Monterrey, Nuevo León, a veinticuatro de julio de dos mil quince.

Sentencia definitiva que: a) declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 944 contigua 1 y 1007 básica, correspondientes a la elección de diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa del 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Irapuato, Guanajuato, por acreditarse en ambas casillas su indebida integración; en consecuencia, b) modifica los resultados consignados en el acta de cómputo distrital; y al no haber cambio de ganador, c) confirma en lo que fue materia de impugnación la declaración de validez de la elección y, como consecuencia, la constancia de mayoría y validez respectiva.

GLOSARIO

1. ANTECEDENTES DEL CASO

Los hechos narrados en este apartado corresponden al año dos mil quince.

1.1. Jornada electoral. El siete de junio se llevó a cabo la jornada electoral para los diputados federales del Congreso de la Unión.

1.2. Sesión de cómputo distrital. El diez de junio el Consejo Distrital inició la sesión especial de Cómputo Distrital y finalizó al día siguiente. Las fórmulas de candidatos que obtuvieron el primero y segundo lugar de la votación fueron: la postulada por la coalición conformada por el PRI y el Verde con cuarenta y ocho mil setecientos sesenta votos; y el PAN con cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y dos[1].

En esa misma fecha el Consejo Distrital declaró la validez de la elección y expidió la constancia de mayoría a la fórmula ganadora que postuló la coalición de referencia conformada por Yulma Rocha Aguilar como propietaria y Ma. Eugenia Rojas González como suplente.

1.3. Juicio de inconformidad. El catorce de junio, el PAN por conducto de su representante suplente Juan Pablo Fernando Galván Aguilar[2], promovió este juicio de inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital.

Asimismo, el quince de junio siguiente el PT también por conducto de su representante propietario José Rogelio Castañeda Manrique, promovió un juicio de inconformidad también en contra de estos resultados[3].

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes juicios de inconformidad en virtud de que se controvierte el Cómputo Distrital realizado por el 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Irapuato, Guanajuato, órgano administrativo electoral que corresponde a esta Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral sobre la cual este tribunal ejerce jurisdicción.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 195, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, inciso b), 34, párrafo 2, inciso a), 49 y el artículo 50 párrafo 1, inciso b) así como el 53, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

3. ACUMULACIÓN

Del análisis de las demandas referidas en el apartado 1.3 de esta sentencia se advierte que aunque ambos partidos políticos señalan distintos planteamientos,  sí tienen una identidad en la pretensión y autoridad responsable, por lo cual, en aras de garantizar la economía procesal y con el fin de evitar el posible dictado de sentencias contradictorias, resulta procedente decretar la acumulación del juicio de inconformidad SM-JIN-34/2015 al diverso juicio SM-JIN-33/2015, debido a que éste fue el que se registró primero, debiéndose agregar una copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios y 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. PROCEDENCIA

4.1. El PT tiene interés jurídico para promover este juicio de inconformidad

El Consejo Distrital al rendir su informe circunstanciado en el juicio de inconformidad identificado con la clave SM-JIN-34/2015, señaló que el PT carece de interés jurídico para promover dicho juicio. En su opinión, los actos reclamados no le ocasionan ningún perjuicio al partido e incluso sostiene que su demanda en realidad sólo es una estrategia para conservar el registro debido a que, en la sumatoria de los trescientos distritos electorales uninominales del país, obtuvo el dos punto nueve por ciento de los votos sin alcanzar el umbral mínimo del tres por ciento exigido por la ley.

Sin embargo, el Consejo Distrital pierde de vista que de acuerdo a la estructura del sistema jurídico electoral los partidos políticos participantes en cualquier proceso electoral pueden solicitar la intervención de la autoridad jurisdiccional para cuestionar la validez de los actos y formalidades que debe satisfacer la recepción de la votación a fin de reparar aquellas situaciones denunciadas como contrarias a derecho.

En el presente caso el PT reclama que en diversas casillas la votación se recibió por personas que no fueron designadas en términos de la ley, lo cual puede llegar a incidir en la definición de los resultados en dicho distrito[4], por ello se concluye que los institutos políticos contendientes pueden controvertir ese tipo de actos ante las instancias jurisdiccionales y por ende se desestima la causal de improcedencia hecha valer.

4.2. Requisitos formales de las demandas

Los escritos del PAN y el PT reúnen las formalidades exigidas por los artículos 8, 9, 52, párrafo 1, y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, de acuerdo a lo siguiente:

a) Oportunidad. Las demandas fueron promovidas en el plazo de cuatro días puesto que el cómputo distrital, la declaratoria de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez de la elección que se impugna, se celebró el once del referido mes y los actores presentaron su escrito de demanda el catorce y quince de junio del año en curso respectivamente[5].

b) Forma. Se satisface este presupuesto, ya que las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad responsable, en ellas constan los nombres y firmas de los promoventes, identifican los actos que se reclaman, mencionan hechos, agravios e individualizan las casillas cuya votación solicitan que se anule.

c) Legitimación y Personería. Los partidos actores cuentan con legitimación para promover los presentes medios de impugnación, pues ambos son partidos políticos que cuestionan los resultados decretados en el cómputo distrital, la constancia de validez de la elección en la que participaron y postularon candidatos, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría realizada por la responsable. En opinión de ambos partidos, entre otras cosas debe anularse la votación recibida en las casillas que señalan en sus respectivos escritos de demanda. Además, comparecen a este juicio por conducto de Juan Pablo Fernando Galván Aguilar, quien es representante suplente ante el Consejo Distrital Responsable del PAN[6] y José Rogelio Castañeda Manrique quien es representante propietario del PT ante el mismo Consejo Distrital[7] por ende también satisfacen la personería suficiente para promover los presentes juicios.  

d) Definitividad. Se satisface este requisito porque no se advierte en la Ley de Medios la procedencia previa a la promoción de estos juicios de algún medio ordinario de defensa que pueda revocar o modificar los actos que se reclaman.

e) Elección impugnada. Este requisito especial se cumple, pues los actores señalan que combaten la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el distrito 09 de Guanajuato y objetan entre otras cosas los resultados consignados en el acta del cómputo distrital, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la fórmula ganadora.

f) Mención individualizada del acta de cómputo distrital o de entidad federativa que se impugna. Los actores en sus demandas respectivas señalan que controvierten el acta de cómputo del 09 distrito electoral en Irapuato, Guanajuato.

g) Mención individualizada de casillas impugnadas y la causal de nulidad. Los partidos actores señalan entre otras cuestiones que impugnan la votación recibida en las casillas que refieren en su escrito de demanda ya que en su opinión, se actualizan las causales de nulidad previstas en el artículo 75, párrafo 1, incisos e) y f).

5. INEXISTENCIA DE LA CONEXIDAD PLANTEADA

Como aspecto preliminar, cabe precisar que el PT señala que se debe “llev[ar] a cabo la conexidad del presente juicio de inconformidad con los diversos medios de impugnación que presenta […] en […] los trescientos distritos federales electorales”, por lo que “debe tenerse en cuenta su estudio integral sobre todo tomando en cuenta que se encuentra en litis la presunta pérdida de registro por presumiblemente no haberse alcanzado el tres por ciento de la votación válida emitida”.

Debe precisarse que el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa se integra con la sumatoria de los resultados en el distrito electoral; por su parte, el diverso cómputo de la elección de representación proporcional se conforma con dicha sumatoria más la votación que se obtenga de las casillas especiales[8].

En tal virtud, la suma de los resultados de cada distrito electoral conformará en su momento la votación válida emitida[9] en la elección de diputados, con base en la cual habrá de calcularse el porcentaje de sufragios obtenidos por cada uno de los partidos políticos, a efecto de determinar si alcanzan o no el porcentaje necesario previsto en el artículo 41, base I, párrafo cuarto, de la Constitución Federal para conservar sus registros[10].

Por tanto, de impugnarse la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, de representación proporcional o ambos, los efectos de cualquier nulidad que se decrete sólo se contraerán a la votación o elección para la que expresamente se haya hecho valer el juicio de inconformidad[11].

En ese entendido, a través de la suma de cada uno de los cómputos distritales de la elección de diputados, el Consejo General del INE concluirá si el PT deberá perder o no su registro como partido político nacional.

De ahí, que de haberse impugnado los resultados de varios distritos electorales, las resoluciones emitidas por este Tribunal Electoral, ya sea que confirmen, revoquen o modifiquen los resultados deberán ser tomadas en cuenta individualmente, por el citado Consejo General cuando realice la sumatoria de los votos obtenidos en cada distrito[12] con el objeto de determinar si un partido político mantiene o no su registro.

Por ello, a juicio de esta Sala Regional resulta inviable e innecesaria la conexidad de los diversos juicios que hubiere tramitado el actor ante las salas de este Tribunal Electoral pues se insiste, el porcentaje que pretende con ellos se logra a través de la sumatoria de cada uno de los cómputos de los distritos electorales en lo individual.

Por tanto, como se indicó, no procede la conexidad solicitada por el PT.

6. ESTUDIO DE FONDO

6.1. Planteamiento del caso

El once de junio de dos mil quince, el Consejo Distrital concluyó el Cómputo Distrital, declarando la validez de la elección de diputados federales y la elegibilidad de la fórmula que obtuvo la mayoría de votos. En tal virtud, expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos registrada por la coalición integrada por el PRI y el PVEM.

En desacuerdo con tales determinaciones el PAN y el PT promovieron respectivamente y de manera individual los presentes juicios de inconformidad alegando que los resultados consignados en el acta de cómputo distrital deben modificarse porque, en concepto de ambos y de acuerdo a sus respectivas causas de pedir, se actualizan las causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 75, incisos e) y f) de la Ley de Medios, consistentes en: 

a) Recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la LEGIPE; y,

b) Haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos siempre y cuando sea determinante para el resultado de la votación.

El PAN también alega distintos argumentos a través de los cuales, reclama la nulidad de la elección como lo son: a) La difusión por parte de personalidades, actores y figuras públicas a través de tuits a favor de las candidaturas del PVEM durante la jornada electoral y; b) La adquisición de cobertura informativa en radio con cobertura en el distrito. De forma específica, se refiere a dos espacios informativos y noticiosos denominados “El confesionario” y “Radio Noticias con César Sánchez” transmitidos por la estación de radio XHWE-FM 107.9 por parte de la candidata de la fórmula ganadora postulada por la coalición integrada por el PRI y el PVEM.

En ese contexto, el problema jurídico a resolver es determinar si efectivamente en las casillas impugnadas se actualizaron los extremos de las causales de nulidad hechas valer y como resultado debe anularse la votación o en su defecto, confirmarse el cómputo distrital en cuestión, una vez analizados también diversos planteamientos del PAN por los que solicita que se anule en su totalidad la elección en el 09 distrito con residencia en Irapuato, Guanajuato.

Ahora bien, por razón de método, esta Sala Regional analizará en su conjunto y en distinto orden al expuesto en ambas demandas los agravios hechos valer por ambos partidos políticos, sin que les cause perjuicio, siempre y cuando se atiendan todos y cada uno de sus planteamientos según lo ha sostenido la propia Sala Superior[13].

6.2. La emisión de los tuits denunciados, no generan la nulidad de la elección

El PAN reclama la nulidad de la elección por la difusión por parte de personalidades, actores y figuras públicas a través de tuits a favor de las candidaturas del PVEM durante la jornada electoral. En consideración del partido actor, si los terceros contratan o utilizan espacios públicos fuera de los tiempos señalados para el desahogo de la campaña electoral, es decir, en el periodo denominado VEDA ELECTORAL, consecuentemente se ve afectado el principio de equidad en la contienda electoral.

Al respecto, cabe señalar que las violaciones a los principios constitucionales como causal de nulidad se encuentran plasmadas en el artículo 78 de la Ley de Medios, el cual exige que, en cuanto a su alcance, tengan el carácter de sustanciales, generales y determinantes, circunscribirse a una territorialidad distrital o por entidad, encontrarse acreditadas y haber acontecido en la jornada electoral. Este requisito no está sujeto a que los actos irregulares ocurran exclusivamente el día de la elección, sino que comprenden todos aquellos actos que acontezcan durante la etapa preparatoria de la elección y que surtan sus efectos el día de la jornada electoral, lo que obliga a la observancia de los principios constitucionales y, por ende, en la validez del proceso comicial[14].

6.2.1 Publicación de tuits: presunción del ejercicio de la libertad de expresión

El planteamiento que el PAN realiza sobre la publicación de tuits por parte de diversas personas con proyección pública, a juicio de esta Sala Regional resulta insuficiente para demostrar una violación al marco jurídico que pudiera derivar en la declaración de la nulidad de la elección, según se expone a continuación.

En ausencia de elementos de convicción que indiquen lo contrario, los mensajes que las personas difundan mediante la red social Twitter deben ser considerados como un ejercicio de la libertad de expresión contemplada en los artículos 6 de la Constitución Federal[15], 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[16], y 19 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles[17]. Dichas disposiciones –que se encuentran en la cúspide del ordenamiento jurídico mexicano según ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación– reconocen, entre otras cuestiones, el derecho a difundir informaciones e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El desarrollo de las tecnologías de información ha hecho que una de las formas mediante las cuales las personas pueden recibir y difundir ideas sea, precisamente, a través del uso de las redes sociales.

Las principales características de la red social Twitter son las siguientes:[18] a) se trata de una red de información mediante la cual lo usuarios pueden enviar mensajes de extensión limitada –140 caracteres, generalmente– que se denominan “tuits”, b) la mayor parte de los tuits son públicos y basta con acceder a la página de internet de cada usuario –conocida también como “línea de tiempo”– para consultarlos, c) a través del torrente (stream) cada usuario puede acceder a un concentrado, que se actualiza en tiempo real, de los tuits enviados por los usuarios a los que sigue. Se trata, en síntesis, de una plataforma mediante la cual los usuarios pueden difundir mensajes propios y recibir la información de otras personas que sean de su interés, esto es, de un medio donde puede ejercerse la libertad de expresión.

Dadas estas características, otros órganos jurisdiccionales entienden que los mensajes enviados mediante Twitter y otras redes sociales constituyen un discurso que merece ser protegido al igual que el que se difunde por otros medios[19]. En el caso South Michigan Avenue Associates, Ltd. vs. Unite Here Local 1[20], la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos sostuvo que los tuits enviados por miembros de un sindicato –quienes buscaban disuadir a los potenciales clientes de su empleador en el contexto de una huelga– eran “discurso puro y protegido, relativo a un asunto de relevancia pública”[21].

La importancia de la difusión de ideas a través de los medios de comunicación en internet también ha sido reconocida en el ámbito interamericano. En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estimado:

“[…] Internet cuenta con características especiales que hacen de este medio una ‘herramienta única de transformación’, dado su potencial inédito para la realización efectiva del derecho a buscar, recibir y difundir información, y su gran capacidad para servir de plataforma efectiva para la realización de otros derechos humanos. En consecuencia, cuando se trata de Internet, resulta imprescindible evaluar todas las condiciones de legitimidad de las limitaciones del derecho a la libertad de expresión a la luz de estas características propias y especiales. Así, por ejemplo, al momento de establecer la eventual proporcionalidad de una determinada restricción, es imprescindible evaluar el impacto (o costo) de dicha restricción no sólo desde el punto de vista de los particulares directamente afectados con la medida, sino desde la perspectiva de su impacto en el funcionamiento de la red. En efecto, […] una determinada medida restrictiva puede parecer leve si la estudia solamente desde la perspectiva de la persona afectada. Sin embargo, la misma medida puede tener un impacto realmente devastador en el funcionamiento general de Internet y, en consecuencia, en el derecho a la libertad de expresión de todo el conjunto de los usuarios. En este sentido, es indispensable evaluar cada una de las medidas, de forma especializada, bajo lo que puede ser denominado una perspectiva sistémica digital”.[22]

Más aún, debe considerarse que cuando se emiten mensajes con contenido político a través de las redes sociales –como Twitter– dicho discurso cuenta con una protección reforzada. De acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la protección reforzada del discurso político se justifica por la particular importancia que tiene para la formación de una opinión pública informada, la cual constituye un elemento imprescindible de toda democracia representativa. Por ello, se debe garantizar que “exista un margen especialmente amplio de protección para la difusión de información y opiniones en el debate político o sobre asuntos de interés público”.[23] En la misma línea, la Sala Superior de este tribunal ha sostenido que, en el debate político, se amplía el margen de tolerancia para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de afiliados y militantes partidistas.[24]

Dicha protección reforzada tiene como consecuencia, por un lado, que las normas que potencialmente puedan representar una limitación al ejercicio de la libertad de expresión se interpreten de manera restrictiva[25] y, por el otro, que la carga argumentativa y de la prueba recaiga en quien afirma que ciertas conductas no forman parte del discurso emitido al amparo de la libertad de expresión[26].

En ese sentido, es importante enfatizar que las disposiciones legales que regulan la difusión de propaganda electoral –entre las que se encuentra la prohibición de difundir propaganda electoral durante la “veda electoral” o “periodo de reflexión”[27]– van dirigidas, en principio, a las actividades que realizan: a) los partidos políticos; b) sus militantes, esto es, aquellos ciudadanos que en ejercicio de sus derechos de asociación y afiliación han decidido participar formalmente en un partido político a fin de acceder al poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas de dicha organización; y c) sus simpatizantes, es decir, quienes a pesar de no estar afiliados formalmente a un partido político, sí tienen una vinculación estrecha con dicho partido político, esto es, un vínculo significativamente mayor al que podría esperarse de un ciudadano común y corriente[28].

Por ello, podría considerarse que no se está frente a un ejercicio genuino de la libertad de expresión cuando, por ejemplo, se acredite –de manera cierta y objetiva– que la difusión de ciertos mensajes es producto de una acción coordinada entre los ciudadanos y un partido político, o bien, cuando para la realización de dichas actividades exista algún tipo de contraprestación.

A partir de lo anterior, es posible concluir que –a partir de los argumentos y pruebas presentadas en el presente asunto– el PAN no aportó los elementos suficientes para poder concluir que los tuits presuntamente difundidos por la red social Twitter no pueden considerarse manifestaciones del derecho a la libre expresión.

No pasa desapercibido para esta autoridad, que el PAN ofreció como pruebas algunos links de páginas de internet correspondientes a notas periodísticas que sugieren la intervención del PVEM en la emisión de los tuits, no obstante, en el cuerpo de la demanda presentada por el partido actor en ningún momento se desarrollaron argumentos o razonamientos enfocados en ese sentido ni se presentaron elementos de prueba adicionales a los ya descritos.

Así, lo conducente es desestimar las alegaciones del PAN pues no existen en autos medios de convicción que adminiculados con las notas periodísticas[29] pudieran demostrar que la publicación de los tuits vulneró el principio de equidad en la contienda electoral.

Por las razones expuestas, y como se anticipó los agravios expuestos por el PAN son inatendibles.

6.3. Adquisición de cobertura informativa en radio y difusión de propaganda gubernamental

El PAN demanda la nulidad de la elección porque considera que la candidata de la fórmula ganadora postulada por la coalición integrada por el PRI y el PVEM actualizó el supuesto de nulidad previsto en el artículo 41, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[30] al adquirir cobertura informativa en una estación de radio que se escucha en el distrito. En concreto, se refiere a entrevistas en dos espacios informativos y noticiosos denominados “El confesionario” y “Radio noticias con César Sánchez” transmitidos por la estación de radio XHWE-FM 107.9, en Irapuato Guanajuato.

Además, el PAN señala que, con la transmisión de las entrevistas, la candidata a diputada federal postulada por la coalición conformada por el PRI y el PVEM difundió acciones del Congreso del Estado de Guanajuato, en su faceta de diputada local con licencia, esto es, de servidora pública del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, lo que trasgredió la prohibición de difundir propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, Base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que a su vez provocaría una violación al principio constitucional consagrado en el artículo 134 constitucional consistente en aplicar los recursos públicos con imparcialidad[31].

Así las cosas, resulta claro que el PAN pretende la nulidad de la elección por la actualización de dos causales diversas; la primera consistente en adquirir cobertura informativa indebida y la segunda por la violación al principio constitucional de imparcialidad en el uso de los recursos públicos previsto en el 134 constitucional.

6.3.1. Precisión respecto de la existencia de las entrevistas denunciadas

El PAN señaló en su escrito de demanda que la candidata postulada por la coalición integrada por el PRI y el PVEM obtuvo cobertura informativa indebida de manera evidente, reiterada y sistemática, los días doce de marzo, once de abril, diecisiete de abril, siete de mayo y treinta de mayo, todos ellos del dos mil quince, en el programa de espacio informativo denominado “El confesionario” así como en el espacio noticioso matutino “Radio Noticias” con César Sánchez, con la finalidad de realizar una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y anexó el cuadro que a continuación se reproduce:

Como se advierte, el PAN denunció cinco entrevistas en radio supuestamente transmitidas en los días descritos en el cuadro que antecede y para acreditarlo presentó los audios correspondientes, mismos que a juicio de esta autoridad jurisdiccional constituyen pruebas técnicas que dada su naturaleza de carácter imperfecto no generan, por si solas, convicción respecto de los hechos denunciados.[32]

Así las cosas, esta autoridad estima que los testigos de grabación remitidos por el Instituto Nacional Electoral constituyen pruebas técnicas que tienen valor probatorio pleno porque son obtenidos por el propio Instituto al realizar el monitoreo para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión, en ejercicio de las facultades que le confiere la normativa electoral[33].

En virtud de lo anterior, esta autoridad solicitó a la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral que informara de la existencia de algún procedimiento especial sancionador instaurado por los hechos relacionados con adquisición de tiempos en radio materia del presente juicio, asimismo, requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral los testigos de grabación correspondientes a los programas noticiosos señalados por el PAN[34].

Como resultado de las diligencias descritas, las autoridades señaladas informaron que no existía procedimiento especial sancionador instaurado con motivo de los hechos denunciados y remitieron los testigos de grabación correspondientes y especificaron que no fue posible generar los testigos relativos a los días doce de marzo y diecisiete de abril de dos mil quince por fallas técnicas en las cintas[35].

Ahora bien, del análisis y reproducción de los testigos de grabación remitidos por la autoridad administrativa electoral se advierte que no se acreditó la existencia de la entrevista supuestamente trasmitida el once de abril de dos mil quince en el programa “El confesionario” ya que del audio remitido únicamente se desprende la trasmisión de un programa musical denominado “las norteñas” en el cual no se transmitió ninguna entrevista.

En ese contexto, únicamente existe convicción respecto de las entrevistas trasmitidas los días siete y treinta de mayo de dos mil quince en el programa noticioso denominado “Radio noticias”.

Ahora bien, cabe señalar que de la revisión de los audios de las entrevistas ofrecidos por el PAN, así como del análisis de sus transcripciones, se advierte que este presentó dos audios relacionados con supuestas entrevistas difundidas el día once de marzo de dos mil quince, no obstante al no haber sido relacionadas en la demanda se concluye que dichos audios deben tenerse como pruebas técnicas de carácter indiciario[36].

En estas circunstancias, esta Sala Regional concluye respecto de la existencia de las entrevistas denunciadas, lo siguiente:

Una vez precisado lo anterior, se realizará el estudio necesario para determinar si con las entrevistas denunciadas se difundió propaganda gubernamental indebida o bien se adquirió cobertura informativa.

6.3.2. Las entrevistas denunciadas no constituyen adquisición de cobertura informativa indebida

Esta Sala Regional estima que no le asiste la razón al PAN, en virtud de que los elementos y constancias de autos, valorados en su conjunto y dentro del contexto en que ocurrieron los hechos, permiten concluir que no se trató de adquisición de tiempos en radio, por lo que no se actualizó el supuesto de nulidad previsto en el artículo 41, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el artículo 41, base III, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en el artículo 159, párrafos 4 y 5, de la Ley General Instituciones y Procedimientos Electorales se establece, esencialmente, que el Instituto Nacional Electoral es la única autoridad que puede administrar el tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión. Asimismo, se dispone que ninguna persona física o moral, ni los partidos o candidatos a cargos de elección popular podrán contratar o adquirir por sí mismas o por medio de terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Por tanto, los partidos políticos y candidatos deben abstenerse de contratar y difundir en radio y televisión propaganda de contenido político o electoral que los favorezca, con independencia del pago de por medio, a fin de proteger la equidad en los procesos electorales.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de rubro RADIO Y TELEVISIÓN. EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ES EL ÚNICO FACULTADO PARA ORDENAR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL.[37]

Sobre el tema, cabe destacar que la Sala Superior ha sostenido que la interpretación sistemática y funcional del precepto constitucional indicado, en armonía con el derecho humano de libertad de expresión e información, lleva a determinar que el objeto de la prohibición constitucional no comprende los tiempos de radio y televisión que se empleen para la difusión de las distintas manifestaciones periodísticas, auténticas o genuinas, por parte de los medios de comunicación[38].

En efecto, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1, 6, 7 y 41, base III, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución General; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se concluye que la prohibición constitucional de adquirir o contratar tiempos en radio y televisión, en cualquier modalidad, no comprende el utilizado por los medios de comunicación en la auténtica labor de información puesto que ésta implica el derecho de ser informado, siempre que no se trate de una simulación.

De ahí que, en general, salvo aquellas limitaciones expresamente señaladas en la legislación no es procedente exigir un formato específico en el diseño de los programas o transmisiones en radio o televisión cuando no se trata de aquellos promocionales que deben ser transmitidos por los concesionarios, de acuerdo a las pautas establecidas por la autoridad administrativa electoral, u otros que supongan, por su contenido, una clara infracción de las prohibiciones constitucionales y legales en la materia.

Es decir, no existen disposiciones legales que, con carácter imperativo, regulen los términos y condiciones a que deben sujetarse las entrevistas y mucho menos un tipo administrativo que sancione ciertas prácticas que ocurren en el ejercicio periodístico, salvo situaciones de simulación que impliquen un fraude a la Constitución y a la ley.

Lo anterior, supone que las restricciones al derecho a la libertad de expresión e información deben ser realmente necesarias para satisfacer un interés público imperativo, como lo ha destacado el propio tribunal interamericano respecto al ejercicio del periodismo[39]. Tan es así, que el legislador no consideró necesario restringir la libertad de expresión respecto del ejercicio de actividades periodísticas ordinarias, por ejemplo, a través de entrevistas o notas informativas, salvo que se trate de la simulación de ejercicio periodístico.

Ello, toda vez que la actividad ordinaria de los periodistas es en el ejercicio de libertades constitucionales para cuya restricción deben existir intereses imperativos en una sociedad democrática que requieran salvaguarda y, si bien el principio de equidad en la contienda es uno de tales fines, no toda expresión supone una vulneración a dicho principio pues para ello es necesario analizar las circunstancias de cada caso y determinar las consecuencias jurídicas que correspondan.

Lo anterior, bajo el presupuesto de que una sociedad es plural y posee el derecho a estar informada de las diversas creencias u opiniones de los actores políticos, así como de toda información que es generada al amparo del ejercicio genuino de los distintos géneros periodísticos.

Así, se reconoce que la función de una contienda electoral es permitir el libre flujo de las distintas manifestaciones u opiniones de los ciudadanos y demás actores políticos. Es decir, la existencia de un mercado de las ideas que se ajuste a los límites constitucionales.

Cuando se alega que un acto de comunicación en radio y televisión puede constituir propaganda electoral o política porque, supuestamente, está al margen del modelo constitucional de comunicación político-electoral queda de manifiesto que coexisten tres derechos fundamentales los cuales son: La libertad de expresión, la equidad en la contienda electoral y el derecho de la ciudadanía a estar informado.

Así, el derecho a informar y ser informado comprende, durante los procesos electorales, la difusión de las ideas de los actores políticos y la cobertura noticiosa de sus actos, declaraciones y entrevistas, siempre que no se demuestre que se está en presencia de actos de simulación o auténticos fraudes a la Constitución General de la República y la ley, por tratarse de propaganda encubierta, porque entonces se subvierten los principios y valores que ahí se reconocen como propios de un régimen democrático y constitucional.

En efecto, no podrá limitarse dicha libertad ciudadana a menos que se demuestre que su ejercicio es abusivo por trastocar los límites constitucionales, por ejemplo, cuando se trata de un simulado ejercicio periodístico y exista un claro y proclive trato al margen de la ley para un precandidato, candidato, partido político o coalición, y así lo evidencien las características cualitativas y cuantitativas del mensaje y particularidades del caso.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro RADIO Y TELEVISIÓN. LA AUTÉNTICA LABOR DE INFORMACIÓN NO CONTRAVIENE LA PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O CONTRATAR TIEMPO.[40]

Una vez sentado lo anterior, los elementos, circunstancias y datos que, valorados en su conjunto, permiten llegar a la conclusión de que en el presente caso las entrevistas denunciadas no constituyen la adquisición indebida de cobertura informativa en radio.

6.3.3. Entrevistas supuestamente trasmitidas los días 11 y 12 de marzo de 2015

Como se mencionó, en autos existen elementos indiciarios sobre la existencia de las entrevistas realizadas en los días señalados, sin embargo, de los audios presentados por el PAN, así como de las trascripciones contenidas en la demanda, se advierte que se trata de supuestas entrevistas que fueron realizadas a la entonces Diputada Local del Congreso del Estado de Guanajuato, Yulma Rocha Aguilar, en los programas de radio “El confesionario” y “Radio noticias” y el contenido de las mismas se encuentra estrechamente relacionado con el quehacer legislativo.

En efecto, los temas que, a decir del PAN, se abordaron en las entrevistas son: trabajo legislativo relacionado con leyes o iniciativas promotoras de la paridad electoral y la igualdad de género; día internacional de la mujer; salud femenina; y educación sexual[41].

Resulta importante destacar que por las fechas en las que el PAN alega que se realizaron las entrevistas, las campañas electorales aún no comenzaban. En efecto, es un hecho notorio que el registro de candidatos a diputados fue calendarizado por el Instituto Nacional Electoral del veintidós al veintinueve de marzo de dos mil quince y el inicio de las campañas a partir del cinco de abril del mismo año. Bajo esas circunstancias, resulta evidente que aun cuando se consideraran existentes las entrevistas, éstas se realizaron en su calidad de representante legislativa local[42] y no como candidata a diputada federal.

En ese tenor, de los audios y las transcripciones se advierte que en ningún momento se abordaron temas relacionados con el proceso electoral federal, o la posible candidatura de la entrevistada ni mucho menos se realizaron llamados al voto o difusión de propuestas o plataforma electoral.

Además, no hay evidencia siquiera indiciaria que permita a este órgano jurisdiccional llegar a la conclusión de que la participación de la candidata de la coalición fue derivada de la celebración de un contrato o convenio previo para la difusión de las entrevistas, máxime que el PAN no ofreció ni aportó algún elemento probatorio en ese sentido.

De los elementos que obran en el expediente, del contenido de las supuestas entrevistas objeto de denuncia y del contexto de su presunta transmisión, se advierte que las mismas se llevaron a cabo en un auténtico ejercicio de libre expresión, comunicación de ideas y labor periodística, ya que no hay datos o elementos que permitan inferir la simulación de una modalidad de comunicación que en realidad tuviera como objetivo la adquisición de tiempo o el posicionamiento indebido de una candidata a un puesto de elección popular en detrimento del principio de equidad en el acceso de los partidos políticos a radio y televisión.

Así, resulta válido concluir que estas entrevistas, en el supuesto de que efectivamente hubieran sido transmitidas, no constituyeron propaganda electoral, pues dichas expresiones no tuvieron el propósito de presentar la precandidaturas o candidatura alguna ante la ciudadanía, ni tuvieron el objeto de obtener el voto a favor de la servidora pública o de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato, ya que la entrevista fue en el marco de las opiniones que se generaron a través de una auténtica labor periodística y ello se consideraba lícito al amparo del ejercicio de los derechos fundamentales de expresión, información y prensa. Tampoco difundieron propuestas o plataforma electoral.

6.3.4. Entrevista supuestamente trasmitida el día 17 de abril y entrevistas trasmitidas los días 7 y 30 de mayo de 2015

Respecto de estas tres entrevistas, como ya se dijo, no se encuentra acreditada la difusión de la entrevista del día diecisiete de abril por lo que solo se presume su existencia. No obstante, de la transcripción y el audio presentado por el PAN se advierte que la temática y dinámica de dicha entrevista es similar a las dos entrevistas difundidas los días siete y treinta de mayo, cuya existencia sí se encuentra acreditada, por lo que a continuación se realiza el estudio correspondiente.

A juicio de esta Sala Regional las entrevistas no pueden ser consideradas como adquisición de cobertura informativa pues no está acreditado que éstas tengan otro género diverso al periodístico, es decir, no existen elementos de convicción en autos, ni del contenido de las entrevista objeto de denuncia, ni en el contexto de su transmisión, que demuestren que fue un acto de simulación para conculcar la normativa electoral. Por el contrario, se advierte que la difusión de las mismas consistió en un ejercicio de libre expresión, comunicación de ideas y labor periodística, ya que no hay datos o elementos que permitan inferir lo contrario.

En efecto, del contenido de las entrevistas[43] se advierte que Yulma Rocha Aguilar es presentada en su carácter de candidata a diputada federal por el distrito electoral federal 09 de Guanajuato, lo anterior, en virtud de que a partir del cinco de abril dieron inicio formal las campañas, en ese sentido, las preguntas del entrevistador giraron en torno a la campaña electoral y las propuestas de la candidata, además se incluyeron preguntas del auditorio radioescucha relacionadas con las necesidades de la población del distrito. El cuadro que se inserta sirve para describir el contenido de las entrevistas objeto de controversia:

Al respecto, debe señalarse que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior al resolver los juicios SUP-RAP-234/2009 y sus acumulados; SUP-RAP-00546/2011; SUP-RAP-00040/2012; SUP-RAP-00419/2012 y SUP-REP/00472-2015 que no son permisibles los actos simulados, a través de la difusión de propaganda encubierta que sólo en apariencia, fuera una entrevista, crónica o nota informativa, pero que, en realidad tuviera como propósito promocionar o posicionar a una candidata o partido político, con independencia de si el concesionario había recibido un pago por ello o procedió de manera gratuita.

De esa manera, la Sala Superior concluyó que cuando una candidata resultara entrevistada en tiempos de campaña respecto de su parecer sobre algún tema determinado, no existe impedimento constitucional o legal para que perfile en sus respuestas consideraciones que le permitieran posicionarse en relación con su específica calidad de candidata.

Sin embargo, ello debía entenderse limitado a que sus comentarios se formularan en el contexto de una entrevista, cuya naturaleza obligaba a que su difusión, a diferencia de la de los promocionales o spots, se concrete a un número limitado de transmisiones y en un contexto específico que no la haga perder su calidad de labor periodística.

En ese orden de ideas, se definió que si durante una entrevista una candidata lleva a cabo actos de propaganda electoral, ese proceder resultaba lícito al amparo de los límites constitucionales y legales establecidos, pues una de las funciones de los medios de comunicación es poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere de relevancia para el conglomerado social, entre los que, se encuentran las propuestas concretas de gobierno de las candidatas.

En contraposición, si la entrevista se difunde de manera repetitiva en diversos espacios y durante un período prolongado, o bien, fuera de contexto, de modo que no se entienda como una entrevista sino como una simulación, esto trasciende el ámbito periodístico y se convierte en un medio publicitario que sí resulta contrario a la normativa electoral y que ameritaría la imposición de una sanción.

En este caso, sólo se acreditó la existencia de dos entrevistas a la candidata postulada por la coalición conformada por los partidos PRI y PVEM en los días siete y treinta de mayo de dos mil quince sin que se encuentre acreditado que las mismas fueron difundidas en diversos espacios de manera repetitiva y sistemática, por el contrario, de autos se deprende que fueron entrevistas trasmitidas en vivo y en una sola ocasión. La duración de las mismas fue de quince minutos en promedio, situación que se considera razonable tomando en cuenta que el programa noticioso en el que fueron realizadas “Radio noticias” tiene una duración de dos horas.

De igual forma, se considera que la trasmisión de las entrevistas controvertidas no deben ser consideradas fuera de contexto, pues de conformidad con los precedentes de la Sala Superior que han sido citados, el programa noticioso en el que se difundieron debe ser considerado como programa de género periodístico de "naturaleza híbrida" en el que confluyen varias vertientes del periodismo informativo, tales como la noticia, la entrevista, el reportaje, la crónica, el periodismo de opinión, en sus modalidades de editorial, comentario y denuncia ciudadana y por ello se encuentran amparados en el derecho de la libertad de expresión y periodística en términos de lo dispuesto por los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con los elementos que se han analizado, se llega a la conclusión de que cuando en ejercicio de una actividad periodística, se emiten por televisión y radio programas de noticias o de opinión y denuncia ciudadana relacionados con partidos políticos, precandidatos o candidatos, lo lógico es que en estos se presenten imágenes alusivas, noticias, reportajes o comentarios en los que se haga referencia a sus actividades o propuestas puesto que la actividad periodística pretende aportar una información exhaustiva y objetiva en torno al objeto o tema del mismo.

En ese orden de ideas, se reitera que si en los programas de periodismo de cualquier naturaleza, los candidatos, generan noticias, entrevistas, reportajes o crónicas, cuyo contenido contiene elementos de naturaleza electoral, ese proceder se debe considerar lícito al amparo de los límites constitucionales y legales establecidos, pues una de las funciones de los medios de comunicación es poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere de relevancia para el conglomerado social, entre los que, por supuesto, en tiempo de campaña electoral se encuentran las propuestas concretas de gobierno de los candidatos.

En cuanto al género periodístico de la entrevista, en su significado gramatical, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el término “entrevista” tiene las siguientes acepciones:

1. f. Acción y efecto de entrevistar o entrevistarse.”

2. f. Vista, concurrencia y conferencia de dos o más personas en lugar determinado, para tratar o resolver un negocio.

Por su parte el término “entrevistar”, el citado diccionario lo define como:

1. tr. Mantener una conversación con una o varias personas acerca de ciertos extremos, para informar al público de sus respuestas.

2. prnl. Tener una conversación con una o varias personas para un fin determinado.

Las definiciones trascritas permiten obtener como elementos generales y esenciales de una entrevista enfocada desde el punto de vista periodístico, por la naturaleza del hecho que se analiza, los siguientes:

1. Sujetos. Uno o varios sujetos entrevistadores; uno o varios sujetos entrevistados, y un sujeto receptor, que es el auditorio.

2. La relevancia o notoriedad del personaje y del tema objeto de la entrevista.

3. La interacción y diálogo mediante preguntas del entrevistador y respuestas del entrevistado.

4. La finalidad: Puede variar, desde obtener información, recoger noticias, opiniones, comentarios, interpretaciones o juicios, por parte del entrevistado respecto del tema tratado para su difusión (con la aquiescencia del entrevistado respecto de tal divulgación).

Así, se considera que los elementos anteriores deben tenerse en cuenta para verificar si la “modalidad de tiempos en radio y televisión” empleada en el caso concreto constituye o no un género periodístico y, en particular, una entrevista.

En el caso concreto, los elementos de la entrevista se encuentran plenamente acreditados. En efecto, de las transcripciones de las entrevistas que se insertan como nota al pie para mayor referencia, se deprende que los sujetos son: por un lado, los entrevistadores, César Sánchez e Israel López, conductores del programa “Radio noticias”, y la entrevistada candidata postulada por la multicitada coalición.

Asimismo, se desprende que tanto la entrevistada y el tema de la entrevista son relevantes porque los candidatos son agentes que promueven la participación ciudadana en la vida democrática a través de la realización de acciones dirigidas a informar o nutrir la opinión pública, a partir de la exposición de meras opiniones o análisis económicos, políticos, culturales y sociales, incluso, deportivos, que sean el reflejo de su propia ideología y que puedan producir un debate crítico, dinámico y plural.

Es patente que la práctica de esta actividad se intensifica durante las campañas electorales, lo cual incrementa la necesidad de cobertura informativa por parte de los medios de comunicación.

De igual forma, está de manifiesto que en el desarrollo de las entrevistas existió interacción entre los entrevistadores y la entrevistada pues de manera objetiva se realizaron preguntas que fueron contestadas por la candidata; en igual sentido, el auditorio del programa realizó cuestionamientos a través de llamadas telefónicas recibidas en cabina, mismas que propiciaron el diálogo y la participación por parte de la entrevistada y los conductores.

Por último, esta autoridad considera que la finalidad de las entrevistas no fue otro que el de obtener información respecto de la postura y propuestas de la candidata con relación a temas políticos y sociales de interés para la comunidad que habita en Irapuato, Guanajuato.

Así las cosas, se advierte que en el citado programa informativo “radio noticias” se llevó a cabo un auténtico ejercicio de labor periodística, ya que no hay datos o elementos que permitan inferir una simulación que, en realidad, tuviera como objetivo el posicionamiento indebido de una candidata a un puesto de elección popular en detrimento del principio de equidad en el acceso de los partidos políticos a la radio.

Por tanto, los hechos objeto de denuncia no son aptos para considerar que la candidata postulada por la referida coalición adquirió de manera ilegal cobertura informativa en el programa de radio “Radio Noticia” transmitido a través de la emisora XHWE-FM 107.9, en Irapuato, Guanajuato.

En consecuencia, en concepto de esta Sala Regional, el contenido y contexto de transmisión o difusión de las entrevistas no hacen evidente la demostración de un acto de simulación para conculcar la normativa electoral, o sea, la adquisición ilegal de cobertura informativa.

No pasa desapercibido para esta Sala Regional que el PAN mediante escrito presentado ante el Consejo Distrital el veintidós de julio del año en curso, presentó con el carácter de “prueba superveniente” el oficio emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE el diez del mismo mes a través del cual, radicó y admitió a trámite un procedimiento especial sancionador instaurado con motivo de los mismos hechos que se reclaman en este juicio -la presunta adquisición de cobertura noticiosa en los programas de radio “El Confesionario” y “Radio Noticias” de la emisora XHWE-FM107.9- derivados de la vista que el Magistrado instructor de este asunto le realizó a la referida unidad del INE mediante acuerdo de nueve de julio.

Sin embargo, con tales documentos el PAN sólo acredita el inicio del procedimiento de referencia mas no así, la adquisición ilegal de cobertura informativa en los términos pretendidos en este juicio; máxime que las pruebas en las que se basó la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE para admitir a trámite dicho procedimiento, son las mismas que ofreció el PAN en este juicio[44].

Por ende se estima que la instauración de tal procedimiento sancionador por sí misma es insuficiente para acreditar la nulidad de la elección en los términos pretendidos por el PAN.

6.3.5. La cobertura informativa en los distritos electorales federales de Guanajuato fue equilibrada

Cabe señalar que conforme a la información difundida por el Instituto Nacional Electoral en su portal en internet, respecto al monitoreo de programas de radio y televisión que difundieron noticias para el procedimiento electoral federal dos mil catorce –dos mil quince (2014-2015), el tiempo dedicado a cada partido político en los programas de noticias fue equilibrado en el Estado de Guanajuato.

Importa destacar que respecto del noticiero denominado “Radio Noticias” así como el grupo radiofónico al que pertenece “Radio-Grupo Antonio Contreras” no reunieron los requisitos establecidos por el INE en el acuerdo INE/CG223/2014 mediante el cual el Consejo General de tal autoridad, aprobó el catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias, así como la metodología que deberá utilizarse para realizar el monitoreo atinente, consistentes en: a) Audiencia Nacional; b) Equidad Territorial; c) Representatividad Demográfica; d) Índice de audiencia; y, e) Relevancia Política.

Sin embargo, a continuación se presentan las tablas que describen la cobertura informativa de los programas de noticias que sí fueron monitoreados en la referida entidad, desagregando la información por género periodístico:

Como se puede advertir, la cobertura informativa de los programas con contenido noticioso en Guanajuato respecto del PAN no resultó inferior en relación con las demás fuerzas políticas. Por ejemplo, se detectó la difusión de diecinueve entrevistas relacionadas con ese partido con una duración total de tres horas cuarenta y siete minutos y treinta y ocho segundos.

En tanto que la cobertura informativa respecto de la coalición que postuló a la candidata ganadora, se detectó la transmisión de nueve entrevistas con una duración total de dos horas con nueve minutos, y treinta y un segundos.

Por tanto se concluye que la cobertura informativa de los noticieros monitoreados en el Estado de Guanajuato, fue equilibrada.

6.3.6. Las entrevistas denunciadas por el PAN no constituyen una violación al principio de imparcialidad previsto en el artículo 134 constitucional

El PAN señala que, con la transmisión de las entrevistas, la candidata a diputada federal postulada por la coalición conformada por el PRI y el PVEM difundió acciones del Congreso del Estado de Guanajuato en su faceta de diputada local con licencia, esto es, de servidora pública del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Esta acción trasgredió la prohibición de difundir propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, Base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que a su vez resultaría en una violación al principio constitucional consagrado en el artículo 134 constitucional consistente en aplicar con imparcialidad los recursos públicos[45].

Como ya se vio, las entrevistas que supuestamente ofreció Yulma Rocha Aguilar en su carácter de diputada local del Congreso del Estado de Guanajuato, se realizaron a decir del PAN, los días once y doce de marzo, esto es, antes del inicio de las campañas, en ese tenor, resulta evidente que las mismas no pueden ser consideradas como propaganda gubernamental violatoria del principio de imparcialidad.

Esto es así, porque en primer lugar la prohibición de difundir propaganda gubernamental está acotada al periodo de campañas de manera que, aun en el supuesto de que las mismas fueran calificadas como propaganda gubernamental por difundir logros del poder legislativo local, dicha propaganda no resultaría violatoria de la prohibición constitucional por el periodo en que fue emitida, esto es, fuera de las campañas.

Ahora bien, para acreditar una violación al principio de imparcialidad es necesario que se acredite la existencia de la utilización de recursos públicos en favor de algún partido político o candidato, situación que en las supuestas entrevistas no acontece, porque como ya se dijo, en todo caso, éstas fueron realizadas bajo el amparo del libre y genuino ejercicio periodístico como quedó acreditado en los apartados anteriores.

Ahora bien, si la pretensión del PAN es que se considere que las entrevistas del siete y treinta de mayo de dos mil quince que fueron difundidas durante la etapa de campaña en su carácter de candidata sean consideradas como propaganda gubernamental porque durante su desarrollo la candidata realizó referencia a los logros y gestiones que obtuvo y realizó como legisladora local, esta autoridad considera que dichas manifestaciones se encuentran permitidas por el ordenamiento legal.

En efecto, es criterio jurisprudencial de este Tribunal Electoral que la utilización y difusión de los programas de gobierno con fines electorales se encuentra prohibida únicamente a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debido a que son quienes tienen a su cargo la implementación, ejecución y vigilancia de su desarrollo.

Por tanto, los partidos políticos y candidatos pueden utilizar la información que deriva de tales programas, en ejercicio del derecho que les concede la legislación para realizar propaganda política electoral como parte del debate público que sostienen a efecto de conseguir en el electorado un mayor número de adeptos y votos. Estos programas resultan del ejercicio de las políticas públicas cuyo contraste puede formularse por los demás partidos que expresen su desacuerdo a fin de lograr fomentar el debate político[46].

Bajo ese contexto, resulta innegable que en el caso no se actualiza la violación al principio constitucional de imparcialidad de los recursos públicos porque como se vio, no se acreditó la realización de propaganda gubernamental dado que las entrevistas fueron valoradas como el genuino ejercicio de la labor periodística por lo que tampoco existió el uso de recurso público en ese sentido. Además la difusión de logros de gobierno durante las campañas electorales está permitida a los candidatos y partidos políticos.

En consecuencia, esta Sala Regional considera que también resulta inatendible y carente de fundamento la pretensión del PAN de anular la elección controvertida por la supuesta  violación al principio constitucional contenido en el artículo 134 de la Carta Magna.

6.4. El hecho de que no aparezca el nombre del candidato en la boleta electoral no es motivo suficiente para anular la elección

El PAN señala que derivado de una cadena impugnativa que culminó con una sentencia emitida por esta Sala Regional[47], quedó definido que Sergio Carlo Bernal Cárdenas sería su candidato en el 09 distrito del Estado de Guanajuato.

También sostiene que al día siguiente que se dictara la resolución señalada en el párrafo anterior el INE decidió de forma unilateral imprimir las boletas electorales con el nombre de Alejandro Badía Gándara quien era el candidato registrado con antelación a Sergio Carlo Bernal.

Por lo tanto solicitó en su oportunidad la modificación de las boletas electorales a la autoridad comicial quien se la negó bajo el argumento relativo a que en términos de lo previsto por el numeral 267 de la LEGIPE, no pueden modificarse las boletas electorales en el caso de sustituciones de candidatos cuando éstas ya estuvieran impresas.

Ahora bien, el PAN afirma que la negativa de reimprimir las boletas electorales por parte del INE provocó confusión y un alto grado desconfianza en el electorado en la emisión del sufragio el día de la jornada electoral. En su opinión, tal autoridad no desarrolló las acciones materiales y objetivas necesarias de capacitación, educación cívica y promoción del voto necesarios para difundir entre los electores el hecho de que aparecería en las boletas electorales el nombre de un candidato cuyo registro se había cancelado y que por ende, al sufragar en beneficio de Alejandro Badía Gándara, su voto se consideraría válido y a favor de Sergio Carlo Bernal Cárdenas.

Por tanto, dicho instituto político reclama en este juicio de inconformidad que la propia autoridad electoral provocó la vulneración a los principios democráticos, legales, constitucionales e internacionales al rechazar la reimpresión de las boletas electorales pues incluso señala que ese hecho no garantizó la libre expresión de la voluntad popular a través del voto.

Sin embargo, se considera que tales planteamientos resultan inatendibles porque esta Sala Regional ya se pronunció sobre la constitucionalidad del precepto en el cual el INE se fundó para negarse a reimprimir las boletas[48], y a su vez, calificó de legal la negativa lo cual impide que este Tribunal analice de nueva cuenta la situación a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias. 

En efecto, el principio de autoridad de la “cosa juzgada” contenido en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal se traduce en la firmeza de lo decidido en las sentencias que ya han causado ejecutoria[49] y es uno de los elementos esenciales en que se funda la seguridad jurídica.

En esa medida, un pronunciamiento de este Tribunal Electoral respecto a un hecho o situación que obre en una determinación definitiva e inatacable, incide y no puede ser desconocido al resolver otro asunto en el que esa misma cuestión se vuelva a plantear. De tal suerte, si un mismo tema ya fue examinado en un fallo, y se presenta de nueva cuenta en un procedimiento diverso, no podrá ser analizado una segunda ocasión, dada la institución de la “cosa juzgada”[50].

En el caso concreto, existe un pronunciamiento definitivo en torno al tema que el PAN trae a debate en este juicio de inconformidad. En el juicio ciudadano SM-JDC-435/2015 esta sala analizó la misma problemática planteada por el PAN, la cual fue resuelta por la sentencia del tres de junio del año en curso.

En el juicio ciudadano de referencia el actor solicitó la inaplicación del artículo 267 de la LEGIPE que sirvió de sustento al Consejo General del INE para declarar improcedente su solicitud de modificación de las boletas electorales. En ese planteamiento el PAN sostenía que el hecho de que apareciera en la boleta electoral el nombre de un candidato cuyo registro fue cancelado, constituiría una restricción indebida al principio de certeza electoral y a su derecho fundamental de ser votado en igualdad de condiciones.

Sin embargo, este tribunal consideró que de la interpretación sistemática de los artículos 41, fracción V, apartado B, fracción  b), numeral 3 de la Constitución Federal y 266 y 268 de la LEGIPE, podía concluirse que la "boleta electoral" es el documento indispensable para ejercer el derecho constitucional de votar. En ellas los ciudadanos plasman el sentido de su voto a favor de su preferencia electoral, y en ese sentido, para regular su impresión deben observarse una serie de requisitos que garanticen, en principio, que tales documentos estén disponibles el día de la jornada electoral; que reflejen todas las opciones políticas de la elección de que se trate y contengan las medidas de seguridad acordadas a fin de dotar a los participantes en la contienda electiva y a los votantes la seguridad sobre la procedencia, manejo y destino del voto que se plasma en ella pues incluso, por disposición legal, la custodia y cuidado de las boletas se considera un asunto de seguridad nacional.

También se sostuvo que la impresión de las boletas no entrañaba en forma exclusiva el derecho de los candidatos a que su nombre apareciera en ella, sino también que éstas estuvieran disponibles de forma segura para que los votantes emitieran el sufragio, como valor esencial de su emisión.

Por ello se sostuvo que la impresión y distribución anticipada del material electoral tenía como objeto que todos los ciudadanos que acudieran a votar el día de la jornada electoral contaran con el instrumento necesario para ello, para no limitar precisamente, el derecho a votar de la ciudadanía.

Se concluyó que si bien el artículo 267 de la LEGIPE dispone que no habrá modificación a las boletas electorales en caso de la sustitución de un candidato cuando éstas ya estuvieran impresas, esto no debe entenderse desde un aspecto meramente literal como un acto arbitrario aislado, sino que debe tomarse en consideración todo el cúmulo de actividades inherentes y concatenadas que deben instrumentarse con puntualidad, orden y certeza en la etapa de preparación de la elección para la celebración de los comicios en el día estipulado para ello. Es necesario que el INE efectúe una distribución precisa de los plazos, actos y procedimientos, sobre todo aquellos que son técnicos, a fin de ejecutar correctamente cada una de las distintas fases electorales, las cuales deben de ser cumplidas en sus tiempos, para garantizar a la ciudadanía la certeza y seguridad jurídica de ejercer su voto en los tiempos previstos por la ley electoral.

En ese sentido, se estableció que el atraso a estas fases podría provocar una modificación en las etapas que conforman el proceso electoral y podría afectar el derecho de los ciudadanos de renovar periódicamente a sus autoridades a través del voto.

Es decir, se estableció que la hipótesis normativa contenida en el artículo 267 salvaguarda el principio de certeza al disponer que en el supuesto de que existiera una sustitución de candidato una vez iniciado el proceso de impresión de las boletas, como aconteció en este caso, los votos que se emitieran en dicha elección a favor del PAN contarían para éste y su candidato legalmente registrado.

También se concluyó que si por circunstancias extraordinarias ajenas a la autoridad administrativa electoral, no era posible realizar la sustitución de las boletas, esto no se traduciría en una privación al derecho de ser votado, puesto que la boleta contiene además del nombre del candidato, otros elementos que hacen posible la identificación de la opción política, así como el emblema y colores del partido postulante.

De ahí que se concluyera la ineficacia del agravio del PAN para que se le ordenara al INE la reimpresión de las boletas electorales. También se afirmó que para el día en que se emitió esa ejecutoria -tres de junio- era imposible atender la pretensión del actor.

Ahora bien, estas razones sirven de sustento para que esta Sala Regional considere que el cuestionamiento del PAN no pueda ser objeto de un nuevo estudio ya que existe otra determinación que constituye “cosa juzgada” al mismo tópico, por lo que debe desestimarse el planteamiento.

Es cierto que este Tribunal sostuvo que le corresponde a la autoridad electoral realizar las acciones de promoción del voto, a fin de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del ejercicio democrático. Por esta razón la autoridad electoral debe efectuar todas las acciones encaminadas a informar al electorado sobre los elementos indispensables para emitir un sufragio válido[51].

Sin embargo, el promovente no aporta ninguna prueba que acredite que el INE no realizó tales obligaciones. Por el contrario, del análisis de la página de internet de tal autoridad, en específico del link: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/interiores/Detalle_Audio_Video-id-Promoc_Partic_Ciud_PEF_2014-2015/ se advierte el contenido de la campaña institucional 2014-2015, Subcampaña: “Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Federal 2014-2015” de la cual se desprenden diversos promocionales de televisión, radio e impresos sobre distintas temáticas relacionadas con el proceso electoral entre las que destacan: a) Instrucciones para votar, b) Llamando al voto y c) Voto informado y razonado[52].

En consecuencia no le asiste la razón al PAN con respecto a que el INE no cumplió con su obligación de capacitar y orientar a la ciudadanía sobre cómo votar el día de la jornada electoral.

Además, para anular la elección no es suficiente el hecho de que los ciudadanos: Norma Isabel López Barajas, Imelda García Vaca, Ma. del Carmen Gutiérrez Cerda, Cecilia Sánchez Mosqueda y Nelson Eduardo Santiago Cervantes declararan ante fedatario público que al momento de votar encontraron el nombre de otro candidato del PAN en la boleta electoral lo que les causó una confusión que los llevó a anular su voto o a sufragar por otra de las opciones posibles.

De acuerdo al principio de conservación de los actos válidamente celebrados relativo a que lo útil no debe ser viciado por lo inútil[53], el hecho de que cinco ciudadanos se confundieran al momento de votar al no aparecer el nombre de Sergio Carlo Bernal Cárdenas en la boleta electoral, no quiere decir que aconteció lo mismo para el resto de los ciudadanos el día de la jornada electoral al no advertirse bases objetivas ni indicio alguno que lleve a esta Sala Regional a concluir la actualización de tal irregularidad en los términos pretendidos[54].

Por tanto deben desestimarse los planteamientos que se analizan en este apartado.

6.5. Causal de nulidad en el inciso f) del artículo 75 de la Ley de Medios

La causal de nulidad prevista en el artículo 75, del párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, exige que se acredite el dolo o error en el cómputo de la votación por inconsistencias relativas a los rubros del acta de escrutinio y cómputo durante la jornada electoral[55]. Ordinariamente el número de electores que acude a sufragar en la casilla debe coincidir con los votos emitidos en ésta y con el número de votos depositados y extraídos de la urna[56].

La Ley de Medios también exige que la irregularidad sea ‘determinante’ en el resultado de la votación a efecto de que sólo proceda la nulidad en casos de gravedad en los que exista duda sobre la certeza de los resultados consignados en el acta.

En este sentido, la determinancia se satisface cuando se advierta que la votación contabilizada de manera irregular resulte igual o mayor a la diferencia de votos obtenidos por los candidatos que ocuparon el primer y segundo lugar.

En el presente asunto, el PAN se queja de un supuesto error manifiesto en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que señala en su demanda.

Sostiene que tales inconsistencias se deben a que el elector escribió el nombre del candidato en diferentes formas como lo son: Sergio Carlo, Sergio Bernal, Carlo Bernal, o Sergio Carlo Bernal Cárdenas en la sección correspondiente a candidatos no registrados, sin embargo, afirma que al momento de realizarse el escrutinio y cómputo en las casillas que impugna bajo la causal de nulidad que se analiza, todos los votos que aparecieron con el nombre de Sergio Carlo Bernal Cárdenas o cualquiera de sus combinaciones fueron contabilizados como nulos.

Por lo anterior y conforme a los artículos 288 y 291 de la LEGIPE, así como el criterio de la Sala Superior contenido en la tesis XXV/2008, de rubro “VALIDEZ DEL SUFRAGIO. NO SE DESVIRTÚA CUANDO EN LA BOLETA ELECTORAL ES OBJETIVA LA INTENCIÓN DEL ELECTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)” deben considerarse válidos y a su favor los votos nulos en las casillas impugnadas que el actor afirma se encuentran en este supuesto.

Para acreditar esa afirmación, el PAN ofrece como prueba un documento[57] que denominó “formal protesta” presentado el diez de junio a las siete horas con cincuenta minutos ante el Consejo Distrital en el cual señaló:

“El que suscribe C. JUAN PABLO FERNANDO GALVÁN AGUILAR, en mi calidad de Representante Suplente del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Distrital 09 Federal, del Instituto Nacional Electoral, personalidad que tengo debidamente reconocida ante ese Órgano Electoral, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Francisco Villa No. 139 esq. Acacias, Fraccionamiento Gámez, de esta ciudad de Irapuato, Gto; comparezco para presentar formal protesta respecto de las casillas y causas que a continuación se listan…”.

En dicho escrito plasmó un cuadro en el cual identificó el número de casilla protestada y la cantidad de votos nulos, que en su opinión, se habían emitido a nombre de Sergio Carlo Bernal Cárdenas y que indebidamente se consideraron nulos al momento de realizarse el escrutinio y cómputo.

Sin embargo, el Secretario del Consejo Distrital al rendir su informe circunstanciado respecto a este planteamiento del PAN, expresó lo siguiente:

“… Dicha aseveración se considera que es temeraria de parte del quejoso y al efecto se explica lo siguiente. En este Consejo Distrital se recontaron un total de 308 casillas y en ese universo solamente se reservaron 38 votos para que el Consejo Distrital decidiera sobre su validez o no del mismo y únicamente 16 votos fueron para el Partido Acción Nacional (tal y como se desprende del acta de votos reservados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa) y solamente tres de ellos tenía el nombre del candidato completo o incompleto, es por ello la apreciación de este órgano electoral que la manifestación del quejoso es temeraria. Se agrega además que en los paquetes electorales de las casillas que se enlista más adelante, se recontaron en los grupos de recuento que se formaron con motivo del recuento parcial que se efectuó en este órgano electoral […] (transcribe los datos de cincuenta y nueve casillas); no se advirtió lo señalado por el quejoso es decir que todos los votos nulos apareciera el nombre de su candidato en la sección de candidatos no registrados, y solamente en los que ya se señaló…”.

Ahora bien, el siguiente cuadro contiene la información respecto a las casillas impugnadas bajo la causal de nulidad del artículo 75, inciso f) de la LEGIPE, que se obtuvo del análisis de las constancias que obran en autos. El cuadro contiene los datos de identificación de la casilla, si fue materia de recuento y el número de votos nulos que en opinión del PAN, le corresponden por contener el nombre de su candidato en el apartado relativo a candidatos no registrados:

Como se puede apreciar del cuadro anterior, el PAN reclama bajo esta causal un universo de noventa y nueve casillas de las cuales el Consejo Distrital recontó cincuenta y siete, en su sede administrativa. Ahora bien, el agravio en cuestión resulta inatendible porque derivado del recuento celebrado por el Consejo Distrital, se presume que la irregularidad reclamada quedó subsanada al no advertirse de autos algún dato que revele la reserva de votos por ese supuesto –que se hubieran anulado votos en donde el ciudadano escribió el nombre del candidato del PAN–[58]. Además, el PAN en su demanda tampoco señala que esta supuesta inconsistencia derivó de la diligencia de recuento sino que su motivo de queja lo emite sobre lo acontecido en el escrutinio y cómputo realizado en las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral.

Ahora bien, respecto de las cuarenta y dos casillas que no fueron sujetas a recuento, el actor no acreditó con algún elemento de convicción que revele aún de forma indiciaria su afirmación consistente en que en cada una de estas casillas los votos nulos que señala le corresponden a su candidato.

Como se precisó con antelación, el PAN sólo aportó como prueba el escrito de “protesta” que presentó ante el Consejo Distrital el día del cómputo distrital. Sin embargo del análisis del documento, sólo se advierte que se utilizó el argumento sobre las diferentes formas de asentar el nombre del candidato en las boletas electorales sin otorgar algún otro dato o elemento que evidenciara la certeza de su afirmación.

Por el contrario, derivado del informe circunstanciado del Secretario del Consejo Distrital, se tiene certeza que de las trescientas ocho casillas sujetas a un nuevo escrutinio y cómputo por parte de la autoridad electoral, sólo se encontraron tres votos en el supuesto alegado por el actor.

Además, el magistrado instructor de estos juicios, a través de un escrito del veintiséis de junio del año en curso, requirió al Consejo Distrital que remitiera las hojas de incidentes y/o escritos de protesta que se encontraran en los paquetes electorales de las cuarenta y dos casillas no recontadas en el cómputo distrital, para verificar la existencia de algún indicio que llevara a esta Sala Regional a evidenciar la existencia de la irregularidad[59].

Sin embargo, del análisis de los documentos, si bien es cierto que se advirtieron diversos incidentes, tampoco se encontró alguno que contuviera un indicio de tal irregularidad. Además no se observó ningún escrito de protesta firmado por los representantes del PAN en el cual se asentara ese hecho.

En consecuencia, al no existir en autos algún indicio del que se presuma la existencia de la irregularidad reclamada, esta Sala Regional considera insuficiente la simple afirmación del actor para comprobar ese supuesto; máxime que de conformidad con lo previsto por el artículo 15 párrafo 2 de la Ley de Medios, el que afirma está obligado a probar y en ese sentido, al no acreditarse las inconsistencias reclamadas, es evidente que el planteamiento debe desestimarse por falta de sustento[60].

Además, no debe perderse de vista que el PAN realizó su planteamiento conforme a la causal de nulidad prevista en el artículo 75 inciso f) de la Ley de Medios que consiste en el probable error o dolo en el cómputo de la votación recibida en casilla.

En ese sentido, para esta Sala Regional los agravios que se analizan también son inatendibles porque no se señaló cuáles son los errores o inconsistencias que en específico se derivan de las actas relativas a las casillas impugnadas de que se estuviera en posibilidad de hacer un estudio minucioso sobre los rubros fundamentales de cada casilla de acuerdo a los extremos de la causal de nulidad en cuestión y al marco teórico al que se hizo referencia al inicio de este apartado.

No pasa desapercibida la afirmación del PAN relativa a la presunta conexidad de este juicio de inconformidad con el incidente de nuevo escrutinio y cómputo que solicitó ante el Consejo Distrital el nueve de junio y que afirma se encuentra radicado en esta Sala.

Sin embargo tampoco le asiste la razón al PAN en ese sentido. Es cierto que dicho instituto político promovió el incidente en el cual solicitó un recuento total de votos porque en su opinión, se actualizaba el supuesto previsto en el artículo 311, párrafo 1, inciso d), fracción II de la LEGIPE, consistente en que se realice el nuevo escrutinio y cómputo cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia numérica entre los candidatos que obtuvieran el primero y segundo lugar en la votación.

El Consejo Distrital le negó tal petición y en contra de la negativa el PAN presentó el juicio electoral identificado con la clave SM-JE-7/2015 del índice de esta Sala Regional.

Ese juicio se desechó de plano mediante la sentencia del diecisiete de junio porque la negativa no resultó ser un acto definitivo y firme[61].

En consecuencia, si ese juicio electoral se desechó el diecisiete de junio, y el presente juicio se recibió en este órgano jurisdiccional el veinte del mismo mes según el acuse de recibo correspondiente, es evidente que ambos asuntos aunque están relacionados entre sí, no se encuentran conexos para efecto de que la resolución de uno dependa del otro.

Por tanto, deben desestimarse los motivos de queja relacionados con la causal de nulidad que se analiza de acuerdo a lo hasta aquí expuesto.

6.6. Causal de nulidad identificada en el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios

De acuerdo con la LEGIPE, el día de la jornada electoral se cuenta con ciudadanos previamente insaculados y capacitados por la autoridad electoral para realizar tareas específicas como la de ser funcionarios integrantes de las mesas directivas de casilla[62].

Tomando en cuenta que los ciudadanos originalmente designados no siempre se presentan a desempeñar tales labores, la ley prevé un procedimiento de sustitución de los ausentes cuando la casilla no se haya instalado oportunamente[63].

El artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios contempla como causa de nulidad que la votación la reciban personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, con el fin de proteger la legalidad, certeza e imparcialidad en la obtención y contabilización de los sufragios.

Ahora bien, dado que dichas labores son realizadas por ciudadanos que no se dedican profesionalmente a éstas, la votación se anulará sólo cuando en la integración de los funcionarios de casilla se cometan irregularidades graves y determinantes, esto es, de tal magnitud que pongan en duda la autenticidad de los resultados obtenidos.

Por tanto, si bien la LEGIPE prevé una serie de formalidades para la integración de las mesas directivas de casilla, este Tribunal sostiene lo siguiente con respecto a las anomalías que pueden presentarse:

-          El hecho de que los ciudadanos designados intercambien sus puestos, o que las ausencias de los funcionarios propietarios sean cubiertas por los suplentes sin seguir el orden de prelación establecido en la ley, no son motivos suficientes para anular la votación, pues en todo caso esta última habría sido recibida por personas insaculadas, designadas y capacitadas por el Consejo Distrital respectivo[64].

-          La falta de firma en alguna de las actas por parte de algún funcionario de casilla, no implica necesariamente que haya estado ausente, sino que debe analizarse el resto del material probatorio para llegar a una conclusión de tal naturaleza[65]; puesto que, en ocasiones, es común que algunos de los ciudadanos integrantes de la mesa directiva de casilla por error, olvidan firmar alguna de las actas.

-          La votación recibida en la casilla será válida, aun cuando hubiesen actuado personas distintas a las originalmente designadas por la autoridad electoral, siempre que las autorizadas estén ausentes durante la sustitución,[66] los funcionarios de casilla que los cubrieron no sean representantes de partidos o candidatos independientes[67] y se constate que forman parte del listado nominal de electores de la sección que corresponda[68], esto último con el fin de satisfacer el requisito previsto en el artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la LEGIPE[69].

-          Cuando la mesa directiva de casilla no cuente con la totalidad de sus integrantes, solo se anulará la votación en el caso de que tal circunstancia implique la multiplicación excesiva de las labores del resto de los funcionarios, a tal grado que ocasione una merma en la eficiencia de su desempeño. Bajo este criterio, se estima que en una mesa directiva integrada por cuatro ciudadanos, la ausencia de uno de ellos no genera la nulidad de la votación recibida[70].

En este caso los promoventes se quejan de que en las casillas que cada uno señala en sus respectivas demandas, se recibió la votación por personas distintas a las legalmente facultadas y fuera de los procedimientos previstos en la ley.

Así, del análisis de las constancias que integran estos asuntos, entre las que destacan el encarte actualizado al siete de junio del año en curso, las listas nominales de electores, las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo y de clausura de las casillas impugnadas, se advirtió la información que se inserta en el cuadro que a continuación se plasma y que contiene el análisis de cada una de las casillas cuestionadas tanto por el PAN como por el PT: