JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SM-JIN-58/2024 Y ACUMULADO

IMPUGNANTES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y OTRO

RESPONSABLE: 01 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON SEDE EN PIEDRAS NEGRAS

TERCERO INTERESADO: MORENA

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: SIGRID LUCIA MARÍA GUTIÉRREZ ANGULO Y JUAN DE JESÚS ALVARADO SÁNCHEZ

COLABORÓ: MARIANA RIOS HERNÁNDEZ Y LAURA ALEJANDRA FREGOSO ESTRADA

Monterrey, Nuevo León, a 28 junio de 2024.

Sentencia de la Sala Monterrey, respecto a la elección de la diputación federal con sede en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza (distrito 01), en la que se: i) modifican los resultados del acta de cómputo distrital, porque en 2 casillas se acreditó la nulidad de la votación por su recepción por personas distintas a las legalmente autorizadas, ii) confirma la entrega de la constancia de mayoría en favor de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, al no cambiar de fórmula ganadora, y, en consecuencia, iii) confirma la validez de la elección.

Glosario

Competencia

Esta Sala Regional es competente para resolver los presentes juicios de inconformidad promovidos por el PAN y PRD, contra los resultados de la elección de la diputación federal del distrito 01 con sede en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, entidad federativa que se ubica dentro de la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral sobre la cual este tribunal ejerce jurisdicción[1].

Antecedentes[2]

I. Hechos contextuales y origen de la presente controversia

1. El 7 de junio, el Consejo Distrital concluyó el cómputo de la elección de diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional y, en la misma fecha, ordenó elaborar y expedir la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por el PVEM, PT y Morena, al obtener la mayoría de los votos[3].

III. Juicios federales

1. Inconformes, el 9 y 10 de junio, el PAN y el PRD presentaron juicios de inconformidad contra el cómputo realizado por el Consejo Distrital 01 con sede en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, relativo a la elección de diputaciones federales en el proceso electoral 2023-2024, porque, en su concepto, en diversas casillas se recibió la votación por personas u organismos distintos a los facultados por la ley y se permitió a los ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre aparezca en la lista nominal de electoral.

2. Dentro del plazo de 72 horas concedido por la autoridad responsable, Morena compareció como tercero interesado en los presentes juicios.

Metodología general de análisis para un análisis integral de la controversia.

Para el examen lógico de las impugnaciones, en primer lugar, se analizará la procedencia de los juicios de inconformidad.

En segundo lugar, en el contexto de lo alegado, se analizará la acreditación o no de las causas de nulidad de la votación en casillas planteadas por los partidos impugnantes, así como la nulidad de la elección planteada por el PRD.

Cuestión previa

Es preciso señalar que, en el caso de deficiencias y omisiones en la expresión de agravios, se tomarán en cuenta los deducidos claramente de los hechos expuestos, en ejercicio de la facultad que la ley confiere a esta Sala Regional para suplir tales deficiencias[4].

Sin embargo, quien promueve un medio de defensa, necesariamente, debe exponer los hechos en que basa su impugnación y los agravios que causa a su esfera de derechos, porque si bien, en el juicio de inconformidad este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a suplir la deficiencia en la expresión de los agravios, de ninguna manera se traduce en sustituirse al impugnante, y formular el juzgador argumentos y realizar un examen oficioso de los actos o resoluciones combatidos que se tilden de ilegales.

Por tanto, en atención a que el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente la demanda para determinar con exactitud la intención del promovente, esta Sala Regional considera necesario precisar los actos impugnados[5].

En el caso, el PRD señala como acto impugnado en su demanda, los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva, respecto de la elección de diputaciones federales en el 01 distrito electoral en Coahuila de Zaragoza con sede en Piedras Negras.

Lo anterior, con independencia de que el PRD, en alguna parte de su escrito de demanda, refiera que las irregularidades alegadas corresponden a las elecciones de Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales, porque, se advierte que lo expone a fin de contextualizar sus alegaciones para intentar demostrar las irregularidades generalizadas, sin embargo, evidentemente, la elección expresamente impugnada es la de diputación federal de mr, concretamente en el 01 distrito electoral en Coahuila de Zaragoza con sede en Piedras Negras.

De manera que la presente controversia se centrará en el análisis de dicha elección.

Acumulación y procedencia de los juicios de inconformidad

I. Acumulación. Del estudio de las demandas se advierte que existe identidad en la autoridad señalada como responsable y en el acto impugnado, por lo que, a efecto de evitar la posibilidad de emitir sentencias contradictorias, resulta conveniente la acumulación del juicio SM-JIN-61/2024 al diverso SM-JIN- 58/2024, al ser este último el primero en recibirse en esta Sala Monterrey y agregar copia certificada de los puntos resolutivos al expediente acumulado[6].

II. Procedencia. Morena, en su carácter de tercero interesado, expone de manera genérica que en este medio de impugnación se actualizan las causales de improcedencia que señala la Ley de Medios; sin embargo, no tiene razón, pues el juicio sí reúne los requisitos previstos, conforme a lo siguiente:

1. Forma. Cumplen con el requisito porque las demandas se presentaron por escritos ante esta Sala Monterrey, tienen el nombre y firma de quienes promueven; identifican el acto impugnado, la autoridad que la emitió; mencionan los hechos en que basa su impugnación y los agravios.

2. Oportunidad. El juicio se presentó dentro del plazo legal de 4 días, porque el cómputo distrital concluyó el 7 de junio, y las demandas se presentaron el 9 y 10 siguiente[7].

Sin que pase por desapercibido que la presentación de la demanda del PAN fue recibida por una persona que indicó pertenecer a la Vocalía de Capacitación Electoral de Educación Cívica, pues de la estructura orgánica del personal que labora en la 01 Junta Distrital Ejecutiva de Piedras Negras, Coahuila, órgano encabezado por el Vocal Ejecutivo de ese órgano permanente que, a su vez, funge como Consejero Presidente de la autoridad responsable[8], aunado a que, en autos obran los avisos de presentación de la responsable en los juicios presentados por el PRD y el PAN[9].

3.1. La legitimación se cumple, porque el PAN y PRD son partidos políticos nacionales, 3.2. la personería o representación se satisface, porque las personas que presentan a los juicios a nombre de los referidos institutos políticos son los representantes de dichos partidos y se encuentran formalmente registrados ante la autoridad electoral responsable[10], como lo que reconoce el órgano electoral en sus informes circunstanciados.

4. Interés jurídico. Lo tienen los partidos impugnantes, porque participaron en la elección de la diputación federal y cuestionan el resultado del cómputo.

5. Elección que se impugna. Los partidos la identifican.

6. Mención del acta impugnada. Los partidos impugnantes señalan que es el acta de cómputo distrital.

7. Mención individualizada de las casillas que solicitan sean anuladas. Los impugnantes las identifican, mismas que se presentan en el cuadro inicial de estudio.

Partes terceras interesadas

Se reconoce al partido Morena con el carácter de tercero interesado, conforme a lo siguiente:

a) Oportunidad. Se satisface este requisito, toda vez que los escritos de comparecencia fueron presentados dentro del plazo de 72 horas.

No pasa desapercibido que el escrito de tercero interesado de Morena no cuenta con sello de recibido, lo cual impide conocer la fecha exacta de su presentación. No obstante, en la razón de retiro, la responsable asentó que el mencionado documento fue presentado dentro del plazo otorgado para ello; por lo tanto, al no haber pruebas que contradigan este hecho, se considera que fue presentado oportunamente[11].

b) Forma. Los escritos se presentaron ante la autoridad señalada como responsable, contienen nombre y firma de quien comparece en representación del partido político, así como las manifestaciones correspondientes.

c) Legitimación y personería. El tercero interesado está legitimado por tratarse de un partido político nacional, y la personería se cumple, porque está representado por la persona acreditada como tal ante el Consejo Distrital[12].

d) Interés jurídico. El partido compareciente cumple con dicho requisito, porque pretende se confirme el resultado de la elección impugnada, en contra de los que pretende el impugnante.

Estudio de la causa de nulidad de la votación recibida en casilla

Apartado preliminar. Universo de casillas impugnadas

El universo de las casillas impugnadas, en lo individual, por el PRD y el PAN es de 106 casillas.

En primer término, el PRD impugna 54 casillas, al considerar que la votación se recibió por personas distintas a las autorizadas y por permitir sufragar a personas sin credencial de votar (enseguida se desglosará el total de las casillas impugnadas): 

Por su parte, el PAN impugna la votación recibida en las referidas 52 casillas, al considerar que la votación se recibió por personas distintas a las autorizadas y por permitir sufragar a personas sin credencial de votar (enseguida se desglosará el total de las casillas impugnadas): 

Apartado I. Decisión general

Esta Sala Monterrey considera que, respecto a la elección de la diputación federal con sede en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza (distrito 01), en la que se: i) modifican los resultados del acta de cómputo distrital, porque en 2 casillas se acreditó la nulidad de la votación por su recepción por personas distintas a las legalmente autorizadas, ii) confirma la entrega de la constancia de mayoría en favor de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, al no cambiar de fórmula ganadora, en consecuencia, iii) confirma la validez de la elección.

Apartado II. Desarrollo y justificación de la decisión

Tema i. Recepción de la votación por personas u órganos distintos a los legalmente autorizados

1. Criterio jurídico para analizar la causal de nulidad

Una de las causales de nulidad consiste en que la votación la reciban personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, con el fin de proteger la legalidad, certeza e imparcialidad en la captación y contabilización de los sufragios (artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios de Impugnación).

Los trabajos en una casilla electoral son realizados por la ciudadanía que no se dedica profesionalmente a esas labores, por ende, con frecuencia se cometen errores, o no se observa exactamente lo dispuesto por la ley. Sin embargo, para anular la votación de una casilla, se requiere que la irregularidad respectiva sea grave y determinante, de una manera tal, que ponga en duda la autenticidad de los resultados del centro de votación correspondiente.

En principio, de acuerdo con la LGIPE, al día de la jornada comicial existen personas ciudadanas que han sido previamente insaculadas y capacitadas por la autoridad, para que actúen como funcionariado de las mesas directivas de casilla, desempeñando labores específicas[13].

Las personas originalmente designadas no siempre se presentan a desempeñar tales labores y, por tanto, la ley prevé un procedimiento de sustitución de las y los ausentes cuando la casilla no se instale oportunamente[14].

Por tanto, si bien la LGIPE prevé una serie de formalidades para la integración de las mesas directivas de casilla, este Tribunal ha sostenido que no procede la nulidad de la votación, en los casos siguientes:

- Cuando la votación es recibida por personas que, si bien no fueron originalmente designadas para esa tarea, están inscritas en el listado nominal de la sección correspondiente a esa casilla.

- Cuando se omite asentar en el acta de jornada electoral la causa que motivó la sustitución de funcionariado de casilla, pues tal deficiencia no implica que se hayan violado las reglas de integración de la mesa receptora, ya que esto únicamente se acreditaría a través de los elementos de prueba que así lo demostraran o de las manifestaciones expresas en ese sentido que se obtuvieran del resto de la documentación generada[15].

- Cuando las personas ciudadanas originalmente designadas intercambien sus puestos, desempeñando funciones distintas a las que inicialmente les fueron encomendadas[16].

- Cuando las ausencias del funcionariado propietarios son cubiertas por los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley; ello, porque en tales casos la votación habría sido recibida por personas que fueron debidamente insaculadas, designadas y capacitadas por el consejo distrital respectivo[17].

- Cuando faltan las firmas del funcionariado en alguna de las actas, pues la ausencia de rúbricas no implica necesariamente que las personas hayan estado ausentes, sino que debe analizarse el resto del material probatorio para arribar a una conclusión de tal naturaleza; tal como se explica enseguida.

Para verificar qué individuos actuaron como integrantes de la mesa receptora, es necesario examinar los rubros en que se asientan los cargos, nombres y firmas del funcionariado, mismos que aparecen en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, en las secciones de “instalación de casilla”, “cierre de la votación” y “escrutinio o cómputo”; o bien, de los datos que se obtienen de las hojas de incidentes o de la constancia de clausura.

Este Tribunal ha considerado que basta con que se encuentre firmado cualquiera de esos apartados para concluir que sí estuvieron presentes el funcionariado actuante[18].

Ello es así, pues tales documentos deben considerarse como un todo que incluye subdivisiones de las diferentes etapas de la jornada electoral, por lo que la ausencia de firma en alguno de los referidos rubros se podría deber a una simple omisión del funcionariado que, por sí sola, no puede dar lugar a la nulidad de la votación recibida en casilla, máxime si en los demás apartados de la propia acta o en otras constancias levantadas en casilla, aparece el nombre y la firma de dicha persona.

Incluso, tratándose del acta de escrutinio y cómputo, se ha señalado que la ausencia de las firmas de todo el funcionariado que integran la casilla no priva de eficacia la votación, siempre y cuando existan otros documentos que se encuentren rubricados, pues a través de ellos se evita la presunción humana (de ausencia) que pudiera derivarse con motivo de la falta de firmas[19], como, por ejemplo:

- Cuando los nombres del funcionariado se apuntaron en los documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos; toda vez que ello supone un error del secretario, quien es el encargado de llenar las actas; además de que es usual que las personas con más de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos.[20]

- Cuando la mesa directiva no cuente con la totalidad de sus integrantes, siempre y cuando pueda considerarse que, atendiendo a los principios de división del trabajo, de jerarquización y de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no se afectó de manera grave el desarrollo de las tareas de recepción, escrutinio y cómputo de la votación. Bajo este criterio, se ha estimado que en una mesa directiva integrada por cuatro ciudadanos (un presidente, un secretario y dos escrutadores) o por seis (un presidente, dos secretarios y tres escrutadores), la ausencia de uno de ellos[21] o de todos los escrutadores[22] no genera la nulidad de la votación recibida.

- Cuando la mesa directiva de una casilla especial se conforme de personas inscritas en secciones diferentes, pues así lo prevé el artículo 258, párrafo 3, de la LGIPE. Lo anterior tiene razón en que si su función es permitir sufragar a los ciudadanos que se encuentran en tránsito en el país y operan las mismas reglas de integración para el funcionariado de casilla, como lo es seleccionar voluntarios de la fila, es razonable que puedan participar personas inscritas en secciones diversas.

Con base en lo anterior, solamente deberá anularse la votación recibida en casilla, cuando se presente alguna de las hipótesis siguientes:

- Que se acredite que una persona actuó como funcionariado de la mesa receptora sin pertenecer a la sección electoral de la casilla respectiva[23], en contravención a lo dispuesto en el artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE.

- Que el número de integrantes ausentes de la mesa directiva implicara, dadas las circunstancias particulares del caso, multiplicar excesivamente las funciones del resto del funcionariado, a tal grado que ocasionara una merma en la eficiencia de su desempeño y de la vigilancia que corresponde a sus labores.

- Que con motivo de una sustitución, se habilita a personas representantes de partidos o candidatos independientes[24].

Ahora bien, la Sala Superior ha sostenido que los elementos mínimos para analizar la referida causal de nulidad de votación recibida en casilla consisten en señalar el número de la casilla cuestionada y el nombre completo de la persona que presuntamente la integró ilegalmente[25].

Los partidos políticos cuentan con los elementos necesarios para proporcionar los referidos elementos mínimos, pues, entre otros derechos, tienen el contar con representantes ante los órganos electorales, así como en cada mesa directiva de casilla, aunado a que participan en la instalación de la casilla, vigilan el desarrollo de la elección hasta su clausura, y reciben copias legibles de las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio, incluso, pueden presentar escritos de incidencias y protesta (artículos 259, párrafos 1 y 4, 260, párrafo 1, inciso g) y 261, párrafo 1 inciso b) de la Ley de Medios de Impugnación)[26].

En ese sentido, los partidos políticos tienen la posibilidad de contar con la documentación e información necesaria para indicar el número de casilla y el nombre completo de la persona que consideren que integró indebidamente la mesa directiva de casilla, pues las personas que los representan tienen el derecho de vigilar el desarrollo de la jornada electoral, como la integración de mesa directiva, así como las sustituciones que pudieran realizarse y contar con las actas correspondientes.

2. Caso concretamente revisado

El PRD y el PAN alegan que en las 88 casillas impugnadas las mesas directivas no se conformaron de acuerdo con la ley, pues algunas personas que ocuparon los distintos cargos no son las previamente autorizadas por la autoridad administrativa electoral, aunado a que no se encuentran en la lista nominal de la casilla o sección correspondiente.

3. Valoración

3.1. En primer lugar, en las 71 casillas señaladas por el PRD, es ineficaz el motivo de inconformidad, porque omite señalar el nombre completo de las personas funcionarias que supuestamente no debieron integrar las mesas directivas de casillas, como se evidencia con la siguiente muestra de su escrito de demanda:

Como se indicó, es ineficaz el planteamiento del PRD respecto a las 71 casillas cuestionadas, porque no señala el nombre completo de las personas funcionarias que supuestamente no debieron integrar las mesas directivas, pues se limita a indicar el cargo y que la persona fue tomada de la fila, de ahí que no existe un nombre que revisar y verificar, para el efecto de constatar si la persona fue designada o no por la autoridad administrativa electoral o, en su caso, si pertenece o no a la sección electoral correspondiente, a fin de que esta Sala Monterrey determine si se actualiza o no la causal de nulidad alegada.

En efecto, como se indicó en el marco normativo, los elementos mínimos para que esta Sala Regional analice si se acredita o no la causal de nulidad alegada, consisten en identificar las casillas impugnadas y el nombre de la persona cuestionada, porque el bien jurídico tutelado es la certeza de que la votación sea recibida, computada y custodiada por quienes legalmente estén facultados, máxime que los partidos políticos cuentan material y jurídicamente con las actas de instalación, de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, constancias de clausura, encarte y listado nominal.

De ahí que no sea válido que se alegue dicha causal de nulidad, a partir, únicamente, de señalar el cargo y que supuestamente la persona funcionaria que lo ocupó fue tomada de la fila, porque se trata de alegaciones basadas en probabilidades, especulaciones o sospechas, es decir, sin proporcionar el nombre completo de la persona que supuestamente integró la mesa directiva de casilla de forma ilegal, lo cual es necesario para justificar el examen respectivo.

Ello, porque, precisamente, la causal de nulidad en estudio se dirige a analizar si determinada persona que actuó como funcionaria fue designada por la autoridad administrativa electoral al encontrarse en el encarte o en algún acuerdo de sustitución, o en su caso, en el listado nominal de la sección correspondiente.

Incluso, aún en casos en los que se señale el número de casilla y el cargo o el nombre del funcionariado que fue sustituido, no es suficiente si no se precisa el nombre de quien supuestamente integró ilegalmente la mesa directiva, por la razón esencial de que no se tendría certeza de qué persona fue quien actuó en su lugar o si ocupó el cargo de quien estuvo ausente.

Con lo anterior, se salvaguarda el voto emitido por la ciudadanía que acudió a las casillas a ejercer su derecho constitucional, ante la expresión de agravios indeterminados o basados en probabilidades (como en el caso de que no se proporcionen los elementos mínimos como casilla y nombre completo), conforme al principio de presunción de validez de los actos públicos válidamente celebrados[27].

En ese sentido, es evidente que el PRD incumple con su carga argumentativa de señalar el nombre completo de las personas que, en su concepto, integraron indebidamente las mesas directivas de casilla que cuestiona, de ahí la ineficacia de su motivo de inconformidad, ante la insuficiencia de elementos mínimos para realizar el estudio correspondiente.

3.2. En segundo lugar, en cuanto a las 4 casillas que se identifican en la tabla siguiente, no procede la nulidad porque las personas que señala en su demanda, que supuestamente recibieron la votación de manera indebida e integraron las mesas directivas correspondientes, no coinciden con las que fungieron como funcionariado de casilla, como se muestra a continuación:

Además, se advierte que los nombres que indica el PAN en su demanda tienen una redacción imprecisa, por ejemplo: Joe Sacks Acce y Edai Peko En.

3.3. En 14 casillas no procede la nulidad porque, las personas cuestionadas, que integraron las mesas directivas de casilla, sí fueron al ser designadas por el INE (se encuentran en el encarte).