratificada, además, no se está en un caso donde se defienda un interés difuso, colectivo o de grupo, tampoco compareció al juicio la candidatura como coadyuvante en términos de lo dispuesto en el artículo 54 párrafo 1, inciso b, en relación con el artículo 12 párrafo 3, de la Ley de Medios, o a través del juicio para la protección de los derechos político electorales, esto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 fracción I, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En relación con el párrafo anterior, cabe señalar que aun cuando resultaría factible dar vista a la candidatura para que manifestara lo que a su interés conviniera aun cuando no haya coadyuvado o presentado algún medio de impugnación con el fin de defender los derechos que pudiera estimar afectados con motivo de la elección que ahora se analiza, aun cuando estaba legitimado para ello de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 1/2014 de rubro CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO,[3] lo cierto es que en el caso concreto, el desistimiento del escrito de demanda no le causaría afectación porque esa actuación procesal se dio con motivo de la presentación de una nueva demanda que el partido político consideró más eficaz para revocar la constancia de validez otorgada.

Finalmente, cabe señalar que toda vez que el PVEM se desistió del escrito de demanda que presentó, más no así de su pretensión, y ya que conforme al Reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el efecto jurídico de la presente determinación es tener por no presentado el ocurso, esta circunstancia no constituirá un impedimento para calificar la admisibilidad y en su caso resolver de fondo el escrito de demanda que dio origen al expediente SM-JIN-24/2024, máxime que su presentación se dio dentro de los plazos legales otorgados para tales efectos.

5. PROCEDENCIA

5.1. Admisibilidad del escrito de tercero interesado

Sin perjuicio de que se haya admitido en el acuerdo de veintinueve de junio, se realizará la calificación de los requisitos de admisibilidad del escrito presentado por MORENA.

Se admite el escrito presentado por Carlos Maximiliano Cervantes Hoyos, en su carácter de Representante de MORENA ante el 05 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, pues satisface las exigencias contempladas en los artículos 12, párrafo 1, inciso c), y 17, párrafo 4, de la Ley de Medios, por lo siguiente:

a) Forma. El escrito se presentó ante la autoridad señalada como responsable del acto impugnado en el presente juicio, el cual contiene el nombre del tercero interesado, el nombre y firma de quien comparece en su representación y las alegaciones correspondientes.

b) Oportunidad. El escrito es oportuno, pues el plazo de setenta y dos horas establecido en el artículo 17, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, para la publicitación correspondiente, inició el nueve de junio a las veinte horas[4] y concluyó el doce siguiente a las veinte horas[5]; asimismo, el escrito se recibió el doce de junio a las diecisiete horas con nueve minutos[6], por lo que su presentación es oportuna.

c) Legitimación. Se cumple con esta exigencia, toda vez que el partido interesado cuenta con un derecho incompatible al del partido actor, en tanto que su pretensión es que no prosperen los agravios que expresa en su escrito de demanda, a fin de que se confirmen los resultados impugnados.

d) Personería. Del análisis del escrito de comparecencia de tercero interesado que remite la autoridad responsable, se advierte que Carlos Maximiliano Cervantes Hoyos, solicita que se le reconozca como representante de MORENA; sin embargo, no acompaña alguna constancia con la que demuestre contar con esa representación[7].

Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala Regional considera procedente reconocerle la calidad con la que se ostenta, ya que en la documentación que la responsable remitió junto con su informe, obran las Actas Circunstanciadas del Recuento Parcial de la Elección de Diputaciones en el Distrito Electoral 05 del Estado de Coahuila de Zaragoza, en donde se condujo bajo esa figura, por lo tanto, ya que se tiene por acreditada la representación ante la autoridad responsable, es factible que en los mismos términos se le permita ejercer en esta instancia dicho mandato[8].

5.2. Procedencia de la demanda del PRD [SM-JIN-22/2024]

MORENA en su carácter de tercería interesada, hace valer como causales de improcedencia la extemporaneidad en la presentación de la demanda, y que el partido actor impugna más de una elección, además de que los actos controvertidos no son definitivos ni firmes.

Deben desestimarse las causales de improcedencia hechas valer, porque: i. la demanda del PRD se presentó de manera oportuna, como se explica más adelante; ii. impugna únicamente los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la elección de diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa correspondiente al distrito electoral federal 05 en el estado de Coahuila de Zaragoza; y, iii. Por su naturaleza, los actos que impugna son definitivos y pueden ser analizados en esta sede, ya que en términos del artículo 70, inciso i), de la LEGIPE, los Consejos Distritales efectúan los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa.

Al haberse desestimado las causales de improcedencia hechas valer por el tercero interesado, esta Sala considera que el juicio reúne los requisitos generales y especiales de procedencia previstos por los artículos 8, 9, 52, párrafo 1, 54, párrafo 1, inciso a), y 55, párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios, tal como se expone enseguida:

a) Forma. Se presentó por escrito ante la autoridad señalada como responsable, se precisa el nombre del partido político actor, el nombre y firma de quien promueve en su representación; el acto que controvierte, se mencionan hechos, agravios y las disposiciones presuntamente no atendidas.

b) Oportunidad. El juicio fue promovido dentro del plazo de cuatro días, toda vez que el cómputo distrital concluyó el siete de junio y la demanda se presentó el nueve siguiente.

c) Legitimación. Se cumple este requisito por ya que el promovente es un partido político nacional, en términos del artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

d) Personería. Graciela Guadalupe Martínez Barraza, comparece en su calidad de representante propietaria del PRD ante el Consejo Distrital, calidad que le reconoció la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado.

e) Interés jurídico. Se cumple este requisito porque el partido promovente pretende en primer término, que se anule la elección por violaciones genéricas, y, por otra parte, busca la nulidad de la votación emitida en diversas casillas, al estimar que se acredita alguna causal prevista por los artículos 75 y 78 de la Ley de Medios.

f) Elección que se impugna y mención individualizada del acta de cómputo distrital. Se satisface, en virtud de que el partido político promovente impugna expresamente la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, con motivo del cómputo realizado por el Consejo Distrital.

g) Individualización de casillas impugnadas y causales que se invocan. Se acredita esta exigencia porque el partido actor solicita se declare la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, invocando la causal que considera se actualiza, así como las razones que sustentan su petición.

5.3. Procedencia de la demanda del PVEM [SM-JIN-24/2024]

Esta Sala considera que el juicio reúne los requisitos generales y especiales de procedencia previstos por los artículos 8, 9, 52, párrafo 1, 54, párrafo 1, inciso a), y 55, párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios, tal como se expone enseguida:

a) Forma. Se presentó por escrito ante la autoridad señalada como responsable, se precisa el nombre del partido político actor, el nombre y firma de quien promueve en su representación; el acto que controvierte, se mencionan hechos, agravios y las disposiciones presuntamente no atendidas.

b) Oportunidad. El juicio fue promovido dentro del plazo de cuatro días, toda vez que el cómputo distrital concluyó el siete de junio y la demanda se presentó el once siguiente.

c) Legitimación. Se cumple este requisito ya que el promovente es un partido político nacional, en términos del artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

d) Personería. Francisco Javier Hernández Estrada, comparece en su calidad de representante propietario del PVEM ante el Consejo Distrital, calidad que le reconoció la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado.

e) Interés jurídico. Se cumple este requisito porque el partido promovente pretende que se anule la votación emitida en diversas casillas, al estimar que se acredita alguna causal prevista por los artículos 75 de la Ley de Medios.

f) Elección que se impugna y mención individualizada del acta de cómputo distrital. Se satisface, en virtud de que el partido político promovente impugna expresamente la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, con motivo del cómputo realizado por el Consejo Distrital.

g) Individualización de casillas impugnadas y causales que se invocan. Se acredita esta exigencia porque el partido actor solicita se declare la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, invocando la causal que considera se actualiza, así como las razones que sustentan su petición.

Finalmente, debe precisarse que en su demanda manifestó que controvierte las constancias de asignación, sin embargo, ya que no expuso como una petición expresa la de controvertir la votación recibida para la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional, debe entenderse que su pretensión destacada es la de anular la votación recibida para la elección de la diputación por el principio de mayoría relativa y la revisión que esta Sala Regional realizará se centrará en esta, pues, la mención a que ahora se alude no se puede entender como una manifestación de la voluntad de inconformarse de una elección diversa a la que expresamente se refiere, máxime, que esa identificación es una carga procesal que se impone a los impugnantes en el artículo 52 párrafos 1, inciso a) y 2 de la Ley de Medios. 

6. ESTUDIO DE FONDO

6.1. Materia de la controversia

Conforme los agravios expuestos por el PRD y por el PVEM, en sus escritos de demanda, la controversia en el presente caso se relaciona con la validez de la votación recibida en diversos centros de votación, así como de la presunta comisión de actos que, a juicio de los promoventes, podría incidir en la declaración de la fórmula ganadora o en la validez de la elección de la diputación del distrito electoral federal 05 de Coahuila de Zaragoza, así como en la entrega de la constancia de mayoría relativa a la fórmula ganadora.

6.1.1. Planteamientos ante esta Sala Regional

6.1.1.1. Planteamientos del PRD

El PRD solicita la nulidad de diversas casillas al considerar que se actualiza el supuesto contenido en el inciso e) del artículo 75 párrafo 1 de la Ley de Medios, por recibirse la votación por personas u órganos distintos a los facultados, en los siguientes centros de votación: 1174 C4, 1176 C1, 1180 C1, 1188 C1, 1208 B, 1211 B, 1213 B, 1218 C1, 1229 B, 1230 B, 1231 B, 1231 B (sic), 1242 B, 1242 B (sic), 1247 C1, 1252 B, 1256 B, 1263 B, 1263 B,1264 B, 1270 B, 1277 C1, 1277 C1 (sic), 1287 B, 1294 C1, 1294 C1 (sic), 1308 B, 1308 B (sic), 1309 C1, 1337 C1, 1344 B, 1371 B, 1380 B, 1467 C2, 1730 C1, 1730 C2, 1731 C5, 1732 C2, 1839 C3, 1839 C3 (sic).

También, el promovente argumenta que se actualiza la hipótesis de nulidad de la votación en casilla prevista por el numeral 75, párrafo 1, inciso g), de la Ley de Medios, por permitirse sufragar a personas que no aparecían en el listado nominal, esto en las siguientes casillas 1174 C3, 1203 B, 1368 C, 1254 B, 1203 B, 1254 B, 1368 C1, 1369 C1, 1174 C3.

Adicionalmente, el partido actor señala la elección debe anularse, porque existió una intervención por parte del Gobierno Federal dentro del proceso electoral 2023-2024, dado que el Presidente de la República tuvo una conducta activa, sistemática y reiterada, para afectar la equidad de la contienda así como los principios constitucionales rectores de la materia electoral.

Finalmente, refirió que existieron intermitencias dentro del proceso de carga en el sistema de información de cómputos distritales, lo que generó diversas irregularidades, y que, si bien esto no fue en la totalidad de los Consejos Distritales, sí aconteció en un número significativo; por lo que, desde su óptica, se actualiza el supuesto contenido en el numeral 75 párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, al haber existido error o dolo en el cómputo de la votación recibida, porque existieron irregularidades en el sistema de información utilizado por el INE, para las elecciones federales, las cuales comprometieron los cómputos distritales.

6.1.1.2. Planteamientos del PVEM

Por otra parte, el PVEM hizo valer los siguientes motivos de inconformidad:

Sostiene que debe anularse la votación en las casillas que a continuación se indican, porque se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 75 párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, 1172 C3, 1173 B, 1173 C3, 1174C1, 1174 C2, 1174 C3, 1174 C4, 1175 C1, 1176 C1, 1177 B, 1177 C2, 1179 C2, 1180 B, 1180 C1, 1180 C2, 1180 C4, 1180 C5, 1180 C6, 1180 C7, 1174 C3, 1180 C1, 1180 C2, 1180 C6, 1182 C1, 1185 B, 1185 C1, 1193 C1, 1194 C1, 1195 B, 1201 C1, 1204 B, 1207 C1, 1211 B, 1213 B, 1213 C1, 1235 B1, 1236 B, 1242 B, 1242 C1, 1245 B, 1247 B, 1247 C1, 1248 C1, 1252 B, 1262 B, 1270 B, 1277 B, 1287 C1, 1294 C1, 1296 B, 1303 B, 1321 C1, 1324 B, 1329 B, 1330 B, 1331 B, 1335 B, 1337 B, 1344 B, 1345 C1, 1346 C1, 1347 B, 1347 C1, 1375 C1, 1376 B, 1380 C1, 1459 B, 1459 C1, 1459 C2, 1460 B1, 1460 C2, 1461 B, 1461 C4, 1461 C8, 1461 C3, 1466 C1, 1466 C8, 1466 E1 C5, 1839 C1.

Asimismo, expresa que en las casillas que a continuación se indican, se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 75 párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios: 1172 C2, 1172 C3, 1172 C4, 1177 B, 1177 C1, 1177 C2, 1177 C4, 1183 B, 1183 C1, 1183 C2, 1183 C3, 1183 C4, 1187 B, 1187 C1, 1188 B, 1200 B, 1200 C1, 1204 B, 1205 B, 1205 C1, 1207 B, 1207 C1, 1215 B, 1219 B, 1219 C1, 1227 C1, 1232 B, 1232 C1, 1233 B1, 1244 B, 1324 B, 1834 B, 1835 C1, 1835 C2, 1836 C1, 1840 B.

Asimismo, el PVEM solicita que se supla en su beneficio la queja expresada de manera deficiente, al respecto, dígasele a dicho partido que esa figura aplicará en el caso de que se configure alguno de los supuestos previstos en el artículo 23 párrafo 1, de la Ley de Medios, sin que ello implique la creación de agravios o la emisión de una resolución favorable a sus pretensiones.

6.2. Cuestiones que deben resolverse

En el presente caso, debe analizarse si es viable la anulación de la votación recibida en diversas casillas, o bien, si es procedente declarar la nulidad de la elección que corresponde al distrito electoral federal cuestionado.

A partir de lo expuesto, se estudiarán, en primer orden, los motivos de inconformidad referentes a la nulidad de elección, y posteriormente se examinarán las causales de nulidad de votación recibida en casilla en el orden relacionado en el numeral 75, párrafo 1, de la Ley de Medios, para lo cual se partirá del análisis del marco normativo en que se sustentan, a fin de determinar si se actualizan o no las hipótesis de invalidez hechas valer.

6.3. Decisión

Debe a) declararse la nulidad de la votación recibida en la casilla 1324 B, porque se acreditó que la persona funcionaria que actuó en la mesa directiva no fue designada por el Consejo Distrital y tampoco se encuentra en el listado nominal de la sección electoral respectiva; b) modificarse los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales de mayoría relativa correspondiente al 05 Distrito Electoral Federal en Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón;; y al no haber cambio de fórmula ganadora, c) confirmarse, en lo que fue materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y la constancia de mayoría respectiva.

6.4. Justificación de la decisión

6.4.1. Invalidez de una elección por vulneración a principios constitucionales

6.4.1.1. Marco teórico

Respecto de la nulidad de una elección federal –de diputaciones o senadurías–, el artículo 78, párrafo 1, de la Ley de Medios establece que las Salas del Tribunal Electoral podrán declararla, cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos[9].

Es criterio de este Tribunal Electoral que una violación es determinante cuando se advierta una relación directa e inmediata entre las irregularidades denunciadas y el resultado de la jornada electoral, y cuando la afectación causada es de tal gravedad que no sea dable considerar que el resultado de una elección es válido, ante la ausencia de uno o más de los requisitos previstos por la ley[10].

En tal sentido, los elementos o condiciones para la invalidez de una elección por violación de principios constitucionales son:

a)     La existencia de hechos que se consideren violatorios de algún principio o norma constitucional, o bien a un parámetro de derecho internacional aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves).

b)     Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén plenamente acreditadas.

c)     Que se constate el grado de afectación que la violación al principio o norma constitucional, o bien a un parámetro de derecho internacional aplicable haya producido dentro del proceso electoral.

d)     Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección.

De esta forma, para declarar la invalidez de una elección, por vulneración a normas constitucionales o principios fundamentales, es necesario que esa violación sea grave, generalizada y, además, determinante, de tal forma que trascienda al normal desarrollo del proceso electoral o al resultado de la elección, esto es, que su influencia sea de tal magnitud que haya afectado el resultado electoral definiendo a la candidatura ganadora.

Tales requisitos garantizan la autenticidad y libertad, tanto del sufragio, como de la elección, y otorgan certeza respecto a las consecuencias de los actos válidamente celebrados.

Así, acorde con lo establecido por este Tribunal Electoral en cuanto a que los actos comiciales, así como las respectivas declaraciones de las autoridades administrativas electorales, se presumen válidos hasta en tanto no exista un acto administrativo o sentencia en la que se declare su nulidad, lo que implica que quien sostenga su invalidez debe derrotar dicha presunción.

Ello, porque el sistema de medios de impugnación en materia electoral parte de la presunción de validez del acto comicial y solo puede revocarse a través de la comprobación de hechos que afecten grave y determinantemente la elección. Dicha presunción de constitucionalidad y validez de los actos comiciales obliga a quien afirme lo contrario a probarlo mediante las reglas y los procedimientos establecidos[11].

6.4.1.2. Resulta ineficaz el motivo de inconformidad relacionado con la supuesta intervención indebida del Gobierno Federal, al resultar genéricos los planteamientos alegados y no aportarse elementos probatorios contundentes

En su demanda el PRD hace valer que debe decretarse la nulidad de la elección que se impugna, en términos del artículo 78, párrafo 1, de la Ley de Medios, porque en su consideración, la voluntad ciudadana se vio afectada con motivo de la intervención reiterada por parte de la persona titular de la Presidencia de la República, ya que en diversas resoluciones se determinó que las declaraciones que realizó dicho servidor público implicaron una violación a los artículos 41 y 134 párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal, en específico a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral y entre los partidos políticos.

Esta Sala Regional considera que los motivos de inconformidad son ineficaces.

Esto es así porque el partido promovente omite realizar algún razonamiento o aportar un elemento de prueba que permita identificar la relación que tienen las diversas resoluciones que invoca y en las que se determinó que la persona titular presidencia de la república violentó el artículo 134 de la Constitución Federal, con la elección que pretende impugnar y la forma en que afectó los resultados, es decir, se trata de un argumento genérico y ante dicho planteamiento no le es dable a esta Sala Regional tener por formulado un agravio específico que le permita pronunciarse sobre la validez de la elección por la supuesta existencia de hechos que se invocan como faltas posiblemente constitutivas de la violación a principios constitucionales, ni siquiera a través de la suplencia de la queja prevista en el artículo 23 párrafo 1 de la Ley de Medios, pues, dicha figura es aplicable en el caso de que existan elementos que permitan identificar de manera concreta la existencia del agravio con base en los hechos narrados, lo que no ocurre en el caso concreto.

Así, en consideración de esta Sala Regional, aun cuando se pudiera tener por demostrada la existencia de las diversas resoluciones en las que el partido promovente sustenta la supuesta nulidad de la elección, al no existir un planteamiento directo que permita analizar si efectivamente las conductas atribuidas al titular del poder ejecutivo influyeron de manera indebida en la voluntad ciudadana al momento de ejercer el voto y la forma en que esto trascendió a la validez de la elección que ahora se cuestiona, no es posible pronunciarse al respecto, ya que no se aportan elementos de contradicción suficientes, de ahí que, como se anticipó, el agravio resulta ser ineficaz.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración que en la elección que ahora se impugna, la votación mayoritaria fue obtenida por la candidatura postulada por la coalición Fuerza y Corazón por México, de la cual, forma parte el partido inconforme, lo que resalta la ineficacia, pues, incluso, la premisa sobre la que el PRD basa su inconformidad se centra en demostrar que la intervención del titular del poder ejecutivo federal benefició a las candidaturas de la coalición Sigamos Haciendo Historia, supuesto que en el caso concreto no aconteció.

Por otra parte, aun en el supuesto de que la intención del partido actor fuera hacer valer la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso k), de la Ley de Medios[12], resultaría igualmente ineficaz su alegación, porque dentro de las cargas procesales que tiene el partido promovente está la de identificar específicamente cuales son las casillas que se vieron afectadas con motivo de la irregularidad acontecida, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 párrafo 1 inciso c), de la Ley de Medios, la cual no se satisface a cabalidad, pues, el señalamiento de que la impugnación se dirige a anular la totalidad de las casillas que se instalaron en el territorio nacional, es un planteamiento genérico que impide realizar un análisis de fondo sobre la posible actualización de alguna irregularidad.

6.4.2. Causal e): recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados

6.4.2.1. Marco teórico

De acuerdo con la LEGIPE, al día de la jornada comicial existen ciudadanos que han sido previamente insaculados y capacitados por la autoridad, para que actúen como funcionarios de las mesas directivas de casilla, desempeñando labores específicas.[13] Tomando en cuenta que los ciudadanos originalmente designados no siempre se presentan a desempeñar tales labores, la ley prevé un procedimiento de sustitución de los ausentes cuando la casilla no se haya instalado oportunamente [14].

Al respecto, el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios contempla como causa de nulidad que la votación la reciban personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, con el fin de proteger la legalidad, certeza e imparcialidad en la captación y contabilización de los sufragios.

Ahora bien, dado que los trabajos en una casilla electoral son llevados a cabo por ciudadanos que no se dedican profesionalmente a esas labores, es de esperarse que se cometan errores no sustanciales que evidentemente no justificarían dejar sin efectos los votos ahí recibidos. Por ello, se requiere que la irregularidad respectiva sea grave y determinante, esto es, de tal magnitud que ponga en duda la autenticidad de los resultados.

Por tanto, si bien la LEGIPE prevé una serie de formalidades para la integración de las mesas directivas de casilla, este tribunal ha sostenido que no procede la nulidad de la votación, en los casos siguientes:

      Cuando se omite asentar en el acta de jornada electoral la causa que motivó la sustitución de funcionarios de casilla, pues tal deficiencia no implica que se hayan violado las reglas de integración de la mesa receptora, ya que esto únicamente se acreditaría a través de los elementos de prueba que así lo demostraran o de las manifestaciones expresas en ese sentido que se obtuvieran del resto de la documentación generada [15].

      Cuando los ciudadanos originalmente designados intercambien sus puestos, desempeñando funciones distintas a las que inicialmente les fueron encomendadas [16].

      Cuando las ausencias de los funcionarios propietarios son cubiertas por los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley; ello, porque en tales casos la votación habría sido recibida por personas que fueron debidamente insaculadas, designadas y capacitadas por el consejo distrital respectivo [17].

      Cuando la votación es recibida por personas que, si bien no fueron originalmente designadas para esa tarea, están inscritas en el listado nominal de la sección correspondiente a esa casilla [18].

      Cuando faltan las firmas de funcionarios en alguna de las actas, pues la ausencia de rúbricas no implica necesariamente que las personas hayan estado ausentes, sino que debe analizarse el resto del material probatorio para arribar a una conclusión de tal naturaleza; tal como se explica enseguida.

Para verificar qué individuos actuaron como integrantes de la mesa receptora, es necesario examinar los rubros en que se asientan los cargos, nombres y firmas de los funcionarios, mismos que aparecen en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, en las secciones de “instalación de casilla”, “cierre de la votación” y “escrutinio o cómputo”; o bien de los datos que se obtienen de las hojas de incidentes o de la constancia de clausura.

Este tribunal ha considerado que basta con que se encuentre firmado cualquiera de esos apartados para concluir que sí estuvieron presentes los funcionarios actuantes [19].

Ello es así, pues tales documentos deben considerarse como un todo que incluye subdivisiones de las diferentes etapas de la jornada electoral, por lo que la ausencia de firma en alguno de los referidos rubros se podría deber a una simple omisión del funcionario que, por sí sola, no puede dar lugar a la nulidad de la votación recibida en casilla, máxime si en los demás apartados de la propia acta o en otras constancias levantadas en casilla, aparece el nombre y la firma de dicha persona.

Incluso, tratándose del acta de escrutinio y cómputo, se ha señalado que la ausencia de las firmas de todos los funcionarios que integran la casilla no priva de eficacia la votación, siempre y cuando existan otros documentos que se encuentren rubricados, pues a través de ellos se evita la presunción humana (de ausencia) que pudiera derivarse con motivo de la falta de firmas [20].

         Cuando los nombres de los funcionarios se apuntaron en los documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos; toda vez que ello supone un error del secretario, quien es el encargado de llenar las actas; además de que es usual que las personas con más de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos [21].

         Cuando la mesa directiva no cuente con la totalidad de sus integrantes, siempre y cuando pueda considerarse que, atendiendo a los principios de división del trabajo, de jerarquización y de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no se afectó de manera grave el desarrollo de las tareas de recepción, escrutinio y cómputo de la votación. Bajo este criterio, se ha estimado que en una mesa directiva integrada por cuatro ciudadanos (un presidente, un secretario y dos escrutadores) o por seis (un presidente, dos secretarios y tres escrutadores), la ausencia de uno de ellos[22] o de todos los escrutadores[23] no genera la nulidad de la votación recibida.

Con base en lo anterior, solamente deberá anularse la votación recibida en casilla, cuando se presente alguna de las hipótesis siguientes:

      Cuando se acredite que una persona actuó como funcionario de la mesa receptora sin pertenecer a la sección electoral de la casilla respectiva,[24] en contravención a lo dispuesto en el artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la LEGIPE.

      Cuando el número de integrantes ausentes de la mesa directiva haya implicado, dadas las circunstancias particulares del caso, multiplicar excesivamente las funciones del resto de los funcionarios, a tal grado que se haya ocasionado una merma en la eficiencia de su desempeño y de la vigilancia que corresponde a sus labores.

      Cuando con motivo de una sustitución, se habilita a representantes de partidos o candidatos independientes [25].

Criterio de Sala Superior sobre los elementos mínimos para analizar la causal e) de nulidad de votación recibida en casilla, consistente en indebida integración de mesa directiva.

Ahora, la Sala Superior al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-893/2018 determinó, entre otros aspectos, lo siguiente:

-          Consideró que para efecto de analizar si una persona participó indebidamente como funcionaria de casilla, es suficiente contar con el número de la casilla cuestionada y el nombre completo de la persona que presuntamente la integró ilegalmente.

-          A partir de dicho criterio, interrumpió la jurisprudencia 26/2016, de rubro: NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO, la cual contemplaba como requisitos para el estudio de indebida integración de mesas directivas de casillas: número de casilla, cargo de la persona funcionaria y nombre completo.

De lo expuesto, esta Sala Regional considera que la finalidad de que el promovente identifique por lo menos el número de casilla y el nombre completo de la persona que estima que integró indebidamente una mesa directiva, deriva de la naturaleza de la presente causal de nulidad, la cual tiende a salvaguardar el principio de certeza respecto a que el electorado tenga la seguridad de que su voto es recibido, computado y custodiado por autoridades autorizadas por la ley.

Al respecto, los partidos políticos cuentan con los elementos necesarios para proporcionar dichos elementos mínimos -casilla y nombre-, derivado del papel fundamental que tienen en un proceso electoral.

-          Tienen derecho participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de procesos electorales federales o locales.

-          Pueden nombrar representantes ante los órganos del INE o de los Organismos Públicos Locales.

-          Se les entrega la lista nominal de electores con fotografía a más tardar un mes antes de la jornada electoral.

-          Tratándose de elecciones federales, tienen derecho a nombrar una persona representante propietaria y una suplente ante cada mesa directiva de casilla, además de una persona representante general por cada diez casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y una por cada cinco casillas rurales.

-          Participan en la instalación de la casilla y vigilan el desarrollo de sus actividades hasta su clausura.

-          Las personas representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes reciben copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio elaboradas en la casilla.

-          En caso de no haber representante en las mesas directivas de casilla, las copias serán entregadas al representante general que así lo solicite.

-          Pueden presentar escritos de incidentes que se susciten durante el desarrollo de la jornada electoral y escritos de protesta al término del escrutinio y cómputo.

-          Pueden acompañar a quien presida la mesa directiva de casilla, al consejo distrital correspondiente, para entregar la documentación y el expediente electoral.

-          Las personas representantes deberán firmar todas las actas que se levanten en casilla.

Lo anterior evidencia que los partidos políticos tienen la posibilidad de contar con la documentación e información necesaria para precisar el número de casilla y el nombre completo de la persona que consideren integró ilegalmente una mesa directiva, pues sus representantes tienen el derecho de presenciar la jornada electoral desde la instalación hasta la entrega de los paquetes electorales, esto es, pueden vigilar lo que acontece durante su desarrollo, como puede ser, la referida integración de mesa directiva, así como las sustituciones que eventualmente se presenten.

Aunado a lo anterior, los nombres de las personas que actúan como funcionarias los pueden obtener e identificar durante toda la jornada de forma personal y directa con el funcionariado, o a partir de las copias que reciben de las actas de jornada, de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes o constancias de clausura.

Así, los elementos mínimos que estableció Sala Superior, como es la casilla y el nombre completo de las personas que los promoventes estimen integró ilegalmente alguna mesa directiva, están a su alcance para ser precisados en su escrito de demanda, a fin de que el órgano jurisdiccional emprenda el análisis para determinar si se actualiza o no la causal de nulidad hecha valer.

Por tanto, cuando se hace valer la causal de nulidad de votación consistente en recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la ley, se debe identificar la casilla y el nombre de la persona que cuestiona, esencialmente, porque el bien jurídico tutelado en esta causal de nulidad es la certeza de que la votación sea recibida, computada y custodiada por quienes legalmente estén facultados y porque los partidos políticos cuentan material y jurídicamente con las actas de instalación, de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, constancias de clausura, encarte y listado nominal.

De ahí que no sea válido que se formulen agravios a partir de probabilidades, es decir, sin proporcionar el nombre de la persona que supuestamente integró la mesa directiva de forma ilegal, pues la causal de nulidad que nos ocupa se dirige específicamente a analizar si determinada persona que actuó como funcionaria fue designada por el Consejo Distrital, bien porque se encuentre en el encarte o en algún acuerdo de sustitución o, en su caso, en el listado nominal de alguna de las casillas de la sección respectiva.

Aún en casos en los que se señale el número de casilla y el cargo o el nombre del funcionariado que fue sustituido, no es suficiente si no se precisa el nombre de quien supuestamente integró ilegalmente la mesa directiva, por la razón esencial de que no se tendría certeza de qué persona fue quien actuó en su lugar o si ocupó el cargo de quien estuvo ausente.

En consecuencia, el señalamiento indeterminado de alguien que probable o supuestamente actuó en algún cargo o en sustitución de alguna persona funcionaria de casilla, será calificado como agravio ineficaz.

Este criterio está dirigido a salvaguardar el voto emitido por la ciudadanía que acudió a las casillas a ejercer su derecho constitucional, ante la expresión de agravios indeterminados o basados en probabilidades (como en el caso de que no se proporcionen los elementos mínimos como casilla y nombre completo), conforme al principio de presunción de validez de los actos públicos válidamente celebrados [[15]].

Con base en lo anterior, para analizar si determinada mesa directiva de casilla se integró indebidamente, será suficiente que el promovente precise la casilla y el nombre completo de la persona que considere que la integró ilegalmente [[16]].

6.4.2.2. Resulta ineficaz el motivo de inconformidad del PRD respecto a que en diversas casillas se recibió votación por personas u órganos distintos a los facultados, porque es omisa en señalar elementos mínimos de los cuales se pueda desprenderse la actualización de la causa de nulidad que invoca

El PRD alega que, en diversas casillas, se actualiza la causal de nulidad de la votación que se recibió, prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, consistente en recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados, los cuales se tratan de las siguientes casillas y funcionarios:

Esta Sala considera que los motivos de inconformidad expuestos por el partido actor son ineficaces, porque no proporciona elementos mínimos que permitan identificar al funcionariado que estima integró la casilla indebidamente, sino que se limitó a identificar la casilla impugnada y el cargo del funcionario, sin precisar el nombre de la persona que aduce indebidamente recibió la votación, pues, en las casillas previamente señaladas, el promovente se limitó a señalar el cargo y “funcionario de la fila”.

Por tanto, debido a que el PRD no señala el nombre completo de la persona funcionaria que supuestamente integró indebidamente alguna mesa directiva, por lo que al no expresarse un nombre que revisar y verificar, para constatar si la persona fue designada o no por la autoridad electoral y, en su caso, si pertenece o no a la sección electoral respectiva, con el fin de poder determinar si se actualiza la causal de nulidad que el promovente hace valer, conforme a lo razonado por la Sala Superior en el recurso de reconsideración SUP-REC-893/2018 y esta Sala Regional en el apartado de marco jurídico de la causal que se analiza[26].

6.4.2.3. Resulta por una parte ineficaz el motivo de inconformidad del PVEM respecto a que en diversas casillas se recibió votación por personas u órganos distintos a los facultados, toda vez que las personas que integraron las mesas directivas de casilla cumplían con los requisitos establecidos en la LEGIPE para desempeñar dicho cargo, y por otra le asiste la razón, exclusivamente por lo que hace a la casilla 1324 B, ya que se integró por una persona que no corresponde a la sección electoral

A continuación, se procederá a realizar el análisis de las casillas que el PVEM señala que se integraron de manera inadecuada.

Cabe referir que conforme al criterio acogido por Sala Superior al resolver el expediente SUP-REC-893/2018, el partido político que alegue que la votación se recibió por personas que legalmente no podían hacerlo, tiene la carga procesal de identificar el número de la casilla así como el nombre completo de la persona que presuntamente integró la mesa directiva, y en ese sentido, si la impugnación carece totalmente de esos elementos o bien, no existe un grado de coincidencia en el nombre que permita identificar a la persona cuestionada, el agravio no se podría tener por configurado de manera adecuada.

Como se justifica en los apartados correspondientes, si bien el actor señaló nombres de diversas personas que presuntamente actuaron como funcionarias en las mesas directivas de las casillas mencionadas, cierto es que, de las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, constancia de clausura y/o hojas de incidentes, al realizar la confronta entre la mencionada documentación y el escrito de demanda, esta Sala Regional pudo corroborar que la redacción de los nombres está incompleta o resulta imprecisa, y esa diferencia impidió realizar el estudio en los términos propuestas por la parte actora.

En tal virtud, en los casos en que el nombre que refiere el partido no coincidió en lo absoluto, o bien, existió una discordancia visible que impidió a este órgano jurisdiccional identificar alguna similitud sustancial en los nombres del funcionariado que el partido buscó refutar como receptor no autorizado de la votación con el nombre de la persona que efectivamente recibió la votación, el agravio se calificó como ineficaz ya que no aporta los elementos mínimos para identificar a la persona que en su consideración no podía integrar la mesa directiva de las casillas cuestionadas.

Asimismo, debe señalarse que por lo que hace a las casillas 1176 C1, 1179 C2, 1180 C2, 1235 B, 1321 C1, 1330 B, 1331 B, 1335 B, 1461 C1 y 1466 C1, existió error en el cargo señalado, sin embargo, dicha circunstancia es intrascendente, ya que la identificación de la persona y la casilla que integra son elementos que permiten realizar el estudio sobre la configuración de la causal de nulidad, y en su caso, la mención del cargo auxiliaría para tener por configurada la causa de pedir.

En los términos indicados, se puede advertir que con la salvedad de la casilla número 1324B, el PVEM no demostró que la votación fuera recibida por personas diversas a las autorizadas por la ley, pues en todo caso, se trató de personas que no participaron, de funcionariado de la mesa directiva de casilla que fueron seleccionados por el INE para realizar dicha función, o bien, se trató de personas que formaban parte de la sección electoral y podían desempeñar esa función, e incluso, en aquellos casos donde se ausentaron algunos funcionarios el número de personas que integraron la mesa directiva de casilla era suficiente para que ésta funcionaria de manera regular, de ahí que lo procedente es validar la votación recibida en aquellas casillas donde se descartó la existencia de alguna irregularidad invalidante.

6.4.3. Causal f): dolo o error en la computación de los votos

6.4.3.1. Marco normativo

En términos de lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos siguientes:

a)     Dolo o error en la computación de los votos.

b)     La irregularidad sea determinante.

Respecto al primer elemento, se requiere que se acredite el dolo o error en el cómputo de la votación por inconsistencias relativas a los rubros del acta de escrutinio y cómputo que reflejan los votos emitidos durante la jornada electoral. Lo anterior pues, ordinariamente, el número de electores que acude a sufragar en una casilla debe coincidir con los votos emitidos ahí -reflejados en el resultado respectivo- y con el número de votos extraídos de la urna.

Para esta causal, es necesario distinguir entre los siguientes términos:

a)     Rubros fundamentales. Son los que reflejan los votos que fueron ejercidos:

i.     Total de ciudadanos(as) que votaron conforme a la lista nominal: incluye las personas que votaron y que se encontraban en la lista nominal de electores de la casilla, o bien que presentaron una sentencia de este tribunal que les permitió sufragar, también incluye a las y los representantes de partidos políticos o candidaturas independientes que votaron en la casilla sin estar en el referido listado nominal.

ii.     Votos de la elección sacados de la urna: son los votos que se sacan de la urna por las y los funcionarios de casilla –al final de la recepción de la votación–, en presencia de las representaciones partidistas.

iii.     Total de la votación: es la suma de los votos obtenidos por todas las opciones políticas contendientes, los votos nulos y por candidaturas no registradas.

b)     Rubros accesorios. Son los que consignan otro tipo de información, entre ellos: boletas recibidas por las y los funcionarios de casilla antes de la instalación y boletas sobrantes e inutilizadas al final de la jornada.

De acuerdo con los criterios sostenidos por este Tribunal Electoral[40], para que la autoridad jurisdiccional pueda pronunciarse sobre la existencia de esta causal, es necesario que se identifiquen los rubros fundamentales[41] en los que se afirma existen discrepancias, en segundo orden, que a través de su confronta, el error en el cómputo de la votación se haga evidente.

Ahora bien, para considerar que la irregularidad demostrada es determinante –segundo elemento indispensable para acreditar la causal en comento–, se requiere se presente alguno de los escenarios siguientes:

a)     Cuando se determine que la votación computada de manera irregular resulta igual o mayor a la diferencia de votos obtenidos por las candidaturas que ocuparon el primer y segundo lugar, o bien

b)     Cuando en las actas de escrutinio y cómputo se adviertan alteraciones evidentes o sean ilegibles los datos asentados, de manera que no puedan ser inferidos o subsanados por las cantidades anotadas en el resto de la documentación de la casilla o de algún otro documento que obre en el expediente.

6.4.3.2. Es ineficaz el agravio del PRD pues no identifica las casillas en las cuales afirma acontecieron irregularidades en el cómputo de los votos

El PRD solicita la nulidad votación con base en los previsto por el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, pues indica una probable alteración dolosa de la información respecto de la votación recibida en casillas -las cuales no identifica- y, la capturada a través del sistema y los usuarios que según indica el PRD, son distintos y ajenos al Consejo Distrital.

Sostiene su inconformidad en el hecho de que, supuestamente, existieron intermitencias en el sistema de carga de la información de los cómputos distritales que a su vez generó variaciones irregulares en el crecimiento de los números de votos y los porcentajes de estos.

En ese sentido, afirma que se actualiza la referida causal de nulidad consistente en que haya existido dolo o error en el cómputo de los votos, ante la probable alteración dolosa de la información respecto de la votación recibida en casilla, supuestamente por un sistema y usuario distinto y/o ajeno al de la autoridad administrativa electoral.

Señala que, en el caso concreto, el procedimiento fue transgredido atendiendo a la supuesta vulneración y corrupción de la información que sirvió de base para determinar el triunfo de la opción política involucrada, en lo correspondiente a números y porcentajes, motivo por el cual, resulta necesario solicitar a las áreas responsables del manejo, operación y flujo de información, vía herramientas tecnológicas, a efecto de acreditar todos los usuarios del sistema de carga de los cómputos distritales.

Solicita que la información de captura de resultados y el sistema de carga sean auditados y que se identifique la responsabilidad de la vulneración al sistema de carga e información utilizado por el INE.

Para tal efecto, pide que esta autoridad jurisdiccional requiera a la Unidad Técnica de Sistemas Informáticos y a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, un informe en el que se establezcan, ubique y acrediten a todos los usuarios del sistema de carga de los cómputos distritales, el tipo de acceso que tienen al sistema, la ubicación física de la IP donde se conectaron y el informe de intermitencias, así como la explicación desde lo técnico, técnico operativo, tecnológico y de cadena de custodia de la información digital e informática.

Son ineficaces los planteamientos hechos valer por el partido actor porque omite identificar, como es su deber, las casillas que impugna a partir de lo que identifica constituye una irregularidad en el sistema de carga de los cómputos distritales.

Este Tribunal Electoral, en su línea de interpretación firme, ha definido como criterio obligatorio, que compete a la parte demandante cumplir, indefectiblemente, con la carga procesal de la identificación particularizada de las casillas cuya votación solicite se anule así como de la causal de nulidad que afirme se dé en cada una de ellas; de manera que, si se omite tal precisión, es inviable que la autoridad pueda emprender el examen de los hechos que afirma motivan su reclamo; y con ello el análisis de la propia causal de nulidad como lo marca la ley.[42]

De igual forma, la Sala Superior ha dejado claro, en diversos precedentes, que el sistema de anulación de votación recibida en una casilla, opera de manera individual, por lo que no es válido pretender que al configurarse una casual de nulidad, esta sea aplicable a todas las casillas que se impugnen por igual, o que la suma de irregularidades ocurrida en varias genere como resultado su anulación, debido a que es principio rector del sistema de nulidades en materia electoral, que la nulidad de lo actuado en una casilla, sólo afecta de modo directo la votación recibida en ella.[43]

Así, en el caso, con independencia de que pudiera considerarse viable la solicitud de un requerimiento de información, y que con ello en general se tuvieran por acreditados los hechos que el partido actor identifica como una irregularidad que considera vicia el resultado de la votación recibida en las casillas del Distrito 05 en el Estado de Coahuila de Zaragoza, lo cierto es que el déficit de su impugnación es sustantivo, cuando en su demanda no identifica cuáles son las casillas que, en específico, considera se deben de anular, como lo exige la Ley de Medios; de ahí que, como se señaló, los planteamientos dirigidos a evidenciar la nulidad de casillas prevista por el artículo 75, párrafo 1, inciso f), son ineficaces.

Finalmente, no se pasa por alto la pretensión del partido actor respecto a que se identifique y responsabilice a las personas que causaron los hechos que considera como supuestas intermitencias o irregularidades, sin embargo, no ha lugar a atender esa solicitud, en tanto que el objeto del juicio de inconformidad es garantizar la autenticidad y legalidad de los resultados de los cómputos en las elecciones constitucionales, no así investigar o sancionar alguna responsabilidad administrativa.

6.4.3.3. Los agravios del PVEM son ineficaces porque no se encaminan a demostrar que en las casillas que cuestiona exista alguna irregularidad entre los rubros fundamentales

En su demanda, el PVEM solicita que se declare la nulidad de las siguientes casillas 1172 C2, 1172 C3, 1172 C4, 1177 B, 1177 C1, 1177 C2, 1177 C4, 1183 B, 1183 C1, 1183 C2, 1183 C3, 1183 C4, 1187 B, 1187 C1, 1188 B, 1200 B, 1200 C1, 1204 B, 1205 B, 1205 C1, 1207 B, 1207 C1, 1215 B, 1219 B, 1219 C1, 1227 C1, 1232 B, 1232 C1, 1233 B1, 1244 B, 1324 B, 1834 B, 1835 C1, 1835 C2, 1836 C1, 1840 B.

El partido inconforme basa su solicitud en la comparación de los rubros que denomina boletas recibidas menos boletas sobrantes, ciudadanos que votaron conforme la lista nominal, votación total emitida sacada de la urna, y a partir de ello plantea la supuesta existencia de discrepancias en el cómputo de la votación, sin embargo, ese planteamiento resulta ser ineficaz.

Lo anterior, porque la propuesta que el PVEM realiza no pretende demostrar que existió una discrepancia entre los rubros fundamentales de las actas de cómputo o de recuento, es decir, total de personas que votaron, votación total emitida y boletas extraídas de la urna, lo que eventualmente podría evidenciar que existió alguna irregularidad en el conteo de la votación que podría poner en duda la certeza de los resultados.

La petición del recurrente, se basa en la creación de un dato consistente en la resta de boletas utilizadas menos boletas sobrantes, (los cuales, en todo caso son rubros auxiliares), y a partir de ello demostrar que existen diferencias entre el número de ciudadanos que votaron y la votación extraída de la urna, pero, esta manera de plantear el cuestionamiento, no permite demostrar que en las casillas impugnadas exista una discordancia que lleve a concluir que las cifras que sustentan los resultados no sean concordantes entre sí, y por ende, se materialice algún impedimento para que puedan integrar válidamente el cómputo distrital.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el planteamiento respecto de las casillas 1172 C2, 1177 C4, 1177 B1, 1177 C1, 1183 C2, 1183 C3, 1183 C4, 1187 B1,1187 C1, 1207 C1, 1227 C1, 1232 C1, 1233 B1, recontadas por el grupo de trabajo 01, 1324 B1, por el grupo de trabajo 02, 1835 C1 por el grupo de trabajo 03, además de ser ineficaz poque no confronta los rubros fundamentales, como se explicó en párrafos anteriores, también lo es, porque una de las cifras cuya comparación se propone ha quedado superada, al haber sido legalmente sustituida con motivo del nuevo escrutinio y cómputo realizado por la autoridad electoral en los grupos de trabajo integrados para tales efectos, según se indica, y consignado en un documento diverso.

6.4.4. Causal g): Permitir sufragar a ciudadanos que no cuentan con su credencial para votar o no aparecen en el listado nominal

6.4.4.1. Marco normativo

La destacada hipótesis de nulidad de votación recibida en casilla se actualiza cuando se reúnen los elementos siguientes:

a)     Se acredite que se permitió votar a personas que no presentaron su credencial para votar o cuyos nombres no estaban incluidos en el listado nominal correspondiente.

b)     Que esas personas no se ubiquen en los supuestos de excepción que se citan:

i.            Representantes de partidos políticos o de candidaturas independientes, acreditados(as) ante la mesa directiva de casilla, a quienes se les permite votar en la mesa receptora a la que fueron asignados[44].

ii.            Ciudadanos y ciudadanas que acuden a casillas especiales[45], al encontrarse transitoriamente fuera de su sección, distrito o entidad.

iii.            Ciudadanas y ciudadanos que exhiban una identificación y copia certificada de los puntos resolutivos de una sentencia favorable, dictada por la Sala competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del juicio ciudadano que promovieron[46].

c)     Que la irregularidad sea determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla.

En efecto, en el caso de esta causal, debe demostrarse fehacientemente que la irregularidad fue decisiva para el resultado de la votación, con ello nos referimos a que, debe constatarse que de no haberse presentado el resultado podría haber sido distinto. Este elemento se acredita cuando el número de personas que votaron irregularmente es igual o mayor a la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar.

También puede considerarse que la irregularidad es determinante cuando, sin saber el número exacto de las personas que sufragaron de manera irregular, se demuestren las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales un gran número de personas votó sin tener derecho a ello y, por tanto, pueda válidamente sostenerse como conclusión que se afectó el valor que protege esta causal[47].

Cabe señalar que, el supuesto de nulidad en estudio protege el principio de certeza, busca que la voluntad popular de una determinada sección electoral se construya exclusivamente a partir de los votos de la ciudadanía efectivamente registrada en esa territorialidad, que justifique tener el documento comprobatorio correspondiente (credencial para votar).

6.4.4.2. Resulta ineficaz el motivo de inconformidad del PRD respecto a que en diversas casillas se permitió sufragar a ciudadanía que no contaba con su credencial para votar o no aparecía en el listado nominal, al no ser determinantes las supuestas irregularidades señaladas

El promovente argumenta que se actualiza la hipótesis de nulidad de la votación en casilla prevista por el numeral 75, párrafo 1, inciso g), de la Ley de Medios, por permitirse sufragar a personas que no aparecían en el listado nominal, esto en las siguientes casillas:

En el presente caso, según las pruebas ofrecidas, se puede advertir que en la hoja de incidentes que corresponde a la casilla 1174C3, se asentó que una persona votó en una casilla que no le correspondía, en la de la casilla 1203B que votó el representante del IEC sin estar en lista nominal, en la que pertenece a la casilla 1254B, se asentó que se permitió votar a una representante del PVEM que tenía hoja de nombramiento pero que no estaba en la lista de representantes de partido, mientras que por lo que hace a la casilla 1369C1 no se asentó ningún incidente en la elección de diputaciones, respecto de la 1368C1 la autoridad responsable no remitió alguna hoja de incidentes y el partido actor no aportó algún elemento de prueba relacionado con el acontecimiento narrado.

Ahora bien, aunque las pruebas son aptas para tener por demostrada la irregularidad que a juicio del actor debe motivar la nulidad de la votación recibida en las casillas –consistente en que se permitió sufragar sin credencial para votar o sin aparecer en el listado nominal de electores, en cada caso, a una (1) persona ciudadana en las casillas antes mencionadas, con la salvedad de las casillas 1368C1 (ya que no obra en autos prueba sobre la infracción) y la 1369C1 (porque no se acreditó que la irregularidad ocurriera en la elección de diputaciones, sino en la de ayuntamiento)-  esa conclusión no sería suficiente para anular la votación, toda vez que se tratarían, en todo caso, de violaciones no determinantes.

En efecto, según corresponde en cada caso, de las actas de escrutinio y cómputo o de las constancias individuales de resultados electorales de punto de recuento de la elección de diputación federal correspondiente a las casillas que nos ocupan, se obtiene el resultado de la votación obtenida y, posteriormente, se realizan las operaciones y confronta para obtener la determinancia, conforme a lo siguiente:

De los datos destacados en el cuadro anterior, se observa que, ante la diferencia de votos entre el primer y el segundo lugar en las casillas controvertidas, las supuestas irregularidades señaladas por el partido actor no son determinantes para el resultado de la votación en cada una de éstas, debido a que, en todos los casos, el presunto voto indebido de personas sin estar en lista nominal o no contar con credencial para votar es marcadamente menor a la diferencia de la votación obtenida entre el primer y segundo lugar.

Al no ser determinantes las irregularidades señaladas en cada uno de los casos, se desestima el alegato invocado por el PRD.

Adicionalmente, se precisa que las casillas en estudio no se encuentran en el supuesto de excepción relativo a que las irregularidades alegadas en cada una y por sí mismas, produzcan un cambio de ganador en la elección que se impugna[48], pues de conformidad con el acta de cómputo distrital de la elección para la diputación federal de mayoría relativa, el resultado final de la votación fue el siguiente:

De lo anterior, se observa que la diferencia de votos entre el primer y el segundo lugar es de 8,969 (ocho mil novecientos sesenta y nueve votos) votos, por lo que en el eventual supuesto de que se tuviera por acreditada la irregularidad en cada una de las casillas cuestionadas, ese resultado en lo individual, frente al resultado de la elección, no implicaría un cambio de ganador.

Por tanto, como se adelantó, al no ser determinantes las irregularidades señaladas por el PRD, se desestiman sus agravios.

7. EFECTOS

7.1. Anulación de la votación recibida en casilla

Atendiendo a la acreditación sobre la configuración de la causal de nulidad prevista en el artículo 75 párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, debe declararse la nulidad de la votación recibida en la casilla 1324 B.

En tal virtud, debe realizarse el ajuste en el cómputo distrital.

Para lo anterior, se procederá, en primer término, a verificar cual fue la votación obtenida en la casilla cuya nulidad se declara[49].

7.2. Recomposición del cómputo de la elección de diputaciones federales de mayoría relativa

De acuerdo con las cantidades de votación anulada y conforme a lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios, se modifican los resultados del acta de cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa del 05 Distrito Electoral Federal en Coahuila de Zaragoza, para quedar en los términos siguientes:

Ahora bien, de conformidad con el numeral 311, párrafo 1, inciso c), de la LGIPE, los votos emitidos a favor de dos o más partidos coaligados se distribuirán igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación.