Monterrey, Nuevo León, a treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.

Sentencia definitiva que: a) desecha de plano, por extemporánea, la demanda presentada por Encuentro Social; b) declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 1517-C2, 1544-C2, 1550-C1, 1551-C3, 1615-C2 y 1617-C1; c) modifica los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa en el 05 distrito electoral federal con cabecera en Monterrey, Nuevo León; y d) confirma, en lo que fueron materia de impugnación, la declaración de validez de la elección, el otorgamiento de la constancia de respectiva y el acta de cómputo distrital de la elección de diputado federal por el principio de representación proporcional, todos estos actos emitidos por el 05 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León. Lo anterior, al considerarse que las irregularidades hechas valer por el actor no generan la nulidad de la votación recibida en las casillas que impugna, salvo en las precisadas al inicio de este párrafo.

GLOSARIO

1. ANTECEDENTES DEL CASO

1.1. Jornada electoral. El uno de julio,[1] se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de diputados y senadores del Congreso de la Unión, así como de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

1.2. Cómputo, declaración de validez y entrega de constancia. El cinco de julio, el Consejo Distrital responsable inició la sesión especial de cómputo distrital de diputados federales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, concluyendo la misma el seis siguiente con la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de candidatos ganadora.

1.3. Juicios de inconformidad. En desacuerdo con lo anterior, el nueve de julio, los actores promovieron los estos medios de defensa.

1.4. Juicio de inconformidad promovido por Encuentro Social. El veintiocho de julio, Encuentro Social presentó en el 05 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral el estado de Nuevo León juicio de inconformidad en contra de los resultados del cómputo, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez de la elección de diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes asuntos, porque se trata de juicios de inconformidad promovidos por tres partidos políticos, contra los resultados de una elección de diputaciones federales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional en un distrito ubicado en el estado de Nuevo León, entidad federativa que se ubica dentro de la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral sobre la cual este tribunal ejerce jurisdicción.

Lo anterior de conformidad con los artículos 195, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 50, párrafo 1, incisos b) y c) y 53, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

3. ACUMULACIÓN

Del análisis de las demandas se observa que ambos actores controvierten los resultados de la misma elección de diputaciones federales de mayoría relativa. Por tanto, a fin de evitar el riesgo de que se emitan sentencias contradictorias, procede acumular los expedientes SM-JIN-36/2018 y SM-JIN-163/2018 al diverso SM-JIN-35/2018, por ser el primero en recibirse en esta Sala, debiéndose agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al asunto acumulado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. DESECHAMIENTO

Es improcedente el juicio interpuesto por Encuentro Social al no haberse promovido dentro del plazo de cuatro días legalmente previsto para ese tipo de medios de impugnación, pues el cómputo distrital de la elección que controvierte concluyó el seis de julio, y la demanda se presentó el veintiocho siguiente.[2]

El juicio de inconformidad está diseñado para controvertir los actos o resoluciones emitidos por las autoridades administrativas electorales en la sesión de cómputo distrital; incluso, es criterio de este Tribunal Electoral que el plazo para impugnar comienza a partir de que concluye la práctica del cómputo de la elección que se reclama aun cuando la sesión continúe[3].

Al respecto, el artículo 55, párrafo 1, de la Ley de Medios dispone que la demanda del juicio de inconformidad deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica de los cómputos.

De manera que existe una regla específica en la ley de la materia para la promoción del juicio y, por tanto, no es aplicable la disposición general prevista por el artículo 8, párrafo 1 que establece: Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.

El artículo 10, párrafo, 1, inciso b), de la Ley de Medios establece que los medios de impugnación serán improcedentes, entre otros supuestos, cuando no se hubiesen interpuesto dentro de los plazos señalados en dicha ley.

En el caso, Encuentro Social señala que la presentación de su medio de impugnación debe tenerse por oportuna, porque tuvo conocimiento de los actos que reclama el veinticinco de julio, cuando la autoridad responsable le entregó copias certificadas de las actas de escrutinio y cómputo de casillas de la elección que controvierte, y fue a partir de ese momento cuando contó con los elementos necesarios para conocer el contenido de los actos, fundamentos y motivos que sirvieron de base para su emisión; por tanto, afirma que no debe operar la notificación automática en su contra.

Debe desestimarse el planteamiento.

Encuentro Social parte de la premisa incorrecta de que en los juicios de inconformidad podría ser aplicada la disposición general para la presentación de los medios de impugnación prevista en el citado artículo 8 de la Ley de Medios, pues afirma que el plazo de cuatro días para presentar el juicio de inconformidad debe contarse a partir de que le entregaron las copias certificadas que menciona porque aparentemente en ese momento es cuando tuvo conocimiento de los actos; sin embargo, como se anticipó, por disposición legalmente expresa y en criterio de este Tribunal, el plazo inició con la conclusión del cómputo de la elección que controvierte, es decir, que en el caso es el seis de julio.

En efecto, cuando se trata de controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez de una elección y la entrega de la constancia de mayoría, el plazo para impugnar inicia con o sin la presencia del representante del partido actor, esto es, el día siguiente de que concluyó el cómputo respectivo, tal como lo establece la regla específica del artículo 55 de la referida ley procesal.

De ahí que, aun cuando el partido actor refiera que solicitó copias certificadas y le fueron entregadas hasta el veinticinco de julio del año en curso, esto es, diecinueve días después de que se generaron los actos impugnados en la sesión de cómputo distrital, no es posible considerar que el plazo para presentar la demanda deba computarse a partir de que las recibió.

Al respecto, los artículos 296, párrafo 1 y 310 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que los funcionarios de casilla entregarán copia de las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo y de las hojas de incidentes a los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes que se encuentren presentes; y que los consejos distritales celebrarán sesión a partir de las 8:00 horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el cómputo de cada una de las elecciones; por tanto, el partido actor estuvo en condiciones de conocer tanto el contenido de las actas de escrutinio y cómputo, como la fecha de la celebración del cómputo distrital de la elección que impugna.

Es de destacar que, aun cuando a la fecha únicamente se ha recibido, por parte de la autoridad responsable, el informe circunstanciado y la cédula y razón de publicitación, esta Sala Regional ha decidido resolver el presente juicio de manera pronta y expedita, en términos de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, tomando en cuenta que los aspectos jurídicos a decisión no requieren de elementos de prueba adicionales.

En consecuencia, al haberse presentado fuera del plazo legalmente otorgado, el medio de impugnación resulta extemporáneo, por lo que la demanda debe desecharse de plano.

5. PROCEDENCIA

Los juicios reúnen los requisitos previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1 y 52 de la Ley de Medios, en atención a lo siguiente:

5.1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad señalada como responsable; en ella constan el nombre y la firma de los representantes del partido actor; se identifican los actos impugnados y el responsable de los mismos, se mencionan hechos, agravios y los artículos supuestamente violados.

5.2. Oportunidad. Los juicios fueron promovidos oportunamente, toda vez que el cómputo distrital concluyó el seis de julio y las demandas se presentaron el día nueve siguiente, es decir, dentro del plazo legal de cuatro días; lo anterior de conformidad con los artículos 50, párrafo 1, inciso b) y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

5.3. Legitimación. Los actores están legitimados por tratarse de partidos políticos, conforme a lo previsto en el artículo 54, párrafo 1, inciso a) de la Ley de Medios.

5.4. Personería. Se encuentra satisfecho el requisito, toda vez que los partidos comparecen por conducto de sus representantes propietarios ante el Consejo Distrital responsable, calidad que les es reconocida en los informes circunstanciados.[4]

5.5. Elección que se impugna e individualización del acta de cómputo distrital. Se satisface tal exigencia, ya que los actores combaten los resultados de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 05 Distrito Electoral Federal en el estado de Nuevo León. Además, el PANAL controvierte los resultados de la citada elección por el principio de representación proporcional. Asimismo, ambos actores señalan como actos impugnados las actas de cómputo distritales respectivas.

5.6. Individualización de las casillas y la causal que se invoque para cada una. Los promoventes solicitan que se declare la nulidad de la votación recibida en diversas casillas y precisan las causales que consideran que se actualizan.

5.7. Causa de improcedencia hecha valer por los terceros interesados. Por las razones anteriores, no le asiste la razón a MORENA cuando sostiene[5] de manera genérica que el presente juicio incumple los requisitos de procedencia establecidos en la Ley de Medios.

Además, el Partido del Trabajo sostiene que los presentes juicios deben desecharse de plano, toda vez que “la parte actora ofrece, pero no aporta la prueba del ENCARTE… Más aún, no aporta elementos de prueba contundentes, concretos y veraces…”.[6]

No le asiste la razón al compareciente, toda vez que el ofrecimiento de pruebas no es un requisito de procedencia del juicio, sino, en todo caso, una carga que corresponde a quien lo promueve, a efecto de acreditar los hechos en que basa su impugnación, lo cual solamente puede verificarse al estudiar el fondo del asunto.

6. ESTUDIO DE FONDO

6.1. Cuestión previa

Del análisis de la demanda, se observa que el PANAL pretende lograr la anulación de diversas casillas en las que obtuvo los resultados más desfavorables, con el fin de alcanzar el porcentaje mínimo requerido para conservar el registro como partido político nacional.

En este tenor, señala que, si bien la votación recibida en las casillas combatidas no es determinante para la elección –en tanto que su anulación no provocaría un cambio de ganador–, sí lo es para el resultado final de la votación válida recibida, por la razón antes señalada. Como base de su argumento, el actor invoca la tesis L/2002, emitida por la Sala Superior con el rubro: “determinancia. la variación del porcentaje de votación de un partido político necesario para conservar su registro, debe ser objeto de estudio al momento de analizar este requisito de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral”.

Bajo esta línea, se puede concluir que la petición del PANAL se encuentra encaminada a que la determinancia se valore de forma general, atendiendo a su pretensión de reducir la votación, y que con la mera acreditación de alguna irregularidad se anule la votación recibida en una casilla, sin tomar en consideración este factor de forma individual, es decir, sin verificar si el número de sufragios que implicó la anomalía pudo provocar un cambio de quienes ocuparon el primer y segundo lugar de la votación ahí recibida.

Tal pretensión resulta inatendible pues, conforme a la jurisprudencia[7] de la Sala Superior, para que se anule la votación recibida en casilla, siempre debe analizarse si la irregularidad fue determinante para el resultado ahí obtenido, incluso aunque la hipótesis legal de nulidad no exija literalmente este análisis. La única excepción a esta regla general ocurre cuando la irregularidad que se acredita en una casilla, por sí misma, produce un cambio de ganador en la elección combatida.[8]

Lo anterior, aun en el supuesto de que la pretensión del actor, como es el caso, se encamine a la conservación  de su registro como partido político nacional, donde la Sala Superior ha sostenido que el criterio de que un acto o resolución, o las violaciones que se les atribuyan, son determinantes para el desarrollo de un proceso electoral, cuando puedan constituirse en causas o motivos suficientes para provocar una alteración o cambio substancial, entre otros supuestos, en el número de posibles contendientes en un proceso electoral, así como los que repercutan en la extinción de los partidos políticos.[9]

En esta línea, respecto de lo señalado por el actor, en cuanto a que busca que la votación se impacte el universo de la votación válida emitida en los 300 distritos electorales del país, tampoco modificaría la óptica de análisis.

Esto es así, pues de acuerdo a lo previsto en el artículo 71 de la Ley de Medios,[10] la nulidad de la votación recibida en una casilla solo puede afectar la elección del cargo de elección popular de que se trate, y en su caso, las resoluciones emitidas por este Tribunal Electoral, ya sea que confirmen, revoquen o modifiquen los resultados, deberán ser tomadas en cuenta, individualmente, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral cuando realice la sumatoria de los votos obtenidos en cada distrito, con el objeto de determinar si un partido político mantiene o no su registro, en términos de lo previsto en el artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos.[11]

6.2. Planteamiento del caso

El PRI solicita la nulidad de la elección de diputaciones federales de mayoría relativa, alegando que se actualiza la causal genérica prevista en el artículo 78 de la Ley de Medios, ya que, desde su perspectiva, se presentaron diversas irregularidades en ciertas casillas que precisa, esencialmente consistentes en: apertura tardía de la votación, coacción del voto, recepción de la votación por personas distintas a las autorizadas y actos de violencia sobre los representantes partidistas y personal del Instituto Nacional Electoral.

Además, solicita que se anulen los resultados obtenidos en múltiples casillas, al considerar que se surten las hipótesis previstas en los incisos e) y k) de la Ley de Medios, es decir:

a)     Que la votación fue recibida por personas no autorizadas para ello.

b)     Que sucedieron múltiples anomalías el día de la jornada comicial, en las mesas directivas de casilla o en sus inmediaciones.

Por su parte, el PANAL solicita la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, al considerar que se actualizan las hipótesis previstas en los incisos e) o f) del párrafo 1, del artículo 75 de la Ley de Medios, es decir:

a)     Que la votación fue recibida por personas no autorizadas para ello.

b)     Que existió error o dolo en el cómputo de los votos.

A continuación, se dará respuesta a los planteamientos anteriores, en el orden siguiente:

a)     Nulidad de elección: En primer lugar, se atenderá este tema. En el análisis pertinente, se arribará a la conclusión de que las violaciones que hace valer el actor no pueden justificar una nulidad de la contienda en general, sino que deben ser estudiadas como causales de nulidad de votación recibida en casilla, caso por caso.

b)     Nulidad de votación recibida en casilla: En este apartado, se seguirá el orden previsto en el artículo 75 de la Ley de Medios para analizar de manera individual lo siguiente:

i.            Las anomalías que el PRI hizo valer respecto a diversas casillas en particular, con las que intentó justificar la nulidad de la elección.

ii.            Los planteamientos expuestos por el PRI y el PANAL para solicitar la anulación de los resultados obtenidos en ciertas casillas.

6.3. Causa genérica de nulidad de elección

6.3.1. Análisis jurídico de la causal

El artículo 78 de la Ley de Medios establece una causa de nulidad de elección genérica, en los términos siguientes:

Artículo 78

1. Las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.

Este tribunal[12] ha sostenido que esta causal se actualiza cuando concurren los elementos siguientes:

a)     La existencia de violaciones sustanciales;[13]

b)    Que se hayan cometido de manera generalizada;

c)     Que hayan tenido verificativo durante la jornada electoral o que sus efectos se hayan actualizado el día de la elección;

d)    Que las violaciones sustanciales se hayan cometido en el ámbito territorial en el que se realizó la elección respectiva;

e)     Que estén plenamente acreditadas;

f)       Que sean determinantes.

Como puede apreciarse, esta hipótesis se configura ante acontecimientos que afectan de manera general a los resultados de la votación y que no pueden encuadrarse en las hipótesis específicas de nulidad de elección, las cuales se encuentran previstas, por lo que hace a la elección de diputaciones federales de mayoría relativa, en el diverso artículo 76, párrafo 1, de la Ley de Medios:

Artículo 76

1. Son causales de nulidad de una elección de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral uninominal, cualesquiera de las siguientes:

a) Cuando alguna o algunas de las causales señaladas en el artículo anterior se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en el distrito de que se trate y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos; o

b) Cuando no se instale el veinte por ciento o más de las casillas en el distrito de que se trate y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; o

c) Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieren obtenido constancia de mayoría sean inelegibles.

Bajo estas condiciones, cuando el planteamiento de nulidad de elección se base en hechos particularizados en torno a ciertas casillas identificadas y que pudieran actualizar las hipótesis de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 75 de la Ley de Medios, será ineficaz, pues, en todo caso, dichas anomalías podrían anular los resultados obtenidos en esas casillas individualizadas y, solamente si se anulara por lo menos el veinte por ciento de las casillas que componen el distrito, se actualizaría el supuesto específico de nulidad de elección, establecido en el artículo 76, párrafo 1, inciso a), de dicho ordenamiento.

6.3.2. La solicitud de anular la elección por actualizarse la causa genérica es ineficaz, pues el actor la basó en anomalías específicas presuntamente acontecidas en ciertas casillas, no en irregularidades generalizadas, sustanciales y graves que pudieran ser determinantes para el resultado

El PRI sostiene que se actualiza la causa genérica de nulidad de elección, debido a que, en ciertas casillas en particular, sucedió lo siguiente:

1)     La votación fue recibida por personas distintas a las autorizadas legalmente.

2)     Personas entregaban dinero a los electores para coaccionar su voto.

3)     La recepción de la votación inició de manera tardía.

4)     Irregularidades graves que actualizan la hipótesis de nulidad de la votación recibida en casilla, prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso k), de la Ley de Medios.

5)     “…recibí un reporte de mis representantes de casilla en las casillas ubicadas en la sección 2131, donde me decían que agentes representantes del programa ‘ALIADOS CONTIGO’ perteneciente al Gobierno del Estado, querían entrar a las casillas para quitar las actas finales a los representantes de partido y al personal del INE, estos sucesos pasaron a las 22:00 horas tanto que me precipité para llegar a la casilla indicada y me percaté de dos jóvenes portando un chaleco café con la leyenda “Aliados” subiéndose a un vehículo tipo Tsuru color blanco, impartiendo una huída rumbo a la avenida Antiguos Ejidatarios”.[14]

Como puede apreciarse, las irregularidades anteriores hacen referencia a hechos que podrían actualizar las causales específicas de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 75 de la Ley de Medios, como se muestra enseguida:

        La anomalía señalada en el número 1), tendría que analizarse como susceptible de actualizar la causal prevista en el inciso e) de dicho precepto: recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados.

        La mencionada en el número 2), de acuerdo a lo que establece el inciso i):  Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

        La descrita en el número 3), de acuerdo a lo previsto en el inciso j): Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación.

        La precisada en el número 4) refiere de manera clara que actualiza la hipótesis prevista en el inciso k): Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

        Por último, los hechos narrados en el numeral 5) también tendrían que analizarse conforme al inciso k), al no versar sobre alguna de las causas de nulidad específicas, previstas en los incisos a) a i) del citado artículo 75.[15]

Conforme a lo razonado en el apartado anterior, los hechos anteriores no pueden configurar la causa genérica de nulidad de elección que invoca el actor, de ahí que el agravio sea ineficaz.

Lo anterior, conlleva a omitir el estudio de las anomalías señaladas por el actor, pero a partir de las hipótesis legales que corresponden conforme al sistema legal de nulidades, mencionadas previamente.

6.4. Causal e): recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados

El PANAL sostiene que en dos casillas se actualiza la causal de nulidad en comento, concretamente porque la votación fue recibida por personas que no estaban autorizadas en el encarte para desempeñar la función que realizaron, es decir, que no habían sido previamente insaculadas y capacitadas por la autoridad electoral.

En primer lugar, se analizará la hipótesis de nulidad a partir del texto legal y de las interpretaciones que sobre el mismo ha efectuado este tribunal, para fijar en qué casos puede anularse la votación recibida en una casilla. Posteriormente, se verificará si los hechos en que el actor basa su demanda son suficientes para actualizar el citado supuesto.

6.4.1. Análisis jurídico de la causal

De acuerdo con la LEGIPE, al día de la jornada comicial existen ciudadanos que han sido previamente insaculados y capacitados por la autoridad, para que actúen como funcionarios de las mesas directivas de casilla, desempeñando labores específicas.[16] Tomando en cuenta que los ciudadanos originalmente designados no siempre se presentan a desempeñar tales labores, la ley prevé un procedimiento de sustitución de los ausentes cuando la casilla no se haya instalado oportunamente.[17]

Al respecto, el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios contempla como causa de nulidad que la votación la reciban personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, con el fin de proteger la legalidad, certeza e imparcialidad en la captación y contabilización de los sufragios.

Ahora bien, dado que los trabajos en una casilla electoral son llevados a cabo por ciudadanos que no se dedican profesionalmente a esas labores, es de esperarse que se cometan errores no sustanciales que evidentemente no justificarían dejar sin efectos los votos ahí recibidos. Por ello, se requiere que la irregularidad respectiva sea grave y determinante, esto es, de tal magnitud que ponga en duda la autenticidad de los resultados.

Por tanto, si bien la LEGIPE prevé una serie de formalidades para la integración de las mesas directivas de casilla, este tribunal ha sostenido que no procede la nulidad de la votación, en los casos siguientes:

        Cuando se omite asentar en el acta de jornada electoral la causa que motivó la sustitución de funcionarios de casilla, pues tal deficiencia no implica que se hayan violado las reglas de integración de la mesa receptora, ya que esto únicamente se acreditaría a través de los elementos de prueba que así lo demostraran o de las manifestaciones expresas en ese sentido que se obtuvieran del resto de la documentación generada.[18]

        Cuando los ciudadanos originalmente designados intercambien sus puestos, desempeñando funciones distintas a las que inicialmente les fueron encomendadas.[19]

        Cuando las ausencias de los funcionarios propietarios son cubiertas por los Suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley; ello, porque en tales casos la votación habría sido recibida por personas que fueron debidamente insaculadas, designadas y capacitadas por el consejo distrital respectivo.[20]

        Cuando la votación es recibida por personas que, si bien no fueron originalmente designadas para esa tarea, están inscritas en el listado nominal de la sección correspondiente a esa casilla.[21]

        Cuando faltan las firmas de funcionarios en alguna de las actas, pues la ausencia de rúbricas no implica necesariamente que las personas hayan estado ausentes, sino que debe analizarse el resto del material probatorio para arribar a una conclusión de tal naturaleza; tal como se explica enseguida.

Para verificar qué individuos actuaron como integrantes de la mesa receptora, es necesario examinar los rubros en que se asientan los cargos, nombres y firmas de los funcionarios, mismos que aparecen en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, en las secciones de “instalación de casilla”, “cierre de la votación” y “escrutinio o cómputo”; o bien de los datos que se obtienen de las hojas de incidentes o de la constancia de clausura.

Este tribunal ha considerado que basta con que se encuentre firmado cualquiera de esos apartados para concluir que sí estuvieron presentes los funcionarios actuantes.[22]

Ello es así, pues tales documentos deben considerarse como un todo que incluye subdivisiones de las diferentes etapas de la jornada electoral, por lo que la ausencia de firma en alguno de los referidos rubros se podría deber a una simple omisión del funcionario que, por sí sola, no puede dar lugar a la nulidad de la votación recibida en casilla, máxime si en los demás apartados de la propia acta o en otras constancias levantadas en casilla, aparece el nombre y la firma de dicha persona.

Incluso, tratándose del acta de escrutinio y cómputo, se ha señalado que la ausencia de las firmas de todos los funcionarios que integran la casilla no priva de eficacia la votación, siempre y cuando existan otros documentos que se encuentren rubricados, pues a través de ellos se evita la presunción humana (de ausencia) que pudiera derivarse con motivo de la falta de firmas.[23]

        Cuando los nombres de los funcionarios se apuntaron en los documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos; toda vez que ello supone un error del secretario, quien es el encargado de llenar las actas; además de que es usual que las personas con más de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos.[24]

        Cuando la mesa directiva no cuente con la totalidad de sus integrantes, siempre y cuando pueda considerarse que, atendiendo a los principios de división del trabajo, de jerarquización y de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no se afectó de manera grave el desarrollo de las tareas de recepción, escrutinio y cómputo de la votación. Bajo este criterio, se ha estimado que en una mesa directiva integrada por cuatro ciudadanos (un presidente, un secretario y dos escrutadores) o por seis (un presidente, dos secretarios y tres escrutadores), la ausencia de uno de ellos[25] o de todos los escrutadores[26] no genera la nulidad de la votación recibida.

Con base en lo anterior, solamente deberá anularse la votación recibida en casilla, cuando se presente alguna de las hipótesis siguientes:

        Cuando se acredite que una persona actuó como funcionario de la mesa receptora sin pertenecer a la sección electoral de la casilla respectiva,[27] en contravención a lo dispuesto en el artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la LEGIPE.

        Cuando el número de integrantes ausentes de la mesa directiva haya implicado, dadas las circunstancias particulares del caso, multiplicar excesivamente las funciones del resto de los funcionarios, a tal grado que se haya ocasionado una merma en la eficiencia de su desempeño y de la vigilancia que corresponde a sus labores.

        Cuando con motivo de una sustitución, se habilita a representantes de partidos o candidatos independientes.[28]

6.4.2. Casillas en las que el actor señala que no hubo funcionarios o que el acta aparece ilegible en ese campo

      1450-C2

El PRI se queja que no se consignó en actas el nombre del funcionariado de la mesa directiva de esta casilla.

Si bien en el acta de escrutinio y cómputo aparece en blanco el apartado correspondiente, en el acta de jornada sí se consignaron los nombres y firmas del presidente, los dos secretarios y del primer escrutador.[29]

Por las razones expuestas en el apartado anterior, incluso en el caso de que la casilla se hubiera integrado sin dos de sus escrutadores, esto no sería suficiente para invalidar la votación ahí recibida, máxime que tanto en el acta de la jornada electoral, como en la de escrutinio y cómputo, no se asentó que se hubiere presentado algún incidente y, además, los representantes de los partidos políticos que estuvieron presentes firmaron de conformidad, incluyendo el del PRI.

      1453-Especial

El PRI señala que en las actas de esta casilla se omitió anotar el nombre del presidente, del segundo secretario y de los segundo y tercer escrutadores.

Al respecto, cabe señalar que en el acta de jornada aparecen los nombres y firmas de todo el funcionariado de la mesa directiva de casilla, lo cual es suficiente para considerar que se integró de manera total, conforme a lo razonado en el apartado anterior.[30]

      1479-C2

El actor se queja de que en las actas aparece ilegible el nombre de quien fungió como (1E). No le asiste la razón, pues en el acta de escrutinio y cómputo es posible advertir que se asentó el nombre de “Manuela Rivas Guerrero”,[31] tal como se aprecia en la imagen siguiente:

6.4.3. Casillas donde las personas señaladas por el actor no participaron como funcionarios

Por lo que hace a las casillas que se describen en la tabla siguiente, no le asiste la razón al actor, pues las personas que señala que recibieron la votación de manera indebida ni siquiera integraron las mesas directivas correspondientes:

6.4.4. Casilla donde las personas cuestionadas fueron designadas por la autoridad electoral para participar como funcionarios de la mesa directiva

Respecto a la casilla que se presenta en la tabla siguiente, no se actualiza la causa de nulidad, ya que las personas cuya actuación impugna fueron insaculadas y capacitadas por la autoridad para integrar la mesa directiva de la casilla controvertida, en alguno de los roles que ahí se llevan a cabo:

Como puede observarse, en algunos casos las personas cuya actuación impugna el actor fueron designadas por la autoridad electoral para realizar las tareas correspondientes en la casilla impugnada; en otros, fueron capacitadas para desempeñar otra función dentro de la misma casilla, pero existió un corrimiento en los roles de quienes integraron la mesa directiva de casilla; y en los restantes, fueron insaculados y capacitados por la autoridad para integrar otro centro de votación que pertenece a la misma sección electoral. Bajo estas condiciones y conforme a lo razonado anteriormente en esta sentencia, se estima que su actuación fue conforme a Derecho.

6.4.5. Los ciudadanos cuestionados no fueron designados por la autoridad electoral, pero aparecen en el listado nominal correspondiente a la sección de cada casilla impugnada

Por último, en las casillas de la siguiente tabla tampoco se acredita la causal de nulidad, ya que, si bien la votación fue recibida por personas que no habían sido previamente insaculadas ni capacitadas por la autoridad electoral, están inscritas en el listado nominal de electores de la sección correspondiente, sin que en las constancias de autos se advierta que tenían el carácter de representantes de partidistas:

6.4.6. Casillas en la que algún integrante de la mesa directiva no fue designado por la autoridad electoral, ni pertenece a la sección electoral respectiva

En las casillas que se muestran en la tabla siguiente, las personas cuya actuación se cuestiona no fueron insaculadas ni capacitadas por la autoridad comicial para recibir la votación –no aparece en el encarte–, ni se encuentran en el listado nominal de electores de la sección atinente.

Bajo estas circunstancias, se concluye que en las casillas analizadas en este apartado la votación fue recibida por personas que no estaban facultadas legalmente para ello, en contra de lo previsto en el artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la LEGIPE.

Por último, cabe mencionar que, en relación a las casillas mencionadas en este apartado, el PRI también se queja de que otras personas actuaron indebidamente. Sin embargo, al haberse decretado la nulidad de la votación ahí recibida, el promovente ha alcanzado su pretensión, por lo que es innecesario analizar dichos señalamientos.

Por tanto, al haberse acreditado que personas que no pertenecen a la sección electoral correspondiente fungieron como integrantes de las mesas directivas de las casillas, se estima que la irregularidad afectó a la totalidad de los resultados ahí obtenidos, por lo cual debe anularse la votación correspondiente.

6.5. Causal f): dolo o error en la computación de los votos

El PANAL sostiene que en diversas casillas se actualiza la causal de nulidad en comento, debido a que:

a)     Las actas de escrutinio y cómputo no contienen la suma de votos emitidos e “información relativas [SIC] a la descripción del escrutinio y cómputo de la misma”.

b)     El número de boletas extraídas de las urnas es diferente a la suma de votos emitidos.

En primer lugar, se analizará la hipótesis de nulidad a partir del texto legal y las interpretaciones que sobre el mismo ha efectuado este tribunal, para fijar en qué casos puede anularse la votación recibida en una casilla, incluyendo la forma en que opera la determinancia. Posteriormente, se verificará si las actas presentan las deficiencias que señala el promovente y, finalmente, si la falta de coincidencia entre los rubros que menciona es suficiente para actualizar el citado supuesto.

6.5.1. Análisis jurídico de la causal

En términos de lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos siguientes:

a)     Dolo o error en la computación de los votos.

b)    La irregularidad sea determinante.

Respecto al primer elemento, se requiere que se acredite el dolo o error en el cómputo de la votación por inconsistencias relativas a los rubros del acta de escrutinio y cómputo en los que se reflejan los "votos" emitidos durante la jornada electoral. Lo anterior pues, ordinariamente, el número de electores que acude a sufragar en una casilla debe coincidir con los votos ahí emitidos —reflejados en el resultado respectivo— y con el número de votos extraídos de la urna.

Para ello, es necesario distinguir entre:

a)     Rubros fundamentales. Son aquellos que reflejan votos que fueron ejercidos:

i.            Total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal: incluye a las personas que votaron y que se encontraban en la lista nominal de electores de la casilla, o bien que presentaron una sentencia de este tribunal que les permitió sufragar, así como a los representantes de los partidos políticos o candidaturas independientes que votaron en la casilla sin estar en el referido listado nominal.

ii.            Boletas extraídas de la urna: son los votos sacados de la urna por los funcionarios de casilla –al final de la recepción de la votación–, en presencia de los representantes partidistas.

iii.            Resultados de la votación: son la suma de los votos obtenidos por todas las opciones políticas contendientes, los votos nulos y los candidatos no registrados.

b)     Rubros accesorios. Son los que consignan otro tipo de información, por ejemplo: boletas recibidas por los funcionarios de casilla antes de la instalación y boletas sobrantes e inutilizadas al final de la jornada.

Por ello, de acuerdo con lo que ha sostenido la Sala Superior,[60] para que la autoridad jurisdiccional pueda pronunciarse sobre un planteamiento relativo a la causal en comento, es necesario que el promovente identifique los rubros fundamentales[61] en los que afirma existen discrepancias, y que a través de su confronta, hacen evidente el error en el cómputo de la votación.

Así, por ejemplo, “las discrepancias entre el número de personas que votaron conforme a la lista nominal con cualquiera de los otros datos fundamentales, cuando alguno de éstos, o los dos, resulte mayor que la primera, se considera generalmente error grave, porque permite presumir que el escrutinio y cómputo no se llevó a cabo adecuadamente con transparencia y certeza”.[62]

También, “…cuando un solo dato esencial de las actas de escrutinio y cómputo se aparte de los demás, y éstos encuentren plena coincidencia y armonía sustancial entrelazados de distintas maneras, aunado a la inexistencia de manifestaciones o elementos demostrativos de que el escrutinio y cómputo enfrentó situaciones que pudieran poner en duda su desarrollo pacífico y normal, se debe considerar válido, lógica y jurídicamente, calificar la discordancia como un mero producto de error en la anotación y no en el acto electoral”.[63]

Además, la Sala Superior ha considerado que la falta de armonía entre algún rubro fundamental y otro accesorio es insuficiente para actualizar la causal de nulidad en estudio.[64] Con mayor razón, en ese mismo pronunciamiento sostuvo que “los datos consistentes en boletas recibidas y boletas sobrantes, así como la diferencia que resulte entre ambas… son intrascendentes para acreditar la existencia del error o dolo, esto porque para tener por actualizada la causal de nulidad invocada, es necesario que el error esté en alguno de los rubros fundamentales del acta de escrutinio y cómputo”.

A la par, atendiendo a las circunstancias de cada caso, también es menester constatar si los datos de los que parte el inconforme en el planteamiento que realiza, son los contenidos en las actas de escrutinio y cómputo o bien en las constancias individuales de punto de recuento. Pues en caso de que haya existido recuento, los datos a los que es necesario haga referencia la demanda –cuando se aduzca la causal que nos ocupa- serán los ahora contenidos en las constancias individuales de punto de recuento, que sustituyen los asentados en las actas de escrutinio y cómputo.

Ahora bien, para considerar que la irregularidad demostrada es determinante –segundo elemento indispensable para acreditar la causal en comento–, se requiere se presente alguno de los escenarios siguientes:

a)                      Cuando se determine que la votación computada de manera irregular resulta igual o mayor a la diferencia de votos obtenidos por las candidaturas que ocuparon el primero y segundo lugar, o bien

b)                      Cuando en las actas de escrutinio y cómputo se adviertan alteraciones evidentes o sean ilegibles los datos asentados, de manera que no puedan ser inferidos o subsanados por las cantidades consignadas en el resto de la documentación de la casilla o de algún otro documento que obre en el expediente.

6.5.2. Análisis del caso concreto

El PANAL sostiene que existió error o dolo en el cómputo de la votación recibida en las casillas: 977-B, 982-B, 984-B, 1434-C2, 1442-C2, 1446-C2, 1447-B, 1448-C3, 1445-B, 1454-B, 1455-C2, 1456-B, 1456-C2, 1456-C3, 1461-C1, 1477-B, 1496-C1, 1518-B, 1521-C2, 1547-B, 1619-C1, 2128-C5 y 2130-B, ya que “el número de boletas extraídas de las urnas es diferente a las sumas de votos emitidos”. Además, se queja de que las actas de escrutinio y cómputo no contienen el número de votos emitidos, ni información relativa a la “descripción del escrutinio y cómputo”.  A continuación, se realizará el análisis correspondiente.

6.5.2.1. Las actas de escrutinio y cómputo no contienen las omisiones que señala el actor

El promovente se queja de que las actas de escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas no contienen la suma de votos emitidos ni la información relativa a la descripción del escrutinio y cómputo.

En relación al primer aspecto, cabe mencionar que las casillas que impugna fueron objeto de recuento por parte de la autoridad responsable, por lo cual todos los rubros relativos al número de votos obtenido por cada fuerza política, contenidos en las actas de escrutinio y cómputo levantadas por los funcionarios de casilla, fueron sustituidos por los consignados en las constancias individuales de resultados electorales de punto de recuento, elaboradas por los funcionarios del Consejo Distrital responsable. Entonces, los agravios en los que se hicieron valer presuntas deficiencias sobre tales aspectos en las actas de escrutinio y cómputo originales son ineficaces, de conformidad con lo previsto en el artículo 311, párrafo 1, de la LEGIPE. 

Por otra parte, también es ineficaz el agravio respecto a que las actas de escrutinio y cómputo no contienen información relativa a la “descripción del escrutinio y cómputo”, en principio porque el partido actor no precisa cuál es la descripción a la que se refiere o la norma que se incumplió por parte de los integrantes de la mesa directiva de casilla, además de que tampoco señala cómo se afecta el resultado de la votación obtenida en las casillas que controvierte.

6.5.2.2. En las casillas donde hubo recuento administrativo, el agravio es ineficaz

Como se mencionó anteriormente, el actor se queja de una inconsistencia que presentan las actas de escrutinio y cómputo levantadas por los funcionarios de las mesas directivas de casilla, concretamente, que “el número de boletas extraídas de las urnas es diferente a las sumas de votos emitidos”.

En relación con el segundo de los rubros cuestionados –la suma de votos emitidos–, debe recordarse que se obtiene de la labor que realizan los funcionarios de casilla, una vez que realizan la sumatoria de los votos obtenidos por cada fuerza política, candidaturas no registradas y los calificados como nulos.

De acuerdo con la LEGIPE,[65] cuando se actualizan ciertos supuestos, el Consejo Distrital debe realizar de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de los votos obtenidos en la casilla. Esto implica que, siguiendo diversas formalidades y ante la presencia de los representantes partidistas, la autoridad administrativa volverá a contabilizar la totalidad de los votos que se encontraban dentro de la urna y determinará cuántos obtuvo cada fuerza política o candidatura no registrada, así como el número de sufragios que calificó como nulos.

Los resultados obtenidos en esta diligencia se deben asentar en un acta destinada para ese fin, en el presente caso denominada “constancia individual de resultados electores de punto de recuento para la elección de diputaciones federales”. De esta forma, las cifras de votos contabilizados que se asentaron en el acta de escrutinio y cómputo original –levantada por los funcionarios de casilla el día de la jornada comicial– quedan sin efecto, al ser sustituidos por los números consignados en la nueva acta, levantada con motivo del recuento en sede administrativa.

Entonces, cuando un partido solicite la nulidad de los resultados de una casilla que fue objeto de recuento, alegando la falta de coincidencia entre las cifras de votos emitidos según el acta de escrutinio y cómputo original y algún otro rubro fundamental (como el de ciudadanos que votaron o boletas extraídas de la urna), el agravio deberá calificarse como ineficaz, pues una de las cifras cuya comparación propone ha quedado superada, al haber sido legalmente sustituida con motivo de un nuevo escrutinio y cómputo, realizado posteriormente por la autoridad electoral y consignado en un documento diverso que, desde luego, es susceptible de impugnación por vicios propios.

En el presente caso, el actor se queja de que existe una inconsistencia entre el número de boletas extraídas de la urna y el total de votos contabilizados, según el acta original de escrutinio y cómputo. Sin embargo, todas las casillas impugnadas por esta razón fueron objeto de recuento por parte de la autoridad responsable.

Por tanto, conforme a lo razonado, el agravio es ineficaz.

6.6. Causal i): ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores

6.6.1. Análisis jurídico de la causal

El artículo 75, párrafo 1, inciso i), de la Ley de Medios señala que la votación recibida en una casilla será nula cuando:

a)     Se ejerza violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores.[66]

b)    Los hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Por violencia física, debe entenderse la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física de las personas; por presión, el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes, de tal manera que se afecte la libertad o el secreto del voto; en ambos casos, la finalidad debe haber sido provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva.[67]

Respecto al primer elemento, es necesario que se demuestren, además de los actos relativos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo, porque solo de esta manera puede establecerse, con la certeza jurídica necesaria, la comisión de los hechos generadores de esa causal de nulidad y si los mismos fueron determinantes.[68]

En cuanto a los requisitos del segundo inciso, los hechos que pudieran considerarse como violencia física o presión deben tener la finalidad de influir en el ánimo de los electores, es decir, la alteración de su voluntad.

Finalmente, la anomalía debe ser determinante para el resultado de la votación, lo cual puede actualizarse de dos formas:

a)     Cuando se trate de un número determinado de electores que fueron víctimas de la violencia o presión y sea igual o mayor a la diferencia de votos que exista entre las candidaturas que ocuparon el primer y segundo lugar en la casilla.

a)     Cuando la violencia física o presión se haya ejercido sobre un número indeterminado o probable de electores, o bien, durante la mayor parte de la jornada electoral, que permita presumir que la anomalía fue significativa y trascendente para el resultado de la casilla.

b)     Cuando la irregularidad se haya presentado sobre los integrantes de la mesa directiva de casilla y, dadas las circunstancias del caso, sea plausible considerar que pudo haber afectado su labor, en detrimento de la veracidad de los resultados consignados en las actas.

6.6.2. El actor no logró acreditar plenamente los hechos presuntamente constitutivos de presión sobre el electorado

El PRI sostiene que en diversas casillas se intentó coaccionar al electorado para que emitiera su voto en un determinado sentido, conforme a los hechos siguientes:[69]

        “En la casilla 1452-C2… se presentó la situación donde un vehículo marca Chevy color rojo con calcomanías del PT (partido del trabajo) estaba entregando dinero a las personas que entraban a votar, al momento de percatarme acudí a verificar los hechos y efectivamente tenían un maletín con dinero y al cuestionarlos emprendieron la fuga sin oportunidad de tomar los generales del vehículo”.

        “…un joven de aproximadamente 24 años de edad que presuntamente estaba comprando votos en la casilla 2131 contigua 5, al yo realizar el reporte, los oficiales de policía detuvieron al joven y efectivamente presentaba un nombramiento del partido acción nacional (PAN), así también como los rondines efectuados por un vehículo… que se detenía en la casilla 2132 contigua 6 y contigua 7… El cual paraba su recorrido afuera de la casilla a dejar civiles con camisa blanca y gorra guinda, los cuales dejaban sobres tipo postal a los ciudadanos que hacían fila afuera de la casilla, este suceso pasó entre las 13:00 horas y 15:00 horas, posteriormente se encontró el vehículo abandonado... estos sobres contenían 1500 pesos y se les decía a los ciudadanos que votaran por la Coalición Juntos Haremos Historia para diputado federal Santiago González.

Para acreditar sus afirmaciones, el actor únicamente aportó los respectivos testimonios de dos personas, que se ostentaron como sus representantes generales acreditados para el día de la jornada electoral, rendido ante una notaria pública, en compañía de dos testigos, quienes únicamente manifestaron que les constaba lo relatado por los comparecientes.

Dichos testimonios son insuficientes para acreditar plenamente las irregularidades referidas, pues de acuerdo al criterio reiterado[70] de la Sala Superior, la prueba testimonial solo puede aportar indicios en materia electoral, debido a que la ley solo permite su desahogo ante un notario público, quien conduce una diligencia sin involucrar directamente al juzgador ni a la contraparte, por lo cual estos últimos no tienen la oportunidad de interrogar y repreguntar a los testigos. Además, el que los testimonios aportados por el actor hayan sido rendidos por quienes se ostentan como sus representantes, desvanece el indicio que podría generarse con la probanza en comento.[71]